Los principios para desmilitarizar la sociedad venezolana según Laboratorio de Paz

El pasado 15 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Objeción de Conciencia, la organización no gubernamental Laboratorio de Paz emitió un contundente pronunciamiento que pone la lupa sobre un fenómeno normalizado pero peligroso: la progresiva militarización de la vida civil en Venezuela.

La ONG instó a la sociedad a activar una reflexión urgente para reconstruir una democracia real, donde la ciudadanía —y no la fuerza de las bayonetas— tenga la primera y la última palabra.

A través de un análisis de siete ejes fundamentales, la organización desmenuzó cómo el estamento militar ha cooptado espacios que corresponden exclusivamente a los ciudadanos:

• Lo militar no puede decidir lo político: El monopolio de las armas jamás debe secuestrar las decisiones públicas. En una democracia sana, el poder emana del ciudadano. Cuando los militares definen el rumbo político, la participación se asfixia y el debate plural es sustituido por la obediencia ciega. Desmilitarizar pasa necesariamente por devolverle la política a la gente, insisten.
• El derecho a decir “no” (Objeción de conciencia): Laboratorio de Paz recordó que ninguna persona debe ser obligada a formar parte de estructuras armadas. El derecho a la objeción de conciencia implica la libertad de no realizar el servicio militar, rechazar la instrucción premilitar en colegios y liceos, y no integrar organizaciones militarizadas. “Tu cuerpo y tus decisiones no pertenecen al Estado”, señala el texto.
• Prioridades invertidas en el presupuesto público: El destino de los fondos públicos revela el verdadero rostro de una gestión. Durante años, el Estado venezolano prefirió gastar millones de dólares en aviones de guerra y misiles —cuya utilidad el “3E” quedó severamente en entredicho— en lugar de invertir en salud y educación. Esos millones que hoy escasean en escuelas y hospitales públicos se tradujeron en armamento inútil para la vida cotidiana.
• La ciudadanía bajo sospecha: Ejercer derechos fundamentales en Venezuela se ha convertido en una carrera de obstáculos militares. Exigir el “registro militar” obligatorio como requisito obligatorio para graduarse, trabajar o realizar trámites esenciales convierte a la institución armada en un filtro discriminatorio de la ciudadanía. Laboratorio de Paz sentencia que los derechos humanos no se condicionan a un carnet de reclutamiento.
• Civiles armados y el conflicto permanente: La proliferación de milicias, colectivos y otras estructuras civiles armadas quiebra la regla de oro de la democracia: las diferencias no se resuelven por la fuerza. La Constitución venezolana establece con absoluta claridad quiénes deben ejercer de forma exclusiva las labores de seguridad ciudadana. Es por eso que desde la organización recuerdan que armar a los civiles solo cronifica la violencia.
• Las elecciones no son una operación de guerra: El voto es un acto estrictamente civil. Sin embargo, el despliegue del “Plan República” envía un mensaje de intimidación y control, sugiriendo que la Fuerza Armada tutela la participación electoral. El reporte de Laboratorio de Paz lanza una pregunta incómoda pero necesaria: “¿De qué sirvió esta vigilancia el pasado 28 de julio de 2024, cuando los militares terminaron avalando un fraude electoral?”. Recalcan en ese contexto que desmilitarizar es confiar en el escrutinio de la gente, no controlarla.
• Militarización de mentes y corazones: El arraigo del miedo ha calado en la psique colectiva, imponiendo taras sociales como obedecer sin cuestionar, callar por temor, aceptar pacíficamente lo impuesto y tildar la crítica constructiva como un acto de “confrontación”.

Laboratorio de Paz concluye que desmilitarizar a Venezuela no es un evento fortuito de un solo día; es un proceso profundo que comienza cuando la sociedad deja de ver la bota militar como algo “normal” y vuelve a exigir una república civil.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El pasado 15 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Objeción de Conciencia, la organización no gubernamental Laboratorio de Paz emitió un contundente pronunciamiento que pone la lupa sobre un fenómeno normalizado pero peligroso: la progresiva militarización de la vida civil en Venezuela.

La ONG instó a la sociedad a activar una reflexión urgente para reconstruir una democracia real, donde la ciudadanía —y no la fuerza de las bayonetas— tenga la primera y la última palabra.

A través de un análisis de siete ejes fundamentales, la organización desmenuzó cómo el estamento militar ha cooptado espacios que corresponden exclusivamente a los ciudadanos:

• Lo militar no puede decidir lo político: El monopolio de las armas jamás debe secuestrar las decisiones públicas. En una democracia sana, el poder emana del ciudadano. Cuando los militares definen el rumbo político, la participación se asfixia y el debate plural es sustituido por la obediencia ciega. Desmilitarizar pasa necesariamente por devolverle la política a la gente, insisten.
• El derecho a decir “no” (Objeción de conciencia): Laboratorio de Paz recordó que ninguna persona debe ser obligada a formar parte de estructuras armadas. El derecho a la objeción de conciencia implica la libertad de no realizar el servicio militar, rechazar la instrucción premilitar en colegios y liceos, y no integrar organizaciones militarizadas. “Tu cuerpo y tus decisiones no pertenecen al Estado”, señala el texto.
• Prioridades invertidas en el presupuesto público: El destino de los fondos públicos revela el verdadero rostro de una gestión. Durante años, el Estado venezolano prefirió gastar millones de dólares en aviones de guerra y misiles —cuya utilidad el “3E” quedó severamente en entredicho— en lugar de invertir en salud y educación. Esos millones que hoy escasean en escuelas y hospitales públicos se tradujeron en armamento inútil para la vida cotidiana.
• La ciudadanía bajo sospecha: Ejercer derechos fundamentales en Venezuela se ha convertido en una carrera de obstáculos militares. Exigir el “registro militar” obligatorio como requisito obligatorio para graduarse, trabajar o realizar trámites esenciales convierte a la institución armada en un filtro discriminatorio de la ciudadanía. Laboratorio de Paz sentencia que los derechos humanos no se condicionan a un carnet de reclutamiento.
• Civiles armados y el conflicto permanente: La proliferación de milicias, colectivos y otras estructuras civiles armadas quiebra la regla de oro de la democracia: las diferencias no se resuelven por la fuerza. La Constitución venezolana establece con absoluta claridad quiénes deben ejercer de forma exclusiva las labores de seguridad ciudadana. Es por eso que desde la organización recuerdan que armar a los civiles solo cronifica la violencia.
• Las elecciones no son una operación de guerra: El voto es un acto estrictamente civil. Sin embargo, el despliegue del “Plan República” envía un mensaje de intimidación y control, sugiriendo que la Fuerza Armada tutela la participación electoral. El reporte de Laboratorio de Paz lanza una pregunta incómoda pero necesaria: “¿De qué sirvió esta vigilancia el pasado 28 de julio de 2024, cuando los militares terminaron avalando un fraude electoral?”. Recalcan en ese contexto que desmilitarizar es confiar en el escrutinio de la gente, no controlarla.
• Militarización de mentes y corazones: El arraigo del miedo ha calado en la psique colectiva, imponiendo taras sociales como obedecer sin cuestionar, callar por temor, aceptar pacíficamente lo impuesto y tildar la crítica constructiva como un acto de “confrontación”.

Laboratorio de Paz concluye que desmilitarizar a Venezuela no es un evento fortuito de un solo día; es un proceso profundo que comienza cuando la sociedad deja de ver la bota militar como algo “normal” y vuelve a exigir una república civil.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.