El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el Tribunal 22 de Juicio del Área Metropolitana ordenó este 20 de marzo el sobreseimiento de la causa contra la periodista Nakary Mena Ramos y su esposo, el asistente de cámara y productor audiovisual Gianni González.
La organización gremial destacó que con la decisión ambos son declarados inocentes y recuperan su libertad plena. Recordaron que a ambos les había sido negada la amnistía.
“En la audiencia de juicio celebrada hoy, el Ministerio Público solicitó una sentencia absolutoria, desestimando la acusación que cursaba contra los trabajadores de la prensa por supuesta publicación de noticias falsas e instigación al odio. Nunca debieron estar presos”, expresaron.
Nueve meses de detención y arbitrariedades
La periodista Nakary Mena Ramos y su esposo, Gianni González, fueron excarcelados el 14 de enero de 2026, tras permanecer 281 días detenidos. En esa fecha obtuvieron una libertad condicional sujeta a restricciones judiciales.
La pareja había sido arrestada originalmente el 8 de abril de 2025, tras difundir un reportaje sobre la inseguridad en Caracas e imputada por los delitos de «instigación al odio» y «difusión de noticia falsa». Sus familiares denunciaron que estuvieron desaparecidos forzosamente durante 70 horas antes de ser presentados ante un tribunal.
Un día después de la detención, el reportaje fue cuestionado en programas gubernamentales como “Con el Mazo Dando”, lo que fue interpretado por defensores de derechos humanos como una línea de persecución política antes que legal. Durante la transmisión, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que el trabajo periodístico hecho para el medio Impacto Venezuela formaba parte de una “campaña para que la gente tenga miedo” y que pretendía culpar a migrantes retornados de supuestos delitos. Cabello sugirió que la noticia lanzaba matrices de opinión sin fuentes ni datos sólidos.
13 de marzo de 2026, se conoció que el Tribunal 22 de Juicio de Caracas había declarado improcedente la solicitud de amnistía para Nakary Mena Ramos. Pocos días después, el 16 de marzo de 2026, el mismo tribunal negó formalmente la amnistía para Gianni González, argumentando que su caso no estaba contemplado en la ley aprobada recientemente por el Parlamento.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela alertó este 18 de marzo de 2026 sobre las graves deficiencias en la implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Alertaron que el texto legal aprobado el pasado 19 de febrero se ha convertido en un instrumento de “injusticia” y “exclusión”.
A pesar de haber sido promocionada como una vía para la paz social, la organización denuncia que su ejecución está marcada por la discrecionalidad de los mismos funcionarios judiciales que permitieron la persecución política en el pasado reciente.
Vente Venezuela detalló que la normativa falla en proteger los derechos fundamentales. Entre las omisiones más graves destaca que la ley no incluye las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General de la República, ni contempla como beneficiarios a militares vinculados falsamente a delitos de rebelión.
Además, denuncian que el artículo 9 de la ley “excluye de manera caprichosa algunos delitos” con el fin de negar el beneficio a personas perseguidas políticamente. Un punto de honor en la denuncia es la falta de reparación: la ley “no establece la debida reparación moral y económica para las víctimas de la represión” y deja desamparados a quienes perdieron bienes o sufrieron daños patrimoniales tras detenciones injustas.
La “administración” del olvido
La crítica más severa se dirige al sistema de justicia. Vente Venezuela afirma que la aplicación de la amnistía queda en manos de jueces con competencia en terrorismo, cuya jurisdicción califican de inconstitucional.
“Los jueces que hoy otorgan o niegan la amnistía, son los mismos que avalaron la violación de TODOS aquellos derechos fundamentales (…) confinando a muchos de estos venezolanos a prisiones y centros de tortura, sin defensa ni asistencia jurídica”.
La organización advierte que el beneficio se otorga de forma sesgada siguiendo órdenes que, según se expresa directamente a los usuarios, “vienen de arriba”. Para el Comité, es una “injusta incongruencia” que el Estado decida “olvidar los hechos para algunos y mantener vivo el recuerdo de los mismos hechos para otros” que están involucrados en las mismas causas judiciales.
“En definitiva, son los mismos jueces que no solo negaron, sino que se negaron a admitir la presentación siquiera de los cientos de ‘Habeas Corpus’ en contra de la desaparición forzada de miles de ciudadanos que hoy precisamente reclaman amnistía De esta forma, es imposible que haya paz en Venezuela, mientras los mismos funcionarios judiciales que permitieron las violaciones a la libertad de los ciudadanos lícitamente opositores y disidentes del régimen, sean quienes discreta y arbitrariamente decidan a quién se le concede y a quién no la amnistía”, advierten.
El exhorto a la comunidad internacional
Vente Venezuela expresó que, aunque comparten la “satisfacción con las personas que han recibido la amnistía”, el proceso actual constituye una “injusta incongruencia y una clara discriminación política” al aplicarse de forma desigual.
La organización recordó que este beneficio es un derecho que permite al Estado “‘olvidar’ la ocurrencia de los hechos por los que se le persiguieron y encarcelaron indebidamente”, pero advirtieron que “‘olvidar’ los hechos para algunos y mantener vivo el recuerdo de los mismos hechos para otros”, involucrados en las mismas causas, viola el artículo 21 de la Constitución que ordena la igualdad ante la ley.
Según el comunicado, esta discrecionalidad judicial permite que se “prolongue el régimen de terror que alentó el clima de represión y zozobra ciudadana”, lo que impide hablar de una verdadera reconciliación mientras no se deroguen normativas como la “Ley contra el Odio”, la “Ley de Fiscalización de las ONGs” o el reciente “Decreto de Estado de Conmoción Exterior”.
Finalmente, el comité hizo un exhorto a los órganos defensores de derechos humanos y a la comunidad internacional para “no apartar su mirada de lo que sucede en Venezuela y a exigir enérgicamente la aplicación de la ley”. En este sentido, saludaron la postura del Alto Comisionado del Consejo de DDHH de Naciones Unidas al solicitar claridad sobre el alcance de las excarcelaciones, subrayando que en el país “no puede seguir prevaleciendo la opacidad y la discrecionalidad en el respeto a los derechos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A un mes de la promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (19 de febrero), el panorama de los derechos humanos en Venezuela se encuentra en una encrucijada crítica.
Aunque la normativa fue presentada por el Estado como un paso definitivo hacia la reconciliación, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), en alianza con Alerta Venezuela, advierte en su más reciente informe que la medida está funcionando como un “espejismo jurídico”. La opacidad en su implementación y la falta de cronogramas claros han generado una brecha profunda entre el discurso oficial y la realidad de quienes aún permanecen tras las rejas.
En el texto, advierten que este primer mes ha revelado que el sistema de justicia se ha transmutado en un “aparato de control social que instrumentaliza la arbitrariedad procesal como una herramienta técnica para la neutralización de la disidencia”. El informe denuncia que las liberaciones no responden a un reconocimiento de la vulneración de derechos, sino a cuotas de negociación estratégica.
Lejos de ser un cierre definitivo al conflicto, la organización percibe esta ley como una maniobra para “mitigar la presión nacional o internacional, seguidas casi de inmediato por nuevas oleadas de arrestos”, manteniendo vigente la estructura de persecución.
A 30 días de la aprobación de la Ley de Amnistía de 2026, presentamos junto a AlertaVenezuela nuestro nuevo informe: "El balance de la arbitrariedad (2014-2026)", que ofrece una mirada técnica sobre la evolución del sistema judicial y el impacto real de la Ley de Amnistía… pic.twitter.com/bgxaVoWsIw
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 20, 2026
Estancamiento de las cifras y el fenómeno del subregistro
El monitoreo realizado durante las primeras cuatro semanas de vigencia de la ley revela que la reducción de la población carcelaria por motivos políticos no ha sido tan drástica como prometía la narrativa oficial. JEP explica que existe una resistencia institucional a vaciar los centros de reclusión, lo que genera una sensación de libertad selectiva.
Asimismo, el informe alerta sobre el afloramiento de casos antiguos que el miedo había mantenido ocultos, una consecuencia directa de la aplicación de castigos al entorno familiar conocidos como Sippenhaft.
Población persistente: A pesar de las 677 salidas verificadas en el primer trimestre de 2026, aún permanecen 689 prisioneros políticos identificados.
Efecto de sustitución: Se observa un ciclo donde las excarcelaciones son compensadas con nuevos arrestos o el mantenimiento de perfiles críticos de larga data.
Opacidad informativa: La ausencia de listados públicos impide contrastar las cifras oficiales, que hablan de hasta 7,000 beneficiarios, con la realidad de los centros de reclusión.
Perfil de los detenidos: El castigo a la disidencia civil y militar
El informe desglosa la demografía de quienes aún no han sido alcanzados por el beneficio de la amnistía, evidenciando que el Estado mantiene un control estricto sobre sectores específicos. La organización sostiene que el gobierno se concentra en retener a aquellos que poseen capacidades técnicas o liderazgo social, afirmando que esto “corrobora la motivación política de mantener tras las rejas a quienes pueden amainar su permanencia en el poder”.
Sociedad Civil: Representa el 53.99% (372 personas), incluyendo a 43 militantes de partidos opositores y numerosos sindicalistas.
Sector Militar: Un 35.12% (242 personas) de los detenidos pertenecen a cuerpos de seguridad o fuerzas armadas, siendo este el grupo con procesos más opacos.
Género y Vulnerabilidad: Permanecen detenidos 590 hombres y 99 mujeres; para ellas, el informe cita que “la libertad se ha vuelto un alivio a cuentagotas que se detiene ante el umbral de sus celdas”. Se confirma, además, la presencia de una menor de edad en cautiverio.
La persistencia de la tortura en los centros de reclusión
Más allá de la libertad física, el balance a un mes de la ley pone el foco en las condiciones de reclusión y la integridad física de los prisioneros. JEP documenta que la amnistía no ha borrado las secuelas de los tratos crueles ni ha mejorado significativamente la situación en los recintos donde la vigilancia es más férrea. El informe denuncia que el 39.76% de las víctimas reporta haber sufrido torturas sistemáticas que dejan huellas imborrables en su salud mental y física.
Métodos documentados: Se reportan casos de golpes, asfixia, violencia sexual y la denominada “tortura blanca” (aislamiento sensorial prolongado).
Focos de mayor detención: Los centros con mayor concentración de presos políticos siguen siendo Ramo Verde (93 personas), El Rodeo I (88 personas) y Fuerte Guaicaipuro (44 personas).
Estado de salud: Muchos de los que esperan la aplicación de la ley presentan cuadros médicos graves que no son atendidos por las autoridades carcelarias.
La amnistía como sustituto de la legalidad procesal
El informe denuncia que la Ley de Amnistía se está utilizando para subsanar, de forma cosmética, graves irregularidades procesales que ya deberían haber resultado en libertades por vía ordinaria. Justicia, Encuentro y Perdón argumenta que el Estado presenta como un “gesto de magnanimidad” lo que en realidad es una obligación legal vencida según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Vencimiento de términos: Más de 300 personas califican para libertad inmediata por los artículos 230 y 231 del COPP, debido al retardo procesal y el decaimiento de las medidas.
Instrumentalización de la ley: Se utiliza la amnistía para “perdonar” a personas cuyos juicios nunca se realizaron o cuyas pruebas fueron inexistentes, evitando que el Estado asuma la responsabilidad por la detención arbitraria.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
José Gregorio Alfonso, presidente de Apucv, informó que esta convocatoria será a las 10:00 de la mañana en Parque Carabobo, para movilizarse hacia Plaza Caracas. Lo mismo debe replicarse en todas las regiones del país, donde acudirán a las diferentes inspectorías de trabajo.
El profesor universitario destacó que el reclamo será “la falta de respuesta por parte del Ejecutivo Nacional”. Además, señaló que ese día pedirán a la comisión tripartita que no quieren “seguir dilatando las soluciones salariales de los trabajadores”, así como también recordarán al nuevo ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, que el Estado debe dar respuesta a sus exigencias.
“Llamamos a todos nuestros jubilados afiliados a la federación, que son 72 organizaciones del nivel central y 24 en el interior, a que atiendan este llamado y salgan también acompañando a todos los trabajadores”, añadió Alfonso.
#EnVideo | La Asociación de Profesores de la UCV (@APUCV) convoca a todos los universitarios y a toda la sociedad venezolana a movilizarse este #23Mar a las 10:00 AM desde Parque Carabobo a Plaza Caracas, ante grave crisis salarial que atraviesan los universitarios y todo el… pic.twitter.com/z8lAFGHu1w
El pasado 12 de marzo, representantes gremiales, sindicales, trabajadores, jubilados, pensionados y estudiantes acudieron a la Plaza Morelos, en Caracas, para exigir mejoras salariales y de pensiones. Sin embargo, su sorpresa fue conseguir una inmensa tarima del chavismo a escasos metros bloqueando el acceso en la avenida Universidad, además de presencia de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La multitud pasó frente al Ministerio Público ante la mirada de empleados. Asimismo, trabajadores del Metro de Caracas salieron a observar la protesta, conformada básicamente por personas de la tercera edad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“No se trata de una cacería de brujas”, respondió la aspirante a convertirse en Fiscal General de la República, Magaly Vásquez, cuando la directora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), Ronna Rísquez, le preguntó sobre una eventual depuración del Ministerio Público durante La Conversa de este miércoles 18 de marzo de la coalición conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que llevó por título “El reto de tener una Fiscal General independiente”.
La secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es una de las 74 aspirantes al cargo, según expuso Víctor Amaya, director de Tal Cual.
Vásquez aseguró que hay capacidad de depurar al Ministerio Público y es necesario hacerlo.
“No podemos seguir siendo selectivos a la hora de investigar. Así como hay fiscales que han delinquido y tienen que ser sometidos a la justicia, también queda gente honorable en la institución. Con esta posibilidad que tengo, muchas personas me han escrito expresando su deseo de pertenecer o volver a formar parte de la administración pública”, dijo la abogada, quien aspira ocupar la plaza que dejó vacante Tarek William Saab luego de su renuncia el pasado 25 de febrero.
Luis Blanco, director de Runrunes, hizo hincapié en la necesidad de adelantar investigaciones a funcionarios envueltos en posibles crímenes contra los derechos fundamentales del venezolano.
A juicio de Vásquez, toda persona, independientemente de su cargo, puede ser investigada por el MP y rendir cuentas.
“Las víctimas tienen derecho a que les den una respuesta. El asunto es que no podemos cambiar tantas desatenciones a las leyes de un día para otro, hay mucho que hacer, pero no le tengo miedo al volumen de trabajo, es necesario establecer concursos para escoger gente, hacer planes, indicadores, proyectos y promover políticas públicas”.
Según Vásquez, el MP ha tomado atribuciones que no le corresponden.
“Un Fiscal General no puede calificar a nadie de culpable, esa es una función de los jueces. El Fiscal General no debe interrogar, debe saber de derecho, ir más allá de las redes sociales, es un funcionario que representa la institución para que haya unidad de criterio”.
Vásquez aseguró que de quedar seleccionada para el cargo que Tarek William Saab ocupó por nueve años, no actuará con revanchismo.
“Yo no tengo enemigos, ni llegaría para perseguir a nadie. No tengo compromisos, siempre he combinado mi actividad docente con el ejercicio profesional. Hay que empezar a ofrecer respuestas expeditas”.
La profesional del derecho indicó que de los 73 postulados restantes conoce apenas a una decena y con algunos posee reservas.
Alertó que lo fundamental es que quien sea seleccionado por la Asamblea Nacional cumpla con el perfil adecuado y no tenga vinculaciones políticas.
Vásquez aspira que el proceso para la escogencia del funcionario público sea transparente en función del supuesto ambiente de reconciliación y reinstitucionalización que se respira en el país.
“Tomé la decisión de postularme porque mi perfil se adapta, siempre me ha gustado la función pública, llegué a la universidad por un préstamo y ya han pasado 29 años, anteriormente era abogada en el Congreso Nacional”.
La docente informó que el Colegio de Abogados del estado Lara la postuló en 2014 al puesto de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la Sala de Casación Penal, pero no fue seleccionada.
Vásquez indicó además que fue coredactora del Código Orgánico Procesal Penal.
“Es el instrumento que definió la verdadera función del Ministerio Público, he dedicado parte de mi vida a estudiar al MP. ¿Entonces por qué no voy a participar por el puesto de Fiscal?”.
Aunque asegura contar con los requisitos para ocupar la función, no sintetiza la escogencia a un mero tema de credenciales
“Hay que ir un poco más allá, el MP debe caracterizarse por una actuación imparcial e independiente, de ausencia de compromiso”.
La docente dijo que las víctimas venezolanas han buscado refugio en organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque sienten que en Venezuela no hay justicia imparcial.
“El Estado no hace su trabajo, hay que rescatar la soberanía y eso se activa actuando”.
La gente en la calle
Rísquez apuntó que las diversas protestas que se han generado en Venezuela recientemente demuestran el descontento de las personas, que ven ingresos por concepto petrolero para el Estado que no se generan en una mejora de calidad de vida para el pueblo.
Este lunes 16 de marzo, la ciudad de Caracas amaneció con un paro de transporte que devino en un aumento del pasaje a 100 bolívares, menos de un cuarto de dólar.
Previamente se produjo una marcha de gremios, sindicatos y estudiantes a la Asamblea Nacional para exigir incremento del salario mínimo, estacionado en 130 bolívares desde 2022, y una concentración frente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en pos de una demanda por el desbloqueo de portales web de información independientes y de la red social X.
Blanco sostuvo que el palpitar de la gente en Venezuela apunta a que la situación económica ha empeorado en lo que va de 2026.
Rísquez indicó que el chavismo ha mostrado señas de debilidad después de la incursión armada del pasado 3 de enero que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y por eso la población ha decidido hacer exigencias frontales a quienes están en el poder.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En una reciente edición de Espacio Runrunes, el economista Ronald Balza analizó el complejo panorama económico venezolano de inicios de 2026, advirtiendo sobe el “optimismo irracional” que se ha generado en torno a los flujos petroleros y la supuesta recuperación del país. Durante la conversación, Balza enfatizó que, si bien hay cambios en la dinámica comercial con Estados Unidos, la ausencia de datos oficiales y la falta de transparencia siguen siendo los principales obstáculos para una estabilidad real.
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello explicó que la expectativa de mejora se alimentó de la creencia de que el petróleo enviado a EE. UU. generaría pagos inmediatos para estabilizar el mercado cambiario. Sin embargo, denunció que las promesas de transparencia no se han cumplido. “La información sobre los flujos petroleros iba a estar disponible en una página web… Esas páginas no existen. Esa es la primera decepción en términos de información que no tenemos”.
Además, señaló que la operatividad de estos recursos es limitada y compleja debido a que las sanciones al Banco Central de Venezuela persisten, obligando a usar canales triangulados, como fondos en Qatar.
El drama salarial y la pérdida de productividad
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la situación de los trabajadores y pensionados. Balza rechazó el argumento de que no se pueden aumentar los salarios por “baja productividad”, sugiriendo que la relación es inversa: la caída del salario destruyó la productividad. Como ejemplo, el decano de la UCAB recordó el caso del “horario mosaico”, donde el Estado aceptó que un docente solo trabaje dos días a la semana porque no puede pagarle, lo que termina por mermar la formación y el futuro del país e insistió con el tema de la transparencia y las cuentas claras.
“Cuando los trabajadores piden aumentos, no sabemos cuántos empleados públicos hay, ni cuáles son las escalas salariales, ni cómo se financian los bonos que recibe”.
En el caso del sector privado, Balza también abordó la realidad de quienes intentan levantar negocios en una economía “cerradita” y sin crédito, donde la tasa de mortalidad empresarial es alarmante. “Con un encaje legal del 73% sobre la banca, no hay financiamiento para que una buena idea crezca una vez que se agotan los ahorros familiares”, dijo.
El costo de registrar una empresa y pagar impuestos en un mercado empobrecido es tan alto que la mayoría prefiere la “buhoneralización digital” o vender por Instagram sin formalizarse y en ese sentido, el economista critícó leyes de emprendimiento que exigen registros pero no ofrecen incentivos reales ni sostenibles.
Para Balza, no basta con aprobar leyes para atraer capitales; se requiere seguridad jurídica y, sobre todo, información detallada.
Esperando el crédito internacional
Balza fue tajante al explicar que, aunque el gobierno de EE. UU. flexibilice su postura ante funcionarios como Delcy Rodríguez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se rige por normas técnicas que Venezuela dejó de cumplir hace mucho tiempo. El economista recordó que el presidente Hugo Chávez dejó de cumplir con el Artículo IV del convenio constitutivo del FMI en 2004. “Van veintiún años sin que una misión del Fondo Monetario venga a Venezuela a ver las cifras y hablar con el Banco Central”, señaló Balza, subrayando que esta es una regla universal para todos los países miembros.
La falta de cuentas claras no solo aleja a los organismos multilaterales, sino que genera un escenario de conflicto con los tenedores de deuda externa y acreedores comerciales. Balza advirtió que cualquier intento de refinanciamiento será cuesta arriba si no hay un orden de prelación claro. En este sentido, el papel del FMI es crucial no solo como prestamista, sino como el ente que valida las cifras para que los acreedores acepten negociar en términos más favorables.
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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 20 de marzo,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Venezuela ingresó al olimpo de los campeones del Clásico Mundial de Béisbol en un 2026 marcado por tensiones, crisis y cambios. El país activó una tregua para drenar años de angustia. No fue solo un título; fue el ejercicio soberano de la alegría y un bálsamo para una autoestima nacional herida.
La celebración dejó una pregunta en el aire: ¿por qué se sintió tan intensa? ¿Por qué este triunfo se experimentó como una descarga colectiva? Yorelis Acosta, psicólogo clínico y social y coordinadora de investigación del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes-UCV) advierte que aunque este triunfo nos dio una lección de trabajo en equipo, coordinación y profesionalismo, la traducción a la realidad no es automática.
El tráiler de la próxima película de Spider- Man: Un Nuevo Día ya hizo historia. Fue lanzado el miércoles por la mañana y se ha convertido en el tráiler más visto de todos los tiempos con 718,6 millones de reproducciones en tan solo 24 horas. El récord anterior lo ostentaba “Deadpool y Wolverine”, que alcanzó los 365 millones de visualizaciones.
La cinta, que se estrenará el 31 de julio, abordará la vida de Peter Parker cuatro años desde los sucesos de ‘No Way Home’: ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos.
“Luchando contra el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás”, dice la sinopsis del tráiler.
Azuquita pa’l café
“Jugando chapita” es el tema con el que Rawayana y Neutro Shorty homenajearon el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol.
“Venezuela quedó campeón yesto solo es el comienzo. ¡Gracias muchachos, esto es lo que nos merecemos!”, dice el mensaje que colocaron junto al video.
La ñapa (recomendamos…)
No te puedes perder el episodio 7 del vlog sobre la final del Clásico Mundial del Béisbol de “El Cuartico”: El drama del partido narrado por Daniel y Estepanía, el gringo que solo sale con mujeres venezolanas y la explosión de la celebración del título de la selección nacional.
Imagina un agujero negro financiero con una fuerza de succión tan grande capaz de devorar hasta 300 000 millones de dólares. Dinero que debía convertirse en comida, medicinas, inversión en hospitales o garantizar servicios públicos terminó cruzando el “horizonte de sucesos” hacia empresas de maletín y cuentas en el extranjero. 🕳️💸
El control de cambio creado en 2003 por el gobierno de Hugo Chávez prometía proteger las reservas tras el paro petrolero y garantizar divisas para necesidades básicas. En la práctica, el sistema —administrado por Cadivi y luego Cencoex— fue mucho más que unas carpetas para obtener dólares para viajes en el exterior y terminó convirtiéndose en una estructura opaca que facilitó el desvío masivo de fondos públicos.
La mecánica era simple: el Estado entregaba dólares preferenciales para importar alimentos o medicinas. Pero muchas empresas eran fantasmas. Las mercancías no llegaban, se sobrefacturaban importaciones o los dólares se revendían en el mercado negro con ganancias de hasta 1000%: todo se perdía de vista, menos la corrupción.
La falta de acceso a divisas oficiales para importar materias primas, sumado a precios controlados por debajo del costo de producción, provocó escasez generalizada, cierre de empresas y una severa crisis económica por los desequilibrios estructurales y caída de la producción nacional.
El propio Jorge Giordani, exministro de Planificación y de Finanzas e impulsor y defensor técnico del control de cambio, trece años después tuvo la “iluminación” de solicitar, -junto al también exministro, Héctor Navarro- investigar el destino de 300 000 millones de dólares presuntamente malversados. Justo en el año 2016, cuando la escasez de productos básicos superaba el 80%, el PIB se desplomaba a niveles sin precedentes y la migración venezolana comenzaba a ser una de las mayores crisis de desplazamiento a nivel global.
En este #TBTDeLaImpunidad recordamos que La luz no escapa de un agujero negro, y en esta trama, la justicia tampoco ha dado señales. Con el 80% de los casos impunes, la pregunta sigue siendo: ¿Quién nos devuelve lo que succionó la corrupción?
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
