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A Delcy Rodríguez se le quitaron las ganas de seguir dando amnistía 

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Ya no basta con que la nieguen o que ni siquiera consideren un caso, ahora ya no hay posibilidad de que los presos políticos o personas con medidas sustitutivas de libertad puedan apelar a la Ley de Amnistía aprobada por unanimidad hace dos meses en la Asamblea Nacional.

“Esta Ley de Amnistía llega a su fin, aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez., en horas de la noche de este 23 de abril.

Flanqueada por miembros de su gabinete en el Palacio de Miraflores, al estilo del preso Nicolás Maduro y el fallecido Hugo Chávez, Rodríguez sostuvo que los casos pendientes podrán revisarse “a través de otros mecanismos”. 

Según la mandataria interina que ya lleva más de 90 días ocupando el cargo, contrariando lo que dice la Constitución nacional, los casos pendientes podrán ser atendidos por medio del Programa de Convivencia Democrática y Paz, así como por la recién instalada Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.   

Otro atropello

De acuerdo a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) el hecho de que Rodríguez dé por concluidas las concesiones de amnistías de forma unilateral y a través de una declaración administrativa, representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas.  

“Es un grave atropello al Estado de Derecho, una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos, su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar”, reza un comunicado colgado en X. 

Para la organización la medida no solo es discriminatoria, sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad. 

JEP dijo que como había adelantado, el instrumento jurídico terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento para devolver la libertad a los presos políticos. 

“La libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política”, puntualiza la ONG.

Por su parte, Provea denunció que la derogatoria de una ley no es competencia del Ejecutivo Nacional, al tiempo que calificó la medida de Delcy Rodríguez como arbitraria e inconstitucional. 

“La Ley de Amnistía es un primer paso para desarmar el entramado represivo que ha atenazado los derechos de la población venezolana durante los años recientes, pero no es un requisito para que se produzca la liberación plena de todas las personas privadas de libertad por razones políticas”, escribió la organización en la red social X.

Provea exigió nuevamente la derogación de las leyes que han sido empleadas para criminalizar y perseguir a la disidencia como la del Odio, Simón Bolívar, Resorte y antiONG. 

Solo puede ser derogada por la AN

La ONG Acceso a la Justicia indicó que al no existir un término de caducidad o una cláusula de vigencia temporal, la derogación o pérdida de vigor de la Ley de Amnistía solo puede ocurrir mediante otra ley de igual rango dictada por la Asamblea Nacional o por una sentencia de nulidad por inconstitucionalidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“En definitiva, al tratarse de una ley de vigencia indefinida, cualquier ciudadano que cumpla con los supuestos de hecho previstos en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática debería poder invocar su aplicación hoy mismo, mañana o más adelante, mientras no sea formalmente derogada por otra ley”, apuntó la ONG.

La organización indicó que la culminación del beneficio de la ley deja por fuera a un número indeterminado de personas, especialmente aquellas que están fuera del país y por otro lado no especifica cómo quedan las apelaciones en curso.

“Lamentablemente, se crea una discriminación entre quienes tuvieron la posibilidad de actuar rápidamente y quienes, por su situación de movilidad humana o falta de medios, quedan fuera de un beneficio que la ley les otorga sin fecha de vencimiento”.

Para la ONG esta es otra demostración de que en Venezuela no hay separación de poderes. 

“Esta decisión presidencial deja a miles en un limbo donde su libertad o seguridad depende ahora aún más de la voluntad política”, sentenciaron.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El objetivo debe ser reconstruir el sistema salarial

El debate sobre el salario mínimo en Venezuela ha vuelto al centro de la discusión pública. Tras años de incrementos del poder adquisitivo vía bonos y transferencias no salariales, el salario mínimo oficial se ha reducido a niveles prácticamente simbólicos, cercanos a cero en términos reales. Esta distorsión no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también erosiona las bases institucionales del mercado laboral.

En este contexto, plantear un incremento del salario mínimo no es solo deseable: es necesario. Sin embargo, hacerlo de forma responsable exige reconocer las restricciones económicas, legales y fiscales que enfrenta el país. La clave no está en un ajuste puntual, sino en definir una trayectoria creíble de convergencia hacia estándares latinoamericanos.

Es urgente restablecer una métrica salarial

Uno de los principales problemas del caso venezolano es la pérdida de referencia del salario mínimo como indicador económico. Mientras que en América Latina los salarios mínimos oscilan entre aproximadamente 300 y 800 dólares mensuales —como muestran países como Costa Rica, Panamá, Uruguay o Chile—, en Venezuela esta cifra se ha desanclado completamente de cualquier estándar regional.

Restablecer una métrica aceptable no implica pretender alcanzar de inmediato esos niveles, lo cual sería inviable dadas las restricciones actuales. Pero sí exige un acuerdo tripartito entre gobierno, empresarios y trabajadores que defina un “path” o trayectoria de ajuste progresivo. Este acuerdo debe ser creíble, gradual y sostenible, con metas explícitas a mediano plazo —por ejemplo, cinco años— que permitan cerrar la brecha con América Latina.

Sin una referencia clara, el salario mínimo pierde su función como ancla institucional del mercado laboral. Y sin esa ancla, la informalidad y la precarización tienden a consolidarse.

Incrementar ingresos: salario y bonos

Un segundo elemento clave es reconocer que, en la práctica, el ingreso de los trabajadores ya no está determinado únicamente por el salario. El esquema actual ha desplazado gran parte de la remuneración hacia bonos no salariales, lo cual responde tanto a restricciones legales como fiscales.

En este contexto, insistir en incrementos porcentuales del salario mínimo carece de sentido cuando la base es prácticamente nula. La discusión debe centrarse en incrementos absolutos del ingreso total, combinando salario y bonos.

Lo razonable es avanzar hacia un esquema mixto: una parte del ingreso debe formalizarse como salario —para reconstruir derechos laborales, prestaciones y referencias institucionales— y otra puede mantenerse como bono, permitiendo flexibilidad en un entorno de alta incertidumbre. Lo importante es que el ingreso total de los trabajadores aumente de forma significativa y sostenida.

La reforma de la ley del trabajo: condición necesaria

El tercer punto, muchas veces evadido en el debate público, es la necesidad de reformar la legislación laboral. La actual Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) impone rigideces que, en la práctica, han desincentivado el aumento del salario formal y tampoco han protegido al trabajador.

El resultado es evidente: las empresas prefieren canalizar incrementos a través de bonos, que no generan pasivos laborales acumulativos y que el trabajador tampoco rechaza porque privilegia la opción de tener ingresos hoy, constantes y sonantes. Esto crea una desconexión entre la norma y la realidad.

Una reforma laboral que permita mayor flexibilidad —sin sacrificar derechos fundamentales— es indispensable. En particular, la discusión sobre la retroactividad de las prestaciones sociales ha sido central. Una propuesta viable es permitir esquemas de transición voluntaria, donde trabajadores y empresas acuerden nuevos términos que eliminen la retroactividad hacia el futuro, manteniendo los derechos adquiridos. Este tipo de soluciones ha sido históricamente aceptado por las partes.

El nudo crítico: el sistema de pensiones

El principal obstáculo estructural para incrementar el salario mínimo en Venezuela no es únicamente económico, sino legal y fiscal: el sistema de pensiones.

La Constitución establece que las pensiones deben ser equivalentes al salario mínimo. Esta disposición, concebida con un criterio de justicia social, genera hoy una restricción severa. En un país donde más de 20% de la población es pensionada, donde la informalidad supera el 50% y donde la base contributiva es limitada dado la importante migración de nuestros trabajadores y la bonificación del ingreso que no incide en el cálculo del pago del Seguro Social, cualquier incremento del salario mínimo tiene un impacto fiscal inmediato y significativo.

Esto crea una paradoja: aumentar el salario mínimo para mejorar el bienestar de los trabajadores termina comprometiendo la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Modificar este esquema requeriría una reforma constitucional, lo cual no parece viable ni conveniente en el contexto actual. La experiencia venezolana demuestra que los procesos de reforma constitucional suelen abrir la puerta a múltiples cambios, introduciendo riesgos políticos no deseados.

Por tanto, cualquier política de incremento salarial debe diseñarse reconociendo esta restricción y buscando mecanismos complementarios que permitan aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, sin menoscabo del derecho de los pensionados de recibir una pensión justa.

Un ajuste necesario con compromiso de mediano plazo

A pesar de todas estas limitaciones, la conclusión es clara: es necesario un ajuste importante del salario mínimo en Venezuela.

Este ajuste no puede ser aislado ni improvisado. Debe formar parte de un acuerdo más amplio que incluya:

  1. Un incremento inmediato del ingreso de los trabajadores, combinando salario y bonos. 
  2. Un compromiso explícito de convergencia hacia estándares latinoamericanos en un horizonte limitado de tiempo. 
  3. Una reforma de la legislación laboral que elimine distorsiones y facilite aumentos salariales sostenibles. 
  4. Un tratamiento cuidadoso del sistema de pensiones, reconociendo sus restricciones legales y fiscales. 

El objetivo no es solo aumentar el salario, sino reconstruir el sistema salarial como institución económica. Esto implica devolverle al salario mínimo su rol como referencia, reducir la informalidad y crear condiciones para una recuperación sostenida del ingreso real.

Venezuela enfrenta un desafío complejo, donde las soluciones simples no son suficientes. Incrementar el salario mínimo es necesario, pero hacerlo de forma sostenible requiere un enfoque integral que combine realismo económico, reformas institucionales y acuerdos políticos.El país no puede seguir operando con un salario mínimo que tiende a cero. Pero tampoco puede ignorar las restricciones que enfrenta. La única salida viable es construir un camino gradual, creíble y consensuado que permita, en el mediano plazo, devolver a Venezuela a niveles comparables con sus pares de América Latina.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Arcos Dorados celebrará jornada de cuentacuentos por el Día del Libro

Arcos Dorados Venezuela celebra el Mes del Libro con una nueva colección inspirada en El Chavo del 8. A propósito de esta celebración, McDonald ‘s brindará una jornada de cuentacuentos, dirigida por la Fundación Mariana Flores Melo por la Lectura, este miércoles 29 de abril en Baruta, con motivo del Día del Libro.

A través de la icónica Cajita Feliz, McDonald ‘s reafirma su compromiso con la promoción de la lectura infantil en Venezuela, indicaron en una nota de prensa.

Aprender con diversión 

La empresa considera que este tipo de jornadas incentiva el desarrollo educativo y emocional de los niños. Bajo la campaña “Libro o juguete”, los libros —inspirados en El Chavo del 8— fueron escritos por el Grupo Chespirito exclusivamente para McDonald ‘s. La compañía ha entregado más de 25 millones de libros en América Latina hasta el cierre de 2025, como parte de su compromiso con la educación y la promoción de la lectura en la infancia. Asimismo, esta cifra supera los 30 millones de ejemplares distribuidos en el primer trimestre de 2026.

Esta campaña cuenta con un video publicado en la plataforma YouTube, en el que se puede apreciar la icónica canción de El Chavo del 8 tarareada por niños que sostienen libros animados de los personajes de la vecindad. María Antonieta de las Nieves también ha participado en la promoción de la campaña, vestida e interpretando a la Chilindrina, el personaje que la catapultó en el recuerdo de muchos de quienes crecieron viendo el programa mexicano.

El éxito está asegurado desde los libros

De acuerdo con el profesor Mariano Herrera, representante de la Alianza por la Educación —un movimiento privado que busca elevar la calidad educativa en Venezuela y promover la permanencia escolar—, la lectura desde una edad temprana en el hogar es fundamental para formar este hábito. Para el profesor Herrera, el contacto con los libros en la infancia es un factor determinante para el éxito escolar, ya que fortalece las habilidades de lectoescritura.

“Hay que retomar la lectura como elemento para desarrollar la comprensión lectora, como un mecanismo sólido de enseñanza y aprendizaje”, enfatizó Herrera. Asimismo, puntualizó que, mediante los libros, los niños pueden descubrir un mundo de diversión y aventuras, gracias a la satisfacción que brinda aprender a través de la lectura.

Arcos Dorados es el mayor operador de restaurantes en América Latina y el Caribe, así como el mayor franquiciador independiente de McDonald ‘s en el mundo. Actualmente, la marca opera alrededor de 21 países de la región. Esta franquicia mantiene un enfoque en temas de interés social, como el desarrollo sostenible, el cambio climático, la diversidad y la inclusión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Laser Airlines entra en la competencia de los vuelos Caracas-Miami

A partir del 1 de mayo de 2026, la aerolínea estadounidense Global X en alianza comercial con LASER AIRLINES, iniciará vuelos directos y sin escala entre las ciudades de Miami y Caracas, dando continuidad a la apertura de la conectividad aérea entre Venezuela y los Estados Unidos de América.

Dicha operación será realizada con aeronaves Airbus A-320, con capacidad para 150 pasajeros, incluyendo 12 asientos en clase ejecutiva y 138 en clase turista, ofreciendo al mercado una alternativa moderna, eficiente y confiable para los pasajeros que viajan entre ambos destinos.

La nueva ruta contará con una frecuencia diaria, con miras de ampliar su oferta en las temporadas de mayor demanda de viajes. El itinerario diario establecido para esta ruta será el siguiente:

  • Miami–Caracas: salida a las 7:30 a.m. y llegada a las 10:45 a.m.
  • Caracas–Miami: salida a las 12:30 p.m. y llegada a las 4:00 p.m.

American Airlines anunció la reanudación de los vuelos entre Venezuela y Estados Unidos a partir del miércoles 30 de abril. La aerolínea señaló que todavía está trabajando con los entes reguladores para habilitar los vuelos directos y espera nuevas aprobaciones gubernamentales para “ofrecer un servicio diario sin escalas entre Miami (MIA) y Caracas, Venezuela (CCS), con el avión Embraer 175»,

Laser, por su parte, ofrecerá otros beneficios en la ruta que van desde más equipaje por cabina, servicio de comidas y bebidas, refrigerios y bar abierto abordo. En clase ejecutiva contará además con ventajas como: embarque prioritario, acceso a salones VIP, 2 equipajes facturados de 23 kilos, refrigerios y comidas calientes, entre otros.

“Gracias a la Alianza comercial con Global X, esta operación representa un paso muy importante para seguir fortaleciendo nuestra conectividad internacional y responder a una demanda histórica del mercado. Miami es un destino clave para nuestros pasajeros, y esta operación nos permite ofrecer una alternativa directa, cómoda y competitiva, con atributos de servicio que elevan la experiencia de viaje”, expresó Eliana Verkooke, directora comercial de Laser Airlines en representación de Global X.

18 ONG trazan ruta para encauzar una transición democrática

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Este martes 22 de abril, dieciocho ONG, junto con personas y activistas de derechos humanos, firmaron un comunicado en el que plantean seis condiciones fundamentales para una ruta democrática, pacífica y sostenible frente a la crisis que atraviesa Venezuela. En el documento, señalaron la necesidad de fijar un camino claro hacia una transición política sustentada en criterios jurídicos, técnicos y políticos que permitan restituir el orden constitucional.

El comunicado está suscrito por dieciocho ONG, entre ellas la Asociación de Venezolanos en Pontevedra (Asovedra), Caleidoscopio Humano, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Coalición por Venezuela, Ideas por la Democracia, el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp), República TV, La TV Calle, Laboratorio de Paz, Lateral Lab, Nosotras por Todas, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Provea, la Red de Asociación de Jubilados y Pensionados de Venezuela en el Exterior (Apejuvex), la Red Electoral Ciudadana (REC), Transparencia Electoral, Transparencia Venezuela y Voto Joven.

La transparencia debe regir el cambio

Los firmantes reafirmaron que unas elecciones libres, competitivas y verificables constituyen un mecanismo fundamental para encaminar las fases de estabilización, recuperación y transición que necesita el país.

La primera condición plantea la exigencia de una autoridad electoral plenamente independiente. En ese sentido, proponen la renovación del Consejo Nacional Electoral, actualmente presidido por Elvis Amoroso, quien estuvo a cargo de la organización de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La reestructuración del órgano electoral, señalan, debe realizarse bajo criterios transparentes e integrales, procurando dejar de lado los acuerdos de reparto político y garantizando que las personas designadas cuenten con la preparación adecuada en todos los niveles.

La renovación integral del Consejo Nacional Electoral constituye el primer y más importante paso de la ruta electoral, por cuanto es necesario garantizar una institución independiente, profesional y confiable, se destaca en el reporte.

En un contexto en el que aún permanece pendiente la excarcelación de diversos presos políticos, las organizaciones exigen, como segunda condición, garantías efectivas de pluralismo político. El tercer punto se centra en la necesidad de un registro electoral confiable y en garantizar el voto en el exterior. Consideran que, dada la magnitud de la diáspora venezolana, asegurar el sufragio de quienes residen fuera del país es fundamental para el ejercicio de la democracia.

La libertad de expresión también es parte del plan

Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, las organizaciones plantean como cuarta condición la realización de una auditoría integral, independiente y verificable del sistema automatizado. Este planteamiento se articula con un quinto punto: la observación electoral nacional e internacional, así como la asistencia técnica en materia electoral. Además, exhortan a seguir las recomendaciones de organismos internacionales y a aprender de experiencias previas en procesos de negociación política y electoral.

Como último punto, resaltaron la importancia de garantizar el acceso equitativo a la información pública y a la cobertura de los medios de comunicación. Ante la restricción de más de 200 dominios web, en su mayoría portales de noticias en el país, consideran fundamental defender el libre ejercicio de la libertad de expresión. Asimismo, destacaron que existen insumos relevantes para avanzar en la construcción de condiciones electorales y advirtieron que la prolongación de la incertidumbre política incrementa la frustración social. En este sentido, subrayaron la urgencia de convocar un proceso presidencial y parlamentario en el país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Mucho ruido y pocas excarcelaciones: las cifras de Foro Penal sobre la amnistía

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La ONG Foro Penal expuso en un publicación de X que apenas un 24,21% de las excarcelaciones que se han producido desde el pasado 8 de enero corresponden a la amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.

Apenas cinco días después de la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas armadas estadounidenses, el presidente del Parlamento controlado por el chavismo, Jorge Rodríguez, anunció que “un número importante” de personas serían excarceladas. 

Foro Penal informó que desde el 8 de enero se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 han ocurrido en el marco de la Ley de Amnistía. 

“Si el gobierno tiene otros datos con gusto los verificamos, pero no se ha publicado un informe oficial con la lista de los favorecidos por la amnistía”, escribió Gonzalo Himiob, director y vicepresidente de la organización. 

De acuerdo con el diputado y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, 8616 personas se han beneficiado por el instrumento jurídico: 8.302 que se encontraban con medidas cautelares y 314 que estaban privadas de libertad.

Según el exvicepresidente de la República, la comisión que preside ha recibido 12 187 solicitudes de amnistía en dos meses, tanto de personas que se encuentran dentro y fuera de Venezuela.

En una de sus múltiples declaraciones en medios públicos, Arreaza sentenció que la Ley de Amnistía no puede beneficiar a personas como la dirigente política opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. 

“En lo que el juez vea que tú pediste invasión una, dos, tres veces ya no corresponde. Sencillamente, la ley es muy clara”, dijo. 

Organizaciones civiles, abogados y miembros de academias han denunciado que la ley es discriminatoria, selectiva y arbitraria porque apenas recoge 13 eventos durante 27 años de gobierno chavista, excluyendo a un grueso de personas, entre ellos militares y políticos.  

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país. 

“Las elecciones no llegarán solas”: instan a presión ciudadana e internacional

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Este jueves 23 de abril de 2026, a las 10:00 de la mañana, organizaciones de la sociedad civil discutieron el papel de ciudadanos y ONG frente a un eventual proceso electoral en Venezuela. En el conversatorio virtual “¿Deben los ciudadanos y ONG hablar de elecciones?”, las intervenciones de Mercedes de Freitas (Transparencia Venezuela), Deborah Van Berkel (Ideas por la Democracia) y la moderación de Rafael Uzcátegui (Laboratorio de Paz) coincidieron en un punto central: las elecciones no ocurrirán por inercia, deben ser exigidas, construidas y acompañadas por condiciones políticas y técnicas claras.

El debate se desarrolló con alusiones al contexto social y político que aún persiste en el país, caracterizado por restricciones a la participación, persecución a organizaciones y cuestionamientos sobre la legitimidad institucional, lo que llevó a los ponentes a plantear rutas que combinan presión interna, acompañamiento internacional y fortalecimiento del tejido social.

Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz y moderador del encuentro, abrió el debate planteando el dilema histórico de las organizaciones sociales en contextos electorales: “Usualmente, desde las organizaciones sociales y de DDHH en momentos electorales se ha convocado a la ciudadanía a participar, pero no se ha hecho proselitismo por un candidato. No obstante, eso ocurre en procesos democráticos, en situaciones como las de Venezuela, habría que preguntarse si debe ser así”.

Uzcátegui introdujo así el eje central del conversatorio: el rol de la sociedad civil en escenarios donde las condiciones democráticas están en disputa. En ese sentido, también vinculó la discusión con el contexto político reciente al señalar: “La reivindicación del 28 de julio puede entrar en el reclamo de un nuevo proceso comicial”.

Su intervención sirvió como marco para el resto del debate, que profundizó en la revisión del papel tradicional de las ONG frente a un escenario que, según los participantes, exige nuevas formas de incidencia, y las propuestas que ya vienen surgiendo desde el seno de varias de ellas.

Estatuto electoral y renovación institucional

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, centró su intervención en la necesidad de transformar las estructuras políticas como condición previa a una transición.

“La transición comenzará cuando comiencen los cambios de esa estructura que nosotros hemos definido como corrupta, que además tiene vínculos con crimen organizado y que ha sido la responsable de la destrucción de la calidad de vida del venezolano, exilio, represión y presos políticos”, opinó.

Aunque subrayó que Transparencia Venezuela es una organización dedicada a la lucha contra la corrupción, su trabajo se ha ampliado hacia el ámbito electoral y en la coyuntura venezolana actual, trabajan por la promoción de “elecciones libres, justas y transparentes”.

Entre los planteamientos más concretos, destacó la prioridad de elecciones parlamentarias junto con las presidenciales y la propuesta de un instrumento jurídico excepcional, un estatuto electoral especial tras estudiar diferentes procesos en el mundo que han avanzado en situaciones de transición, como los de Chile, México y Georgia, en los que se han implementado estos instrumentos “especiales, taxativos, limitados y temporales”.

La propuesta de Transparencia Internacional, difundida hace unos días, consiste en un instrumento que no se tenga que regir por la legislación vigente electoral, sino que defina un proceso especial. De Freitas detalló que este estatuto abarcaría áreas cruciales del ciclo electoral, incluyendo la reinstitucionalización del sistema, un nuevo Consejo Nacional Electoral, garantías de participación política, transparencia en la toma de decisiones y un registro electoral confiable, con inclusión de venezolanos en el exterior.

El tránsito por ese camino no será fácil y De Freitas identificó los principales obstáculos: “Para llegar ahí hay que llegar a un acuerdo político, ¿se querrá desde el gobierno aprobar un estatuto electoral? Quizás sea necesaria una presión internacional suficiente y EE.UU. debe jugar un papel allí”, sentenció.

En cuanto al rol ciudadano, insistió en la organización como mecanismo de protección y avance: “Ante el miedo y la incertidumbre, organización. El temor se tiene que gestionar y atravesar y no se tiene que hacer todo a la vez, se puede progresivamente ampliar los espacios”.

Aprovechar la pequeña ventana

Deborah Van Berkel, integrante de la coordinación de Ideas por la Democraica, planteó que el país atraviesa un momento limitado pero determinante para impulsar cambios políticos.

“Ahorita tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña, pero que no podemos dejar pasar. Una ventana de oportunidad para un cambio real en Venezuela y hay fuerzas trabajando para que ese cambio se dé y que no sea cosmético”, precisó.

A su juicio, la primera muestra contundente de expresión ciudadana fue el 28 de julio de 2024: “Ese día se demostró cómo el país había tomado una decisión de cambio, fue una fotografía del país”.

Sin embargo, advirtió que la sociedad civil opera bajo condiciones adversas: “La sociedad civil ha sido perseguida, limitada, reducida, muchas han tenido que salir y estar en asilo político”.

En ese contexto, hizo un llamado directo a la acción ciudadana: “Para la ciudadanía es el momento de hacer que las cosas pasen por la defensa de nuestros derechos”. Van Berkel insistió en que las elecciones requieren construcción política y técnica: “Las elecciones no nos van a llegar del cielo, tiene que activarse una exigencia nacional y con la comunidad internacional para las condiciones de ese proceso”.

Entre los elementos clave para un proceso electoral, enumeró la independencia del poder electoral, renovación del CNE, garantías de pluralismo político, registro electoral confiable, voto en el exterior, auditorías independientes, observación nacional e internacional y acceso equitativo a la información.

Van Berkel subrayó que las condiciones técnicas deben ir de la mano con las políticas y que se debe rechazar cualquier designación que no nazca de la independencia real:

“Las designaciones tampoco deben ser como las que designaron al nuevo fiscal y defensora. No puede ser un pacto. debe haber también garantías de pluralismo político, todos los que tienen que estar deben participar, sin partidos ni tarjetas coptadas. la representación política no puede estar sujeta a las decisiones del poder, debemos tener un registro electoral confiable, el voto del extrnajero debe ser contemplado, así como las auditorías independientes y que haya observación nacional e internacional autónoma e independiente”, enumeró.

También subrayó la necesidad de evitar acuerdos excluyentes: “No puede haber pacto entre élites, los venezolanos como pueblo organizado, deben ser parte de ese proceso”.

Por otra parte Van Berkel declaró que la Constitución está siendo violada al no declararse la falta absoluta presidencial, lo que hace imperativa una nueva convocatoria que incluya a la AN, la cual considera ilegítima.


“No puede validarse la presencia de una persona que no ha recibido ninguna investidura popular y que no puede seguir llevando las riendas del país con base a un condicionamiento de intereses exteriores. Llamamos a los EE.UU. a acompañar un proceso de reinstitucionalización del país que los venezolanos apoyamos”, instó.

Construyendo las elecciones

A lo largo del conversatorio, las tres intervenciones convergieron en varios puntos: la ciudadanía organizada debe jugar un rol activo no solo de observación, sino de incidencia en la exigencia de condiciones como garantías políticas y técnicas, como la independencia institucional, transparencia y participación amplia.

En palabras de Van Berkel: “Las elecciones no llegan solas, hay que construir el camino para llegar a ellas y que sean creíbles para lograr un cambio político”.

El panel coincidió en que el contexto actual implica riesgos, por lo cual la organización debe ser progresiva y estratégica. Y para darle potencia a estos esfuerzos, la presión internacional aparece como un factor clave, junto con la movilización interna.

En la línea de Mercedes De Freitas, ese camino pasa por la reorganización social: “No hay que exponer el pecho, es momento de cuidarse, porque organizados se reducen los riesgos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El pensamiento crítico como herramienta

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Resulta impactante comprender la importancia que tiene el pensamiento crítico en todos los ámbitos de la vida. Recientemente reflexionaba sobre el papel que este desempeña en las distintas profesiones del mundo, particularmente a través de una disciplina tan compleja y humana como la actuación.

Es fascinante observar cómo un actor, a partir de su propio criterio, es capaz de interpretar con precisión los rasgos de un personaje y, al mismo tiempo, transmitir mensajes significativos para la sociedad. Allí surge una pregunta inevitable: ¿nos hemos detenido realmente a pensar cuán importante es fomentar el pensamiento crítico dentro de nuestras profesiones? ¿Cómo, desde nuestra propia trinchera, podemos contribuir al bien común mediante el criterio, la reflexión y la intención con la que ejercemos nuestro trabajo?

A través de la serie Doc, estrenada el año pasado en Netflix, he podido valorar precisamente cómo el pensamiento crítico, la humanidad y la inclusión —entendida en su sentido más amplio— son adecuadamente abordados y comunicados mediante una producción audiovisual. El arte, como tantas otras expresiones humanas, tiene la capacidad de invitar a la reflexión y de mostrar que incluso una película o una serie puede convertirse en vehículo de transformación social.

Como sociedad, urge preguntarnos qué tipo de profesionales queremos ser, qué valores deseamos transmitir y de qué manera podemos aplicar el pensamiento crítico para construir un mundo más justo y equitativo. Porque la justicia y la equidad no son conceptos secundarios frente al pensamiento crítico; por el contrario, son consecuencia de él. La mayor herramienta que posee el ser humano es su capacidad de razonar, de cuestionar y de comprender cómo sus acciones impactan no solo a otros individuos, sino también al entorno que lo rodea.

Reflexionar sobre la realidad no siempre resulta sencillo. Vivimos rodeados de dinámicas automáticas y cotidianas que muchas veces pasan inadvertidas. Sin embargo, una de las grandes ventajas de detenernos a pensar sobre aquello que sucede en nuestra vida es que ejercitamos directamente el pensamiento crítico, permitiéndonos identificar oportunidades de mejora y nuevas posibilidades para construir una mejor sociedad.

La verdadera humanidad aparece cuando entendemos que la vida es una búsqueda constante de sentido, de bienestar y de plenitud, aun sabiendo que la felicidad absoluta probablemente no existe como estado permanente. En esa búsqueda encontramos aprendizaje, muchas veces observándonos a través de otros, como ocurre con los actores; otras veces, reflejándonos en quienes están a nuestro alrededor; y, en muchas ocasiones, siendo espectadores que interpretan los mensajes que la vida les presenta.

Siempre he creído que lo humano, en su sentido más profundo, es aquello que verdaderamente nos define. Lo distinto nos une, pero también nos distingue nuestra manera particular de comprender el mundo. El cine, la actuación y todo aquello que nos rodea constituyen oportunidades permanentes de crecimiento, siempre que sepamos aplicar el pensamiento crítico y entender hasta qué punto, como seres humanos, podemos crecer, vivir y sentir.

Quizás no podamos cambiar el mundo de un plumazo. Pero sí podemos hacer, cada día y con cada acción, aquello que nos corresponde para sentar las bases de un futuro mejor.

@eduardofrontado

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es