Bajo un cielo nublado y un pronóstico de lluvia, la tarde de este miércoles, 20 de mayo, el asfalto de La Castellana, en el municipio Chacao, recuperó sus colores vivos con el tradicional repintado de la ciclovía arcoíris.
La organización PP Foundation y la Embajada del Reino de los Países Bajos coordinaron esta actividad pública a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (Idahobit, por sus siglas en inglés), una efeméride global que se conmemora cada 17 de mayo.
Con esta acción urbana, activistas y organizadores buscaron visibilizar la discriminación que sufre la comunidad LGBTIQ+ y exigir la defensa de sus derechos humanos en el país.
Personas de la sociedad civil pintan la ciclovía de La Castellana / Foto: Andrea González
La jornada congregó a un frente de la sociedad civil venezolana y el cuerpo diplomático acreditado en el país, incluyendo a representantes de las embajadas del Reino Unido, Japón, Italia, México, Portugal, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De manera simultánea a la pintura de la vía, el equipo del proyecto VIHvos y VIHsibles de PP Foundation desplegó una jornada asistencial de salud sexual realizando pruebas gratuitas de despistaje de VIH y sífilis, distribuyendo material educativo sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) y entregando kits de prevención combinada con preservativos y lubricantes.
Miembros del equipo del proyecto VIHvos y VIHsibles de PP Foundation / Foto: Andrea González
La educación comunitaria y las expresiones artísticas también ocuparon un lugar protagónico durante el encuentro. Los organizadores diseñaron una ruleta interactiva para responder dudas y sensibilizar a los asistentes sobre orientación sexual, identidad de género y derechos fundamentales de la población diversa.
Asimismo, integrantes de la subcultura del ballroom, movimiento artístico creado por las comunidades LGBTIQ+ afroamericanas y latinas en Nueva York durante la década de los 70, ofrecieron una demostración de baile y expresión corporal, que transformó la calle en un espacio de celebración, diversidad y apropiación del espacio público caraqueño.
Miembros de ballroom / Foto: Andrea González
“Cada trazo de pintura simboliza una causa de libertad”
La embajadora del Reino de los Países Bajos en Venezuela, Carmen Gonsalves, resaltó el vigor de los defensores de derechos humanos en el país al alcanzar la quinta edición de esta iniciativa. Además, agradeció la presencia de delegaciones diplomáticas de la Unión Europea, México, Italia, Japón, el Reino Unido y Portugal, así como de los representantes de la ONU y de la comunidad internacional.
La diplomática enmarcó el evento dentro del panorama internacional y recordó el deber global de proteger la libre identidad de todas las personas, tras señalar que en el mundo todavía existe “mucha discriminación y falta de respeto”. La embajadora recordó que en más de 60 países la homosexualidad sigue siendo criminalizada.
Carmen Gonsalves, embajadora del Reino de los Países Bajos en Venezuela / Foto: Andrea González
“Las personas no pueden vivir su vida amorosa ni su identidad de género libremente en muchos lugares del mundo. Eso es una locura que tenemos que combatir, porque es nuestro deber asegurar que este mundo sea diverso, respetuoso, inclusivo y con libertad para todos y todas”, señaló Gonsalves.
La embajadora concluyó reafirmando que la Embajada mantendrá su portafolio de cooperación activo para respaldar de forma constante el trabajo de los activistas. “Esta ciclovía arcoíris no es solamente algo fortuito. Cada trazo de pintura que se está poniendo aquí simboliza y visibiliza una causa muy, muy importante: la causa de la libertad. La libertad de amar a quienes queremos y la libertad de ser quienes queremos ser”, expresó.
María Antonia Calvo Puerta, jefa de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela / Foto: Andrea González
La visibilidad como acto de resistencia
Lya Ortiz, vicepresidente de PP Foundation y coordinadora MEAL del proyecto VIHvos y VIHsibles, reivindicó la importancia de la presencia activa de las organizaciones sociales en las calles venezolanas, describiendo el evento como un acto de permanencia y resistencia. “Es importante para nosotros como sociedad civil poder seguir existiendo y seguir conquistando los espacios públicos”, declaró Ortiz a Runrun.es.
Ortiz también alertó sobre los riesgos que aún corren las personas LGBTIQ+ en el territorio nacional e invitó a la colectividad a informarse para combatir la intolerancia: “Han sido, lamentablemente, reducidos [los espacios públicos], y el estar aquí todos, no solamente para mostrar nuestra cultura, sino para que la gente entienda que existimos y que nosotros tenemos derechos, al igual que todas las personas por igual, es muy importante para nosotros”.
La invitación que hace la activista es a seguir apoyando esa lucha por la no discriminación en contra de todas las formas, recordando que aún siguen existiendo “crímenes de odio” en Venezuela.
Activistas asistieron al repintado de la ciclovía de La Castellana / Foto: Andrea González
Una agenda de derechos postergada
A pesar de las constantes exigencias de la sociedad civil organizada, Venezuela se mantiene como uno de los más rezagados de la región en materia de igualdad legal y reconocimiento de derechos fundamentales para la población sexodiversa.
En la actualidad, el ordenamiento jurídico venezolano no contempla ninguna figura de unión civil ni matrimonio igualitario para parejas homosexuales. Esta carencia institucional deja a miles de familias diversas en un estado de absoluta desprotección jurídica, impidiéndoles acceder a derechos patrimoniales, sucesorios, habitacionales o de decisiones médicas conjuntas.
Activistas y miembros de la sociedad civil pintan la ciclovía de La Castellana / Foto: Andrea González
La situación resulta especialmente crítica para la población trans en el país. Aunque el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil (vigente desde 2009) faculta a cualquier persona a modificar su nombre propio si este afecta su reputación o no se corresponde con su género, y a pesar de la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratifica la viabilidad de esta norma, el Estado venezolano sigue sin habilitar el procedimiento.
En la práctica, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impide que las personas trans obtengan documentos de identidad que coincidan con su identidad de género, lo que perpetúa su exclusión y dificulta su libre acceso a la educación, la salud y el empleo formal.
Vestimenta con un mensaje contra la homofobia / Foto: Andrea González
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Familiares de presos políticos marcharon este miércoles 20 de mayo para exigir la destitución del ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa. En una movilización que comenzó en Plaza Venezuela, las personas se dirigieron primero a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en rechazo a las muertes bajo custodia del Estado.
Bajo la consigna “Ni un muerto más” y con una enorme urna negra que contenía los nombres de los fallecidos bajo custodia, los familiares se dirigieron luego hasta la entrada del Ministerio del Servicio Penitenciario para exigir la destitución inmediata del actual ministro. Muchos de los presentes llevaban cubiertas sus bocas con cinta negra en forma de “X”, como forma de protesta.
Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, junto al resto de familiares presentes, entregó un documento al Servicio Penitenciario en el que exigen condiciones de reclusión dignas, atención médica urgente, entre otras peticiones. Baduel ha denunciado en diversas oportunidades el precario estado de salud de su hermano y cómo no ha recibido más que negativas por parte de las autoridades.
Baduel aseguró que esta sería la cuarta vez que se dirigen al ministerio para alertar sobre cómo las condiciones de reclusión y la falta de atención médica pueden acabar con la vida de los detenidos. Según relató, fueron atendidos por el director del Departamento de la Familia, quien negó que los presos políticos se encuentren recluidos en condiciones inhumanas o que sean víctimas de tortura.
“Hoy, lamentablemente, el tiempo nos da la razón. Se suma un preso político más a la larga lista de muertos bajo custodia del Estado”, declaró. Con el reciente deceso, ya son 27 personas fallecidas bajo la supervisión del Estado, afirmó Baduel.
“Desde octubre de 2024 estuvimos aquí como colectivo denunciando que en el Rodeo, I el DGCIM utilizaba al SESMA para torturar y delinquir, y el ministro no hizo nada diferente para que eso cambiara”, aseveró.
Familiares de los presos políticos entregarán un documento en el Ministerio para el Servicio Penitenciario, en el cual exigen la destitución del ministro Julio García Zerpa. Otras peticiones son condiciones de reclusión dignas, atención médica urgente, entre otras.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026
Un minuto de silencio por los caídos
El Servicio de Seguridad y Custodia del Estado Mayor (SESMA) es un órgano del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Baduel ratificó la exigencia de los familiares de una investigación independiente del actual ministro.
“Si tiene un poquito de respeto por sí mismo y compasión por las víctimas, lo más sensato que puede hacer es renunciar”, expresó.
Los familiares de los detenidos realizaron una parada simbólica en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en memoria del fallecido concejal Fernando Albán, que murió bajo custodia en esa estructura. Funcionarios intentaron impedir la permanencia de los familiares en el sitio; no obstante, las personas realizaron el minuto de silencio en memoria de los fallecidos.
Familiares de los presos políticos se concentran en Plaza Venezuela para movilizarse en silencio hasta la sede del @mppsp_vzla, en rechazo a las muertes bajo custodia. pic.twitter.com/OKuM9HFCZS
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026
Principios constitucionales que no se cumplen
El artículo 43 de la Constituciónvenezolana establece que el derecho a la vida es inviolable y que el Estado deberá proteger la vida de las personas privadas de libertad. Por otro lado, el artículo 272 estipula que el sistema penitenciario debe garantizar el respeto por los derechos humanos, principios constitucionales que no se están cumpliendo, como en el caso de Víctor Hugo Quero y otros presos que han muerto bajo supervisión de las autoridades.
Andreina Baduel recordó que existen 42 privados de libertad en condiciones críticas de salud. Respecto al anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre las 300 excarcelaciones, indicó que “no es la primera vez que hacen promesas”. Por su parte, exigió que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a los centros de detención.
Gestión que “maquilla” y manipula comunicacionalmente”
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) también exigió en un comunicado este 20 de mayo la destitución de Julio García Zerpa, y lo señaló de “encubrir la grave crisis” del sistema carcelario, mediante una “gestión que prioriza el maquillaje y la manipulación comunicacional”.
La ONG denunció una vulneración sistemática a los derechos humanos, tras documentar al menos 17 muertes en distintos penales del país en un lapso menor a un mes.
La organización destacó tres casos recientes que evidencian la indolencia estatal. El primero fue el manejo de la masacre en el Centro Penitenciario Yare III en abril, donde fueron asesinados cinco reclusos. Según el OVP, el Ministerio intentó reducir los hechos a un motín entre bandas, minimizó la gravedad de la violencia, ocultó balance de heridos e ignoró la angustia de los familiares mediante un “profundo silencio institucional”.
Asimismo, la ONG condenó la actuación de García Zerpa ante la muerte del preso político Víctor Quero Navas en el Internado Judicial Rodeo I. El OVP desmintió la versión oficial que afirmaba que el recluso no había recibido visitas y recordó que su madre acudió reiteradamente al penal solicitando información sin éxito. Para la organización, este caso demuestra que la asistencia médica en las cárceles venezolanas es “inexistente o discrecional” y representa el “fracaso absoluto del deber de custodia del Estado”.
Finalmente, el OVP repudió el uso no consensuado de la imagen de la presa política Emirlendris Benítez para una campaña oficial por el Día de la Familia. La ONG calificó de “cinismo” y “violencia institucional” que se utilice como rostro de unión familiar a una mujer que ha sido víctima de torturas, aislada de su entorno y con la salud quebrantada.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Luego de la abrumadora frustración generada el pasado primero de mayo entre los diferentes sectores de los trabajadores, ante el desafortunado documento firmado por la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales el 30 de abril —cuyo contenido sepultó aun más el salario, sustituido como política de Estado bajo el concepto de ingreso—, se vislumbra un escenario de movilizaciones y de confrontación sociolaboral.
Cuando el panorama político se transformó en los albores de 2026 con la abrupta salida del exmandatario Maduro —hoy prisionero en una cárcel de Brooklyn, Nueva York—, se generaron en el país expectativas de cambio político, económico y social. Sin embargo, transcurridos casi cinco meses, estas permanecen como asignaturas pendientes ante el pronunciado deterioro de las condiciones de vida de la población.
Si nos centramos en el contexto sociolaboral, se ha pretendido normalizar la percepción de que los trabajadores solo aspiran a un salario equivalente a la canasta básica alimentaria. Sin embargo, en realidad las exigencias de los sindicatos, gremios, federaciones y centrales sindicales se extienden también al restablecimiento de los convenios colectivos y de los diferentes componentes del sistema de relaciones de trabajo —ante el pésimo servicio de las inspectorías y tribunales del trabajo. También se aspira a la construcción de un sistema de seguridad social integral que dote al trabajador, al pensionado y al jubilado de asistencia médica y pensiones dignas.
La respuesta de los diferentes actores laborales durante el presente año es diversa, como destacaré a continuación.
La posición del Gobierno
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró el 23 de febrero que la denominada «Constituyente laboral» garantizará los derechos y beneficios de los trabajadores venezolanos. Esto ocurrió luego de encabezar una reunión de revisión sobre los avances del proceso, en la que informó que se evaluó el desarrollo de esta instancia y reiteró que su objetivo central es «fortalecer la protección social» de la clase trabajadora. La llamada Constituyente laboral comenzó formalmente el 15 de diciembre de 2025 con la realización del Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera.
Por otra parte, el 23 de abril el diputado opositor Luis Augusto Romero anunció que el Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, prevé debatir una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, en medio de crecientes protestas por el deterioro del salario mínimo, equivalente hoy a veintisiete centavos de dólar al mes, según la tasa oficial. «Vienen nuevos debates. Tendremos que debatir la Ley Orgánica del Trabajo. […] Ese debate vendrá, y toda una serie de reformas paulatinas que el país requiere», afirmó.
El Consejo Administrativo de la OIT
En ese contexto cabe señalar las declaraciones del 11 de marzo del integrante del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, quien propuso una nueva dinámica para el cobro de prestaciones sociales. En la entrevista destacó que no es justo que leyes como la de inamovilidad laboral protejan a un «mal trabajador», y planteó la desconexión entre los beneficios legales y el establecimiento de un sistema temporal o provisional que permita al trabajador decidir si acumula o no las prestaciones sociales, con el fin de flexibilizar su cobro.
Posición de Fedecámaras
Asimismo, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) planteó el 12 de mayo la necesidad de actualizar la Ley Orgánica del Trabajo para incluir nuevas dinámicas laborales. Por medio de su vicepresidenta, Tiziana Polesel, señaló que «el debate en torno a la normativa no debe enfocarse solamente en los salarios y en las prestaciones sociales, sino también en la inclusión de otras modalidades como el teletrabajo y las contrataciones por horas».
El movimiento sindical: movilización callejera
Por el lado del movimiento sindical, el 15 de abril el Encuentro Nacional de Trabajadores —en el que participaron las principales centrales y gremios del país— concretó una alianza estratégica para exigir ingresos dignos. Más de 300 dirigentes provenientes de 19 estados acordaron una hoja de ruta que prioriza la movilización callejera como mecanismo de presión inmediata.
En esta alianza sin precedentes participaron representantes de las centrales CTV, CUTV, ASI, UNETE, CGT y CODESA, la Federación Venezolana de Maestros, el Colegio de Enfermería de Caracas, los trabajadores universitarios y las federaciones de jubilados; todos acordaron «la defensa del salario como parte de la lucha por las libertades democráticas en el país».
Esta articulación busca poner fin a la bonificación de la economía y rescatar la dignidad de quienes sostienen el aparato productivo nacional. Es evidente que la firma del documento de la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales del 30 de abril, suscrita en nombre de los trabajadores por representantes de ASI y CTV, constituye una ruptura alevosa con el acuerdo del Encuentro Nacional de Trabajadores.
La AN sin legitimidad para discutir la reforma de la LOTTT
También en el ámbito sindical cabe señalar la contradictoria y confusa convocatoria de una agrupación denominada «La Coalición Sindical Nacional de Trabajadores», que organizó una movilización pacífica el 2 de mayo hacia la embajada de Estados Unidos en Caracas para «exigir salarios dignos, pensiones justas, libertad sindical, liberación de presos políticos y el cese de la represión laboral» ante un gobierno extranjero.
Por lo expuesto, abordar las aspiraciones sociolaborales señaladas implica promover espacios que convoquen al liderazgo legítimo actual del país. Esa tarea no puede ser encomendada a la actual Asamblea Nacional, pues este organismo no refleja el verdadero país político y social de hoy. Reformar la Ley Orgánica del Trabajo —normativa que es la segunda en importancia después de la Constitución Nacional— es tarea del nuevo Estado de derecho que surja de elecciones generales que legitimen a todos los poderes públicos.
Ahora bien, esto no implica paralizarnos. Todos estos enunciados apuntan a que se trata de un asunto esencial para la sociedad venezolana, que debe atenderse de inmediato y con urgencia.
Se requiere la conformación de un espacio de amplia convocatoria y sin exclusiones para abordar los temas señalados en el ámbito de las relaciones de trabajo; un espacio sin cortapisas ni prejuicios que permita alcanzar un acuerdo transitorio orientado a la concreción de políticas públicas de emergencia que doten de poder adquisitivo y de seguridad social integral a un país que sobrevive en medio de la ruina y la precariedad.
Defensores de derechos humanos se pronunciaron ante el anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez en el que informaba que en las próximas horas serían liberados 300 presos políticos.
Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijo en entrevista con el periodista Román Lozinski que el anuncio “es insuficiente”, ya que sus registros contabilizan un total de 654 presos políticos.
“Hay que insistir en que el registro de nuestra organización es de 654 presos políticos, son muchos más que los anunciados ayer. Las exigencias de todas las organizaciones defensoras de derechos humanos es que todos los presos políticos deben ser liberados de forma plena e inmediata”, dijo Tineo.
La coordinadora de JEP enfatizó que las excarcelaciones actuales mantienen judicializadas a todas las personas enfrentando cargos muy graves y con violaciones al debido proceso, por lo que pide liberaciones plenas.
Martha Tineo coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón @JEPvzla: el anuncio es insuficiente, ya que sus registros contabilizan un total de 654 presos políticos. La exigencia es la liberación plena e inmediata de todos https://t.co/Ck42BWfCYWpic.twitter.com/4To9P4fjwE
Por su parte, el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, espera que el anuncio de Rodríguez no se limite a números discrecionales, sino que incorpore a todos los presos políticos que al día de hoy superan las 400 personas.
A través de un video difundido en X, Romero aclaró que la liberación de presos políticos “no se trata de gestos”, sino de una obligación del Estado de básicamente respetar el Estado de Derecho.
El defensor de derechos humanos mencionó el caso del general Antonio Lozada, quien lleva más de nueve años detenido sin juicio y sin condena y padeciendo graves problemas de salud.
“Esperemos que realmente esto no sea simplemente gestos y retórica, sino que se trabaja en el fondo, que es lo que queremos los venezolanos, para lograr una verdadera paz social, un verdadero Estado de Derecho y un verdadero camino hacia la democracia”, dijo Romero.
“La libertad no es un gesto. La libertad es un derecho.”
La ONG Laboratorio de Paz también se pronunció por las declaraciones de Jorge Rodríguez y resaltó que la “la libertad no es un gesto” sino un derecho”.
La ONG recordó que Rodríguez, hace más de tres meses, ya había prometido que “todos” los presos políticos serían liberados y que hoy cientos de personas siguen detenidas arbitrariamente.
“Ninguna familia debería agradecer el fin de una injusticia. La reciente muerte de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero —fallecido bajo custodia del Estado— evidencia el profundo dolor y desgaste que viven cientos de familias venezolanas”, se lee en el post de la organización.
“La libertad no es un gesto. La libertad es un derecho.” 🕊️
Este 19 de mayo, Jorge Rodríguez volvió a prometer excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Pero hace más de tres meses ya había prometido que “todos” serían liberados. Hoy cientos de personas siguen detenidas…
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Defensores de derechos humanos rechazaron las declaraciones en las que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, acusó públicamente a Samanta Hernández -una adolescente recientemente excarcelada y a quien detuvieron en noviembre por ser hermana de un militar exiliado- de portar explosivos.
“Entre el día de ayer-martes- y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad. Algunas, incursas en delitos demostrados, pero por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología, se está cumpliendo con un proceso de darle beneficio a esas personas. Entre ellos los policías metropolitanos y la muchacha de 16 años que llevaba los explosivos para volar la Plaza Venezuela y la de la Victoria, beneficios porque es menor de edad”, expresó Rodríguez en una sesión de la AN en la que anunció nuevas excarcelaciones.
Sus declaraciones generaron el rechazo inmediato de defensores de derechos humanos, quienes advierten que estas afirmaciones violan el debido proceso, la presunción de inocencia y configuran un acto de revictimización.
ÚLTIMA HORA | Jorge Rodríguez anuncia que serán liberados 300 presos políticos en las próximas horas, incluidos los Policías Metropolitanos de 2002 https://t.co/TR3DG1JKgDpic.twitter.com/FZKdVEPjdM
El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, reprochó el uso del debate público para condenar a una menor de edad. Trapani recordó que, en un Estado de derecho, la responsabilidad penal no se establece mediante declaraciones de funcionarios, sino en el marco de un proceso judicial, y enfatizó que es inaceptable hacer señalamientos de este tipo antes de que exista una sentencia firme.
En una publicación en su cuenta en X, subrayó que afirmar una acusación como un hecho probado debilita severamente las garantías constitucionales, con el agravante de que, al tratarse de una adolescente, está protegida por leyes especiales.
El coordinador de Cecodap instó a las autoridades a respetar el cauce legal: “Vale la pena leer la acusación, revisar qué hechos están efectivamente acreditados y permitir que sea el tribunal —y no el debate público— quien determine responsabilidades conforme a la prueba y al derecho“.
Por su parte, el sociólogo y director de Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, declaró a Runrun.es que la exposición pública de la adolescente viola los artículos 49 (debido proceso) y 60 (derecho al honor) de la Constitución. Además, transgrede principios fundamentales de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), como el interés superior del niño (Art. 8), el derecho al buen trato sin revictimización (Art. 32) y el derecho a la reputación e imagen (Art. 65), así como los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, que exigen evitar exposiciones públicas que puedan estigmatizar o afectar el desarrollo y dignidad de menores de edad.
Las excarcelaciones no son una medida de gracia
En otro extracto polémico de su declaración ante la AN el pasado 19 de mayo, Rodríguez instó a quienes serían excarcelados a que supieran “apreciar el gesto”, como si se tratara de una condescendencia del Estado.
Trapani desmintió la narrativa oficial que califica la excarcelación como un “beneficio” o un acto de gracia gubernamental, específicamente en el caso de la adolescente Samantha Hernández: “Responde al reconocimiento de garantías previstas en la Lopnna frente a los límites de la privación preventiva de libertad cuando transcurre un tiempo prolongado sin decisión en la fase de juicio”, aclaró el especialista.
Por su parte, el sociólogo y director de Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, advirtió que en las recientes excarcelaciones no existe un reconocimiento de la responsabilidad del Estado sobre las graves violaciones a los derechos humanos.
“Se sigue considerando a las personas como ‘delincuentes’ que han recibido la indulgencia de las autoridades. Esto hace que estas excarcelaciones sean hechos aislados, y no parte de una política integral de reconciliación”, explicó Uzcátegui.
Concluyó afirmando que la excarcelación no puede convertirse en un acto de “gracia” acompañado de estigmatización pública: “Si el Estado libera pero al mismo tiempo expone, acusa y revictimiza, la medida pierde su sentido reparador”.
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El Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) rechazó que la ministra de Educación Superior Ana María Sanjuan, responsabilice a las universidades por la exclusión de más de 80% del profesorado en el pago del Bono de Responsabilidad Académica.
A través de un comunicado , el vicerrectorado consideró como un “irrespeto” el pretender endosar a las distintas universidades del país un error que es responsabilidad del ministerio.
El comunicado señala que es un error de quienes de “manera inconsulta y unilateralmente realizaron el pago de un bono de responsabilidad profesional sin precisas los criterios para el mismo y sin establecer los enlaces técnicos correspondientes con los equipos de nóminas de las distintas instituciones”.
El Vicerrectorado Administrativo afirmó que la UCV está en capacidad de contribuir a la corrección de dicho pago a la brevedad posible, por lo que sugirieron una reunión técnica y administrativa en el menor tiempo posible.
#Comunicado | El Vicerrectorado Administrativo de la UCV (@vraducv) fijó posición pública ante el comunicado emitido por el Ministerio para la Educación Universitaria, tildando el documento de “irrespeto de dimensiones incalculables”.#elucevista#ucvpic.twitter.com/C0iLOD3oDD
— El Ucevista – Noticias (@elucevista_) May 20, 2026
Este miércoles, el Ministerio de Educación Superior publicó un comunicado en el que informa a la comunidad académica que, hasta la fecha, supuestamente no habían recibido de ninguna institución universitaria del país la información consolidada de los departamentos de nómina, acerca del personal que afirma no haber percibido el Bono de Responsabilidad Académica.
“Sin recibir dicha carga de datos por parte de las universidades, este Ministerio no puede hacerse responsable por los retrasos o la falta de pago en casos individuales. La gestión y consolidación de estas nóminas es competencia estricta de cada casa de estudios“, se lee en el texto.
Este martes 19 de mayo se llevó a cabo un paro nacional de 24 horas, acatado por 20 universidades públicas del país. El paro representó una medida de protesta por el pago incompleto del Bono de Responsabilidad Profesional, recibido solo por el 25 % del personal docente.
El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Afonso, insistió en que el gremio docente está cansado de la política de bonificaciones impuesta por el Ejecutivo.
Por otro lado, confesó que la paralización podría extenderse si no reciben una respuesta efectiva a sus peticiones. “Estamos en conflicto. El Gobierno sabe lo que significa conflicto: paralizaciones, asambleas, acciones de calle. Todo eso está contemplado a nivel nacional”, aseguró el presidente de la Apucv.
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El gendarme argentino Nahuel Gallo denunció este miércoles, 20 de mayo, a Alexander Martínez y Carlos Rincones Serven, directivos del Internado Judicial El Rodeo I, a quienes señala como los presuntos responsables de torturas y aislamiento contra presos políticos.
A través de una publicación difundida en la red social X, Gallo identificó a los funcionarios, conocidos presuntamente bajo los alias de “Pater” y “Tiburón”, como las autoridades a cargo del control y funcionamiento del penal durante el periodo comprendido entre 2024 y 2026.
“Durante los años 2024, 2025 y 2026 fueron responsables del control y funcionamiento de un lugar que para muchos detenidos se convirtió en un verdadero centro de tortura y sufrimiento en Venezuela”, afirmó Gallo en su escrito.
Gallo, que fue liberado el pasado 1 de marzo de este año, expuso las circunstancias a las que eran sometidas las personas privadas de libertad por motivos políticos bajo dicha administración de estos directivos. Según su testimonio, el centro penitenciario operaba bajo dinámicas de aislamiento severo y agresiones constantes.
“Allí se vivieron amenazas, falsas promesas, maltratos psicológicos y físicos, humillaciones constantes y un trato cruel hacia quienes estaban en cautiverio. Mientras muchos sufrían dolor, incertidumbre y desesperación, ellos actuaban con total indiferencia, llegando incluso a burlarse de los detenidos”, denunció Gallo.
En su denuncia, también enfatiza el impacto a largo plazo que sufren los sobrevivientes de este recinto penitenciario. Vinculó de manera directa las patologías de salud mental actuales de las víctimas con las experiencias vividas en El Rodeo I.
“Los daños psicológicos que hoy cargamos quienes sobrevivimos al cautiverio en Rodeo I son consecuencia de todo lo vivido dentro de ese penal”, puntualizó.
Estos son Alexander Martínez y Carlos Rincones Serven, conocidos dentro del penal Rodeo I con los seudónimos “Pater” y “Tiburón”. Durante los años 2024, 2025 y 2026 fueron responsables del control y funcionamiento de un lugar que para muchos detenidos se convirtió en un verdadero… pic.twitter.com/K1Y9hGOOUv
A las denuncias de Gallo se le suman las restricciones para la verificación de la situación interna del penal. La periodista Maryorin Méndez reportó impedimentos para el ingreso de funcionarios de la Defensoría. “Tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo se retiran de El Rodeo sin que se les permita ingresar”.
Asimismo, la comunicadora indicó que los allegados de las personas recluidas señalaron la negativa de las autoridades para atender las solicitudes de información. Aseguraron que “el director Alexander Martínez, recientemente ascendido a coronel, no los quiso recibir”.
#ATENCIÓN Tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo se retiran de El Rodeo sin que se les permita ingresar. Familiares aseguran que el director Alexander Martínez, recientemente ascendido a coronel, no los quiso recibir.
— Maryorin Méndez 🖋️ (@maryorinmendez) May 20, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Del sufrimiento y la resiliencia, a un plan de acción para avanzar. En alianza con más de 15 organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional organizó una Jornada de Derechos Humanos para construir una agenda de cara a la reparación y recuperación progresiva de las libertades civiles y la seguridad jurídica de las y los venezolanos
El encuentro de dos días en Caracas, que reunió activistas, defensores, académicos y líderes sociales, sirvió para ofrecer un diagnóstico sobre la libertad de expresión, la libertad personal y las condiciones de vida en Venezuela, así como sobre la realidad de la diáspora. Especialmente, buscó trazar una ruta sobre las medidas y políticas públicas más urgentes ante una posible transición a la democracia.
Muchas propuestas coincidieron en la necesidad de reinstitucionalizar el país, reformar el Estado, cumplir las leyes vigentes y revisar aquellas normativas obsoletas, o que el poder político actual instrumentaliza en contra de la disidencia.
El derecho a una vida digna
Ante la expectativa de una recuperación económica en el país, se expuso que garantizar una vida digna implica mejorar en el corto plazo el poder adquisitivo de la ciudadanía y garantizar a toda la población, incluyendo los pueblos indígenas, acceso a servicios básicos de calidad, como la salud y la educación.
Hubo tensiones entre la vocería sobre las posibilidades reales del Estado y las empresas para aumentar salarios pronto, y el desgaste de los trabajadores y sus familias durante años de crisis, a la espera de un mejor escenario.
El economista Asdrubal Oliveros enumeró tres acciones que considera necesarias: auditar los ingresos y gastos del Estado, eliminar partidas innecesarias para reasignar esos recursos a la inversión social y, bajo esa reconfiguración, aumentar progresivamente los ingresos de la población.
Por su parte, José Patines, miembro de la Coalición Sindical, insistió en la necesidad de mantener la presión en las calles para exigir a quienes hoy gobiernan el país, bajo el tutelaje de los Estados Unidos, que garanticen condiciones salariales justas. Anunció que realizarán asambleas en distintas regiones para coordinar acciones de protesta.
La presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, planteó que se debe continuar exigiendo a los actores del Estado venezolano para que se aboquen a la reconstrucción de la infraestructura hospitalaria, escuelas, y a la reconstrucción del sistema de seguridad social.
Como el país no es solo Caracas, José David González, coordinador del Comité de DDHH de la Guajira, recalcó que se debe formar a los pueblos indígenas, a sus líderes y lideresas, en temas de exigibilidad. Destacó la necesidad de que se hagan cumplir las leyes para que sea efectiva su participación en las decisiones, así como que se respeten sus costumbres y de garantizar la protección de sus territorios.
#18May En la apertura de la Jornada de DDHH organizada por Amnistía Internacional en Caracas, hubo un minuto de silencio por Carmen Teresa Navas. Andreína Baduel, del @clippve, expresó: "La señora Carmen representa el calvario que vivimos las familias de los perseguidos" pic.twitter.com/JwGqynFene
Ante un contexto de inseguridad jurídica en Venezuela, detenciones arbitrarias, desviaciones del sistema de justicia y personas procesadas por motivos políticos, se destacó la necesidad de rescatar la meritocracia y la independencia de poderes.
La secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Magaly Vásquez, expresó quemás que las leyes se debe sustituir a los operadores del sistema de justicia actual, y que los nuevos sean seleccionados a través de criterios técnicos.
Propuso implementar mecanismos de justicia transicional y conformar comisiones de la verdad con participación de las víctimas, para la reparación y no repetición de estas violaciones de derechos humanos. Añadió que es indispensable que exista una rendición de cuentas y generación de estadísticas por parte del sistema de justicia. Consideró que la academia debe trabajar en superar el miedo, debido a la represión de los últimos años, y contribuir con pronunciamientos oportunos.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Santa María, Joel García, resumió que se debe aplicar la Constitución, abrir concursos de oposición públicos y despolitizar la forma de ingreso a la carrera judicial en el país. También recalcó que se debe separar, orgánica y presupuestariamente, los cuerpos forenses y de criminalística de los organismos policiales.
Por su parte, el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, planteó reformar la reciente Ley de Amnistía para que verdaderamente funcione o se aplique como debería, y cumpla con su propósito. Hizo un llamado además a que se respete el conocimiento y la academia.
Preservar la libertad de expresión
En un escenario de restricciones a la libertad de expresión, censura, cierre de medios y leyes represivas, así como la persecución contra quienes informan en el país, se insistió en la necesidad de garantizar la protección a este derecho dentro y fuera del país.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, mencionó entre las acciones inmediatas que se puedan aplicar el desbloqueo de los medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos por parte de los principales proveedores de Internet en el país. También, hizo un llamado a la derogación de la Ley contra el Odio.
La secretaria del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Delvalle Canelón, insistió en que se debe garantizar el acceso a la información pública y el acceso a las fuentes oficiales.
Mientras que el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, propuso la ejecución de un plan integral de reparación para periodistas, así como la creación de una Ley Orgánica para periodistas y trabajadores de la prensa similar al formato de la Unesco.
Los derechos de la diáspora
Durante la jornada también se dedicó un espacio para hablar de la diáspora, de sus necesidades en los países de acogida y de cómo pueden mantener el vínculo con el país, aún a kilómetros de distancia. El panel expuso que se les debe garantizar su derecho al voto, el acceso a la identidad y su documentación. Se propuso asimismo reformar los servicios consulares y consolidar representaciones políticas en el extranjero.
El politólogo Ismael Pérez Vigil consideró que hay que reformar la legislación electoral actual que limita el voto de la diáspora, específicamente el artículo 124 de la Lopre, que supedita el derecho al voto a la “residencia legal” en el país de acogida, lo cual es considerado una discriminación inconstitucional. Explicó que esto podría hacerse tanto por una sentencia del TSJ que modifique la ley, a través de la Asamblea Nacional o vía la modificación del reglamento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El especialista insistió en que se debe abrir el registro electoral en el extrajero, bien sea a través de las embajadas y consulados o un proyecto telemático. También, opinó que se debe hacer un trabajo pedagógico de “convencer y enseñar a esos 11 millones de venezolanos en el exterior menores de 30 años que no conocen la democracia de forma directa qué es y por qué vale la pena rescatarla”.
Carlos Carrasco, del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco-UCV), propuso a la sociedad civil emprender una labor pedagógica, pero para combatir narrativas que nos dividen. En este contexto, es importante hacer entender que las personas que emigraron no perdieron derechos ni abandonaron la lucha, que también dan a conocer lo que pasa en el país y que pueden formar parte de lo que viene para el futuro. Esto implica reconocer que la diáspora es parte de la memoria histórica y hay una tarea pendiente: que no pierdan el vínculo.
Carlos Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, llamó a la organización y movilización de los connacionales en el extranjero, para documentar sus carencias actuales y sus propuestas. En esto coincidió Marysabel Rodríguez, de la CDH-UCAB y la ONG Espacio Público. Dijo que es necesario integrar las demandas para que migrantes y refugiados tengan mejores garantías en el ejercicio de sus derechos, vuelvan o no al país.
Sin seguridad jurídica no hay paraíso
“Lo peor que le puede pasar a un ciudadano venezolano es encontrarse con el Estado. Desde un portero de un Ministerio hasta un juez ejercen poder sobre el vulnerable en Venezuela, a dos cuadras de aquí había una alcabala con funcionarios policiales que actúan con absoluta discrecionalidad”, dijo Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
Daniels fue ponente en el segundo día de las disertaciones, donde evaluó la seguridad jurídica junto a la profesora universitaria, Tamara Bechar; el coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado; el director de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani; el abogado en el área jurídica del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), Ronnie Boquier y el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Carlos Lusverti.
“Tenemos un daño antropológico, la sociedad hoy en día es menos democrática que hace 27 años. En las cosas cotidianas, como una alcabala policial, se ve que no hay seguridad jurídica. Extorsionar al pobre y vulnerable se ha convertido en una práctica recurrente”, añadió Daniels.
“Todos los ciudadanos en Venezuela estamos expuestos a ser sometidos a un proceso penal”, sentenció Bechar. “Como me dijo la mamá de Juan Pablo Pernalete (a quien mataron en las protestas antigubernamentales de 2017), ‘la justicia no prescribe pero los seres humanos sí, y yo quiero ver justicia para mi hijo’”, agregó la docente universitaria.
Para Trapani, cuando el derecho deja de funcionar en un Estado, el niño, niña y adolescente (NNA) es el primer afectado.
“Gracias a la labor de ONG y periodistas determinamos que había 220 adolescentes detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, eso fue un trabajo en conjunto, en derechos humanos la información y la unión es poder”, indicó Trapani.
Daniels precisó que desde el año 2021 en Venezuela hay 93 Gacetas Oficiales pérdidas. “Que no sabemos qué contienen”. Bechar añadió que desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en 1999, los venezolanos viven en una especie de Estado fallido.
“Pero el problema no es el COPP, es quienes lo ejecutan. Más de 80% de los jueces en Venezuela son provisorios, padecemos la politización del sistema judicial”, dijo la docente.
Bechar insistió en resaltar que en Venezuela no se respeta el principio de presunción de inocencia: “Más del 90% de los casos no se deciden y 80% no se denuncian, no hay nadie que esté exento de sufrir un tipo de extorsión en el sistema judicial”, acotó.
Procesar a los responsables y acompañar a las víctimas
A juicio de Marino Alvarado, el problema fundamental en Venezuela radica en la falta de voluntad política para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos, además de la impunidad. El coordinador de Provea considera que se debe reclamar a las autoridades locales que se identifique a los presuntos responsables de los crímenes que ha descrito en sus reportes la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
“La Misión se creó en 2019 para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos y violencia sexual, entonces es hora de exigirle al nuevo fiscal general, Larry Devoe, que indague”, dijo Alvarado.
Lusverti informó que la Misión recomendó la instalación de una comisión de investigación y el gobierno venezolano pidió hacerlo a través de un memorando confidencial “La pregunta que nos hacemos es ¿Por qué confidencial?”.
Por su parte, Boquier afirmó que de 30 sentencias con respecto a Venezuela que ha emitido el Sistema Interamericano de DDHH, una sola ha sido cumplida.
“Desde el Caracazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado con la mirada fija en Venezuela”, apuntó el abogado de Cofavic.
Alvarado destacó que el gobierno puede hacer gestos que impacten positivamente en la sociedad sin que les acarree costos políticos ni financieros. Entre estos, enumeró que el sistema penitenciario permita que la Cruz Rojas entre a las cárceles, liberar a todos los presos políticos, derogar leyes como las del Odio, Simón Bolívar y Antibloqueo, o permitir que en el Palacio de Justicia acepten los habeas corpus.
Para Bechar es perentorio reinstitucionalizar el Poder Judicial, reabrir las escuelas de fiscales, crear mecanismos de rendición de cuentas, procurar cooperación de instancias internacionales y fijar sueldos justos para funcionarios públicos.
“El punto de partida tiene que ser el acompañamiento a las víctimas”, puntualizó Trapani. Boquier lo secundó: las víctimas tienen que ser el centro de la discusión.
“La Ley de Amnistía lo que ha hecho es profundizar las heridas, no hay reconocimiento de responsabilidad en el Estado. En el caso de Victor Hugo Quero nunca se aplicó el protocolo de Minnesota, el Estado no atiende a las recomendaciones”, dijo el abogado de Cofavic.
El reinicio de una agenda colectiva
A juicio de Erika Guevara Rosas, directora senior global de investigación, campaña, incidencia y política de Amnistía Internacional, significa un paso importante para los defensores de derechos humanos en Venezuela quepuedan reunirse públicamente a exponer la realidad del país y hacer peticiones a organismos nacionales e internacionales, después de más de un año en el que muchos tuvieron que optar por bajar el perfil o, incluso, por el silencio.
“Aquí participaron personas que estuvieron detenidas solo por el hecho de defender sus derechos, hoy se encuentran excarceladas, no en libertad plena, sin embargo, eso nos parece un paso importante”, señaló Guevara.
“Este es el reinicio de una agenda colectiva en materia de derechos humanos, en el que hacemos un llamado tanto al Estado venezolano como a la comunidad internacional para que atiendan las recomendaciones de preservar la verdad y memoria de las voces de quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos”, opinó finalmente.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
