Tras la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en horas de la noche de este 19 de febrero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que Cilia Flores, actualmente encarcelada en Estados Unidos, formará parte de la comisión especial de seguimiento que establece el artículo 15 de la ley sancionada.
El presidente de dicha comisión será Jorge Arreaza. Nora Bracho (UNT) fungirá como vicepresidenta. Otros parlamentarios que la integrarán el grupo de 23 personas son los oficialistas Pedro Infante, Grecia Colmenares, Carolina García Carreño, Tania Díaz, Nicolás Maduro Guerra -hijo del exgobernante Nicolás Maduro-América Pérez, Pedro Carreño, Iris Varela, Roy Daza, Francisco Torrealba, Jacqueline Farías y otros de fracciones que se identifican como opositoras como Stalin González, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Pablo Pérez, Rubén Lima, David Uzcátegui, Luis Florido, Alejandra Rodríguez y Alfonso Campo.
La primera tarea encomendada al grupo, precisó Rodríguez, es dirigirse al Palacio de Miraflores para entregar la ley sancionada a Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, “para que sea sancionada de manera perentoria”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó a los integrantes de la Comisión Especial de seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en la que destaca la Diputada Cilia Flores, actualmente secuestrada en EEUU… #FreeCiliapic.twitter.com/8wfdb8ODHZ
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“La represión transnacional es el conjunto de acciones mediante las cuales un Estado extiende su capacidad coercitiva más allá de sus fronteras para intimidar, controlar, perseguir o silenciar a personas consideradas disidentes, opositoras, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos que se encuentran en el extranjero”, reza un extracto del Informe Represión Transnacional presentado el pasado 18 de febrero por la ONG Un Mundo sin Mordaza.
Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG, dijo que la investigación fue hecha entre enero de 2024 y diciembre de 2025 y abarcó casos en España, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, México, Perú y Panamá.
“La represión transnacional es una nueva política de Estado y ha sido usada sistemáticamente para deshumanizar. La estigmatización constituye la modalidad más común”, expresó Diamanti.
Un miembro de la ONG que prefirió mantenerse en el anonimato indicó que el estudio permitió demostrar que el régimen venezolano coopera con la colaboración de algunas fuerzas extranjeras. “En el caso del teniente Ojeda hubo presencia de personal cubano”, sentenció la fuente.
Expuso que el del teniente Ronald Ojeda es probablemente el caso de violencia transnacional más emblemático. El militar, que estuvo detenido en la cárcel de Ramo Verde y denunció haber sufrido torturas, fue secuestrado en febrero de 2024 por hombres que se hicieron pasar por efectivos policiales en Santiago de Chile y posteriormente asesinado.
Luego de una investigación con escasa o nula participación de la Fiscalía venezolana, el gobierno del presidente Gabriel Boric concluyó que miembros del Tren de Aragua había tenido participación en el crimen.
Casos “ejemplarizantes” para sembrar el terror
Por su parte, durante la presentación del estudio, Luis Peche, periodista y politólogo, insistió en que la violencia en Venezuela ha cruzado la frontera.
“Somos vulnerables y estamos a merced de la violencia”, expresó Peche, quien sufrió un atentado en octubre de 2025 junto al activista por los derechos de la comunidad LGBTI, Yendri Velásquez en Bogotá.
“Tres personas se bajaron de un carro y sin mediar palabras nos dispararon, fueron ocho tiros para Yendri y seis para mi, milagrosamente estamos vivos. Después de eso, nuestras dinámicas de vida cambiaron radicalmente”, expuso.
Peche debió huir de Venezuela luego de recibir amenazas y de la detención de su colega Carlos Marcano, excarcelado después del 8 de enero.
El politólogo aseguró que luego del atentado, el Estado colombiano les ha ofrecido mecanismos de protección, pero en materia de investigación todavía existe una deuda.
“Muchos venezolanos que vinieron escapando de la represión en Venezuela se fueron de Colombia, lo de nosotros y lo de Ojeda son casos ejemplarizantes que suceden a la luz del día para generar miedo e inacción. No puede haber impunidad también fuera de nuestras fronteras”, consideró.
Elisa Trotta, secretaria general del Foro argentino por la democracia, señaló que es otra víctima de la represión transnacional. Sostuvo que durante su permanencia en Argentina, tanto ella como su familia recibieron amenazas por parte del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, a través de su programa en Venezolana de Televisión (VTV), Con el Mazo Dando.
“El pasado 3 de diciembre habló sobre mi familia, dijo que mi casa estaba llena de terroristas y me vinculó con María Corina Machado e Israel”, contó.
Trotta agradeció al presidente argentino Javier Milei por haber sido solidario con el drama de los perseguidos venezolanos.
“Vivo aquí desde hace 14 años, sin poder volver a Venezuela por motivos políticos, esto lejos de amedrentarnos nos fortalece, mi caso en particular fue judicializado en los tribunales argentinos y lo he llevado a la CIDH e instancias internacionales”, amplió.
De la investigación de Un Mundo se Mordaza se desprende que después de los sucesos del 3 de enero, fecha en la que el exgobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por Estados Unidos, no existe garantía para un retorno seguro de migrantes.
“Este informe lo vamos a llevar a la Corte Penal Internacional, porque no podrán silenciar a la disidencia”, dijo Diamanti.
Los datos del informe
La investigación de un Mundo Sin Mordaza detalla cinco tácticas clave utilizadas contra los venezolanos en el exterior entre las que se encuentran:
Represión digital: Vigilancia y ciberataques contra activistas y periodistas.
Instrumentalización consular: Bloqueo de documentos y trámites como medida de castigo.
Represalias contra familiares: Acoso a quienes permanecen en el país para presionar a quienes se fueron.
Estigmatización pública y criminalización: Uso del aparato judicial y medios estatales para señalar voces críticas fuera del territorio.
Los datos que se desprenden de esta categorización son los siguientes:
–326 casos de represión transnacional. “Es la continuidad de patrones previamente consolidados, adaptados a contextos extraterritoriales”, reza el informe.
–176 casos de estigmatización y propaganda extraterritorial, la modalidad predominante (53,99%) de represión transnacional. Un Mundo sin Mordaza detalla que esta consiste en el uso deliberado de discursos oficiales, programas de propaganda, declaraciones de altos funcionarios y plataformas comunicacionales estatales o paraestatales para “señalar, desacreditar y criminalizar públicamente a personas que se encuentran fuera del territorio nacional, en razón de su participación en protestas, actividades políticas, denuncias internacionales o ejercicio de derechos humanos desde el exterior”.
El informe precisa que la principal herramienta identificada para la difusión de esta práctica fue el programa televisivo Con el Mazo Dando. Tras analizar 84 emisiones, comprendidas entre 17 de abril de 2024 y el 17 de diciembre de 2025 se identificaron 59 136 incidencias relacionadas con señalamientos, menciones, exposiciones o narrativas estigmatizantes dirigidas contra personas ubicadas fuera del país
-A la estigmatización, le sigue la represión consular-administrativa con 112 casos (34,36%), que consiste en el bloqueo o retraso de trámites, registros y servicios consulares como mecanismos de control y exclusión.
–23casos de represión penal extraterritorial (7,06 %), la cual consiste en emplear el sistema de justicia para criminalizar a personas fuera de Venezuela mediante investigaciones, solicitudes o procedimientos de naturaleza penal.
-En otros ámbitos figura la presencia física extraterritorial (1,53 %), represalias contra familiares (0,92 %), represión digital transnacional (0,92 %), coerción migratoria en el país de acogida (0,61 %) y uso abusivo de mecanismos policiales internacionales (0,61 %).
¿Cómo se identifica la represión transnacional?
–Órdenes de captura emitidas sin base probatoria sobre la base de delitos como sedición, conspiración y terrorismo, acompañados de declaraciones políticas de autoridades.
–Investigaciones abiertas o reactivadas luego que la persona participa en protestas y reuniones con organismos internacionales en el exterior.
–Investigaciones con deficiencia de debido proceso: ausencia de defensa privada, tribunales parciales y uso de jurisdicciones especiales o tribunales de excepción.
-Imputaciones retroactivas y activación de alertas internacionales con solicitudes informales sustentadas en cargos fabricados y delitos ambiguos.
–Otras formas de persecución como represalias contra familiares o cancelación de documentos.
Una estrategia sistemática
El análisis de un Mundo Sin Mordaza concluye que la represión trasnacional del Estado venezolano ya uno es un fenómeno aislado ni excepcional, “sino una estrategia sistemática y sostenida orientada a proyectar mecanismos de control, intimidación y sanción más allá de las fronteras nacionales.
Denuncian que los 326 casos documentados evidencian la existencia de un “patrón estructurado” por medio del cual el gobierno venezolano “busca neutralizar la protesta, la denuncia pública y la participación política de personas que, aun encontrándose fuera del territorio nacional, continúan siendo percibidas como opositoras o críticas al poder.
El informe llama la atención sobre el hecho de que ningún Estado puede utilizar sus instituciones para castigar, intimidar o silenciar a individuos por sus opiniones políticas, activismo y trabajo en defensa de los derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio así como que el exilio debe ofrecer un espacio mínimo de seguridad.
“La represión transnacional destruye esta premisa al permitir que el Estado de origen siga castigando la divergencia política incluso cuando la persona está bajo la jurisdicción de un tercer Estado”, indican.
Un Mundo sin Mordaza recalca que el Estado debe abstenerse de producir condiciones que incentiven la persecución contra personas fuera de su territorio. La ONG puntualizó que el asilo y el refugio tienen como finalidad proteger a quienes escapan de la persecución política.
“Si el Estado persecutor consigue influir en los procesos del país de acogida, el sistema pierde su valor y la persona queda atrapada en un espacio jurídico vulnerable”, añaden.
Recordaron que la ONU establece que los Estados deben abstenerse de devolver personas en riesgo.
“El propósito es visibilizar la existencia de la represión transnacional como fenómeno identificable, sistemático y jurídicamente relevante”, puntualizó el documento.
Por esta razón, hacen un llamado a la comunidad internacional para “reconocer y actuar” ante un mecanismo de control “que vulnera la soberanía personal de miles de ciudadanos en el mundo”. “La persecución cruzó fronteras; la defensa de los derechos humanos también debe hacerlo”, concluyen.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Una investigación periodística transnacional en la que participó la Alianza Rebelde Investiga (ARI) fue seleccionada entre las cinco finalistas del Premio Anthony Shadid de Ética Periodística 2026, uno de los reconocimientos estadounidenses más prestigiosos al periodismo basado en principios de integridad, responsabilidad y rendición de cuentas.
El proyecto fue desarrollado por los medios ProPublica y The Texas Tribune, de Estados Unids; junto a Cazadores de Fake News y los medios de la Alianza Rebelde Investiga, integrada por Runrun.es, TalCual y El Pitazo, de Venezuela.
El equipo periodístico investigó las historias, antecedentes y situación legal de 238 migrantes venezolanos enviados por el Gobierno de Donald Trump a la prisión del CECOT, en El Salvador.
El ganador de este premio será anunciado en marzo y reconocido en una ceremonia en Washington, D. C., el próximo 20 de abril de 2026.
Un premio a la ética en el periodismo
El Premio Anthony Shadid reconoce a periodistas que demuestran un compromiso excepcional con los principios éticos, incluso bajo presión política, riesgos personales o contextos adversos. El galardón honra la memoria del corresponsal ganador del Pulitzer Anthony Shadid, fallecido en 2012 mientras cubría el conflicto en Siria.
Los jueces destacaron la calidad y relevancia de las nominaciones recibidas este año, de las cuales solo cinco investigaciones fueron seleccionadas como finalistas.
Investigación sin precedentes sobre deportaciones a El Salvador
El trabajo finalista se centra en la deportación de 238 inmigrantes venezolanos desde Estados Unidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador, llevada a cabo el del 15 de marzo de 2025. Cuatro meses después, el 18 de julio de 2025, los hombres fueron liberados de forma abrupta.
Ante la ausencia de información oficial detallada, el equipo periodístico realizó una investigación exhaustiva caso por caso y construyó una base de datos interactiva para esclarecer quiénes eran los deportados y por qué habían sido enviados a esa cárcel.
Para ello, se accedieron a registros gubernamentales de Estados Unidos, revisando expedientes judiciales en EE. UU. y Sudamérica. Además, se analizaron datos de tribunales federales de inmigración y se entrevistaron a familiares de más de 100 deportados. La investigación también se basó en información interna que permitió contrastar las versiones oficiales.
Hallazgos clave
Los resultados cuestionan la narrativa oficial estadounidense sobre los deportados y revelan información inédita:
Al menos 197 de los 238 hombres no tenían condenas penales en Estados Unidos, según datos internos del gobierno.
Solo seis habían sido condenados por delitos violentos.
Casi la mitad (118 personas) fue deportada con sus casos migratorios aún en proceso, lo que normalmente impide la expulsión.
Menos de una docena tenía condenas adicionales en EE. UU. o en el extranjero no reflejadas en los registros oficiales.
El equipo también documentó las consecuencias para las familias de los detenidos: pérdida de ingresos, interrupción de tratamientos médicos y niños que desconocían si volverían a ver a sus padres.
Publicar esta información detallada implicó dilemas éticos y riesgos para los propios deportados, lo que exigió ponderar cuidadosamente el derecho a la información frente a posibles daños.
Periodismo colaborativo transnacional
Esta investigación es el resultado del trabajo colaborativo de Ronna Risquez, Alianza Rebelde Investiga; Adrián González, Cazadores de Fake News; Adriana Núñez Moros, periodista independiente; Carlos Centeno, periodista independiente; Perla Trevizo, ProPublica, Texas Tribune; Melisa Sánchez, ProPublica; Mica Rosenberg, ProPublica; Gabriel Sandoval, ProPublica; Jeff Ernsthausen, ProPublica; Maryam Jameel, ProPublica; Gerardo del Valle, ProPublica; Cengiz Yar, ProPublica; Lomi Kriel, ProPublica, Texas Tribune; Nicole Foy, ProPublica; Rafael Carranza, Arizona Luminaria y Lisa Seville, ProPublica.
También colaboraron en esta investigación: Kate Morrisey, periodista independiente; Gabriel Pasquini, periodista independiente; Coral Murphy Marcos, periodista independiente; Liz Gascón, periodista de ARI; Melany Garces, periodista de ARI; Paula Rangel, periodista de ARI; Lucía Pineda, periodista de ARI; Mayreth Casanova, periodista de ARI; Luna Perdomo, periodista de ARI; María José Dugarte, periodista independiente; Sheyla Urdaneta, jefa de información de El Pitazo; Juan Hernández Vargas, ingeniero de datos y Gabriela Rincón, periodista de Cazadores de Fake News. Para conocer las historias de los 238 hombres deportados a El Salvador haz click aquí.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La situación del comunicador social e influencer Deivis Correa sigue siendo una de las deudas pendientes de la justicia venezolana. Al cumplirse más de año y medio de su detención en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, su familia —especialmente sus tres hijas de 17, 5 y 3 años— continúa esperando su liberación para poder “volver a reír”.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) recordó que Correa fue interceptado el 31 de julio de 2024 en Tazón por funcionarios del Sebin mientras se desplazaba en un taxi. Su “delito”, según las denuncias, fue utilizar sus plataformas digitales (donde acumula cientos de miles de seguidores) para informar sobre los acontecimientos en la parroquia 23 de Enero durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
A pesar de que el propio Correa aclaró antes de su captura que no poseía antecedentes y que solo cumplía con su labor informativa, el fiscal general Tarek William Saab lo señaló públicamente por supuestamente incitar a la violencia. El SNTP ha destacado que estas acusaciones carecen de fundamento real, tratándose de una criminalización del discurso y la información.
“No tengo ni una mancha en mi historial, no tengo ni una multa en mi licencia por lo que soy inocente de cualquier cosa que me quieran culpar. Todo esto arrancó porque yo estuve informando todo lo que sucedía en las elecciones en el 23 de Enero y ellos decidieron decir que yo estaba llamando a la violencia y a las calles, cosa que no es verdad”, remarcó entonces.
Correa, egresado de la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar), enfrenta una lista de delitos desproporcionados ratificados en su audiencia preliminar de octubre de 2024: terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir, traición a la patria, asociación extranjera y desestabilización. Su juicio inició formalmente en noviembre de 2025, pero su nombre fue excluido del proceso de excarcelaciones que benefició a otros 22 periodistas en enero de 2026.
La familia de Correa relató al SNTP que el encierro ha provocado una profunda depresión y ha afectado severamente la estabilidad mental del comunicador. Actualmente, Deivis es uno de los cuatro comunicadores sociales que aún permanecen tras las rejas en condiciones arbitrarias, junto a Marifel Guzmán, Pedro Urribarri y Jonathan Carrillo. Desde el SNTP, se mantiene la exigencia de libertad plena, recordando que los periodistas no deben su libertad a favores políticos, sino al reconocimiento de su inocencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que los familiares de los detenidos en Zona 7 llevan cinco días en huelga de hambre sin recibir respuestas de las autoridades.
“La mañana de este jueves 19 de febrero, familiares continúan en huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos detenidos en este comando policial”, se lee en el post del comité.
Según el Clippve, los familiares no han recibido respuesta de las autoridades pese a la visita de un funcionario del Ministerio Público (MP) quien manifestó no tener información sobre las liberaciones y se negó a hablar con la prensa.
“La ausencia de respuestas institucionales mantiene en riesgo la salud e integridad de las familias y de las personas detenidas, tras más de cinco días de ayuno y semanas de protesta pacífica”, aseguró el Clippve.
CINCO DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE | Familiares cumplen 120 horas sin consumir alimentos en Zona 7
La mañana de este jueves #19Feb, familiares continúan en huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos detenidos en este comando policial.
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 19, 2026
3 de 10
De las 10 mujeres que iniciaron la huelga de hambre el pasado 14 de febrero, quedan tres resistiendo y esperando la libertad plena e inmediata de sus seres queridos.
Narwin Gil, Mileidy Mendoza y Yaxzodara Lozada son las tres valientes mujeres que llevan más de 120 horas sin consumir alimentos. Las demás mujeres que iniciaron la huelga de hambre tuvieron que ser retiradas del lugar por presentar dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos y debilidad general, signos evidentes de deterioro de la salud.
El pasado lunes 16 de febrero, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que funcionarios policiales en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, impidieron que familiares ingresaran suero para hidratar a los detenidos que se mantienen en huelga de hambre.
El Comité calificó de “inaceptable” que se niegue el acceso a insumos vitales, pues pone en riesgo la integridad física de quienes exigen su libertad.
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Con la reciente designación de Andreína Tarazón Bolívar como nueva Viceministra de Política Comercial Internacional y presidenta de la Fundación Instituto Marca País, aplica ese adagio popular que reza “distante, pero nunca ausente”.
Aunque llevaba varios años apartada de labores de gobierno, su reciente nombramiento mediante el Decreto Presidencial Nº 5.245, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.984 con fecha del 9 de febrero de 2026, confirma que se mantenía en el radar de quienes deciden los ascensos, repeticiones o reciclajes en altos cargos gubernamentales.
Andreína Tarazón tiene 38 años. Es oriunda de Maracay, estado Aragua. Egresó como abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y cuenta con estudios en Planificación estratégica, una especialización en Economía y Negocios de China en la Universidad de Alcalá, en España, así como también diplomados y maestrías en cooperación económica internacional.
Tarazón no es una recién llegada a las filas del chavismo. Cuando aún estaba estudiando en la universidad formó parte del Movimiento por la Transformación Universitaria y participó en la comisión estudiantil que intervino en la Asamblea Nacional en 2007.
Feminista y bolivariana
Andreína Tarazón se define como “feminista, revolucionaria y bolivariana” y profesa abiertamente sus estudios realizados dentro y fuera del país.
En el 2011 fue designada viceministra de la Juventud. Tarazón también fue candidata a diputada por el PSUV en las elecciones parlamentarias del año 2010 y 2015.
Dos años después, en cadena nacional, Nicolás Maduro la designó como ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Tarazón se convirtió así en 2013 en la ministra más joven del chavismo, con apenas 25 años. Gracias a esa juventud formó parte del grupo de ministros —junto a Erika Farías, Andreína Benítez, Asia Villegas y Héctor Rodríguez— que el gobierno mostró como la “renovación generacional”.
Durante su etapa como ministra fue criticada por sectores opositores debido a su retórica confrontativa. En el marco de las protestas contra el gobierno en 2014, convocó a manifestaciones de mujeres a favor del gobierno que coincidían con las que organizaban los jóvenes opositores. En 2015, generó controversia tras declarar que el sector opositor debía “meterse su transición por donde les quepa”, reafirmando su lealtad al modelo socialista.
Un año después, asumió en paralelo funciones como superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), cargo desde el cual lideró fiscalizaciones que fueron tildadas de arbitrarias por gremios empresariales.
En sus primeras declaraciones como superintendente señaló que los acaparadores de alimentos eran “criminales de guerra”. Las declaraciones las hizo en un contexto económico de profunda escasez de alimentos y medicinas.
Tarazón defendía que el despliegue de la Sundde era para “hacer frente a la reventa de productos de primera necesidad y el contrabando a través de la frontera”.
La ministra apoyó abiertamente la Ley de Precios Justos como una iniciativa para estimular el aparato productivo nacional y estabilizar la economía; sin embargo, esta medida terminó generando más escasez e inflación. En 2014, Fedecámaras advirtió que dicha ley “lejos de contribuir a la solución de los problemas -económicos-, continuará agravándolos”.
Andreína Tarazón justificó la detención de comerciantespor ganancias “exageradas” en el año 2014. “Vamos a ir establecimiento por establecimiento, porque no tienen excusas económicas para especular con los precios del pueblo”, advirtió.
Su gestión finalizó abruptamente en mayo de 2014, cuando fue relevada por Dante Rivas tras solo cuatro meses en el cargo, en un contexto donde la inflación y la escasez continuaban en ascenso a pesar de las fiscalizaciones masivas.
En noviembre de 2016 exhortó al Gobierno de los Estados Unidos a dejar de difundir “mentiras” en el caso de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes fueron detenidos y acusados de exportar 800 kilos de cocaína desde Venezuela hacia los Estados Unidos.
“Solicitamos al Gobierno de los Estados Unidos y sobre todo a la prensa amarillista a que no siga, digamos, difundiendo mentiras y siga difundiendo un conjunto de hechos inexactos en torno a estos jóvenes venezolanos juzgados en los EEUU”, dijo cuando era coordinadora del JPSUV.
En 2017 y 2018, asumió la Secretaría de Industria y Comercio del estado Miranda. También, en 2017, fungió como presidenta del Centro de Altos Estudios de Desarrollo de Economías Emergentes (CEDEES).
En 2022, Tarazón elogió las políticas económicas implementadas por la administración de Nicolás Maduro.
“Lo cierto es que Venezuela hoy goza de un mejor clima económico gracias a las políticas macroeconómicas del presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno. Si no hubiese una política monetaria fiscal, comercial, coherente, responsable, pues evidentemente hoy no fuese posible mirar lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Por ejemplo el desarrollo volátil del emprendimiento en Venezuela (…) es gracias a un clima macroeconómico que ha generado la política de Nicolás Maduro”, dijo.
También en ese año se viralizaron unas declaraciones suyas en las que afirmó que Colombia avanzaba hacia un gobierno de izquierda, pese a las “campañas negativas” contra Venezuela en ese país. También, señaló que Venezuela suele usarse como “elemento negativo para atemorizar”, comparándolo con “el fantasma del comunismo”.
En 2023 fue la Autoridad Única de la Gran Misión Venezuela Mujer en el estado Miranda y destacó como miembro de dirección parroquial, municipal y regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
En fuentes y medios oficiales no se encontraron balances públicos o indicadores verificables que demuestren, en detalle, el rendimiento de su gestión en el Sundde o en el Ministerio de la Mujer.
En redes sociales no hizo pausa
Si bien su nombre desapareció por completo del discurso oficial en los últimos años, Tarazón es bastante activa en redes sociales, principalmente en Instagram, donde acumula miles de seguidores. Desde esa vitrina publica reflexiones políticas alineadas con las bases del Psuv, mensajes feministas y fotos personales y familiares.
Su cuenta en X, antes Twitter, dejó de utilizarla en agosto de 2024 cuando Nicolás Maduro ordenó la suspensión de la red social por 10 días tras las elecciones presidenciales celebradas en julio y la crisis política en el país.
El 5 de agosto de 2024, publicó un video en X en donde ironizaba sobre la “normalidad” de la situación en Venezuela y aseguraba que la oposición estaba “alienada” por el algoritmo de las redes sociales.
Fuertes imágenes se registran hoy 5 de agosto en Caracas-Venezuela. Que el mundo lo vea. pic.twitter.com/zU1Gw3S642
— Andreína Tarazón Bolivar (@AndreinaTarazon) August 5, 2024
También cuestionó la autenticidad de las actas presentadas por María Corina Machado en las que demostraba que Edmundo González Urrutia había ganado los comicios.
Se están develando las inconsistencias de las actas mostradas por María Corina en su página web y hay gente opositora que pregunta: y por qué no han mostrado las reales? No es lógico que para montar esa ESTAFA había que impedir el funcionamiento normal del proceso electoral?
— Andreína Tarazón Bolivar (@AndreinaTarazon) August 4, 2024
En el 2020 criticó la primera recompensa millonaria que Donald Trump ofreció por Nicolás Maduro.
Mientras la expansión del covid-19 en USA alcanza niveles dramáticos, la administración Trump se lanza un nuevo capítulo de película de vaqueros, al ofrecer 15 millones de USD por la cabeza de un Presidente en ejercicio constitucional de su función. #VenezuelaCombateAlCovid19
— Andreína Tarazón Bolivar (@AndreinaTarazon) March 26, 2020
En 2019 publicó con orgullo la firma del decreto donde le pedían a Donald Trump que “sacara sus manos de Venezuela”.
El regreso de Andreína Tarazón al poder ocurre en un momento de gran tensión política luego de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de los Estados Unidos. Tarazón reemplaza a Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, en la dirección de Marca País, una estrategia de posicionamiento para promover el turismo, las exportaciones, la inversión extranjera y la cultura de Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Cachondeo: acción de cachondearse, falta de seriedad o rigor en un asunto que lo exige
Acto I – Bienvenido míster Marshall
La escena podría haber venido directamente de la película del gran cineasta Luis García Berlanga intitulada Bienvenido místerMarshall (1953). La película cuenta la historia de un pueblito castellano en el que alcalde prepara un gran recibiendo para unos supuestos estadounidenses que los visitarían para darles los beneficios del Plan Marshall. La película, en tono de comedia absurda, lleva los clichés del españolismo al tope.
Los castellanos del pueblito, que no andaluces, se quieren presentar como españoles modelo: visten con ropas típicas de Andalucía, organizan un tablao flamenco y hacen que el pueblo adquiera un aspecto andaluz. Eso, según un empresario de flamenco que vivió en Boston, impresionará a los “americanos”. La cosa no termina como deseaban los habitantes del pueblito, pues el esperado dignatario de los Estados Unidos pasó de largo y no se detuvo en el pueblito castellano.
En cambio, a Caracas sí llegó míster Marshall. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, fue recibido por la presidenta interina en Miraflores con arpa, cuatro y maracas. La escena no podía ser más kitsch. Aquiles Nazoa habría dicho que no podía ser más pavosa.
Acto II – Saab contra Saab (y Gorrín)
La agencia Reuters informó que Alex Saab (acusado de corrupción por, las podridas cajas de alimentos del CLAP) y Raúl Gorrín (dueño del canal Globovisión y también acusado de lavado de dinero) habían sido arrestados en Caracas por una fuerza conjunta Sebin – FBI. Le preguntaron al fiscal general Tarek William Saab sí tenía alguna novedad sobre el otro Saab y Gorrín. Dijo la cabeza del Poder Moral (sí, Moral) que él no sabía nada sobre estos arrestos.
El fornido fiscal, que mete a todo el mundo preso por la mínima expresión de disenso con la autocracia, no se ha dado por enterado dónde están Saab y Gorrín, como si a él no le tocara informarse sobre el estatus de dos oscuros personajes que andan desaparecidos. Tampoco nos ha informado el poeta-fiscal dónde está ahora el otro Tareck, el desgraciado Tareck El Aissami, acusado de desfalco de miles de millones de dólares en PDVSA. Saab, tan dado a la palabra ofendida, prefiere el no comment cuando se trata de los corruptos de su propio régimen.
Acto III – Habla la jefa de los pranes
La diputada Iris Varela tomó la palabra en la sesión de la Asamblea Nacional consagrada a la segunda discusión de la Ley de Amnistía. La exministra de prisiones asumió la postura de perdonavidas, acusando a la oposición de todos los crímenes posibles. Su maniobra retórica fue la del espejo. Trató de reflejar la imagen de todas las barbaridades que el chavismo ha cometido contra los venezolanos en la oposición.
La llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no fue capaz de repeler el ataque militar-policial de los Estados Unidos el 3 de enero pasado. Murieron en la operación de extracción del comandante en jefe, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, 32 cubanos que resguardaban al expresidente venezolano y otros tantos venezolanos que fueron puestos allí como carne de cañón.
Las baterías antiaéreas no funcionaron (o no las hicieron funcionar). La aviación militar no levantó vuelo para enfrentar a los yankis (ya el ministro de la Defensa explicó su valiente decisión). Los altos mandos de la FANB no dieron la cara. Tampoco renuncian a sus cargos ante la obvia ineficacia para defender la soberanía de Venezuela. Los negocios y privilegios de los generales y almirantes son muy jugosos. ¿Luchar contra el imperialismo? No chico, si lo que quieren ellos es ir a Disney World.
El largo periodo chavista está lleno de situaciones esperpénticas y absurdas. En estos 27 años hemos visto de todo. La profanación de la tumba de Simón Bolívar, el asesinato de personajes chavistas en casos muy “extraños” que levantan sospechas (como ejemplo, aquel episodio del cadáver devorado por los cochinos “papiados”), la falsa fecha de la muerte de Chávez, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez como la nueva pareja del nepotismo a la venezolana, un fiscal general que no defiende la Constitución ni los derechos humanos, un Consejo Nacional Electoral que no publica los resultados electorales. La lista es larguísima. ¿Qué se podía esperar del cachondeo chavista? Destrucción y robo.
Acto VI – 27 años menos de independencia
La revolución chavista vendió la fantasía de que Venezuela era por fin un país independiente. La verdad es que Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro entregaron la soberanía de Venezuela a cubanos, chinos, rusos, iraníes y grupos terroristas como Hizbulá, las FARC y el ELN. Y ahora Delcy Rodríguez, presidenta interina, le entrega el control de la industria petrolera a los Estados Unidos. ¿Soberanía? Si restamos los años de la autocracia chavista, Venezuela ha sido un país independiente solo 188 años. El chavismo siempre resta.
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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) convirtió su lucha por la libertad y la justicia en una galería de incidencia visual y documental durante el Geneva Summit for Human Rights and Democracy, uno de los eventos internacionales más importantes sobre derechos humanos.
La exposición busca visibilizar, ante líderes políticos, diplomáticos, organismos internacionales y medios de comunicación, las condiciones de reclusión, tortura, aislamiento y desapariciones forzadas que enfrentan las personas presas por motivos políticos en Venezuela.
La muestra se instaló en Espace Jeanne Hersch, en el marco de la sesión anual principal del United Nations Human Rights Council en Ginebra, donde ministros de Relaciones Exteriores y delegados de todo el mundo discuten la agenda global de derechos humanos.
“La represión en Venezuela no es un dato abstracto, sino una realidad palpable: hombres, mujeres, adolescentes y personas mayores detenidos arbitrariamente, incomunicados, aislados, torturados y, en muchos casos, desaparecidos”, señaló un portavoz de Clippve en una nota de prensa compartida con esta redacción.
La organización venezolana destaca que ha documentado detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias inhumanas que, según su último informe, se agudizaron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
La galería está compuesta por 16 tótems expositivos alternando formatos de tres y cuatro caras que combinan testimonios legítimos, imágenes documentales y datos verificables sobre distintos centros de reclusión en Venezuela. El recorrido abarca recintos como El Helicoide, Ramo Verde, Yare, El Rodeo I, Tocorón y Tocuyito, así como categorías específicas de víctimas: mujeres presas políticas, adolescentes detenidos, personas mayores, personas desaparecidas, muertos bajo custodia y casos de aislamiento como forma de tortura.
Entre los temas centrales que Clippve llevará a Ginebra figuran patrones sistemáticos de desaparición forzada, el uso del aislamiento como herramienta de tortura y la criminalización de la actividad política en Venezuela. El objetivo es situar estas denuncias en los principales foros diplomáticos y presionar para que se generen soluciones reales a la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Las voces de la resistencia en el mundo
El Geneva Summit 2026 reúne a voces globales que han resistido regímenes autoritarios, incluidos Yulia Navalnaya, Mutasim Ali, Marzieh Hamidi, Masih Alinejad y Sviatlana Tsikhanouskaya. Este es un espacio global en el que defensores, sobrevivientes y expresos políticos alzan la voz ante diplomáticos, periodistas y líderes mundiales.
En el marco del evento, el pasado 18 de febrero Pedro Urruchurtu Noselli, asesor de la oposición venezolana, dirigió un discurso basado en su experiencia tras haber sido objeto de persecución política y permanecer refugiado más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas.
“Era un rehén allí. Y tenía ocho años cuando Hugo Chávez llegó al poder y mi familia quedó en silencio porque sabían que él usaría las instituciones democráticas para destruir a la democracia. Pero si algo logró Chávez fue que la gente se interesara en la política”, expresó, tras contar cómo fue su aproximación a la política como estudiante para oponerse a la reforma constitucional de 2007, cómo se unió al movimiento de María Corina Machado y cómo en diciembre de 2023 fue blanco de la persecución política.
“Mi reloj empezó a vibrar con mensajes: ‘vienen por ti, corre’. Me subí a un carro con mis colegas Claudia y Henry. Fui a una embajada y el embajador nos aceptó”, contó. Relató que permanecieron dos semanas allí y que luego se inició una jornada de presentaciones ante tribunales, su pasaporte fue anulado y en marzo de 2024, se anunció otra orden de captura en su contra y otros diez líderes de Vente Venezuela. Fue ese momento en el que se refugiaron en la embajada argentina en Caracas y desde allí, asegura, siguieron coordinando la campaña de Edmundo González y María Corina Machado.
Mi intervención completa en @GenevaSummit, subtitulada en español, por la libertad de todos los presos políticos civiles y militares, y por la liberación de Venezuela. — My full remarks at the @GenevaSummit, for the freedom of all civilian and military political prisoners, and… pic.twitter.com/SUQqooJhRa
Urruchurtu expuso ante la audiencia cómo durante 10 meses los refugiados en la embajada argentina fueron sometidos a asedio constante, interrupciones de servicios como energía eléctrica y agua y vigilancia armada en los alrededores de la residencia diplomática para quebrarlos moralmente y obligarlos a rendirse.
“Tomamos agua de la piscina del embajador en las peores condiciones, sin refrigeración con la comida podrida, racionábamos todo y a veces comíamos solo una vez al día. Y nuestros vecinos eran los que nunca esperarías tener: las embajadas de Rusia y Corea del Norte”, agregó.
Precisó también que para lograr escapar, aprovecharon que el corte de energía eléctrica en el edificio dejó las cámaras de seguridad inhabilitadas. “El régimen lo descubrió cuatro días después”, dijo, y denunció que luego se habían enterado de que el gobierno estaba supuestamente cavando un túnel para entrar a la embajada: “El plan era desaparecernos o matarnos”.
Un llamado a la libertad
Para Clippve, la galería no es solo una exposición, sino “una herramienta de incidencia estratégica que busca traducir la evidencia en acción diplomática, promoviendo libertad plena, justicia y la atención urgente de la comunidad internacional a la situación de los presos políticos venezolanos”.
Destacan que esta acción internacional se suma a la lucha que libran los familiares en el terreno venezolano, quienes llevan más de 40 días durmiendo a las afueras de los centros de reclusión, elevando la voz de quienes pretenden ser silenciados.
“Mientras en Ginebra se expone la evidencia ante el mundo, en Venezuela las familias sostienen la vigilia permanente por la libertad, convirtiendo el dolor en denuncia y la resistencia en memoria”, afirman.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
