¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 16 de marzo,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
En teoría, la reparación es un derecho constitucional que obliga al Estado venezolano a restituir, dignificar y atender a cualquier persona víctima de violación de sus derechos humanos o daños causados por el funcionamiento de la administración pública. En la práctica, ese derecho se queda solo en papel: las víctimas continúan su vida a pesar de las secuelas físicas, los daños emocionales, sin el reconocimiento y en total impunidad.
María Corina Machado: “negar la amnistía selectivamente es represión”
Lo que rompe en redes
Confusión e incertidumbre entre los pasajeros luego del accidente en la estación La Rinconada del ferrocarril de los Valles del Tuy. Autoridades reportaron ocho heridos, todos en condición estable.
ÚLTIMA HORA | Confusión e incertidumbre entre los pasajeros luego del accidente en la estación La Rinconada del ferrocarril de los Valles del Tuy
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hay tragedias que no solo enlutan a una familia: estremecen la conciencia de toda una sociedad. La noticia de que dos niños —porque no han llegado a la adolescencia, el mayor tiene 12; y, el otro, 11 años— hayan asesinado a su padre y a su madre respectivamente, en este principio de año, tras ser castigados con la suspensión del celular y la consola de videojuegos, es una de esas realidades que nos obligan a mirarnos en el espejo colectivo.
No se trata únicamente de dos crímenes atroces: uno le disparó a su padre en la sien mientras dormía y el otro le dio un batazo en la cabeza a la mamá. Se trata de un síntoma. Un síntoma de algo que, silenciosamente, ha venido gestándose durante años en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestras conversaciones —o en la ausencia de ellas—. Cuando la vida pierde valor frente a un objeto, cuando la frustración se transforma en violencia letal, algo esencial se ha resquebrajado en el tejido moral de la convivencia humana.
Quizá lo más perturbador no sea solo el hecho en sí, sino la frialdad con la que los niños habrían enfrentado las consecuencias de sus actos. Una frialdad que llevó a los jueces a tomar la difícil decisión de procesarlos como adultos. Esa determinación, más allá del debate jurídico que pueda suscitar, revela la magnitud del desconcierto social ante comportamientos que escapan a toda lógica emocional conocida.
Nos preguntamos entonces: ¿en qué momento dejamos de escuchar? ¿Cuándo sustituimos la formación del carácter por la satisfacción inmediata? ¿En qué instante permitimos que las pantallas se convirtieran en el principal interlocutor de la infancia?
Vivimos en una época de avances extraordinarios y, paradójicamente, de profundas carencias afectivas. La tecnología, que llegó para acercarnos, ha terminado muchas veces aislándonos. Los hogares, que deberían ser espacios de diálogo y contención, se transforman con frecuencia en territorios fragmentados donde cada quien habita su propio universo digital.
No se trata de demonizar a los padres, ni a los dispositivos, ni de idealizar un pasado que tampoco fue perfecto. Se trata de asumir la responsabilidad compartida de educar en límites, en empatía, en tolerancia a la frustración. Valores que no se descargan ni se actualizan con un clic, sino que se cultivan con tiempo, presencia y coherencia.
La verdadera tragedia no es solo la pérdida irreparable de dos vidas. Es la evidencia dolorosa de que estamos fallando en enseñar a nuestros niños a vivir en sociedad, a reconocer el valor del otro, a comprender que la libertad no puede existir sin responsabilidad.
Tal vez este comienzo de año nos deje una lección que no deberíamos ignorar. Porque cuando la violencia brota desde la infancia, no es únicamente la justicia la que debe actuar: es la sociedad entera la que tiene que replantearse sus prioridades.
De lo contrario, seguiremos contando tragedia sin entender que, en el fondo, todas hablan de nosotros mismos.
He escrito, desde 1999, algunos textos sobre la paz como derecho humano, desde cuando hiciese mi primera intervención sobre dicho asunto en la asamblea general de la UNESCO, en París, sumándome después, para su defensa, a un grupo de hombres eminentes y de mayor experiencia como el fallecido jurista checo-francés Karel Vasak, pionero de las generaciones sobre derechos humanos y el profesor noruego Absjørn Eide, que alertó a la ONU y a sus Estados miembros sobre “la inmensa dificultad de encontrar soluciones pacíficas una vez que la violencia escala”.
Bajo la dirección de Federico Mayor (1934-2024) hicimos lugar a un proyecto de declaración universal preparado en Oslo, de cuya elaboración participan, además, el brasileño A .A. Cançado Trindade (1947-2022), juez de la Corte de La Haya; Janusz Symonides (1938-2020), catedrático polaco; el excanciller uruguayo Héctor Gros Espiell (1926-2009); el tunecino Rafaâ Ben Achour, actual juez de la Corte Africana de Derechos Humanos; Raymond Ranjeva, jurista malgache también miembro que fue de la Corte Internacional de Justicia; Emmanuel Roucounas, exjuez ad hoc en La Haya y miembro de la Academia de Atenas; y Claudio Zanghi, profesor emérito de La Sapienza. Tal proyecto sensiblemente encalló en mis manos cuando presidí la Comisión Redactora instalada en la sede de la UNESCO, para su aprobación definitiva por los expertos de los Estados, en 1998.
Las democracias europeas y las industrializadas –no así los países del Sur, americanos, africanos, los del Medio Oriente– consideraron al pretendido derecho humano a la paz como una categoría moral, jamás reducible a obligaciones jurídicas. “La paz es una aspiración, más que un derecho”, predica la delegada finlandesa, mientras Francia cuestiona la intromisión en este asunto, por reservado a la ONU (La paz ¿un derecho?, UNESCO, Revista Fuentes, París, 1998). Uno que otro diplomático, en la circunstancia y en arresto de sinceridad, me hace saber que estaba bien lo de la paz como derecho, pero una vez como sus gobiernos concluyesen las acciones contra el terrorismo en avance.
Aun cuando el ruido de cañones no sea hoy tan estruendoso como en el siglo XX, ya que la guerra es distinta y diferente en su generación, deja víctimas, tantas como en el pasado pero instantáneas y deslocalizadas. Los teatros de la guerra no se delimitan y hasta la virtualidad de las redes sociales queda comprometida en el desempeño bélico, pues son, como paradoja, el teatro posmoderno de la violencia. Impone narrativas y las falsifica, mostrándolas como veraces, haciendo imperar y generalizar la lógica de poder y favoreciendo la instalación de los populismos y despotismos de nueva data. “Dictaduras del siglo XXI”, las califica el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado.
Viene a ser Donald Trump “el eco de un colapso más profundo. Un mundo que se hunde bajo el peso de sus propias contradicciones: inestabilidad geopolítica, democracias corruptas, imperios criminales, transnacionales y un planeta devorado por su propia negación”, escribe Armando Johan Obdola. Por lo mismo, en la reciente reedición de mi libro sobre El derecho humano a la paz(2023) hago propia la pertinente afirmación de papa Benedicto XVI: “Sabían –Adenauer, Schumann, De Gasperi, De Gaulle– que la política no puede ser mero pragmatismo, sino que debe ser un asunto moral: el objetivo de la política es la justicia y, junto con la justicia, la paz. El orden político y el mismo poder deben manar de los criterios fundamentales del derecho”.
Tras el cese inevitable de la violencia que anega y en su momento, como siempre llegará otro pacto por la paz. La necesaria revisión de las categorías del orden internacional que se han ido al fondo del abismo, y las razones de ello, se impondrá ante el drama o dilema que, al cabo, ha de afrontar el siglo XXI: ¿acaso medraremos entre la dictadura de lo digital, a manos de plataformas que serán siempre aristocráticas, y de un orden o «derecho internacional global» cuyas reglas solo podrán asegurarlas, dentro de sus espacios geopolíticos y en consonancia con sus intereses, las dos potencias supremas que emergen, Estados Unidos y China? ¿Qué espacio tendrá allí la gente y su aspiración connatural, la de ser libres para desarrollar libre y «soberanamente» sus personalidades, con mínimas interferencias por los poderes capaces de repartir potencias, disminuirlas, o negarlas a su arbitrio?
Dos cuestiones están sobre la mesa y para su desbroce. Una es el mito de la soberanía y su desnaturalización o perversión a partir de 1945, concluida la Segunda Guerra Mundial. Tanto que, aguas abajo, llegado el siglo corriente se abandonó la idea del poder sujeto a competencias regladas. Y así como en lo interno el Estado desafía y desacata las decisiones adjudicativas y heterónomas adoptadas por sus órganos de control constitucional, en lo internacional viene desacatando, sin consecuencias eficaces, la jurisdicción que se les sobrepone de acuerdo con el Derecho de gentes. Los casos de Colombia y de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, las protestas de sus gobiernos como de Israel y El Salvador frente a sus propios tribunales constitucionales, y la sistemática denegación de justicia como la simulación de estar administrándola, por la Corte Penal Internacional, son más que ilustrativos.
La otra es, la de las posibilidades de resurgimiento de esa idea matriz elevada a norma de orden público internacional, que ataba a los repartidores supremos o intermedios de los repartos de potencia en el mundo –quienes ahora se sientan en el cuadripléjico Consejo de Seguridad de la ONU– como a sus recipiendarios, los Estados sin potencia global y sus naciones, aspirantes a gozar de la potencia de la libertad, como es la del respeto universal de la dignidad humana. Todavía resuena, desde Oslo y en su Comité Nobel de la Paz, la admonición: “No habrá paz sin democracia”.
La democracia no es ni se reduce, como ayer, al procedimiento del voto o al discernimiento entre la potencia mayor y relativa de las mayorías. Como derecho humano totalizante y emergente: el derecho a la democracia, que han de garantizarlo todos los repartidores de poder sobre la base de reglas o repartos autónomos y no de mandatos autoritarios, implica siempre la garantía de la separación y del balance de poderes como de la alternabilidad en el ejercicio del poder. Sin ello mal podría realizarse «la soberanía de la libertad». Y esta es, en suma, la ecuación que se ha roto. La que nos ha conducido a todos y, ante todo, a la reinante paz de los sepulcros, al imperio del miedo en un mundo más ganado para la cultura del relativismo, en medio de una instantaneidad adánica sin códigos genéticos.
El mito de la soberanía
Un clásico acerca de la soberanía, como variable dentro de la teoría clásica del Estado y en su relación fundacional con el derecho internacional moderno, es la obra del jurista alemán Hermann Heller (1891-1933). Era crítica de la célebre teoría pura del derecho escrita por su colega y filósofo, el checo Hans Kelsen (1881-1993). El primero, situado dentro de su perspectiva vital, asumiendo una visión «trialista» acerca del derecho y las normas, aun siendo el maestro Werner Goldschimidt, citado repetidas veces, quien la desarrolla como método, aborda en su texto la problemática entre el poder y el orden. Es el dilema contemporáneo. Es otra vez la cuestión central de actualidad.
Heller, justamente, reclama que se tenga un claro entendimiento de que las cuestiones del poder son siempre sociológicas. Un verdadero jurista, tanto como los que se ocupan de las relaciones internacionales, no puede obviarlas cuando se aproxima al estudio del orden normativo al que estas se sujetan, a menos que decida abstraerse de los elementos causales implicados para no resolver los problemas de fondo.
La cuestión puede resultar escabrosa para la opinión general. No obstante, esta, como observadora de la dinámica del poder, inevitablemente sesgada, incluso al mostrarse neutral, de ordinario simplifica las circunstancias de nuestro tiempo; como cuando afirma o niega su apoyo a las acciones bélicas, de nueva generación, emprendidas como respuestas al caos deconstructivo; o como cuando declara, sin más y sin motivo, que estas son o no son abiertamente violatorias del derecho internacional vigente.
La cuestión de la efectividad o no, o de las lagunas por el cambio de las realidades, es algo que la tiene sin cuidado. No pocos juristas, incluso, no elevaron su voz con el mismo tono a como lo hacen frente a Estados Unidos o Israel, cuando Rusia, en 2022, repite su agresión contra Ucrania y su pueblo, iniciada en 2014.
Todo problema jurídico, sostiene el autor del texto La soberanía (Universidad de Costa Rica, 1982), “sin excepción, tiene sus raíces, de un lado, en la sociología y del otro, mirando hacia arriba, en la esfera de lo ético-político”. Cuando menos, tal como lo pensamos, se trata de una aproximación necesaria e insoslayable al momento de valorarse las crisis de las normas o sus faltas de aplicación –pensemos en las constituciones de cada Estado o en los tratados internacionales– a fin de rescatarlas, relegitimarlas, y volver a dotarlas de eficacia.
En tiempos de paz es dable y razonable que los juristas dejen de lado lo heurístico, concentrándose en lo exegético y formal de las normas con vistas a exigir sus cumplimientos, ora por los poderes de los Estados, ora por los ciudadanos, y para demandar responsabilidades y reparaciones de daños cada vez que sean incumplidas por estos. Mas no es el caso desde 1989, cuando por el mismo avance del fenómeno posmoderno de la deconstrucción cultural y de los patrones de comportamiento conocidos, no pocos arguyen la debilidad sobrevenida en el Estado y el desencanto con las instituciones de la libertad; al punto que han propiciado en lo interno movimientos constituyentes y de reforma iliberal de sus propios sistemas constitucionales, al margen de los mandatos de constituciones precedentes.
La comunidad jurídica internacional moderna, la emergida tras la Segunda Gran Guerra del siglo XX, al término la forman estos mismos Estados soberanos en crisis terminal. Son los que integran las organizaciones internacionales universales y regionales, desde las que administran sus posiciones de poder e intereses ideológicos sobrevenidos, tamizando la autoridad del orden público estatuido, como el relativo a la protección universal de derechos humanos. Huelgan los casos.
Lo cierto es que, de cara al olvidado Holocausto y sus juicios de Nuremberg, al aceptarse hasta ayer que las soberanías alegadas por los Estados para decidir sobre las cuestiones internacionales le permitían a estos el hacer privar al pragmatismo del poder y sus intereses evitándose conjugar conforme a la función categorial de la Justicia, el propio mundo le puso pies barros a la utopía soberana.
Una mala lectura de la obra de Juan Bodino (1530-1596), que afirmó el poder “absoluto y perpetuo de una república” al objeto de que cada nación pudiese separarse de la teocracia romana, pudiese librarse del confesionalismo para hacer emerger Estados laicos como expresión del derecho a la libertad de conciencia y de religión, es lo que igualmente ha llevado a la traición de los fundamentos contemporáneos del derecho internacional.
Lo de observar en forma conclusiva, ante la volatilidad de los tiempos por venir, es que, así como a inicios del corriente siglo y sobre el desafío que planteó el «quiebre epocal» de 1989 sin ser atendido, el Informe Caputo del PNUD sobre la democracia (2004) y la misma ONU, con su Agenda 2030, se han propuesto rescatar y volver como solución, ante la globalización, al fortalecimiento del Estado soberano, en una hora en la que la soberanía, como ejercicio de poder absoluto, ha desaparecido. Y esa agenda, paradójicamente, mientras las potencias globales se alinean y/o se tensan para controlar al mundo desde las aceras de la economía, optó y se limita a defender derechos humanos al arbitrio, de novísima generación, sin Estado de derecho ni democracia, a los que estima de irrelevantes.
En teoría, la reparación es un derecho constitucional que obliga al Estado venezolano a restituir, dignificar y atender a cualquier persona víctima de violación de sus derechos humanos o daños causados por el funcionamiento de la administración pública. En la práctica, ese derecho se queda solo en papel: las víctimas continúan su vida a pesar de las secuelas físicas, los daños emocionales, sin el reconocimiento y en total impunidad.
Las violaciones a los derechos humanos abarcan desde detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, persecución política hasta el uso excesivo de la fuerza, hechos que se volvieron recurrentes a partir del año 2014 con las protestas antigubernamentales y el reclamo de la disidencia por un cambio político, económico y social.
Frente a estas violaciones, la Constitución es explícita y en elartículo 30 señala la obligación que tiene el Estado a indemnizar integralmente, restituir derechos y adoptar medidas para hacer efectiva la reparación. El artículo 31, por su parte, garantiza que las víctimas puedan acudir a instancias internacionales para el amparo de sus derechos, y exige al Gobierno cumplir las decisiones esos organismos, pero abogados y defensores de derechos humanos como Martha Tineo y Alí Daniels coinciden en que si bien el marco legal es robusto, en Venezuela no se aplica y tampoco hay quien lo defienda o vele por su cumplimiento.
En un intento de “reconciliación nacional”, el gobierno de Delcy Rodríguez —avalado por los Estados Unidos— aprobó la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, pero la normativa no contempla mecanismos de reparación para las víctimas lo que ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Para muchas familias venezolanas víctimas de violaciones a los derechos humanos, la reparación se ha convertido en un derecho al que pocos aspiran y la mayoría desconoce. Mientras el Estado venezolano demuestra una y otra vez su capacidad represiva, las víctimas y sus familiares cargan solas con las secuelas emocionales y psicológicas de historias de injusticia, horror y abusos de poder.
Un ejemplo evidente es el centenar de madres que perdieron a sus hijos en las protestas antigubernamentales de 2014, 2017, 2019 y 2024 quienes, en la mayoría de los casos, no han sido reparadas de ninguna manera por el Estado. También las ejecuciones extrajudiciales presentadas ante la opinión pública como “enfrentamientos” o “resistencia a la autoridad” desde el año 2015 y que dejaron más de 560 muertos en apenas dos años.
¿Qué implica reparar?
La reparación es un proceso que no solo se centra en una indemnización económica, el tema es más extenso y profundo, y debe tener como bandera: verdad, justicia, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición.
La reparación implica reconocer públicamente el daño causado, investigar a los responsables, limpiar el nombre de las víctimas y ofrecer soluciones que permitan reconstruir la vida que fue truncada.
Martha Tineo, abogada y directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) sostiene que en una persona que ha sido víctima de violación a sus derechos humanos “las formas de reparación pueden ser tan amplias como lo es la dimensión del daño”.
Para la abogada, una reparación debe ir más allá de una indemnización económica porque no hay manera de cuantificar económicamente un daño. Explica que la reparación integral en la mayoría de los casos es lo ideal. “El reconocimiento a la víctima del daño causado, contar la verdad y dignificar el nombre de la persona es de gran importancia”, sumó Tineo.
La directora de la ONG señala que en el caso de las personas que han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales o asesinatos en protestas, una reparación es “más difícil”, porque nadie puede devolverle la vida a un ser querido que murió. Sin embargo, sostiene que en estos casos una manera de reparar es principalmente con la justicia, pero también con la creación de museos, escuelas, plazas y monumentos históricos con el nombre de la persona, que contribuyan y aporten a la construcción de la memoria histórica y que, al mismo tiempo, sea una base fundamental para generar garantías de no repetición.
“En la medida en que se hace un relato de la verdad y se construye memoria en consecuencia, hay una conciencia colectiva del daño que se causó y en tanto, se supone que las intenciones se mueven a generar garantías de no repetición, para que esos horrores no vuelvan a suceder”, explicó.
Un tema fundamental en cualquier forma de reparación es que haya justicia en cada caso. Es decir, que los responsables de esos crímenes sean llevados ante la justicia y se impongan las responsabilidades legales, penales y administrativas.
¿Qué debe hacer el Estado?
El abogado, defensor de derechos humanos y fundador de la ONGAcceso a la Justicia, Alí Daniels, coincidió con Martha Tineo en que el espectro de las reparaciones es más amplio que una reparación material y muchas de ellas tienen que ver con reparaciones simbólicas, donde el Estado le haga sentir a las víctimas que efectivamente se tiene la voluntad de que esa violación a los derechos humanos no vuelva a ocurrir.
Para Daniels, el primer paso que debe dar el Estado en los casos donde haya habido violaciones a los derechos humanos es el reconocimiento y aceptación del hecho. Luego, debe establecer mecanismos expeditos y accesibles para que las personas hagan su reclamo y obtengan medidas de reparación.
“Pero ni lo uno ni lo otro. Se necesita un cambio mucho mayor de lo que está ocurriendo para que el Estado tenga siquiera la voluntad, ya no digo de reparar, sino siquiera de investigar, porque al momento no conocemos ninguna investigación ni ninguna sanción a los responsables de los abusos que se han realizado en la represión desde el año 2014 para acá”, explicó Daniels.
Venezuela no cumple estándares internacionales
La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, principales sistemas de protección internacional, establecen que la reparación debe ser integral, es decir, abarcar todas las dimensiones del daño. Estos organismos también exigen que se considere el impacto diferenciado en mujeres, niños, personas LGBTIQ+, indígenas, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.
Sobre este punto, los abogados y defensores de derechos humanos Martha Tineo y Alí Daniels coinciden en que Venezuela está “muy lejos” de cumplir con los estándares internacionales de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Daniels explicó que actualmente no existe ni siquiera una estructura a la cual pueda acudir un venezolano en busca de justicia porque no existe la independencia de poderes.
“Un ciudadano que ve vulnerados sus derechos en Venezuela, no se le pasa por la cabeza ir a la Fiscalía o ir a la Defensoría del Pueblo o a ningún otro órgano de protección de derechos, porque sabe que va a perder el tiempo”, expresó.
El director de la ONG Acceso a la Justicia sumó que mientras no haya un Poder Judicial imparcial e independiente, no habrá manera de que se puedan generar reparaciones en casos de crímenes de lesa humanidad.
En comparación con otros países, Alí Daniels señaló que en Colombia, México y Brasil existen mecanismos de reparación y es frecuente que se interpongan acciones en contra del Estado que son declaradas a lugar, pero el abogado recalcó que la diferencia de esos tres países con Venezuela es que en ellos hay democracia plena.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La dirigente política y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano, exigió al estado venezolano informar de manera inmediata el paradero del preso político Víctor Hugo Quero Navas (51).
A través de su cuenta en X, Solorzano informó que Víctor Quero, detenido arbitrariamente el 1 de enero de 2025, lleva ya 14 meses desaparecido.
Carmen Teresa Navas, de 81 años, ha recorrido cárceles e instituciones públicas sin obtener información sobre el paradero de su hijo.
“Cuando una persona es detenida por el Estado y las autoridades se niegan a informar su paradero, estamos ante una desaparición forzada”, señaló la exdiputada y agregó que la Constitución en su artículo 45, establece que ninguna autoridad puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas, ni siquiera en estados de excepción.
La desaparición del preso político Víctor Hugo Quero Navas, detenido arbitrariamente el 1 de enero de 2025, es un hecho de extrema gravedad que compromete la responsabilidad del Estado venezolano.
Su madre, la Sra. Carmen Teresa Navas, de 81 años, ha recorrido cárceles e…
La presidenta de Encuentro Ciudadano aseveró que el caso de Víctor Quero Navas evidencia un patrón de graves violaciones de derechos humanos que se ha consolidado en Venezuela, donde la detención arbitraria, la incomunicación y las desapariciones forzadas se han convertido en mecanismos de persecución política.
“Tal como advertí cuando fue aprobada, la llamada amnistía no se está aplicando automáticamente, sino que queda a discreción de jueces que durante años han sido instrumentos de la persecución política”, aseveró Solorzano.
Cambian a equipo del Cicpc que investigaba el caso
Una nota publicada por el portal web El Pitazo reseñó que la señora Carmen Navas fue citada este viernes en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caracas, donde le informaron que el equipo de ese organismo que investiga la desaparición de su hijo, fue cambiado.
La información la confirmó a El Pitazo la coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, quien dijo que a la señora Navas la interrogaron durante casi cinco horas pese a su avanzada de edad, una entrevista de la que salió afónica por la cantidad de preguntas que le hicieron para actualizar a los nuevos funcionarios sobre las denuncias que ha hecho sobre su hijo.
“Le explicaron que había un grupo a cargo de la investigación. En virtud de toda la presión mediática habían designado a este nuevo grupo, por eso ellos necesitaban hacerla una entrevista amplía de toda la información familiar necesaria y ahora viene la parte de ellos de investigar el paradero y la situación de Víctor”, aseguró la abogada y defensora de derechos humanos.
¿Es correcto hablar de desaparición forzada en este caso?
De acuerdo con lo explicado por defensores y organismos internacionales, es preciso hablar de desaparición forzada cuando las autoridades niegan información sobre el lugar de reclusión de un detenido o se niegan a reconocer la privación de libertad.
El artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personasdefine en su artículo II que se considera como tal “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
En mayo de 2025, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno venezolano a cesar las detenciones en condiciones de aislamiento e incomunicación y señaló que, a menudo, esta práctica equivale a desapariciones forzadas.
“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional,” afirmó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en ese reporte.
Mientras que Amnistía Internacional (AI) publicó un informe titulado“Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela en julio de 2025, en el que denunció que la desaparición forzada de personas opositoras, disidentes y ciudadanos extranjeros en Venezuela se consolida como parte de un ataque “sistemático y generalizado contra la población civil”. En los casos analizados en el documento, encontraron denominadores comunes.
“Las autoridades negaron información sobre las detenciones de todas estas personas. Cuando las reconocieron, negaron información sobre su suerte o paradero. Sus familiares acudieron incansablemente a organismos gubernamentales, fiscalías, el poder judicial y diversos centros de detención para intentar localizar a sus seres queridos, sin obtener respuesta”, relataban entonces, la misma situación que le ha tocado vivir a la señora Carmen Teresa Navas, madre de Quero.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Kurios Education, el puente entre las comunidades académicas y la tecnología, junto al Banco Nacional de Crédito (BNC), anuncian la celebración de Kurios Competition 2026. Este evento, consolidado como el encuentro de innovación educativa más importante del país, reunirá a miles de estudiantes de entre 7 y 18 años bajo una narrativa de intriga y desafíos: “Misión Secreta”.
La cita será el sábado 21 de marzo en “Espacio Caracas” (Centro Comercial Líder). Esta edición proyecta una experiencia inmersiva donde la tecnología y la estrategia se fusionan para liberar el potencial de los agentes del futuro. El evento contará con la participación de 140 instituciones educativas y más de 2000 estudiantes de todo el territorio nacional.
Durante el desarrollo del evento, los participantes pondrán a prueba sus habilidades y talentos en áreas de robótica, programación, investigación, emprendimiento y diseño para superar obstáculos tácticos, mientras que en los espacios de innovación y tecnología la creatividad se aplicará a soluciones tangibles que fomenten el pensamiento crítico.
“En Kurios no solo impulsamos la innovación tecnológica, sino que creamos espacios para el desarrollo del talento, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico en los jóvenes”, afirma José Balza, cofundador de Kurios Education.
Vía a la excelencia internacional
Un componente fundamental será la fase clasificatoria para la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2026, la feria de ciencias e ingeniería para educación media más prestigiosa del mundo. Kurios Competition es la vía oficial en Venezuela para que los jóvenes talentos opten por becas y reconocimientos globales en Estados Unidos.
El evento se encuentra abierto a toda la comunidad y al público en general, extendiendo la invitación mucho más allá del ámbito escolar. Con el fin de asegurar la comodidad de los más de 6.000 asistentes previstos, la organización dispondrá de una logística de primer nivel que ofrecerá una experiencia integral tanto a los competidores como a las familias visitantes.
Kurios es la organización líder dedicada a la transformación de la enseñanza en colegios a través de programas avanzados de robótica, programación, finanzas, emprendimiento y tecnología. Con el objetivo de formar a los líderes del mañana, Kurios diseña ecosistemas de aprendizaje que integran herramientas técnicas con el desarrollo de habilidades STEM, fomentando una educación transformadora, sostenible y profundamente humana. A través de iniciativas como el Torneo Nacional de Robótica y Tecnología, la organización impulsa el talento joven venezolano hacia escenarios de excelencia internacional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La líder de oposición María Corina Machado respondió enérgicamente a la negativa de un tribunal de conceder la amnistía al abogado Perkins Rocha.
A través de su cuenta en X, Machado aseguró que “negar la amnistía selectivamente es represión” y agregó que el régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, que ya están tan cerca.
La líder de oposición afirmó que Venezuela decidió ser libre y que se ha “avanzado muchísimo” en este proceso.
“Hoy, con cada abuso del régimen no nos paralizan, sino que se fortalece la convicción de que este proceso es indetenible. Es muy emocionante ver cómo los venezolanos dentro y fuera del país cada día recuperan su voz y los espacios secuestrados”, señaló.
Machado aseguró que Rocha “es un ciudadano ejemplar”, además de “un hombre valiente, un extraordinario padre de familia y un excelente jurista”.
“El régimen lo secuestró durante 17 meses por la potencia y precisión de su palabra. Por decir y defender la verdad. Hoy sigue preso en su casa con un grillete electrónico en el tobillo y le niegan la amnistía”, dijo.
Negar la amnistía SELECTIVAMENTE es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la Libertad en Venezuela, que ya están tan cerca.
La ONG Foro Penal criticó la negación de amnistía que han denunciado algunos de los que solicitaron el beneficio.
Alfredo Romero, presidente del Foro, fue uno de los voceros en llamar la atención sobre esto al calificar de “complicidad” de jueces y fiscales en esta denegación, pese a que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó una Ley de Amnistía para tramitar la libertad plena a cientos de presos y presas políticas del país.
“Voy a decir algo muy obvio: los jueces o fiscales no pueden justificar su complicidad, encubrimiento o actuaciones —como negar amnistías o violar derechos humanos, por ejemplo el derecho a la defensa— alegando que actuaron por recibir órdenes superiores”, dijo en su cuenta de la red social X.
Voy a decir algo muy obvio: los jueces o fiscales no pueden justificar su complicidad, encubrimiento o actuaciones —como negar amnistías o violar derechos humanos, por ejemplo el derecho a la defensa— alegando que actuaron por recibir órdenes superiores
El tribunal encargado de la causa rechazó la solicitud de amnistía presentada a favor de la periodista Nakary Mena Ramos, manteniendo abiertas las medidas judiciales en su contra. Así lo dio a conocer Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Ruiz agregó que, tras la presentación de la apelación hoy, la comisión parlamentaria de seguimiento asumió un compromiso pleno para atender los casos con urgencia e importancia, mostrando un rechazo unánime a la judicialización de periodistas y trabajadores de medios.
“Al día de hoy no tenemos periodistas tras las rejas, pero 17 siguen bajo medidas cautelares”, indicó Marco Ruiz en rueda de prensa.
Por su parte, el abogado Perkins Rocha informó que le fue negada la solicitud de amnistía hecha ante el Tribunal Especial Primero de 1era Instancia en funciones de Juicio con Competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo.
Tras conocer el fallo, Rocha manifestó públicamente su desacuerdo con la interpretación realizada por el tribunal sobre la ley.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En Venezuela, abrir YouTube sin encontrarse con propaganda sobre Delcy Rodríguez es cada vez más difícil. Desde finales de febrero, es frecuente que quienes intentan ver cualquier video en el servicio de streaming —una receta de cocina, un podcast o su programa de noticias favorito— se topen primero con algún clip supuestamente informativo con presentadores haciendo cobertura favorable sobre las actividades de la presidenta encargada.
“No hay forma en la que entre a YouTube y no me aparezcan esas noticias”, fue la primera denuncia sobre la operación que recibió Cazadores de Fake News, el pasado 3 de marzo, a través de su chatbot en WhatsApp.
Reclamos similares se repiten en redes sociales y grupos de mensajería venezolanos. No es una percepción infundada: al 13 de marzo, los videos acumulan en conjunto más de 32 millones de visualizaciones. Es una cifra que supera los 24 millones de venezolanos con acceso a internet registrados por Conatel en 2025, suficientes para haber alcanzado a cada uno de ellos, en promedio, más de una vez.
Pero lo que los usuarios venezolanos ven en sus pantallas no llega por su relevancia noticiosa, sino porque alguien está pagando para que aparezca. Los anuncios están diseñados para parecer reportajes: tienen presentadores, logos y nombres que los hacen lucir como noticieros de varios países de la región, pero no lo son.
El Centro de Transparencia de Anuncios de Google registra 55 videos publicados en al menos 14 canales, todos vinculados a un único anunciante. Las piezas buscan proyectar una imagen favorable de Delcy Rodríguez y, en menor medida, de su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en línea con los principales ejes del discurso oficial.
La operación de influencia “Hispan Online” en YouTube
Al 13 de marzo de 2026, la operación se articula en torno a, al menos, 14 canales de YouTube que agrupan unos 55 videos distribuidos bajo el nombre de 19 supuestos noticieros. En los videos aparecen 20 presentadores distintos con seis acentos diferenciados —incluyendo español neutro— y la mayoría tiene como protagonista a Delcy Rodríguez; mientras que Jorge Rodríguez es mencionado en tres.
El canal con mayor peso en la red se llama “Hispan Online”. Concentra 30 de los 55 videos identificados a la fecha y funciona como nodo central de amplificación del contenido producido por los pseudo noticieros. Por ser el canal más representativo, Cazadores de Fake News identifica a la operación de influencia en conjunto como “Hispan Online”, considerando que el grupo de canales responde a un mismo operador o grupo de operadores.
Logotipos de 12 de los canales de la red “Hispan Online” en YouTube
Los canales simulan ser noticieros que publican contenidos en español, como si se tratara de múltiples coberturas locales espontáneas. Hasta ahora, Cazadores de Fake News identificó a: Hispan Online, Nación Argentina, Colombia Actual, Panorama Colombiano, La Perspectiva Global, México en Datos, Informe Mexicano, United Data News, Continental Report, Nación Digital MX, Chile en Datos, Argentina en Perspectiva, EC En Análisis y El Informe Europeo. Todos conforman la red identificada hasta ahora como parte de la operación en YouTube.
Los nombres de estos canales, sin embargo, no siempre coinciden con los de los supuestos noticieros que aparecen en pantalla. Aunque algunos tienen canal propio, otros funcionan como marcas intercambiables, como ocurre en el caso de Hispan Online, que contiene videos rotulados como Atlantic Report, Informe Austral, Panorama Colombiano y 10 más, además de tres clips provenientes de la cobertura real sobre Delcy Rodríguez que han hecho AFP y Canal 26 de Argentina.
Trece de los canales fueron creados en menos de dos semanas, entre el 18 de febrero y el 1° de marzo de 2026. La existencia de patrones en fechas de creación es otro de los indicadores que revela la existencia de una operación coordinada no auténtica y que estas identidades editoriales no corresponden a medios de comunicación reales, sino a cuentas disfrazadas de noticieros que forman parte de la misma operación.
Aun así, ninguno de estos videos es visible al visitar los canales directamente desde sus perfiles en YouTube, ya que fueron ocultados por sus operadores, marcándolos como “no listados” para esconder el alcance real de la operación.
Pese a ello, los videos fueron rastreados a través del Centro de Transparencia de Anuncios de Google, donde aparecen vinculados a un único anunciante: FG Medios Sociedad Anónima (CUIT 30-71000078-2), una agencia de publicidad de Buenos Aires con pauta activa en YouTube. Esto confirma que los videos solo circulan gracias a la publicidad pagada, aunque estén diseñados para parecer contenido noticioso.
Todos los videos han sido promocionados a través del perfil de FG Medios Sociedad Anónima en el Centro de Transparencia de Anuncios de Google.
Al cierre de esta investigación, el perfil de FG Medios en el Centro de Transparencia de Anuncios de Google registra 40 videos vinculados a la operación de influencia que continúan activos. FG Medios fue contactada por Cazadores de Fake News, pero no ha respondido hasta el momento.
Propaganda que construye a Delcy pero que omite a Maduro
Los videos analizados no contienen bulos o rumores evidentes que los usuarios de YouTube puedan identificar y reportar con facilidad como desinformación. Al apoyarse en citas de medios de comunicación reales, sus narrativas son más difíciles de desmontar, a diferencia de otras operaciones similares documentadas en el pasado, que fueron identificadas, denunciadas y, en algunos casos, moderadas por varias plataformas.
Las piezas se articulan alrededor de la mayoría de las principales narrativas gubernamentales impulsadas durante enero y febrero, con una ausencia reveladora: Nicolás Maduro y Cilia Flores no aparecen en ninguno de los videos. No se los menciona, no se alude a su captura, ni se recurre a la retórica de resistencia o crisis que dominó el discurso oficialista, en especial, durante la primera mitad de enero.
Sus mensajes son, ante todo, de naturaleza propagandística: la operación está diseñada para proyectar normalidad institucional bajo un nuevo mando y consolidar la imagen de Rodríguez —referida siempre como “presidenta” o “presidenta encargada”— como gobernante legítima.
Una de las narrativas que aparece con mayor regularidad es la del reconocimiento internacional. En 18 de los videos se repite que Donald Trump ha reconocido el “liderazgo fuerte” de Rodríguez, que la Unión Europea propondría retirar las sanciones en su contra o que varios países han presentado cartas credenciales ante su gobierno. El relato busca marcar una ruptura con el aislamiento diplomático que ha caracterizado a Venezuela en años recientes, presentando a Estados Unidos como el principal validador del nuevo mando y no como el adversario que solía ser.
En paralelo, los videos proyectan prosperidad económica. En 23 de ellos se mencionan proyecciones de crecimiento impulsadas por las exportaciones petroleras y una nueva Ley de Hidrocarburos, o se vincula la gestión de Rodríguez con sectores como el turismo sostenible y la protección ambiental, entre otros supuestos indicadores de progreso.
Sobre el proceso de reconciliación y perdón impulsado por la administración de Delcy Rodríguez tratan 11 de los videos, resaltando temas como la Ley de Amnistía y la liberación de cientos de beneficiarios. En los videos se reseñan lemas mencionados por Rodríguez como “hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón”, amplificados en campañas de propaganda previamente documentadas que buscan equiparar la responsabilidad del Estado con la de las víctimas en el contexto del reacomodo político iniciado el 3 de enero.
Credibilidad prestada a medios reales
Los videos no solo repiten las narrativas del discurso oficial, sino que las envuelven en referencias a medios de comunicación reales para hacerlas creíbles. En las piezas aparecen capturas reales de publicaciones de agencias de noticias, medios internacionales y medios oficialistas venezolanos, en coberturas que benefician las narrativas de la operación, todas favorables a Delcy o Jorge Rodríguez.
Las menciones más frecuentes corresponden a Reuters, con 10 apariciones en los 55 videos analizados, seguida de EFE con 9, Infobae con 8, Perfil con 6 y El País (España) con 5. Pantallazos de artículos publicados por France 24 y AP aparecen en 4 videos cada uno, mientras que Semana, The Guardian, AFP y CNN aparecen en 2.
En total, hay pantallazos de 76 páginas web distintas, entre agencias de noticias, medios reales, portales de propaganda venezolanos y medios energéticos especializados.
En los videos de propaganda se insertan pantallazos de noticias reales, favorables al gobierno de Delcy Rodríguez, de medios nacionales e internacionales.
Siguiendo esa misma lógica, también se pagó publicidad a tres videos con material noticioso auténtico: dos piezas de la agencia AFP sobre excarcelaciones en Venezuela y la remodelación del centro de detención El Helicoide, y un fragmento de Canal 26 de Argentina.
Otros tres videos están dedicados, completamente, a reseñar la cobertura favorable que medios y periodistas específicos le han dado a la administración de Delcy Rodríguez y su hermano. Uno destaca que CNN habría dedicado una “amplia cobertura” a la aprobación de la Ley de Amnistía; otro, que El País de España habría replicado el llamado de Delcy Rodríguez a consolidar una “convivencia pacífica”.
El tercero reseña la entrevista del periodista venezolano Luis Olavarrieta a Jorge Rodríguez, presentándola como si hubiera tenido “amplia repercusión internacional”, en la que se anuncian nuevos consensos políticos y el alejamiento de viejos dogmas. Es el único video de toda la muestra en el que un funcionario de alto rango, distinto a Delcy Rodríguez, tiene voz directa.
Actores reales involucrados en la operación
Los presentadores que narran los videos tampoco son periodistas. Aunque inicialmente se creyó que podían ser avatares generados con inteligencia artificial, Cazadores de Fake News determinó que se trata de un grupo de actores y modelos residenciados en Argentina.
La mayoría son ciudadanos argentinos, aunque también se identificaron colombianos y chilenos. Varios de los actores tienen conocimientos en locución y doblaje, por lo que pueden simular distintos acentos, dependiendo del supuesto país de origen de cada noticiero.
Hasta el momento se ha intentado contactar a 14 de ellos sin obtener respuesta.
Un antecedente relevante: el caso “House of News”
En 2023, Cazadores de Fake News documentó una operación distinta pero con patrones similares, que generó amplia repercusión. Se trataba de “House of News Español”, un canal que utilizaba avatares generados con inteligencia artificial para difundir propaganda progubernamental en YouTube mediante publicidad pagada. El canal formaba parte de una red más amplia, activa desde 2020 y financiada por un anunciante identificado como Óscar Rojas, localizado en Perú.
⚠️ #YouTubeGanda | la persona de este video NO existe: es un avatar creado con un programa de Inteligencia Artificial.
Alguien está pagando para que aparezca como publicidad en YouTube y desinformar a los venezolanos.
YouTube suspendió el canal y otros vinculados a la misma red tras la exposición pública. Sin embargo, al revisar el Centro de Transparencia de Anuncios de Google durante la presente investigación, se constató que Óscar Rojas pagó por lo menos 22 anuncios de propaganda en YouTube durante 2025 sin declararlos como contenido político.
La operación Hispan Online y la red vinculada a Óscar Rojas comparten varios patrones, aunque no son la misma red ni el mismo anunciante. Ambas utilizan canales con apariencia de medios, publicidad pagada no declarada como contenido político y narrativas favorables al gobierno venezolano.
Pero comparten también algo adicional. Son operaciones que suelen persistir incluso si YouTube suspende un canal, porque tienden a reconfigurarse y sofisticarse para volver a aparecer. El Centro de Transparencia de Anuncios de Google permite detectarlas e investigarlas, pero, sin mecanismos de contención, este tipo de campañas de propaganda seguirán llegando sin dificultad a las pantallas de millones de venezolanos conectados a YouTube.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
