Antes de contarles la historia de Alfredo Díaz, quiero responder algo que suele quedar flotando en el aire cuando hablamos de “informes de la ONU”. ¿Para qué sirve realmente todo este trabajo? ¿Qué pasa con un informe así una vez publicado?

La Misión de Determinación de los Hechos no es un capricho ni nació para hacer un diagnóstico general y quedarse ahí. Fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 42/25 del año 2019, con un mandato concreto, que es documentar los crímenes más graves ocurridos en el país para combatir la impunidad y asegurar la rendición de cuentas de los responsables, así como justicia para las víctimas. Eso tiene consecuencias prácticas, aunque no sean inmediatas. La Misión es un cuerpo de investigación y como él solo hay 7 mecanismos activos en todo el mundo, así de extraordinaria es nuestra situación y así de fuerte ha sido la sociedad civil para organizarse y lograr su renovación en tres ocasiones.

Cada vez que la Misión concluye que hay “motivos razonables para creer” que una persona participó en una violación de derechos humanos, esa conclusión queda documentada con expedientes, testimonios y pruebas guardadas en bases de datos seguras. El material no se pierde, aunque hoy no haya un tribunal venezolano dispuesto a usarla. En octubre de 2026 será posible renovar el trabajo de este grupo por cuarta vez porque la situación lo amerita.

Esa documentación ya ha tenido efectos fuera de Venezuela. El informe menciona, por ejemplo, que un tribunal federal argentino emitió en junio de 2026 una solicitud de extradición contra un exmilitar venezolano vinculado a la represión de 2014, residente en España, apoyándose en el principio de jurisdicción universal, que es la posibilidad de que un país juzgue crímenes graves cometidos en otro, cuando en el país de origen no hay justicia. Ese militar fue mencionado en el informe especial de 2025 dedicado a la Guardia Nacional Bolivariana.

Por otro lado, aunque Venezuela denunció formalmente el Estatuto de Roma en julio de este año para no cooperar con el tribunal de La Haya, el informe de la Misión aclara algo importante: esa salida no borra ni frena las investigaciones que la Corte Penal Internacional ya tenía abiertas por hechos ocurridos en Venezuela mientras el Estatuto seguía vigente para el país. En otras palabras, estos informes nos han permitido construir, hecho por hecho, el expediente que algún día podrá sostener una acusación penal en Venezuela o afuera. Por eso más víctimas y testigos deberían animarse a compartir su historia con la Misión.

Con esa función en mente, vale el esfuerzo leer el caso de Alfredo Díaz Figueroa.

Alfredito Díaz fue gobernador de Nueva Esparta y dirigente de Acción Democrática. Lo detuvo el SEBIN el 24 de noviembre de 2024 en Ospino, estado Portuguesa, sin que su familia supiera su paradero durante cuatro días. Ahí se suman varias violaciones al debido proceso como la incomunicación y la desaparición forzada. Lo acusaron de “incitación al odio” y “terrorismo”, y pasó el resto de su detención sin poder nombrar un abogado de su confianza ni tener acceso a su propio expediente.

Lo que hace especialmente grave este caso, según la Misión, no es solo la detención arbitraria, que ya de por sí es un crimen grave, sino lo que ocurrió con su salud. Antes de ser detenido, Díaz ya tenía antecedentes médicos serios como convulsiones, un cuadro de ansiedad con rasgos paranoides, depresión, y en un informe médico de ese año había una indicación pendiente de tratamiento farmacológico, hacerse una tomografía y hacer valoración neurológica. No pudo cumplir su tratamiento debido a la persecución política. Ya preso, según testigos que compartieron celda con él, tuvo al menos dos episodios graves, uno en octubre de 2025, con dolor intenso, rigidez muscular y desorientación, que el personal médico de El Helicoide diagnosticó como “indigestión” y “problema del estómago”. Nunca lo evaluó un especialista, a pesar de que la propia Misión documenta reclamos repetidos de su familia y compañeros de reclusión. Esta negligencia también constituye un castigo extendido contra los dos grupos

El 6 de diciembre de 2025, alrededor de las cinco de la mañana, Díaz volvió a presentar los mismos síntomas. Sus compañeros vivieron la agonía con él e hicieron las alertas que fueron atendidas tarde. Lo trasladaron al área médica del centro, le hicieron maniobras de reanimación y murió poco después en el hospital. La causa oficial fue un infarto agudo de miocardio.

La Misión no está diciendo que lo mataron a golpes ni que hubo una orden directa de dejarlo morir. Señala algo distinto que en cierto modo es más difícil de esquivar para los responsables dentro del Estado: la ausencia sostenida de atención médica especializada, pese a las señales de alarma repetidas durante más de un año, fue un factor que contribuyó a su muerte, y eso constituye una privación arbitraria de la vida atribuible al Estado, porque quien tiene bajo custodia a una persona asume también la obligación de proteger su salud.

Entonces aquí aparece el dato que conecta este caso con el hallazgo con el que abrimos la serie. Díaz no fue el único al que le ocurrió esto. La Misión documentó también la muerte en custodia de Edison José Torres Fernández, un policía con 24 años de servicio, detenido por criticar al Gobierno, cuyo cuerpo presentaba hematomas que el acta oficial de defunción no menciona. Son historias distintas, ocurridas bajo el mismo sistema de custodia, con el mismo patrón de fondo: personas que entraron vivas y con problemas conocidos, y luego salieron en un ataúd, sin que nadie haya respondido por ello todavía. Nos leemos en el próximo episodio.

Artículo anterior de la serie Textos sobre la Misión ONU:

Más información:

• Versión oficial de la muerte de Alfredo Díaz omite denuncias sobre falta de atención médica (Runrunes. 7 de diciembre de 2025).
• Hija de Alfredo Díaz: “A mi padre lo mataron lentamente” (Runrunes. 8 de diciembre de 2025).
• La custodia del Estado como sentencia de muerte: El patrón de la ejecución silenciosa (Justicia, Encuentro y Perdón. 7 de mayo de 2026).

@LuisCarlos | Luis Carlos Díaz es periodista y activista de los DD. HH.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Para entrar en lo que dice el informe más reciente de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU para Venezuela, vale la pena detenerse un momento en cómo se construye, porque eso también es parte de la noticia. La Misión tiene un equipo de investigadores que no trabaja con rumores ni con listas armadas con intención política. Su trabajo es técnico y debe cumplir con estándares de investigación altos. Para este documento realizó 213 entrevistas confidenciales, algunas presenciales y otras remotas, con 121 víctimas (33 a mujeres, 88 a hombres), familiares, testigos, organizaciones venezolanas e internacionales. Cruzó esa información con documentos oficiales, forenses y judiciales, con fotografías, videos y reportes de organizaciones acreditadas, y además con años de expedientes propios acumulados desde informes anteriores, porque la Misión existe desde 2019. Contó además con apoyo forense especializado y con el ecosistema de derechos humanos de la ONU y la OEA.

El estándar que usan para afirmar algo se llama “motivos razonables para creer”, este es un umbral pensado para investigaciones de derechos humanos, más exigente que un simple indicio, aunque más bajo que el que se necesita para una condena penal. Por eso no son un tribunal, pero pueden alimentar a los sistemas de justicia. Y hay un dato que conviene subrayar aparte: el Estado venezolano, pese a las resoluciones del propio Consejo de Derechos Humanos que le piden cooperar, ignoró todas las solicitudes de información que le envió la Misión. Todo lo que van a leer en esta serie fue reconstruido contra la negativa oficial a colaborar. Cuando haya cambios reales en las instituciones de Venezuela, habrá mucha más información disponible.

Con esa base, el primer hallazgo que quiero compartir con ustedes es, para mí, el más importante de todo el informe y el que explica por qué el resto de los casos que vamos a mostrar en esta serie no son hechos aislados del pasado, sino advertencias sobre el presente:

Después del ataque estadounidense del 3 de enero y la captura de Maduro, bajaron las detenciones largas. Hubo excarcelaciones, centenares de ellas, aunque el Estado se ha negado a publicar sus listas o compartirlas con la ONU. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, hizo cambios en el gabinete y en la cúpula militar. Todo eso es cierto y el informe lo reconoce.

Pero la Misión fue más allá de los titulares y revisó, nombre por nombre, quién quedó a cargo de la seguridad y la inteligencia del país. Encontró que al menos 12 personas señaladas en informes anteriores por responsabilidad en violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad ocupan hoy cargos públicos, y que otras 6 que ya estaban en funciones antes del 3 de enero siguen en sus puestos. Entre los nombres que documenta con expedientes específicos están Diosdado Cabello (ministro de Relaciones Interiores, con influencia documentada sobre el SEBIN), Gustavo Enrique González López (nombrado ministro de Defensa tras dirigir el SEBIN y la DGCIM en distintos periodos), Alexander Granko Arteaga (llamado por la prensa “el gran torturador”, hoy en la cúpula de la DGCIM) y Vladimir Padrino López (destituido como ministro de Defensa en marzo, pero reubicado en otro ministerio, sin investigación abierta en su contra).

Aquí es donde el informe pide un cambio de mirada a quienes seguimos la actualidad venezolana día a día. La pregunta más importante no es solamente quién está gobernando hoy, sino quién sigue teniendo el mando operativo sobre los cuerpos que han sido señalados como responsables de desapariciones, torturas y muertes bajo custodia durante más de una década. Y la respuesta para el año 2026, según la Misión, es que en gran medida son las mismas personas. Esto es material que puede servirle a cualquier misión diplomática, inversionista, analista de riesgo y a la sociedad civil, para definir sus próximos análisis y decisiones sobre Venezuela.

Por eso arrancamos esta serie con este hallazgo. Todo lo que vamos a mostrar en los próximos días, las historias de personas concretas que murieron o desaparecieron bajo custodia del Estado, ocurrió dentro de un aparato que, según Naciones Unidas, sigue funcionando con la misma arquitectura de siempre.

@LuisCarlos | Luis Carlos Díaz es periodista y activista de los DD. HH.

Fuente principal:

• Informe La continuidad del aparato represivo. Misión de Determinación de Hechos. Septiembre de 2026.

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