El paso de las horas en los tribunales de La Guaira ya no parece depender de la complejidad de los casos, sino de un horario reducido que deja a numerosos familiares esperando por una respuesta. Antes de los sismos del 24 de junio, las jornadas podían extenderse hasta las siete de la noche. Ahora, según los testimonios recopilados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la actividad judicial suele terminar alrededor del mediodía y se limita, en buena medida, a atender casos de flagrancia.
La reactivación a media máquina comenzó aproximadamente dos meses después del doblete sísmico. La justificación ha sido el riesgo estructural de dos edificios ubicados en los alrededores de la sede judicial, que sufrieron daños durante los movimientos telúricos y cuyo destino —si serán demolidos o no— todavía no está definido.
Sin embargo, el inmueble donde funcionan los tribunales se encuentra en condiciones adecuadas y la presidenta del circuito, Dayanhara González Seijo, ha habilitado salas progresivamente. Pese a ello, el horario de atención continúa reducido, de acuerdo con los testimonios que recogió el Observatorio.
“Antes del terremoto se hacían las 7:00 p. m. y uno podía estar ahí en los tribunales. Ahora no, solo pasan los casos de flagrancia”, contaron personas afectadas al OVP.
La limitación de las jornadas agrava un problema que, de acuerdo con los familiares, ya existía antes de los sismos: el retardo procesal penal. Por eso, solicitan que se agilicen las audiencias o que se realicen de manera telemática, para evitar que los expedientes de sus seres queridos continúen paralizados.
Cobros, extorsiones y presunta siembra de pruebas
Las denuncias recogidas por el OVP no se limitan a la demora en los procesos. Familiares señalaron que en el Circuito Judicial de La Guaira ocurrirían presuntos cobros irregulares y extorsiones a cambio de otorgar libertades o evitar que las personas detenidas sean enviadas a juicio.
También reportaron supuesta siembra de evidencias, como armas o drogas. Según los testimonios, algunos familiares que se negaron a pagar los montos exigidos habrían sufrido actos de amedrentamiento en sus propias viviendas.
A estas acusaciones se suma la presunta obstaculización del acceso a evidencias procesales. El observatorio conoció el caso de una juez que se habría negado a entregar a los familiares los audios de los juicios, pese a tratarse de un proceso abierto. Los afectados aseguraron que, posteriormente, las declaraciones fueron modificadas para justificar las imputaciones.
El acceso a los expedientes también representa un gasto adicional. Los familiares deben pagar por las copias de los documentos y, en casos específicos, el OVP recibió denuncias sobre exigencias de insumos para iniciar los procesos legales: dos resmas de hojas blancas, dos cajas de bolígrafos y cuatro repuestos de tinta para impresora.
Un funcionario para custodiar a 200 detenidos
La contingencia provocada por los terremotos también dejó al descubierto las condiciones de custodia en los centros de detención preventiva de la entidad, una situación que el OVP asegura haber denunciado reiteradamente.
En el centro de detención de Macuto, al menos 200 hombres privados de libertad fueron trasladados desde los calabozos hasta un espacio abierto, parecido a un patio. Allí quedaron bajo la supervisión de un solo funcionario policial.
Los detenidos relataron que el movimiento telúrico fue tan fuerte que tuvieron que agarrarse de los brazos para poder caminar hasta el lugar donde buscarían resguardo. La situación se complicó cuando comenzaron a circular rumores sobre las consecuencias del terremoto. En medio de la confusión, el único funcionario encargado de la custodia abandonó el recinto y se dirigió a la playa para verificar una supuesta información sobre la llegada de un tsunami.
El episodio expuso los riesgos a los que estuvieron sometidos los detenidos durante la emergencia, tanto por las condiciones de los espacios de reclusión como por la falta de personal para garantizar su custodia.
El OVP pide una auditoría de los expedientes
Ante este panorama, el Observatorio Venezolano de Prisiones pidió al Poder Judicial y a los organismos de control del Estado que ordenen una inspección y auditoría desde Caracas para revisar los expedientes paralizados y aquellos que, según las denuncias, estarían viciados en el Circuito Judicial de La Guaira.
La organización también exigió que se restablezca de inmediato el horario completo de trabajo de los tribunales y que se garantice el cumplimiento de la ley, sin las limitaciones que atribuye a las minutas centralizadas. Como alternativa ante las condiciones actuales de la sede, planteó la búsqueda de otro espacio habilitado o el traslado de los procesos a Caracas, con el propósito de resguardar el derecho a la vida y al debido proceso.
Además, instó a la Fiscalía, al Ministerio para el Servicio Penitenciario y a la Defensoría del Pueblo a abrir investigaciones penales rigurosas sobre las denuncias de cobros irregulares, extorsión y siembra de pruebas, que presuntamente involucrarían a jueces, fiscales y funcionarios de los cuerpos de seguridad de La Guaira.
Mientras no se revisen los expedientes ni se investiguen las acusaciones, los familiares siguen enfrentados a dos obstáculos: un sistema judicial que trabaja con horario reducido y denuncias de prácticas que, de comprobarse, comprometerían las garantías más elementales de quienes esperan una decisión sobre su libertad.
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