El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas cuestionó al Gobierno venezolano por la desaparición forzada de Víctor Hugo Quero Navas y su posterior fallecimiento bajo custodia. El organismo instó al Estado a “iniciar una investigación pronta, efectiva e independiente sobre los hechos”.
“La desaparición del Sr. Víctor Hugo Quero Navas y su posterior muerte bajo custodia deben ser objeto de una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial. Dicha investigación debe incluir la realización de pruebas forenses independientes, la adecuada identificación del cuerpo y su restitución digna a la familia”, afirmó el Grupo de Trabajo.
El Grupo de Trabajo expresó que resulta “profundamente preocupante” que las autoridades, pese a tener conocimiento desde hace tiempo de la búsqueda emprendida por la madre del Sr. Quero Navas, no hayan proporcionado esta información sino meses después de su fallecimiento, y únicamente a través de un comunicado público.
“El hecho de que las autoridades tuvieran conocimiento de la búsqueda emprendida por la madre y, aun así, no le permitieran verle, ni le informaran sobre su fallecimiento, resulta grave y doloroso”, recalcó el organismo.
Contradicciones oficiales
Según la información recibida, tras su detención en enero de 2025, familiares de Quero Navas habrían acudido reiterada y periódicamente ante distintas autoridades competentes para solicitar información sobre su suerte y paradero, sin obtener respuesta ni acceso a comunicación con él.
El Grupo de Trabajo transmitió el caso al Gobierno de Venezuela en el marco de su mandato humanitario el 31 de marzo de 2025, sin haber recibido respuesta de las autoridades. Posteriormente, el 7 de mayo de 2026, las autoridades venezolanas emitieron un comunicado público en el que señalaron que el Sr. Víctor Hugo Quero Navas habría sido detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial Rodeo I.
Asimismo, indicaron que no se habrían registrado visitas ni identificado familiares, pese a que existía una campaña pública, a nivel nacional, impulsada por sus allegados para localizarlo e identificarlo.
Para el Grupo de Trabajo, resulta “profundamente preocupante” que las autoridades no informaran a la familia, pese a conocer desde hace tiempo la búsqueda emprendida por la madre del detenido. La información se divulgó únicamente a través de un comunicado público, meses después del fallecimiento.
Además, el organismo señaló que posee un Acta de Comparecencia de la Defensoría Pública, fechada el 24 de octubre de 2025, en la que se informó a la familia que Quero Navas se encontraba en Rodeo I. Sin embargo, su paradero nunca pudo ser confirmado debido a la negativa de los guardias, y tampoco se notificó su muerte.
“Las contradicciones entre la información oficial difundida recientemente y el Acta de Comparecencia requieren ser esclarecidas, particularmente en lo relativo a la fecha real del fallecimiento. También preocupa la independencia judicial y la autonomía de la fiscalía”, advirtió el Grupo.
“Sufrimiento profundo”
El Grupo de Trabajo expresó que el caso de Quero Navas ilustra el profundo sufrimiento que enfrentan las familias cuando las autoridades ocultan la suerte y el paradero de una persona desaparecida.
“El hecho de que las autoridades tuvieran conocimiento de la búsqueda emprendida por la madre y, aun así, no le permitieran verle, ni le informaran sobre su fallecimiento, resulta grave y doloroso”.
La organización subrayó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad, asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, solicitó al embajador de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, una investigación sobre el destino de un cargamento de 71 toneladas de medicinas enviado por el gobierno estadounidense.
La petición fue entregada mediante un documento de dos páginas durante un encuentro bilateral celebrado el pasado jueves 7 de mayo.
El texto, respaldado también por el secretario general de la FMV, Rafael Belmonte, insta a la administración del presidente Donald Trump a intermediar en la búsqueda de soluciones a la crisis humanitaria que afecta al sector salud en Venezuela.
La FMV solicita “esclarecer el destino y paradero del cargamento enviado por Estados Unidos en febrero pasado, que a la fecha no ha llegado a los hospitales”.
Ante la opacidad en la distribución de los insumos, el gremio médico venezolano planteó formalmente a la delegación diplomática la necesidad de “gestionar mecanismos de veedurías”.
El objetivo es garantizar que la asistencia humanitaria llegue de forma directa a los pacientes y establecer, paralelamente, un canal de dotación permanente y frecuente para los centros asistenciales.
Además de las exigencias en materia de insumos, León Natera expuso la gravedad de la crisis salarial que atraviesa el sector profesional del país.
Aumento salarial y presos políticos
Calificó de “indignante” la remuneración actual del trabajador venezolano, la cual oscila entre los 3 y los 60 dólares mensuales, ingresos que impiden cubrir la canasta básica alimentaria.
En el plano político y de derechos humanos, el portavoz gremial exigió verbalmente ante el embajador Barrett la liberación de todos los presos políticos en el país, cuya cifra estimada se sitúa en 647 personas.
El dirigente médico urgió de manera particular las excarcelaciones de los galenos José Villegas Jiménez y Tony Espinoza.
Por su parte, el embajador John Barrett se comprometió a procesar y tramitar cada una de las denuncias presentadas por la representación de la FMV ante las instancias correspondientes de su gobierno.
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La presencia en La Haya de Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, generó el rechazo de la comunidad venezolana que protestó en contra de su asistencia al tribunal internacional, donde lidera la delegación venezolana en las audiencias por la disputa territorial del Esequibo contra Guyana.
Con las consignas “libertad”, “régimen asesino” y “no nos representa”; los venezolanos rechazaron la presencia de Rodríguez en La Haya. También, los connacionales desplegaron una pancarta gigante en la que pidieron la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.
Los manifestantes también denunciaron intimidación por parte de un presunto “colectivo” en la ciudad de Países Bajos. “Estamos siendo intimidados por parte de los colectivos del régimen de Venezuela (…) ¿No te duele Carmen Navas? ¿Acaso no tienes madre?”, señalaron los venezolanos sobre un hombre al que identificaron como supuesto afecto al oficialismo en La Haya.
Rodríguez arribó en La Haya este domingo, 10 de mayo, para defender los «derechos históricos» de Venezuela ante la CIJ en La Haya, que celebra audiencias públicas sobre la disputa entre el país y Guyana por la región fronteriza del Esequibo.
“En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio”, escribió Rodríguez en Telegram el domingo.
Durante su intervención en la audiencia, Rodríguez calificó de “absurdo antijurídico” el caso territorial por la región del Esequibo y la validez del Laudo Arbitral de 1899, que fijó la frontera de Venezuela con la entonces Guayana Británica. Rodríguez señaló que “ninguna sentencia de esta Corte sobre la controversia territorial brindará una solución definitiva aceptable para ambas partes” y que solo conducirá a “preservar la diferencia y llevaría a las partes a atrincherarse en sus respectivas posiciones alejándolas del arreglo práctico”.
🇻🇪🚨 REPUDIO TOTAL: Delcy Rodríguez salió de la Corte Internacional de Justicia en medio de abucheos, protestas y gritos exigiendo libertad para los presos políticos venezolanos.
Mientras ciudadanos denunciaban la represión y la falta de democracia, agentes vinculados al régimen… pic.twitter.com/gJZoxzD2zN
Agentes de la dictadura de Delcy Rodríguez comenzaron a intimidar a manifestantes venezolanos en La Haya y estos fueron a encararle.pic.twitter.com/zpVRUyyf4D
Es tendencia porque un grupo de venezolanos salió a protestar por la presencia de Delcy Rodríguez. pic.twitter.com/ukE7seDiQ3
— ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) May 11, 2026
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Organizaciones no gubernamentales exigieron este lunes, 11 de mayo, una investigación internacional independiente por la muerte del preso político Víctor Quero Navas, cuyo fallecimiento fue informado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario casi 10 meses después que había ocurrido.
Mediante un comunicado, 45 ONG denunciaron que el deceso de Quero Navas se mantuvo oculto durante meses mientras su madre solicitaba constantemente información oficial sobre su paradero y la misma le fue negada en múltiples oportunidades.
Víctor Hugo Quero Navas fue detenido a inicios de enero de 2025 y enfrentó un proceso judicial por acusaciones vinculadas al terrorismo. Durante su reclusión, su madre, la señora Carmen Teresa Navas, denunció que nunca le fue informado su paradero y organizaciones de DDHH alertaron sobre la “desaparición forzada de corta duración, incomunicación prolongada” y múltiples obstáculos para verificar su estado de salud física.
El Ministerio Penitenciario informó el pasado 7 de mayo que Quero Navas, de 51 años, murió el 24 de julio de 2025. Además, señaló que el Estado realizó el entierro sin notificar a sus familiares. Este hecho motivó a la sociedad civil a exigir una aclaración sobre lo sucedido, pues consideran que la falta de información sugiere la “comisión de torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Irregularidades judiciales y falta de información
El documento señala que el sistema judicial venezolano rechazó diversas acciones para proteger al detenido. Incluso, sin saber que ya había fallecido por la opacidad en la información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor y de su madre.
Las organizaciones sostienen que el caso “resume de manera dramática buena parte de las graves violaciones de derechos humanos” registradas en el país recientemente.
Para las ONG firmantes, la respuesta estatal se caracteriza por la “tergiversación y ocultamiento de hechos esenciales” y la ausencia de investigaciones sobre la actuación de los funcionarios. Además, denuncian que la ciudadanía “no cuenta hoy con garantías suficientes de imparcialidad, transparencia y confianza” en las instituciones nacionales para liderar este proceso.
“Cuando una persona fallece bajo custodia estatal, corresponde al Estado demostrar de manera transparente, independiente y verificable las circunstancias de lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información suficiente ni garantías mínimas de imparcialidad que permitan generar confianza pública sobre el manejo del caso”, denuncian.
Demanda de una comisión internacional
Ante la gravedad de los hechos, los sectores civiles consideran “indispensable la conformación de una Comisión de Investigación Internacional Independiente”. Esta instancia deberá contar con el liderazgo de mecanismos internacionales de derechos humanos para establecer responsabilidades y garantizar “verdad y justicia para las víctimas y sus familiares”.
Dicha comisión debería integrar a expertos de Naciones Unidas y peritos forenses que contribuyan a “garantizar independencia, credibilidad y confianza pública en el proceso”. Las organizaciones, además, exigen que la investigación cumpla con el Protocolo de Minnesota sobre muertes ilícitas y el Protocolo de Estambul sobre casos de tortura.
Exigencia de libertad y estándares globales
En el documento, las ONG advierten que “la vida y la integridad de las personas detenidas por motivos políticos continúan en grave riesgo en Venezuela”. Por este motivo, el comunicado demanda la “liberación inmediata de todas las personas” que permanecen privadas de libertad bajo estas condiciones.
“Sin verdad, justicia y sanción a los responsables, no puede existir una convivencia democrática genuina ni garantías de no repetición. La verdad, la justicia y las garantías de no repetición son condiciones fundamentales para cualquier posibilidad de paz, reconstrucción institucional y reconciliación democrática en Venezuela”, manifestaron las ONG.
Las organizaciones finalizaron el comunicado reiterando sus condolencias y solidaridad con la señora Carmen Teresa Navas, así como con todos sus familiares y allegados. “El sufrimiento vivido por la familia Quero Navas no puede repetirse”, concluyeron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 11 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
No hay un solo culpable de encubrir y callar la muerte del preso político Víctor Hugo Quero durante 9 meses. Hay muchos. Es una cadena de mando completa y sus responsabilidades y silencios recaen en instituciones y funcionarios que debían garantizar la protección de sus derechos fundamentales y no lo hicieron.
Pero, ¿dónde comienzan esas responsabilidades? ¿Quiénes eran los que estaban a cargo?Runrun.es exploró la cadena de mando que, como recluso del Estado que era, estaba a cargo de la preservación de su salud y su vida. Allí están, con nombre y apellido, los más altos jerarcas y los equipos que los acompañan y que evitaron que su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, supiera que su hijo falleció en julio de 2025, de acuerdo con el registro oficial.
El eslabón más alto en esta cadena lo ocupa el Ministerio del Servicio Penitenciario, representado por su titular, Julio García Zerpa, cercano a Diosdado Cabello. La institución que comanda debe tener la información completa de los detenidos, incluyendo su paradero y estatus procesal, datos que se negaron en repetidas ocasiones a su madre.
“Venezuela tiene potencial para cinco millones de barriles, pero alcanzarlos requiere 200.000 millones de dólares en inversión, y eso solo llega con Estado de Derecho”, María Corina Machado en entrevista con El País de España.
Lo que rompe en redes
El gendarme argentino Nahuel Gallo reveló en entrevista con TN las torturas que sufrió cuando fue detenido al intentar ingresar a Venezuela a finales de 2024 para encontrarse con su esposa e hijo: “Me ponen la escopeta acá en la cabeza y me dicen: ‘Di la verdad o la vas a pasar mal’. Me pusieron la picana en la oreja preguntándome por qué tenía números de tribunales”, dijo.
El exconcejal de Anaco José Manuel García Sabino, falleció la noche de este sábado, 9 de mayo, mientras permanecía recluido en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, así lo denunció el abogado Zair Mundaray en sus redes sociales.
El dirigente político, perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se encontraba bajo custodia del Estado al momento de su fallecimiento, de acuerdo con la publicación de Mundaray.
Según Mundaray, García Sabino había denunciado previamente presuntos hechos de corrupción en la Alcaldía y el Concejo Municipal de Anaco. El jurista calificó el suceso como un “crimen de Estado”.
“El alcalde llamado Jesús Ríos y dos concejales llamados Edgar Torres y Jean Caraballo le montaron una persecución, amenazas y un expediente por estafa y lo llevaron preso, ahora está muerto”, añadió Mundaray en su publicación.
#URGENTE Ex concejal de Anaco denunció corrupción en la Alcaldia y Concejo Municipal y anoche apareció muerto en los calabozos de la Policia Municipal. Otro crimen de Estado. Se trata de José Manuel García Sabino. El alcalde llamado Jesús Ríos y dos concejales llamados Edgar… pic.twitter.com/qxFwIbvStC
Por otra parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Anaco manifestó su profunda preocupación por el acontecimiento. William Ross, de La Causa R; y Teo Valiente, de Voluntad Popular, exigieron una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer las circunstancias de la muerte y garantizar el respeto a los derechos humanos, de acuerdo con una nota publicada por el medio regional El Tiempo.
Antonio González, dirigente de Acción Democrática en Resistencia, dirigió sus condolencias a familiares y allegados del exconcejal. También pidió llegar “al fondo de este asunto”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Tras la difusión de testimonios que denunciaron presuntos abusos sexuales contra mujeres del pueblo Yekuana, perpetrados por un médico en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de La Esmeralda, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) acudió a la sede del Ministerio Público en Puerto Ayacucho para formalizar la denuncia.
El gremio, respaldado por diversas autoridades ancestrales, exige que el sistema de justicia actúe con celeridad contra el médico José García, señalado como el responsable de violentar a mujeres del pueblo Yekuana bajo engaño médico.
La movilización, realizada este viernes, 8 de mayo, marcó un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas. Eligio Dacosta, coordinador general de Orpia, fue el encargado de consignar el documento donde se solicita procesar al presunto perpetrador con todo el peso de la ley.
“Dejamos constancia de que estos terribles sucesos constituyentes un hecho público, notorio y comunicacional y se configura como una noticia criminal”, declaró Dacosta.
Formalizan una denuncia ante el Ministerio Público en Puerto Ayacucho / Foto: Cortesía
JEI Yekwana ordena captura del médico señalado
El comunicado de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) Yekwana “Tuduma Saka”, respaldado por las organizaciones Mako y Huöttöja, emitió una orden de detención preventiva contra José García. En el documento, entregado en el Ministerio Público, la JEI aclara que, ante las limitaciones para sentenciar directamente delitos penales ordinarios, asume sus competencias como un órgano de justicia de remisión
Esta orden se fundamenta en el artículo 133, numeral 4 de la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas (LOPCI), que faculta a las autoridades legítimas para detener preventivamente a personas ajenas a la comunidad que cometan delitos en su hábitat y ponerlas a disposición de la jurisdicción ordinaria.
En el texto, las autoridades tradicionales ordenaron de forma inmediata a los organismos de seguridad, autoridades civiles y a la Fuerza Armada proceder con la captura del señalado. Asimismo, realizaron un llamado vinculante a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) para que, bajo el principio de colaboración de poderes, ejecuten la detención.
El texto también exige la activación urgente del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y exhorta a la Defensoría del Pueblo a tutelar exhaustivamente este proceso de remisión, garantizando que se evite cualquier tipo de amedrentamiento contra las víctimas y sus familias.
Se pudo conocer que, durante la entrega del comunicado, voceros del Ministerio Público informaron sobre el traslado de una comisión nacional a La Esmeralda, municipio Alto Orinoco, el 8 de mayo en horas de la mañana.
Documento entregado por Orpia ante el Ministerio Público / Foto: Cortesía
El temor a la fuga y la “justicia de papel”
El caso cobró relevancia nacional el pasado 3 de mayo, cuando Noira Pérez denunció en video que su hija, Norelys, habría sido víctima de abuso sexual el 26 de marzo tras acudir al CDI para la colocación de un implante anticonceptivo. Pese a la gravedad, el paradero del médico sigue siendo incierto, lo que genera alarma entre los líderes indígenas.
“La exigencia es la investigación y que la persona acusada ojalá no se haya ido del estado Amazonas. La información que tenemos es que está aquí, otros dicen que está allá, no queremos que se escape”, señaló el coordinador general de Orpia.
El activista indicó que no es la primera vez que hacen el acompañamiento a mujeres indígenas. Recordó que en el año 2020 ocurrió un caso similar, donde una mujer del pueblo Jivi, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, denunció haber sido víctima de abuso sexual el 21 de agosto de 2020 por su superior, un teniente de Fragata, que para ese momento era comandante del puesto naval A/F José Ramón López, Puerto Ayacucho, estado Amazona
De acuerdo con la experiencia de las mujeres Jivi, se conoció que luego de dos años hubo sentencia, sin embargo el acusado fue trasladado fuera del estado Amazonas. “Queremos justicia real y no de papel, la mujer indígena debe ser respetada esperemos que no sea un acto discriminatorio”, señaló Dacosta.
Eligio Dacosta, director general de Orpia, formalizando la denuncia ante el Ministerio Público / Foto: Cortesía
Desconfianza en las instituciones
El profesor Héctor Escandell García, excoordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas, ofreció una lectura crítica sobre denuncias que se publican en redes sociales, como ocurrió en este caso:
“Quien lo hace, siente que por los canales regulares, dado a los protagonistas del hecho, el caso se puede diluir en la indiferencia, no hay confianza en las instituciones, podría ser que el denunciante busque por redes un protagonismo que no lo logra por otras vías” señaló Escandell.
Por otra parte, existe una presencia casi nula de órganos de justicia en zonas de difícil acceso, lo que hace que la respuesta sea lenta y poco efectiva. Al respecto, Noraima Ángel, coordinadora de la oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, también reconoció que la falta de logística interfiere en el proceso.
“Es sumamente grave lo que está ocurriendo, el sistema de justicia sigue siendo débil a favor de las mujeres y aún más a favor de las mujeres indígenas”, expresó Ángel.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
No hay un solo culpable de encubrir y callar la muerte del preso político Víctor Hugo Quero durante 9 meses. Hay muchos. Es una cadena de mando completa y sus responsabilidades y silencios recaen en instituciones y funcionarios que debían garantizar la protección de sus derechos fundamentales y no lo hicieron.
Pero, ¿dónde comienzan esas responsabilidades? ¿Quiénes eran los que estaban a cargo?Runrun.es exploró la cadena de mando que, como recluso del Estado que era, estaba a cargo de la preservación de su salud y su vida. Allí están, con nombre y apellido, los más altos jerarcas y los equipos que los acompañan y que evitaron que su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, supiera que su hijo falleció en julio de 2025, de acuerdo con el registro oficial.
El eslabón más alto en esta cadena lo ocupa el Ministerio del Servicio Penitenciario, representado por su titular, Julio García Zerpa, cercano a Diosdado Cabello. La institución que comanda debe tener la información completa de los detenidos, incluyendo su paradero y estatus procesal, datos que se negaron en repetidas ocasiones a su madre.
El Decreto 8.266, que ordenó la creación de esta cartera en julio de 2011, establece en su artículo 2, numeral 3, que el ministro debe regular la organización y funcionamiento del sistema penitenciario (y de cada cárcel que lo compone), así como “dictar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la seguridad y custodia de los procesados y procesadas (…) con estricto apego a los Derechos Humanos”, según reza el numeral 7.
Bajo el ala del Ministerio está el Internado Judicial Capital El Rodeo I, centro de reclusión de máxima seguridad en Guatire, estado Miranda, en donde Quero estuvo preso antes de morir. Su director es el coronel de la Guardia Nacional, Alexander José Martínez Endeiza, señalado en otros casos de presos políticos por impedir la salida de detenidos que tienen boleta de excarcelación. Años antes, presidió la Misión Negra Hipólita, dedicada a acoger y tratar a indigentes.
El director del centro penitenciario El Rodeo I, coronel Alexander José Martínez Endeiza, mantiene un desacato judicial al impedir la ejecución de las boletas de excarcelación de los hermanos ítalo-venezolanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárezhttps://t.co/fO2pWuApTB
De acuerdo con los relatos de otros reclusos que lo conocieron en Rodeo I, Quero tenía una dieta especial que debió romper en la cárcel. Cada vez que reclamaba por la comida, los custodios del recinto –otros de los responsables– lo torturaban. La alimentación lo debilitó y enfermó, al punto de que durante la primera quincena de julio lo trasladaron al Hospital Militar “Carlos Arvelo” de Caracas con una “hemorragia digestiva superior”. Allí murió.
El Codigo Orgánico Penitenciario indica en su artículo 122 que, cuando trasladan a un recluso por motivos de salud, “deberá notificarse de manera inmediata al juez o jueza de ejecución, a los fines que se adopten las decisiones jurisdiccionales que correspondan”. Como Quero no había sido sentenciado, esta notificación debió llegar al juez de control que llevaba su caso.
Pero ese juez también permaneció en silencio. Su nombre es Carlos Liendo y está a cargo del Tribunal 2do de Control para el Terrorismo. Se trata de uno de los funcionarios de los tribunales de terrorismo que ha mandado a la cárcel a centenares de presos políticos, tanto adultos como adolescentes, desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
Liendo imputó a Quero Navas los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y conspiración. A partir de allí, el acusado permaneció tras las rejas por su decisión y, por eso, él debió garantizar “los derechos fundamentales y la legalidad” del proceso penal durante la fase preparatoria (investigación) e intermedia del proceso penal, según el Código Orgánico Procesal Penal.
La responsabilidad de los acusadores
Otra institución responsable por la vida de Quero Navas es el Ministerio Público, el órgano que dirige la investigación penal, ordena diligencias y presenta acusaciones. El fiscal 67 del Área Metropolitana de Caracas, Luis Felipe Cádiz Valdez, llevaba la causa de Quero y logró su imputación ante los tribunales.
Pero la labor del Ministerio Público no llega hasta allí. También debe garantizar “la legalidad, los derechos constitucionales y el ejercicio de la acción penal pública”. Por eso, el exfiscal general de la República, Tarek William Saab también es responsable de su integridad física y de prestar la información veraz sobre su situación y paradero.
El exfiscal Tarek William Saab
Una fuente vinculada con el Ministerio Público indicó a Runrun.es que, cuando Carmen Navas acudió a la sede para solicitar información, debió activarse un protocolo para confirmar la desaparición forzada entre los encargados del área de protección de los derechos humanos que operan en la Fiscalía. Pero en lugar de atenderla, solo ignoraron las peticiones de la madre.
Según la fuente, la Coordinación del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas debió recibir la petición y redirigirla a la Dirección de Derechos Humanos, encabezada entonces por Karin García. Posteriormente, la Dirección de Investigaciones de Derechos Humanos, cuyo titular para el momento era Nicola Stanley Coppolone, tenía que comisionar a un fiscal para investigar la desaparición forzada de Quero. También debió actuar el exdirector de Ejecución de la Pena, Enrique Arrieta Pérez, porque aunque el acusado no había recibido sentencia, debían verificarse sus condiciones de reclusión en Rodeo I. Pese a que el caso se difundió ampliamente en medios de comunicación, ninguno movió un dedo.
El rastro de los registros
De acuerdo con el Ministerio del Servicio Penitenciario, Quero Navas nunca suministró “datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. Pero lo cierto es que esos datos no se pidieron una sola vez, sino que se registraron de forma reiterada en las distintas instancias en las que se inscribió la detención del imputado.
“Cualquier órgano de policía que detiene a una persona, en este caso la DGCIM, debe llevarlo hasta el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en donde la División de Reseña debe llenar la Planilla de Detención Única, conocida como PD-1”, afirma la fuente vinculada al Ministerio Público. Ese documento recoge las fotografías del arrestado, junto a datos personales y filiatorios, que van desde su nombre, edad y residencia, hasta el nombre de sus padres, saber si estos están vivos o muertos, además de hermanos e hijos con sus números telefónicos de contacto. Posteriormente, la mayoría de estos datos, incluyendo los de los familiares, se ingresan también en el acta policial.
Quero tuvo que haber dado sus datos en otras oportunidades. Al momento de la audiencia de presentación, los secretarios del tribunal debieron pedírselos para registrarlos. Lo mismo que el defensor público que estaba a cargo de su caso, quien también llenó una planilla con esta información para poder comunicarse con los familiares sobre el proceso judicial que se le seguía.
Los Defensores que no defendieron
El Servicio Autónomo de Defensa Pública, que dirige el defensor público general, Daniel Ramírez Herrera, tampoco hizo nada por aportar información sobre la situación de Quero Navas. Se supone que él es el responsable de dirigir, supervisar y garantizar el derecho a la defensa jurídica gratuita y el acceso a la justicia para ciudadanos, especialmente los vulnerables. Por tanto, está por encima del defensor público que fue designado para el caso de Quero.
El artículo 14, numeral 8, de la Ley Orgánica de Defensa Pública indica que, entre las atribuciones del Defensor Público General, está la de “requerir la colaboración y coordinar con las distintas autoridades de la República, para el mejor cumplimiento de sus funciones”. ¿Dónde estaban los funcionarios de este organismo cuando la madre exigía, a través de los medios de comunicación, saber sobre su hijo?
La Defensoría del Pueblo tampoco cumplió con su trabajo a cabalidad. Dionita Coronado, defensora III de la Unidad de Investigación, Mediación y Conciliación de la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas, firmó un acta de comparecencia de la madre de la víctima, Carmen Navas, quien acudió allí para exigir el debido proceso de su hijo en octubre de 2025.
Para ese momento, la Defensoría supuestamente confirmó que días antes Quero –quien para la fecha ya estaba muerto– había sido trasladado a la Fiscalía 67, que llevaba su caso. Alineada con los principios y deberes de la Defensoría del Pueblo, Coronado debió iniciar y proseguir de oficio “las verificaciones e investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, yendo a distintas instituciones que pudieran confirmar el paradero del detenido. Pero se conformó con la respuesta de un funcionario de la Fiscalía.
En la web de la Defensoría del Pueblo se indica que este despacho “tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”. Además, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece en su artículo 15, numeral 2, que puede intervenir en las acciones de hábeas corpus, hábeas data, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales, y cuando lo estime justificado”, acciones que el exdefensor del Pueblo, Alfredo Luis Angulo, ni su sucesor, Tarek William Saab, emprendieron.
Más adelante, en el numeral 5 de la misma legislación, se establece que el Defensor del Pueblo debe “velar por los derechos y garantías de las personas que por cualquier causa hubieren sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad”. Otra completa omisión de los funcionarios que detentaron este cargo mientras Carmen Navas buscaba a su hijo preso.
Implicados colaterales
La cadena de responsabilidades no acaba con estas instituciones, sino que abarcan otras que también tenían información sobre el paradero de Quero Navas. El director del Hospital Militar Universitario “Dr. Carlos Arvelo”, el vicealmirante Luis Montaño Hernández, y el equipo de médicos y enfermeros que atendieron al detenido, también guardaron silencio. Quero Navas permaneció recluido en ese centro de salud al menos 9 días antes de su muerte. Allí debieron haber registrado sus datos.
De acuerdo con testimonios de la madre de Víctor Hugo Quero a medios de comunicación, ella asistió a las morgues para cerciorarse de que no había muerto. ¿Por qué la directora del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Lissett Moreno, tampoco dijo nada sobre su fallecimiento?
Los funcionarios de esa institución, incluyendo el médico forense que firmó el acta, hicieron la autopsia, registraron la defunción del detenido y guardaron silencio al respecto. Tampoco se guiaron por el Protocolo de Minnesota, que dicta las directrices internacionales, adoptadas por la Organización de Naciones Unidas, para la investigación eficaz de muertes potencialmente ilícitas o sospechas de desaparición forzada, como lo era Quero Navas.
Desde el Cicpc se investigó de oficio la muerte de Quero a partir del 10 de marzo de 2026. Pero, ¿por qué la noticia sobre su muerte la confirmó el Ministerio del Servicio Penitenciarios y la policía técnica y su director, Douglas Rico, no dijeron nada al respecto?, ¿por qué el Cicpc tardó casi dos meses en conseguir respuesta sobre el paradero de una persona que murió bajo custodia del Estado?
Las faltas del Senamecf y del Cicpc recaen directamente sobre el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cuyas riendas lleva Diosdado Cabello, otro de los responsables en esta cadena de silencios que acabó el pasado 7 de mayo con el ruido de una tragedia.
