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Nueve años de impunidad para Juan Pablo Pernalete

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En la casa de los Pernalete Llovera no solo falta una pieza; faltan dos. Elvira y José Gregorio se describen hoy como un rompecabezas que, aunque conserva su estructura y todavía permite ver un paisaje, tiene dos vacíos imposibles de llenar. 

Primero fue Juan Pablo, el estudiante y basquetbolista de 20 años asesinado el 26 de abril de 2017 por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Años más tarde la tragedia volvió a tocar su puerta con la partida de su hija María Gabriela.

Nueve años después del asesinato de Juan Pablo, sus padres no habitan el olvido. Habitan una resistencia que se mide en pasos, siempre agarrados de la mano, pero con un dolor que nunca deja de estar presente.

“Hemos aprendido a caminar los dos, agarrados de la mano, siempre. Cuando uno se cae, el otro lo levanta, porque el dolor sigue. El dolor lo que hace es atenuarse, agazaparse allí en el corazón”, relata la señora Elvira en entrevista con Runrun.es.

La paz que no llega

“¿Cómo encontrar la paz?”, se pregunta la señora Elvira en voz alta. Para ella, esa palabra es todavía un horizonte lejano. “Paz, para nosotros, esa palabra aún no llega completamente. Tenemos momentos de tranquilidad que los apreciamos mucho, porque durante todos estos años se ha convertido en una pesadilla”, señala.

Para ellos, el alma sigue rota, pero se sostiene por un compromiso mayor: “Tuvimos dos maestros que nos enseñaron incluso a vivir sin ellos… Juan Pablo nos entregó a nosotros un testigo y unos sueños que no podíamos dejar atrás”. Ese legado se traduce en una labor diaria: “Entender que el propósito de nosotros aún no ha terminado, que hay mucho por hacer en nombre de Juan Pablo y también de Gaby”.

A pesar del vacío, el señor José Gregorio se refugia en la luz de los años compartidos. Complementan esas “dos piezas” recordándoles desde “lo positivo, de sus alegrías, de sus anécdotas, de sus risas”. Lo más hermoso, para él, es que sus dos hijos “dejaron esa huella” en ellos y también “la han dejado con sus amigos, en un país”.

Sin embargo, esa memoria luminosa choca frontalmente con la gestión institucional del caso. La señora Elvira describe lo que ha enfrentado en los tribunales venezolanos: “La burla, la mentira, la criminalización hacia nuestros hijos y hacia nosotros”.

El señor José Gregorio coincide en la raíz de esta falta de justicia: “Nos indigna de los organismos internos nacionales que obedecen a directrices emitidas por el Ejecutivo”. Para él, existe una carencia absoluta de humanidad en el proceso: “Tanto interna como externamente, ellos carecen de empatía y no son afines con el dolor de las víctimas”.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, pero las víctimas sí

El caso de Juan Pablo Pernalete continúa impune. De los 13 guardias nacionales imputados inicialmente, la Fiscalía llevó a 11 a un archivo fiscal, una decisión que la familia rechaza pero que los tribunales se han negado a escuchar. Incluso en los casos que llegaron a juicio, la familia denuncia que se siguió la teoría de la fiscalía y no la acusación particular presentada por ellos.

“Eso no es justicia para nosotros. Lo que quiere decir que en este momento el caso de Juan Pablo está completamente impune”, sentencia Elvira.

La urgencia de los Pernalete es ahora una carrera contra el tiempo. “Siempre nos dicen que los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, advierte Elvira Llovera con una crudeza que estremece, “pero las víctimas, los padres y familiares de estos jóvenes asesinados en Venezuela, sí prescribimos. Y nosotros, antes de morir, queremos ver justicia”. Esta demanda incluye una petición de celeridad, pues la lentitud internacional resulta “frustrante” cuando se sigue sometiendo a Venezuela a violaciones de derechos humanos.

“Exigimos justicia y que se reabran todos los casos, no solamente el de Juan Pablo Pernalete, sino el de todos los jóvenes asesinados durante todos estos años en Venezuela en las protestas. Es lo que solicitamos, exigimos”, reclama la señora Elvira.

El rastro de la represión: casi 300 vidas truncadas

El asesinato de Juan Pablo Pernalete no fue un hecho aislado, sino parte de una herida que ha sangrado de forma recurrente en los últimos 12 años. Según datos de Monitor de Víctimas y diversos registros de derechos humanos, las protestas antigubernamentales en Venezuela durante la gestión de Nicolás Maduro -capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses- dejaron un saldo que roza los 300 asesinatos, distribuidos en cuatro hitos que definieron el presente del país.

En 2014, bajo el nombre de “La Salida”, una ola de protestas recorrió el país entre febrero y mayo. Fue el primer gran ciclo de manifestaciones contra el gobierno de Maduro. Este año marcó el inicio de la criminalización del derecho a la protesta y dejó una huella de 43 víctimas, muchas de ellas estudiantes.

Tres años después, en 2017, llegó el ciclo más largo y letal, donde se enmarca la tragedia de los Pernalete. Durante cuatro meses, millones de venezolanos salieron a las calles tras la ruptura del hilo constitucional. La respuesta estatal fue una militarización extrema. Con 158 muertes, 2017 se convirtió en el símbolo del uso excesivo de la fuerza.

En 2019, tras la juramentación del gobierno interino de Juan Guaidó y un clima de alta tensión política, las protestas se reactivaron, especialmente en los sectores populares. De acuerdo con el registro del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se documentaron 67 víctimas en un contexto de colapso de los servicios públicos y hambre.

Finalmente, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, una nueva ola de indignación popular recorrió Venezuela. En pocos días, la violencia estatal se cobró la vida de 23 personas, según el registro de Monitor de Víctimas.

Esta sistematicidad es lo que ha llevado al país ante la Corte Penal Internacional (CPI) bajo el caso “Venezuela I”. El organismo mantiene bajo la lupa crímenes de lesa humanidad que incluyentortura, persecución y detenciones arbitrarias cometidas al menos desde 2014.

Mientras la justicia internacional avanza con la parsimonia de sus protocolos, Elvira y José Gregorio regresan a casa con el alma rota pero el paso firme. Saben que su lucha ya no es solo por el joven que cayó en Altamira, sino por cada una de las historias que el asfalto no ha podido olvidar. Llevan consigo una nostalgia permanente por el tiempo que no fue, pero como dice la señora Elvira: “Recordarlos con más amor y menos dolor… agradecer que los tuvimos por poco tiempo, pero ese tiempo fue maravilloso”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Primero Justicia denunció que PNB impidió desarrollo de acto de Guanipa en Apure

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El partido Primero Justicia denunció que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hostigó y persiguió a quienes acudieron a un acto de masas del expreso político y ex diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, en el estado Apure.

Mientras los simpatizantes del político comenzaron a concentrarse en la cancha de Cajuarito en San Fernando de Apure, los funcionarios de la PNB tomaron el recinto, mantuvieron encerrados a quienes ya habían ingresado e impidieron el acceso a los que llegaron al acto.

“Exigimos que se respeten los derechos políticos de cada venezolano y acabe inmediatamente la persecución”, escribió la organización en sus redes sociales.

La organización escribió que construir la Venezuela de justicia empieza por acabar con las prácticas inconstitucionales que por décadas han destruido al país.

En sus redes sociales, el ex gobernador electo del estado Zulia invitó a los apureños a asistir a la actividad en la cancha.

“Más temprano la policía quiso impedir otro acto. No nos van a detener”, señaló.

Guanipa estuvo detenido casi nueve meses en Caracas tras ser arrestado en mayo de 2025. 

Fue excarcelado el pasado 8 de febrero de este año, luego de pasar un periodo en condiciones precarias e incomunicación. 

Tras una breve liberación, fue capturado nuevamente y posteriormente enviado a casa por cárcel hasta que un tribunal le concedió libertad plena.  

Desde entonces anunció que recorrerá el país y esperará por el retorno a Venezuela de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.  

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Frente a la Casa Blanca exigen que miren la realidad de los presos políticos en Venezuela

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Este sábado 25 de abril, un grupo de venezolanos  se concentraron en las afueras de la Casa Blanca en Washington para denunciar que más de 600 personas permanecen presas por razones políticas en Venezuela.

De acuerdo a la organización Un Mundo Sin Mordaza, los manifestantes hicieron un llamado a la diáspora venezolana para no guardar silencio en torno a esta situación y ejercer presión internacional hasta lograr la libertad de todos los detenidos de conciencia.

Según la contabilidad de ONG como Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal Venezolano alrededor de 600 personas se encuentran en centros de reclusión por razones políticas.

El pasado miércoles 23 de abril, la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, pasó por encima de la Asamblea Nacional como reza la Constitución Nacional y anunció el fin de la Ley de Amnistía, beneficio creado por el Parlamento para supuestamente excarcelar a los presos políticos.

La mandataria avalada por el presidente estadounidense Donald Trump señaló que todavía quedan otros espacios para evaluar los casos de detenciones por motivos políticos.

Activistas, profesionales del derecho, dirigentes políticos y organizaciones de derechos humanos han expresado su rechazo a la decisión unilateral de acabar con la amnistía. 

Al mismo tiempo señalaron que el instrumento jurídico aprobado por mayoría absoluta en la AN ha sido empleado de manera arbitraria e inconstitucional.

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Con dinero de los venezolanos pagarán defensa de Maduro y Flores en Nueva York

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Una licencia emitida este viernes 24 de abril autorizó al Estado venezolano a usar fondos públicos para pagar la defensa privada de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, donde están acusados de delitos de trafico de drogas, terrorismo y uso de armas de guerra.

La autorización fue hecha por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La noticia se conoció a través de una comunicación enviada por el fiscal Jay Clayton al juez del caso, Alvin K. Hellerstein.

 La licencia establece condiciones para el Estado controlado por la presidenta Delcy Rodríguez, entre ellas que los fondos públicos que se utilicen sean los que se encuentren disponibles después del 5 de marzo de 2026.

Otra condición prevista es que el dinero usado para pagar la defensa no provenga de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.

Según el documento, la defensa reconoce la exención de las sanciones y retira por ahora su moción para desestimar los cargos.

“Por ahora, la defensa privada se va a mantener. El acuerdo entre el gobierno federal estadounidense y la defensa de Maduro y de Flores, incluye el uso de fondos del Estado venezolano, bajo monitoreo y autorizaciones del Departamento del Tesoro a través de la OFAC”, escribió en su cuenta de X el abogado Nizar El Fakih. 

Barry J. Pollack, el abogado de Maduro, es reconocido como uno de los litigantes más destacados de la agencia Harris, St. Laurent & Wechsler LLP.

Luego de esta decisión se espera que las partes puedan presentar pruebas y mociones en los próximos 60 días.

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En un mismo día, Rodríguez recibió en Miraflores a representantes de Estados Unidos y Colombia

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez tuvo una agenda apretada este viernes en el Palacio de Miraflores: se reunió con el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela John Barrett y también recibió al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.

Cada vez hablando menos de Nicolas Maduro, al cónclave con la delegación estadounidense encabezada por Barrett, reemplazo de Laura Dogu, asistieron; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello (solicitado por la justicia norteamericana), el canciller Yvan Gil y Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de economía y finanzas.  

De acuerdo a la  transmisión oficial, el Ejecutivo persigue reafirmar sus deseos de establecer nexos de cooperación, hermandad y desarrollo en áreas clave como hidrocarburos y minería.

Barrett apenas llegó a Caracas este jueves 23 de abril. 

“Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario Marco Rubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países”, indicó el diplomático a través de la cuenta de X de la embajada de Estados Unidos en Venezuela. 

El primero y tal vez no el último

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se convirtió este viernes 24 de abril en el primer presidente extranjero que visita Venezuela luego de que mediante un operativo militar el pasado 3 de enero, las fuerzas armadas de Estados Unidos detuvieran a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

A la reunión en la sede del Ejecutivo también asistió el ministro y secretario político del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Cabello, además de otras autoridades colombianas.

De acuerdo a la reemplazante de Maduro, las conversaciones giraron en torno a mecanismos para favorecer la interconexión eléctrica, además se revisó el esquema de intercambio gasífero.

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La Conversa | A Delcy Rodríguez la sostiene un piso político estadounidense 

Para el politólogo Guillermo Tell Aveledo la única legitimidad que posee el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, proviene de Estados Unidos.

El decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana dijo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que luego del 3 de enero, donde fuerzas estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, Rodríguez no tiene oportunidad de zafarse de los designios provenientes de la Casa Blanca.

En el espacio donde participaron Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, el profesor universitario indicó que el objetivo histórico del presidente estadounidense, Donald Trump, es que Venezuela no vaya contra los intereses de su administración.

“Y esos intereses pasan por energía (petróleo), freno al tráfico de drogas, migración y seguridad en la región”, manifestó. 

Aveledo consideró que actualmente nadie está retando el apoyo que Trump ofrece a Rodríguez en pos de garantizar una supuesta estabilidad en Venezuela.

“La verdad es que ella está ahí por una voluntad externa, si se desliga de ese apoyo se pone en peligro, su piso político no está construido, eso no quiere decir que no lo pueda edificar en un futuro”, dijo Aveledo.

El politólogo sentenció que, aunque se han producido algunos avances como la excarcelación de centenares de presos políticos y la disminución de la retórica, el sector ortodoxo del chavismo es el que está mandando actualmente.

“Pese a que el saldo negativo está del lado revolucionario, ellos (gobierno) todavía tienen poder como para evitar que se produzcan ciertas cosas, para que haya una transición hay que hacer unos cambios más duros y riesgosos”, apuntó el profesor universitario. 

Blanco apuntó que el reto de Rodríguez es desafiante porque debe complacer a la Casa Blanca y también a su base chavista.

Para Aveledo, un gesto importante hacia una eventual transición sería un reconocimiento legal a Vente Venezuela, el partido liderado por María Corina Machado.    

“Y eso todavía no parece posible, Machado no puede volver a Venezuela ni recorrer el país, no sabemos si cuenta con el apoyo total de la Casa Blanca”.

A propósito de la reaparición de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) luego del escenario represivo postelectoral de julio de 2024 y la separación de algunos líderes de partidos desvinculados a esta coalición, como el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, Aveledo descartó “por ahora” una reunificación opositora.  

“Algunos deben estar calculando su supervivencia futura, pero eso no cambia la tendencia general en torno a Machado, es que ni siquiera veo que sea necesaria”.

El catedrático sentenció que el chavismo está pasando por una especie de crisis de la mediana edad.

Para el politólogo, muchas de las ideas históricas del movimiento fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez colapsaron, como la unión cívico-militar. 

“Siempre han tenido una línea contraria al imperialismo, por eso niegan que el gobierno de Delcy Rodríguez esté tutelado por Estados Unidos, en todo caso lo califican como una cooperación. Venden la idea de que ellos nos están aceptando a nosotros y no al revés y se presentan como tecnocráticos”, indicó el analista político. 

A juicio de Aveledo, en un escenario optimista podría llevarse a cabo elecciones presidenciales en el último trimestre de este año o primero del que viene.

“Más en 2027 porque está más cerca de la mitad del período de Maduro. Al sector revolucionario no le veo un candidato, lo veo desahuciado, es más probable que veamos apoyo de la oposición antigua, como Timoteo Zambrano, a una posible candidatura de Delcy Rodríguez”.

Una crisis que se prolonga en el tiempo 

A juicio de la socióloga Mirla Pérez, Venezuela atraviesa por una crisis continuada producto de un deterioro de la calidad de vida lo que ha provocado manifestaciones de calle en este primer cuatrimestre de 2026.

“Hay una precariedad bastante acentuada, no hay trabajo y eso acelera la pobreza, los servicios son cada vez peores, el venezolano vive día a día como en una olla de presión”, sentenció la profesora universitaria.

Debido a su ineficiencia, Pérez considera que ha habido un desmantelamiento del sistema comunal.

“Las necesidades más apremiantes no las resuelve el Estado, sino la persona que vive en la comunidad, la gente va reaccionando para procurarse su propio bienestar, no espera que le arreglen nada”, dijo Pérez.

Pese a que la mayoría no espera mayor aporte del Estado, hay exigencias estructurales.

“Como la educación por ejemplo”, indicó la académica. “Vemos desigualdad, los muchachos en la educación pública no tienen chance siquiera de aprender a leer y escribir porque van dos días a clases, en los relatos de los jóvenes sale a relucir el hambre”, añadió. 

Pérez enfatizó que en las comunidades se percibe a gente luchando por combatir el hambre.

“Y eso genera vínculos que pueden ser políticos porque la persona comienza a dilucidar el tema de lo justo y necesario, como el derecho a la salud”, sentenció la docente.

Con respecto a un eventual ajuste salarial, Pérez manifestó que si hay una promesa que nunca se cumple, eso se traduce en malestar general. “Llega un momento en que estar en el límite te obliga a la unión gremial e intergremial”.

Para la socióloga después del 3 de enero, nada ha cambiado. 

“Lo que tenemos hoy en día es una continuidad. Si hubo un hito que realmente representó una oportunidad de cambio fue el 28 de julio, fue un episodio que produjo esperanza en los sectores populares”.

Pérez reconoció que luego del 3E el miedo se ha apaciguado, pero sigue latente.

“En estos últimos meses ha habido un descanso, la gente siente que ahora puede hablar un poquito más duro”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Un “sistema perverso” aplica el silencio selectivo frente a los muertos bajo custodia del Estado

Yusmary Montes tiene una voz ronca. Está indignada, y esa voz se le ahoga más. Alienta a las mujeres a su alrededor a denunciar lo que sucede con sus familiares privados de libertad, a que pierdan el miedo. “No me han dado fe de vida de mi hijo. Eso es lo que más mal me tiene desde ese día”, dice refiriéndose al 20 de abril, cuando un presunto motín dejó cinco muertos en Yare III, según el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó 24 horas después. 

“Que me den buenas o malas noticias, pero que me las den porque no es un animal… Que me lo entreguen de una u otra manera”, pide la mujer de 42 años de edad cerca del terminal de Nuevo Circo en Caracas, donde este viernes 24 de abril realizaron una concentración para exigir información y la destitución del ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.  

El grupo asegura que hay decenas de heridos que llevaron a hospitales en zonas aledañas, pero de eso no hay declaraciones oficiales ni listas. 

Otras mujeres contaron que recibieron breves llamadas de sus parientes. Una de ellas fue Carmen Vargas, de 64 años de edad. “Mamá no me busques más en Yare. Estoy en Fénix, Lara”, le dijo su hijo por teléfono para informarle que lo trasladaron a otra prisión. “Eso es una maldad”, señala sobre los gastos que implicará trasladarse a Barquisimeto para visitarlo, también se pregunta si allá le darán comida porque teme que lo que ella lleve se dañe en el camino. 

En la concentración, algunas comentaron que habían sintonizado la instalación de la comisión para una Reforma de la Justicia Penal que hicieron en Miraflores el 23 de abril. Se sentaron juntos la presidenta encargada Delcy Rodríguez; el ministro Zerpa; el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; el Fiscal general, Larry Davoe; y la defensora del Pueblo, Egleé González Lobato. Ninguno habló de Yare. 

Mujeres familiares de presos de Yare III se concentraron para exigir la destitución del ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa | Foto: María Gracia Lacruz  

Más dudas que certezas

Para Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las autoridades no cumplieron con su deber: dar respuesta oportuna y adecuada a las familias. “No se trata de sacar un comunicado todo chucuto”, dice sobre el post de Instagram que el Ministerio del Servicio Penitenciario publicó.  

Cuestiona el contenido del mensaje: “mueren cinco personas y ellos simplemente alegan que son unos mala conducta, líderes negativos, miembros de bandas criminales”. Él se hace otras preguntas: ¿no se pudo actuar para evitar la riña?, ¿murieron por un enfrentamiento con armas blancas o por armas que se contrabandearon al penal?, ¿es posible que las muertes sean responsabilidad de los custodios, pero culpan a otros presos?, ¿estaban protestando por sus derechos y los reprimieron?  

El Ministerio Público (MP) dijo que abriría una averiguación sobre el caso. Prado sugiere que las autoridades desincorporen al director de la cárcel para que también sea investigado. Plantea que deben invitar a los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que la investigación sea inmediata, exhaustiva e imparcial. “De lo contrario, esto va a quedar impune”, cree. 

El abogado y activista señala similitudes entre el caso de Yare y la llamada masacre de Vista Hermosa, en Bolívar, el 10 de noviembre del año 2003. “Igualito. Las autoridades salieron diciendo que fue un enfrentamiento entre presos”. En esa ocasión los familiares contactaron al Observatorio y representantes de la ONG lograron entrar a la cárcel.

Los presos narraron que quienes dispararon y mataron a siete reclusos fueron funcionarios de la Guardia Nacional. “Empezaron a protestar y resulta que les echaron la culpa de esas muertes”, recuerda Prado. La ONG logró que el MP exhumara los cuerpos. Se halló que “los cadáveres presentaron tiros descendientes en la cabeza”. 

En 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que hubo negligencia en las investigaciones y responsabilizó al Estado de lo sucedido en Vista Hermosa. Instaron a las autoridades a reparar a las víctimas y disponer de mecanismos de no repetición. 

“Un sistema carcelario perverso”

Durante la instalación de la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, Delcy Rodríguez afirmó que la iniciativa busca saldar una deuda impostergable y garantizar al pueblo el acceso a la justicia imparcial. Entonces, pidió a Diosdado Cabello dar un balance sobre el tema. 

El ministro dijo que hace tres años se instaló una comisión para revisar “todo lo que significa la cantidad de personas detenidas” y “por qué no estaban asistiendo a los tribunales”. Explicó que existían retenes temporales en las policías, sedes de la GNB y el Cicpc, que tenían “muchas más personas de las que estaban en las cárceles”. Habló así del hacinamiento que organizaciones como el OVP han denunciado por años. Agregó que el sistema carcelario era “muy perverso” y que había casos de personas que tenían años detenidos y que no habían acudido al tribunal nunca. 

Ese es precisamente el caso del hijo de Yusmary Montes: “a mi hijo ni siquiera lo han enjuiciado. No me le hacen telemática, no me lo traen al tribunal y tiene tres años detenido y es sembrado”. 

Cabello aseguró que han trabajado en la revisión del por qué no llevaban a la gente a los tribunales. “Ahí, cuando de excusas se trataba, inventaban cualquiera… eso se había convertido en un reciclaje que tiene como fondo desafortunadamente hechos de corrupción: yo te llevo al tribunal si pagas. Y eso hemos ido desmontándolo. Una cantidad de fiscales y jueces han sido destituidos y detenidos”. 

Habló también sobre los pranes y cómo estos no dejaban salir a los presos para que fueran a juicio porque tenían que pagarles. “Eso ya no existe, eso se ha corregido… porque las personas que hacían esa actividad están sometidos a un régimen distinto, en un lugar especial para ellos. Ahora no hay excusa, si la persona le toca juicio un día, se hace”, afirmó.  

Instalación de la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal en Miraflores el 23 de abril de 2026

Los problemas de siempre

Sobre quienes aún no tienen información de sus familiares presos, Humberto Prado insiste en que se está vulnerando el derecho que tienen los privados de libertad con el mundo exterior, a tener sus visitas. Cita las llamadas Reglas Mandela o Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, y destaca la premisa de que todos deben ser tratados con dignidad y no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

El abogado considera que las normas deben extenderse a las familias pero sabe que no suele respetarse. María Escobar, de 51 años de edad, es paciente oncológica y tiene a su hijo en Yare. Explica que quien va a visitarlo es su pareja. “Una vez fui y no pude ir más porque la forma como revisan a uno es impresionante”. Acto seguido, explica que al entrar al recinto “a uno le mandan a quitar toda la ropa, abajo hay un espejo, lo manda a abrir a uno y lo manda a bajar y a toser. Yo le dije a la muchacha: ‘si me agacho no me voy a poder parar’”. 

Sobre los traslados a los distintos centros de reclusión, Prado insiste en que ningún recluso puede ser llevado de un penal a otro sin la autorización de su juez natural, pero que la mayoría se hacen de forma inconsulta. Opina que en casos como los de Yare, se pudieron producir traslados para llevarse personas que pueden ser testigos de lo que sucedió o incluso a personas que están heridas y en condición grave. 

El abogado y activista critica que en estos últimos 27 años “le quitaron la imparcialidad y la autonomía a los organismos”. Por eso, dice “tú no viste a un Defensor del Pueblo haciendo lo que tiene que hacer. Lo viste totalmente callado, incluso faltando el respeto a la Constitución”. Recapitula cómo en 2011 se creó un Ministerio del Servicio Penitenciario que iba a tener autonomía financiera, jurídica y administrativa.

“Pero sigue habiendo hacinamiento, retardo procesal, tráfico de armas y de drogas en las cárceles, falta de salud, mala alimentación. Falta personal especializado. Sigue habiendo maltrato físico para la población reclusa, falta de respeto para las familias. Sigue habiendo requisas de contacto para la familia, los mandan a desvestirse y a los presos. Siguen muriendo presos por violencia y sigue existiendo el pranato en las cárceles”, dice. 

Este viernes 24 de abril el OVP denunció la muerte del noveno preso bajo custodia del Estado en menos de una semana. “Se trata de Yelamo Zárraga José Ramón, quien falleció en el Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo, tras un deterioro progresivo de su salud sin acceso a atención médica”, señala la alerta. 

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Un rapeo sin groserías y por los derechos humanos en la UCV

Dieciséis jóvenes talentos de Rap Sin Grosería celebraron la cultura urbana y los derechos humanos en una batalla de freestyle, realizada en la Plaza Cubierta de la Universidad Central de Venezuela (UCV) este viernes 24 de abril.

El evento fue organizado por Voto Joven y la Federación de Centros Universitarios de la UCV, así como por organizaciones aliadas como el Observatorio de Juventudes Venezuela (OBJUVE), Equalia, Gritemos con Brío, Provea y VIH Vivos. En la actividad resultó ganador Loute, quien sumó puntos con esta victoria para clasificar a la gran final de Rap Sin Groserías, cuyo campeón viajará para representar a Venezuela en una competencia internacional.

Rap Sin Groserías seleccionó a los mejores raperos de la ciudad, incluyendo a campeones nacionales de la Freestyle Master Series (FMS) Colombia y de Red Bull Venezuela, para ofrecer una combinación de talentos entre los más nuevos y los profesionales del género.

La batalla de rap se basó en enfrentamientos de rimas entre dos participantes, elegidos al azar por el público. Cada batalla de freestyle se estructuró en torno a temáticas orientadas a la democracia y los derechos humanos. Los participantes contaron con una palabra clave para iniciar sus presentaciones; términos como “constitución”, “misoginia”, “votación”, “vida” y “estudiantes” formaron parte de las improvisaciones de los artistas.

Denuncias sociales al ritmo del hip hop

El evento contó con la asistencia de aproximadamente 40 personas, quienes se reunieron en un círculo alrededor de los raperos y desbordaron energía al ritmo del hip hop. En las rimas ingeniosas y creativas de estos jóvenes —algunos estudiantes de la UCV— también se apreciaron profundas denuncias hacia las autoridades y el sistema educativo.

Frases como “tu rap está más vacío que el comedor”, en referencia a la falta de insumos que enfrenta en ocasiones el comedor universitario; “no había plata pa’ pagar el internet” y “no voy a dejar que eliminen mis derechos”, esta última dicha por el joven finalista Sebas —quien fue el participante más joven de la competencia y asistió al evento acompañado de su padre—, formaron parte de la jornada.

La representación del freestyle femenino se hizo sentir con la participación de Cristonita, una joven rapera que ha competido en escenarios como la Red Bull Batalla en Venezuela.

Buscan fomentar el criterio en los jóvenes raperos

Abraham Indriago, fundador del movimiento, señaló que celebrar este tipo de competencias en espacios como la UCV permite que los jóvenes raperos aprendan a dirigirse a la audiencia y se sometan al criterio del público universitario.

“Me encanta cuando se realizan en universidades porque creo que los freestylers tienen una exigencia aún mayor que la que podrían tener en la calle”, explicó.

Indriago aseguró que, contrario a lo que se pueda pensar, los derechos humanos y el rap han sido aliados desde los inicios del género. “Cuando surgió en el Bronx, en Estados Unidos, era la proyección de los derechos civiles a través de la música (…). El rap se convirtió en la parte hablada de la lucha de muchísimas personas”, declaró.

Mariandreina Montilla, coordinadora nacional de Activismo y Estructura de Voto Joven, aseguró que esta fue la cuarta edición de su colaboración con Rap Sin Grosería, en alianza con otras organizaciones. Resaltó que este evento cultural busca recuperar espacios y promover la defensa de los derechos humanos. Asimismo, ratificó su intención de lllevar estas presentaciones a otras universidades, como la Simón Bolívar y la Católica Andrés Bello.

Salud, creatividad y amor propio

El evento también contó con una jornada de despistaje de VIH, estimada para unos 100 jóvenes universitarios. El stand estuvo a cargo de la organización VIH Vivos, una de las aliadas. Por su parte, Equalia, una ONG que lucha por los derechos de las mujeres, también participó de la actividad con una dinámica de afirmaciones positivas a cambio de dulces para las jóvenes presentes en el evento.

Asimismo, Voto Joven invitó a Hugo Carrasco, artista grafitero, quien plasmó diseños creativos en las camisas de los estudiantes.

Rap Sin Groserías se presentará los domingos en el Coliseo del Museo de los Niños y celebrará la final de su gira nacional el 4 de octubre en el Centro Cultural de Arte Moderno, donde se reunirán los dieciséis mejores raperos de distintas ciudades del país. El campeón viajará al extranjero para representar al freestyle venezolano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.