La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció formalmente un paquete de ajustes tributarios con los que aseguró, se sientan las bases para una reforma tributaria profunda en el país. El plan, diseñado junto al superintendente del Seniat, Román Maniglia, tiene como supuestos objetivos la modernización digital, la simplificación de trámites y el alivio operativo para pequeños y medianos comerciantes.
Entre las medidas anunciadas, se encuentra la suspensión del uso obligatorio de máquinas fiscales para los establecimientos comerciales, con lo que argumentan, se buscan eliminar las barreras de costos de adquisición y mantenimiento de estos dispositivos y facilitar de forma directa la formalización y el dinamismo de los pequeños y medianos negocios. En su lugar, el Seniat dijo que lanzará próximamente una aplicación digital de facturación electrónica adaptada a este sector.
Sobre el punto de las máquinas fiscales, ciudadanos en redes sociales enfatizaron el alto costo que esto representó para pequeños comerciales -los equipos podían costar hasta 3000 dólares-. en épocas de hiperinflación.
Otro ajuste comunicado fue la depuración del padrón de contribuyentes especiales, que supone la reducción de dicha lista de la lista más de 132 000 a 44 000 sujetos pasivos. Con esta caracterización, argumentan, se busca concentrar la fiscalización en los actores de mayor peso económico y aliviar la carga administrativa sobre miles de empresas medianas.
Asimismo, en las declaraciones del pasado 21 de octubre, Rodríguez y Maniglia recordaron que el sistema tributario ahora funciona mediante una plataforma interconectada entre el SENIAT, la banca nacional, el Saren, el Saime y el Banco Central de Venezuela (BCV). El cruce de información estratégica en tiempo real y el uso de un nuevo modelo estadístico, aseguran, busca simplificar los trámites del ciudadano y optimizar la fiscalización para “cobrar lo que se debe cobrar”.
El gobierno tutelado por Estados Unidos aseguró que las nuevas medidas de cruce de datos generaron un supuesto incremento del 27% en la recaudación tributaria, cifra que superaría la meta mensual fijada por el gobierno. Rodríguez precisó que estos ingresos adicionales se transferirán directamente a la Fundación Venezuela Renace, destinados prioritariamente a la construcción de viviendas para las víctimas del sismo de junio, infraestructura de salud y educación.
Alertas y expectantes
Analistas y organizaciones fijaron posición sobre estos ajustes tributarios anunciados por el gobierno. José Ignacio Hernández, abogado con más de veinte años de experiencia en temas de Derecho Constitucional, Administrativo y regulación económica, consideró que la primera reforma tributaria en Venezuela “consiste en restablecer la centralidad de la propiedad privada. Sin propiedad no hay riqueza. Sin riqueza no hay poder tributario”.
Mientras que en un alerta legal emitido este 22 de octubre, Acceso a la Justicia advirtió que el anuncio de reducir de 132 000 a 44 000 el número de contribuyentes especiales en Venezuela podría traducirse en cambios en las normas que regulan esta categoría. Actualmente, estos contribuyentes están sujetos a la Providencia SNAT/2023/00005, publicada en la Gaceta Oficial n.° 42.588 del 14 de marzo de 2023. La normativa establece criterios para clasificarlos según sus ingresos, ubicación y tipo de contribuyente, además de la notificación formal del Seniat.
Ser calificado como contribuyente especial, recuerdan, implica mayores obligaciones tributarias y administrativas, que pueden aumentar los costos de funcionamiento de empresas y personas sujetas a este régimen y afectar su flujo de caja. Entre esas obligaciones están presentar declaraciones quincenales del IVA, practicar retenciones y pagar anticipos del impuesto sobre la renta y el impuesto a las grandes transacciones financieras, entre otras exigencias. Los pagos deben ajustarse al calendario establecido por el Seniat según el número de RIF de cada contribuyente.
La organización también recalcó que, en el pasado, se han denunciado casos en los que el Seniat habría designado arbitrariamente como contribuyentes especiales a entidades que no cumplían los requisitos mínimos de ingresos establecidos en la normativa. Según estas denuncias, la medida pudo utilizarse como una forma adicional de hostigamiento o persecución política.
Por esta razón, la ONG insistió en seguir de cerca el tema: “Queda por conocer cómo se aplicará la reducción anunciada y cuáles serán los cambios concretos en las reglas que rigen a estos contribuyentes”.
Respecto a este punto, el abogado experto en Derecho Fiscal, Daniel Betancourt Ramírez, explicó que dicha categoría regulatoria se creó para los grandes contribuyentes del país. “Es decir, para el 20% de contribuyentes de los cuales era responsable el 80% de la recaudación Pero con los años ese objetivo se pervirtió”, advirtió.
En un hilo en X, repasó que cualquiera sin capacidad económica que recibiera un pequeño ingreso terminó siendo calificado Sujeto de Pasivoes Especiales “en un país con recesión e hiperinflación” e insistió en que lo grave no fue la vigilancia sobre estos “grandes contribuyentes”, sino que” los obligaron a pagar nuevos tributos y basados en su supuesta capacidad económica”.
«Sujetos pasivos especiales en Venezuela» Esta categoría regulatoria se creó para los grandes contribuyentes del país. Es decir, para el 20% de contribuyentes de los cuales era responsable el 80% de la recaudación (óptimo de Pareto). Pero con los años ese objetivo se pervirtió.
— Daniel Betancourt Ramírez (@dbetancourt_) October 22, 2026
El experto en derecho fiscal destacó que el mecanismo también abrió espacios para la corrupción y empujó a empresas a operar en la informalidad. Betancourt agregó que, incluso después de que una nueva providencia modificara los criterios de clasificación en 2023 y algunos contribuyentes dejaran jurídicamente de ser especiales, funcionarios del Seniat se habrían negado a aplicar el cambio.
Por ello, el experto considera relevante la depuración de la lista de contribuyentes especiales anunciada por el Gobierno. A su juicio, si se ejecuta correctamente, la medida podría contribuir a construir un sistema tributario más justo y racional. Sin embargo, advirtió que se trata apenas de un primer paso en un proceso más amplio de corrección de las distorsiones del sistema fiscal venezolano.
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