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No hay señales de elecciones en el corto plazo

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Vente Venezuela está trabajando para adecuar sus estructuras internas pensando en unas elecciones muy pronto. En la Plataforma Unitaria hay opiniones diversas, pero en líneas generales sus dirigentes suelen figurarse la convocatoria a unas elecciones presidenciales o generales, del año que viene en adelante. Entre los factores políticos de la oposición tolerados en el parlamento es más común escuchar de unas elecciones post 3-E “hacia 2028”.

 Los partidos que colaboran abiertamente con la causa del régimen han afirmado públicamente lo mismo que opina el chavismo: las elecciones deben ser en 2030 porque ya hubo unas en 2024. “Eventualmente”, afirmó alguna vez la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. “Se harán cuando se tengan que hacer”, terció después el poderoso Diosdado Cabello, todavía número dos del régimen.

La correlación de tendencias descrita podría estarnos indicando que todavía no habrá elecciones en Venezuela, ni presidenciales ni generales, y que ciertos sectores de la sociedad van demasiado rápido al administrar sus expectativas con la situación actual.

Hay una suma nada desdeñable de intereses políticos y económicos interesados en mantener el estatus quo actual, un chavismo azul en clave de “dictablanda”, con vocación de apertura económica. No son mayoritarios, pero tienen consigo el magneto del ejercicio del poder, los modelos de negocios y la administración de los recursos. Cuentan, además, con el respaldo de los cuerpos de seguridad del régimen, guardianes, finalmente, del actual estado de cosas.

Pidiendo paciencia

Lo más importante: los Estados Unidos tampoco están previendo, o presionando para la organización de unas elecciones en el corto plazo en Venezuela. A todos ha quedado claro que, luego del 3-E, el orden de los factores en la Casa Blanca comienza con los recursos naturales del país.   Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, no ha aludido todavía la eventualidad de una elección, y acaso no ha pronunciado por primera vez la palabra “democracia”, cuando se tiene que referir al problema venezolano.

Marco Rubio, el secretario de Estado, sí parece fungir como una especie de “fiador” de la causa de la democracia, y eventualmente tendrá que responder al Congreso sobre los resultados de las maniobras de Washington en Venezuela. También él, como otros altos funcionarios de la administración Trump, ha pedido paciencia y ha asomado que el país podría estar terminando, recién, la primera de las tres etapas prescritas a Caracas -estabilización, negociación, transición.

“Habrá elecciones en Venezuela, pero hay que tener paciencia”, ha declarado Rubio desde la república de San Cristobal y Nieves. “Por ahora, Venezuela está mucho mejor ahora que hace unas semanas, cuando estaba al mando Nicolás Maduro”.

María Corina Machado no regresa a Venezuela porque no tiene garantías, y porque los funcionarios americanos claramente le han pedido que, por ahora, no lo haga. Le han pedido “paciencia”. De esta forma, Washington cumple con su parte en sus acuerdos con Miraflores. Los mandos chavistas ni siquiera quieren oír hablar de ella.  Machado tiene un capital político muy poderoso, que además está ganando intereses de manera permanente luego del premio Nobel de la Paz, pero es probable que su llegada al país, antes que expresar la puesta en desarrollo de una transición, termine siendo, más bien, el punto de llegada, la certificación personal de que el país dejó atrás la dictadura chavista. Similar al momento en el cual Rómulo Betancourt pudo regresar a Venezuela sin vetos ni interferencias, una vez derrocado el dictador Pérez Jiménez, en 1958.

Los factores de la oposición trabajan activamente para crear las condiciones que hagan posible, de nuevo, una demanda nacional de elecciones limpias y transparentes en el país.  Pero estas circunstancias hay que crearle de nuevo espacio político en una población agotada y necesitada. Henry Alviárez, Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Henry Ramos Allup o Adriana Pichardo, están realizando activamente giras en todo el país para recomponer a la militancia.

Elecciones algún día

Entre tanto, el régimen chavista, conducido en este momento por Delcy y Jorge Rodríguez, sigue procurando complacer a Trump, consolidando un nuevo relato que permita ubicar al bloque político dominante en la zona discursiva del reformismo burgués: pidiendo perdón por los errores, doliente del reencuentro, procurando fomentar la tolerancia, y tomando distancia de las postura radicales o en exceso pugnaces.  

Si la economía venezolana florece -cosa que sigue por verse- y se logra derrotar la inflación, el nuevo chavismo azul hará lo necesario por ganar tiempo mientras corre con el balón, evadiendo compromisos con cronogramas, trabajando para reconciliar la ira ciudadana, procurando que se termine el plazo extremadamente peligroso Trump. Esperando por la llegada de nuevas situaciones en los Estados Unidos.

El desgaste, sin embargo, corroe al oficialismo. El reloj podría traicionarlo. Cada nueva medida para saciar el apetito de los Estados Unidos y cortar los hilos de poder del madurismo -como la reciente entrega del empresario colombiano Alex Saab o las decisiones que se cocinan en el Tribunal Supremo de Justicia- parecen destinadas a aplacar entusiasmos y quitarle calorías a la motivación revolucionaria.

“Aquellos que ven un riesgo en la convocatoria electoral, no están viendo que no hacer elecciones es un riesgo mucho mayor”, ha profetizado María Corina Machado desde el exilio. “Si los venezolanos sienten que lo que está pasando es sólo por un tema económico, por plata, pueden perder completamente la paciencia”

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa  |  Para Foro Penal, caso Quero destapa olla del sistema punitivo en Venezuela

A juicio del director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, la desaparición y posterior muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas destapa la olla del sistema punitivo en Venezuela y endosa una cadena de responsabilidades al gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. 

En la edición de este martes 12 de mayo de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI)  conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, Himiob sentenció que los principales responsables de la desaparición de Quero son los tribunales del país. 

“Es absolutamente injustificable que hayan negado la ubicación de Quero, su madre, Carmen Navas, acudió a todas las instituciones;  Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares y aun así el Estado nunca respondió”, dijo el abogado a Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes; Víctor Amaya, director de Tal Cual y César Batiz, director de El Pitazo.

Para Himiob, lo sucedido con Quero es un ejemplo de cómo funciona el sistema de justicia en Venezuela y enumeró todos los atropellos que se cometieron:

–Detención arbitraria:  Fue aprehendido de manera arbitraria sin evidencia ni orden de captura en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio de 2024 por el hecho de parecer extranjero y ser un supuesto mercenario. “Él era venezolano, no tenía siquiera una segunda nacionalidad”.  

–Desaparición forzada: Por más de un año su madre lo estuvo buscando y ningún organismo del Estado dio razón de su paradero. “Nos enteramos de que estuvo en la cárcel del Rodeo I en el estado Miranda por algunos compañeros de celda, le decían el rusito por su aspecto de extranjero”.

–Negativa a la defensa privada: Himiob expuso que como a todos los preso políticos, a Víctor Quero se le impuso un abogado público  

–Ocultamiento de muerte e inhumación inconsulta: Para el abogado, el develamiento de la muerte de Quero por parte del Estado el pasado 7 de mayo a través de un comunicado del Ministerio de Servicio Penitenciario devela una cadena de responsabilidades e interrogantes: ¿Quienes lo detuvieron?, ¿Quienes lo mantuvieron en desaparición forzada?, ¿Quienes le impusieron un defensor público?, ¿Quienes autorizaron su traslado al Hospital Militar de Caracas y posterior inhumación? Himiob sostuvo que apartando el fallecimiento, la mayoría de los presos políticos en Venezuela pasan por el mismo vía crucis. 

Cadena larga 

El director y vicepresidente de la ONG Foro Penal sostuvo que la cadena de responsabilidades en la muerte de Quero es amplia y contiene a agentes de seguridad que lo detuvieron, funcionarios que negaron su centro de reclusión, fiscales que solicitaron la privativa de libertad, jueces, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. 

“Si algo tiene el poder en Venezuela es que aún habiendo aceptado que se atropellaron los derechos de una persona, nunca se reconoce que hubo una violación a los derechos humanos porque eso acarrea consecuencias a la cadena de mando”, dijo Himiob.

A juicio del abogado, el caso de Quero representa la escasez de voluntad política para hacer respetar las leyes en Venezuela.

“Desde el 8 de enero se han liberado a cerca de 800 personas, pero los funcionarios policiales, fiscales y jueces siguen siendo los mismos, no estamos solucionando el problema de fondo. No se han dado pasos serios para el desmontaje del aparato represivo y es que el miedo como herramienta de control social funciona”, sentenció el profesional del derecho.

Batiz apuntó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo recientemente que todos los presos políticos iban a recuperar su libertad. 

A Minnesota 

Himiob explicó que lo ideal en este caso es aplicar el protocolo de Minnesota para investigación de muertes potencialmente ilícitas establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en vigencia desde 2017.   

“Para las personas que mueren bajo custodia, establece parámetros para la conformación de equipos interdisciplinarios que puedan revisar lo que están haciendo las autoridades”, aseveró el abogado.

Himiob sentenció que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH podría designar un representante y peritos independientes.

“Con el objeto de que la investigación no sea opaca y para que los responsables no obstaculicen las investigaciones. El problema no son las leyes, es la aplicabilidad de estas. Las víctimas tienen derecho a la verdad”.

El abogado informó que de acuerdo a las más reciente actualización de Foro Penal hay 454 presos políticos en Venezuela.

“Entre ellos once adultos mayores, una adolescente, enfermos, gente que ya ha cumplido la pena. La Ley de Amnistía no es la única vía, la presidenta encargada puede perfectamente dar un indulto y dejar a todos en libertad”.

Amaya recordó el caso del preso político Hugo Marino, quien también está desaparecido y su familia clama por una fe de vida. 

Sin retroactivo no hay paraíso 

En el segmento Enfoque Económico, de La Conversa, el director y fundador de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, indicó que la retroactividad es el principal freno del gobierno para llevar a cabo un incremento salarial acorde con las expectativas del venezolano.

Grisanti calificó como insuficiente el incremento de sueldo básico de 240 dólares mensuales anunciado por el Ejecutivo el pasado 30 de abril.

“Porque la canasta básica está en 690 dólares, es decir, todavía necesitas dos salarios y medio para cubrir la canasta, es un salario que sigue por debajo del resto de los de América Latina”, dijo el economista.   

Grisanti manifestó que si bien el aumento fue insuficiente, considera que es importante, porque tuvo un incremento de 50% en un año. 

Además consideró significativo que se haya hecho a partir de un acuerdo tripartito con miembros del gobierno, sindicatos y empresarios.

Para Grisanti estas iniciativas pueden ser el abrebocas para que se lleve a cabo una reforma a la Ley del Trabajo. 

“Los beneficios de la vigente Ley de Trabajo son inalcanzables y es necesario volver a plantear un esquema acorde con la realidad”, indicó Grisanti.

Para Grisanti, la mejor política salarial es aquella que contiene la inflación.

“Si el gobierno logra contener la inflación es posible que el año entrante tengamos una inflación de 40% o 45%, con el anhelo de caminar hacia una inflación de 2% anual”, comentó el experto.

A juicio de Grisanti, el régimen de Rodríguez cuenta con los recursos para aumentar los salarios sin recurrir a los fondos del Banco Central de Venezuela (BCV).

“Tienes unos ingresos petroleros que podrían estar por el orden de 80%, eso debería dar soporte para mantener las pensiones”, aseguró.

De acuerdo a las proyecciones de Ecoanalítica, el BCV debe subastar durante el mes de mayo 1.350 millones de dólares. 

Grisanti manifestó que lamentablemente los recursos que están entrando al país por concepto de renta petrolera van a tardar para llegar al bolsillo del venezolano.

“Hacia finales del segundo semestre puede que veamos un incremento del poder adquisitivo, hay posibilidades de tener unas mejores navidades este año”.

El director de Ecoanalítica considera necesario desmontar el control de cambio. 

“Venezuela ha despilfarrado 225 mil millones de dólares en los 23 años de control de cambio, la solución para cerrar la brecha entre el dólar paralelo y el oficial es que los dólares se vendan al precio del mercado”

Según Grisanti todo apunta a que los precios del petróleo van a permanecer altos por lo que se esperan mayores ingresos para finales de 2026.

“También tenemos que estar atentos a la posibilidad de que una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) esté llegando a Venezuela”, dijo el economista. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

¿Entrega de Alex Saab a EE. UU. abre un “puente aéreo” de extradiciones?

Tras conocerse el pasado 16 de mayo que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez había entregado a Estados Unidos al empresario conocido como testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, diversos analistas y expertos en derechos humanos opinaron sobre lo que representa este procedimiento para la cúpula madurista, sus alcances y el manejo jurídico del caso.

El empresario colombiano llegó a Estados Unidos la noche del sábado 16 de mayo de 2026. Aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, ubicado en el condado de Miami-Dade, Florida y arribó fuertemente custodiado por agentes de agencias federales estadounidenses, incluyendo la Administración de Control de Drogas (DEA).

“Algunos no han dimensionado el tema: Luego de la entrega de Alex Saab por parte de Delcy Rodríguez, queda claro que se ha suprimido en este ‘nuevo momento’ político el proceso de extradición. No hay simulación de formalidad, legalidad o derecho a la defensa, solo hay supervivencia por los Rodríguez. En adelante, cualquiera puede ser entregado con la misma fórmula, sin importar si es nacional o extranjero”, comentó en sus redes sociales el exfiscal exiliado, Zair Mundaray.

También en X Ricardo Rios, analista de entorno y miembro de la Asociación Civl “Estrategia Ciudadana”, analizó el caso a partir de las publicaciones y sentencias del propio madurismo.

“Es público, notorio y comunicacional (Saime dixit) que Saab es considerado venezolano por Jorge Rodríguez. Es de suponer que la extradición de Saab se logró quitándole la nacionalidad (hipótesis, dada la opacidad del tema) También es un hecho que la actual AN se arrogó la facultad de retirar la nacionalidad a cualquier venezolano, incluso por nacimiento -en este comentario, enlazó a una nota en la que se comunicaba el inicio del proceso para retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López- Ergo, la extradición de Saab acaba de abrir la posibilidad de un puente aéreo para que cualquiera (en especial si formas-te- parte de la coalición) sea extraditado. A eso se llama ser preso de tu propia invención”, analizó Ríos.

Por su parte, el politólogo Walter Molina calificó la reciente medida contra Alex Saab como una entrega directa de la cúpula oficialista a Washington, sentenciando que, “oficialmente, Alex Saab fue deportado a Estados Unidos”.

Según el analista, aunque la gestión interina de Delcy y Jorge Rodríguez intente disfrazar el hecho con “tecnicismos jurídicos y eufemismos burocráticos”, la realidad política es que las autoridades terminaron entregando “al mayor testaferro del madurismo” tras la captura de Nicolás Maduro a principios de 2026.

Molina destacó el enorme impacto de esta decisión, al tiempo que recordó que Saab pasó de ser un “héroe revolucionario”, “diplomático venezolano” y “enviado especial” protegido por el entorno presidencial, a convertirse convenientemente en un mero “ciudadano colombiano acusado de delitos financieros”.

El politólogo contrastó las millonarias campañas internacionales de lobby y la propaganda de “resistencia antiimperialista” financiadas por el Estado con la cruda realidad de la población, a la par de que “millones de venezolanos hacían colas para sobrevivir mientras tenían que comer comida podrida de esas cajas CLAP con las que este sujeto se hizo milmillonario”.

Para el experto, el verdadero hito de este escenario radica en que el chavismo acaba de fracturar un pacto central para la supervivencia interna de su “mafiosa estructura de poder”: la de ofrecer “la garantía de protección absoluta para sus operadores financieros, sus empresarios aliados y sus articuladores internacionales”.

Molina concluye que este quiebre sembrará un profundo temor en el resto del entramado oficialista, pues deja en el aire una incómoda interrogante para los demás jerarcas: si entregaron a su operador más valioso, “¿qué garantías reales tienen ahora los demás, así su pasaporte sea 100% venezolano?”

Vacíos legales del procedimiento

Uno de los elementos que más llamó la atención sobre el anunció de que Saab había sido entregado a Estados Unidos fue que en el comunicado en el que se confirmó el hecho el Saime definió a Saab como “ciudadano colombiano”. Esta afirmación contradijo a las insistentes declaraciones de altos voceros del oficialismo quienes, durante ellos, aseguraron que el empresario había sido nacionalizado venezolano y que su detención en Cabo Verde en 2020 y posterior extradición a Estados Unidos en 2021 había violado su inmunidad diplomática, ya que era representante humanitario del madurismo.

Desde el área de los Derechos Humanos, defensores de derechos como Marino Alvarado, llamaron la atención sobre las irregularidades del procedimiento. Alvarado preguntó dónde está la sentencia de la Sala Política Administrativa, que es la única facultada para revocar nacionalidades.

“¿Se le abrió el proceso de revocatoria y pudo defenderse? ¿Y el procedimiento de extradición que le correspondía luego de quitar la nacionalidad? Todo mal”, comentó también en X.

Alberto Arteaga, abogado y profesor en Derecho Penal, también aclaró que por la presunta comisión de delito, ante el requerimiento de otro Estado, “es necesario recurrir al procedimiento de extradición” y no a una deportación.

“La deportación de un extranjero no se puede imponer como fórmula sustitutiva de la extradición”, enfatizó.

En este punto, cabe resaltar que en términos jurídicos, la deportación es un proceso migratorio administrativo en el que un país expulsa a un extranjero por infringir sus leyes de inmigración. Mientras que la extradición es un procedimiento judicial y penal en el que un Estado entrega a una persona a otro país que la reclama para juzgarla o cumplir una condena.

En un documento del Departamento de Estado del año 2001 se menciona que hay un tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y Venezuela que se firmó en 1922. El tratado contiene una lista limitada de delitos extraditables, y el narcotráfico no figura entre ellos, pero destaca que Venezuela es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Droga y el Estupefacientes de 1988, y que según los términos de dicha Convención, “el narcotráfico y el lavado de dinero conexo se consideran extraditables en virtud del tratado bilateral de extradición”.

Resaltan que aunque la Constitución venezolana de 1999 prohíbe expresamente la extradición de ciudadanos venezolanos, Venezuela ha demostrado “buena fe al extraditar a personas no venezolanas a Estados Unidos” y que, en otras ocasiones, las autoridades venezolanas han gestionado la deportación o expulsión de extranjeros para ser juzgados en Estados Unidos.

A juicio de la educadora, defensora y experta en derechos humanos, Ligia Bolívar, la “detención-desaparición y extradición de Saab están llenas de irregularidades” y advirtió las consecuencias que esto pudiese desencadenar.

“Nuestra peor desgracia será que, a causa de las arbitrariedades de Rodríguez y Trump, el tipo termine reconocido como la víctima que es ante los órganos internacionales de protección de Derechos Humanos”, sentenció.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Regresa Bestiario Político, el podcast que analiza el poder, la estrategia y la geopolítica en América Latina

Con una nueva temporada y en medio de uno de los años más determinantes para la política regional, regresa Bestiario Político, el podcast de análisis político y geopolítico conducido por el consultor político Edgard Gutiérrez, el director de ORC Consultores Oswaldo Ramírez y el periodista Nelson Eduardo Bocaranda.

La octava temporada inicia con el episodio 76 titulado “Venezuela: ¿en transición?”, una conversación que busca responder las preguntas que hoy dominan tanto las discusiones dentro del país como el debate internacional sobre el futuro venezolano.

¿Qué ocurrió realmente el 3 de enero? ¿Existe una transición política o un reacomodo del poder? ¿Habrá elecciones y bajo qué condiciones? ¿Está cambiando el oficialismo? ¿Cuál es el verdadero estado de la oposición? ¿Qué significan hoy las libertades políticas y económicas en Venezuela? Estas son algunas de las interrogantes que aborda el episodio de estreno, en un contexto donde varios países de América Latina atravesarán procesos electorales y redefiniciones políticas que podrían transformar el mapa regional.

“Volvemos porque América Latina está entrando en una nueva etapa de reconfiguración política y Venezuela sigue siendo una pieza central para entender el tablero regional”, afirmó Edgard Gutiérrez. “No queríamos regresar para hacer ruido; queríamos volver cuando las preguntas fueran más importantes que las respuestas”.

Oswaldo Ramírez destacó que esta nueva temporada el podcast busca ofrecer análisis más estratégicos y menos reactivos. “Estamos viviendo un momento en donde la política ya no puede analizarse solamente desde la ideología. Hoy hay que entender poder, emociones, percepción pública, economía y geopolítica al mismo tiempo. Ese es el espíritu de Bestiario Político, ayudar a inversionistas y ciudadanos a comprender el país”.

Para Nelson Eduardo Bocaranda el regreso del podcast coincide con un renovado interés internacional sobre Venezuela y su impacto regional. “Venezuela dejó de ser únicamente una noticia de crisis. Ahora es también una incógnita estratégica para la región. Hay demasiadas preguntas circulando dentro y fuera del país, y sentimos que era el momento correcto para volver a conversar sobre ellas con profundidad”.

Esta nueva temporada también estrenará un formato más concentrado y dinámico, manteniendo algunas de las secciones favoritas de la audiencia, como La Bestia Política del episodio y las recomendaciones personales de sus conductores.

Aunque el equipo prefiere no adelantar demasiados detalles, aseguran que durante este año llegarán nuevas sorpresas y formatos orientados a fortalecer la conexión con la audiencia y ampliar las formas de conversación alrededor del podcast.

Bestiario Político se ha consolidado como un espacio de referencia para audiencias interesadas en campañas, comunicación política, opinión pública, estrategia y geopolítica latinoamericana.

El episodio 76 estará disponible este domingo a las 7:00 PM en YouTube y ya puede seguirse en las principales plataformas de audio y redes sociales:

•  Apple Podcasts
•  Spotify
•  YouTube – Episodio 76 “Venezuela: ¿en transición?”
•  X / Twitter @Bestiario_Pol

La invitación es a seguir Bestiario Político en la plataforma de su preferencia y sumarse a una nueva temporada dedicada a entender las dinámicas de poder que marcarán el futuro de Venezuela y América Latina.

El morbo de la corrupción en las Américas

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La corrupción no es más la que describe la historia política de nuestros países. Forma redes complejas de poder, dentro de un ecosistema que sustituye a la meritocracia para privilegiar las lealtades. Venezuela es el epígono

Le escuché decir a un muy lúcido experto global en cuestiones de inteligencia financiera, Mariano Federici, expresidente del Grupo Egmont, que la corrupción es, en la actualidad, multifrontal y polivalente, sobre todo desde cuando se coaliga con el crimen trasnacional organizado. Antes que manchar al Estado y a sus servidores, le comenté, ese morbo tomó en sus manos al mismo Estado. Mutó en poder institucional, socialmente normalizado.

El encuentro no pudo ser más propicio. Su sede, el naciente Institute for Freedom of The Americas del Miami Dade College, auspiciado por el Grupo IDEA y el Instituto Atlántico de Gobierno de Madrid. Su audiencia, los primeros veintidós (22) fellows, líderes emergentes de España y las Américas cuyo I Programa coordina Julián Martín Obiglio, argentino, presidente de la Fundación Nuevas Generaciones. Su propósito, mostrarles a estos las condiciones estructurales de ese fenómeno social y culturalmente destructor y disolvente de la corrupción en el siglo XXI. Con el mismo coluden terceros Estados y sus gobiernos, creyendo poder domesticarlo.

La corrupción no es más la que describe la historia política de nuestros países. Esta vez forma redes complejas de poder, dentro de un ecosistema que sustituye a la meritocracia para privilegiar las lealtades. Venezuela, enhorabuena –digo enhorabuena por ser el más propicio laboratorio para la ejemplaridad– es el epígono.

En nombre del bien común la narcocorrupción ha acabado con el bien común y fracturado el principio de igualdad ante la ley; para lo cual, acaso en copia del modelo fascista de la mentira, lo primero que hizo a partir de 1999, en Venezuela, fue cooptar y controlar a los jueces para que estos, como lo explicaba en su tiempo Pierto Calamandrei, avanzasen más allá de la turbia ilegalidad y “simulasen la legalidad y el engaño, desde la legalidad organizada”.

El morbo de la corrupción es complejo, resultando limitado –lo advierte Federici– su clásico encasillamiento como caso criminal. De su valoración como índice dependen las decisiones de inversión extranjera e incide en el plano de lo macroeconómico. Tampoco basta limitarlo a una cuestión moral, sin que pueda excluírsele, sobre todo por su efecto social modelador. Su normalización adquiere ribetes culturales. ¡Roban, pero hacen y dejan hacer, se repite en no pocos estratos de América Latina!

Volviendo a lo de Venezuela, la mutación del antaño 10 % con que los funcionarios de la Administración castigaban al contratista del Estado, en el 100 % que hoy se reparte entre el corruptor y el corrompido sin que dejen obra pública o suministro visibles, explica que, Salvo Uruguay, Barbados y Canadá, los índices internacionales la reprueben, seguida de Nicaragua y Haití.

Se aceleran en su construcción global mecanismos que facilitan el lavado de dineros, mediante la combinación de negocios tradicionales con las nuevas tecnologías financieras –empresas de fachada, estructuraciones (smurfing), manipulación de facturas– y, a la par, crecen mecanismos refinados de inteligencia financiera; a un punto tal que, de sus seguimientos, cada día, se conocen más los trazados de los dineros de sangre, obra de actividades criminales estructuradas como las del terrorismo, el narcotráfico y la corrupción.

La exposición que se alcanzó, con apoyo del periodismo de investigación independiente, en el caso Lava Jato, determinó conocer la llamada «corrupción sistémica» propiciada por la Odebrecht en toda la región. Causó el derrumbe de varios mandatarios y exmandatarios. Sin embargo, el problema central de la lucha contra la corrupción, como lo demuestra la experiencia, es su politización; tratándose incluso de una trama medularmente política.

Es política no porque la corrupción sea política, tal como lo predican los corruptores que dicen ser ajenos a los intereses políticos, sino porque afecta, dirían los griegos, el conjunto de la ciudad. Debilita la economía, las relaciones de convivencia, trastocándolas o transformándolas, la actividad cultural y hasta religiosa. “El alfarero con alfarero pugna, el artesano al artesano envidia, y lucha el pobre con pobre, y el poeta con poeta”, le dice Hesíodo a Perses, enseñándole sobre lo positivo, a saber, la emulación en ese choque; pero le advierte sobre lo negativo, como la envidia de lo ajeno que se vale de malos medios, como la corrupción de los jueces para disputarse los hombres las riquezas, o del robo para tomárselas por su mano” (Paul Mazon).

Los victimarios, así las cosas, cuando les toca ser víctimas de sus entuertos, denuncian al lawfare, a una supuesta e indebida criminalización de la política. Y huelgan los casos. De modo que, si nos ocupamos de lo sustantivo para resolver sobre el morbo que nos ocupa –entendiendo de imposible su eliminación– y a fin de atenuarlo hasta donde sea humanamente factible, cabe testear, sin agotarlos, al conjunto de sus ángulos polivalentes.

Primero que todo, resolver y evaluar la corrupción como problema cultural. Lo peor ha sido la tolerancia social del corrupto y del corruptor. Debe analizarse la visión que se tiene del Estado. Es el botín, dentro de la perspectiva patrimonialista del poder que ha regido en las Américas.

Importa rescatar la independencia de los jueces, que no solo han de ser competentes sino probos. Es algo crítico en el plano de lo institucional. La transparencia en la gestión pública ayuda. Asimismo, resolver sobre el financiamiento de la política urge. Ha sido la veta a través de la cual se infiltra, para hacer dependientes a los políticos, el entramado financiero y mediático. Fortalecer la alternancia en el ejercicio del poder y restablecer los balances entre los poderes, incluidos los contralores (¿quién controla al que controla?), evitará que el poder se siga corrompiendo.

La lista no se acaba y puede extenderse. Mas acabar con el paternalismo estatal y político, que mantiene bajo capitis diminutio al ciudadano, haciéndole irresponsable, pasivo beneficiario de las regalías públicas, es, lo creo, la condición del conjunto. Bien decía Federici que “la lucha contra la corrupción no es moral ni penal –que sí lo es– sino algo más importante, es una cuestión democrática y de seguridad nacional”.

Caben dos precisiones. Una, la de la citada cuestión democrática como experiencia cotidiana de vida, no reducida a lo electoral mayoritario. Las mayorías, presas de lo emocional, premian la opinión y no el programa real de un líder corrupto. La otra, la seguridad nacional no se ha de entender como la del Estado. El Estado es el que ha derivado en agente del poder criminal, al haberse separado o haber separado de su arquitectura a la nación, a la gente.

Que la corrupción acabó con la institucionalidad cabe predicarlo, tanto como que ella le abrió las puertas al crimen transnacional. Sin embargo, sostengo a pie juntillas que al debilitarse las bases espaciales y temporales de la institucionalidad global y la de los Estados, como consecuencia del quiebre epocal de 1989 –punto de ignición de las grandes revoluciones de la inteligencia– un nuevo marco, el de la virtualidad y la instantaneidad, hace añicos las ideas de soberanía y jurisdicción. Resta un descampado, proclive al uso de la fuerza unilateral y arbitraria por quien conserve algo de poder real y aspire a beneficiarse de la desconstrucción normativa. Lo hace USA en Venezuela. 

El laboratorio de la revolución venezolana

Don Andrés Bello, en su Manual del forastero, editado en 1810, en Caracas, recuerda que “era el hallazgo del Dorado el móvil de todas las empresas, la causa de todos los males”. En 1817, desde Angostura, a la par de ordenar el secuestro y confiscar los bienes de los americanos y los españoles afectos al realismo, Simón Bolívar dispuso la adjudicación de esos bienes a los jefes, oficiales y soldados del llamado Ejército Libertador.

Sobre ese telón de fondo, el mito de El Dorado y el del cesarismo, el del salvador o padre bueno y fuerte, castigador que a la vez que administra el patrimonio común se cobra de este sus servicios, la corrupción genética de Venezuela regreso por sus fueros, pero mediando una falacia y un fraude.

Mientras los militares insurgentes de 1992 argumentaban lo que veían, es decir, la corrupción de sus superiores dentro de sus propios cuarteles, atrincherada como secreto de Estado, en la otra banda las élites financieras y empresariales, históricamente dependientes de los subsidios y el favoritismo gubernamental, resentían que el «Estado botín» no les cubriese más bajo su regadera. Toma cuerpo, así, un pacto fáustico, prorrogado hasta el presente, con sus excepciones conocidas.

Mirándola en retrospectiva, se incurrió en el error estratégico de colectivizar la lucha contra el peculado a partir de la Revolución de octubre de 1945. Sufrieron de la andanada todos, gomecistas, lopecistas y medinistas. Los militares, entre estos Marcos Pérez Jiménez, causahabiente del Ejercito Libertador, se sintieron burlados y preteridos por los civiles a quienes ofrecieron su concurso. Olvidaban que Bolívar, en la Angostura de 1819, pidió a su congreso constituyente crear un Senado vitalicio y hereditario integrado por los hombres de espadas, para que los venezolanos les quedasen siempre agradecidos. 

Tras esa experiencia, en 1959, al forjarse el Pacto de Puntofijo, se corrige y focaliza el castigo en cabeza de los prohombres del régimen dictatorial.  Se procura, por una parte, que el mundo militar acepte quedar sujeto a la autoridad civil electa por el pueblo; por la otra, se entiende que, más allá del acuerdo entre políticos y partidos, la estabilidad institucional habría de pender de la nación, de la misma gente y “sus intereses perdurables”. La confianza se asume, entonces, como el fundamento de la consolidación de la convivencia y para el desarrollo de una constitucionalidad estable, forjada por un liderazgo moral y moralizador. “La sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa, y la norma institucional” serían las esencias de la voluntad de nación. La legitimidad era la clave.

Ahora bien, ¿que separa o que hace confluir la perspectiva histórica conocida y la que ahora avanza, llamada «estabilización económica», excluyente de la tríada «confianza-auctoritas-legitimidad» como necesaria para conjurar a la corrupción sistémica maridada con el narcoterrorismo, a partir de 1999?

La separa la tríada, y las emparenta, justamente, la idea reduccionista de los agentes externos involucrados y la misma dictadura, a quienes les basta, antes que la confianza –sigo a Pierre Rosanvallón– contar con una póliza de seguro contra riesgos. Nada más. La vida moral de los venezolanos les es indiferente. Medra una ejemplaridad en negativo.

Tras el 3 de enero de 2026 –miremos hacia atrás y a distancia de cuatro siglos– casi que se recrean las Capitulaciones de Madrid, cuando Carlos I, le entrega a la familia Welser, banqueros de Augsburgo, los derechos para explorar, explotar y colonizar el territorio de la Pequeña Venecia el 28 de marzo de 1528.

El castigo del morbo de la corrupción, en suma, no es de dimensiones, como la del argentino Daniel Muñoz, exsecretario de los Kirchner, cuyo peculado de 80.000.000 de dólares lo invierte en unos apartamentos del Hotel Plaza, en Nueva York. Tampoco la de Tarek El Aisssami, que toma para sí 23.000 millones de dólares del patrimonio petrolero de Venezuela o la del ministro Giordani, que en 2014 reconoce que se estafó al Estado con empresas de maletín, una suma de 25.000 millones de dólares. Tampoco es de impunidad, pues al presidente Carlos Andrés Pérez se le condena y expulsa del poder en un ajuste de cuentas de su propio partido, que se carga al andamiaje de la democracia dado el gasto por este de 250.000 dólares, para proteger a la democracia nicaragüense. 

La lucha contra la corrupción ha de ser polivalente y multifrontal, pero solo es posible con voluntad política, según Federici. Bajo un liderazgo confiable, agregaría, susceptible de modelar comportamientos. “El origen de la ética se halla en la admiración de ejemplares. Y los ejemplares no son simples personas buenas, son personas ‘supremamente excelentes’ y, por lo tanto ‘supremamente admirables’, afirma Zagzebski (Cit. Tras las huellas de Sócrates, 2024)

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El “ciudadano colombiano” Alex Saab ya no es un héroe: el Rodrigato lo entrega a EE. UU.

En un comunicado difundido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) la tarde de este 16 de mayo, el gobierno de Delcy Rodríguez confirmó los rumores que circulaban horas antes sobre la deportación del empresario Alex Saab. El texto indica que el ciudadano, “de nacionalidad colombiana”, está incurso “en diversos delitos en Estados Unidos y América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

Saab, de 54 años, había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado 16 meses después a EE.UU. Permaneció recluido hasta diciembre de 2023 en una prisión federal de Florida, acusado de liderar un esquema de sobornos y lavado de $350 millones de dólares provenientes del sistema cambiario y de los CLAP.

El 20 de diciembre de 2003, la administración del expresidente de EE.UU, Joe Biden, liberó a Saab mediante un indulto en el marco de un canje de prisioneros con el gobierno de Nicolás Maduro. A cambio, Venezuela liberó a 10 presos políticos.

El 18 de octubre de 2024, el expresidente Nicolás Maduro lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional, cargo desde el cual asumió la conducción de las políticas industriales del Estado. Pero tras los hechos del 3 de enero de 2026, en los que Maduro fue capturado por fuerzas militares de Estados Unidos, la presidencia encargada con el aval de ese país, Delcy Rodríguez, lo destituyó.

Aunque la detención de Saab no fue formalmente reconocida por el Rodrigato, medios y agencias internacionales como Reuters difundieron que habría ocurrido el 4 de febrero de 2026. En las primeras horas, activistas del movimiento “Free Alex Saab” y figuras como Pedro Carvajalino intentaron desmentir públicamente el arresto.

La millonaria campaña por el “héroe diplomático” del chavismo

En varias ocasiones, los máximos líderes del oficialismo calificaron formalmente a Alex Saab como un “héroe”. La narrativa oficial del gobierno venezolano se estructuró específicamente bajo ese término para justificar su defensa diplomática.

El aparato estatal venezolano diseñó una estrategia multimedia e institucional para transformar la imagen del empresario acusado de lavado de dinero en un “mártir diplomático“. Investigaciones demostraron que se usaron masivamente granjas de bots, cuentas automatizadas y el pago a “influencers” para posicionar diariamente etiquetas a favor de Saab. Se crearon miles de cuentas en plataformas como X (antes Twitter) enfocadas exclusivamente en atacar a las autoridades judiciales de Cabo Verde y Estados Unidos.

También se pintaron grafitis y murales gigantes en las principales autopistas de Caracas, se celebraron conciertos masivos (“Un Canto por la Libertad”), y se convocaron a marchas obligatorias de empleados públicos en las que se distribuía mercancía (camisas, gorras, pancartas y juguetes inflables) alusivas a Saab.

El 20 de diciembre de 2023, tras la liberación de Saab en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, Maduro lo recibió en el Palacio de Miraflores y publicó en sus redes oficiales: “Nuestro héroe ha regresado a la Patria sano, vivo y libre… gracias a la resistencia y a la unión nacional fue posible el regreso de este héroe de la Patria“. En múltiples alocuciones televisadas posteriores, Maduro insistió en que Saab era un “héroe anónimo” que arriesgó su libertad para traer alimentos y medicinas a Venezuela venciendo el “bloqueo” financiero.

Otro que reiteradamente defendió el rango diplomático de Saab fue Jorge Rodríguez, quien remarcó que el hoy deportado fue representante de Venezuela ante los gobiernos de África, Irán y Rusia. Cabe recordar que en el año 2021, en su condición de jefe de la delegación oficialista, Rodríguez incluyó a Alex Saab como miembro de la mesa de negociación en México. También, ordenó levantar a la delegación chavista después de que Saab fuera extraditado a Miami. Por si fuera poco, Saab fue incluido en el equipo de comunicaciones del comando de campaña de Maduro en las cuestionadas presidenciales de 2024, coordinado justamente por Rodríguez.

En una búsqueda reciente se puede apreciar cómo Delcy Rodríguez secundó a su hermano en la defensa del carácter diplomático de Saab. En mensajes publicados en sus redes sociales de octubre de 2021, la hoy presidenta encargada aseguraba que el empresario era un “diplomático venezolano, víctima de secuestro y violación de sus derechos humanos” que había servido a Venezuela “frente al inmoral bloqueo imperial”.

En diciembre de 2023, la hoy presidenta celebró la liberación de Alex Saab y remarcó el “triunfo de la diplomacia bolivariana” contra la detención “injusta “en EE.UU. de Saab. Delcy felicitó públicamente a su hermano por sus “gestiones brillantes” para concretar este hecho.

Tras su liberación y llegada a Venezuela, Alex Saab fue recibido con júbilo en el palacio presidencial, en Caracas e inmediatamente fue designado como presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas.  Nueve meses después, Nicolás Maduro lo nombró ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, en sustitución de Pedro Tellechea, quien apenas estuvo ocho semanas al frente del cargo y fue detenido acusado de espionaje.

Fue Jorge Rodríguez quien emprendió luego una campaña para denunciar supuestas torturas físicas y psicológicas “indecibles” a Saab durante su detención y hasta anunció que emprendería acciones legales “por la violación de los Derechos Humanos del diplomático durante los 1286 días que estuvo secuestrado”.

¿Colombiano o venezolano?

Alex Nahim Saab Morán llegó a Venezuela en el año 2008. El empresario nacido en Barranquilla, Colombia, de origen libanés y nacionalizado como venezolano, siempre se mantuvo operando “bajo perfil” en países como Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Reino Unido y su país natal.  Su cercanía con las ideas del fallecido expresidente Hugo Chávez le abrieron las puertas para hacer negocios en Venezuela y facturar millones de dólares.

Aunque el chavismo defendió en reiteradas ocasiones la nacionalidad venezolana de Saab, en el comunicado difundido este 16 de mayo por el Saime se le señala como “ciudadano colombiano”. La mención a esta nacionalidad deja abierta la pregunta de si el gobierno reconoce con esto que violó el artículo 41de la Constitución, en el que se expresa que para ejercer el cargo de ministro hay que ser venezolano de nacimiento. Recordemos que Saab se desempeñó como ministro de Industria y Producción Nacional desde octubre de 2024 hasta enero de 2026.

«Sólo los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministros o Ministras, Presidentes o Presidentas y Directores o Directoras de Institutos Autónomos, así como Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas. En los demás casos, la ley establecerá los requisitos que sean necesarios», reza la Carta Magna.

La nacionalización de Alex Saab como venezolano generó gran polémica debido a que el dato se hizo público el 14 de junio de 2020, por el entonces excanciller Jorge Arreaza, pero para esa fecha, estaba detenido en Cabo Verde.

Por si fuera poco, en mayo de 2021, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente un amparo a favor de Alex Saab. En esta resolución, el máximo tribunal lo reconoció explícitamente como ciudadano venezolano y “Enviado Especial” para asuntos humanitarios. El fallo exhortó al Ejecutivo a exigir a Estados Unidos la observancia de su inmunidad diplomática y liberación.

Una fortuna amasada sobre el hambre de los ciudadanos

En nuestra sección especial “Enchufadín” hemos recopilado los capítulos polémicos por los que Saab se ha dado a conocer. Desde 2020 pesaba sobre él una orden de captura internacional por Interpol. En Colombia también fue investigado por el lavado de 25 millones de dólares entre 2004 y 2011.

Filtraciones masivas de documentos como los Panamá Papers y Pandora Papers lo señalan como vinculado con paraísos fiscales e investigaciones de Armando.Info determinaron que vendió más de 200 millones de dólares en alimentos al gobierno que se vendieron con 112% de sobreprecio. Las revelaciones de estas irregularidades derivaron en la persecución de los editores de dicho medio, quienes tuvieron que abandonar el país.

Los reportajes de Armando.info revelaron que el programa de alimentos subsidiados del gobierno venezolano (CLAP) era utilizado para sobrefacturar comida. A través de empresas fachada en México, Hong Kong y Turquía (como Group Grand Limited o Mulberry Proje Yatirim), Saab importaba productos alimentarios de bajísima calidad nutricional, cobrando sobreprecios millonarios al Estado venezolano.

El portal documentó asimismo cómo Saab diversificó su negocio operando en la comercialización del crudo venezolano a través de firmas opacas como la mexicana Libre Abordo, evadiendo así las sanciones internacionales aplicadas a Pdvsa.

En julio de 2019, Departamento del Tesoro de EE. UU. (a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros) congeló todos sus bienes y sancionó su red internacional de empresas fantasma en países como los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Panamá, y Colombia. En ese mismo mes, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida imputó formalmente a Saab y a su socio, el empresario Álvaro Pulido. El cargo principal fue conspiración para cometer lavado de dinero. Según la acusación norteamericana, Saab y sus socios lavaron aproximadamente 350 millones de dólares utilizando el sistema financiero estadounidense con destino a cuentas en el extranjero.

Este esquema criminal comenzó en 2011 mediante un contrato fraudulento de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El grupo falsificó documentos de importación de materiales que nunca entraron al país para obtener dólares preferenciales a través del control de cambio venezolano, y en el proceso, sobornaron a altos funcionarios públicos.

En abril de 2023, el empresario Álvaro Pulido Vargas, cuyo verdadero nombre sería Germán Enrique Rubio Salas, fue detenido en medio de la purga madurista. La Oficina de Control de Activos Extranjeros aseguró que Álex Saab tenía relación con Walter, Yosser y Yoswal, hijos de Cilia Flores conocidos como “Los Chamos”, lo que le permitió a él y a Álvaro Pulido acceder a funcionarios del gobierno venezolano.

Durante el proceso en Miami se desclasificaron documentos judiciales que revelaron que, entre 2018 y 2019, Saab cooperó en secreto como informante de la DEA y que habría entregado información sobre sus negocios y los sobornos pagados al chavismo antes de ser capturado.

Pese a todas las evidencias, el juicio en Florida nunca llegó a una sentencia formal, dado que en diciembre de 2023, el gobierno de Joe Biden otorgó un indulto a Saab y lo liberó, a cambio de la excarcelación de 10 ciudadanos estadounidenses y varios presos políticos detenidos en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Los principios para desmilitarizar la sociedad venezolana según Laboratorio de Paz

El pasado 15 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Objeción de Conciencia, la organización no gubernamental Laboratorio de Paz emitió un contundente pronunciamiento que pone la lupa sobre un fenómeno normalizado pero peligroso: la progresiva militarización de la vida civil en Venezuela.

La ONG instó a la sociedad a activar una reflexión urgente para reconstruir una democracia real, donde la ciudadanía —y no la fuerza de las bayonetas— tenga la primera y la última palabra.

A través de un análisis de siete ejes fundamentales, la organización desmenuzó cómo el estamento militar ha cooptado espacios que corresponden exclusivamente a los ciudadanos:

  • Lo militar no puede decidir lo político: El monopolio de las armas jamás debe secuestrar las decisiones públicas. En una democracia sana, el poder emana del ciudadano. Cuando los militares definen el rumbo político, la participación se asfixia y el debate plural es sustituido por la obediencia ciega. Desmilitarizar pasa necesariamente por devolverle la política a la gente, insisten.
  • El derecho a decir “no” (Objeción de conciencia): Laboratorio de Paz recordó que ninguna persona debe ser obligada a formar parte de estructuras armadas. El derecho a la objeción de conciencia implica la libertad de no realizar el servicio militar, rechazar la instrucción premilitar en colegios y liceos, y no integrar organizaciones militarizadas. “Tu cuerpo y tus decisiones no pertenecen al Estado”, señala el texto.
  • Prioridades invertidas en el presupuesto público: El destino de los fondos públicos revela el verdadero rostro de una gestión. Durante años, el Estado venezolano prefirió gastar millones de dólares en aviones de guerra y misiles —cuya utilidad el “3E” quedó severamente en entredicho— en lugar de invertir en salud y educación. Esos millones que hoy escasean en escuelas y hospitales públicos se tradujeron en armamento inútil para la vida cotidiana.
  • La ciudadanía bajo sospecha: Ejercer derechos fundamentales en Venezuela se ha convertido en una carrera de obstáculos militares. Exigir el “registro militar” obligatorio como requisito obligatorio para graduarse, trabajar o realizar trámites esenciales convierte a la institución armada en un filtro discriminatorio de la ciudadanía. Laboratorio de Paz sentencia que los derechos humanos no se condicionan a un carnet de reclutamiento.
  • Civiles armados y el conflicto permanente: La proliferación de milicias, colectivos y otras estructuras civiles armadas quiebra la regla de oro de la democracia: las diferencias no se resuelven por la fuerza. La Constitución venezolana establece con absoluta claridad quiénes deben ejercer de forma exclusiva las labores de seguridad ciudadana. Es por eso que desde la organización recuerdan que armar a los civiles solo cronifica la violencia.
  • Las elecciones no son una operación de guerra: El voto es un acto estrictamente civil. Sin embargo, el despliegue del “Plan República” envía un mensaje de intimidación y control, sugiriendo que la Fuerza Armada tutela la participación electoral. El reporte de Laboratorio de Paz lanza una pregunta incómoda pero necesaria: “¿De qué sirvió esta vigilancia el pasado 28 de julio de 2024, cuando los militares terminaron avalando un fraude electoral?”. Recalcan en ese contexto que desmilitarizar es confiar en el escrutinio de la gente, no controlarla.
  • Militarización de mentes y corazones: El arraigo del miedo ha calado en la psique colectiva, imponiendo taras sociales como obedecer sin cuestionar, callar por temor, aceptar pacíficamente lo impuesto y tildar la crítica constructiva como un acto de “confrontación”.

Laboratorio de Paz concluye que desmilitarizar a Venezuela no es un evento fortuito de un solo día; es un proceso profundo que comienza cuando la sociedad deja de ver la bota militar como algo “normal” y vuelve a exigir una república civil.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

En 2025 se profundizó la precarización del trabajo en Venezuela

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La organización Provea presentó este 14 de mayo su informe anual titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”. En sus estudios dedicados al derecho al trabajo y la previsión social, la ONG documenta cómo la política económica del Estado ha consolidado un modelo de exclusión que ignora la protección de los trabajadores y recorta derechos que, por ley, deberían ser intocables, como los contemplados en los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 95 y 97 de la Constitución de Venezuela.

A lo largo de 2025, el derecho laboral y la seguridad social enfrentaron un deterioro a nivel estructural. La investigación detalla que el Estado ha abandonado su rol permitiendo que la inflación y la devaluación destruyan el valor del esfuerzo humano mientras se mantiene la opacidad sobre el manejo de los recursos públicos.

Los datos recopilados muestran que 34,1% de los trabajadores venezolanos se desempeñaba en el sector informal en 2025 y la estimación del desempleo en 2024 alcanzó 40,3%. 

“La brecha entre quienes perciben ingresos en divisas y quienes dependen exclusivamente del salario oficial profundizó la desigualdad estructural. Las protestas laborales representaron 26% de las movilizaciones registradas en 2025, a pesar de la represión”, describen.

Vivir con nada

El informe de Derecho al Trabajo destaca que el salario mínimo se ha mantenido estancado en 130 por más de 1300 días, lo que al cierre del año 2025 representaba apenas 0,45 centavos de dólar al mes. Esta cifra sitúa a Venezuela con el ingreso más bajo de la región, sin poder cubrir el costo de una Canasta Alimentaria Familiar que, según El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), alcanzó en abril un valor de 693 dólares.

Provea advierte que esta “desalarización” afectó el cálculo de las prestaciones sociales, jubilaciones, indemnizaciones y pensiones, ya que el oficialismo ha sustituido el sueldo por bonos que no impactan en la seguridad social al igual que se está rompiendo con la estabilidad necesaria para que un trabajador pueda planificar su futuro o el de su familia.

Igualmente, el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió una caída drástica debido a la devaluación del bolívar, que alcanzó hasta un 479%, y el ingreso mínimo resultó ser insuficiente para detener la migración forzada de los profesionales, dejando áreas en un estado crítico con falta de personal que compromete la operatividad de las instituciones nacionales.

La vejez en el olvido

Un sector que ha sido especialmente maltratado es el de los pensionados y jubilados. El informe de Seguridad Social indica que el Estado ha reducido este derecho a un simple sistema que no garantiza la protección ante las contingencias como enfermedades catastróficas o riesgos laborales. La investigación resalta que la seguridad social en Venezuela padece de opacidad, pues el Estado no publica cifras actualizadas sobre el presupuesto real destinado a este rubro, lo que impide el conocimiento del uso de los fondos del IVSS mientras la devaluación constante de la moneda termina de asfixiar cualquier capacidad de respuesta institucional. 

Para los adultos mayores, la seguridad social ha dejado de ser una garantía de vida para convertirse en desprotección total, ya que el sistema ha fallado en asegurar una existencia digna y obliga a la tercera edad a enfrentar la vida sin fondos esperables ni suficientes. 

Lejos de ser un derecho universal, la seguridad social hoy se gestiona de forma ineficiente y deja a los jubilados y pensionados a merced de una crisis que los ha sacado de las “prioridades” de la nueva agenda.

Sindicalismo criminalizado

Durante 2025 Provea registró que la criminalización de los sindicatos se ha convertido en un obstáculo para las exigencias de condiciones dignas vulnerando los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El estudio destaca que la persecución por razones gremiales constituye una violación grave de los derechos humanos y busca silenciar los reclamos de mejores salarios y beneficios.

La detención de dirigentes sindicales y defensores laborales han sido utilizados como herramientas de control estatal. Provea exige la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente y el cese de las prácticas de discriminación laboral, especialmente en el sector público. 

La dignidad laboral

La situación explicada por Provea revela que el país transita hacia una realidad donde el trabajo ha dejado de ser un camino hacia el ascenso social para convertirse en vulnerabilidad. El Estado ha permitido que el salario pierda su función de proporcionar una existencia digna y que el ciudadano quede atrapado entre ingresos que no son suficientes y un sistema de seguridad social que ya no lo protege.

La organización detalló varias recomendaciones para revertir esta circunstancias, entre ellas, la reactivación efectiva de la Mesa de Diálogo Social, un espacio de negociación para discutir políticas laborales y socioeconómicas, en el que se deben diseñar resultados concretos en materia de salario mínimo y libertad sindical.

Finalmente, la investigación concluye que una recuperación real del país exige detener la criminalización de la actividad gremial, la discriminación política y devolver al salario y a la pensión la protección y la dignidad que la Constitución establece.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.