La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), familiares de presos políticos y más de veinte organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil emitieron un comunicado en el que advierten sobre los riesgos a los que están sometidos estos privados de libertad luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Según el documento, los terremotos no generaron la emergencia, sino que agravaron una situación preexistente marcada por el debilitamiento institucional y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Advirtieron que ninguna respuesta humanitaria será completa mientras permanezcan invisibilizadas las personas cuya vida depende enteramente del Estado, entre ellas cientos de presos políticos recluidos en condiciones que comprometen su integridad y su vida.

Persisten condiciones inhumanas

El comunicado señaló que las personas privadas de libertad se encuentran bajo custodia exclusiva del Estado venezolano, que tiene la obligación de garantizar su vida, integridad, salud y seguridad. Sin embargo, denunciaron que persisten condiciones de reclusión inhumanas, infraestructura comprometida, ausencia de protocolos de emergencia, restricciones a las visitas y falta de supervisión independiente.

En centros como El Rodeo I, los detenidos duermen con temor a desprendimientos en las literas de cemento y otras áreas de las celdas, que no han sido sometidas a evaluaciones técnicas independientes tras los sismos.

En Guaicaipuro, las organizaciones alertaron sobre condiciones que no cumplen con los estándares internacionales, reportan
situaciones de hambre y alertan de que no existe información pública sobre el estado real de los detenidos. Mientras que las cárceles femeninas INOF y La Crisálida fueron señaladas por graves violaciones de los derechos humanos.

Medidas inmediatas

Las organizaciones plantearon siete exigencias al Estado frente a la crisis humanitaria de los presos políticos venezolanos. Entre ellas: proteger de inmediato la vida y seguridad de esta población, otorgar libertad plena e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar libertad plena a quienes fueron excarcelados pero siguen sometidos a medidas restrictivas y permitir evaluaciones técnicas independientes en los centros de reclusión afectados por los sismos.

Además, exigieron autorizar el ingreso de mecanismos internacionales de protección y asistencia humanitaria, garantizar acceso regular de familiares, abogados y atención médica oportuna, cerrar centros donde se ejecutan torturas y restablecer la independencia judicial.

Las organizaciones afirmaron que la emergencia humanitaria no puede ser utilizada para relegar la agenda de derechos humanos y que la protección de la vida depende del restablecimiento de garantías constitucionales y del funcionamiento institucional.

El documento está suscrito por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve); Justicia, Encuentro y Perdón; Acceso a la Justicia; Provea; WOLA; Foro Penal; Defiende Venezuela; Laboratorio de Paz; Un Mundo Sin Mordaza; Amnistía Internacional; Cepaz; FundaREDES; CEJIL; OMCT; DPLF; Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, entre otras organizaciones nacionales e internacionales.

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