¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 11 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
No hay un solo culpable de encubrir y callar la muerte del preso político Víctor Hugo Quero durante 9 meses. Hay muchos. Es una cadena de mando completa y sus responsabilidades y silencios recaen en instituciones y funcionarios que debían garantizar la protección de sus derechos fundamentales y no lo hicieron.
Pero, ¿dónde comienzan esas responsabilidades? ¿Quiénes eran los que estaban a cargo?Runrun.es exploró la cadena de mando que, como recluso del Estado que era, estaba a cargo de la preservación de su salud y su vida. Allí están, con nombre y apellido, los más altos jerarcas y los equipos que los acompañan y que evitaron que su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, supiera que su hijo falleció en julio de 2025, de acuerdo con el registro oficial.
El eslabón más alto en esta cadena lo ocupa el Ministerio del Servicio Penitenciario, representado por su titular, Julio García Zerpa, cercano a Diosdado Cabello. La institución que comanda debe tener la información completa de los detenidos, incluyendo su paradero y estatus procesal, datos que se negaron en repetidas ocasiones a su madre.
“Venezuela tiene potencial para cinco millones de barriles, pero alcanzarlos requiere 200.000 millones de dólares en inversión, y eso solo llega con Estado de Derecho”, María Corina Machado en entrevista con El País de España.
Lo que rompe en redes
El gendarme argentino Nahuel Gallo reveló en entrevista con TN las torturas que sufrió cuando fue detenido al intentar ingresar a Venezuela a finales de 2024 para encontrarse con su esposa e hijo: “Me ponen la escopeta acá en la cabeza y me dicen: ‘Di la verdad o la vas a pasar mal’. Me pusieron la picana en la oreja preguntándome por qué tenía números de tribunales”, dijo.
El exconcejal de Anaco José Manuel García Sabino, falleció la noche de este sábado, 9 de mayo, mientras permanecía recluido en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, así lo denunció el abogado Zair Mundaray en sus redes sociales.
El dirigente político, perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se encontraba bajo custodia del Estado al momento de su fallecimiento, de acuerdo con la publicación de Mundaray.
Según Mundaray, García Sabino había denunciado previamente presuntos hechos de corrupción en la Alcaldía y el Concejo Municipal de Anaco. El jurista calificó el suceso como un “crimen de Estado”.
“El alcalde llamado Jesús Ríos y dos concejales llamados Edgar Torres y Jean Caraballo le montaron una persecución, amenazas y un expediente por estafa y lo llevaron preso, ahora está muerto”, añadió Mundaray en su publicación.
#URGENTE Ex concejal de Anaco denunció corrupción en la Alcaldia y Concejo Municipal y anoche apareció muerto en los calabozos de la Policia Municipal. Otro crimen de Estado. Se trata de José Manuel García Sabino. El alcalde llamado Jesús Ríos y dos concejales llamados Edgar… pic.twitter.com/qxFwIbvStC
Por otra parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Anaco manifestó su profunda preocupación por el acontecimiento. William Ross, de La Causa R; y Teo Valiente, de Voluntad Popular, exigieron una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer las circunstancias de la muerte y garantizar el respeto a los derechos humanos, de acuerdo con una nota publicada por el medio regional El Tiempo.
Antonio González, dirigente de Acción Democrática en Resistencia, dirigió sus condolencias a familiares y allegados del exconcejal. También pidió llegar “al fondo de este asunto”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Tras la difusión de testimonios que denunciaron presuntos abusos sexuales contra mujeres del pueblo Yekuana, perpetrados por un médico en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de La Esmeralda, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) acudió a la sede del Ministerio Público en Puerto Ayacucho para formalizar la denuncia.
El gremio, respaldado por diversas autoridades ancestrales, exige que el sistema de justicia actúe con celeridad contra el médico José García, señalado como el responsable de violentar a mujeres del pueblo Yekuana bajo engaño médico.
La movilización, realizada este viernes, 8 de mayo, marcó un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas. Eligio Dacosta, coordinador general de Orpia, fue el encargado de consignar el documento donde se solicita procesar al presunto perpetrador con todo el peso de la ley.
“Dejamos constancia de que estos terribles sucesos constituyentes un hecho público, notorio y comunicacional y se configura como una noticia criminal”, declaró Dacosta.
Formalizan una denuncia ante el Ministerio Público en Puerto Ayacucho / Foto: Cortesía
JEI Yekwana ordena captura del médico señalado
El comunicado de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) Yekwana “Tuduma Saka”, respaldado por las organizaciones Mako y Huöttöja, emitió una orden de detención preventiva contra José García. En el documento, entregado en el Ministerio Público, la JEI aclara que, ante las limitaciones para sentenciar directamente delitos penales ordinarios, asume sus competencias como un órgano de justicia de remisión
Esta orden se fundamenta en el artículo 133, numeral 4 de la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas (LOPCI), que faculta a las autoridades legítimas para detener preventivamente a personas ajenas a la comunidad que cometan delitos en su hábitat y ponerlas a disposición de la jurisdicción ordinaria.
En el texto, las autoridades tradicionales ordenaron de forma inmediata a los organismos de seguridad, autoridades civiles y a la Fuerza Armada proceder con la captura del señalado. Asimismo, realizaron un llamado vinculante a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) para que, bajo el principio de colaboración de poderes, ejecuten la detención.
El texto también exige la activación urgente del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y exhorta a la Defensoría del Pueblo a tutelar exhaustivamente este proceso de remisión, garantizando que se evite cualquier tipo de amedrentamiento contra las víctimas y sus familias.
Se pudo conocer que, durante la entrega del comunicado, voceros del Ministerio Público informaron sobre el traslado de una comisión nacional a La Esmeralda, municipio Alto Orinoco, el 8 de mayo en horas de la mañana.
Documento entregado por Orpia ante el Ministerio Público / Foto: Cortesía
El temor a la fuga y la “justicia de papel”
El caso cobró relevancia nacional el pasado 3 de mayo, cuando Noira Pérez denunció en video que su hija, Norelys, habría sido víctima de abuso sexual el 26 de marzo tras acudir al CDI para la colocación de un implante anticonceptivo. Pese a la gravedad, el paradero del médico sigue siendo incierto, lo que genera alarma entre los líderes indígenas.
“La exigencia es la investigación y que la persona acusada ojalá no se haya ido del estado Amazonas. La información que tenemos es que está aquí, otros dicen que está allá, no queremos que se escape”, señaló el coordinador general de Orpia.
El activista indicó que no es la primera vez que hacen el acompañamiento a mujeres indígenas. Recordó que en el año 2020 ocurrió un caso similar, donde una mujer del pueblo Jivi, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, denunció haber sido víctima de abuso sexual el 21 de agosto de 2020 por su superior, un teniente de Fragata, que para ese momento era comandante del puesto naval A/F José Ramón López, Puerto Ayacucho, estado Amazona
De acuerdo con la experiencia de las mujeres Jivi, se conoció que luego de dos años hubo sentencia, sin embargo el acusado fue trasladado fuera del estado Amazonas. “Queremos justicia real y no de papel, la mujer indígena debe ser respetada esperemos que no sea un acto discriminatorio”, señaló Dacosta.
Eligio Dacosta, director general de Orpia, formalizando la denuncia ante el Ministerio Público / Foto: Cortesía
Desconfianza en las instituciones
El profesor Héctor Escandell García, excoordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas, ofreció una lectura crítica sobre denuncias que se publican en redes sociales, como ocurrió en este caso:
“Quien lo hace, siente que por los canales regulares, dado a los protagonistas del hecho, el caso se puede diluir en la indiferencia, no hay confianza en las instituciones, podría ser que el denunciante busque por redes un protagonismo que no lo logra por otras vías” señaló Escandell.
Por otra parte, existe una presencia casi nula de órganos de justicia en zonas de difícil acceso, lo que hace que la respuesta sea lenta y poco efectiva. Al respecto, Noraima Ángel, coordinadora de la oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, también reconoció que la falta de logística interfiere en el proceso.
“Es sumamente grave lo que está ocurriendo, el sistema de justicia sigue siendo débil a favor de las mujeres y aún más a favor de las mujeres indígenas”, expresó Ángel.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
No hay un solo culpable de encubrir y callar la muerte del preso político Víctor Hugo Quero durante 9 meses. Hay muchos. Es una cadena de mando completa y sus responsabilidades y silencios recaen en instituciones y funcionarios que debían garantizar la protección de sus derechos fundamentales y no lo hicieron.
Pero, ¿dónde comienzan esas responsabilidades? ¿Quiénes eran los que estaban a cargo?Runrun.es exploró la cadena de mando que, como recluso del Estado que era, estaba a cargo de la preservación de su salud y su vida. Allí están, con nombre y apellido, los más altos jerarcas y los equipos que los acompañan y que evitaron que su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, supiera que su hijo falleció en julio de 2025, de acuerdo con el registro oficial.
El eslabón más alto en esta cadena lo ocupa el Ministerio del Servicio Penitenciario, representado por su titular, Julio García Zerpa, cercano a Diosdado Cabello. La institución que comanda debe tener la información completa de los detenidos, incluyendo su paradero y estatus procesal, datos que se negaron en repetidas ocasiones a su madre.
El Decreto 8.266, que ordenó la creación de esta cartera en julio de 2011, establece en su artículo 2, numeral 3, que el ministro debe regular la organización y funcionamiento del sistema penitenciario (y de cada cárcel que lo compone), así como “dictar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la seguridad y custodia de los procesados y procesadas (…) con estricto apego a los Derechos Humanos”, según reza el numeral 7.
Bajo el ala del Ministerio está el Internado Judicial Capital El Rodeo I, centro de reclusión de máxima seguridad en Guatire, estado Miranda, en donde Quero estuvo preso antes de morir. Su director es el coronel de la Guardia Nacional, Alexander José Martínez Endeiza, señalado en otros casos de presos políticos por impedir la salida de detenidos que tienen boleta de excarcelación. Años antes, presidió la Misión Negra Hipólita, dedicada a acoger y tratar a indigentes.
El director del centro penitenciario El Rodeo I, coronel Alexander José Martínez Endeiza, mantiene un desacato judicial al impedir la ejecución de las boletas de excarcelación de los hermanos ítalo-venezolanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárezhttps://t.co/fO2pWuApTB
De acuerdo con los relatos de otros reclusos que lo conocieron en Rodeo I, Quero tenía una dieta especial que debió romper en la cárcel. Cada vez que reclamaba por la comida, los custodios del recinto –otros de los responsables– lo torturaban. La alimentación lo debilitó y enfermó, al punto de que durante la primera quincena de julio lo trasladaron al Hospital Militar “Carlos Arvelo” de Caracas con una “hemorragia digestiva superior”. Allí murió.
El Codigo Orgánico Penitenciario indica en su artículo 122 que, cuando trasladan a un recluso por motivos de salud, “deberá notificarse de manera inmediata al juez o jueza de ejecución, a los fines que se adopten las decisiones jurisdiccionales que correspondan”. Como Quero no había sido sentenciado, esta notificación debió llegar al juez de control que llevaba su caso.
Pero ese juez también permaneció en silencio. Su nombre es Carlos Liendo y está a cargo del Tribunal 2do de Control para el Terrorismo. Se trata de uno de los funcionarios de los tribunales de terrorismo que ha mandado a la cárcel a centenares de presos políticos, tanto adultos como adolescentes, desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
Liendo imputó a Quero Navas los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y conspiración. A partir de allí, el acusado permaneció tras las rejas por su decisión y, por eso, él debió garantizar “los derechos fundamentales y la legalidad” del proceso penal durante la fase preparatoria (investigación) e intermedia del proceso penal, según el Código Orgánico Procesal Penal.
La responsabilidad de los acusadores
Otra institución responsable por la vida de Quero Navas es el Ministerio Público, el órgano que dirige la investigación penal, ordena diligencias y presenta acusaciones. El fiscal 67 del Área Metropolitana de Caracas, Luis Felipe Cádiz Valdez, llevaba la causa de Quero y logró su imputación ante los tribunales.
Pero la labor del Ministerio Público no llega hasta allí. También debe garantizar “la legalidad, los derechos constitucionales y el ejercicio de la acción penal pública”. Por eso, el exfiscal general de la República, Tarek William Saab también es responsable de su integridad física y de prestar la información veraz sobre su situación y paradero.
El exfiscal Tarek William Saab
Una fuente vinculada con el Ministerio Público indicó a Runrun.es que, cuando Carmen Navas acudió a la sede para solicitar información, debió activarse un protocolo para confirmar la desaparición forzada entre los encargados del área de protección de los derechos humanos que operan en la Fiscalía. Pero en lugar de atenderla, solo ignoraron las peticiones de la madre.
Según la fuente, la Coordinación del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas debió recibir la petición y redirigirla a la Dirección de Derechos Humanos, encabezada entonces por Karin García. Posteriormente, la Dirección de Investigaciones de Derechos Humanos, cuyo titular para el momento era Nicola Stanley Coppolone, tenía que comisionar a un fiscal para investigar la desaparición forzada de Quero. También debió actuar el exdirector de Ejecución de la Pena, Enrique Arrieta Pérez, porque aunque el acusado no había recibido sentencia, debían verificarse sus condiciones de reclusión en Rodeo I. Pese a que el caso se difundió ampliamente en medios de comunicación, ninguno movió un dedo.
El rastro de los registros
De acuerdo con el Ministerio del Servicio Penitenciario, Quero Navas nunca suministró “datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. Pero lo cierto es que esos datos no se pidieron una sola vez, sino que se registraron de forma reiterada en las distintas instancias en las que se inscribió la detención del imputado.
“Cualquier órgano de policía que detiene a una persona, en este caso la DGCIM, debe llevarlo hasta el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en donde la División de Reseña debe llenar la Planilla de Detención Única, conocida como PD-1”, afirma la fuente vinculada al Ministerio Público. Ese documento recoge las fotografías del arrestado, junto a datos personales y filiatorios, que van desde su nombre, edad y residencia, hasta el nombre de sus padres, saber si estos están vivos o muertos, además de hermanos e hijos con sus números telefónicos de contacto. Posteriormente, la mayoría de estos datos, incluyendo los de los familiares, se ingresan también en el acta policial.
Quero tuvo que haber dado sus datos en otras oportunidades. Al momento de la audiencia de presentación, los secretarios del tribunal debieron pedírselos para registrarlos. Lo mismo que el defensor público que estaba a cargo de su caso, quien también llenó una planilla con esta información para poder comunicarse con los familiares sobre el proceso judicial que se le seguía.
Los Defensores que no defendieron
El Servicio Autónomo de Defensa Pública, que dirige el defensor público general, Daniel Ramírez Herrera, tampoco hizo nada por aportar información sobre la situación de Quero Navas. Se supone que él es el responsable de dirigir, supervisar y garantizar el derecho a la defensa jurídica gratuita y el acceso a la justicia para ciudadanos, especialmente los vulnerables. Por tanto, está por encima del defensor público que fue designado para el caso de Quero.
El artículo 14, numeral 8, de la Ley Orgánica de Defensa Pública indica que, entre las atribuciones del Defensor Público General, está la de “requerir la colaboración y coordinar con las distintas autoridades de la República, para el mejor cumplimiento de sus funciones”. ¿Dónde estaban los funcionarios de este organismo cuando la madre exigía, a través de los medios de comunicación, saber sobre su hijo?
La Defensoría del Pueblo tampoco cumplió con su trabajo a cabalidad. Dionita Coronado, defensora III de la Unidad de Investigación, Mediación y Conciliación de la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas, firmó un acta de comparecencia de la madre de la víctima, Carmen Navas, quien acudió allí para exigir el debido proceso de su hijo en octubre de 2025.
Para ese momento, la Defensoría supuestamente confirmó que días antes Quero –quien para la fecha ya estaba muerto– había sido trasladado a la Fiscalía 67, que llevaba su caso. Alineada con los principios y deberes de la Defensoría del Pueblo, Coronado debió iniciar y proseguir de oficio “las verificaciones e investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, yendo a distintas instituciones que pudieran confirmar el paradero del detenido. Pero se conformó con la respuesta de un funcionario de la Fiscalía.
En la web de la Defensoría del Pueblo se indica que este despacho “tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”. Además, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece en su artículo 15, numeral 2, que puede intervenir en las acciones de hábeas corpus, hábeas data, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales, y cuando lo estime justificado”, acciones que el exdefensor del Pueblo, Alfredo Luis Angulo, ni su sucesor, Tarek William Saab, emprendieron.
Más adelante, en el numeral 5 de la misma legislación, se establece que el Defensor del Pueblo debe “velar por los derechos y garantías de las personas que por cualquier causa hubieren sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad”. Otra completa omisión de los funcionarios que detentaron este cargo mientras Carmen Navas buscaba a su hijo preso.
Implicados colaterales
La cadena de responsabilidades no acaba con estas instituciones, sino que abarcan otras que también tenían información sobre el paradero de Quero Navas. El director del Hospital Militar Universitario “Dr. Carlos Arvelo”, el vicealmirante Luis Montaño Hernández, y el equipo de médicos y enfermeros que atendieron al detenido, también guardaron silencio. Quero Navas permaneció recluido en ese centro de salud al menos 9 días antes de su muerte. Allí debieron haber registrado sus datos.
De acuerdo con testimonios de la madre de Víctor Hugo Quero a medios de comunicación, ella asistió a las morgues para cerciorarse de que no había muerto. ¿Por qué la directora del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Lissett Moreno, tampoco dijo nada sobre su fallecimiento?
Los funcionarios de esa institución, incluyendo el médico forense que firmó el acta, hicieron la autopsia, registraron la defunción del detenido y guardaron silencio al respecto. Tampoco se guiaron por el Protocolo de Minnesota, que dicta las directrices internacionales, adoptadas por la Organización de Naciones Unidas, para la investigación eficaz de muertes potencialmente ilícitas o sospechas de desaparición forzada, como lo era Quero Navas.
Desde el Cicpc se investigó de oficio la muerte de Quero a partir del 10 de marzo de 2026. Pero, ¿por qué la noticia sobre su muerte la confirmó el Ministerio del Servicio Penitenciarios y la policía técnica y su director, Douglas Rico, no dijeron nada al respecto?, ¿por qué el Cicpc tardó casi dos meses en conseguir respuesta sobre el paradero de una persona que murió bajo custodia del Estado?
Las faltas del Senamecf y del Cicpc recaen directamente sobre el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cuyas riendas lleva Diosdado Cabello, otro de los responsables en esta cadena de silencios que acabó el pasado 7 de mayo con el ruido de una tragedia.
Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron este domingo, 10 de mayo, la voluntad política del Estado y exige el cumplimiento de las garantías constitucionales para las personas LGBTIQ+ y la disidencia política, tras declaraciones de la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, sobre la sexodiversidad.
El sábado 9 de mayo, Rodríguez solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una doctrina sobre la diversidad como derecho humano fundamental. La funcionaria afirmó que su percepción sobre la realidad nacional ha cambiado tras identificar “nudos críticos” en la estructura social.
“Vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el programa, que es el derecho a ser diverso. Y eso lo aplico no solamente con la sexodiversidad, sino para la diversidad política”, señaló Rodríguez.
Ante este anuncio, la Red de Derechos Humanos en Movimiento y organizaciones como Laboratorio de Paz, Caleidoscopio Humano y el OVV LGBTIQ+, entre otras, denunciaron lo que consideran una “instrumentalización de la diversidad como una etiqueta vacía” alegando que “la dignidad humana no es un recurso retórico”.
El comunicado destaca que, pese a lo establecido en el Artículo 21 de la Constitución sobre la prohibición de la discriminación, persiste una “omisión estructural” que condena a la población a la indefensión.
Denuncias de vulneraciones sistemáticas y casos críticos
Como evidencia de la crisis institucional, el texto menciona el caso de Víctor Hugo Quero Navas, quien murió bajo custodia estatal y las autoridades informaron su fallecimiento casi 10 meses después. Las organizaciones califican este hecho como un reflejo de un sistema penitenciario cruel y denuncian patrones de desaparición forzada que afectan a quienes están bajo control del Estado.
Las organizaciones enfatizaron en que no puede existir convivencia democrática mientras persistan las detenciones arbitrarias y la criminalización de la disidencia, se mantengan más de 16 años de omisiones institucionales que “impiden el derecho a la identidad de las personas trans”, continúe la “falta de acceso a la salud y la desprotección frente a los crímenes de odio” y el exilio forzado “siga siendo la única opción para activistas perseguidos”.
Finalmente, las ONG suscriptoras exigen a las autoridades pasar del “marketing político” a la garantía real de derechos a través de investigaciones independientes sobre muertes bajo custodia y la libertad plena para los detenidos por motivos políticos. También demandan la aplicación inmediata del reconocimiento del cambio de nombre para personas trans, un derecho contemplado en la ley desde hace más de una década pero ignorado institucionalmente.
COMUNICADO: La dignidad humana no es un recurso retórico
Exigimos justicia y cumplimiento constitucional Caracas, Venezuela
La Red de Derechos Humanos en Movimiento levanta la voz ante el país y la comunidad internacional para denunciar la instrumentalización de la “diversidad”… pic.twitter.com/0JdJvKJ5H8
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este domingo, 10 de mayo, se conmemora en Venezuela el Día de las Madres, fecha en la que los agasajos y obsequios para ellas son comunes. Pero las de los más de 500 presos políticos deben resignarse a la distancia, a pausar ese abrazo y, en el caso de los que están desaparecidos, a una espera amarga.
No obstante y aún en medio de las limitaciones de la injusta prisión, muchos de ellos se las ingenian para devolver con un detalle la entrega de sus madres y la lucha que encabezan por la libertad. Es el caso de Jonathan Franco Quiñones, sargento de la GNB que cumple una condena de 24 años por la Operación Gedeón.
Aún desde las limitaciones de su reclusión en Fuerte Guaicaipuro, con materiales reciclables y haciendo gala de la creatividad plasmó su amor y gratitud en un ingenioso detalle con flores para su madre, Francis Quiñones, una de las que ha llevado la batuta en las exigencias por los presos políticos.
Flores con aroma a resiliencia
Según el testimonio de la señora Quiñones para Runrun.es, los presos políticos han desarrollado técnicas ingeniosas para transformar objetos cotidianos en piezas de valor sentimental con los pocos recursos a los que pueden acceder en medio de la precariedad carcelaria.
“Las flores las hacen con papel sanitario, los colorcitos esos que le colocan creo que es con desinfectante. Yo no sé cómo hacen eso para que les quede ese colorcito… De hecho le colocan también desinfectante al papel para que la flor tenga olor”, relató Quiñones.
Además de las flores, el hijo de la señora Quiñones le obsequió a su madre un portarretrato y un cojín en forma de corazón, ambos elaborados con materiales que ingresan al recinto como parte de los insumos básicos permitidos. El portarretrato fue fabricado con bandejas de anime, mientras que el cojín fue elaborado una colchoneta vieja y prendas de vestir para darle forma.
“Me dijo que le había arrancado un pedazo de forro a la colchoneta… lo que tiene por dentro el cojín es como una ropita que él tenía ya y no estaba usando, que le estaba quedando apretadita, estaba limpia… su misma ropita lo que está por dentro de él”, relató la señora Quiñones.
Un encuentro sin vidrios
Más allá de los objetos, la señora Quiñones destacó -para esta oportunidad- un cambio en las condiciones de la visita reciente en Fuerte Guaicaipuro, señalando que pudieron compartir en un espacio común sin las barreras físicas habituales y que pudo estar con su hijo el pasado jueves, 7 de mayo, durante dos horas.
“No fue por medio de vidrio, con esas rejas (…) Particularmente, yo tuve con mi hijo el jueves en un salón de visita. Los funcionarios que hay ahora ahí en el Guaicaipuro son muy respetuosos”, expresó la señora Quiñones.
La señora Quiñones contó también que otros presos políticos del Fuerte Guaicaipuro obsequiaron a sus familiares muñecos, flores y portarretratos como el que le dio su hijo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Había pensado en escribirle una carta a la señora Carmen Navas. Aprovechar la oportunidad de la prensa para transmitirle palabras de pesar y de afecto tras lo que ha ocurrido. Conjurar la horrible distancia que nos hace pasar por ausentes para quienes una noticia no es una noticia sino un desgarramiento humano. Hacerle saber a la señora Carmen que, del imposible desierto de su sufrimiento, cada uno de nosotros quisiera llevarse, para aliviarlo, aunque fuese un grano de arena.
¿A qué se debe tanta maldad? Está bien que no tengan alma, ¿pero no tienen madre? Porque no se trata ya de que envilecieron las instituciones y sometieron el Estado a la zafiedad y la abyección, sino de que pueden sentarse a ver –como en un cine perverso– cómo transcurre un drama que ellos mismos crearon: una mujer de más de 80 años vaga por el mundo buscando a un hijo de cuya muerte no la enteran, a fin de que siga vagando para el morboso provecho de los ocultadores. Pese a que la conocíamos, no deja de sorprender tal capacidad para lo abominable.
El país se rinde ante Carmen Navas, quien, luego de meses de una desesperación exacerbada por una crueldad inaudita, ha recuperado los restos de su hijo y los ha depositado en lugar propio. Esa es la tierra sobre la que ahora pisamos, amigos míos. Y en la dignidad de esa mujer que no reclamaba para sí ninguna dignidad puesto que ya la traía como madre, en esa dignidad está un dolor que solo ella sabe y que en nosotros permanecerá como una vergüenza y como una sublevación.
Dicen que quien tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Hoy, todos los hijos de Venezuela tenemos una sola madre. Ojalá pudiéramos hacérselo sentir.
La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, proyecta una determinación constante desde su oficina en Washington mientras planifica el futuro de Venezuela. En una entrevista concedida a El País de España, Machado analiza la compleja realidad política y económica tras más de 100 días de una nueva etapa de lucha.
La dirigente opositora detalla su visión sobre la transición y los desafíos que enfrentan los millones de venezolanos que esperan el cambio.
Machado destaca que, a pesar de la represión, la sociedad venezolana muestra hoy una capacidad de movilización y denuncia sin precedentes. Sostiene que la urgencia ética de las familias que padecen hambre impulsa un proceso de cambio que califica como irreversible.
“Tengo que concluir las tareas que me propuse al salir de Venezuela en diciembre: hablar con jefes de Estado, con inversionistas, con acreedores, con miles de venezolanos en el mundo. Y está también toda la preparación interna de esta nueva etapa. Trabajamos durísimo en ello”, señala sobre cuándo se dará su retorno al país.
Cronograma electoral y el respaldo internacional
Machado defiende el planteamiento de las tres fases que desembocan en una elección libre y democrática, calificando esta ruta como correcta y urgente. Explica que, desde el punto de vista técnico, se necesitan aproximadamente “40 semanas desde que designas un nuevo CNE. Ese es el detonante. Se puede comprimir algo, pero hay que ser serios. Lo importante es arrancar ya”.
Asimismo, la dirigente reconoce que el apoyo de Estados Unidos resulta fundamental porque “un sistema criminal solo cede ante una amenaza real”, y añade que “Trump es el único jefe de Estado que ha arriesgado posición y recursos por la libertad de Venezuela. No estaríamos donde estamos sin ese apoyo”.
El control del poder real y la gobernabilidad
Ante lo dicho por Trump el pasado 3 de enero, donde sugirió que Machado no estaba en la mejor posición para garantizar la gobernabilidad en un entorno controlado por el chavismo, la dirigente asegura que posee un plan detallado para la toma de control institucional y territorial.
Machado define esta situación como un problema medular que ha evaluado por años y sostiene que “la inmensa mayoría de quienes están en esos espacios, desde empleados de ministerios hasta policías y militares, favorecerían una transición”.
Asimismo, aclara que no busca desmantelar las instituciones de seguridad, sino que su objetivo es “liberarlas: el yugo y la persecución que padecen son intensos”, identificando a grupos como la Dgcim o colectivos como sectores reducidos que ya están identificados.
“A quienes temen una retaliación les doy mi palabra: vamos a garantizar los derechos y las libertades incluso de quienes nos las negaron a nosotros”, dice.
Confianza económica y el Estado de Derecho
La dirigente opositora opositora vincula la recuperación de Venezuela directamente con la instauración del Estado de Derecho para generar confianza en ciudadanos e inversionistas. Al respecto, indica que el país requiere una inversión masiva para alcanzar su potencial energético.
“Venezuela tiene potencial para cinco millones de barriles, pero alcanzarlos requiere 200.000 millones de dólares en inversión, y eso solo llega con Estado de Derecho”, dice.
Además, señala que el interés de los inversionistas actuales solo cobra valor real bajo un nuevo gobierno, pues sostiene que “esa opción vale si llegamos nosotros; si no llegamos, vale cero”. Según su visión, un régimen que confiscó y persiguió jamás podrá generar la seguridad necesaria para atraer los grandes capitales.
Delcy Rodríguez y el futuro del chavismo
Ante la pregunta de si negociaría directamente con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, Machado indica que eso “depende de los términos”, recordando que han ofrecido su disposición “de avanzar en una transición negociada”, pero que no aceptarán “una nueva farsa”.
Sobre las purgas que ha hecho Delcy Rodríguez y que con ello la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos esté tratando de quedarse en el poder, Machado dice que ellos “van a hacer eso siempre que se les permita”.
“No puede sorprendernos. Han tenido que liberar presos, abrir espacios de comunicación, poner restricciones al uso de los fondos. En otras cosas no han cedido. Parte de nuestro trabajo es persuadir a actores clave de que ciertas decisiones tienen que acelerarse”, añade.
En cuando a las condiciones bajo las que podría subsistir el chavismo como movimiento político, recuerda las palabras que le dijo Felipe González, expresidente del Gobierno de España: “En una transición, hay dos cosas que no se pueden amnistiar, los crímenes de lesa humanidad y los actos de corrupción, a menos que quienes robaron devuelvan absolutamente todo lo robado”.
La respuesta de Machado a González, dice ella, es que pedir eso es muy difícil, porque “esto es el saqueo más grande de la historia”. Sin embargo, tiene conciencia de la responsabilidad histórica de que funcione bien.
“Una transición sostenible necesita el apoyo del pueblo, y ese pueblo solo aceptará compromisos difíciles si confía en el liderazgo que lo representa. Por eso les digo a quienes están aferrados al poder: les conviene negociar con liderazgos que tengan legitimidad. Pueden lograr más”, agrega-
Consenso nacional y el fin del modelo hiperpersonalista
Machado propone un gran acuerdo nacional que incluya el pluralismo, la no reelección y la subordinación del poder militar al civil. Ella se define como la antítesis de Hugo Chávez, argumentando que su movimiento busca unir y valorar la dignidad frente al proyecto de división del pasado.
“Chávez habló de división; nosotros salimos a unir. Él promovió la venganza; nosotros, el reencuentro. Chávez ofrecía regalos; yo pedía trabajo y responsabilidad. Ellos humillaron; nosotros valoramos la dignidad. Él construyó un proyecto basado en el odio y la violencia; nosotros, en el amor. Son expresiones totalmente antagónicas”, expresa.
Finalmente, la dirigenteconfiesa que extraña la luz y la música de su tierra, pero mantiene su fe en el poder de la gente y concluye con una promesa de cambio: “un día antes, un día después, este régimen va a terminar de salir”.
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