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25 años buscando justicia: cronología del caso Linda Loaiza 

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Tuvieron que pasar 25 años para que el Estado venezolano asumiera la deuda de justicia que mantenía con la abogada y activista Linda Loaiza López. La nueva medida de privación de libertad contra su agresor, Luis Carrera Almoina, llega después de un cuarto de siglo de omisiones, fallas estructurales, retrasos procesales y una condena internacional ignorada.

El caso Linda Loaiza, emblemático por su incesante búsqueda de justicia, se convirtió en un símbolo de impunidad y violencia institucional. En una muestra de la debilidad del sistema de justicia venezolano y su incapacidad para garantizar investigación, protección y sanción a las víctimas de violencia de género.

El 8 de agosto pasado, Loaiza informó a través de sus redes sociales que su caso regresaba a los tribunales. Indicó que las autoridades judiciales le notificaron formalmente sobre la celebración de una nueva audiencia en contra de Luis Carrera Almoina, diez años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado por las graves irregularidades en el proceso.

A continuación, la cronología de un caso que marcó 25 años de deuda estatal: 

27 de marzo 2001 — Secuestro

El 27 de marzo de 2001, Linda Loaiza fue secuestrada y encerrada en un apartamento en Los Palos Grandes, en Caracas. Tenía 18 años de edad y poco tiempo de haber llegado de Mérida a la capital, junto con su hermana, con el propósito de estudiar veterinaria.

Una mañana, cuando salía de su residencia, Loaiza fue interceptada y sometida por Luis Carrera Almoina. A la fuerza la subió a su camioneta y bajo amenazas la trasladó a varios lugares, entre ellos, la casa de su padre Gustavo Carrera Damas, quien estaba al frente de la Universidad Nacional Abierta, y, a pesar de presenciar el secuestro, no hizo nada al respecto. Finalmente la encerró en su apartamento en Los Palos Grandes.  

28 de marzo de 2001 — Primeras denuncias de familiares 

La hermana de Linda, Ana Cecilia López, recibió una llamada en la que le dijeron que “Linda no iba a regresar a la casa”. Al intentar comunicarse nuevamente con ese teléfono, escuchó un mensaje grabado que decía que pertenecía a Carrera Almoina. 

Intentó denunciar el secuestro ante los cuerpos policiales en seis oportunidades, pero fue desestimada por las autoridades, quienes alegaron que eran “problemas de pareja” y había que esperar.

A pesar de las denuncias, el Estado no activó mecanismos de búsqueda y rescate

19 de julio de 2001 — Rescate 

Después de 114 días, Linda Loaiza logró escapar de su agresor gracias a que ese día no la amordazó. Gritó pidiendo auxilio desde la ventana del apartamento hasta que los vecinos la escucharon y llamaron a los efectivos de la Policía de Chacao, quienes la encontraron al borde de la muerte. 

Durante cuatro meses fue víctima de torturas, violencia física, psicológica y sexual. La hallaron con el maxilar y las costillas fracturadas, los pezones cercenados, los labios y las orejas destrozadas, desviación ocular, desgarramiento vaginal y quemaduras de cigarrillos en casi todo el cuerpo.

La trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario. Durante más de un año estuvo en distintos centros hospitalarios y se sometió a 15 cirugías para la reconstrucción de partes de su cuerpo afectadas por las torturas que había sufrido.  

Mientras estuvo hospitalizada, la Fiscalía emitió una orden para impedirle tener acceso a su abogado, afectando su derecho a contar con información y asesoramiento respecto de la investigación y proceso penal.

2001–2004 — Proceso judicial irregular 

El proceso judicial en contra de Carrera Almoina estuvo marcado por dilaciones, versiones falsas, contradicciones y revictimización.

El 28 de noviembre de 2001, presentaron ante la acusación formal ante el Ministerio Público en contra de Luis Antonio Carrera Almoina por delitos de violación y homicidio frustrado calificado. Linda Loaiza, como víctima y querellante junto a su abogado, presentó acusación por los delitos de violación, privación ilegítima de su libertad, homicidio calificado en grado de frustración y tortura.

El Juez 18 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Ángel Wladimir Zerpa Aponte, otorgó a Luis Antonio Carrera Almoina detención domiciliaria. En el año 2002 inició el juicio y se impuso un deliberado interés judicial y estadal para proteger al agresor, por ser el hijo de Gustavo Carrera Damas. 

Ya para el año 2004, más de 60 jueces conocían el expediente sin obtener ningún resultado. 

El retraso y las irregularidades en el caso llevaron a Loaiza a iniciar una huelga de hambre a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —aún convaleciente por dos operaciones en el páncreas— para exigir que se realizara un juicio oral y público.  

El 5 de noviembre de 2004, la jueza Rosa Cádiz Rondón emitió sentencia absolutoria de todos los cargos a favor de Carrera Almoina, su padre Gustavo Luis Carrera Damas y su secretaria, Leyda Josefina Reina Torres.

2006 — Sentencia en Venezuela 

En 2006 se abrió un nuevo juicio en el que Carrera Almoina fue sentenciado a seis años y un mes de prisión solo por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas. Es absuelto del delito de violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura.

En 2008, Luis Carrera Almoina sale en libertad tras cumplir una condena reducida. Después de seis años, el caso había pasado por 97 jueces, 16 fiscales, decenas de audiencias diferidas y 50 jueces que prefirieron voltear su mirada hacia otro lado.

2007 – Caso Loaiza llegó a la CIDH

El 11 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por Linda Loaiza López, su familia y su abogado, Juan Bernardo Delgado, en la que denunciaban la responsabilidad del Estado en su caso.

Loaiza testificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 y solicitó que su caso fuera evaluado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2016 — Orden del TSJ incumplida

En el año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó reabrir la revisión de la absolución por violación. 

En una sentencia, el TSJ reconoció que existían irregularidades procesales, inconsistencias en la valoración de las pruebas y elementos que ameritaba una nueva revisión judicial. 

La Sala Penal instruyó a la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas a celebrar una audiencia para reexaminar la absolución por violación y determinar si la sentencia debía ser anulada o modificada. La audiencia nunca se realizó.

2018 — Condena internacional al Estado venezolano

El 16 de noviembre de 2018, la Corte IDH declara al Estado venezolano responsable por violaciones graves de derechos humanos, negligencia, revictimización y falta de debida diligencia. Ordena reparaciones integrales: investigación, sanción, atención médica, reformas legales y garantías de no repetición. Sin embargo, el Estado no cumplió.

2026 — Reapertura judicial y detención de Carrera Almoina 

Tras 10 años de retrasos, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones convoca audiencia para revisar la absolución por violación. 

El 27 de agosto, Loaiza informó que, tras finalizar la audiencia de presentación de Luis Carrera Almoina, la Fiscalía de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Caracas ordenó su privativa de libertad. 

Loaiza indicó que el lugar de reclusión de Carrera Almoina será en el Rodeo II, ubicado en el estado Miranda. La abogada agregó que en los próximos días será la audiencia en la Corte de Apelaciones para revisar el delito de violación.

A través de un comunicado, la abogada y activista solicitó a las autoridades venezolanas que no se le otorgue ningún beneficio procesal a Carrera Almoina.

“Cuando el Estado venezolano ejecute íntegramente la sentencia de la Corte IDH podré hablar de justicia. Hasta entonces, cada avance cuenta, pero la deuda permanece y la impunidad no puede darse por superada”, expresó.

La activista informó que la Corte acordó: declarar con lugar las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público y por esta víctima/querellante. Declarar la nulidad de la absolución por el delito de violación. Ordenar la celebración de un nuevo juicio y mantener la medida privativa de libertad del ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina, actualmente recluido en Rodeo II.

Insistió en que su familia y ella seguirán exigiendo un proceso judicial transparente, sin interferencias y ajustado a los estándares internacionales: “Seguiremos exigiendo justicia, sin más dilaciones”

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

PSUV respalda el acuerdo petrolero con EE. UU. y pide cohesión a sus filas

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El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) respaldó a la presidenta interina Delcy Rodríguez ante el recién firmado acuerdo petrolero con Estados Unidos, a través de un mensaje en el que también pidieron “cohesión interna” y “conciencia revolucionaria”. 

En un comunicado publicado la madrugada de este sábado, 29 de agosto, la organización destacó que se mantiene “fiel a su compromiso histórico con la soberanía nacional y el bienestar del pueblo”. Expresaron su “respaldo pleno” a Rodríguez ante los acuerdos que anunció el presidente estadounidense Donald Trump y que implicarían el control mayoritario de ese país sobre más de 65.000 millones de barriles de crudo venezolano.  

“Acompañamos los mecanismos de recuperación productiva que priorizan los intereses nacionales y permitan superar el impacto de más de una década en sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales e injustos bloqueos”, dijeron. 

Un acuerdo necesario

El partido de Gobierno argumentó que Delcy Rodríguez asume el proceso “consciente de que el país requiere soluciones reales” para la reactivación económica, la recuperación de los servicios públicos, la atención de los afectados por el doble terremoto, la generación de empleos, y la recuperación del salario de los trabajadores. 

“Se trata de aprovechar todas las herramientas posibles, dentro del marco constitucional para poner nuestras inmensas reservas de hidrocarburos al servicio del desarrollo nacional”, explicaron. 

El PSUV aseguró que está “férreamente unido” al Alto Mando Político para transitar esta nueva etapa con “inteligencia estratégica, unidad popular y conciencia revolucionaria”. Reflexionaron que “solo con cohesión interna y vigilancia patriótica”, se podrá garantizar que los beneficios de este proceso se devuelvan al pueblo. 

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La dignidad de la república

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Cuando se revisa la experiencia de la Venezuela de inicios de la democracia, la civil, la no tutelada, la que emergió tras el espíritu del 23 de enero de 1958, esa que fue la obra de unos líderes que trasvasaron la horma de quienes hasta entonces solo aspiraban a ser diputados, bajo el régimen que fuese o que esperaban un cargo, una placa, portar un revólver y por esa vía resolverse, mal puede uno no compadecerse de los que se juntan con la dictadura narcocriminal imperante en el país. Creen poder devolverle, y devolvernos a los venezolanos, desde un cenáculo de hipocresías, tertulia entre el diablo y la decencia, alguna esperanza de genuina libertad. 

Entiendo y acaso deben entenderlo estos, los decentes, que han puesto todas sus carnes en el asador. Deben estar prevenidos ante lo que describe con perspicacia el periodista satírico español Mariano José de Larra (1809-1837): “En este triste país, si a un zapatero se le antoja hacer una botella y le sale mal, después ya no le dejan hacer zapatos”. Pero volvamos a lo que importa, la cuestión de nuestra dignidad.

Mientras que los regentes que toman el poder en 1958, causahabientes de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se ocupan, seriamente, de lo que les corresponde y lo sabían, como lo era atender la emergencia fiscal, las urgencias de los trabajadores afectados por la caída de los ingresos petroleros, resolver sobre la cuestión de nuestras relaciones petroleras con Estados Unidos, y serenar las ambiciones dentro de las Fuerzas Armadas, los actores políticos comprometidos con los ideales de la democracia se entienden con lo suyo, entre ellos mismos.

Si bien tenían una clara perspectiva sobre como habría de enfrentarse la cuestión económica en el porvenir, lo primero y vertebral, así lo entendieron, fue realizar elecciones presidenciales y parlamentarias para atajar con la fuerza de la legitimidad, dentro de un marco culturalmente presidencialista y centralizador, la recurrente voracidad de poder del mundo castrense, venida desde la fundación de la república en 1830. No por azar había quedado en nuestra memoria, como hierro candente sobre la piel que no la deja sanar, el desencuentro entre nuestro ícono civil, el rector José María Vargas, y el coronel Pedro Carujo, una suerte de Diosdado Cabello.

A la par de estudiar a fondo el orden constitucional que habríamos de darnos los venezolanos para superar el corsé constitucional heredado del gobierno de facto e impedir que sus vicios se prorrogasen al tiempo nuevo, en tarea que debía asumir el nuevo parlamento, entendieron que era la base cierta para fortalecer la autonomía judicial y la parlamentaria. Era el odre para contener al gendarme necesario y atarlo con un verdadero balance de poderes. Eso lo comprendieron, igualmente, los civiles de la Revolución de octubre de 1945, intentando dejar atrás y bien encadenado al cesarismo democrático. Nada de esto fue la obra de un sincretismo de laboratorio.

Sabían los autores del Pacto de Puntofijo, demonizado por los mismos actores con lo que se entiende la resurrecta e ilegítima asamblea de 2015, que una democracia guiada por la decencia republicana y celosamente respetuosa de la dignidad eminente de cada venezolano, mal puede surgir de una fusión artificial, deliberada y planificada entre diferentes creencias y sus élites; en vez de emerger de forma espontánea con y desde la gente, mediante la empatía y el contacto cultural recíproco y cotidianos, como fuentes insustituibles de la confianza.

He observado, pues, la aporía que descuella de la actual pretensión de formar un Tribunal Supremo de Justicia que sustituya al que ha servido de simple cagatintas del Palacio de Miraflores y desde el atalaya de una Constitución, la de 1999, que, así como declara que corresponde al Estado tutelar desarrollar la personalidad de cada venezolano (artículo 3), a la vez ordena que los jueces se ciñan, para su oficio, a la doctrina “dictatorial” de Simón Bolívar, El Libertador (artículo 1).

Decir y afirmar esto, tal como lo hago, acaso sea tachado como aullidos a la luna, por poner de lado a la realidad que hemos de trillar en este mundo, por muy cruel que sea. Así la llamaban los antiguos, mundo que reúne a los hijos de la maldad con quienes saber discernir sobre el bien. Por lo que la política, como no pocos lo sostienen, ha de ser y es una mera administración de lo posible. Pero si así fuese, es mi convicción, la genuinidad de lo político desaparece.

Toda acción política responsable ha de ser emancipadora ante la brutalidad, frente al poder factual y armado; ya que, de no ser así, toda noción sobre lo humano y acerca de la idea de humanidad se iría a los abismos. Medraríamos todos en el sueño de la razón y se nos devolvería al reino de los animales.

No dejó de entender, he de agregarlo, que ese desafío, el hacer de la política una forma de liberación personal mediante el servicio sincero a los otros, considerándolos igualmente dignos de respeto como nosotros, y cooperando con ellos en la empresa común de la madurez, de la emancipación, así como choca con la lógica de lo bolivariano desafía a los algoritmos del ecosistema digital imperante. Este apunta a los sentidos, a lo primitivo, desnuda a la «aldea humana» de McLuhan y transforma el fogón familiar o vecinal en un verdadero zoológico global. Es la máxima de la experiencia, no lo dudo.

Pero he aquí, en suma, lo que se vuelve una decisión personal, crucial y existencial para el político que sirve la ciudad, ante la desviación de lo humano racional, es decir, aprender a separar las aguas limpias de las servidas si acaso nuestro norte es la idea de la Justicia. No se trata del ajusticiamiento, sino de conjugar en favor del mayor espacio de libertad para las gentes, para el común, y de que administración de justicia no sirva para ocultar la verdad, que es lo más caro a quienes han sido víctimas del engaño como fisiología del poder.

Cuando el realismo político se convierte en renuncia

El llamado rodrigato o la coyunda que amarra a los hermanos Delcy y Jorge, que sí saben de realismo, son practicantes de una frialdad que no debe desestimarse. Entrenados en traicionar a los suyos y de allí que se sometan, pragmáticamente, a su enemigo histórico, Estados Unidos, acaso es hijo del Mayo francés de 1968 y de su lema “seamos realistas, pidamos lo imposible”. Tanto que hicieron posible lo imposible.

Son sus legados la destrucción total de la república, la pulverización de nuestra población empujando a un tercio hacia el ostracismo, y la quiebra de la empresa del oro negro, que se engulleron. De donde cabe preguntarle a la contraparte, si bien unos y otros recitan las mismas instrucciones, sobre si alguno de sus integrantes –distinto de quienes han sido purgados por esta y convienen en mantenerlos en el exilio, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia– ¿tendrá el coraje de luchar por lo «imposible», por la verdad dentro del relativismo y el culto de cinismo imperantes?

Vaclav Havel comprendió cabalmente, en su momento, que “el poder no se sostiene solo por la fuerza bruta, sino por una ideología omnipresente que falsifica la realidad. Al aceptar este juego, los individuos se convierten en víctimas y, al mismo tiempo, en cómplices que sostienen el sistema”, afirmaba, y acertó. Por lo que, insisto, tal cuestión es dilemática e inexcusable.

La política se ha vuelto ejercicio de virtualidad y despliegue de actos instantáneos. Lo imponen las redes digitales y es lo propio como políticamente correcto dentro del narcisismo en boga y que procuran. No por azar un día se dice una cosa y otra distinta al siguiente, sin que la opinión se escandalice o se dé por aludida. Que unos sigan diciendo que salieron en libertad todos los presos políticos en Venezuela, mientras otros afirman que son unos 600 pero aún quedan tras las rejas otros 400, es cosa que no alarma. Todo depende de la perspectiva, se arguye. Es lo propio de la virtualidad y mejor aun que sea así, se dirá, pues ello le da vida al debate y sitúa la cuestión en el plano de lo dialéctico, del entrenamiento democrático, reducido a una trifulca habitual entre mentiras y medias verdades.

La verdad, ciertamente, es incómoda y hasta peligrosa para quienes se baten dentro de esas aguas. Nada les interesa saber sobre los datos duros, menos aceptar que, en realidad, nadie ha salido en libertad en Venezuela. Han regresado a sus casas –enhorabuena– y sí, se trata de algunos ocupantes de los centros de tortura que todavía siguen abiertos. Entre tanto, otros siguen siendo extraídos de la puerta giratoria que manejan a su arbitrio los represores, para encerrarles. Y digo que no han salido en libertad, ninguno, y antes bien crecen los privados de libertad, pues todos a uno –superando la cifra de más de 2000 víctimas– tienen prohibición de viajar al exterior.

Su tránsito se les limita en la geografía y se les espía, para sostener la cárcel del miedo que aún no cede. Han de regresar, periódicamente, ante el tribunal correspondiente, para que el juez represor y de turno les recuerde que gozan de un privilegio, no de un derecho humano, como lo es estar en libertad.

He aquí, pues, la otra lección de nuestra historia que olvida el “buenismo” político dentro de la mesa en la que departen como emisarios de la Casa Blanca los diputados del 2015, actores de reparto dentro de una misma obra y un único guionista. Previamente, para que se me entienda, no se trata de reconstruir un Estado que ha desaparecido a partir de otro dogmatismo, pero sí –como lo enseña Jürgen Habermas– con fundamento en “pretensiones” de verdad, de rectitud moral y de sinceridad, que ofrezcan un soporte de confianza y de legitimidad y de confianza; pues ante la falta de una única verdad compartida por todos, la confianza y la legitimidad no puede venir “desde arriba” sino desde la base ciudadana. Todos sabemos, al cabo, lo que es la mentira y que son los regímenes de la mentira. Hemos conocido a su epígono actual, desde hace 26 años. Sistemáticamente, no se detiene, legaliza a la ilegalidad, con fraude a la verdad legal o judicial.

Tras la dictadura larga del general Juan Vicente Gómez, que tuvo su Helicoide, la llamada Rotunda, y cuyos grillos, al igual que los del Castillo de Puerto Cabello fueron lanzados al mar como para acallar lo sufrido, su ministro de la defensa, devenido presidente, el mismo día en que asumió, abrió las cárceles e hizo regresar a todo el exilio. En enero de 1936, el mismo Eleazar López Contreras hizo derrumbar a la ominosa cárcel sobre cuyo terreno fue construida la Plaza de la Concordia. Eran cientos los presos políticos, es decir, muchos en su proporción, e igualmente los que fueron enviados al exilio. A la protesta popular y estudiantil que se desató, esa que teme y ahora ralentiza la mesa del 2026 instruida por su guionista, tras cortarse las amarras luego de más de tres décadas de terror, se la dejó estar y antes que ser reprimida se le ofreció una respuesta política, el Programa de Febrero.

Wolfgang Larrazal Ugueto, que presidió la Junta de Gobierno de 1958, preocupado por la poblada que tomó a Caracas y provenía del campo empobrecido –que reclamaba ¡agua, agua, agua!– entre las alternativas que le ofrece su ministro del Interior, ¡o plomo, o plata!, sin temerle a la protesta les respondió con un Plan de Emergencia: “Incorporó a miles de trabajadores desocupados en labores de ornato público, saneamiento ambiental y la culminación de obras menores inacabadas”.

Eso es, en suma, la empatía y la construcción de legitimidad. Es, objetivamente, de lo que carecen los diálogos impulsados y vigilados desde la embajada norteamericana en Caracas. Es lo que estuvo ausente, por ausencia de corazón, tras el doble terremoto que destruyó otra vez al Estado Vargas. La presencia fue la ausencia. Fue el silencio del régimen, su carencia de sensibilidad, su desprecio total por la dignidad humana. ¿Es en comparsa con este que los pragmáticos, los realistas de la política “opositora”, según ellos mismos afirman, por pedazos y como se digiere a un elefante construirán la libertad de los venezolanos?

No se diga –ruego a Dios que me equivoque por el bien todos– que contamos con una tutela, la ya mencionada, que cuando menos está vigilante del proceso de estabilización, recuperación y transición de Venezuela. Lo cierto es que actores venidos de ambos bandos partidarios y en pugna dentro de Estados Unidos, sin rubor ni recato, sumados en la causa vienen salivando. Se muestran eufóricos con la sola promoción de las inversiones que podrán comprar –como en suerte de remate y en pública almoneda– el conjunto de los activos patrimoniales de los que logró hacerse la revolución bolivariana durante sus 26 años de expoliación del país a mansalva.

A quienes, por faltos de cacumen y/o por presas de enconos amamantados por los errores de sus padres durante el tiempo de la subversión que se tragó, de manos Cuba, a numerosos venezolanos caídos como guerrilleros o confrontándoles, aún enjuician a la república de Puntofijo como engendro antediluviano y premisa del tsunami que luego arrasó con todo, a partir de 1999, cabe ofrecerles algunas pastillas para la amnesia. Probablemente les ayuden durante el restablecimiento de nuestra hollada dignidad, si les importa.

La libertad no se hereda: se construye

Rómulo Betancourt, que mantuvo inmejorables relaciones con USA, siempre recordó, en sus escritos, que el apoyo de este a los regímenes dictatoriales no hizo sino destruir la solidaridad continental. Amamantó el resentimiento del pueblo, decía. Rafael Caldera, quien incluso discurrió ante el Congreso norteamericano y allí se le honró, sostuvo una línea similar: “Se dice frecuentemente que la América Latina recibe ayuda. Cabe más bien decir que es la América Latina la que ayuda a mantener el alto nivel de vida de los países más desarrollados, y especialmente de los Estados Unidos, suministrándoles materias primas a bajo precio”, declaraba. Y el maestro Jóvito Villalba, pionero de la generación de 1928 y su tribuno, que cierra la tríada de los parteros de nuestra moderna democracia civil, afirmaba preclaro que “los Estados Unidos no han visto en Venezuela una nación con destino propio, sino una factoría, una inmensa bomba de succión para alimentar a su maquinaria industrial”.

Pues bien, mientras todavía aparecen unos insepultos que rescatan la memoria del tiempo perezjimenista en 2026, estos artesanos, amigos que fueron de la Casa Blanca y sin obsecuencias, nos labraron entre el hacer y los errores, que los hubo, una patria de empatías y resiliente. Nos mostraron el camino para descubrir a la libertad como hechura propia. La data veraz, que recoge la obra colectiva de José Curiel (Del pacto de Puntofijo al pacto de La Habana, 2014), cuyo prólogo me fue confiado por el autor, resiste a la mendacidad insistente.

La expectativa de vida de los venezolanos era de 51,4 años para 1958, alcanzando los 72,8 años para 1999, cuando se detuvo. Los acueductos, que se multiplican en 65 % solo entre 1959 y 1964, llegan a servir a 19.142.910 venezolanos en 1998, produciendo 3.033.899.000 de metros cúbicos de agua. Entre tanto, las cloacas y los sistemas de aguas servidas construidas y canalizados, para evitar las enfermedades, protegieron a 15.220.686 venezolanos.

Y es que Venezuela, llegado el año de 1958 era una «república de letrinas», excluida su «boutique» caraqueña. La dictadura construyó tantas que, en 1955, al celebrar su 18 de octubre de 1945 y para recordarnos que esa gesta se las había secuestrado Betancourt, anunció haber construido 149.654 pozos sépticos en toda Venezuela.

Ciertamente que contamos, entonces, con 5 universidades, 3 públicas y 2 privadas. El caso es que estas aumentan en la misma medida en que la geografía humana se extiende y democratiza, al punto que llegan a sumar más de 200 instituciones de educación superior para 1998. Otorgaban títulos válidos al esfuerzo de formación y para el escalamiento social mediante la educación. No se repartían diplomas como caramelos de feria ni para premiar, bajo pedido, a jueces supremos, como viene ocurriendo durante el tramo recorrido del siglo en avance.

Mientras que el general Gómez le dejó a Venezuela las tres primeras carreteras que cruzan al cuero seco de nuestra geografía –así lo describe Mario Picón Salas en su Comprensión de Venezuela (1949)– entre estas la Trasandina, las vialidades que alcanzan a 19.927 km de carreteras para 1958 suben a 95.529 km para 1998.

Nada que decir sobre la salud. Desaparecen en Venezuela las pandemias y epidemias durante el siglo XX. Y lo veraz es que hacia 1955 cuenta el país con 228 hospitales de los cuales 89 eran privados. Los centros de salud, en poblaciones entre 5000 y 15 000 habitantes son 11 y 396 las medicaturas rurales. Mas llegado el año de 1998, así como los venezolanos cuentan con 39,6 profesionales de la salud (23, 7 médicos) por cada 10.000 habitantes, son 58.815 las camas hospitalarias disponibles. Los hospitales generales se elevan a 927, de los cuales 344 son del sector privado. Los ambulatorios frisan 4027, de los que 3365 son rurales.

Al Pacto de Puntofijo, cuyo tiempo no regresará por imperio de la historia de lo humano y la ausencia de circularidad en la misma historia, que solo es maestra de la vida, afirmaba Cicerón, le toco restablecer en nosotros el orgullo de ser venezolanos. Luego quiso destruírnoslo el Pacto de La Habana, buscando envilecer y corromper al conjunto de los venezolanos, comenzando por las instituciones de la república. La república se hizo lo que vemos ahora. Es un teatro de utilería, que enajenó a nuestra soberanía mientras se hacían de nuestro territorio, como botín, unos bucaneros, los Welzares del siglo XXI. Por lo pronto, como en un juego infantil, se están montando unos poderes públicos sin columnas –como los edificios que molieron a miles de compatriotas en La Guaira– como para que la obra, diría Paul Valery, no acabe. ¡Que siga la virtualidad!, agregaría Elon Musk.  

correoaustral@gmail.com | @asdrubalaguiar

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Trump anuncia acuerdo petrolero con Venezuela por 65.000 millones de barriles

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que suscribió con Venezuela “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras.

“Esta histórica transacción, más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses durante muchos años, mientras que ayuda a mantener a Venezuela en el camino hacia un enorme éxito y una gran prosperidad”, escribió Trump en Truth Social. 

Por su parte, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio describió el acuerdo como «una gran victoria» para ambos países. Según Rubio, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”.

El anuncio ocurre un día después de que medios como Axios y Bloomberg reportaran que la Casa Blanca negociaba con el gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, una participación importante en varios yacimientos petroleros del país.

De acuerdo con Bloomberg, las negociaciones las está llevando a cabo el Departamento de Defensa estadounidense con el empresario Alejandro Betancourt, sobre quien pesan demandas e investigaciones en varios países por presunto blanqueo de capitales vinculados a tramas de corrupción en PDVSA, entre ellos EEUU.

17 yacimientos petroleros

Las conversaciones se centran en hasta 17 yacimientos petrolíferos ubicados en las principales cuencas del país, lo que refleja la agresiva estrategia de Washington para consolidar su influencia sobre la infraestructura energética venezolana.

Bajo uno de los marcos que se están evaluando, Estados Unidos podría obtener un contrato de arrendamiento de 100 años sobre activos que incluyen el área de Junín en la Faja del Orinoco y campos históricos alrededor del Lago de Maracaibo.

Por otro lado, Bloomberg también informó que Venezuela está considerando abandonar el grupo de producción petrolera OPEP, del cual es miembro fundador desde 1960. EEUU ha estado en desacuerdo con la OPEP durante mucho tiempo por su influencia en los precios del petróleo.

*Con información de TC

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Venezuela mira al modelo japonés para transformar la emergencia sísmica en reconstrucción sostenible 

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El 28 de agosto se celebró en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV) un seminario llamado “Venezuela: reconstruir para transformar”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el cual buscaba crear un espacio para conocer experiencias de Japón aplicables a la recuperación del país. 

Durante la jornada, autoridades académicas, diplomáticos y expertos en ingeniería evaluaron el abordaje de la emergencia ocurrida el pasado 24 de junio, compartieron metodologías de evaluación de infraestructura y ayudaron a construir una guía orientada al fortalecimiento del país bajo el enfoque “Build Back Better” (Reconstruir mejor).

“El 24 de junio marcó un momento de profunda prueba para nuestro país, pero también ha puesto en relieve la resiliencia institucional, la solidaridad inquebrantable que trasciende la frontera… Su presencia aquí, señor embajador de Japón, del representante de la Agencia de Cooperación Internacional y al representante del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, al igual que el ministro Francisco Garcés, es la prueba más clara de que la ciudad capital y Venezuela no están solos”, se expresaron las palabras de bienvenida al seminario.

En representación del Estado y de la comisión encargada a la atención de la contingencia, durante la primera ponencia, se explicó el alcance del fenómeno en el contexto sísmico global, al igual que manifestaron que el objetivo central de toda intervención debe mantenerse en el bienestar social.

“El 24 de junio ocurrió un evento sin precedente… Este evento realmente va a pasar a ser un sismo, no solo histórico para Venezuela, ya está dentro de nuestro historial de manera muy importante, sino también va a ser muy importante para la historia de la sismicidad mundial… No es un tema solo y por supuesto lo digo, porque bueno, el primer motivo de nuestra formación y experiencia es ya ver lo que pasó e intentar solucionar, sino ver cómo todo este conocimiento, cómo esta fuerza, cómo toda esta disposición institucional es eficiente en la reconstrucción de la solución de las vidas de las personas que han sido afectadas”, expresó el ministro Francisco Garcés.

Evaluación de infraestructuras

Durante las ponencias, los especialistas y ex becarios de JICA, detallaron la aplicación del “Protocolo unificado de inspección rápida de edificaciones”, el cual fue diseñado a partir de metodologías desarrolladas originalmente en Japón y adaptadas al entorno venezolano mediante trabajos de investigación académica. Gustavo Coronel explicó que tras el movimiento sísmico se articuló un voluntariado multidisciplinario que incluyó a más de 3 000 profesionales. 

“Nos encontramos con que no teníamos un protocolo claro y nos tocó usar el mejor juicio técnico… Tomamos esa primera evaluación que Japón nos facilitó su planilla de captación de datos, su protocolo de toma de decisiones para nuestro caso en Venezuela”, expresó el ex becario, Gustavo Coronel sobre el nacimiento de este protocolo.

Para poder organizar la recolección de información en campo y agilizar el procesamiento de diagnósticos, los ingenieros del país desarrollaron e implementaron la plataforma digital “Habitable” y esto ha permitido registrar miles de estructuras evaluadas mediante un código de etiquetado por colores (verde para estructuras habitables, amarillo para las que tienen daños moderados o no estructurales y rojo para edificaciones con riesgo severo o fallas estructurales graves).

De acuerdo con los balances y estadísticas presentados durante el seminario, la extensión de las inspecciones cubrió más de 62 000, donde cerca del 58% de las estructuras fue clasificado en la categoría verde, 23% en amarillo y 18% en rojo, localizándose la mayor proporción de daños severos en el estado La Guaira. 

“Tenemos que realizar en lo inmediato 11.000 proyectos de reparación… La ingeniería venezolana tiene la capacidad hoy día de hacer rápidamente esos 5.000 proyectos… Necesariamente tenemos que pedir apoyo internacional, es parte del trabajo que tenemos que hacer, tenemos que llamar y estamos llamando a expertos internacionales”, enfatizó Francisco Garcés.

Experiencia japonesa

Los representantes de JICA detallaron sobre las lecciones aprendidas a lo largo de su historia sísmica, haciendo énfasis en eventos como el terremoto de Kobe de 1995 y el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011. El representante de la asociación enfatizó que el desarrollo de códigos de construcción estrictos acompañados de incentivos financieros e inspecciones continuas resultó indispensable para salvar vidas durante estos sucesos.

“En conclusión, la preinversión es mucho más importante y siempre sale muy eficiente y económico”, aseveró la dirección de JICA y agregó que “el conocimiento del riesgo es la base de la resiliencia”. 

De esta misma forma, el ponente abordó las tres fases de respuesta y acción que aplica el gobierno japonés tras un desastre sísmico: la inspección rápida de emergencia para reducir riesgos, la evaluación de daños estructurales para determinar la reparación o demolición, y la fase final de reforzamiento sísmico e innovación. También destacaron que las lecciones del pasado demostraron que el 83% de los fallecimientos en desastres de gran magnitud ocurren en los primeros 15 minutos posteriores al sismo debido al colapso de estructuras, lo que impide que los equipos de rescate lleguen a tiempo si las edificaciones no son sismorresistentes desde su concepción o reforzamiento. 

Financiamiento y recursos

Por otro lado, los representantes del CAF explicaron las formas de ayuda financiera e institucional que le han estado prestando al país desde las primeras horas de la emergencia. La organización aprobó inicialmente una ayuda humanitaria de emergencia por 300 000 dólares para tareas inmediatas, como el soporte a unidades aeromédicas entre La Guaira y Caracas, el suministro de insumos médicos y la rehabilitación de centros educativos. 

Posteriormente, se creó el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, el cual fue diseñado para canalizar donaciones provenientes de gobiernos internacionales, el sector privado y aportes filantrópicos. Al igual que la ejecución del fondo cuenta con el seguimiento de auditorías internacionales para garantizar la transparencia en cada proyecto financiado. 

“Para poder utilizar rápidamente ese fondo, CAF destinó 1 millón de dólares como capital semilla… esos recursos serán administrados por CAF, pero las prioridades en el uso de esos recursos serán consensuadas con el Gobierno Nacional”, expresó el Director de Programa de Países del CAF, Javier Prieto.

Cooperación internacional

En el cierre del seminario estuvo el embajador de Japón en Venezuela, Yasushi Sato, quien confirmó el compromiso del gobierno japonés de mantener el acompañamiento técnico y humanitario durante las siguientes etapas de rehabilitación y reconstrucción de las zonas más afectadas del país. Al igual que aseguró la cooperación mutua: “En esta desafiante tarea de reconstrucción, Japón quiere estar presente. Quiere estar presente compartiendo nuestro conocimiento y trabajando juntos”. 

Durante su participación final, exaltó la actitud del pueblo venezolano frente a las adversidades y se refirió a los testimonios compartidos por los equipos médicos y de atención en campo enviados por su país, donde expresó:

“Ellos dicen: ‘Siempre vemos en la cara de los venezolanos una sonrisa, a pesar de la extrema dificultad en la que se encuentran. Y esa sonrisa nos anima mucho para seguir trabajando. Hemos recibido mucho más de lo que les hemos ofrecido'”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Denuncian que 38 presos políticos tienen patologías de salud graves y no reciben atención especializada

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La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes, 28 de agosto, que en Venezuela todavía hay 454 personas detenidas por motivos políticos, enfatizando en los casos de adultos mayores y personas con graves patologías de salud que requieren atención médica urgente.

Mediante un reporte difundido en sus redes sociales, la ONG advirtió que 38 de los presos políticos son personas “con patologías médicas graves que no reciben atención especializada”. Además, contabiliza 18 adultos mayores “cuyo desgaste físico en reclusión es acelerado”, y siete personas “a quienes se les niega incluso el contacto con sus familias”.

La organización también alertó que los presos políticos “continúan sufriendo un encierro arbitrario que no responde a la justicia ordinaria, sino a la persecución sistemática”. Según sus conteos, 410 de los detenidos son hombres y 44 mujeres. Además, figuran en la lista de detenidos 20 extranjeros, 167 funcionarios de seguridad del Estado activos y 31 exfuncionarios, 224 miembros de la sociedad civil, 10 miembros de organizaciones civiles y dos sindicalistas.

“En medio del complejo escenario político de agosto de 2026 en Venezuela, donde las expectativas de distensión y los anuncios oficiales de excarcelaciones contrastan con la realidad de las cárceles, la persistencia de la persecución política mantiene un saldo insostenible”, añadió.

Ante esta situación, Justicia, Encuentro y Perdón exigió “el cese de esta injusticia y la libertad plena, inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos en Venezuela”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Caídas de cabecillas y extradiciones: la cooperación policial acorrala al Tren de Aragua en la región

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Durante las últimas semanas, autoridades de Colombia, Chile, Brasil, Perú y Estados Unidos desplegaron una serie de procedimientos judiciales, capturas de cabecillas y extradiciones contra miembros del Tren de Aragua. Las acciones operativas coinciden con una mayor cooperación policial internacional y con una reconfiguración estructural de la megabanda en la región.

En Colombia, el 27 de agosto, la Fuerza Pública de aprehendió en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Nairobi”, señalado como cabecilla de la organización en Perú y persona de confianza de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, asesinado en Las Claritas, estado Bolívar, el pasado mes de junio en una operación conjunta con Estados Unidos. La detención fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella.

Asimismo, en la frontera colombo-venezolana, efectivos del los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula Militar) y la Policía de Cúcuta arrestaron el 26 de agosto a cinco presuntos integrantes adicionales en el sector La Parada de Villa del Rosario cuando cobraban dinero de extorsiones a comerciantes locales.

Múltiples operativos en otros países

En Perú, de acuerdo con un reporte de Deutsche Welle (DW), las autoridades gubernamentales ejecutaron la expulsión de tres ciudadanos venezolanos señalados de pertenecer a la megabanda criminal, como parte de las medidas de control migratorio y seguridad sobre integrantes detectados en ese territorio.

Por su parte, en Brasil, tras operativos policiales ejecutados en junio y revelados por la prensa de ese país, la Policía Civil de Roraima confirmó que el Tren de Aragua estableció una alianza operativa con el Comando Vermelho para suministrar armas procedentes de Estados Unidos, Colombia y Venezuela a cambio de cocaína y dinero en efectivo, utilizando firmas de papel para blanquear capitales sin disputar el control territorial violento que desplegó en otros países del Pacífico.

A su vez, el 25 de agosto, en Florida, Estados Unidos, Julio César Hernández Montero acordó declararse culpable ante un tribunal federal de Miami por el secuestro y asesinato del expolicía José Luis Sánchez Valera en Doral.

Procedimientos en Chile

En el plano financiero y de sicariato de alto impacto, la Fiscalía Metropolitana Sur de Chile avanzó en la Operación Tokio al formalizar en ausencia a Marcos Reyes Acosta y Willasander Tejedor Ruiz, detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La investigación estableció que la red movilizó cerca de 90 millones de dólares mediante un ejecutivo bancario en Santiago y empresas fachada para enviar fondos a Carlos Gómez, alias “Carlos Bobby”, recluso en Colombia.

En paralelo, la justicia chilena fijó para el 20 de octubre el inicio del juicio contra 27 acusados por el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Este viernes, 28 de agosto, se concretaron las extradiciones desde Estados Unidos y Colombia de Rafael Gámez Salas, alias “el Turko” y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como “el Gocho”, ambos acusados de participar en el secuestro y asesinato de Ojeda, ocurrido el 21 de febrero de 2024.

De igual forma, según reportó el diario La Tercera, la justicia chilena decretó la medida de prisión preventiva e internación provisoria para cinco miembros del Tren de Aragua capturados tras una investigación por el secuestro de un ciudadano peruano, añadiendo una nueva acción judicial contra las células dedicadas al secuestro extorsivo en ese país.

Una posible lectura: la búsqueda por congraciarse con Trump

Ronna Rísquez, periodista especializada en gobernanza criminal y autora del libro “El Tren de Aragua: La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, analizó la reciente ola de procedimientos internacionales contra la megabanda desde la perspectiva de la agenda política regional y la cooperación policial.

En declaraciones ofrecidas a Runrun.es, Rísquez consideró que el incremento en la persecución respondería, en buena medida, al posicionamiento del grupo dentro de la política exterior estadounidense.

Rísquez señaló que la visibilidad otorgada a la organización por la administración de Donald Trump condiciona las actuaciones de diversos gobiernos del continente, por lo que algunos estarían tratando de congraciarse con el norteamericano. “Desde que el grupo fue considerado como una especie de objetivo de criminal de Estados Unidos, muchos países se abocaron a a perseguirlos. Pero además, ahora todos tratan de congraciarse con Trump”, explicó.

Asimismo, vinculó los recientes anuncios y detenciones con la narrativa de combate al crimen organizado impulsada desde Washington para respaldar medidas migratorias y de seguridad. “Algo debe estarse moviendo desde Estados Unidos para visibilizar como que ‘ya acabamos con esto’, porque era uno de los objetivos del presidente”, explicó.

Rísquez también estableció una diferencia entre la coyuntura política de algunos países y el trabajo institucional desarrollado en el cono sur, donde destaca el caso de Chile, un país que durante años ha hecho seguimiento a las operaciones de los miembros del Tren de Aragua, especialmente tras el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda. A su juicio, un elemento diferencial de la etapa actual es el avance en la coordinación entre agencias: “Muchas de estas operaciones ahora sí se están haciendo de manera conjunta, porque ya se comparte información y hay una cooperación policial para investigar al grupo”, dijo.

Finalmente, indicó que la neutralización de liderazgos no equivale al fin de la estructura delictiva en el continente. “Mataron a uno de los jefes, pero eso no significa que el grupo haya desaparecido”. Añadió que las detenciones muestran que hay miembros que siguen operando, “quizás haciendo otro tipo de de actividades”, pero no ha acabado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Linda Loaiza: “Cuando el Estado ejecute íntegramente la sentencia de la Corte IDH podré hablar de justicia”

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Este viernes, 28 de agosto, la abogada y activista Linda Loaiza informó que finalizó la audiencia ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, en cumplimiento de la revisión ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia, un proceso que se retoma 25 años después de los hechos y tras una década de retrasos judiciales.

Loaiza, a través de un comunicado afirmó que si bien el pronunciamiento de la constituye un avance relevante, aún insuficiente para considerar que existe justicia plena en su caso.

“Cuando el Estado venezolano ejecute íntegramente la sentencia de la Corte IDH podré hablar de justicia. Hasta entonces, cada avance cuenta, pero la deuda permanece y la impunidad no puede darse por superada, expresó”

La activista informó que la Corte acordó: declarar con lugar las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público y por esta víctima/querellante. Declarar la nulidad de la absolución por el delito de violación. Ordenar la celebración de un nuevo juicio y mantener la medida privativa de libertad del ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina, actualmente recluido en Rodeo II.

    La abogada insistió en que su familia y ella seguirán exigiendo un proceso judicial transparente, sin interferencias y ajustado a los estándares internacionales.

    “Mi familia y yo seguiremos exigiendo justicia, sin más dilaciones.”

    *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.