El Ministerio Público debería ser uno de los pilares del Estado de derecho, el garante de la legalidad y el encargado de combatir la impunidad, de acuerdo a un comunicado de la ONG Transparencia Venezuela.
Según la organización, el debate nacional no debe concentrarse únicamente en la designación de un nuevo Fiscal General de la República sino en establecer una reestructuración profunda de la entidad
El documento expone que las debilidades de la Fiscalía no son recientes ni puntuales, sino estructurales y así también lo han manifestado otras instancias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
“El Ministerio Público ha sido caracterizado como una estructura que criminaliza, persigue y viola los derechos de todos los venezolanos”, expone el comunicado.
De acuerdo a la ONG Transparencia Venezuela, el MP es cómplice de la corrupción transnacional y garante de la impunidad. “La Fiscalía no actúa como garante de la legalidad, sino muchas veces como instrumento del poder”.
La ONG puntualizó que en la lista de postulados existen algunos nombres de reconocida trayectoria ética y profesional, sin embargo el reto es combatir las redes de corrupción y diseñar un plan de rescate de la institución.
El informe específico varias falencias del Ministerio Público que estuvo conducido durante nueve años por Tarek William Saab:
-Falta de independencia frente al poder político.
-Alta provisionalidad y falta de carrera en el Ministerio Público.
-Concentración excesiva de poder en el cargo de fiscal general.
-Uso político del sistema penal.
-Impunidad estructural.
-Falta de transparencia y rendición de cuentas.
-Debilidad técnica y organizativa.
-Desconfianza ciudadana y subregistro del delito.
Transparencia Venezuela expuso que para hacer del Ministerio Público una institución proba debe existir independencia política y relaciones de respeto sobre el resto de los organismos de justicia, policiales, investigación, de prisiones, y los otros poderes del Estado.
Además de eso debe haber autonomía financiera, lo que se traduce en recursos para todo el sistema de justicia.
“Los recursos para los órganos del Poder Judicial no han llegado a 1,5% del presupuesto nacional en las últimas décadas”, especificó el informe.
Para la organización la tarea del Ministerio Público se traduce en acabar con la impunidad y recuperar el Estado de derecho y el debido proceso.
“Para ello tendrá que investigar y procesar a los miembros de la red de gran corrupción y de economías ilícitas; de las organizaciones criminales; a los violadores de derechos y torturadores; a los grupos de extorsión; y demás responsables de la destrucción de Venezuela. Pero muchos están aún en el poder”.
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