Así como lo prometió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de abordar el avión que lo llevó a reunirse con su homólogo, el líder comunista chino Xi Jinping en Pekín esta semana, así mismo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dijo que todos los presos políticos en Venezuela deben salir en libertad.
De la misma manera, la CIDH condenó la muerte de privados de libertad bajo custodia del Estado, especialmente la de Víctor Hugo Quero Navas de 51 años de edad, cuya madre estuvo pidiendo una fe de vida durante meses, cuando en realidad había sido enterrado en un cementerio por las autoridades el año pasado.
Datos manejados por la CIDH revelan que además de Quero Navas, otras 17 personas han fallecido bajo custodia de las autoridades, entre ellas Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Aunque algunas organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón hablan de 27 desde 2014 y Foro Penal maneja la cifra de 31.
La CIDH reportó que hasta abril de 2026, organizaciones civiles reportaron 454 presos políticos. Igualmente denunciaron la continuidad de prácticas como desaparición forzada, tortura, incomunicación prolongada, negación de atención medica y de una defensa privada.
“La CIDH sigue recibiendo denuncias constantes sobre el uso de la privación de la libertad, incluido el empleo discrecional y excesivo de la prisión preventiva, como mecanismo de control, censura y represalia, junto con graves violaciones al debido proceso y a la protección judicial”, expuso el comunicado.
La CIDH expone que si bien, el régimen de Delcy Rodríguez ha adoptado medidas para excarcelar a un número de presos políticos como la Ley de Amnistía, estas han tenido un alcance limitado.
Contrario a las 8000 personas beneficiadas que asegura el gobierno, la CIDH reporta que solo 186 personas resultaron favorecidas y obtuvieron libertad plena, mientras que otras 554 personas excarceladas permanecen sometidas a medidas cautelares.
La CIDH informó que de 777 solicitudes de aplicación de dicha ley, 322 fueron negadas, 96 apeladas, 434 se encuentran en espera de decisión y apenas 19 fueron aprobadas.
El organismo indicó que el hecho de que Rodríguez haya decretado el fin de la Ley de Amnistía, es una muestra de que en Venezuela no existe separación e independencia de poderes públicos y que el sistema de justicia continúa opera como un apéndice del Ejecutivo.
La CIDH también demandó el acceso pleno y verificable a la información pública, en particular las listas de personas detenidas y procesadas por motivos políticos.
De la misma manera, hizo un llamado a la comunidad internacional para que continúe exigiendo elecciones libres, justas y transparentes y reiteró su disposición a llevar a cabo una visita in situ a Venezuela para mirar de cerca la situación de los derechos humanos.
“La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia”, expresó el comunicado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
