El gendarme argentino Nahuel Gallo denunció este miércoles, 20 de mayo, a Alexander Martínez y Carlos Rincones Serven, directivos del Internado Judicial El Rodeo I, a quienes señala como los presuntos responsables de torturas y aislamiento contra presos políticos.
A través de una publicación difundida en la red social X, Gallo identificó a los funcionarios, conocidos presuntamente bajo los alias de “Pater” y “Tiburón”, como las autoridades a cargo del control y funcionamiento del penal durante el periodo comprendido entre 2024 y 2026.
“Durante los años 2024, 2025 y 2026 fueron responsables del control y funcionamiento de un lugar que para muchos detenidos se convirtió en un verdadero centro de tortura y sufrimiento en Venezuela”, afirmó Gallo en su escrito.
Gallo, que fue liberado el pasado 1 de marzo de este año, expuso las circunstancias a las que eran sometidas las personas privadas de libertad por motivos políticos bajo dicha administración de estos directivos. Según su testimonio, el centro penitenciario operaba bajo dinámicas de aislamiento severo y agresiones constantes.
“Allí se vivieron amenazas, falsas promesas, maltratos psicológicos y físicos, humillaciones constantes y un trato cruel hacia quienes estaban en cautiverio. Mientras muchos sufrían dolor, incertidumbre y desesperación, ellos actuaban con total indiferencia, llegando incluso a burlarse de los detenidos”, denunció Gallo.
En su denuncia, también enfatiza el impacto a largo plazo que sufren los sobrevivientes de este recinto penitenciario. Vinculó de manera directa las patologías de salud mental actuales de las víctimas con las experiencias vividas en El Rodeo I.
“Los daños psicológicos que hoy cargamos quienes sobrevivimos al cautiverio en Rodeo I son consecuencia de todo lo vivido dentro de ese penal”, puntualizó.
Estos son Alexander Martínez y Carlos Rincones Serven, conocidos dentro del penal Rodeo I con los seudónimos “Pater” y “Tiburón”. Durante los años 2024, 2025 y 2026 fueron responsables del control y funcionamiento de un lugar que para muchos detenidos se convirtió en un verdadero… pic.twitter.com/K1Y9hGOOUv
A las denuncias de Gallo se le suman las restricciones para la verificación de la situación interna del penal. La periodista Maryorin Méndez reportó impedimentos para el ingreso de funcionarios de la Defensoría. “Tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo se retiran de El Rodeo sin que se les permita ingresar”.
Asimismo, la comunicadora indicó que los allegados de las personas recluidas señalaron la negativa de las autoridades para atender las solicitudes de información. Aseguraron que “el director Alexander Martínez, recientemente ascendido a coronel, no los quiso recibir”.
#ATENCIÓN Tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo se retiran de El Rodeo sin que se les permita ingresar. Familiares aseguran que el director Alexander Martínez, recientemente ascendido a coronel, no los quiso recibir.
— Maryorin Méndez 🖋️ (@maryorinmendez) May 20, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Del sufrimiento y la resiliencia, a un plan de acción para avanzar. En alianza con más de 15 organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional organizó una Jornada de Derechos Humanos para construir una agenda de cara a la reparación y recuperación progresiva de las libertades civiles y la seguridad jurídica de las y los venezolanos
El encuentro de dos días en Caracas, que reunió activistas, defensores, académicos y líderes sociales, sirvió para ofrecer un diagnóstico sobre la libertad de expresión, la libertad personal y las condiciones de vida en Venezuela, así como sobre la realidad de la diáspora. Especialmente, buscó trazar una ruta sobre las medidas y políticas públicas más urgentes ante una posible transición a la democracia.
Muchas propuestas coincidieron en la necesidad de reinstitucionalizar el país, reformar el Estado, cumplir las leyes vigentes y revisar aquellas normativas obsoletas, o que el poder político actual instrumentaliza en contra de la disidencia.
El derecho a una vida digna
Ante la expectativa de una recuperación económica en el país, se expuso que garantizar una vida digna implica mejorar en el corto plazo el poder adquisitivo de la ciudadanía y garantizar a toda la población, incluyendo los pueblos indígenas, acceso a servicios básicos de calidad, como la salud y la educación.
Hubo tensiones entre la vocería sobre las posibilidades reales del Estado y las empresas para aumentar salarios pronto, y el desgaste de los trabajadores y sus familias durante años de crisis, a la espera de un mejor escenario.
El economista Asdrubal Oliveros enumeró tres acciones que considera necesarias: auditar los ingresos y gastos del Estado, eliminar partidas innecesarias para reasignar esos recursos a la inversión social y, bajo esa reconfiguración, aumentar progresivamente los ingresos de la población.
Por su parte, José Patines, miembro de la Coalición Sindical, insistió en la necesidad de mantener la presión en las calles para exigir a quienes hoy gobiernan el país, bajo el tutelaje de los Estados Unidos, que garanticen condiciones salariales justas. Anunció que realizarán asambleas en distintas regiones para coordinar acciones de protesta.
La presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, planteó que se debe continuar exigiendo a los actores del Estado venezolano para que se aboquen a la reconstrucción de la infraestructura hospitalaria, escuelas, y a la reconstrucción del sistema de seguridad social.
Como el país no es solo Caracas, José David González, coordinador del Comité de DDHH de la Guajira, recalcó que se debe formar a los pueblos indígenas, a sus líderes y lideresas, en temas de exigibilidad. Destacó la necesidad de que se hagan cumplir las leyes para que sea efectiva su participación en las decisiones, así como que se respeten sus costumbres y de garantizar la protección de sus territorios.
#18May En la apertura de la Jornada de DDHH organizada por Amnistía Internacional en Caracas, hubo un minuto de silencio por Carmen Teresa Navas. Andreína Baduel, del @clippve, expresó: "La señora Carmen representa el calvario que vivimos las familias de los perseguidos" pic.twitter.com/JwGqynFene
Ante un contexto de inseguridad jurídica en Venezuela, detenciones arbitrarias, desviaciones del sistema de justicia y personas procesadas por motivos políticos, se destacó la necesidad de rescatar la meritocracia y la independencia de poderes.
La secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Magaly Vásquez, expresó quemás que las leyes se debe sustituir a los operadores del sistema de justicia actual, y que los nuevos sean seleccionados a través de criterios técnicos.
Propuso implementar mecanismos de justicia transicional y conformar comisiones de la verdad con participación de las víctimas, para la reparación y no repetición de estas violaciones de derechos humanos. Añadió que es indispensable que exista una rendición de cuentas y generación de estadísticas por parte del sistema de justicia. Consideró que la academia debe trabajar en superar el miedo, debido a la represión de los últimos años, y contribuir con pronunciamientos oportunos.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Santa María, Joel García, resumió que se debe aplicar la Constitución, abrir concursos de oposición públicos y despolitizar la forma de ingreso a la carrera judicial en el país. También recalcó que se debe separar, orgánica y presupuestariamente, los cuerpos forenses y de criminalística de los organismos policiales.
Por su parte, el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, planteó reformar la reciente Ley de Amnistía para que verdaderamente funcione o se aplique como debería, y cumpla con su propósito. Hizo un llamado además a que se respete el conocimiento y la academia.
Preservar la libertad de expresión
En un escenario de restricciones a la libertad de expresión, censura, cierre de medios y leyes represivas, así como la persecución contra quienes informan en el país, se insistió en la necesidad de garantizar la protección a este derecho dentro y fuera del país.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, mencionó entre las acciones inmediatas que se puedan aplicar el desbloqueo de los medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos por parte de los principales proveedores de Internet en el país. También, hizo un llamado a la derogación de la Ley contra el Odio.
La secretaria del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Delvalle Canelón, insistió en que se debe garantizar el acceso a la información pública y el acceso a las fuentes oficiales.
Mientras que el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, propuso la ejecución de un plan integral de reparación para periodistas, así como la creación de una Ley Orgánica para periodistas y trabajadores de la prensa similar al formato de la Unesco.
Los derechos de la diáspora
Durante la jornada también se dedicó un espacio para hablar de la diáspora, de sus necesidades en los países de acogida y de cómo pueden mantener el vínculo con el país, aún a kilómetros de distancia. El panel expuso que se les debe garantizar su derecho al voto, el acceso a la identidad y su documentación. Se propuso asimismo reformar los servicios consulares y consolidar representaciones políticas en el extranjero.
El politólogo Ismael Pérez Vigil consideró que hay que reformar la legislación electoral actual que limita el voto de la diáspora, específicamente el artículo 124 de la Lopre, que supedita el derecho al voto a la “residencia legal” en el país de acogida, lo cual es considerado una discriminación inconstitucional. Explicó que esto podría hacerse tanto por una sentencia del TSJ que modifique la ley, a través de la Asamblea Nacional o vía la modificación del reglamento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El especialista insistió en que se debe abrir el registro electoral en el extrajero, bien sea a través de las embajadas y consulados o un proyecto telemático. También, opinó que se debe hacer un trabajo pedagógico de “convencer y enseñar a esos 11 millones de venezolanos en el exterior menores de 30 años que no conocen la democracia de forma directa qué es y por qué vale la pena rescatarla”.
Carlos Carrasco, del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco-UCV), propuso a la sociedad civil emprender una labor pedagógica, pero para combatir narrativas que nos dividen. En este contexto, es importante hacer entender que las personas que emigraron no perdieron derechos ni abandonaron la lucha, que también dan a conocer lo que pasa en el país y que pueden formar parte de lo que viene para el futuro. Esto implica reconocer que la diáspora es parte de la memoria histórica y hay una tarea pendiente: que no pierdan el vínculo.
Carlos Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, llamó a la organización y movilización de los connacionales en el extranjero, para documentar sus carencias actuales y sus propuestas. En esto coincidió Marysabel Rodríguez, de la CDH-UCAB y la ONG Espacio Público. Dijo que es necesario integrar las demandas para que migrantes y refugiados tengan mejores garantías en el ejercicio de sus derechos, vuelvan o no al país.
Sin seguridad jurídica no hay paraíso
“Lo peor que le puede pasar a un ciudadano venezolano es encontrarse con el Estado. Desde un portero de un Ministerio hasta un juez ejercen poder sobre el vulnerable en Venezuela, a dos cuadras de aquí había una alcabala con funcionarios policiales que actúan con absoluta discrecionalidad”, dijo Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
Daniels fue ponente en el segundo día de las disertaciones, donde evaluó la seguridad jurídica junto a la profesora universitaria, Tamara Bechar; el coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado; el director de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani; el abogado en el área jurídica del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), Ronnie Boquier y el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Carlos Lusverti.
“Tenemos un daño antropológico, la sociedad hoy en día es menos democrática que hace 27 años. En las cosas cotidianas, como una alcabala policial, se ve que no hay seguridad jurídica. Extorsionar al pobre y vulnerable se ha convertido en una práctica recurrente”, añadió Daniels.
“Todos los ciudadanos en Venezuela estamos expuestos a ser sometidos a un proceso penal”, sentenció Bechar. “Como me dijo la mamá de Juan Pablo Pernalete (a quien mataron en las protestas antigubernamentales de 2017), ‘la justicia no prescribe pero los seres humanos sí, y yo quiero ver justicia para mi hijo’”, agregó la docente universitaria.
Para Trapani, cuando el derecho deja de funcionar en un Estado, el niño, niña y adolescente (NNA) es el primer afectado.
“Gracias a la labor de ONG y periodistas determinamos que había 220 adolescentes detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, eso fue un trabajo en conjunto, en derechos humanos la información y la unión es poder”, indicó Trapani.
Daniels precisó que desde el año 2021 en Venezuela hay 93 Gacetas Oficiales pérdidas. “Que no sabemos qué contienen”. Bechar añadió que desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en 1999, los venezolanos viven en una especie de Estado fallido.
“Pero el problema no es el COPP, es quienes lo ejecutan. Más de 80% de los jueces en Venezuela son provisorios, padecemos la politización del sistema judicial”, dijo la docente.
Bechar insistió en resaltar que en Venezuela no se respeta el principio de presunción de inocencia: “Más del 90% de los casos no se deciden y 80% no se denuncian, no hay nadie que esté exento de sufrir un tipo de extorsión en el sistema judicial”, acotó.
Procesar a los responsables y acompañar a las víctimas
A juicio de Marino Alvarado, el problema fundamental en Venezuela radica en la falta de voluntad política para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos, además de la impunidad. El coordinador de Provea considera que se debe reclamar a las autoridades locales que se identifique a los presuntos responsables de los crímenes que ha descrito en sus reportes la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
“La Misión se creó en 2019 para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos y violencia sexual, entonces es hora de exigirle al nuevo fiscal general, Larry Devoe, que indague”, dijo Alvarado.
Lusverti informó que la Misión recomendó la instalación de una comisión de investigación y el gobierno venezolano pidió hacerlo a través de un memorando confidencial “La pregunta que nos hacemos es ¿Por qué confidencial?”.
Por su parte, Boquier afirmó que de 30 sentencias con respecto a Venezuela que ha emitido el Sistema Interamericano de DDHH, una sola ha sido cumplida.
“Desde el Caracazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado con la mirada fija en Venezuela”, apuntó el abogado de Cofavic.
Alvarado destacó que el gobierno puede hacer gestos que impacten positivamente en la sociedad sin que les acarree costos políticos ni financieros. Entre estos, enumeró que el sistema penitenciario permita que la Cruz Rojas entre a las cárceles, liberar a todos los presos políticos, derogar leyes como las del Odio, Simón Bolívar y Antibloqueo, o permitir que en el Palacio de Justicia acepten los habeas corpus.
Para Bechar es perentorio reinstitucionalizar el Poder Judicial, reabrir las escuelas de fiscales, crear mecanismos de rendición de cuentas, procurar cooperación de instancias internacionales y fijar sueldos justos para funcionarios públicos.
“El punto de partida tiene que ser el acompañamiento a las víctimas”, puntualizó Trapani. Boquier lo secundó: las víctimas tienen que ser el centro de la discusión.
“La Ley de Amnistía lo que ha hecho es profundizar las heridas, no hay reconocimiento de responsabilidad en el Estado. En el caso de Victor Hugo Quero nunca se aplicó el protocolo de Minnesota, el Estado no atiende a las recomendaciones”, dijo el abogado de Cofavic.
El reinicio de una agenda colectiva
A juicio de Erika Guevara Rosas, directora senior global de investigación, campaña, incidencia y política de Amnistía Internacional, significa un paso importante para los defensores de derechos humanos en Venezuela quepuedan reunirse públicamente a exponer la realidad del país y hacer peticiones a organismos nacionales e internacionales, después de más de un año en el que muchos tuvieron que optar por bajar el perfil o, incluso, por el silencio.
“Aquí participaron personas que estuvieron detenidas solo por el hecho de defender sus derechos, hoy se encuentran excarceladas, no en libertad plena, sin embargo, eso nos parece un paso importante”, señaló Guevara.
“Este es el reinicio de una agenda colectiva en materia de derechos humanos, en el que hacemos un llamado tanto al Estado venezolano como a la comunidad internacional para que atiendan las recomendaciones de preservar la verdad y memoria de las voces de quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos”, opinó finalmente.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 20 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Después de 24 años, los presos políticos más antiguos del gobierno chavista fueron excarcelados. Así lo informó la ONG Foro Penal a través de su cuenta en X.
El Foro Penal posteó que Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín quienes estaba privados de libertad desde el 2003, fueron puestos en libertad con medidas cautelares. “Nunca debieron estar tras la rejas”, indicó la ONG.
Después de 24 años, los presos políticos más antiguos del gobierno chavista fueron excarcelados. Así lo informó la ONG Foro Penal a través de su cuenta en X la noche del 19 de mayo.
El Foro Penal posteó después de las 9:00 de la noche que Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín, quienes estaba presos desde el 2003, fueron puestos en libertad con medidas cautelares. “Nunca debieron estar tras la rejas”, indicó la ONG.
#19My Desde el @ForoPenal confirmamos la excarcelación de los policías metropolitanos, presos políticos: LUIS MOLINA, ERASMO BOLÍVAR y HÉCTOR ROVAIN, injustamente privados de libertad desde el 19/04/2003. Nunca debieron estar tras las rejas!#LiberenATodosLosPresosPoliticospic.twitter.com/UPVG1V7fr3
La tarde de este martes, el presidente de la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista— Jorge Rodríguez anunció que entre este 18 de mayo y el próximo viernes 19, serán liberadas 300 personas, entre ellas los Policías Metropolitanos de 2002.
Jorge Rodríguez dice desde la Asamblea Nacional, qué está semana serán excarceladas 300 personas. Entre ellas, los Policías Metropolitanos por el caso 11 de abril de 2002 pic.twitter.com/T1wgAoLEoN
— Federico A. Black B. (@FedericoBlackB) May 19, 2026
Tras abandonar la Comunidad Penitenciara Fénix, en el estado Lara, los policías se arrodillaron para agradecer a Dios. El Observatorio Venezolano de Prisiones difundió extractos de las declaraciones de los excarcelados.
“A uno creo que le faltarían palabras para expresar tantas cosas que vivimos. Hay que darle gracias a Dios primeramente, nos mantuvo fuertes todo este tiempo. Y a todas esas personas que han sido leales con nuestros casos, leales, a todos esos venezolanos, gracias (…)No ha sido fácil, esto ha sido un gran vía crucis”, declaró Erasmo Bolívar.
"Le doy gracias a Dios, a todas esas personas que nunca nos han olvidado. A mi comunidad de La Guaira, los quiero muchísimo. No ha sido fácil, ha sido un viacrucis", dice Erasmo Bolívar, exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana, tras su salida de la Comunidad… pic.twitter.com/Lr0wsTS5tN
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026
Luis Bolívar, por su parte, relató que el propio director los llamó aproximadamente a las 6:00 p.m. para decirles que saldrían en libertad y que sí tenían quién los fuera a buscar. “No lo esperábamos”, admitió. Dijo que ni siquiera hizo maletas y que solo quería ir a abrazar a su “viejita”.
#19May "Salir en libertad es lo más importante, lo más bello que hay en este mundo", dice Luis Molina, exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana, tras su salida de la cárcel de Fénix, en el estado Lara, tras más de 20 años preso.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026
El 11 de abril que cambió sus vidas
Han pasado más de dos décadas de los sucesos del 11 de abril de 2002. Una fecha inolvidable para todos los venezolanos y también para Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) a quienes, a pesar de haber cumplido más de la mitad de su pena y tener beneficios vencidos, el sistema judicial les negó la libertad durante todo este tiempo.
En el año 2002, Hugo Chávez aprobó por decreto un paquete de 49 leyes que abarcaban desde la Ley de Tierras hasta la Ley de Hidrocarburos. Sectores empresariales como Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) consideraron que las medidas atentaban directamente contra la propiedad privada y la libertad económica lo que derivó en un paro nacional que se agravó con la intervención de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El 11 de abril de 2002, la oposición convocó a una gran marcha en rechazo a las medidas políticas y económicas aprobadas por el Gobierno. El destino de la movilización sería el Palacio de Miraflores; sin embargo, en los alrededores del palacio, específicamente a la altura de Puente Llaguno, pistoleros detuvieron la manifestación. El saldo: 19 muertos y cientos de heridos. Los sucesos derivaron en una breve salida de Hugo Chávez del poder.
Por los hechos, Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Marco Hurtado, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín (inspector jefe), Luis Molina (patrullero) y Erasmo Bolívar (distinguido) fueron juzgados por dos de las 19 muertes registradas ese día.
Con excepción de Hurtado y Pérez, quienes recibieron condenas de 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses, respectivamente, el resto fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión.
Cabe recordar que “los pistoleros de Puente Llaguno” -entre ellos Richard Peñalver y Rafael Cabrices– aun cuando fueron grabados disparando en contra de los manifestantes opositores desde el puente hacia la Avenida Baralt, resultaron absueltos bajo el argumento de que actuaron en “defensa propia” contra la Policía Metropolitana.
A continuación una cronología del caso de los policías metropolitanos:
2003-2006: Juicio sin pruebas
Entre los años 2003 y 2006 se llevó a cabo un largo proceso judicial en contra de Rovaín, Bolívar y Molina. Pese a que las experticias criminalísticas y balísticas no lograron determinar la vinculación de los funcionarios con las víctimas mortales, el juicio en contra de los tres prosiguió.
2009: La pena máxima
Luego de tres años de juicio -considerado el más largo de la historia- y 230 audiencia, la jueza Marjorie Calderón condenó a 30 años de prisión a Rovaín, Bolívar y Molina, acusados de “complicidad correspectiva” en los homicidios.
2011-2021: Medidas humanitarias ausentes
En 2011, los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero recibieron medidas humanitarias por problemas de salud. Continuaron cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario.
En abril de 2012, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, aseguró que el propio Hugo Chávez dio la “orden” de sentenciar a los policías involucrados en los hechos de abril de 2002, con especial énfasis en los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas .
El comisario Iván Simonovis, en 2014, también recibió la medida humanitaria de casa por cárcel tras un deterioro notable de su salud. En 2019 logró salir del país y se radicó en los Estados Unidos.
En octubre de 2021 Bolívar, Rovaín y Molina quienes permanecían en la cárcel Militar de Ramo Verde en el estado Miranda, fueron trasladados sorpresivamente al Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara, alejándolos por completo de sus familiares.
2022: derecho ignorado
En abril de 2022 se cumplieron 20 años de la detención de los policías metropolitanos. Según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, las personas que han cumplido las dos terceras partes de la condena califican para el beneficio de libertad condicional, pero para Bolívar, Rovaín y Molina esta medida fue ignorada por el Gobierno.
En diciembre de 2022, bajo el lema “20 años es suficiente”, organizaciones defensoras de derechos humanos vienen pidiendo la liberación de los exfuncionarios quienes han padecido los embates del precarios sistema penitenciario venezolano.
2026: Fin del cautiverio
En el marco de las excarcelaciones de los presos políticos, luego de los hechos ocurridos el pasado 3 de enero que terminaron en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, los familiares de los policías metropolitanos se volvieron a pronunciar para exigir la liberación de los policías metropolitanos.
El anuncio de Jorge Rodríguez al referirse por primera vez a los policías metropolitanos, quienes pasaron un cuarto de siglo tras las rejas, dejó ver una luz al final del túnel para ellos y sus familiares. Y su salida de prisión se materializó este 19 de mayo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Bajo un cielo encapotado que calcaba el ánimo reinante, el Cementerio del Este fue el escenario de un reencuentro, aunque no debió serlo. La madre buscadora Carmen Teresa Navas fue sepultada junto a su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, el preso político que falleció bajo custodia y cuyos restos habían sido exhumados y trasladados a ese mismo lugar hace apenas 12 días.
Tras un año y medio de recorridos infructuosos, pasillos vacíos, de un reclamo que ignoraron en todas las instancias y dependencias penales y judiciales a las que acudió, la madre cedió ante un dolor insondable hace dos días, ese que desató el conocer el pasado 7 de mayo que el hijo que tanto buscó, por el que tanto preguntó, había fallecido, y que durante nueve meses en los que tocó incluso las puertas que podían haber tenido conocimiento de la situación, no se lo informaron.
La señora Navas fue velada durante día y medio en la Funeraria Vallés. Su cuerpo descansaba en un ataúd blanco, “como una madre impecable que fue”, escribió en sus redes sociales la periodista Maryorin Méndez, quien la acompañó durante sus últimos meses de vida.
El cortejo fúnebre se trasladó hacia el Cementerio del Este, donde las notas del himno nacional se mezclaron con el ondear de banderas y el llanto silencioso de otras madres de presos políticos que comparten la misma cruz. En sus rostros se reflejaba la tristeza y, también, el temor ante las condiciones de reclusión de los presos políticos que han sido denunciadas por organizaciones defensoras nacionales e internacionales: insuficiente alimentación, celdas reducidas, negativa de atención médica y, en algunos casos, aislamientos, malos tratos y/o torturas.
“El dolor no acaba con la esperanza de una madre”, sentenció entre lágrimas Francis Quiñones, madre del también preso político Jonathan Franco Quiñones, quien hizo acto de presencia en el camposanto.
Foto: María Gracia Lacruz
El sentido de hermandad del dolor trascendió los lazos de sangre. La comunidad y los ciudadanos de a pie arroparon a los deudos y los acompañaron en este último adiós. Con flores, pancartas, cánticos y lágrimas se sumaron al duelo por quien se convirtió, de alguna manera, en madre y abuela de los venezolanos. Una de las asistentes, con la voz quebrada pero firme, resumió el sentir de la calle:
“No era nuestra familia, pero nos duele su pérdida porque luchó y nos acompañó en las calles (…) Queremos justicia”, expresó.
Un panteón para la memoria histórica
El sepelio congregó a figuras políticas y estudiantiles, entre ellos Miguelangel Suárez, presidente de la FCU-UCV, el dirigente de Acción Democrática, Williams Dávila, el expreso político, Carlos Azuaje, y grupos defensores como representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
La ubicación de las tumbas de Carmen y Víctor está cargada de un profundo simbolismo: ahora reposan junto a los restos del general Raúl Isaías Baduel, el emblemático preso político que también encontró la muerte bajo la custodia del Estado. En un terreno contiguo también descansan las víctimas de la masacre del Junquito. Es un rincón donde convergen las memorias en un mismo y silencioso reclamo de dignidad.
Foto: María Gracia Lacruz
Tras el entierro, Dávila acudió a sus redes sociales para amplificar el eco de este luto: “Oremos para que doña Carmen descanse en paz. Tanto ella como su hijo, Víctor Quero Navas, necesitan JUSTICIA... Que las madres dejen de sufrir, de buscar y de llorar por sus hijos a quienes se les ha quitado la libertad. Que la señora Carmen y Víctor permanezcan con nosotros. Y que se haga justicia”, reclamó.
La sombra de la intimidación
La solemnidad y el respeto que exigía un evento de esta naturaleza se vieron empañados por la intimidación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció una nota discordante que ocurrió en la Funeraria Vallés: una persona desconocida se dedicó a grabar de manera hostil a los periodistas que daban cobertura al sepelio.
Esta práctica de perfilamiento y vigilancia busca inhibir el trabajo informativo en momentos donde documentar la verdad es vital para la memoria del país. “Registrar, perfilar o exponer a periodistas afecta el derecho de la sociedad a recibir información”, advirtió el SNTP en sus redes sociales, al tiempo que exigió el cese inmediato de estos hostigamientos contra los equipos de prensa.
#AlertaSNTP | Este #19May, en la Funeraria Vallés, una persona desconocida grabó a periodistas que daban cobertura al sepelio de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero, preso político fallecido bajo custodia del Estado. Este hecho constituye una práctica de intimidación y… pic.twitter.com/4oDa9fb9vJ
Piden oración por las madres que esperan respuestas
Hoy, Carmen Teresa Navas ya no marcha en las calles ni exige respuestas frente a los tribunales. Su lucha terrenal culminó al recibir la amarga respuesta del sistema que detuvo arbitrariamente a su hijo y que le ocultó durante meses que había fallecido. En el Cementerio del Este, bajo esa tierra húmeda y compartida, madre e hijo descansan juntos. Y la tarea pendiente para la sociedad es evitar que sus nombres se pierdan en el olvido.
“Hace días estuve aquí, acompañándola y pidiéndole a Dios por su hijo, y también por su alma, por su espíritu. Ese día presentó la mayor fortaleza, a pesar de estar despidiendo a un hijo. Hoy esa buena mujer por fin se encuentra como María, con su hijo amado en el cielo. Hoy por fin se hace realidad lo que le dijo a una periodista en una entrevista: que le daría un fuerte abrazo si lo encontraba”, expresó el sacerdote oficiante. “Hoy, nuestra hermana Carmen le da ese fuerte abrazo a su hijo amado. Sé que los que se quedan en este valle de lágrimas siguen teniendo ese dolor dentro, pero recuérdenla siempre en el amor y la bondad, a esa gran luchadora y mujer, que hasta el último momento dio testimonio de lo que significa ser familia, eso lo supo ser Carmen. En ella va el peso de muchas madres en nuestro país”, agregó.
Foto: María Gracia Lacruz
El cura también instó a mantener la oración activa por las madres venezolanas que siguen esperando respuesta sobre sus hijos, petición que fue secundada por la periodista Maryorin Méndez, quien siguió de cerca este proceso y acompañó a la señora Navas hasta sus últimas horas.
“Este caso debe servir para revisar tanto las causas de los presos políticos como de quienes no lo son (…) Personas que tienen a alguien detenido saber que cualquier día puede ser el último, por eso, el caso de Carmen Navas pasa a ser relevante para la opinión pública, mucha gente ve en ella la posibilidad de un desenlace fatal”,advirtió.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este martes, 19 de mayo, que entre el lunes y el próximo viernes 300 presos políticos serán puestos en libertad a través de medidas de beneficio que, según sus palabras, “van más allá de la Ley de Amnistía”.
Rodríguez detalló que, aunque algunos de los beneficiarios están“incursos en delitos demostrados”, se les está otorgando la libertad por cumplir con criterios específicos de vulnerabilidad como personas menores de edad, mayores de 70 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia y personas con patologías de salud.
“No le estamos pidiendo nada a nadie, ni estamos pidiendo ningún quid pro quo con esto, solamente que sepan apreciar el gesto”, enfatizó.
ÚLTIMA HORA | Jorge Rodríguez anuncia que serán liberados 300 presos políticos en las próximas horas, incluidos los Policías Metropolitanos de 2002 https://t.co/TR3DG1JKgDpic.twitter.com/FZKdVEPjdM
Durante su alocución, Rodríguez mencionó el caso de la adolescente Samantha Hernández, a quien acusó con un discurso estigmatizante de portar supuestos explosivos “para volar la Plaza Venezuela y la Plaza de la Victoria de Mayo”. Bajo argumentos similares, el parlamentario también se refirió a la ciudadana Merys Torres de Sequea, señalando que recibe la medida por ser mayor de 70 años de edad.
Hernández, de 16 años, fue excarcelada este lunes, 18 de mayo, y había sido detenida tras una irrupción violenta en la casa de sus abuelos en Caracas, el 19 de noviembre de 2025 solo por ser hermana menor del teniente disidente Cristian Hernández.
Es importante recordar que, defensores de derechos humanos han denunciado que tanto la adolescente Samantha Hernández como la señora Merys Torres de Sequea fueron víctimas de Sippenhaft, una táctica de castigo colectivo de origen nazi empleada para doblegar a objetivos políticos mediante el secuestro o detención de sus familiares.
Jorge Rodríguez también informó que dentro de este grupo de excarcelaciones se incluirá a los funcionarios de la Policía Metropolitana que permanecían condenados por los hechos de abril de 2002.
Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina son los presos políticos más antiguos del país, acumulando más de 23 años tras las rejas. Detenidos en el año 2003 y sentenciados en 2009 a la pena máxima de 30 años en un juicio plagado de irregularidades viciadas de motivación política, los exfuncionarios han cumplido más del tiempo requerido por la legislación venezolana para optar a medidas alternativas a la condena.
A pesar de sufrir graves deterioros de salud tras más de dos décadas de reclusión en el Centro Penitenciario Ramo Verde, el Estado les había negado sistemáticamente los beneficios procesales y las medidas humanitarias que por ley les correspondían.
Diversas organizaciones no gubernamentales han alertado de manera sistemática sobre el crítico estado de salud de los detenidos de la tercera edad, quienes sufren patologías crónicas agravadas por las precarias condiciones de reclusión.
Uno de los casos es el de Orlando Laufer Hernández (70 años), a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de otorgarle medidas cautelares debido al riesgo inminente que corre su vida al padecer un tumor cerebral sin atención médica adecuada.
Asimismo, activistas han denunciado de forma continua el ensañamiento contra otros ciudadanos de avanzada edad con cuadros severos de hipertensión, diabetes o problemas oncológicos, a quienes el Estado les ha negado la aplicación del artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal, que prohíbe la prisión común para personas mayores de 70 años.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La tarde de este martes, 19 de mayo, el abogado y director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero informó la excarcelación de 13 presos políticos del Complejo Penitenciario Yare II.
Estas liberaciones ocurren tras un periodo prolongado sin excarcelaciones, justo después de que se anunciara el fin de la ley de amnistía.
A través de su cuenta en X, Romero indicó que las personas liberadas permanecen sujetas a medidas restrictivas de su libertad.
19May 12:40pm (Caracas). Hasta ahora hemos verificado 13 excarcelaciones de presos políticos el día de hoy desde Yare II. Las personas excarceladas permanecen sujetas a medidas restrictivas de su libertad.
Las excarcelaciones se volvieron tendencia en redes sociales y la cuenta en X ¿Porqué es Tendencia? publicó la noticia a través de un video, en el que se observa a decenas de familiares esperando en la puerta del penal a sus seres queridos.
“Bienvenidos a la libertad”, gritaban los familiares a los liberados.
"Yare" es tendencia porque reportan 17 excarcelaciones en el Complejo Penitenciario Yare, Edo Miranda. pic.twitter.com/tka4oSN0XI
— ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) May 19, 2026
Liberados del caso Pdvsa obrero
El portal web TalCualreseñó que al menos 20 presos políticos del caso “Pdvsa obrero” fueron excarcelados la mañana de este martes 19 de la cárcel de Yare II, informaron sus familiares.
Los familiares comentaron que todos son trabajadores de Pdvsa Amuay, que fueron detenidos entre los años 2024 y 2025 por supuestos daños patrimoniales y peculado contra la estatal.
Según Zimarú Fuentes, vocera de familiares del caso “Pdvsa Obrero”, hasta el momento 153 personas personas estaban detenidas por los presuntos cargos de asociación para delinquir, tráfico de material estratégico, legitimación de capitales, contrabando agravado y evasión en el control de licitaciones.
Los detenidos son trabajadores, militares y civiles que laboraban en las refinerías de Amuay y Cardón (estado Falcón), El Palito (Carabobo) y el terminal marítimo en el estado Anzoátegui y están reunidos bajo un solo expediente: 4020-25.
Tras las excarcelaciones del pasado 17 de abril y de este martes, indicó Fuentes, al menos 85 personas permanecen detenidas por estas acusaciones.
Liberadas dos víctimas de Sippenhaft
La noche de este 18 de mayo se anunciaron las excarcelaciones de dos mujeres presas políticas víctimas del Sippenhaft, castigo implementado por la Alemania nazi que consiste en secuestrar o detener a familiares de objetivos políticos para hacerlos doblegar.
La primera excarcelada fue Samanta Hernández, la última adolescente que permanecía detenida por razones políticas. A la niña se la llevaron tras una irrupción violenta en la casa de sus abuelos en Caracas, el 19 de noviembre de 2025 solo por ser hermana menor del teniente disidente Cristian Hernández.
La adulta mayor Merys Torres de Sequea, madre del capitán de la GNB, Antonio Sequea, preso político también fue excarcelada. En redes sociales se difundió el momento en el que se abraza junto a una familiar.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que su detención califica igualmente dentro de la táctica de castigo familiar Sippenhaft. A la señora Sequea la detuvieron individuos encapuchados en Guatire, estado Miranda, el 20 de septiembre de 2025. El arresto ocurrió junto al de su sobrina, Zoris Gutiérrez Torres, cuando salían con la intención de llevar alimentos y medicinas a su hijo en el Centro Penitenciario El Rodeo I. Torres también estuvo en situación de desaparición forzosa y con riesgo vital, ya que a sus 71 años padece hipertensión y artritis crónica que requieren atención constante.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este martes 19 de mayo se llevó a cabo un paro nacional de 24 horas, acatado por 20 universidades públicas del país. Convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela (Fapuv), el paro representa una medida de protesta por el pago incompleto del Bono de Responsabilidad Profesional, recibido solo por el 25 % del personal docente, así como por la petición de una mejora salarial digna para el sector.
El gremio docente ya había protestado el pasado 12 de mayo frente a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), sin recibir respuestas ni información respecto a sus solicitudes. Argelia Castillo, presidenta de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (Apufat-UCV), resaltó que siguen esperando una comunicación de la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, ni del ministro de la OPSU.
“No son capaces de firmar un acta desde hace dos semanas”, expresó Castillo. Asimismo, convocó a una asamblea universitaria el próximo 21 de mayo.
Carlos Suárez, presidente del Sindicato Obrero de la UCV y de los sindicatos no federados a nivel nacional, aseguró que el paro fue un éxito. Las 11 facultades de la Universidad Central de Venezuela se sumaron a la convocatoria de este martes, al igual que 20 universidades públicas. Sin embargo, un video en X de Tal Cual mostró cómo varios profesores de la Facultad de Ingeniería continuaron dando clases.
#Ahora | 10:20 a.m. Durante un recorrio por la Universidad Central de Venezuela se observó poca afluencia de personas y estudiantes.
Aunque el presidente de la APUCV, afirma que todos los profesores de la UCV acataron el paro, hay profesores que están dando clases, como por… pic.twitter.com/ywPVHIA0Jk
El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Afonso, insistió en que el gremio docente está cansado de la política de bonificaciones impuesta por el Ejecutivo. Por otro lado, confesó que la paralización podría extenderse si no reciben una respuesta efectiva a sus peticiones. “Estamos en conflicto. El Gobierno sabe lo que significa conflicto: paralizaciones, asambleas, acciones de calle. Todo eso está contemplado a nivel nacional”, aseguró el presidente de la Apucv. También subrayó que el 80 % de la actividad científica se produce en las universidades, las cuales se verán afectadas si la paralización se prolonga.
“Hoy es un llamado de atención. Esperamos que respondan; de no hacerlo, estas medidas se profundizarán”, declaró el presidente de la Apucv.
Afonso condenó los hechos violentos cometidos contra los estudiantes durante la protesta por la liberación de presos políticos del día lunes.
También, exhortó a la comunidad universitaria, al movimiento estudiantil, a los sectores laborales y a la sociedad civil a participar en la asamblea intergremial pautada para el miércoles 27 de mayo en la Sala de Conciertos de la UCV. Esta asamblea se realizará a nivel nacional, según aseveró Afonso.
#19May 📹 | José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), asegura que de no recibir respuesta del Gobierno nacional sobre mejoras salarias, el gremio “profundizará” las medidas de presión laboral.#elucevista#apucvpic.twitter.com/TjssgMv4uD
— El Ucevista – Noticias (@elucevista_) May 19, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
