El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que le negaron el beneficio de la amnistía al productor audiovisual y asistente de cámara, Gianni González.
Según información difundida en redes sociales por el sindicato, el Tribunal 22 en función de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC) declaró improcedente la solicitud de amnistía al camarógrafo, quien es esposo de la periodista Nakary Mena Ramos, a quien el mismo tribunal también le negó el sobreseimiento la semana pasada.
“Exigimos la libertad plena para ellos y para todos los periodistas y trabajadores de la prensa judicializados por hacer su trabajo”, posteó el SNTP.
#AlertaSNTP | Le niegan la amnistía a Gianni González. El Tribunal 22 en función de Juicio del AMC declaró improcedente la solicitud de amnisitia de Gianni González, productor audiovisual y asistente de cámara, esposo de la periodista Nakary Mena Ramos, a quien el mismo tribunal… pic.twitter.com/lUWKPUrXYG
Gianni González fue detenido el 8 de abril de 2025 junto a su esposa Nakary Mena por organismos de seguridad del Estado, tras la publicación de un reportaje sobre la percepción ciudadana del crimen en Caracas.
Durante al menos 70 horas permanecieron en desaparición forzada antes de ser presentados ante un tribunal.
Las autoridades los acusaron de “instigación al odio” y “difusión de información falsa”, cargos que en Venezuela se han utilizado para criminalizar el ejercicio periodístico independiente.
ONG rechaza la medida
La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció el uso de “excepciones” y trabas burocráticas para negar amnistías a periodistas.
A través de su cuenta en X, la ONG afirmó que “es una estrategia para mantener la censura y el miedo”. Ratificó que informar no es un delito de terrorismo ni de odio, es un derecho.
Un Mundo Sin Mordaza exigió que la comisión parlamentaria de seguimiento actúe con transparencia y que cese de inmediato el hostigamiento judicial contra Nakary y todos los trabajadores de la prensa.
El tribunal de la causa rechazó la solicitud de amnistía presentada en favor de la periodista Nakary Mena Ramos, una decisión que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado como una muestra de la voluntad de mantener procesos… pic.twitter.com/gm1V3T3SxT
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Margareth Baduel, hermana del preso político Josnar Baduel, alertó sobre el deterioro de la salud de su hermano, quien lleva casi seis años privado de libertad.
A través de un video difundido en X, Margareth Baduel explicó que la salud del hijo del Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa fallecido bajo custodia del Estado, se deteriora cada día más.
“Tiene hernia umbilical e inguinal, ligamentos rotos en sus rodillas y en su hombro, producto de las torturas a las que fue sometido. Desde hace más de cuatro años una junta médica del propio Estado determinó que debía ser operado con urgencia, pero hasta hoy, no ha recibido atención médica especializada”, dijo Baduel.
La activista venezolana expresó que las condiciones en El Rodeo I son inhumanas: duerme sobre una cama de cemento, junto a una letrina, sin siquiera una almohada. Ha perdido peso, masa muscular y cada día su organismo se desgasta más.
Afirmó que sienten temor por la vida de Josnar “no queremos volver a vivir el dolor de perder a un ser querido bajo custodia del Estado”.
Baduel alertó a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional que el Rodeo I es un centro de tortura, por lo que pidió la libertad para todos los presos políticos.
El 4 de marzo de 2026, Margareth Baduel solicitó formalmente una amnistía para Josnar, pero ha sido excluido de este beneficio.
#URGENTE | Hoy vuelvo a levantar mi voz por mi hermano Josnars Adolfo Baduel, quien lleva 5 años y 10 meses injustamente preso.
Su salud se deteriora cada día más. Tiene hernia umbilical e inguinal, ligamentos rotos en sus rodillas y en su hombro, producto de las torturas a las… pic.twitter.com/iMJiQqOyD3
Josnars Adolfo Baduel fue detenido en marzo de 2020 por la llamada operación Gedeón, un fallido ataque marítimo que pretendía desalojar del poder a Nicolás Maduro, según el Gobierno venezolano.
Se le acusa de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Su familia continúa denunciando su exclusión de procesos de amnistía y exige conocer su estado actual tras años de detención.
En mayo de 2025, se reportó que Baduel llevaba más de 100 días incomunicado en el centro penitenciario El Rodeo I. Circularon rumores sobre su posible fallecimiento, lo que llevó a sus familiares a exigir una fe de vida oficial.
rganizaciones y familiares han denunciado sistemáticamente que Josnar ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas, resultando en lesiones graves que requieren intervenciones quirúrgicas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 16 de marzo,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
En teoría, la reparación es un derecho constitucional que obliga al Estado venezolano a restituir, dignificar y atender a cualquier persona víctima de violación de sus derechos humanos o daños causados por el funcionamiento de la administración pública. En la práctica, ese derecho se queda solo en papel: las víctimas continúan su vida a pesar de las secuelas físicas, los daños emocionales, sin el reconocimiento y en total impunidad.
María Corina Machado: “negar la amnistía selectivamente es represión”
Lo que rompe en redes
Confusión e incertidumbre entre los pasajeros luego del accidente en la estación La Rinconada del ferrocarril de los Valles del Tuy. Autoridades reportaron ocho heridos, todos en condición estable.
ÚLTIMA HORA | Confusión e incertidumbre entre los pasajeros luego del accidente en la estación La Rinconada del ferrocarril de los Valles del Tuy
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hay tragedias que no solo enlutan a una familia: estremecen la conciencia de toda una sociedad. La noticia de que dos niños —porque no han llegado a la adolescencia, el mayor tiene 12; y, el otro, 11 años— hayan asesinado a su padre y a su madre respectivamente, en este principio de año, tras ser castigados con la suspensión del celular y la consola de videojuegos, es una de esas realidades que nos obligan a mirarnos en el espejo colectivo.
No se trata únicamente de dos crímenes atroces: uno le disparó a su padre en la sien mientras dormía y el otro le dio un batazo en la cabeza a la mamá. Se trata de un síntoma. Un síntoma de algo que, silenciosamente, ha venido gestándose durante años en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestras conversaciones —o en la ausencia de ellas—. Cuando la vida pierde valor frente a un objeto, cuando la frustración se transforma en violencia letal, algo esencial se ha resquebrajado en el tejido moral de la convivencia humana.
Quizá lo más perturbador no sea solo el hecho en sí, sino la frialdad con la que los niños habrían enfrentado las consecuencias de sus actos. Una frialdad que llevó a los jueces a tomar la difícil decisión de procesarlos como adultos. Esa determinación, más allá del debate jurídico que pueda suscitar, revela la magnitud del desconcierto social ante comportamientos que escapan a toda lógica emocional conocida.
Nos preguntamos entonces: ¿en qué momento dejamos de escuchar? ¿Cuándo sustituimos la formación del carácter por la satisfacción inmediata? ¿En qué instante permitimos que las pantallas se convirtieran en el principal interlocutor de la infancia?
Vivimos en una época de avances extraordinarios y, paradójicamente, de profundas carencias afectivas. La tecnología, que llegó para acercarnos, ha terminado muchas veces aislándonos. Los hogares, que deberían ser espacios de diálogo y contención, se transforman con frecuencia en territorios fragmentados donde cada quien habita su propio universo digital.
No se trata de demonizar a los padres, ni a los dispositivos, ni de idealizar un pasado que tampoco fue perfecto. Se trata de asumir la responsabilidad compartida de educar en límites, en empatía, en tolerancia a la frustración. Valores que no se descargan ni se actualizan con un clic, sino que se cultivan con tiempo, presencia y coherencia.
La verdadera tragedia no es solo la pérdida irreparable de dos vidas. Es la evidencia dolorosa de que estamos fallando en enseñar a nuestros niños a vivir en sociedad, a reconocer el valor del otro, a comprender que la libertad no puede existir sin responsabilidad.
Tal vez este comienzo de año nos deje una lección que no deberíamos ignorar. Porque cuando la violencia brota desde la infancia, no es únicamente la justicia la que debe actuar: es la sociedad entera la que tiene que replantearse sus prioridades.
De lo contrario, seguiremos contando tragedia sin entender que, en el fondo, todas hablan de nosotros mismos.
He escrito, desde 1999, algunos textos sobre la paz como derecho humano, desde cuando hiciese mi primera intervención sobre dicho asunto en la asamblea general de la UNESCO, en París, sumándome después, para su defensa, a un grupo de hombres eminentes y de mayor experiencia como el fallecido jurista checo-francés Karel Vasak, pionero de las generaciones sobre derechos humanos y el profesor noruego Absjørn Eide, que alertó a la ONU y a sus Estados miembros sobre “la inmensa dificultad de encontrar soluciones pacíficas una vez que la violencia escala”.
Bajo la dirección de Federico Mayor (1934-2024) hicimos lugar a un proyecto de declaración universal preparado en Oslo, de cuya elaboración participan, además, el brasileño A .A. Cançado Trindade (1947-2022), juez de la Corte de La Haya; Janusz Symonides (1938-2020), catedrático polaco; el excanciller uruguayo Héctor Gros Espiell (1926-2009); el tunecino Rafaâ Ben Achour, actual juez de la Corte Africana de Derechos Humanos; Raymond Ranjeva, jurista malgache también miembro que fue de la Corte Internacional de Justicia; Emmanuel Roucounas, exjuez ad hoc en La Haya y miembro de la Academia de Atenas; y Claudio Zanghi, profesor emérito de La Sapienza. Tal proyecto sensiblemente encalló en mis manos cuando presidí la Comisión Redactora instalada en la sede de la UNESCO, para su aprobación definitiva por los expertos de los Estados, en 1998.
Las democracias europeas y las industrializadas –no así los países del Sur, americanos, africanos, los del Medio Oriente– consideraron al pretendido derecho humano a la paz como una categoría moral, jamás reducible a obligaciones jurídicas. “La paz es una aspiración, más que un derecho”, predica la delegada finlandesa, mientras Francia cuestiona la intromisión en este asunto, por reservado a la ONU (La paz ¿un derecho?, UNESCO, Revista Fuentes, París, 1998). Uno que otro diplomático, en la circunstancia y en arresto de sinceridad, me hace saber que estaba bien lo de la paz como derecho, pero una vez como sus gobiernos concluyesen las acciones contra el terrorismo en avance.
Aun cuando el ruido de cañones no sea hoy tan estruendoso como en el siglo XX, ya que la guerra es distinta y diferente en su generación, deja víctimas, tantas como en el pasado pero instantáneas y deslocalizadas. Los teatros de la guerra no se delimitan y hasta la virtualidad de las redes sociales queda comprometida en el desempeño bélico, pues son, como paradoja, el teatro posmoderno de la violencia. Impone narrativas y las falsifica, mostrándolas como veraces, haciendo imperar y generalizar la lógica de poder y favoreciendo la instalación de los populismos y despotismos de nueva data. “Dictaduras del siglo XXI”, las califica el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado.
Viene a ser Donald Trump “el eco de un colapso más profundo. Un mundo que se hunde bajo el peso de sus propias contradicciones: inestabilidad geopolítica, democracias corruptas, imperios criminales, transnacionales y un planeta devorado por su propia negación”, escribe Armando Johan Obdola. Por lo mismo, en la reciente reedición de mi libro sobre El derecho humano a la paz(2023) hago propia la pertinente afirmación de papa Benedicto XVI: “Sabían –Adenauer, Schumann, De Gasperi, De Gaulle– que la política no puede ser mero pragmatismo, sino que debe ser un asunto moral: el objetivo de la política es la justicia y, junto con la justicia, la paz. El orden político y el mismo poder deben manar de los criterios fundamentales del derecho”.
Tras el cese inevitable de la violencia que anega y en su momento, como siempre llegará otro pacto por la paz. La necesaria revisión de las categorías del orden internacional que se han ido al fondo del abismo, y las razones de ello, se impondrá ante el drama o dilema que, al cabo, ha de afrontar el siglo XXI: ¿acaso medraremos entre la dictadura de lo digital, a manos de plataformas que serán siempre aristocráticas, y de un orden o «derecho internacional global» cuyas reglas solo podrán asegurarlas, dentro de sus espacios geopolíticos y en consonancia con sus intereses, las dos potencias supremas que emergen, Estados Unidos y China? ¿Qué espacio tendrá allí la gente y su aspiración connatural, la de ser libres para desarrollar libre y «soberanamente» sus personalidades, con mínimas interferencias por los poderes capaces de repartir potencias, disminuirlas, o negarlas a su arbitrio?
Dos cuestiones están sobre la mesa y para su desbroce. Una es el mito de la soberanía y su desnaturalización o perversión a partir de 1945, concluida la Segunda Guerra Mundial. Tanto que, aguas abajo, llegado el siglo corriente se abandonó la idea del poder sujeto a competencias regladas. Y así como en lo interno el Estado desafía y desacata las decisiones adjudicativas y heterónomas adoptadas por sus órganos de control constitucional, en lo internacional viene desacatando, sin consecuencias eficaces, la jurisdicción que se les sobrepone de acuerdo con el Derecho de gentes. Los casos de Colombia y de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, las protestas de sus gobiernos como de Israel y El Salvador frente a sus propios tribunales constitucionales, y la sistemática denegación de justicia como la simulación de estar administrándola, por la Corte Penal Internacional, son más que ilustrativos.
La otra es, la de las posibilidades de resurgimiento de esa idea matriz elevada a norma de orden público internacional, que ataba a los repartidores supremos o intermedios de los repartos de potencia en el mundo –quienes ahora se sientan en el cuadripléjico Consejo de Seguridad de la ONU– como a sus recipiendarios, los Estados sin potencia global y sus naciones, aspirantes a gozar de la potencia de la libertad, como es la del respeto universal de la dignidad humana. Todavía resuena, desde Oslo y en su Comité Nobel de la Paz, la admonición: “No habrá paz sin democracia”.
La democracia no es ni se reduce, como ayer, al procedimiento del voto o al discernimiento entre la potencia mayor y relativa de las mayorías. Como derecho humano totalizante y emergente: el derecho a la democracia, que han de garantizarlo todos los repartidores de poder sobre la base de reglas o repartos autónomos y no de mandatos autoritarios, implica siempre la garantía de la separación y del balance de poderes como de la alternabilidad en el ejercicio del poder. Sin ello mal podría realizarse «la soberanía de la libertad». Y esta es, en suma, la ecuación que se ha roto. La que nos ha conducido a todos y, ante todo, a la reinante paz de los sepulcros, al imperio del miedo en un mundo más ganado para la cultura del relativismo, en medio de una instantaneidad adánica sin códigos genéticos.
El mito de la soberanía
Un clásico acerca de la soberanía, como variable dentro de la teoría clásica del Estado y en su relación fundacional con el derecho internacional moderno, es la obra del jurista alemán Hermann Heller (1891-1933). Era crítica de la célebre teoría pura del derecho escrita por su colega y filósofo, el checo Hans Kelsen (1881-1993). El primero, situado dentro de su perspectiva vital, asumiendo una visión «trialista» acerca del derecho y las normas, aun siendo el maestro Werner Goldschimidt, citado repetidas veces, quien la desarrolla como método, aborda en su texto la problemática entre el poder y el orden. Es el dilema contemporáneo. Es otra vez la cuestión central de actualidad.
Heller, justamente, reclama que se tenga un claro entendimiento de que las cuestiones del poder son siempre sociológicas. Un verdadero jurista, tanto como los que se ocupan de las relaciones internacionales, no puede obviarlas cuando se aproxima al estudio del orden normativo al que estas se sujetan, a menos que decida abstraerse de los elementos causales implicados para no resolver los problemas de fondo.
La cuestión puede resultar escabrosa para la opinión general. No obstante, esta, como observadora de la dinámica del poder, inevitablemente sesgada, incluso al mostrarse neutral, de ordinario simplifica las circunstancias de nuestro tiempo; como cuando afirma o niega su apoyo a las acciones bélicas, de nueva generación, emprendidas como respuestas al caos deconstructivo; o como cuando declara, sin más y sin motivo, que estas son o no son abiertamente violatorias del derecho internacional vigente.
La cuestión de la efectividad o no, o de las lagunas por el cambio de las realidades, es algo que la tiene sin cuidado. No pocos juristas, incluso, no elevaron su voz con el mismo tono a como lo hacen frente a Estados Unidos o Israel, cuando Rusia, en 2022, repite su agresión contra Ucrania y su pueblo, iniciada en 2014.
Todo problema jurídico, sostiene el autor del texto La soberanía (Universidad de Costa Rica, 1982), “sin excepción, tiene sus raíces, de un lado, en la sociología y del otro, mirando hacia arriba, en la esfera de lo ético-político”. Cuando menos, tal como lo pensamos, se trata de una aproximación necesaria e insoslayable al momento de valorarse las crisis de las normas o sus faltas de aplicación –pensemos en las constituciones de cada Estado o en los tratados internacionales– a fin de rescatarlas, relegitimarlas, y volver a dotarlas de eficacia.
En tiempos de paz es dable y razonable que los juristas dejen de lado lo heurístico, concentrándose en lo exegético y formal de las normas con vistas a exigir sus cumplimientos, ora por los poderes de los Estados, ora por los ciudadanos, y para demandar responsabilidades y reparaciones de daños cada vez que sean incumplidas por estos. Mas no es el caso desde 1989, cuando por el mismo avance del fenómeno posmoderno de la deconstrucción cultural y de los patrones de comportamiento conocidos, no pocos arguyen la debilidad sobrevenida en el Estado y el desencanto con las instituciones de la libertad; al punto que han propiciado en lo interno movimientos constituyentes y de reforma iliberal de sus propios sistemas constitucionales, al margen de los mandatos de constituciones precedentes.
La comunidad jurídica internacional moderna, la emergida tras la Segunda Gran Guerra del siglo XX, al término la forman estos mismos Estados soberanos en crisis terminal. Son los que integran las organizaciones internacionales universales y regionales, desde las que administran sus posiciones de poder e intereses ideológicos sobrevenidos, tamizando la autoridad del orden público estatuido, como el relativo a la protección universal de derechos humanos. Huelgan los casos.
Lo cierto es que, de cara al olvidado Holocausto y sus juicios de Nuremberg, al aceptarse hasta ayer que las soberanías alegadas por los Estados para decidir sobre las cuestiones internacionales le permitían a estos el hacer privar al pragmatismo del poder y sus intereses evitándose conjugar conforme a la función categorial de la Justicia, el propio mundo le puso pies barros a la utopía soberana.
Una mala lectura de la obra de Juan Bodino (1530-1596), que afirmó el poder “absoluto y perpetuo de una república” al objeto de que cada nación pudiese separarse de la teocracia romana, pudiese librarse del confesionalismo para hacer emerger Estados laicos como expresión del derecho a la libertad de conciencia y de religión, es lo que igualmente ha llevado a la traición de los fundamentos contemporáneos del derecho internacional.
Lo de observar en forma conclusiva, ante la volatilidad de los tiempos por venir, es que, así como a inicios del corriente siglo y sobre el desafío que planteó el «quiebre epocal» de 1989 sin ser atendido, el Informe Caputo del PNUD sobre la democracia (2004) y la misma ONU, con su Agenda 2030, se han propuesto rescatar y volver como solución, ante la globalización, al fortalecimiento del Estado soberano, en una hora en la que la soberanía, como ejercicio de poder absoluto, ha desaparecido. Y esa agenda, paradójicamente, mientras las potencias globales se alinean y/o se tensan para controlar al mundo desde las aceras de la economía, optó y se limita a defender derechos humanos al arbitrio, de novísima generación, sin Estado de derecho ni democracia, a los que estima de irrelevantes.
En teoría, la reparación es un derecho constitucional que obliga al Estado venezolano a restituir, dignificar y atender a cualquier persona víctima de violación de sus derechos humanos o daños causados por el funcionamiento de la administración pública. En la práctica, ese derecho se queda solo en papel: las víctimas continúan su vida a pesar de las secuelas físicas, los daños emocionales, sin el reconocimiento y en total impunidad.
Las violaciones a los derechos humanos abarcan desde detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, persecución política hasta el uso excesivo de la fuerza, hechos que se volvieron recurrentes a partir del año 2014 con las protestas antigubernamentales y el reclamo de la disidencia por un cambio político, económico y social.
Frente a estas violaciones, la Constitución es explícita y en elartículo 30 señala la obligación que tiene el Estado a indemnizar integralmente, restituir derechos y adoptar medidas para hacer efectiva la reparación. El artículo 31, por su parte, garantiza que las víctimas puedan acudir a instancias internacionales para el amparo de sus derechos, y exige al Gobierno cumplir las decisiones esos organismos, pero abogados y defensores de derechos humanos como Martha Tineo y Alí Daniels coinciden en que si bien el marco legal es robusto, en Venezuela no se aplica y tampoco hay quien lo defienda o vele por su cumplimiento.
En un intento de “reconciliación nacional”, el gobierno de Delcy Rodríguez —avalado por los Estados Unidos— aprobó la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, pero la normativa no contempla mecanismos de reparación para las víctimas lo que ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Para muchas familias venezolanas víctimas de violaciones a los derechos humanos, la reparación se ha convertido en un derecho al que pocos aspiran y la mayoría desconoce. Mientras el Estado venezolano demuestra una y otra vez su capacidad represiva, las víctimas y sus familiares cargan solas con las secuelas emocionales y psicológicas de historias de injusticia, horror y abusos de poder.
Un ejemplo evidente es el centenar de madres que perdieron a sus hijos en las protestas antigubernamentales de 2014, 2017, 2019 y 2024 quienes, en la mayoría de los casos, no han sido reparadas de ninguna manera por el Estado. También las ejecuciones extrajudiciales presentadas ante la opinión pública como “enfrentamientos” o “resistencia a la autoridad” desde el año 2015 y que dejaron más de 560 muertos en apenas dos años.
¿Qué implica reparar?
La reparación es un proceso que no solo se centra en una indemnización económica, el tema es más extenso y profundo, y debe tener como bandera: verdad, justicia, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición.
La reparación implica reconocer públicamente el daño causado, investigar a los responsables, limpiar el nombre de las víctimas y ofrecer soluciones que permitan reconstruir la vida que fue truncada.
Martha Tineo, abogada y directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) sostiene que en una persona que ha sido víctima de violación a sus derechos humanos “las formas de reparación pueden ser tan amplias como lo es la dimensión del daño”.
Para la abogada, una reparación debe ir más allá de una indemnización económica porque no hay manera de cuantificar económicamente un daño. Explica que la reparación integral en la mayoría de los casos es lo ideal. “El reconocimiento a la víctima del daño causado, contar la verdad y dignificar el nombre de la persona es de gran importancia”, sumó Tineo.
La directora de la ONG señala que en el caso de las personas que han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales o asesinatos en protestas, una reparación es “más difícil”, porque nadie puede devolverle la vida a un ser querido que murió. Sin embargo, sostiene que en estos casos una manera de reparar es principalmente con la justicia, pero también con la creación de museos, escuelas, plazas y monumentos históricos con el nombre de la persona, que contribuyan y aporten a la construcción de la memoria histórica y que, al mismo tiempo, sea una base fundamental para generar garantías de no repetición.
“En la medida en que se hace un relato de la verdad y se construye memoria en consecuencia, hay una conciencia colectiva del daño que se causó y en tanto, se supone que las intenciones se mueven a generar garantías de no repetición, para que esos horrores no vuelvan a suceder”, explicó.
Un tema fundamental en cualquier forma de reparación es que haya justicia en cada caso. Es decir, que los responsables de esos crímenes sean llevados ante la justicia y se impongan las responsabilidades legales, penales y administrativas.
¿Qué debe hacer el Estado?
El abogado, defensor de derechos humanos y fundador de la ONGAcceso a la Justicia, Alí Daniels, coincidió con Martha Tineo en que el espectro de las reparaciones es más amplio que una reparación material y muchas de ellas tienen que ver con reparaciones simbólicas, donde el Estado le haga sentir a las víctimas que efectivamente se tiene la voluntad de que esa violación a los derechos humanos no vuelva a ocurrir.
Para Daniels, el primer paso que debe dar el Estado en los casos donde haya habido violaciones a los derechos humanos es el reconocimiento y aceptación del hecho. Luego, debe establecer mecanismos expeditos y accesibles para que las personas hagan su reclamo y obtengan medidas de reparación.
“Pero ni lo uno ni lo otro. Se necesita un cambio mucho mayor de lo que está ocurriendo para que el Estado tenga siquiera la voluntad, ya no digo de reparar, sino siquiera de investigar, porque al momento no conocemos ninguna investigación ni ninguna sanción a los responsables de los abusos que se han realizado en la represión desde el año 2014 para acá”, explicó Daniels.
Venezuela no cumple estándares internacionales
La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, principales sistemas de protección internacional, establecen que la reparación debe ser integral, es decir, abarcar todas las dimensiones del daño. Estos organismos también exigen que se considere el impacto diferenciado en mujeres, niños, personas LGBTIQ+, indígenas, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.
Sobre este punto, los abogados y defensores de derechos humanos Martha Tineo y Alí Daniels coinciden en que Venezuela está “muy lejos” de cumplir con los estándares internacionales de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Daniels explicó que actualmente no existe ni siquiera una estructura a la cual pueda acudir un venezolano en busca de justicia porque no existe la independencia de poderes.
“Un ciudadano que ve vulnerados sus derechos en Venezuela, no se le pasa por la cabeza ir a la Fiscalía o ir a la Defensoría del Pueblo o a ningún otro órgano de protección de derechos, porque sabe que va a perder el tiempo”, expresó.
El director de la ONG Acceso a la Justicia sumó que mientras no haya un Poder Judicial imparcial e independiente, no habrá manera de que se puedan generar reparaciones en casos de crímenes de lesa humanidad.
En comparación con otros países, Alí Daniels señaló que en Colombia, México y Brasil existen mecanismos de reparación y es frecuente que se interpongan acciones en contra del Estado que son declaradas a lugar, pero el abogado recalcó que la diferencia de esos tres países con Venezuela es que en ellos hay democracia plena.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La dirigente política y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano, exigió al estado venezolano informar de manera inmediata el paradero del preso político Víctor Hugo Quero Navas (51).
A través de su cuenta en X, Solorzano informó que Víctor Quero, detenido arbitrariamente el 1 de enero de 2025, lleva ya 14 meses desaparecido.
Carmen Teresa Navas, de 81 años, ha recorrido cárceles e instituciones públicas sin obtener información sobre el paradero de su hijo.
“Cuando una persona es detenida por el Estado y las autoridades se niegan a informar su paradero, estamos ante una desaparición forzada”, señaló la exdiputada y agregó que la Constitución en su artículo 45, establece que ninguna autoridad puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas, ni siquiera en estados de excepción.
La desaparición del preso político Víctor Hugo Quero Navas, detenido arbitrariamente el 1 de enero de 2025, es un hecho de extrema gravedad que compromete la responsabilidad del Estado venezolano.
Su madre, la Sra. Carmen Teresa Navas, de 81 años, ha recorrido cárceles e…
La presidenta de Encuentro Ciudadano aseveró que el caso de Víctor Quero Navas evidencia un patrón de graves violaciones de derechos humanos que se ha consolidado en Venezuela, donde la detención arbitraria, la incomunicación y las desapariciones forzadas se han convertido en mecanismos de persecución política.
“Tal como advertí cuando fue aprobada, la llamada amnistía no se está aplicando automáticamente, sino que queda a discreción de jueces que durante años han sido instrumentos de la persecución política”, aseveró Solorzano.
Cambian a equipo del Cicpc que investigaba el caso
Una nota publicada por el portal web El Pitazo reseñó que la señora Carmen Navas fue citada este viernes en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caracas, donde le informaron que el equipo de ese organismo que investiga la desaparición de su hijo, fue cambiado.
La información la confirmó a El Pitazo la coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, quien dijo que a la señora Navas la interrogaron durante casi cinco horas pese a su avanzada de edad, una entrevista de la que salió afónica por la cantidad de preguntas que le hicieron para actualizar a los nuevos funcionarios sobre las denuncias que ha hecho sobre su hijo.
“Le explicaron que había un grupo a cargo de la investigación. En virtud de toda la presión mediática habían designado a este nuevo grupo, por eso ellos necesitaban hacerla una entrevista amplía de toda la información familiar necesaria y ahora viene la parte de ellos de investigar el paradero y la situación de Víctor”, aseguró la abogada y defensora de derechos humanos.
¿Es correcto hablar de desaparición forzada en este caso?
De acuerdo con lo explicado por defensores y organismos internacionales, es preciso hablar de desaparición forzada cuando las autoridades niegan información sobre el lugar de reclusión de un detenido o se niegan a reconocer la privación de libertad.
El artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personasdefine en su artículo II que se considera como tal “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
En mayo de 2025, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno venezolano a cesar las detenciones en condiciones de aislamiento e incomunicación y señaló que, a menudo, esta práctica equivale a desapariciones forzadas.
“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional,” afirmó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en ese reporte.
Mientras que Amnistía Internacional (AI) publicó un informe titulado“Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela en julio de 2025, en el que denunció que la desaparición forzada de personas opositoras, disidentes y ciudadanos extranjeros en Venezuela se consolida como parte de un ataque “sistemático y generalizado contra la población civil”. En los casos analizados en el documento, encontraron denominadores comunes.
“Las autoridades negaron información sobre las detenciones de todas estas personas. Cuando las reconocieron, negaron información sobre su suerte o paradero. Sus familiares acudieron incansablemente a organismos gubernamentales, fiscalías, el poder judicial y diversos centros de detención para intentar localizar a sus seres queridos, sin obtener respuesta”, relataban entonces, la misma situación que le ha tocado vivir a la señora Carmen Teresa Navas, madre de Quero.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Kurios Education, el puente entre las comunidades académicas y la tecnología, junto al Banco Nacional de Crédito (BNC), anuncian la celebración de Kurios Competition 2026. Este evento, consolidado como el encuentro de innovación educativa más importante del país, reunirá a miles de estudiantes de entre 7 y 18 años bajo una narrativa de intriga y desafíos: “Misión Secreta”.
La cita será el sábado 21 de marzo en “Espacio Caracas” (Centro Comercial Líder). Esta edición proyecta una experiencia inmersiva donde la tecnología y la estrategia se fusionan para liberar el potencial de los agentes del futuro. El evento contará con la participación de 140 instituciones educativas y más de 2000 estudiantes de todo el territorio nacional.
Durante el desarrollo del evento, los participantes pondrán a prueba sus habilidades y talentos en áreas de robótica, programación, investigación, emprendimiento y diseño para superar obstáculos tácticos, mientras que en los espacios de innovación y tecnología la creatividad se aplicará a soluciones tangibles que fomenten el pensamiento crítico.
“En Kurios no solo impulsamos la innovación tecnológica, sino que creamos espacios para el desarrollo del talento, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico en los jóvenes”, afirma José Balza, cofundador de Kurios Education.
Vía a la excelencia internacional
Un componente fundamental será la fase clasificatoria para la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2026, la feria de ciencias e ingeniería para educación media más prestigiosa del mundo. Kurios Competition es la vía oficial en Venezuela para que los jóvenes talentos opten por becas y reconocimientos globales en Estados Unidos.
El evento se encuentra abierto a toda la comunidad y al público en general, extendiendo la invitación mucho más allá del ámbito escolar. Con el fin de asegurar la comodidad de los más de 6.000 asistentes previstos, la organización dispondrá de una logística de primer nivel que ofrecerá una experiencia integral tanto a los competidores como a las familias visitantes.
Kurios es la organización líder dedicada a la transformación de la enseñanza en colegios a través de programas avanzados de robótica, programación, finanzas, emprendimiento y tecnología. Con el objetivo de formar a los líderes del mañana, Kurios diseña ecosistemas de aprendizaje que integran herramientas técnicas con el desarrollo de habilidades STEM, fomentando una educación transformadora, sostenible y profundamente humana. A través de iniciativas como el Torneo Nacional de Robótica y Tecnología, la organización impulsa el talento joven venezolano hacia escenarios de excelencia internacional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
