La comunidad internacional mira con cautela los recientes movimientos políticos en Venezuela. Tras la presentación de la actualización oral de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM), la delegada de la Misión Permanente de Canadá en Ginebra, Patricia Lyn McCullagh, tomó la palabra en nombre de un bloque de países para advertir que, aunque hay cambios en la superficie, el andamiaje que sostiene las violaciones a los derechos humanos permanece operativo y que la transición será insostenible si no hay “reformas integrales y rendición de cuentas”.
Para McCullagh, el reconocimiento de los hechos recientes no nubla la preocupación por la crisis persistente. Si bien calificó la adopción de la Ley de Amnistía como un “paso importante”, fue tajante al señalar que su alcance es “limitado” y que la comunidad internacional vigilará que se aplique de “manera transparente e inclusiva”.
“Liberen a todos”
El grupo de países representado por Canadá celebró la reciente liberación de un grupo de presos políticos, pero enfatizó que la medida es insuficiente mientras existan personas tras las rejas por motivos de conciencia. La delegada hizo un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que “sean liberados todos los que hayan sido arbitrariamente detenidos”.
El balance diplomático se resumió en una frase: “Se han dado pasos, pero aún queda muchos cambios por materializar, las instituciones estatales y las estructuras encargadas de las violaciones de DDHH siguen operando y se han registrado nuevas detenciones arbitrarias”, denunció McCullagh, quien además resaltó con preocupación el registro de nuevas detenciones arbitrarias y la vigencia de leyes que, a su juicio, deben ser derogadas.
El muro de la impunidad
Canadá, en nombre de un bloque de países que no fueron identificados, resaltó la falta de independencia judicial y la persistencia de la impunidad. Según la delegada, la ausencia de una rendición de cuentas por las violaciones del pasado y del presente constituye un obstáculo insalvable para el futuro del país.
“Sin una reforma integral de las instituciones y rendición de cuentas por las violaciones del pasado y presente no podrá lograrse (la justicia), lo que socava la posibilidad de una transición democrática sostenible”, sentenció McCullagh.
Finalmente, instó a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones internacionales y a permitir el acceso “irrestricto” de la Misión al territorio nacional para verificar si Venezuela está realmente desmontando su aparato represivo o si solo se trata de una fachada institucional.
ONU |🇨🇦 Canadá pone el foco en la "Ley de Amnistía" en Venezuela: Aunque se reconoce como un paso positivo, la ONU advierte: su alcance es muy limitado y la impunidad sigue reinando. 🇻🇪
📍 El aparato represivo sigue operativo. 📍 Falta transparencia institucional. 📍 Urge… pic.twitter.com/Qluvqf8fBm
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Resulta sorprendente que un mundo como el actual, con tantas posibilidades de interconexión, necesite con urgencia convertirse en un agente de cambio positivo para enfrentar los retos de una sociedad tan cambiante y demandante como la que vivimos hoy.
La comunicación no se basa únicamente en teorías. Comunicar tiene que ver con el trato diario, con la forma en que aceptamos al otro y con cómo abordamos determinados temas de manera respetuosa y correcta.
En la actualidad está muy de moda hablar de inclusión y de cómo este concepto evoluciona dentro del ámbito comunicacional. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿realmente, como sociedad, entendemos el significado de esa evolución? ¿Sabemos hacia dónde vamos? ¿Estamos preparados para relacionarnos con quienes son considerados distintos en una sociedad que presume ser abierta y cambiante?
Desde mi punto de vista, este tema está mal abordado. A pesar de la autopista de información que nos rodea, todavía no sabemos comunicarnos adecuadamente con aquello que es diferente. Lo distinto muchas veces genera miedo, rechazo o simplemente desconocimiento.
A lo largo de mi carrera como conferencista motivador he tenido que derribar constantemente la barrera de cómo se comunica la sociedad con personas que poseen cualidades distintas. Situaciones cotidianas lo demuestran. Al llegar a un restaurante, a un establecimiento o a cualquier espacio de recreación —simplemente ejerciendo el derecho de disfrutar como cualquier otra persona— el primer abordaje suele ser: “Pobrecita señora, ¿lee usted?”. ¿Pide por ella?”.
Ese tipo de reacciones me ha llevado muchas veces a preguntarme si, como humanidad, realmente somos conscientes del impacto comunicacional de nuestras palabras. La diferencia no solo afecta a quien la percibe con desconocimiento; también impacta a quien es considerado distinto y que, a lo largo de su vida, desarrolla herramientas para interactuar y salir adelante en un mundo que muchas veces no está preparado para abrazarlo en su justa dimensión.
Hablamos constantemente de inclusión y de comunicación en esta era de hiperconectividad. Sin embargo, la misma autopista del conocimiento a la que hoy tenemos acceso también nos brinda las herramientas para medir el impacto de nuestras acciones y entender cómo nos perciben los demás.
Creo firmemente que el impacto comunicacional de nuestra sociedad, pese a todo el acceso a la información que existe, aún no es medido ni comprendido de manera adecuada. Y esto no solo ocurre con las personas consideradas distintas, sino en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida.
Las actitudes de rechazo o las respuestas inadecuadas hacia una persona con cualidades distintas no siempre producen el efecto que quien las emite imagina. En lugar de herir, muchas veces esas palabras se convierten en un estímulo para demostrarle al mundo que, aun cuando este no esté completamente preparado, las personas con cualidades distintas pueden ser valiosas, útiles y capaces de aportar a la sociedad.
Quizás el mayor reto que tenemos como humanidad es transformar los prejuicios y los miedos en herramientas positivas. Solo así podremos convertirnos verdaderamente en agentes de cambio capaces de generar una nueva mirada hacia la diferencia.
Pero, sobre todo, debemos aprender a pensar antes de hablar. Preguntarnos cuál es el impacto comunicacional que queremos generar con cada una de nuestras palabras y con cada una de nuestras acciones.
Porque, al final, lo humano es lo que nos identifica, y lo distinto es lo que nos une.
Este jueves, 12 de febrero, trabajadores, dirigentes sindicales, jubilados y pensionados del interior del país se sumaron a la convocatoria de movilización nacional por un salario digno.
Las concentraciones se replicaron en plazas, avenidas y frente a sedes institucionales, donde los manifestantes levantaron pancartas que exigían la restitución del salario como un derecho y no como una dádiva.
Cabe recordar que este 25 de marzo, el salario mínimo cumple cuatro años estancado en 130 bolívares, lo que actualmente equivale a 33 centavos de dólar, una cifra que está muy por debajo del umbral de pobreza extrema recientemente actualizado por el Banco Mundial, que establece que una persona necesita al menos tres dólares diarios para no ser considerada en esa condición.
De acuerdo a cifras emitidas por el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el costo de la canasta básica se ubicó en enero de 2026 en 677,17 dólares, es decir, un trabajador necesita más de 2000 meses de salario mínimo para cubrir un mes de alimentación.
Por tal motivo, en varios estados del país, los trabajadores tomaron las calles para denunciar las penurias que viven porque “el sueldo no les alcanza ni para comer”. Aquí un balance de las protestas en el interior:
Monagas
En el estado Monagas, educadores, sector salud y profesores universitarios protestaron en la plaza El Estudiante para exigir salarios justos y la libertad de los compañeros de lucha que aún siguen encarcelados.
#Monagas | Sindicatos de educadores, sector salud y profesores universitarios protestaron en la plaza El Estudiante de Maturín para exigir salarios justos y la libertad de los compañeros de lucha que aún siguen encarcelados. #12mar
Maestros, profesores universitarios, trabajadores, jubilados y pensionados protestan en la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo para exigir aumento del salario. La docente Zulay Hernández, con 20 años de servicio, denuncia que su salario no le alcanza para comprar un medicamento.
#Zulia | Maestros, profesores universitarios, trabajadores, jubilados y pensionados protestan en la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo para exigir aumento del salario.
La docente Zulay Hernández, con 20 años de servicio, denuncia que su salario no le alcanza para comprar un… pic.twitter.com/20WS3IArav
“Nos estamos muriendo de hambre con ese salario que nos tienen asignado”, denuncia Edixon Sánchez, miembro de la Asociación de Profesores Universitario de LUZ.
#Zulia | "Nos estamos muriendo de hambre con ese salario que nos tienen asignado", denuncia Edixon Sánchez, miembro de la Asociación de Profesores Universitario de LUZ, durante la protesta en la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo. #12Mar
El dirigente político Juan Pablo Guanipa, quien recientemente conquistó su libertad plena, se movilizó junto a los trabajadores para alzar la voz: “El salario de un profesor no puede ser de 2 dólares. Los bonos no son salario y la dignidad de quienes enseñan no es negociable”.
Juan Pablo Guanipa se movilizó junto a los trabajadores para alzar la voz: ¡Basta de humillaciones! 📢
El salario de un profesor no puede ser de 2 dólares. Los bonos no son salario y la dignidad de quienes enseñan no es negociable. ¡Viva Venezuela Libre! 🇻🇪 pic.twitter.com/eZ71xOV2Vw
Desde Ciudad Guayana, Bulmaro Ramos, e secretario de Trabajo y Reclamo del Sindicato Unico de Trabajadores Siderurgicos y Similares (Sutiss), se sumó a la protesta para exigir un aumento de salario digno para todos los venezolanos.
Desde Ciudad Guayana Bulmaro Ramos, ex secretario de Trabajo y Reclamo de Sutiss, el grito frente a la CVG es uno solo: ¡SALARIO DIGNO YA! 📢✊ pic.twitter.com/ahfQMkss3H
El dirigente político Andrés Velásquez posteó un video de los trabajadores de Guayana quienes se mantienen en pie de lucha por el salario, libertad sindical y transición.
Trabajadores de Guayana, en pie de lucha por el salario, libertad sindical y transición pic.twitter.com/tiQfd7QU3Z
Desde Upata, Erlinda García alzó la voz junto a los trabajadores. “El reclamo es innegociable”
Desde Upata, nuestra compañera Erlinda García alza la voz junto a los trabajadores. El reclamo es innegociable ¡SALARIO DIGNO YA! pic.twitter.com/zakKG7aq8d
En Valencia, estado Carabobo, los trabajadores se concentraron para exigir un aumento de salario, pero también para pedir la liberación de todos los presos políticos y el respeto a la Constitución.
En el estado Táchira trabajadores de los distintos gremios tomaron las calles de manera pacífica para exigir que se respete el artículo 91 de la Constitución.
En la marcha estuvo presente el profesor Javier Tarazona quien fue excarcelado en días recientes. Tarazona pidió un reajuste de salario para todos los trabajadores en Venezuela.
En Falcón, el dirigente Starling Bracho, encabezó la concentración en la movilización nacional por un salariodigno.
En #Falcón, nuestro dirigente Starling Bracho, encabezó la concentración en la movilización nacional de este #12Mar por un salario digno. pic.twitter.com/aCwIfB2wT2
— Red Sindical Venezolana (@RedSindicalVE) March 12, 2026
Nueva Esparta
En Nueva Esparta, los trabajadores se concentraron en las calles para protestar y dejar claro que el salario digno no es un lujo. “Trabajar no debe ser sinónimo de sobrevivir, sino de vivir con bienestar y progreso. Es hora de que se refleje la verdadera productividad en la estabilidad y la dignidad del trabajador venezolano”.
#12Marzo Un salario digno no es un lujo, es un derecho especificado en la ley. Trabajar no debe ser sinónimo de sobrevivir, sino de vivir con bienestar y progreso. Es hora de que se refleje la verdadera productividad en la estabilidad y la dignidad del trabajador venezolano. pic.twitter.com/9uQ9wYlLFS
— Víctor A. Velásquez M. (@VictorVelasqzAD) March 12, 2026
Mérida
En la ciudad de Tovar también protestaron para exigir un salariodigno para todos los trabajadores del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó oficialmente el examen preliminar de la situación denominada Venezuela II, determinando que no existe una base razonable para creer que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad mediante la imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
Esta decisiónpone fin al examen preliminar iniciado en febrero de 2020 tras una remisión del Estado venezolano, que denunciaba presuntos crímenes de lesa humanidad derivados de la “aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde el año 2014”.
La denuncia del Estado sostenía que dichas sanciones habían derivado en actos como asesinato, exterminio y persecución contra la población venezolana. No obstante, La Fiscalía aclaró que su mandato se limitó a determinar si la imposición de dichas medidas constituía una conducta criminal según el Estatuto de Roma, y “no si eran ilícitas bajo el derecho internacional per se“.
Aunque la Fiscalía reconoce que la imposición de sanciones de los Estados Unidos “puede haber exacerbado una situación humanitaria extrema ya existente”, dicha información resulta “insuficiente por sí sola para demostrar, a efectos del derecho penal, que existía un nexo causal suficiente” entre las sanciones y los crímenes alegados.
“La decisión ha sido notificada a las autoridades de Venezuela y a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI. El Gobierno de Venezuela podrá, dentro de un plazo de 90 días, solicitar a la Sala que revise la decisión de la Fiscalía de no iniciar una investigación”, señala el documento.
El organismo recordó que la conclusión del caso Venezuela II “es independiente de la investigación en curso de la Fiscalía sobre la Situación en la República Bolivariana de Venezuela I —y no tiene ninguna repercusión sobre ella—”. A diferencia del expediente anterior, la situación Venezuela I se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las propias autoridades del Estado venezolano contra su población civil.
El caso Venezuela I inició formalmente su examen preliminar en febrero de 2018 y escaló a una investigación oficial en noviembre de 2021, tras denuncias de una política estatal de represión que incluía tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecución política, especialmente en el contexto de las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017.
Mientras que en la situación Venezuela II el Gobierno venezolano actuó como denunciante contra EE. UU., en Venezuela I es el sistema de justicia y las fuerzas de seguridad del Estado venezolano los que están bajo la lupa de la Fiscalía de la CPI por su presunta responsabilidad directa en abusos sistemáticos.
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La encuesta, aplicada de manera presencial a 1295 personas mayores de 18 años, de los estratos socioeconómicos C, D y E, en distintas regiones del país, entre noviembre y diciembre de 2025, develó hallazgos que reflejan que Venezuela no se percibe como una sociedad plenamente cohesionada ni completamente fracturada, pero sí con un sentido de identidad nacional bastante alto.
Los resultados muestran un país que, pese a años de crisis, mantiene un sentido de identidad nacional casi unánime y valores pragmáticos que siguen articulando la vida cotidiana. Aquí las claves más relevantes del informe:
Identidad y unión
El estudio señaló que el 98.9 % de los venezolanos encuestados reportó que siente gran orgullo de ser venezolano. 64,1 % Consideró que las personas en Venezuela comparten un destino común más allá de las diferencias políticas.
En cuanto a los factores que más unen a venezolanas y venezolanos, la ciudadanía identifica elementos profundamente enraizados en la vida cotidiana.
Disposición al diálogo
Uno de los hallazgos más consistentes del estudio es la preferencia ciudadana por el diálogo, la negociación y los acuerdos como vía para procesar diferencias. Entre quienes perciben conflictos en el país (77,6 %), el 84,6 % prefiere que estos se resuelvan mediante acuerdos, frente a solo 9,5 % que prefiere la confrontación.
Las personas manifiestaron estar de acuerdo con que negociar permite buscar soluciones y con que las concesiones permiten alcanzar un bien mayor.
Sin embargo, la disposición al diálogo coexiste con limitaciones importantes. Solo el 18,6 % conversa frecuentemente con personas que piensan distinto en temas políticos o sociales y el 54,7 % considera que no existe suficiente respeto para debatir sin agresiones.
Al preguntarles a las personas encuestadas cuál vía consideran más efectiva para resolver los desafíos en la situación venezolana, “negociación y acuerdos entre venezolanos” obtuvo el 46,4 %, superando otras alternativas y “movilización social” 13,4 %.
Rechazo a la violencia
El estudio documentó un rechazo contundente a la violencia. El 77,4 % considera que una situación de violencia agravaría los problemas del país, y el 72,6 % está en desacuerdo con la idea de que se pueda recurrir a la violencia para lograr cambios.
Ante la hipótesis de una escalada violenta, las principales preocupaciones son humanas y sociales: el 33,4 % señala que lo que más le afectaría sería la pérdida de vidas en general, y el 23,8 % la pérdida de seres queridos.
Perspectivas y expectativas para el futuro
Una amplia mayoría (77,6 %) reconoció la existencia de conflictos en el país, percibidos principalmente como políticos (51,7 %) y económicos (31,5 %). Solo un 2,2 % identifica el conflicto como una ruptura social entre las personas, lo que sugiere que las tensiones se ubican principalmente en ámbitos institucionales y estructurales.
A pesar de las dificultades acumuladas, el 65,3 % consideró que el país podría mejorar en los años siguientes. Este optimismo coexiste con la percepción de riesgos si los conflictos no se procesan: el 63,6 % considera que mantenerlos haría que el país empeore.
Preferencias hacia la Cooperación Internacional
Al preguntar qué tipo de ayuda internacional consideran prioritaria para que Venezuela salga adelante, las respuestas se distribuyeron principalmente en inversión para reactivar sectores productivos y generar empleos (48,4 %), seguida de ayuda humanitaria (alimentos, medicinas) (20,5 %) y fortalecimiento institucional y gobernanza (10,3 %).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La minería ilegal que se desarrolla bajo el abrigo del Arco Minero del Orinoco ha permitido que esta práctica se expanda, que los grupos armados irregulares tomen el poder de los yacimientos, que la violencia se aplique en cualquier ámbito y que los pueblos indígenas estén cada vez más abandonados y vulnerables ante estas dinámicas que atentan contra sus territorios. Todo esto está incluido en el informe Memoria de la Amazonía venezolana en riesgo, que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó el pasado 6 de marzo.
La emergencia humanitaria y ambiental que viven los indígenas del sur del país se mantiene en las sombras. Una década sin demarcación de territorios, el irrespeto hacia la jurisdicción especial indígena de cada comunidad, el desmantelamiento de los centros de salud en los lugares más recónditos, la prevalencia de enfermedades como la malaria y la tuberculosis, la presencia de mercurio en sus cuerpos y la violencia han provocado que miles de miembros de los pueblos originarios migren o se aíslen, mientras que el Estado mantiene el silencio sobre su situación.
El informe muestra que la grave situación que atraviesan estas comunidades está documentada, aunque el gobierno no mantenga un registro público de la situación.
El documento es producto del seguimiento hecho por el Programa de Promoción de los Derechos Indígenas de Venezuela “Wayamoutheri”, el Observatorio Venezolano en Defensa de la Vida (Odevida), el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI), la organización ambientalista Clima21 y Provea, además de la información obtenida a través de testimonios y entrevistas a guardianes y monitores indígenas que habitan los nueve territorios ubicados en los estados Amazonas y Bolívar. Sus conclusiones revelan cinco verdades del actual ataque a la Amazonía venezolana.
Verdad 1: el espejismo de la demarcación y la jurisdicción indígena
Aunque la demarcación de tierras es un derecho consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), en la práctica es casi letra muerta y otra promesa incumplida del chavismo. Luego de varias etapas en las que el otorgamiento de títulos de propiedad colectiva arrancaba y se detenía, el proceso se paralizó totalmente en 2016 y dejó a miles de comunidades en una situación de vulnerabilidad jurídica ante las amenazas que los arropan.
Esta paralización “inconsulta” ha sido criticada por varias organizaciones indígenas y “ha generado gran preocupación en las comunidades originarias” porque sin estos títulos se “facilita la invasión de sus territorios, la expansión de la minería ilegal y la destrucción de sus recursos naturales”, señala el informe.
Los datos son contundentes. El Programa de Promoción de los Derechos Indígenas de Venezuela “Wayamoutheri”, realizó durante 2025 una consulta que revela que, de las 14.952.759 hectáreas solicitadas por las organizaciones indígenas en los estados de Amazonas y Bolívar, el Estado solo ha titulado 1.082.554 hectáreas. En otras palabras, solo 7,24% de las tierras ancestrales solicitadas han sido reconocidas legalmente. Esta carencia crea un “vacío sistémico”. Sin títulos de propiedad colectiva, los territorios quedan efectivamente desprotegidos por la ley.
Al problema de la falta de reconocimiento de los territorios, se suman los obstáculos que impiden que cada pueblo aplique su Jurisdicción Especial Indígena (JEI), un instrumento que permite a las autoridades legítimas de cada comunidad resolver conflictos internos basándose en sus usos, costumbres y tradiciones ancestrales, siempre que no contravengan la Constitución, la ley o los derechos humanos.
“El reconocimiento de los derechos y jurisdicción propia de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana está inmerso en un panorama convulso de conflictos socio ambientales que vienen afectando los territorios amazónicos con mayor intensidad desde el año 2016, cuando el gobierno venezolano aprobó e implementó el Arco Minero del Orinoco”, apunta el documento.
La no delimitación de la “frontera extractivista” ha fragmentado la estructura de los pueblos indígenas y les impide aplicar su JEI. Lo mismo pasa cuando desde la jurisdicción ordinaria se intenta estandarizar a todas las jurisdicciones indígenas como si fuesen iguales, o cuando se les pide a estas ultimas una serie de requisitos para que se conformen en las área de minería ilegal.
El Estado, además, ha fallado al no crear condiciones para que coexistan jurisdicciones especiales interculturales y también al desconocer a las autoridades legítimas y las tomas de decisiones de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres.
Verdad 2: el costo mortal de ser un guardián territorial
Los Guardianes del Territorio, defensores indígenas que vigilan sus tierras, promueven sus derechos y documentan las violaciones, operan en la Amazonía venezolana en un entorno de miedo generalizado. Interponerse en el camino de las ganancias extractivas a menudo resulta en una sentencia de muerte.
Estos defensores se enfrentan a amenazas hacia sus vidas que, en algunos casos, se han materializado en homicidios. De acuerdo con la ONG Odevida, hasta diciembre de 2024, al menos 48 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemón, Warao, Jivi, Yanomami, Uwottüja, Yekuana y Wayúu, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública o por grupos armados irregulares.
Entre las víctimas está Virgilio Trujillo Arana, un guardián uwottüja asesinado en junio de 2022, cuyo caso sigue estancado en el Ministerio Público. El caso más reciente es el de Joaquín Hernández (Ayukuweni), un líder ye’kwana a quien atacaron con golpes y armas blancas en septiembre de 2024 mientras descansaba en una hamaca en la casa de su hijo. Murió días después porque no pudo ser trasladado para que se trataran sus heridas. Se sospecha que sus victimarios son hombres que criticaban su resistencia a la minería.
Virgilio Arana, guardián uwottüja asesinado en 2022. Foto: Cortesía.
De acuerdo con el informe, otro fenómeno que afecta a las comunidades indígenas, sobre todo a la población joven, es el reclutamiento forzado que ejecutan grupos irregulares armados como las disidencias de las FARC o del ELN, que también están en el negocio de la minería ilegal.
“Odevida ha recibido denuncias de familias indígenas asentadas en las cercanías de Puerto Ayacucho (Amazonas) que aseguran que jóvenes de entre 15 y 18 años desaparecen de sus casas, y con el tiempo se dan cuenta que han sido reclutados, en el caso de referencia, por el ELN”, reseña el documento.
Verdad 3: el abandono del pueblo Yanomami
El derecho a la salud del pueblo Yanomami ha sufrido un cambio radical, pasando de una “crisis” a un total abandono total. Desde 2019, la red de salud pública del Alto Orinoco se ha desintegrado por completo. Se han desmantelado los ambulatorios, la presencia de personal médico y enfermeros es mínima, mientras que la escasez de insumos y medicamentos hace cuesta arriba que los locales puedan prestar servicios elementales. Además, los programas especializados para la malaria y la tuberculosis han dejado de funcionar y la red sanitaria está tan deteriorada que las “emergencias médicas deben ser evacuadas por vía aérea a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas”.
Un caso que ayuda a poner este drama en proporción es el de la comunidad de Parima B, donde solo hay un médico asignado para atender a 4.500 personas dispersas en 100 comunidades, algunas de las cuales solo son accesibles tras varios días de caminata. El resultado se mide en decesos: hubo aproximadamente 600 muertes solo en la región de Sierra Parima entre 2022 y 2025. La principal causa fue la malaria (vinculada a la deforestación que ocasiona la minería), la misma enfermedad que hizo que, a finales de 2025, en el sector de Shamatari, murieran 66 de los 112 residentes de una sola comunidad.
En menor medida, la tuberculosis también figura como causa de estas defunciones, así como infecciones respiratorias, hepatitis, desnutrición, entre otras.
El informe destaca que la presencia de garimpeiros brasileños en el Alto Orinoco es, por un lado, un factor de riesgo para la transmisión de enfermedades infecciosas (como las enfermedades de transmisión sexual), mientras que por otro ocasiona la desmovilización de los equipos de salud, que evitan las conflictivas zonas mineras. Todo esto sin contar con los abusos y violaciones a las que se ven sometidas las mujeres indígenas.
Otro problema que se visibiliza es que la ausencia de información epidemiológica y de datos sobre el sistema de salud en Venezuela impide que se conozca el alcance de los programas de salud, pero la prevalencia de enfermedades prevenibles por vacunación hace pensar que estas no están llegando a las comunidades más alejadas.
En otras zonas de la Amazonía también hay sistemas de salud deficientes. Se ha denunciado la falta de medicinas y equipos en el hospital de San Fernando de Atabapo, en el sur de Amazonas, y en los ambulatorios de las comunidades indígenas del sector. En los estados Bolívar y Delta Amacuro han aumentado los casos de malaria. En este último también hay altos índices de mortalidad por tuberculosis y VIH.
“El Estado venezolano está obligado a garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana, por lo que es prioritario que el gobierno nacional reactive los servicios y programas de atención en salud en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro y reactive de manera urgente el Plan de Salud Yanomani”, reclama el informe.
Verdad 4: legado de deforestación y mercurio
La organización Clima21 ha advertido sobre la aceleración de la deforestación en la Amazonía venezolana que, impulsada por la minería y la falta de políticas estatales, ha perdido un área equivalente al triple de la superficie de Caracas cada año.
No es la única que da esta alerta. Un informe elaborado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), asegura que Venezuela perdió 140.000 ha de bosques primarios en la Amazonía entre 2016 y 2020, y que las áreas protegidas más impactadas son los parques nacionales Caura, Canaima y Cerro Yapacana.
Los espacios fluviales tampoco escapan de los estragos de la minería ilegal, que ha sido la causa principal de la contaminación de “al menos 33 ríos amazónicos”. En 16 ríos de la región se ha comprobado la presencia de dragas que sacan el oro del lecho de los ríos.
Además de la destrucción medioambiental que deja tala de árboles, está también la que arrastra el envenenamiento químico del mercurio. La minería aurífera a pequeña escala depende de este elemento que se vierte indiscriminadamente en las cuencas fluviales venezolanas.
Las afectaciones de las comunidades indígenas llegan hasta cifras que son una tragedia. Un estudio solicitado por la organización Kuyujani en la cuenca del río Caura mostró que 92% de las mujeres examinadas tienen niveles de mercurio que superan los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo más grave es que 36,8% de estas mujeres corren un riesgo tan alto que es probable que den a luz a niños con trastornos neurológicos graves.
Verdad 5: los que migran y los que se aíslan
La migración y desplazamiento de indígenas de la Amazonía venezolana hacia Colombia y Brasil es una realidad. El principal motivo es la crisis sociopolítica y económica del país, pero también están los agravantes que implica esta emergencia, como las invasiones de la minería ilegal, la carencia de servicios públicos y de salud de calidad, la peligrosa presencia de grupos irregulares armados en sus territorio y la violencia que traen.
Mientras que los indígenas de Amazonas se van hacia la frontera con Colombia (algunos por períodos cortos para ganar dinero y, luego, volver a sus comunidades), los de Bolívar huyen a Brasil. En este último grupo están también los Waraos, que desde 2014 han salido de sus territorios y cruzan todo Bolívar (el estado más grande del país) para establecerse en los estados fronterizos de Brasil e incluso en otros más.
Además de estas movilizaciones, hay otras comunidades indígenas que han decidido dejar de interactuar con quienes no pertenecen a su pueblo. Estos cuatro grupos que viven en “aislamiento voluntario” o “contacto inicial” pertenecen a los pueblos jödi, yanomami, uwottüja y eñepá. Todos poseen una profunda “vulnerabilidad inmunológica” a los patógenos que transmiten los mineros ilegales.
El Estado evita hablar del tema. En los foros internacionales, los funcionarios venezolanos niegan con frecuencia la existencia de estos pueblos, alegando que todos los grupos indígenas están “plenamente integrados”. Esa posición ha sido sostenida desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también desde el de Pueblos Indígenas
“Hasta la fecha no existe un reconocimiento expreso por parte del Estado venezolano, ni por vía administrativa, legislativa o judicial, que asuma la existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial. Esta falta de reconocimiento estatal, impide que se implementen medidas específicas para reconocer sus derechos y, por ende, protegerlos debidamente de las diferentes amenazas que los afectan”, reseña el documento.
Desde Chile, la líder opositora María Corina Machado, destacó los avances en el camino hacia la transición en Venezuela al tiempo que destacó que aún persisten retos “enormes”, al referirse a que al menos 505 personas siguen siendo presas políticas en el país, “muchas veces torturados, desaparecidos e incomunicados”.
Acompañada de su equipo de comunicación y de sus asesores más cercanos, Machado insistió en que “solamente habrá paz en Venezuela con libertad, y solo habrá libertad con democracia“, lo que para ella implica permitir “que todos los venezolanos, de manera libre y sin restricciones, podamos encontrarnos en ese clamor de ejercer nuestro derecho a decidir nuestro futuro”.
“Para muchos demócratas en el mundo el cambio de banda es previsible. A mí se me salían las lágrimas de admiración, de envidia, es algo por la que miles de demócratas en Venezuela hemos dado hasta la vida”, expresó Machado, en referencia a poder haber presenciado la transmisión del poder de ese país a José Antonio Kast.
Indicó que Kast le ratificó su apoyo al proceso de transición democrática en Venezuela, agradeció ese gesto e insistió en la importancia de rescatar la democracia en el país.
“Yo escucho analistas que excluyen una variable: la gente. Para ellos, la gente no importa, y la gente es el todo. No estaríamos aquí si no fuera por la gente, los venezolanos, por el amor a nuestra tierra, hijos y libertad (…) Nosotros hemos puesto el valor de la libertad incluso por encima del valor de la vida, por eso la gente importa y no nos vamos a dejar. No es un poquitico de una libertad ficticia, es full democracia, full libertad y full justicia, nada menos de eso, no nos vamos a conformar”.
La dirigente de Vente Venezuela recalcó que el gobierno de Donald Trump es un aliado “fundamental” en el rescate de la democracia en Venezuela y se refirió a los hechos del 3 de enero como una muestra de la “justicia internacional” ante una “estructura criminal”.
Insistió en que los venezolanos aspiran la legitimación de todos los poderes públicos a través de elecciones: “Mi regreso a Venezuela está basado en eso, en continuar una lucha que ha sido cívica, organizada. Nos han provocado, atacado, perseguido, encarcelaron a nuestros compañeros y mataron a otros (…) Caos son ellos, nosotros somos la garantía de avanzar de manera cívica, ordenada, pacífica y firme. Porque no confundan civismo con debilidad”.
“Delcy Rodríguez es responsable directa de violaciones a DD.HH”.
Machado recalcó que los venezolanos no podrán retornar a su país mientras “los criminales que los hicieron huir sigan en el poder, y siguen en el poder”. Aprovechó ese punto para recordar que el secretario de Estado, Marco Rubio, planteó una estrategia en tres fases “que están avanzando” y que son “simultáneas, no sucesivas”.
Sobre la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, comentó que “es parte medular y fundamental de la estructura criminal de Nicolás Maduro” y la responsabilizó de varias irregularidades.
“Ha sido el vínculo con Hezbolá. Como vicepresidenta, la cabeza que dirigía toda la estructura de represión y tortura civil. Es responsable directa”, aseguró.
Añadió que en esta primera fase del plan de Estados Unidos, el gobierno de Trump le ha dado “instrucciones para que desmonte la estructura represiva que ellos armaron” y que eso está en proceso.
Machado también aseveró que su eventual retorno a Venezuela será un proceso “armonioso y coordinado” con la comunidad internacional.
Más frases de Machado
“Cuando salimos del Congreso y descendí vi a una niñita venezolana, llorando, me acerqué y la besé. Y me dijo: ‘María Corina, llévame contigo de vuelta a Venezuela’. Y yo le dije que se lo prometía, que hacía lo que estoy haciendo para que pudiera volver. Casi 700 000 venezolanos viven en este país, son personas de bien (…) tuvieron que salir para salvar su vida, pero quieren volver”.
“Venezuela será libre y los venezolanos que han sido forzados a dejar su tierra regresarán a su país”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, confirmó el reconocimiento oficial de su administración al gobierno encargado de Delcy Rodríguez como la autoridad legítima de Venezuela.
“Me complace decir que esta semana formalmente hemos reconocido al gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente. Acabamos de alcanzar una meta histórica, el acuerdo del oro con Venezuela, para permitir que nuestros dos países trabajen juntos para facilitar la venta de oro venezolano y otros minerales. Ellos tienen buenas cantidades de oro y buena tierra, muy buena tierra, pero el sistema no les permitió aprovechar el valor de su tierra”, expresó el mandatario estadounidense.
Durante su intervención en la cumbre Escudo de las Américas en Miami, el pasado 7 de marzo, Trump calificó el desempeño de Delcy Rodríguez como un “gran trabajo”, pero, ¿qué implica este reconocimiento y cuál es el alcance? Aquí te lo explicamos en cuatro claves.
Reconocimiento al gobierno encargado
El gobierno de Donald Trump presentó una “Declaración de Interés” ante un tribunal federal en Nueva York que reconoce a Rodríguez como la única jefa de Estado de Venezuela. El documento, fechado el 10 de marzo de 2026 y firmado por el embajador Michael G. Kozak del Departamento de Estado, se realizó debido a que los tribunales estadounidenses requieren determinar quién representa legalmente al Estado venezolano.
El funcionario Kozak hizo énfasis en que el gobierno norteamericano no reconoce a Maduro como jefe de Estado desde el 23 de enero de 2019 y que dicha falta de reconocimiento “continúa hasta el presente”.
La finalidad
El mismo documento donde reconocen a Delcy Rodríguez, señalan que “la normalización facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política de Venezuela”.
“Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, se lee en el texto.
Supervisión
El documento deja claro que mientras se normalizan las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, Estados Unidos seguirá examinando de cerca las transacciones con las autoridades interinas, “utilizaremos la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional y otras herramientas disponibles para trabajar por un futuro mejor para el pueblo venezolano”.
Reconocimiento condicionado
Según explicó el abogado Nizar El Fakih a la periodista María Alesia Sosa, el reconocimiento a Delcy Rodríguez es “condicionado” para facilitar una transición que permita conducir a unas elecciones democráticas. El abogado señaló que ese reconocimiento es “reversible”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
