Después de un año 2022 de aparente recuperación económica, la administración de Nicolás Maduro comenzó una razia contra sus propios empleados en cargos estratégicos.
Luego de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos en 2019, Pdvsa tuvo que ingeniárselas para comercializar el petróleo y la forma que encontró fue echar mano de operadoras de la empresa rusa Rosneft, además de usar técnicas que rayaban en la piratería como vender el crudo en altamar, apagar los radares de las embarcaciones que transportaban la carga, apalancarse en el para entonces novedoso y muy opaco mercado de criptomonedas y hacer descuentos especiales a terceros.
Buques con petróleo comercializado por empresas recién creadas y con escasa experiencia en el negocio salían de muelles venezolanos, pero el dinero no retornaba a las cuentas de Pdvsa.
En 2023, un año antes de las elecciones y con una popularidad tan baja como el salario mínimo de 130 bolívares mensuales, Maduro emprendió una cacería contra algunos de sus otrora acólitos. La primera víctima fue Tareck El Aissami, quien puso su cargo de ministro de Petróleo a la orden y se esfumó por unos meses para luego aparecer en abril de 2024 siendo capturado por agentes de seguridad del gobierno.
¿Dónde estuvo antes de ser aprehendido? Nadie supo.
“Estoy absolutamente convencido de la honestidad y el carácter revolucionario de Tareck El Aissami”, dijo el fallecido presidente Hugo Chávez en 2008 cuando el hoy preso era ministro de Relaciones Interiores y Justicia.
El fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, asomó que el “grupete malévolo”, donde también estaban el empresario Samark López y el exministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, pretendía generar el alza de dólar y acabar con la economía venezolana.
