La ONG Laboratorio de Paz presentó el “Semáforo de la Transición” para evaluar la democracia en Venezuela de manera sencilla y estructurada.
La guía, titulada “¿Cómo saber si hay una transición democrática?” propone un marco de análisis basado en derechos humanos y parte de una premisa fundamental: una transición no se define por anuncios políticos ni por eventos aislados, sino por cambios verificables en las reglas del poder, en el funcionamiento de las instituciones y en la capacidad de las personas para ejercer sus derechos sin miedo.
Laboratorio de Paz afirmó que el uso de la herramienta es simple y básicamente se traduce en evaluar las distintas dimensiones clave —como elecciones, justicia, libertades, participación o condiciones de vida— y asignarles un color (rojo, amarillo o verde) según su situación actual.
Como explica Laboratorio de Paz en una nota de prensa, la transición puede entenderse como una avenida por la que deben avanzar varios “vehículos” al mismo tiempo. Cada uno representa una dimensión necesaria para que exista una democracia real (Elecciones, Justicia, Estado de derecho, Libertades, Rendición de cuentas, Participación y Condiciones de vida). Si uno solo avanza, pero los demás no, entonces no puede hablarse que hay transición.
“El sistema de colores ayuda a interpretar la situación: el rojo indica que las prácticas de poder se mantienen sin cambios reales; el amarillo señala avances parciales pero insuficientes o reversibles; y el verde representa condiciones en las que los derechos pueden ejercerse con normalidad y sin temor”, explicó Laboratorio de Paz.
La organización señaló que el semáforo puede aplicarse periódicamente, de forma individual o colectiva, y permite comparar cómo evoluciona la situación en el tiempo. Su objetivo no es solo entender, sino también activar conversación, organización y exigencia de derechos
Con el “semáforo de la transición”, Laboratorio de Paz propone una herramienta para verificarlo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Como la mayoría de los militantes del partido Vente Venezuela, Nahir Mota debió salir de su natal estado Apure después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 por temor a ser encarcelada.
Mota, de profesión abogada y coordinadora de la tolda política en la entidad llanera, denunció que era acosada constantemente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Según Mota, el Tribunal Primero de Control con competencia nacional en terrorismo emitió una orden de captura en su contra por los supuestos cargos de terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio.
Ante la realidad que estaba viviendo, a Mota no le quedó otra alternativa.
“El 3 de agosto de 2024 me vi obligada a salir de mi estado y entrar en clandestinidad”, dijo la profesional del derecho.
Luego de los comicios donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al hoy en día preso en los Estados Unidos, Nicolás Maduro, sin hasta ahora mostrar resultados desagregados en su página web, el régimen chavista desató una ola represiva que generó más de 2000 detenciones, decenas de muertes, heridos y que obligó a cientos a huir de sus hogares, incluso hacia otras naciones.
Persecución y saña
La persecución también alcanzó a su círculo familiar y debió sacar a sus hijos de Apure hacia un destino anónimo, después de que en par de ocasiones allanaran su vivienda.
“En el último que hicieron la madrugada del 18 de julio de 2025, se llevaron por la fuerza a un señor que cuidaba mi casa, a quien dejaron en libertad después porque no tenía idea de dónde estaba yo, se robaron dos computadoras, destruyeron libros, dañaron mi biblioteca y revolvieron gavetas. Fue algo ejecutado con saña”, dijo la dirigente política.
Mota ponderó cruzar la frontera hacia Colombia, pero prefirió refugiarse en al menos dos estados por 18 meses, hasta que a finales de febrero decidió volver a la vida pública y la militancia con el partido fundado por la ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
“Estuve tres meses escondida en un estado y 15 meses en otro, con dos familias de entidades centrales que me tendieron la mano”, aseguró.
La apureña, jefe de campaña de Machado en la primaria de la oposición y también jefe de campaña de Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales de hace dos años, evaluó el panorama después de la extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas armadas estadounidenses el 3 de enero y no dudó en sumarse a sus colegas de partido en la petición de una transición a la democracia.
“Durante esos 18 meses que estuve escondida nunca perdí la fe, confianza, convicción y esperanza de ser libre. No perdí contacto con mi equipo en Apure. Seguimos organizándonos, trabajando y preparándonos. No nos rendimos ni lo haremos”, agregó.
La política señaló que aún existe una orden de aprehensión en su contra.
“Tengo una condición de “solicitada”, estoy en proceso de amnistía más sobreseimiento. He hecho la solicitud de las dos figuras, pero la amnistía es para perdón delitos y es absurdo solicitar perdón por delitos que no he cometido”, señaló.
Mota sentenció que el pasado 21 de febrero, cuando llegó a Apure, fue como si nunca se hubiese ido.
“Recibí un abrazo inmenso de mis compañeros, amigos, familia y de mi madre y de un pueblo que me hizo sentir que nunca estuve ausente porque estaba en sus corazones, oraciones y memoria”.
Lo primero que hizo fue retomar el contacto presencial con el equipo de Vente Venezuela y empezar a recorrer comunidades, municipios y parroquias. “Y así fue llevando un mensaje de esperanza, fuerza y determinación para lo que viene: elecciones libres y una transición”.
La persecución no ha cesado
Mota dijo que pese a la advertencia del gobierno de Estados Unidos con la captura de Maduro el 3E, el ahora régimen de Delcy Rodríguez sigue cometiendo atropellos.
Denunció que en el marco de una gira política por el municipio Páez del alto Apure, ella y su equipo de trabajo fueron perseguidos y hostigados por el Sebin.
“En las alcabalas retenían los vehículos en los cuales iban mis compañeros. Realizaban revisiones exhaustivas buscándome a mí y acosaban a nuestros equipos. En varias parroquias fueron retenidos”.
Mota denunció que incluso sabotearon una camioneta aflojando los espárragos de una rueda delantera.
“Poniendo en riesgo nuestras vidas. Gracias a Dios se detectó a tiempo. También se presentó una comisión del Sebin en el hotel donde nos hospedábamos durante la madrugada preguntando por mi y presionando a quienes estaban allí”, narró.
Deseo de libertad por encima de miedo
Pese a todos los peligros que aún la amenazan, Nahir Mota afirma que mayor es el anhelo por recuperar una democracia plena.
“El miedo siempre va a existir, miedo a que te secuestren o encarcelen, porque eso es lo que ellos saben hacer, pero por encima de ese miedo está la fuerza de la libertad y la democracia por la cual hemos luchado tanto y el pueblo de Apure ya tomó una decisión”, dijo.
La dirigente de Vente Venezuela está convencida de que habrá un cambio, pero para eso deben existir condiciones reales de convivencia como la liberación de todos los presos políticos.
“Hoy en día todavía hay cientos de familias que sufren sin saber de sus seres queridos. No puede haber libertad sin justicia ni reconciliación verdadera, es una exigencia legítima de la ciudadanía, tiene que haber una reinstitucionalización del país y verdadera separación de poderes”, alertó la dirigente.
Mota espera no tener que volver a la clandestinidad, especialmente después de la realidad política que se vive a partir del 3E con el tutelaje de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
“Venezuela tomó la decisión de ser libre el 28J de 2024 y aquí me quedo hasta lograr la libertad junto a toda Venezuela, Apure tiene que ser transformada en una tierra de gracia”, expresó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 20 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
La presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ofreció este domingo 19 de abril un balance de sus primeros 100 días de gestión. A través de un video grabado y difundido en cadena nacional, la funcionaria aseguró que Venezuela atraviesa “un nuevo momento histórico” marcado por avances en seguridad ciudadana, reconciliación nacional y recuperación económica.
María Corina Machado: María Corina Machado: “No descansaremos hasta que todos, todos sean libres y exista justicia y reparación en Venezuela para todos aquellos que han sido perseguidos. En esta hora quiero pedirles, es el momento de la mayor entrega”
Lo que rompe en redes
Así despidió Mérida a Alexis Montilla, emprendedor merideño, creador de los parques “Los Aleros” y “La Venezuela de Antier”. Un venezolano insigne que transformó el turismo en la entidad andina.
Este #19Abr se estrenó en Madrid, España, el documental “Óscar”, una producción que narra la historia de Óscar Perez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que fue asesinado en 2018 durante un operativo con fuerzas de seguridad. Esta cinta está dirigida por Vanessa White, quien recopiló información y testimonios para plasmar la vida de Pérez y su trayectoria.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hace poco cayó en mis manos una copia del IX Coloquio Internacional de Geocrítica “LOS PROBLEMAS DEL MUNDO ACTUAL SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DESDE LA GEOGRAFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES”, que se celebró en Porto Alegre, Brasil, entre el 28 de mayo y el 1 de junio de 2007, en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Casi 20 años después está más vigente que nunca, por eso quiero traerlo a colación:
Hay países que no mueren de un disparo. Se mueren de desgaste.
No hay un día exacto en el calendario en el que alguien pueda decir: “hoy empezó el final”. No. La muerte de un país es un proceso silencioso, casi elegante en su lentitud, como esas enfermedades que avanzan sin dolor hasta que ya es demasiado tarde.
Primero, se erosiona la confianza: la gente deja de creer. No de golpe, sino poco a poco. Deja de creer en las instituciones, en los líderes, en la justicia. Empieza a sentir que las reglas no son iguales para todos, que hay ciudadanos de primera y de segunda. Y cuando esa sensación se instala, algo profundo se rompe: el contrato invisible que sostiene a una nación. Las crisis políticas suelen comenzar así, como una grieta en la legitimidad que luego se convierte en abismo.
Después, se deforman las instituciones. No desaparecen —eso sería demasiado evidente—. Se mantienen, pero vacías. Los parlamentos siguen sesionando, los tribunales siguen dictando sentencias, las elecciones siguen celebrándose. Pero todo empieza a funcionar como una escenografía. Las decisiones ya no nacen del equilibrio de poderes, sino de la imposición. Cuando un poder absorbe a los otros, cuando las reglas se reinterpretan para perpetuar a quienes mandan, ya no hay república, aunque se siga llamando así. La ruptura del orden institucional suele presentarse precisamente de ese modo: como legalidad aparente y arbitrariedad real.
Luego, llega la normalización de lo inaceptable. Lo que antes escandalizaba, ahora apenas sorprende. La corrupción se vuelve cotidiana. El abuso se justifica. La mentira deja de ser castigada y pasa a ser estrategia. Y la sociedad, cansada o resignada, empieza a adaptarse. Porque el ser humano tiene una peligrosa capacidad para acostumbrarse a todo, incluso al deterioro.
Más adelante, el país comienza a vaciarse. No solo de recursos, sino de gente. Se van los jóvenes, los profesionales, los soñadores. Se va el talento. Se va la esperanza. Y los que se quedan aprenden a sobrevivir en lugar de vivir. La crisis institucional ya no es un concepto abstracto: se convierte en la imposibilidad de construir un futuro.
Y entonces ocurre lo más grave: se pierde el sentido de nación. Un país no es solo un territorio ni un gobierno. Es una idea compartida. Es la certeza de que, a pesar de las diferencias, hay algo que nos une. Cuando esa idea desaparece, cuando cada quien empieza a vivir en su propia burbuja de supervivencia, el país deja de existir como proyecto colectivo. La fragmentación social y la desconfianza terminan por disolver ese tejido común que alguna vez sostuvo todo.
Lo más trágico es que, desde adentro, la muerte no siempre se percibe. Porque todo ocurre gradualmente. Porque siempre hay una excusa, una explicación, una promesa de que mañana será mejor. Y porque el deterioro se disfraza de normalidad.
Y así, un día cualquiera, sin ruido, sin ceremonia, sin que nadie lo declare oficialmente, un país ya no es lo que era. No porque haya desaparecido del mapa.
La presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ofreció este domingo 19 de abril un balance de sus primeros 100 días de gestión. A través de un video grabado y difundido en cadena nacional, la funcionaria aseguró que Venezuela atraviesa“un nuevo momento histórico” marcado por avances en seguridad ciudadana, reconciliación nacional y recuperación económica.
Rodríguez afirmó que desde el pasado 3 de enero, el país “vive más tranquilo” y experimenta un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 9 %, con 20 trimestres consecutivos de expansión.
“Hoy Venezuela se ubica entre los países más seguros de la región, con tres homicidios por cada 100.000 habitantes y más de 6.000 cuadrantes de paz activos. Esto significa algo muy claro. Más tranquilidad para nuestras familias y más estabilidad para el país”, aseguró Rodríguez.
La mandataria encargada precisó que en lo económico Venezuela ha entrado en una nueva fase de crecimiento con un Producto Interno Bruto que se ubica en 9 % con 20 trimestres consecutivos de expansión. Rodríguez explicó que dicho crecimiento se va a sentir aun más con la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas.
“Venezuela entra en una nueva etapa con metas claras para atraer inversión, tecnología, desarrollo productivo y creación de nuevos empleos”, aseguró.
La mandataria interina informó que PDVSA produce actualmente 1,1 millones de barriles diarios y que el país ha retomado la exportación de gas. Aseguró que este mes se espera recuperar el nivel de producción petrolera registrado en diciembre de 2025, afectado —según dijo— por el bloqueo internacional.
Delcy Rodríguez afirmó que estos primeros 100 días “no son un punto de llegada”, sino el inicio de una nueva etapa para “recuperar la esperanza, alentar la confianza y garantizar el futuro de la juventud”. Concluyó su mensaje apelando a la unidad nacional: “Cuando un país se une, cuando una familia se reencuentra, cuando un pueblo decide avanzar, no hay nada que lo detenga”.
Estos 100 días son el inicio de una nueva etapa. Una etapa para recuperar la esperanza, alentar la confianza y volver a encontrarnos entre venezolanos. Porque cuando un país se une, cuando una familia se reencuentra, cuando un pueblo decide avanzar, no hay nada que lo detenga 🇻🇪 pic.twitter.com/JUVwct2Tlh
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Gobierno interino de Delcy Rodríguez, con el aval de los Estados Unidos, presentó en el mes de febrero la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática como un mecanismo de perdón y reconciliación nacional. Sin embargo, desde el primer momento de su creación, varias paradojas jurídicas aparecen como banderas rojas que reflejan la incoherencia entre el discurso oficial que promete “pasar la página” frente a una normativa totalmente discrecional.
ONG, defensores de derechos humanos y abogados han señalado recientemente que la principal paradoja de la Ley de Amnistía es que fue diseñada y aplicada por el mismo Estado que ha sido señalado en reiteradas oportunidades por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional (AI) de ser el principal violador de derechos humanos en Venezuela.
Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de la ONG Laboratorio de Paz, explicó que otra de las paradojas de la Ley de Amnistía es que el Gobierno venezolano no ha reconocido su responsabilidad en la violación de derechos humanos ni ha ofrecido mecanismos para la reparación. “Hay un problema estructural con la Ley de Amnistía. Es una norma que está siendo aplicada por el mismo gobierno que cometió las violaciones, una ley solitaria que no es parte de un proceso integral de reparación y no repetición de los hechos”, explicó Uzcátegui y resaltó que todas las leyes de amnistía promovidas bajo gobiernos autoritarios en la región han contribuido a fortalecer la impunidad.
No reconoce ni repara daños
La amnistía es un proceso jurídico aprobado por el Poder Legislativo con el fin de perdonar colectivamente delitos generalmente de naturaleza política; sin embargo, la Ley de Amnistía que se aplica en Venezuela funciona de manera distinta. Aquí no se reconocen los abusos cometidos por parte del Estado, no repara los daños causados y no ofrece garantías de no repetición.
Para la coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, el no reconocimiento ni la reparación de los daños causados es una “gran contradicción” que impacta directamente en quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
“La ley no menciona la reparación, no reconoce el daño y no incorpora garantías de no repetición. Las víctimas siguen enfrentando solas las consecuencias de detenciones arbitrarias, torturas o ejecuciones extrajudiciales, mientras el Estado evita su responsabilidad”, explicó Tineo.
La abogada y defensora de derechos humanos insistió en que actualmente la amnistía no puede considerarse como un mecanismo de reconciliación cuando millones de personas son invisibilizadas.
En un país democrático donde existe la independencia de poderes, una Ley de Amnistía sería considerada como un avance hacia la construcción de una paz y una reconciliación verdadera. En Venezuela, la aplicación discrecional de la amnistía y la negación de la misma rompe con los principios de reparar las injusticias cometidas.
Un ejemplo claro de esta contradicción es el caso del abogado y asesor de la líder de oposición María Corina Machado, Perkins Rocha quien estuvo detenido y aislado durante un año y seis meses sin juicio, sin condena, sin pruebas que lo vincularan directamente a los delitos del terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.
Actualmente, Rocha se encuentra bajo libertad condicional y con un grillete electrónico en su tobillo. El pasado mes de marzo denunció que se le negó el beneficio de la amnistía por delitos que nunca cometió.
El caso del periodista Rory Branker es similar. El editor del portal web La Patilla estuvo más de 200 días sometido a desaparición forzada y casi un año detenido sin juicio por los mismos delitos que acusaron a Perkins Rocha.
Rory Branker fue liberado con medidas restrictivas de libertad y cuando solicitó la amnistía el Estado se la negó rotundamente.
“Me han hecho solicitar un perdón por delitos que no he cometido para luego negarme ese perdón”, reclamó Rocha y agregó que “la saña del estado es insaciable”.
Los casos de Branker y Rocha demuestran cómo la Ley de Amnistía opera sobre hechos ficticios, pues nunca hubo un juicio, se les negó la defensa privada y nunca se comprobó la existencia real de los delitos. Sobre este punto, el activista Rafael Uzcátegui opinó que la Ley de Amnistía es “chucuta” y cuestionó que el Gobierno interino sigue considerando que los beneficiarios de la ley son “delincuentes” a los cuales se les estaría “perdonando” su falta.
Otro caso paradójico con la administración de la Ley de Amnistía es el del teniente Igber Marín Chaparro. Pese a haber cumplido una condena de siete años y seis meses en 2025 por instigación a la rebelión —exigir alimentación y denunciar hechos de corrupción en la Fuerza Armada— familiares del militar denunciaron que a pocos días de cumplir su pena, le impusieron otra causa por los delitos de terrorismo y traición a la patria.
Amnistía excluyente
El Gobierno interino empezó a mencionar la palabra amnistía después de los sucesos del 3 de enero de 2026. Antes de esa fecha, estaba completamente vetado en la administración oficialista. Desde la publicación y aprobación de la Ley de Amnistía, abogados y defensores de derechos humanos ya advertían que la misma estaba concebida para ser aplicada de manera selectiva.
Según la redacción de la ley, quedan excluidos del beneficio todos aquellos que hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos previstos en la ley contra la corrupción.
Están igualmente exentos de amnistía las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial.
Recientemente, la ONG Defiende Venezuela aseveró mediante la publicación de un boletín que la aplicación de la amnistía ha sido “selectiva, limitada y discrecional”.
De acuerdo a la organización, la discrecionalidad en la aplicación del documento legal “compromete el derecho a la libertad personal y afecta los principios de igualdad y seguridad jurídica”.
Asimismo, pone en entredicho su efectividad real como mecanismo de reconciliación. “Los hechos evidencian una implementación condicionada por criterios políticos, lo que limita su alcance y profundiza la desconfianza en las instituciones de justicia”, se lee en el boletín.
El documento destacó la negativa de amnistía a los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, detenidos entre el 4 y 7 de julio de 2022.
Igualmente, resaltaron la exclusión de la amnistía de los denominados “policías metropolitanos” detenidos por los hechos del 11 abril de 2002 en Puente Llaguno.
Perdón sin transición
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) recordó en un artículo publicado en su página web que las leyes de amnistía han sido, en muchos contextos, herramientas clave para ayudar a impulsar transiciones pacíficas y desempeñar una función importante en la superación de conflictos armados o políticos.
La organización explicó que una amnistía puede jugar un papel clave en la reconstrucción de la confianza hacia las instituciones y entre distintos sectores de la sociedad, pero recalcó que en el contexto venezolano “todo se ha producido de manera atípica porque no hay nada que indique que el país está atravesando por una transición”.
El ICTJ cuestionó que una Ley de Amnistía como la que se aplica en Venezuela pueda operar bajo un sistema que no ha mostrado cambios o mejoras en el tratamiento de los derechos humanos.
La organización internacional señaló que es una gran paradoja el hecho de sean las mismas instituciones y funcionarios que crearon la ley quienes la apliquen.
El pasado 7 de abril, la presidenta encargada Delcy Rodríguez elogió la Ley de Amnistía en Venezuela tras preguntarle a la Inteligencia Artificial como era esta normativa en comparación con las que se han aplicado en otros países.
Según Rodríguez, la IA arrojó que “es la ley que se ha aplicado con mayor rapidez, con mayor aplicación técnica” incluso en países como Sudáfrica y España.
Días después, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria para la Ley de Amnistía, informó que desde el mes de febrero se han otorgado 8.351 libertades plenas.
Arreaza aprovechó el momento para respaldar las declaraciones de Rodríguez y calificó a la ley como “expedita y eficiente” frente a otros procesos internacionales similares.
Rafael Uzcátegui opinó que la comparación realizada por Rodriguez demostró una “profunda ignorancia y tergiversación de los hechos” debido a que en Venezuela la ley es una iniciativa promovida por el mismo gobierno que cometió los crímenes de lesa humanidad y la comisión encargada de monitorear su cumplimiento es presidida por una persona sin independencia, absolutamente ignorante en temas de derechos humanos.
“La ley no busca realmente la democratización del país, sino cumplir parcialmente el acuerdo de trabajo actual con los Estados Unidos”, insistió Uzcátegui.
En otros países, el recurso de amnistía se ha aplicado en conflictos políticos para lograr la paz y el bienestar común de todos los habitantes. En Sudáfrica (1995) este recurso permitió que los agentes del Estado como los Apartheid (una especie de sistema de discriminación racial) confesaran sus crímenes públicamente a cambio de no ir a la cárcel. El objetivo de esta ley era lograr paz social mediante la honestidad garantizando que el Gobierno no perseguiría a quienes admitieran sus delitos políticos.
La Comisión de Verdad y Reconciliación fue un proceso fundamental de la transición hacia la democracia liderado por Nelson Mandela tras el fin del régimen del Apartheid. Con ello se logró evitar una guerra civil, el país se unificó bajo un gobierno multiracia y la acción contribuyó a que los familiares de estas víctimas por fin supieran la verdad.
En España, la Ley de Amnistía (1977) permitió la transición de la dictadura de Francisco Franco a la democracia. La ley perdonó tanto a los presos políticos que habían luchado contra el régimen como a los funcionarios y policías que habían cometido los abusos. Básicamente, logró que España pasara de la dictadura a una democracia, logró vaciar las cárceles y permitió que partidos políticos prohibidos regresaran, pero a cambio impuso una especie de olvido que impidió que se investigaran los crímenes y torturas cometidos por el Estado.
La Ley 1820 firmada en Colombia en el año 2016 permitió que guerrilleros dejaran las armas y regresaran a la vida civil en Colombia sin ir a la cárcel. El objetivo de esta amnistía era dar seguridad jurídica que garantizara que el Estado no perseguiría a esos guerrilleros por delitos políticos, solo si no habían cometido actos atroces o de lesa humanidad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, condicionó la construcción de hospitales, mejora de salarios y desarrollo de infraestructura al levantamiento total de sanciones internacionales,
“Si logramos que se levanten todas las sanciones, que vengan todas las empresas extranjeras, que se desarrollen todas las actividades económicas, para que podamos construir los nuevos hospitales, para que podamos mejorar definitivamente los ingresos de los salarios”, afirmó Rodríguez en el marco del inicio de la “Gran Peregrinación por la Paz y Sin Sanciones” en el estado Amazonas.
Rodríguez expresó que con tan solo Estados Unidos haber levantado 14 sanciones “ya se nota que la economía se está redinamizando, imagínense si con la unión nacional logramos que se levanten todas las sanciones”, cuestionó.
🇻🇪 Jorge Rodríguez promete hospitales y salarios… si se levantan todas las sanciones
📌 Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, condicionó la construcción de hospitales, mejora de salarios y desarrollo de infraestructura al levantamiento total de sanciones… pic.twitter.com/JD5trUOSkp
El presidente de la AN aseguró que en apenas 100 días de gestión de Delcy Rodríguez, los resultados de la flexibilización de algunas sanciones “ya son tangibles para la población“.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Plataforma Unitaria presentó el plan de esta alianza para darle contenido y orientación política a la aspiración de una transición a la democracia en Venezuela. La militancia de los partidos que conforman esta coalición se reencuentran las caras con sus estructuras en reconstrucción, luego de pasar largo tiempo en prisión o en la clandestinidad. Ya se están diseñando plenos regionales y las primeras giras nacionales, en las cuales ha regresado, incluso, el proselitismo.
La vocería opositora está clara en la inexistencia actual de una transición democrática, la necesidad de elecciones libres como condición indispensable y la importancia de la unidad política y social para alcanzarla. Por ahora se trata de un paso necesario, pero no suficiente.
Interpretando a Rubio
Este documento, llamado formalmente “Hoja de Ruta para alcanzar una transición democrática en Venezuela es una especie de interpretación, de desarrollo del bosquejo propuesto para Venezuela por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio –“estabilización, recuperación, transición”- luego del ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero, en el cual fue arrestado Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Una proposición en el cual se ha invocado la importancia de organizar un cronograma, por ahora inexistente, de aquello que se debería acometer.
“La transición democrática requerirá de una estrategia clara que combine la expresión ciudadana coordinada”, reza la exposición de motivos de este documento, “-tanto en lo interno como internacional-con negociación política, orientada a generar las condiciones necesarias para organizar unas elecciones libres y la restitución del orden constitucional”.
En ese sentido, la apuesta vuelve a ser la unidad opositora y Biagio Pilieri, quien también fue víctima de la represión y prisión política tras promover las presidenciales de 2024, recordó hitos como la organización de las primarias de 2023 y los esfuerzos por llegar al 28 de julio de 2024, en los que, ratificó, se ganó “contundentemente”.
La fase de la estabilización es concebida como el punto de partida de la transformación institucional, en un marco que va más allá de las consideraciones electorales, y que comprende las garantías constitucionales, poderes públicos autónomos; el retorno de los exiliados; el desmontaje del aparato represivo; la eliminación de las inhabilitaciones políticas; la presencia de funcionarios internacionales en calidad de garantes. La etapa de la recuperación, la segunda del plan, comprende la consolidación de la apertura económica, producto de los avances institucionales.
En búsqueda de las elecciones soñadas
La transición, tercera estación de la Hoja de Ruta, tendría como objetivo central “la convocatoria a unas elecciones libres, competitivas y reconocidas, en un entorno de garantías políticas e institucionales reestablecidas”.
Se trata de un esbozo que sigue siendo muy general, y que no da respuesta al encendido debate existente en la sociedad democrática sobre la pertinencia de la fecha a unas elecciones.
Robert García, secretario general nacional de Copei, planteó la necesidad de trabajar por condiciones electorales adecuadas: “Lo que clamamos al final es un CNE confiable, para lograr una elección libre y transparente, resolver nuestras diferencias a través del voto”.
Pero la verdad es que sigue siendo difícil figurarse una operación política fuera del marco legal que impone el régimen, y en consecuencia desarrollar argumentos no es tan sencillo.
La Plataforma Unitaria envía un documento con algo telegrafiado y predecible; en el cual, más bien, se lee el interés por poner sobre el papel algunos principios sobre los cuales ponerse de acuerdo en el orden interno. Es evidente que queda mucho por hacer para depurar procesos en aquella coalición.
¿Preparen maletas?
Mientras María Corina Machado calcula sus opciones para poder regresar a Venezuela, el movimiento democrático que sigue en Venezuela sale de la zona del hielo, con arrestos, pero a tientas, no sin dificultades para convocar. De manera aguerrida, los llamados son ahora cada jueves. Todavía con muchas bajas que contabilizar, y en medio de una infraestructura precaria.
Con muchos partidos políticos incluso sin sedes nacionales donde reunirse. En medio de un ambiente en el cual todavía se palpa la prevención ciudadana: reencuentros militantes, demandas de mejoras salariales y protestas por el trato dado a los presos políticos.
Por contrapartida, el apoteósico acto en respaldo a Machado que tuvo lugar en la Puerta del Sol, en Madrid, acaso se transforma en un eco que está expresando aquello que se siente también en Caracas. “Preparen sus maletas, que regresamos a Venezuela”, ha afirmado ante una fervorosa multitud.
A pesar de su arraigo, Machado sigue siendo uno de los tabúes más evidentes de la política venezolana actual. El trabajo ahora será reconectar las energías de ambas realidades. Es muy probable que el régimen haga de su permanencia en el exterior un punto de honor, y que ese pulso se desarrolle completo en lo que quede de año.
El torbellino ciudadano de Machado hará todo lo necesario para procurar forzar una fecha electoral en las semanas que se aproximan. En la Casa Blanca le pidieron a Machado “paciencia”. Hace poco, Michael Kozak, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, habló del fin de la primera de las etapas enunciada por Rubio, -y ahora por la Plataforma Unitaria-, un umbral que se viene a concretar con el levantamiento de las sanciones a la banca pública y el anunciado regreso al país del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Los dolientes del status-quo -Delcy Rodríguez, el gobierno chavista, y los sectores independientes que le acompañan- intentan retardar, dilatar, y regatear la convocatoria a una elección. Bernabé Gutiérrez fue el primero que habló del año 2030. Diosdado Cabello lo zanjó sin afeites: “cuando tengan que hacerse”. En sectores de la oposición moderada local -Enrique Márquez y algunos diputados, se piensa en el año 2028 como un escenario realista. Márquez cree que será importante forzar más barreras, romper más umbrales, persuadir más voluntades y conjurar más resistencias.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
