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Cómo se vive siendo profesor universitario en Venezuela

En la mayoría de los países, incluso en los más cercanos de la región, ser profesor universitario es una carrera estable, respetada y muy bien remunerada. En Venezuela ocurre todo lo contrario. Desde hace más de diez años, la docencia a nivel superior atraviesa por su época más oscura: desmejora salarial sostenida, beneficios inexistentes y condiciones laborales deplorables que han obligado a muchos a buscar oficios extras para poder sobrevivir. 

Karina Guillén* es docente universitaria con casi 20 años de experiencia en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Poco tiempo después de graduarse (2007) decidió ejercer la docencia en su alma mater. Pensaba que impartir clases era una manera de retribuir a la universidad su formación y, al mismo tiempo, una oportunidad de crecimiento académico y profesional. Sin embargo, llegó la crisis económica y con ella los peores años para los docentes de educación superior. 

A Guillén le tocó ver las dos caras de la docencia universitaria en Venezuela. Durante sus primeros años, antes de 2014, pudo contar con relatividad, estabilidad, beneficios y una remuneración cónsona con su dedicación. Pero a partir de ese mismo año, la crisis arrasó con los salarios hasta convertirlos en algo simbólico.

A partir de 2014, la profesora fue testigo del éxodo masivo, de las aulas vacías y de las decisiones políticas que contribuyeron a desmejorar la universidad. Aún así siguió impartiendo clases aferrada a la idea de no dejar que la institución se viniera al suelo, de no parar la profesionalización del país, y sobre todo, de “no darle el gusto” a que la oscuridad de la ignorancia siguiera ganando terreno en el país.

Actualmente el salario de la profesora es prácticamente inexistente y, aunque percibe un bono de “guerra económica” de 120 dólares mensuales, este no incide en sus prestaciones salariales, no reconoce la trayectoria ni el escalafón que, desde hace años, está detenido por la paralización institucional. 

“En Venezuela, todas las formas de ejercer la docencia están atravesadas por la precarización del trabajo. Los profesores tienen que tener más de un ingreso para poder subsistir y, si no los tienen, corren el riesgo de  de tener una alimentación precaria, de no poder tener acceso a servicios de salud y a tratamientos médicos para muchas patologías y condiciones, con el paso de los años, son comunes”, comentó Guillén.

Para la profesora, la docencia es un trabajo muy satisfactorio, pero la realidad es que se ha convertido en un apostolado que ha sostenido la ineficiencia de un Estado que ha dejado de lado la educación durante décadas, lo que a su juicio, potencia la precarización del ejercicio en comparación con otros profesionales de Latinoamérica.

La docencia universitaria exige una formación continua. Los profesores deben costear actualizaciones, diplomados, maestrías y doctorados para mantenerse vigentes; además, deben dedicar horas extras -no remuneradas- en la preparación de las clases y en la corrección de tareas. También deben cumplir con requisitos de investigación y extensión para ascender en el escalafón académico. Esta combinación de exigencias y la simbólica retribución, hacen que la situación del docente sea una de las más duras y severas.

Los más pobres 

En diciembre de 2025, el Observatorio Venezolano de Universidades alertó que el profesor universitario venezolano es el más pobre de Latinoamérica. 

En su boletín, el OBU reveló que la gran mayoría de los más de 64 000 académicos que trabajan en el país, según datos oficiales, viven actualmente en condiciones de “extrema vulnerabilidad”.

Desde el 25 marzo de 2022 —último aumento anunciado por el gobierno del expresidente Nicolás Maduro— el salario mínimo de los trabajadores en Venezuela se mantiene estancado en Bs. 130 mensuales, lo que en ese entonces equivalía a 30 dólares, hoy en día son 0.26 centavos de dólar, una cifra que está muy por debajo del umbral de pobreza extrema recientemente actualizado por el Banco Mundial, que establece que una persona necesita al menos tres dólares diarios para no ser considerada en esa condición.

Según información difundida por el Cendas en su cuenta en X, la Canasta Alimentaria Familiar alcanzó un récord de 692,32 dólares (Bs. 308.084,33) para el mes de marzo de 2026. Esto se traduce en que con un salario mínimo solo se puede adquirir el 0.04% de la canasta. El Cendas recalcó que una familia necesita más de 2400 salarios mínimos para poder comprar los productos básicos para su subsistencia.

La situación de Antonio De Eliseo, profesor titular de la UCV, no es distinta a la de Guillén. Con una experiencia de 45 años como docente, define su situación económica como “complicada”, por lo que ha tenido que reinventarse para poder subsistir. Aunque el docente también es investigador y participa en proyectos internacionales, su ingreso universitario es también simbólico. En la última quincena recibió 1300 bolívares, unos tres dólares al cambio oficial. Al profesor le preocupa enormemente la seguridad social y, aunque cuenta con el Instituto de Previsión del Profesorado, la cobertura que le garantizan es de apenas 300 dólares y se mantiene con el sueldo disminuido de los profesores y las contribuciones que se puedan hacer.

Los académicos venezolanos, junto con los cubanos (cuyo salario máximo es de 29 dólares mensuales), encabezan el “ranking de pobreza por ingresos en educación superior” en América Latina y el Caribe.

En contraste, entre los docentes de otros países que se posicionan con mejores salarios en la región destacan: Uruguay ($6065), Chile ($7330), México ($1996), Paraguay ($1870) Colombia ($1703) y Argentina ($1124).

“Nunca habíamos sido tan despreciados”

En su informe de 2025, el OBU también reportó violaciones a los derechos políticos y civiles de los docentes, cuyas denuncias crecieron un 79% a partir de 2024.

Ingerzon Freites, profesor de política económica en la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela desde 2010, califica la situación de los profesores universitarios como “precaria, caótica y vergonzosa”. Asegura que percibe mensualmente menos de 1000 bolívares y un bono que apenas le alcanza para cubrir gastos mínimos en su hogar. 

El docente aseguró con tristeza que nunca en la historia del país un profesor universitario fue tan “despreciado, deshumanizado y  precarizado”.

Recordó que hace 20 años un titular podía percibir hasta 2000 dólares, mientras que hoy muchos sobreviven haciendo trabajos informales.  En su caso, se sostiene como taxista o realizando mudanzas. 

El profesor aseguró que continuará en la lucha por la dignificación del salario, al tiempo que rechazó el argumento oficial de que “no hay dinero”, cuando en otras instituciones del Estado —dijo— técnicos y analistas ganan entre 500 y 1000 dólares mensuales.

Sinfín de derechos vulnerados 

El artículo 91 de la Constitución establece que “todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”. Además ordena que el salario sea ajustado anualmente tomando como referencia el costo de la canasta básica.

En el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos queda claro que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), de igual manera, establece que los salarios de los trabajadores deben “garantizar las necesidades del trabajador y su familia”.

A los docentes universitarios se les vulnera también el derecho a contar con un seguro social eficiente que responda en casos de emergencias médicas y en salud preventiva. 

El desarrollo profesional también está comprometido en Venezuela por la paralización de concursos de oposición y la imposibilidad de ascender en el escalafón, pero con esto, no solo los profesores se ven afectados. La precarización docente incide directamente en el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad. 

En este escenario, la profesora *Guillén, de la Universidad Central de Venezuela, insta a los estudiantes a comprender y apoyar las razones que llevaron a escalar el conflicto hace unos días y a convocar un paro de 24 horas.

“Durante más de una década, los profesores hemos sostenido la educación universitaria. Ha sido un ejercicio de esfuerzo, voluntad, de enfrentar las mismas dificultades y preocupaciones que han experimentado ellos, porque lo veíamos en clases: rostros cansados, testimonios de quienes admitían que no habían comido o comido poco. La lucha por la dignificación de los salarios es algo que trasciende la causa universitaria, que puede beneficiar a sus padres, a sus hogares. Además, para que la educación sea continua y de calidad, debe ser bien remunerada. No es un favor lo que estamos pidiendo, es un reclamo de justicia social”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Las balas en Yare III salieron de los funcionarios”: piden fe de vida frente al Palacio de Justicia

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Fotos y videos:  Foto: María Gracia Lacruz

Madres de privados de libertad protestaron frente a la sede del Palacio de Justicia, en Caracas, este 24 de abril, para exigir una investigación de los hechos de violencia ocurridos durante esta semana en la cárcel de Yare III, así como también para reclamar la libertad de los detenidos injustamente y exhortar a solucionar los problemas estructurales que persisten en los centros de reclusión del país.

Jasmín Bracamonte, familiar de un detenido, dirigió unas palabras a la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez: “Yo sé que cuando usted fue niña, le cegaron la vida a su padre y hubo justicia en ese tiempo. Por lo que pasó en Yare también queremos justicia porque fue contra una población desarmada, yo fui familiar de un privado de libertad en Yare y allí no dejan pasar armas, las únicas armas que hay la poseen los funcionarios”.

Bracamonte también preguntó a Rodríguez por qué no permiten que los familiares puedan llevar comida a los detenidos, ya que “el Estado no está en capacidad de suministrarla”: “Mi familia está en Rodeo IV y les dan arepa con papa, o arroz con papa”.

La señora completó su testimonio recalcando a la encargada del poder en el país que las madres de los presos no son enemigas del Estado: “A usted se le hizo justicia en esa cuarta que tanto denigran, lo que queremos es que el ministerio penitenciario se responsabilice por todos los privados de libertad”.

“Tienen que desmantelar Yare III, es un centro de criminales pero a través del propio gobierno. Antes teníamos miedo de denunciar y lo perdimos tarde, ahora hay muertos y desaparecidos, queremos fe de vida”, expresó entre sollozos una familiar de un recluido en ese centro.

“Esas balas salieron de los armamentos de los funcionarios que estuvieron en esa revuelta, pero acusan a los muchachos -los detenidos- para ellos salir libres de culpas (…) Necesitamos fe de vida”, clamaba la madre de un recluido en Yare III. Mencionó que sigue esperando una llamada del ministerio que le confirme que su ser querido está con vida.

La señora asegura que en el Hospital de Ocumare hay decenas de heridos por la situación violenta ocurrida el pasado 19 de abril y que se están produciendo traslados de detenidos sin información: “No nos dan los nombres por ninguna parte”.

En la protesta también hicieron acto de presencia familiares de presos políticos como Verónica Vargas, hermana de Juan Camilo Vargas, joven de de nacionalidad colombiana recluido en Yare II. Fue detenido en agosto de 2024 cuando cruzó la frontera para legalizar su visa estudiantil, ya que quería estudiar en Venezuela: “Él no es ningún terrorista y se le acusa de eso“, sentenció Verónica, al tiempo que reveló que el gobierno colombiano prácticamente se ha desentendido del caso, bajo el argumento de que no pueden intervenir en estos asuntos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Saben y alertan, pero no las escuchan: la deuda con el conocimiento femenino en la crisis climática

En el marco de la maestría en Estudios de la Mujer por la Universidad Central de Venezuela (UCV), se llevó a cabo el 23 de abril el foro virtual “Más allá del silencio y la traducción: justicia epistémica y el derecho de las mujeres a una voz política en la crisis climática”.

El encuentro remoto contó con la ponencia de la socióloga María Victoria Canino, jefa del Laboratorio de Ecología Política e investigadora del Centro de Estudios de la Ciencia, quien analizó cómo el patriarcado científico ha desplazado el conocimiento femenino bajo la premisa de que carecen de rigor técnico, mientras las mujeres sostienen la vida en los territorios más vulnerables del país.

Al explicar la relación histórica entre el género y la ciencia, Canino señaló que Venezuela padece de una “injusticia epistémica”, es decir, el negar a una persona su derecho de ser reconocida por tener un conocimiento válido por prejuicios sobre su identidad, en este caso las mujeres en la opinión política.

La especialista enfatizó que, desde la Revolución Científica, se construyó un modelo donde la razón se asoció a lo masculino, mientras que lo femenino fue desplazado a lo “sensible o irracional”. Esto hoy se traduce en obstáculo para que las líderes comunitarias participen en las propuestas de soluciones ambientales.

Esta incapacidad de reconocer el conocimiento de la mujer se ve demostrado en la gestión de territorios mencionados durante el foro, donde a pesar de que las mujeres ocupan la gran mayoría de los cargos de liderazgo en consejos comunales, sus alertas sobre el entorno están siendo ignoradas.

Canino destaca que la crisis climática actual no puede resolverse si el sistema sigue exigiendo que el saber local sea “traducido” a términos académicos para tener validez.

“No hablemos solamente de derechos y leyes porque las leyes nos han dado el derecho de estar presentes, porque es verdad que ocupamos espacio, somos numéricamente más que los hombres en muchísimos espacios, pero no tenemos todavía el derecho de ser creídas de que nuestra palabra valga”, sentenció CANINO.

El cuerpo femenino como detector a la crisis

La ponente puso el foco en el cambio climático en Venezuela y refirió que el cuerpo de la mujer funciona como una especie de detector: en comunidades de Aragua, Miranda y La Guaira, las mujeres reportaron síntomas físicos como aumento de fatiga o calor extremo.

“El cambio climático lo siento en el cuerpo porque ahora sudo más… me dan calorones que se me baja la tensión”, relatan mujeres de zonas populares, y establecen las analogías de que si ellas no aguantan el calor, las plantas tampoco. Para Canino, estas percepciones no son anécdotas, sino “objetividad fuerte” que permiten adaptaciones a las que la ciencia tradicional le intenta restar importancia.  

La socióloga agregó que las mujeres venezolanas enfrentan una gran vulnerabilidad y que tienen catorce veces más probabilidades de fallecer durante un desastre socioambiental, debido a que los roles de cuidado que tienen impuestos limitan su movilidad y las obligan a gestionar la supervivencia del hogar sin apoyo de servicios básicos.

De la deserción escolar a la asfixia en el hogar

Un punto importante mencionado en el encuentro es la cruda realidad de zonas afectadas por desastres, como en Las Tejerías, donde la crisis ambiental impacta la educación de forma directa, ya que en situaciones de sequía o inundaciones, las niñas son las primeras en abandonar las escuelas para cargar agua o asumir las tareas del hogar. Esto lleva al riesgo de pobreza a largo plazo y las excluye prematuramente de los espacios públicos.

Una de las propuestas centrales durante el foro fue cambiar la visión de la mujer como un “objeto de estudio” a considerarlas un “sujeto de conocimiento”. Este cambio puede implicar que las agricultoras y líderes dejen de ser solo testimonios o historias de angustia para convertirse en agentes con poder real de ejecución y decisión frente al Estado Venezolano.

El fin del silencio institucional

La ponente hizo énfasis en que la justicia epistémica debe ir acompañada de una democratización real de las instituciones. En el foro recomendaron romper con la “traducción institucional”, que silencia la voz política femenina, y reconocer que los conocimientos en el interior del país son indispensables para enfrentar la crisis climática que mantiene a las comunidades al borde de la inoperatividad.

El foro concluyó con un exhorto a que se permita la agencia política a las venezolanas, quienes hoy enfrentan la crisis climática desde la primera fila de resistencia en sus comunidades, pero siguen esperando que sus palabras sean reconocidas como una verdad científica y política.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El pliego de urgencias que la USB presentó a la ministra Sanjuán para exigir soluciones

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La Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (FCEUSB), respaldada por gremios de profesores, egresados y personal administrativo, entregó este jueves, 23 de abril, un documento formal a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, denunciando la “crisis terminal” que atraviesa la institución.

Este encuentro tuvo lugar luego de que los estudiantes demandaran ser escuchados por la ministra, toda vez que ya lo había hecho con representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

En el documento publicado por la Federación en redes sociales, detallan una situación crítica que combina el colapso de la infraestructura con una parálisis institucional que ha provocado una deserción estudiantil masiva, reduciendo la matrícula de 10 000 a menos de 3000 estudiantes.

El punto central del reclamo es el restablecimiento de la legalidad interna. La FCEUSB denuncia que, desde septiembre de 2021, la universidad ha sido dirigida por autoridades impuestas por el CNU, lo que vulnera el Reglamento General de la USB.

En tal sentido, proponen la designación de rectores de transición que cumplan con los requisitos de ley y tengan como único mandato convocar a elecciones generales en el lapso legal establecido.

La misiva, firmada por Wilmary Venal, presidenta de la FCEUSB, señala que si bien la resolución de las carencias materiales es urgente para evitar un “cierre técnico”, la solución estructural requiere obligatoriamente el restablecimiento del orden democrático y la salida de las autoridades actuales. “Solo autoridades con legitimidad podrán rescatar el futuro de la Universidad Simón Bolívar”, dicta el comunicado.

Colapso de servicios estudiantiles

Le petición elevada a la ministra incluye abordar la crisis de servicios básicos, situación que ha hecho casi imposible la permanencia de los estudiantes en los campus de Sartenejas y el Litoral.

Según el texto, de 105 unidades que operaban en 2012, hoy solo funcionan 3 unidades propias. En cuanto al comedor, este acumula dos semanas sin servicio por falta de presupuesto, gas y fallas de infraestructura.

También, los estudiantes denuncian que la beca de $5 mensuales no cubre ni el transporte básico, mientras se les intenta cobrar $1.5 por desayunos en el comedor.

Deterioro de la infraestructura y caimanes en la piscina

El documento revela cifras alarmantes sobre el déficit fiscal, el cual escaló de $ 2000 en 2024 a casi $8000 en 2025 sin recibir respuesta del Ministerio.

Entre las consecuencias destacan el deterioro de la biblioteca, cerrada mayoritariamente desde 2019 por contaminación de hongos y moho en alfombras y colecciones. Asimismo, muchos laboratorios y aulas están fuera de servicio por falta de iluminación, reactivos y tecnología obsoleta.

Además, denuncian el abandono total de la piscina olímpica, la cual ha llegado al extremo de albergar fauna silvestre (caimanes).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Los “cortocircuitos legales” del fin abrupto que puso Delcy Rodríguez a la Ley de Amnistía

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Delcy Rodríguez, presidenta interina con el aval de Estados Unidos, sacudió el tablero institucional al declarar la clausura definitiva de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Bajo el argumento de que el instrumento “ya cumplió su ciclo” y que los casos pendientes deben ser canalizados por “otros espacios de convivencia”, el Ejecutivo intenta cerrar una etapa jurídica por la vía de la declaración administrativa.

Sin embargo, el consenso entre juristas y defensores de derechos humanos es absoluto: en un Estado de Derecho, el Ejecutivo no tiene la potestad de extinguir una ley que emana del Poder Legislativo.

El Ejecutivo no es legislador

Para el abogado Joel García, el anuncio de Rodríguez no es solo un error político, sino un “cortocircuito legal” que atenta contra la esencia misma de la seguridad jurídica. García sostiene con firmeza que la vigencia de una norma no depende de las valoraciones subjetivas de un gobernante ni de su percepción sobre si se cumplieron o no ciertas metas políticas.

Según la Teoría General de la Ley, una norma mantiene su vigor pleno mientras no exista un acto legislativo derogatorio o una cláusula de caducidad expresa, facultades que el Ejecutivo no posee. Al pretender trasladar los derechos subjetivos de la ley a “programas de convivencia”, el Estado intenta sustituir la justicia jurisdiccional por una concesión política, lo que constituye una desviación de poder y una vía de hecho administrativa que ignora la jerarquía normativa, explica el jurista.

La Constitución no es opcional

El director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, apela al rigor del Artículo 218 de la Constitución para recordar que las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes o abrogadas por referendo.

En su análisis, subraya que la Ley de Amnistía es un acto dictado por la Asamblea Nacional en su función legisladora y, al no tener una “fecha de caducidad” en su texto, su vigencia es indefinida.

Himiob denuncia que si la ley ha tenido un alcance limitado, ha sido por la falta de voluntad del sistema judicial, el cual ha actuado como una extensión del aparato represivo. Para el experto, la voluntad política debería centrarse en poner fin a la persecución y no en clausurar de forma arbitraria los pocos mecanismos legales existentes para cerrar ciclos de conflictividad.

Fraude al espíritu de la Ley

A pesar de estar bajo arresto domiciliario y con un grillete, el abogado Perkins Rocha alzó su voz para cuestionar el “fraude al espíritu de la ley” con la decisión de Rodríguez. Desde una perspectiva técnica basada en el Artículo 4 del Código Civil, Rocha enfatiza que la ley debe aplicarse según el significado propio de sus palabras y la intención real del legislador.

Rocha advierte que cerrar la puerta a la amnistía bajo criterios de “oportunidad” representa un fraude legal, pues se elude el verdadero sentido de la norma para favorecer intereses coyunturales. Al no existir un límite temporal en el texto de la ley, cualquier intento de autoridad administrativa por darla de baja es nulo.

Para Rocha, la justicia no puede ser víctima de aforismos políticos, especialmente cuando la seguridad jurídica exige el respeto irrestricto al ordenamiento vigente.

Víctimas en absoluta indefensión

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó también sobre las “graves consecuencias humanas” de esta decisión de Rodríguez, tras calificarla como un “atropello” que deja a los perseguidos en un limbo legal.

La organización sostiene que una ley de esta naturaleza no puede ser clausurada por una declaración unilateral, ya que su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución que busca subsanar.

Consideraron que al declarar el “fin” de la ley, el Ejecutivo envía una instrucción de facto a los tribunales para que ignoren las solicitudes de libertad, lo que anula el principio de progresividad de los derechos humanos, lo que confirmaría que, para el poder, la ley terminó siendo un ejercicio de retórica antes que un instrumento genuino de justicia.

“Esta medida no solo es discriminatoria, sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad”, cuestionó la organización.

Un freno a la reconciliación

Para la ONG Provea, poner fin a la Ley de Amnistía es a todas luces “inconstitucional” y atenta contra el proceso de paz y convivencia que el propio gobierno dice promover. La organización argumenta que la Ley de Amnistía es un paso fundamental para desarmar el sistema represivo que ha vulnerado los derechos de la población en años recientes.

Con más de 670 presos políticos aún tras las rejas, Provea insiste en que la liberación plena de estas personas no debe ser un objeto de negociación política, sino una obligación legal. La clausura de la ley entorpece la reinstitucionalización del país y profundiza la criminalización de la disidencia en lugar de resolverla.

El imperio de la arbitrariedad

Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz, señala que esta decisión ratifica un modelo de gobernanza basado en la excepcionalidad. “La propia ‘presidencia interina’ no ha cumplido lo previsto por la Constitución”, advirtió.

El defensor de derechos humanos advierte que cuando la arbitrariedad se impone bajo la excusa de “tiempos extraordinarios”, se destruyen las garantías ciudadanas de forma irreversible.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Una puerta cerrada cada semana: La espera por la amnistía del periodista Luis López

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Tras 19 injustos meses de detención, el periodista Luis López se enfrenta ahora a un muro que lo separa de la libertad plena: la falta de respuesta a su solicitud de amnistía.

López, periodista del diario La Verdad de Vargas detenido en el contexto preelectoral de las presidenciales de 2024, fue excarcelado el 14 de enero de 2026. Y han pasado más de dos meses desde que presentó su solicitud de sobreseimiento en el marco de la Ley de Amnistía que, abruptamente, el pasado 3 de febrero la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, dio por terminada.

Semana tras semana, López acude con la expectativa de recibir la respuesta. Y sigue aún en esa espera.

“El 23 de febrero acudimos al tribunal y entregamos la solicitud de amnistía a la doctora Diana Vieira, nuestra defensora pública, e hicimos lo mismo ante la unidad receptora de documentos el 26 de febrero. Pero fue el 6 de marzo cuando la defensora pública consigna ante el tribunal la solicitud de amnistía. Desde entonces, acudimos al tribunal, en principio, nos indicaron que nuestro caso iba a estar entre los favorecidos. Nos pidieron una resma de papel, fuimos a los quince días y nos dijeron que no había decisión al respecto. A partir de allí, vamos cada semana y cada semana es lo mismo: no hay pronunciamiento del tribunal ni a favor ni en contra de mi caso”, explicó en un video difundido en redes sociales.

López dice que la situación se ha convertido en “tormentosa”. Insistió en que no ha cometido ningún delito y que espera una decisión favorable, porque es inocente de los delitos que se le imputan.

Derechos vulnerados constantemente

 Luis López fue detenido en La Guaira por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 14 de junio de 2024, mientras se dirigía a cubrir la detención del activista juvenil Jeancarlos Rivas. Ya la represión se agudizaba en el país, en el contexto previo a las elecciones presidenciales. López fue una de las primeras víctimas en esa oleada.

Un día después, lo presentaron ante el Tribunal Segundo de Control con Competencia en Terrorismo y le imputaron cargos de incitación al odio, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Fue recluido en la sede del Sebin (El Helicoide) en Caracas, y al cabo de cuatro meses, su salud se complicó por un cuadro de hipertensión arterial, por lo que su familia empezó a solicitar una medida humanitaria que tampoco no llegó.

En abril de 2025, fue trasladado hacia el centro penitenciario Rodeo I, en el estado Miranda, un centro de máxima seguridad bajo condiciones de mayor aislamiento.

Su excarcelación se produjo el 14 de enero de 2026, once días después del operativo militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

Por su labor informativa en la fuente comunitaria, López ya había sido víctima de represalias antes. El 8 de marzo de 2021 fue detenido por espacio de unas horas mientras cubría una protesta por el Día de la Mujer.

Seis periodistas y trabajadores de la prensa en la misma espera

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que el caso de López “es parte de un patrón de judicialización y control contra quienes informan”.

En su cuenta en X, recordaron que son seis los periodistas y trabajadores de la prensa que siguen judicializados. Esto luego de informar y celebrar que este 24 de abril la reportera Deysi Peña recuperó su libertad plena, tras recibir copia de la decisión del Tribunal 2° de Juicio con competencia en terrorismo sobre el sobreseimiento de su causa.

“Fue detenida cuatro meses y sometida a un proceso judicial desde agosto de 2024. Seguimos exigiendo garantías reales para ejercer el periodismo y la libertad de otros seis colegas que continúan bajo una persecución judicial prolongada”, insistieron.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

¿Y cuándo la gente común podrá sentir una mejoría en Venezuela?

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En la azotea del edificio hay una animada fiesta y, escaleras abajo, el resto de los vecinos sigue sin ascensor, con agua racionada, apagones y sin plata para pagar el condominio… Empresarios optimistas, el chavismo en campaña electoral anticipada, el gobierno de Estados Unidos, algunos economistas, consultoras y hasta el FMI, coinciden en afirmar en declaraciones, informes, foros y conferencias que ciertas cosas mejoran en Venezuela.

Los más entusiastas apuestan a que este año la economía crecerá con fuerza, inclusive sobre el 12% del PIB (Producto Interno Bruto).

Como se sabe, el PIB es la suma total de riqueza en forma de bienes y servicios que produce una economía en un período determinado, digamos un semestre o en un año. Y es el principal indicador macroeconómico. Se supone que, como una cascada en Canaima, esa riqueza debería bajar y expandirse vertical y horizontalmente en el resto de la economía.

Pero entonces, si se está produciendo más riqueza, si llueven anuncios de inversiones y más producción de petróleo, si sigue la luna de miel entre Donald Trump y su impuesto gobierno neo chavista, y se han aliviado las sanciones financieras contra Venezuela, ¿por qué las personas de a pie no sienten los efectos de ese crecimiento y de esa mejoría en las expectativas? ¿Cuándo los sentirán? ¿Qué nos espera en el próximo capítulo?

“Creo que este año va a haber un crecimiento sustancialmente mayor que en los años anteriores, posiblemente inclusive pudiera superar el 10%”, señala el reconocido economista y profesor Pedro Palma.

“Pero los efectos sobre la población en su conjunto y particularmente sobre las personas de más bajos ingresos, el verdadero efecto favorable que se puede producir este año es una reducción importante de la inflación, por lo que es factible que eso beneficie a la gente”, agrega.

También espera que este 1 de mayo se anuncien aumentos salariales en beneficio de los trabajadores, que mejorarán su poder de compra.

“Pero no se pueden tener grandes esperanzas de que este va a ser un año de bonanza con una posibilidad de trabajo, muy amplia, y bien remunerado”, señala.

Otros expertos coinciden en que el principal efecto de la apertura económica chavista en su alianza con EEUU es que las exportaciones de petróleo se venden a mejor precio –sin el descuento otorgado a China para evadir las sanciones ahora flexibilizadas-.  Eso, con el limitado aumento de la producción nacional y de los precios por la nueva crisis del Medio Oriente, traerá más petrodólares.

Además, EEUU reinsertó al Banco Central de Venezuela en el sistema financiero internacional, lo que facilita el movimiento de divisas hacia y desde el país, incluyendo remesas y pagos de empresas y bancos.

El efecto es menos volatilidad en el mercado cambiario, y como en Venezuela la devaluación y el precio del dólar marcan el ritmo de los precios, esto se traduce en una inflación menos virulenta. Pero igual en lo que va de año el dólar oficial BCV ha subido de precio en 60% y el bolívar ha perdido otro 39% de su valor.

La inflación admitida por el Banco Central fue de 71,8% en el primer trimestre y en los 12 meses terminados en marzo acumuló 649%. Esta tendencia continúa. Y no hay manera de que los aumentos de sueldo, por decreto o por acuerdos entre empleadores y trabajadores, lleguen si quiera compensar de un solo golpe esa inflación. Los principales beneficiarios de ese aumento del 1 de mayo son los empleados públicos, que hoy son uno de cada cuatro trabajadores formales.

En el sector privado hace tiempo los salarios están muy por encima de los del Estado, donde el gobierno paga principalmente con bonos sin efecto en las prestaciones sociales.

Recuperación gota a gota

La más reciente encuesta de coyuntura de Conindustria prevé un aumento de 12,7% en la producción del sector manufacturero este año, pero apunta que será una recuperación incipiente, comparada con el alza de 15,4% en 2019.

Ya en 2025 el promedio de salarios en la industria venezolana fue de $503 por mes, un 14% mayor que en 2024.

Pero este sector, el que mejor paga, un obrero gana solo $270 mensuales, un profesional medio $537 y un gerente apenas $1.138, según Conindustria.

La canasta básica de alimentos, medida por el Cendas, del Magisterio, costaba en marzo $692, lo que ilustra la enorme brecha de ingresos y la muy baja capacidad de compra de los salarios.

Entre el 48% y 70% de los trabajadores (cifras del estudio Encovi de la UCAB y de consultoras) está en el sector informal, lo que incluye desde personas que sobreviven vendiendo empanadas, hasta técnicos que te cobran $50 por cambiarte la llave de un lavamanos, los maestros que dan clases privadas, hasta profesionales liberales.

“Tengo dificultades para entender cómo este renovado optimismo se va a transformar en realidades, en actividad económica real, y en bienestar para la gente”, señala el economista Omar Zambrano.

“A pesar de que ha habido algunos anuncios sobre inversiones en petróleo en grandes campos, eso no parece que va a ser ni de inmediato ni tan rápido y tampoco veo que esté pasando nada más en ningún otro sector”, agrega Zambrano al describir “un problema de origen”, en la falta de garantías institucionales y judiciales para poder producir un verdadero boom de inversiones.

“Pareciera que hay mucha cautela de parte de los inversionistas. A pesar de que hay una buena percepción sobre lo que pudiera pasar y los sentimientos son positivos para el cierre de año, no veo que esté pasando demasiado en términos de inversiones reales”, apunta.

“Esperar y ver qué pasa parece ser la estrategia dominante. Lo que está pasando en la calle es bastante preocupante, se nota una aceleración muy fuerte de la inflación, empieza a haber signos de que el consumo de los hogares está cayendo a cotas preocupantes y empiezan a sentirse síntomas de una economía a las puertas de una hiperinflación”, observa.

Para el profesor y consultor de la firma Anova, otra vez la situación económica se está deteriorando rápidamente “y a pesar de las expectativas positivas hay una tensión entre esas expectativas y lo que está pasando en la realidad”, dice. 

Indicadores esconden una brutal realidad

Según la versión del chavismo, la economía de Venezuela creció 8,66% en 2025 y acumula 19 trimestre consecutivos en ese plan. Jura que en 2026, el PIB crecerá otro 7%, también impulsado por el fuerte aumento de la producción de petróleo.

Estados Unidos ha reconocido al chavismo con la ropa de Delcy Rodríguez como EL gobierno de Venezuela. Washington es el principal financista y el que da las cartas en organismos multilaterales como el FMI.

“Hoy hablé con la directora general del FMI, la doctora Kristalina Georgieva, y justamente le hablé de la necesidad de que Venezuela acceda a sus derechos especiales de giro. Son 5000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua”, dijo Delcy recientemente en un acto proselitista anticipado.

Pero el chavismo también ha descartado que vaya a pedirle prestado al FMI, mucho menos que vaya a aplicar paquetazos como los de la era de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Valga recordar que Nicolás Maduro y Delcy, como su vicepresidenta de Economía, ya han aplicado paquetes con efectos mucho peores sobre la población más pobre, y sin resultados positivos ni más programas compensatorios que las miserables bolsas Clap.

La liquidación del salario real y de las prestaciones sociales, los fuertes aumentos de la gasolina, la aguda reducción del gasto público, la casi extinción de la inversión pública real en infraestructura, servicios básicos, salud y educación, la informalidad en el mercado laboral, la casi extinción del crédito bancario, los cierres de empresas públicas reducidas al mínimo y la aniquilación de cualquier esperanza de un estado de bienestar social han sido políticas sostenidas de este régimen durante años.

Ese paquete en cámara lenta haría gritar de escándalo a cualquier economista neoliberal amamantado en la Escuela de Chicago.

Superar el modelo chavista

La lista viene al caso porque cualquier recuperación real y sostenible de la economía, de una forma que tenga impacto positivo sostenido en las condiciones de vida de los venezolanos, pasa por superar el fracaso y las heridas de ese modelo chavista que saltó del estatismo dogmático y populista, a los ensayos pragmáticos de flexibilidad económica que mantiene la represión política.

La plata del FMI no se puede usar para inversiones físicas en infraestructura, servicios, mucho menos para aumentarle los salarios a empleados públicos. Solo pueden ir a fortalecer las reservas internacionales de un país y a mejorar sus cuentas fiscales.

“El país se encuentra en una situación muy difícil. La economía se contrajo dos tercios en los últimos años; ocho millones de personas abandonaron Venezuela. Este porcentaje de la población es mayor que el de los ucranianos que huyeron de un país en guerra. La inflación alcanza cifras de tres dígitos. Lograr la estabilidad macroeconómica y financiera desde esta situación será un camino muy arduo”, advierte Georgieva.

“Tenemos tareas por delante. La más urgente, número uno, son los datos. No se pueden tomar buenas decisiones sin buenos datos”, advierte.

Desde hace años en Venezuela no hay información pública sobre las deficitarias cuentas del Estado ni del Seguro Social (IVSS), ni cifras oficiales de pobreza o desempleo. Censuran los informes financieros de empresas públicas, incluyendo PDVSA y las de la CVG, y ni siquiera se conoce el monto oficial de la deuda externa.

Nada. Y si no se sabe cómo estamos, es difícil prever cuánto tiempo tomará una recuperación y cuándo llegarán las mejoras a la gente común.

El propio FMI da unas pistas este abril en su más reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial, donde proyecta que el PIB crecerá este año 4%, la inflación será de solo 387% y que la población es de 26,887 millones de habitantes (el chavismo niega la diáspora y dice que son 32 millones viviendo en el país).

El FMI también calcula que el tamaño de la economía equivale a $111 000 millones, una mejora respecto a los $99.000 millones de 2025, pero muy lejos de los $372.000 millones medidos en 2012. Ese año Venezuela tuvo el pico del boom petrolero más grande de su historia, irremediablemente desperdiciado y robado sin que quedara nada más que un cementerio de obras inconclusas.

Los números del Monitor Fiscal del FMI también asoman que Venezuela es hoy el país del mundo con el mayor porcentaje de deuda pública respecto al tamaño de su economía (308%). Esto lleva a deducir que esa deuda total superaría los $330.000 millones, interna y externa.

Esa deuda total bruta del gobierno incluye los saldos de Pdvsa y otras empresas públicas, de Fogade y del IVSS. También, debe haber al menos $65.000 millones en intereses y capital de bonos de deuda vencidos que circulan en los mercados financieros, préstamos de multilaterales, facturas con proveedores de bienes y servicios y pagos pendientes por confiscaciones de activos de empresas extranjeras.

Obligado a rendir cuentas

El regreso de Venezuela al FMI y al sistema financiero internacional y el alivio de las sanciones al Banco Central tiene para el chavismo el doble filo de  obligarlo a presentar cuentas claras, si quiere dinero para financiar su nueva campaña electoral.

Para los que mantienen el optimismo, el reciente estudio “Visión Empresarial Venezuela 2026”, de la firma consultora KPMG, basado en una encuesta entre empresarios de varios sectores “evidencia un cambio de tono frente a 2025: de una visión predominantemente defensiva a un optimismo condicionado”.

“99% de los líderes empresariales espera crecimiento en 2026, marcando un cambio frente al pesimismo e incertidumbre de 2025, cuando predominaba una visión claramente negativa —con un 41% de los encuestados esperando una recesión y 37% anticipando estancamiento—, este año solo 1% espera el estancamiento y no hay menciones de recesión”. El 91% espera aumento de las ventas.

Los empresarios miden los principales retos que enfrenta Venezuela en 2026, y que son los mismos de la gente común: Inflación y tipo de cambio, carga tributaria, acceso al crédito, fallas en servicios públicos y bajo poder adquisitivo, dice el informe al aclarar que y la inflación y devaluación se mantienen como una amenaza transversal, que toca todos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 24 de abril: la amnistía no alcanzó para todos los presos políticos y otras noticias

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 24 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Ya no basta con que la nieguen o que ni siquiera consideren un caso, ahora ya no hay posibilidad de que los presos políticos o personas con medidas sustitutivas de libertad puedan apelar a la Ley de Amnistía aprobada por unanimidad hace dos meses en la Asamblea Nacional.

“Esta Ley de Amnistía llega a su fin, aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.  

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Recién salido del horno

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La perla del día

Alejandro Grisanti Capriles: “Cualquier política de incremento salarial debe diseñarse reconociendo esta restricción y buscando mecanismos complementarios que permitan aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, sin menoscabo del derecho de los pensionados de recibir una pensión justa”.

Lo que rompe en redes

Diosdado Cabello aseguró que un número importante de jueces han sido destituidos de sus cargos y detenidos. También confirmó la destitución de más de 12.000 policías vinculados a hechos de corrupción.

Azuquita pa’l café

El pájaro sastre es famoso por su asombrosa habilidad para construir nidos “cosiendo” hojas. ¡La naturaleza es asombrosa!

La ñapa (recomendamos…)

Te presentamos la Agenda semanal del Centro Cultural Chacao con múltiples opciones de recreación para este fin de semana.