¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 20 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
La presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ofreció este domingo 19 de abril un balance de sus primeros 100 días de gestión. A través de un video grabado y difundido en cadena nacional, la funcionaria aseguró que Venezuela atraviesa “un nuevo momento histórico” marcado por avances en seguridad ciudadana, reconciliación nacional y recuperación económica.
María Corina Machado: María Corina Machado: “No descansaremos hasta que todos, todos sean libres y exista justicia y reparación en Venezuela para todos aquellos que han sido perseguidos. En esta hora quiero pedirles, es el momento de la mayor entrega”
Lo que rompe en redes
Así despidió Mérida a Alexis Montilla, emprendedor merideño, creador de los parques “Los Aleros” y “La Venezuela de Antier”. Un venezolano insigne que transformó el turismo en la entidad andina.
Este #19Abr se estrenó en Madrid, España, el documental “Óscar”, una producción que narra la historia de Óscar Perez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que fue asesinado en 2018 durante un operativo con fuerzas de seguridad. Esta cinta está dirigida por Vanessa White, quien recopiló información y testimonios para plasmar la vida de Pérez y su trayectoria.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hace poco cayó en mis manos una copia del IX Coloquio Internacional de Geocrítica “LOS PROBLEMAS DEL MUNDO ACTUAL SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DESDE LA GEOGRAFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES”, que se celebró en Porto Alegre, Brasil, entre el 28 de mayo y el 1 de junio de 2007, en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Casi 20 años después está más vigente que nunca, por eso quiero traerlo a colación:
Hay países que no mueren de un disparo. Se mueren de desgaste.
No hay un día exacto en el calendario en el que alguien pueda decir: “hoy empezó el final”. No. La muerte de un país es un proceso silencioso, casi elegante en su lentitud, como esas enfermedades que avanzan sin dolor hasta que ya es demasiado tarde.
Primero, se erosiona la confianza: la gente deja de creer. No de golpe, sino poco a poco. Deja de creer en las instituciones, en los líderes, en la justicia. Empieza a sentir que las reglas no son iguales para todos, que hay ciudadanos de primera y de segunda. Y cuando esa sensación se instala, algo profundo se rompe: el contrato invisible que sostiene a una nación. Las crisis políticas suelen comenzar así, como una grieta en la legitimidad que luego se convierte en abismo.
Después, se deforman las instituciones. No desaparecen —eso sería demasiado evidente—. Se mantienen, pero vacías. Los parlamentos siguen sesionando, los tribunales siguen dictando sentencias, las elecciones siguen celebrándose. Pero todo empieza a funcionar como una escenografía. Las decisiones ya no nacen del equilibrio de poderes, sino de la imposición. Cuando un poder absorbe a los otros, cuando las reglas se reinterpretan para perpetuar a quienes mandan, ya no hay república, aunque se siga llamando así. La ruptura del orden institucional suele presentarse precisamente de ese modo: como legalidad aparente y arbitrariedad real.
Luego, llega la normalización de lo inaceptable. Lo que antes escandalizaba, ahora apenas sorprende. La corrupción se vuelve cotidiana. El abuso se justifica. La mentira deja de ser castigada y pasa a ser estrategia. Y la sociedad, cansada o resignada, empieza a adaptarse. Porque el ser humano tiene una peligrosa capacidad para acostumbrarse a todo, incluso al deterioro.
Más adelante, el país comienza a vaciarse. No solo de recursos, sino de gente. Se van los jóvenes, los profesionales, los soñadores. Se va el talento. Se va la esperanza. Y los que se quedan aprenden a sobrevivir en lugar de vivir. La crisis institucional ya no es un concepto abstracto: se convierte en la imposibilidad de construir un futuro.
Y entonces ocurre lo más grave: se pierde el sentido de nación. Un país no es solo un territorio ni un gobierno. Es una idea compartida. Es la certeza de que, a pesar de las diferencias, hay algo que nos une. Cuando esa idea desaparece, cuando cada quien empieza a vivir en su propia burbuja de supervivencia, el país deja de existir como proyecto colectivo. La fragmentación social y la desconfianza terminan por disolver ese tejido común que alguna vez sostuvo todo.
Lo más trágico es que, desde adentro, la muerte no siempre se percibe. Porque todo ocurre gradualmente. Porque siempre hay una excusa, una explicación, una promesa de que mañana será mejor. Y porque el deterioro se disfraza de normalidad.
Y así, un día cualquiera, sin ruido, sin ceremonia, sin que nadie lo declare oficialmente, un país ya no es lo que era. No porque haya desaparecido del mapa.
La presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ofreció este domingo 19 de abril un balance de sus primeros 100 días de gestión. A través de un video grabado y difundido en cadena nacional, la funcionaria aseguró que Venezuela atraviesa“un nuevo momento histórico” marcado por avances en seguridad ciudadana, reconciliación nacional y recuperación económica.
Rodríguez afirmó que desde el pasado 3 de enero, el país “vive más tranquilo” y experimenta un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 9 %, con 20 trimestres consecutivos de expansión.
“Hoy Venezuela se ubica entre los países más seguros de la región, con tres homicidios por cada 100.000 habitantes y más de 6.000 cuadrantes de paz activos. Esto significa algo muy claro. Más tranquilidad para nuestras familias y más estabilidad para el país”, aseguró Rodríguez.
La mandataria encargada precisó que en lo económico Venezuela ha entrado en una nueva fase de crecimiento con un Producto Interno Bruto que se ubica en 9 % con 20 trimestres consecutivos de expansión. Rodríguez explicó que dicho crecimiento se va a sentir aun más con la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas.
“Venezuela entra en una nueva etapa con metas claras para atraer inversión, tecnología, desarrollo productivo y creación de nuevos empleos”, aseguró.
La mandataria interina informó que PDVSA produce actualmente 1,1 millones de barriles diarios y que el país ha retomado la exportación de gas. Aseguró que este mes se espera recuperar el nivel de producción petrolera registrado en diciembre de 2025, afectado —según dijo— por el bloqueo internacional.
Delcy Rodríguez afirmó que estos primeros 100 días “no son un punto de llegada”, sino el inicio de una nueva etapa para “recuperar la esperanza, alentar la confianza y garantizar el futuro de la juventud”. Concluyó su mensaje apelando a la unidad nacional: “Cuando un país se une, cuando una familia se reencuentra, cuando un pueblo decide avanzar, no hay nada que lo detenga”.
Estos 100 días son el inicio de una nueva etapa. Una etapa para recuperar la esperanza, alentar la confianza y volver a encontrarnos entre venezolanos. Porque cuando un país se une, cuando una familia se reencuentra, cuando un pueblo decide avanzar, no hay nada que lo detenga 🇻🇪 pic.twitter.com/JUVwct2Tlh
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Gobierno interino de Delcy Rodríguez, con el aval de los Estados Unidos, presentó en el mes de febrero la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática como un mecanismo de perdón y reconciliación nacional. Sin embargo, desde el primer momento de su creación, varias paradojas jurídicas aparecen como banderas rojas que reflejan la incoherencia entre el discurso oficial que promete “pasar la página” frente a una normativa totalmente discrecional.
ONG, defensores de derechos humanos y abogados han señalado recientemente que la principal paradoja de la Ley de Amnistía es que fue diseñada y aplicada por el mismo Estado que ha sido señalado en reiteradas oportunidades por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional (AI) de ser el principal violador de derechos humanos en Venezuela.
Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de la ONG Laboratorio de Paz, explicó que otra de las paradojas de la Ley de Amnistía es que el Gobierno venezolano no ha reconocido su responsabilidad en la violación de derechos humanos ni ha ofrecido mecanismos para la reparación. “Hay un problema estructural con la Ley de Amnistía. Es una norma que está siendo aplicada por el mismo gobierno que cometió las violaciones, una ley solitaria que no es parte de un proceso integral de reparación y no repetición de los hechos”, explicó Uzcátegui y resaltó que todas las leyes de amnistía promovidas bajo gobiernos autoritarios en la región han contribuido a fortalecer la impunidad.
No reconoce ni repara daños
La amnistía es un proceso jurídico aprobado por el Poder Legislativo con el fin de perdonar colectivamente delitos generalmente de naturaleza política; sin embargo, la Ley de Amnistía que se aplica en Venezuela funciona de manera distinta. Aquí no se reconocen los abusos cometidos por parte del Estado, no repara los daños causados y no ofrece garantías de no repetición.
Para la coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, el no reconocimiento ni la reparación de los daños causados es una “gran contradicción” que impacta directamente en quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
“La ley no menciona la reparación, no reconoce el daño y no incorpora garantías de no repetición. Las víctimas siguen enfrentando solas las consecuencias de detenciones arbitrarias, torturas o ejecuciones extrajudiciales, mientras el Estado evita su responsabilidad”, explicó Tineo.
La abogada y defensora de derechos humanos insistió en que actualmente la amnistía no puede considerarse como un mecanismo de reconciliación cuando millones de personas son invisibilizadas.
En un país democrático donde existe la independencia de poderes, una Ley de Amnistía sería considerada como un avance hacia la construcción de una paz y una reconciliación verdadera. En Venezuela, la aplicación discrecional de la amnistía y la negación de la misma rompe con los principios de reparar las injusticias cometidas.
Un ejemplo claro de esta contradicción es el caso del abogado y asesor de la líder de oposición María Corina Machado, Perkins Rocha quien estuvo detenido y aislado durante un año y seis meses sin juicio, sin condena, sin pruebas que lo vincularan directamente a los delitos del terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.
Actualmente, Rocha se encuentra bajo libertad condicional y con un grillete electrónico en su tobillo. El pasado mes de marzo denunció que se le negó el beneficio de la amnistía por delitos que nunca cometió.
El caso del periodista Rory Branker es similar. El editor del portal web La Patilla estuvo más de 200 días sometido a desaparición forzada y casi un año detenido sin juicio por los mismos delitos que acusaron a Perkins Rocha.
Rory Branker fue liberado con medidas restrictivas de libertad y cuando solicitó la amnistía el Estado se la negó rotundamente.
“Me han hecho solicitar un perdón por delitos que no he cometido para luego negarme ese perdón”, reclamó Rocha y agregó que “la saña del estado es insaciable”.
Los casos de Branker y Rocha demuestran cómo la Ley de Amnistía opera sobre hechos ficticios, pues nunca hubo un juicio, se les negó la defensa privada y nunca se comprobó la existencia real de los delitos. Sobre este punto, el activista Rafael Uzcátegui opinó que la Ley de Amnistía es “chucuta” y cuestionó que el Gobierno interino sigue considerando que los beneficiarios de la ley son “delincuentes” a los cuales se les estaría “perdonando” su falta.
Otro caso paradójico con la administración de la Ley de Amnistía es el del teniente Igber Marín Chaparro. Pese a haber cumplido una condena de siete años y seis meses en 2025 por instigación a la rebelión —exigir alimentación y denunciar hechos de corrupción en la Fuerza Armada— familiares del militar denunciaron que a pocos días de cumplir su pena, le impusieron otra causa por los delitos de terrorismo y traición a la patria.
Amnistía excluyente
El Gobierno interino empezó a mencionar la palabra amnistía después de los sucesos del 3 de enero de 2026. Antes de esa fecha, estaba completamente vetado en la administración oficialista. Desde la publicación y aprobación de la Ley de Amnistía, abogados y defensores de derechos humanos ya advertían que la misma estaba concebida para ser aplicada de manera selectiva.
Según la redacción de la ley, quedan excluidos del beneficio todos aquellos que hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos previstos en la ley contra la corrupción.
Están igualmente exentos de amnistía las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial.
Recientemente, la ONG Defiende Venezuela aseveró mediante la publicación de un boletín que la aplicación de la amnistía ha sido “selectiva, limitada y discrecional”.
De acuerdo a la organización, la discrecionalidad en la aplicación del documento legal “compromete el derecho a la libertad personal y afecta los principios de igualdad y seguridad jurídica”.
Asimismo, pone en entredicho su efectividad real como mecanismo de reconciliación. “Los hechos evidencian una implementación condicionada por criterios políticos, lo que limita su alcance y profundiza la desconfianza en las instituciones de justicia”, se lee en el boletín.
El documento destacó la negativa de amnistía a los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, detenidos entre el 4 y 7 de julio de 2022.
Igualmente, resaltaron la exclusión de la amnistía de los denominados “policías metropolitanos” detenidos por los hechos del 11 abril de 2002 en Puente Llaguno.
Perdón sin transición
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) recordó en un artículo publicado en su página web que las leyes de amnistía han sido, en muchos contextos, herramientas clave para ayudar a impulsar transiciones pacíficas y desempeñar una función importante en la superación de conflictos armados o políticos.
La organización explicó que una amnistía puede jugar un papel clave en la reconstrucción de la confianza hacia las instituciones y entre distintos sectores de la sociedad, pero recalcó que en el contexto venezolano “todo se ha producido de manera atípica porque no hay nada que indique que el país está atravesando por una transición”.
El ICTJ cuestionó que una Ley de Amnistía como la que se aplica en Venezuela pueda operar bajo un sistema que no ha mostrado cambios o mejoras en el tratamiento de los derechos humanos.
La organización internacional señaló que es una gran paradoja el hecho de sean las mismas instituciones y funcionarios que crearon la ley quienes la apliquen.
El pasado 7 de abril, la presidenta encargada Delcy Rodríguez elogió la Ley de Amnistía en Venezuela tras preguntarle a la Inteligencia Artificial como era esta normativa en comparación con las que se han aplicado en otros países.
Según Rodríguez, la IA arrojó que “es la ley que se ha aplicado con mayor rapidez, con mayor aplicación técnica” incluso en países como Sudáfrica y España.
Días después, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria para la Ley de Amnistía, informó que desde el mes de febrero se han otorgado 8.351 libertades plenas.
Arreaza aprovechó el momento para respaldar las declaraciones de Rodríguez y calificó a la ley como “expedita y eficiente” frente a otros procesos internacionales similares.
Rafael Uzcátegui opinó que la comparación realizada por Rodriguez demostró una “profunda ignorancia y tergiversación de los hechos” debido a que en Venezuela la ley es una iniciativa promovida por el mismo gobierno que cometió los crímenes de lesa humanidad y la comisión encargada de monitorear su cumplimiento es presidida por una persona sin independencia, absolutamente ignorante en temas de derechos humanos.
“La ley no busca realmente la democratización del país, sino cumplir parcialmente el acuerdo de trabajo actual con los Estados Unidos”, insistió Uzcátegui.
En otros países, el recurso de amnistía se ha aplicado en conflictos políticos para lograr la paz y el bienestar común de todos los habitantes. En Sudáfrica (1995) este recurso permitió que los agentes del Estado como los Apartheid (una especie de sistema de discriminación racial) confesaran sus crímenes públicamente a cambio de no ir a la cárcel. El objetivo de esta ley era lograr paz social mediante la honestidad garantizando que el Gobierno no perseguiría a quienes admitieran sus delitos políticos.
La Comisión de Verdad y Reconciliación fue un proceso fundamental de la transición hacia la democracia liderado por Nelson Mandela tras el fin del régimen del Apartheid. Con ello se logró evitar una guerra civil, el país se unificó bajo un gobierno multiracia y la acción contribuyó a que los familiares de estas víctimas por fin supieran la verdad.
En España, la Ley de Amnistía (1977) permitió la transición de la dictadura de Francisco Franco a la democracia. La ley perdonó tanto a los presos políticos que habían luchado contra el régimen como a los funcionarios y policías que habían cometido los abusos. Básicamente, logró que España pasara de la dictadura a una democracia, logró vaciar las cárceles y permitió que partidos políticos prohibidos regresaran, pero a cambio impuso una especie de olvido que impidió que se investigaran los crímenes y torturas cometidos por el Estado.
La Ley 1820 firmada en Colombia en el año 2016 permitió que guerrilleros dejaran las armas y regresaran a la vida civil en Colombia sin ir a la cárcel. El objetivo de esta amnistía era dar seguridad jurídica que garantizara que el Estado no perseguiría a esos guerrilleros por delitos políticos, solo si no habían cometido actos atroces o de lesa humanidad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, condicionó la construcción de hospitales, mejora de salarios y desarrollo de infraestructura al levantamiento total de sanciones internacionales,
“Si logramos que se levanten todas las sanciones, que vengan todas las empresas extranjeras, que se desarrollen todas las actividades económicas, para que podamos construir los nuevos hospitales, para que podamos mejorar definitivamente los ingresos de los salarios”, afirmó Rodríguez en el marco del inicio de la “Gran Peregrinación por la Paz y Sin Sanciones” en el estado Amazonas.
Rodríguez expresó que con tan solo Estados Unidos haber levantado 14 sanciones “ya se nota que la economía se está redinamizando, imagínense si con la unión nacional logramos que se levanten todas las sanciones”, cuestionó.
🇻🇪 Jorge Rodríguez promete hospitales y salarios… si se levantan todas las sanciones
📌 Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, condicionó la construcción de hospitales, mejora de salarios y desarrollo de infraestructura al levantamiento total de sanciones… pic.twitter.com/JD5trUOSkp
El presidente de la AN aseguró que en apenas 100 días de gestión de Delcy Rodríguez, los resultados de la flexibilización de algunas sanciones “ya son tangibles para la población“.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Plataforma Unitaria presentó el plan de esta alianza para darle contenido y orientación política a la aspiración de una transición a la democracia en Venezuela. La militancia de los partidos que conforman esta coalición se reencuentran las caras con sus estructuras en reconstrucción, luego de pasar largo tiempo en prisión o en la clandestinidad. Ya se están diseñando plenos regionales y las primeras giras nacionales, en las cuales ha regresado, incluso, el proselitismo.
La vocería opositora está clara en la inexistencia actual de una transición democrática, la necesidad de elecciones libres como condición indispensable y la importancia de la unidad política y social para alcanzarla. Por ahora se trata de un paso necesario, pero no suficiente.
Interpretando a Rubio
Este documento, llamado formalmente “Hoja de Ruta para alcanzar una transición democrática en Venezuela es una especie de interpretación, de desarrollo del bosquejo propuesto para Venezuela por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio –“estabilización, recuperación, transición”- luego del ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero, en el cual fue arrestado Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Una proposición en el cual se ha invocado la importancia de organizar un cronograma, por ahora inexistente, de aquello que se debería acometer.
“La transición democrática requerirá de una estrategia clara que combine la expresión ciudadana coordinada”, reza la exposición de motivos de este documento, “-tanto en lo interno como internacional-con negociación política, orientada a generar las condiciones necesarias para organizar unas elecciones libres y la restitución del orden constitucional”.
En ese sentido, la apuesta vuelve a ser la unidad opositora y Biagio Pilieri, quien también fue víctima de la represión y prisión política tras promover las presidenciales de 2024, recordó hitos como la organización de las primarias de 2023 y los esfuerzos por llegar al 28 de julio de 2024, en los que, ratificó, se ganó “contundentemente”.
La fase de la estabilización es concebida como el punto de partida de la transformación institucional, en un marco que va más allá de las consideraciones electorales, y que comprende las garantías constitucionales, poderes públicos autónomos; el retorno de los exiliados; el desmontaje del aparato represivo; la eliminación de las inhabilitaciones políticas; la presencia de funcionarios internacionales en calidad de garantes. La etapa de la recuperación, la segunda del plan, comprende la consolidación de la apertura económica, producto de los avances institucionales.
En búsqueda de las elecciones soñadas
La transición, tercera estación de la Hoja de Ruta, tendría como objetivo central “la convocatoria a unas elecciones libres, competitivas y reconocidas, en un entorno de garantías políticas e institucionales reestablecidas”.
Se trata de un esbozo que sigue siendo muy general, y que no da respuesta al encendido debate existente en la sociedad democrática sobre la pertinencia de la fecha a unas elecciones.
Robert García, secretario general nacional de Copei, planteó la necesidad de trabajar por condiciones electorales adecuadas: “Lo que clamamos al final es un CNE confiable, para lograr una elección libre y transparente, resolver nuestras diferencias a través del voto”.
Pero la verdad es que sigue siendo difícil figurarse una operación política fuera del marco legal que impone el régimen, y en consecuencia desarrollar argumentos no es tan sencillo.
La Plataforma Unitaria envía un documento con algo telegrafiado y predecible; en el cual, más bien, se lee el interés por poner sobre el papel algunos principios sobre los cuales ponerse de acuerdo en el orden interno. Es evidente que queda mucho por hacer para depurar procesos en aquella coalición.
¿Preparen maletas?
Mientras María Corina Machado calcula sus opciones para poder regresar a Venezuela, el movimiento democrático que sigue en Venezuela sale de la zona del hielo, con arrestos, pero a tientas, no sin dificultades para convocar. De manera aguerrida, los llamados son ahora cada jueves. Todavía con muchas bajas que contabilizar, y en medio de una infraestructura precaria.
Con muchos partidos políticos incluso sin sedes nacionales donde reunirse. En medio de un ambiente en el cual todavía se palpa la prevención ciudadana: reencuentros militantes, demandas de mejoras salariales y protestas por el trato dado a los presos políticos.
Por contrapartida, el apoteósico acto en respaldo a Machado que tuvo lugar en la Puerta del Sol, en Madrid, acaso se transforma en un eco que está expresando aquello que se siente también en Caracas. “Preparen sus maletas, que regresamos a Venezuela”, ha afirmado ante una fervorosa multitud.
A pesar de su arraigo, Machado sigue siendo uno de los tabúes más evidentes de la política venezolana actual. El trabajo ahora será reconectar las energías de ambas realidades. Es muy probable que el régimen haga de su permanencia en el exterior un punto de honor, y que ese pulso se desarrolle completo en lo que quede de año.
El torbellino ciudadano de Machado hará todo lo necesario para procurar forzar una fecha electoral en las semanas que se aproximan. En la Casa Blanca le pidieron a Machado “paciencia”. Hace poco, Michael Kozak, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, habló del fin de la primera de las etapas enunciada por Rubio, -y ahora por la Plataforma Unitaria-, un umbral que se viene a concretar con el levantamiento de las sanciones a la banca pública y el anunciado regreso al país del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Los dolientes del status-quo -Delcy Rodríguez, el gobierno chavista, y los sectores independientes que le acompañan- intentan retardar, dilatar, y regatear la convocatoria a una elección. Bernabé Gutiérrez fue el primero que habló del año 2030. Diosdado Cabello lo zanjó sin afeites: “cuando tengan que hacerse”. En sectores de la oposición moderada local -Enrique Márquez y algunos diputados, se piensa en el año 2028 como un escenario realista. Márquez cree que será importante forzar más barreras, romper más umbrales, persuadir más voluntades y conjurar más resistencias.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Abogado y Presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, afirmó que la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 de febrero para beneficiar a los presos políticos, “no ha sido ni el todo ni la nada”.
En entrevista para el programa Abriendo Puertas, transmitido por el canal Venevisión, Romero explicó que si bien es cierto que dicha ley ha beneficiado a miles de personas con la eliminación de medidas restrictivas, no ha logrado abarcar la totalidad de los casos de presos políticos en el país.
Según explicó el director del Foro Penal, desde el 8 de enero hasta la fecha, de los más de 760 presos políticos excarcelados, solo 180 han sido beneficiados directamente por la amnistía.
Según cifras oficiales, más de 8.000 personas han sido amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de libertad.
La ONG Foro Penal actualizó este sábado, 18 de abril, la cifra de presos políticos en Venezuela: 477 personas siguen tras las rejas, de las cuales 45 son mujeres y una es adolescente.
Romero señaló que la aplicación parcial de la ley mantiene a cientos de familias en incertidumbre y resaltó que la justicia venezolana requiere transformaciones profundas para garantizar derechos fundamentales.
El abogado también cuestionó la vigencia de normativas como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, al considerar que su derogación es necesaria para restituir libertades esenciales.
“Efectivamente esas leyes tienen que ser derogadas por completo. Se está abriendo por completo las puertas desde el punto de vista económico al gobierno de Estados Unidos, lo más importante es que se abra a los ciudadanos el derecho a vivir libremente”, dijo.
Expectativas ante nuevas designaciones
El presidente del Foro Penal también se refirió a las expectativas generadas por las nuevas designaciones del Fiscal General de la República y la Defensora del Pueblo. Según explicó, estos nombramientos podrían influir en la aplicación de la Ley de Amnistía y en la revisión de casos pendientes, siempre que se priorice la independencia institucional y el respeto a los derechos humanos.
Romero reiteró que la justicia venezolana necesita un sistema donde las decisiones no dependan exclusivamente del poder político. “No puede haber un sistema de justicia donde el Gobierno tiene el control y los abogados están absolutamente apartados”, afirmó.
Alfredo Romero señaló que la nueva Defensora del Pueblo tiene un reto muy importante y es el que puede convertirse en una gran heroína para lograr la Libertad de las personas y corregir o intentar promover la corrección de todas las violaciones del debido proceso, el derecho a la defensa que existe en Venezuela, o ser parte de lo mismo que ocurrió previamente.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Mary ve buques petroleros casi a diario desde el patio de su casa en una barriada del municipio San Francisco.
—A veces hacen fila en el lago. Del petróleo lo único que ganamos son dolores de cabeza por los derrames. El resto sabrá Dios, solo tenéis que mirar alrededor—, lamenta cuando recuerda que les aplican racionamientos eléctricos diarios de cuatro horas; las calles tienen más huecos que asfalto; sus vecinos siguen desempleados, y tienen que llevar hasta las jeringas al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) más cercano.
Ella pensó que a estas alturas —en abril de 2026, tres meses después de la extracción de Cilia Flores y de Nicolás Maduro; de la aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, y de los acuerdos petroleros—, nada sería igual.
Porque, a raíz de estos sucesos, en el estado Zulia, corazón histórico de la industria petrolera venezolana, las expectativas de mejora en la vida cotidiana subieron como la espuma. Pero con el paso de los días, esas esperanzas, para muchos, se han convertido en frustraciones y en una espera que sienten interminable.
Las expectativas generadas con los sucesos del 3 de enero todavía no tienen respuestas
“No quiero ser pesimista, pero realmente no veo cambios. No digo que más adelante no puedan ocurrir, pero seguimos con más de lo mismo”, sentencia la pensionada de 62 años.
Espejismo marginal
Paul Márquez, presidente de Fedecámaras Zulia, lo resume así: “En la práctica y en la realidad no se ha materializado mayor cosa. No tenemos información sobre la instalación de nuevas empresas petroleras internacionales aquí ni sobre trabajos en las diferentes locaciones más allá de las que normalmente se vienen realizando en los últimos meses. No hay nada extraordinario”.
Márquez resalta que en el sector petrolero las inversiones son muy cuantiosas y las empresas se cuidan mucho desde el punto de vista legal y económico. “Es todo un proceso. Estas son cosas (los cambios) progresivas y en Zulia tenemos empresas de mucho arraigo en diferentes sectores y personas preparadas para trabajar. Las contratistas, por ejemplo, se sienten con mejores posibilidades de invertir y eso ha sido beneficioso para el sector. Esto va a ser un proceso largo donde los sectores económicos tienen que ir tratando de recuperarse porque venimos de años muy difíciles. Todos los sectores, hasta cierto punto, dependemos del éxito de la actividad petrolera”.
La expectativa es máxima porque el sector petrolero “genera mucho trabajo directo e indirecto y esos beneficios se van aguas abajo para los demás sectores, como el comercio, transporte, entre otros”. Durante el primer trimestre del año 2026, empresarios del sector hotelero, automotor y de supermercados “manifestaron su interés en venir al Zulia, pero no hay nada concreto. Yo creo que mucha gente espera la reactivación de la economía local que todavía no termina de llegar”, explicó una fuente empresarial que pidió mantener su nombre en el anonimato.
Enrique Ferrer Leyba, secretario general de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), señala que “en Zulia tenemos un problema adicional que es la parte eléctrica. Para los pozos hace falta electricidad, los puedes reparar, pero sin electricidad no los puedes echar a andar. Las empresas lo saben y también que al principio tendrán que generar su propia energía, lo cual tampoco es fácil porque necesitas gasoil o gas y no es que hay para botar, está restringido”.
Para el ingeniero, las construcciones en el sector petrolero son las que se van a robustecer primero. “Las empresas que por muchos años estuvieron casi paralizadas poco a poco se están moviendo y adaptando a las nuevas exigencias. Cuando escuchamos de que hay que reactivar miles de pozos no es prenderlos con un botón de on y off, eso es construcción, como meter tubos, poner bombas, tableros y pare de contar”.
Ferrer menciona que hay empresas del sector que ya les han manifestado sus requerimientos, vienen evaluando condiciones, la disponibilidad de personal calificado y quiénes pueden venderle los materiales que necesitan, antes de hacer cualquier inversión.
“Muchas cosas no van a pasar hasta que no se vea un movimiento mayúsculo. La situación va a mejorar poco a poco, pero no es como muchos piensan. La CVC elaboró y entregó al gobierno un plan general de reconstrucción de la infraestructura nacional y de estabilización eléctrica con participación del sector privado que empieza a dar sus primeros pasos. Esto demuestra que el sector privado puede ayudar en parte y que hay personas preocupadas de que las cosas se hagan bien”.
El costo de la vida
De lo que más se queja la ciudadanía son de los precios de los productos y servicios. Carolina Rodríguez, quien vive al Oeste de Maracaibo, no lo oculta. “La situación económica ha empeorado. Son unos precios locos. No hallamos qué hacer, mientras tanto seguimos esperando que pase algo y nuestra salud mental se va deteriorando. Cuando llegan los bonos lo que viene son angustias y preocupaciones en pensar si compramos medicinas o comida y al final ninguna de las dos cosas se hace bien”.
A partir del 3 de enero la explosión en la demanda de inmuebles en relación con la oferta, que ya venía disminuyendo, hizo que el valor aumentara de manera descomunal, detalla Hidalgo Lucena, broker de la oficina Remax Eleva especialista en compra, venta y alquiler de propiedades.
El mercado inmobiliario ha visto un incremento de precios de oferta, aunque no son muchas las transacciones ocurridas durante este año
“El costo de los inmuebles habitacionales e industriales han aumentado hasta 80 % en algunos casos y los comerciales aproximadamente 60 %. Los alquileres también, pero no tanto como en el caso de las ventas. En comparación con los primeros tres meses del año pasado, en este 2026 las ventas aumentaron entre 30 % y 60 %. La venta y el alquiler de propiedades industriales (galpones, talleres, almacenes y/o terrenos) aumentaron porque hay empresas que se están empezando a preparar para esa nueva reapertura petrolera. Otro patrón que notamos es que hay propietarios que decidieron resguardar sus inmuebles sacándolos de la venta mientras esperan mejores oportunidades y otros los pusieron en el mercado porque ahora tienen mejores precios que antes”.
Más allá de Maracaibo, donde mejor se está “moviendo” el mercado inmobiliario es en municipios de la Costa Oriental del Lago como Lagunillas, Valmore Rodriguez y Cabimas, en San Francisco y la Cañada de Urdaneta.
“No creo que los inmuebles alcancen su valor real hasta que tengamos créditos bancarios que incentiven y soporten las transacciones, pero nuestras expectativas son muy buenas”, asegura Lucena.
Según su experiencia, este mercado es “muy emocional, muy orgánico” y no hay un factor interno del país, por ejemplo, la “reactivación económica” que incidiera en el aumento del precio de los inmuebles porque, en nuestro caso, “lamentablemente no depende de medidas o políticas internas que se tomen, sino de factores en otros países, porque para nadie es un secreto que la mayoría de compradores son venezolanos que están en el exterior”.
A paso de morrocoy
Las expectativas puestas en las oportunidades de empleo por la “reactivación petrolera” tampoco se han cumplido.
“Siento que todo se quedó en especulaciones y rumores. Estoy cansada, frustrada y decepcionada por no encontrar una oferta laboral atractiva y que se ajuste a mis capacidades. He encontrado un mercado laboral deprimido, cerrado y con pocas posibilidades para personas de más de 40 años”, lamenta una zuliana que pidió omitir su nombre.
Una fuente con conocimiento en la búsqueda de talento humano en Maracaibo relató que “hasta los momentos no hay una búsqueda masiva de trabajadores, no hay empresas que soliciten 50 o 100 empleados. Sí algunos cargos administrativos o técnicos”. Un especialista del sector petrolero agregó que, en el caso de su ramo, en la región zuliana “las principales vacantes están en el personal medio, muchos que se han ido a ido a otros países, por ejemplo torneros, mecánicos industriales, soldadores, fabricadores, electromecánicos y operadores de maquinaria”.
En grupos de Telegram también pueden encontrarse vacantes específicas para ingenieros mecánicos, electricistas, instrumentistas, civiles, inspectores de calidad, entre otros similares.
La disminuida actividad económica, comercial e industrial queda en evidencia en las calles y campos petroleros de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo donde lo nuevo que se observa son balancines pintados y casetas de campamento sobre trailer.
Las deudas invisibles
Entre los asuntos pendientes en el estado Zulia, según fuentes empresariales y de la sociedad civil consultadas, destacan el aumento de las conexiones aéreas internacionales dada sus limitaciones actuales; el financiamiento bancario; el pago de las deudas a trabajadores de la industria petrolera, y la conservación ambiental con responsabilidad social.
La Fundación Azul Ambientalistas presentó una hoja de ruta estratégica para la restauración ecológica del Lago de Maracaibo, en la que plantea la creación de una ley que obligue a destinar el 5 % de los ingresos brutos de las nuevas concesiones petroleras a un Fondo de Compensación Ambiental supervisado por organismos multilaterales, la reactivación de las plantas de tratamiento, biorremediación (proceso biotecnológico que utiliza microorganismos para limpiar ambientes contaminados) a escala, sustitución de tuberías, seguro para pescadores, tecnología para frenar los derrames, entre otras.
Yohan Flores, directivo de Azul Ambientalistas, aseguró que siempre se ha trabajado en función a paliativos, pero realmente no se han buscado formas para tratar los problemas de raíz.
“Vemos a un gobierno central que no le interesa el tema. Sabemos que hay carencias, pero hasta el momento no hemos visto trabajos o inversiones importantes para poder atender estas problemáticas nos afectan desde hace mucho tiempo. Lo ambiental debe ser parte de la columna vertebral de todos estos procesos, no hay que dejarlo al margen”.
Expertos estiman que el estado Zulia “será el mayor beneficiado del país por el aumento de la producción petrolera porque el hidrocarburo es de calidad y tiene una infraestructura instalada desde hace décadas”. Las expectativas ciudadanas se aferran a premisas como estás en medio de una crisis nacional con particularidades regionales.
Una socióloga zuliana define el actual momento así: “El cambio que muchas personas previsualizan, pero que todavía no se hace factible, está bastante arraigado a la esperanza, el miedo y la incertidumbre sobre el futuro y creo que eso nos acompaña desde hace años, pero hay un cambio de percepción. La ilusión está latente, pero si quedamos en lo mismo puede causar bastante desilusión y traer consigo más migración interna y externa en búsqueda de nuevas oportunidades o como desahogo a una normalidad distinta a un país que ya no existe desde hace años”.
En San Francisco, Marý sigue viendo entrar y salir buques petroleros clamando algo de tranquilidad. “Queremos que todo esto mejore. Que terminen de salir los que tienen que salir. Quizás la recuperación no sea tan rápida, pero si no comenzamos cuándo la veremos”.
