El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS denunciaron el allanamiento ilegal, los actos de extorsión y detención perpetrados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana vestidos de civiles en un local de entretenimiento LGBTIQ+ en Barquisimeto, estado Lara, ocurrido el sábado 30 de mayo de 2026.
A través de un comunicado, las organizaciones denunciaron que durante el incidente, los funcionarios acusaron a las personas de “ejercer el delito de la homosexualidad”.
“Este grave suceso no solo vulnera los derechos de los propietarios del establecimiento, sino que también criminaliza y somete a la humillación publica a al menos 33 hombres presentes exponiendo su orientación sexual a familiares y amigos”, se lee en el texto.
Las organizaciones alertaron que el hecho, más que un patrón, es una continuidad de la política de criminalización en contra de las personas LGBTIQ+ en Venezuela.
Las organizaciones exigieron a las autoridades con competencia una investigación inmediata y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables de esta agresión. “Estos actos arbitrarios y discriminatorios son inaceptables y profundizan la vulnerabilidad de nuestra comunidad ante la impunidad”, expresaron.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS, recordaron que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción.
El dirigente político Andrés Velásquez denunció este domingo 31 de mayo, que en Venezuela aún existen personas detenidas cuyo paradero se desconoce.
A través de su cuenta en X, Velásquez indicó que madres y familiares de presos desaparecidos los han tratado de ubicar desesperadamente, han exigido a los organismos información, pero no han obtenido respuestas.
El dirigente de oposición cuestionó la actuación del fiscal Larry Devoe y rechazó que no haya iniciado una investigación.
“¿Por qué el Fiscal general no ordena una investigación al respecto? ¿Acaso también los enterraron para ocultar sus asesinatos?”, posteó en la red social.
La organización política La Causa R reiteró su exigencia al Ministerio Público para que informe sobre el paradero de Hugo Marino, experto en rescate submarino, desaparecido tras ser detenido por cuerpos de seguridad en 2019 y Yoneiker Guanares Delgado, de quien familiares y organizaciones de derechos humanos también reportan desaparición bajo custodia estatal.
Velásquez afirmó que la ausencia de información constituye una violación grave de derechos humanos y responsabilizó al Estado por garantizar la integridad y la ubicación de toda persona detenida.
Aún existen varios secuestrados por la dictadura, de los que nada se sabe. Sus madres y familiares los han tratado de ubicar desesperadamente. Han exigido a los organismos información y hasta ahora se los han negado. ¿Por qué el Fiscal general no ordena una investigación al…
Hugo Marino, experto en rescate submarino, fue detenido en abril de 2019 por funcionarios del Estado cuando ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Desde ese momento su paradero es desconocido. Su familia lo ha buscado durante estos siete años sin hallar respuesta.
Por su parte, Yoneiker Guanares Delgadodesapareció el 2 de agosto de 2024, cuando salió de su casa en el sector La Alameda, en Rubio, estado Táchira, alrededor de las 11:00 p. m. Desde ese momento no volvió a tener contacto con su familia. Para su familia no existe motivo de detención, pero sospechan que su trabajo como fotógrafo (participó en la grabación de un video para María Corina Machado en el reconteo de votos) puede estar relacionado.
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Con optimismo y un marcado civismo, la comunidad colombiana residente en el estado Táchira acude a las urnas este domingo 31 de mayo para elegir, en primera vuelta, a su próximo presidente para el periodo 2026-2030. Por su vecindad con el departamento de Norte de Santander, esta región fronteriza representa uno de los bastiones electorales más importantes para las fuerzas políticas que aspiran a ocupar la Casa de Nariño.
Más de 33.000 ciudadanos colombianos están habilitados para votar en las circunscripciones de San Cristóbal (que abarca Mérida) y San Antonio del Táchira, en un proceso que comenzó el pasado lunes 25 de mayo y que los usuarios califican de rápido y sencillo.
Desde el lunes y hasta el sábado, el proceso electoral se concentró exclusivamente en las sedes consulares de San Cristóbal y San Antonio del Táchira. Sin embargo, con el fin de facilitar el acceso de los votantes este domingo, las autoridades trasladaron las mesas a diferentes puntos estratégicos de la región fronteriza y andina.
En San Cristóbal, el centro de votación se trasladó al Colegio de Ingenieros del Táchira (Barrio Obrero), mientras que los electores de las zonas norte y sur del estado sufragan en San Juan de Colón (municipio Ayacucho) y El Piñal (municipio Fernández Feo). Por su parte, en Mérida, el proceso se concentra en el Gimnasio de Esgrima de la ciudad capital. Asimismo, en la circunscripción de San Antonio del Táchira, la jornada continúa en la sede consular y en Rubio (municipio Junín).
Un total de 44 mesas de votación —33 en Táchira y 11 en Mérida— reciben a los electores en una jornada de cierre que se extenderá desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.
Según las autoridades organizadoras, se proyecta una participación histórica en esta región fronteriza y andina que podría oscilar entre el 40% y el 50% del padrón electoral.
Elección con mirada binacional
Evitar que Colombia replique la crisis de Venezuela es el principal anhelo de los electores consultados en los centros de votación. También los ciudadanos coincidieron en que su participación está motivada por el clamor de paz, seguridad y la reconstrucción del sistema de salud y de pensiones, temas que consideran las deudas más urgentes de la realidad colombiana.
“Estamos votando para que no pase en Colombia lo que pasó aquí. Nosotros tenemos a Colombia como un escape ante cualquier emergencia, incluso cuando necesitamos servicios de salud; pero si allá entra el comunismo, ¿hacia dónde van a ir los venezolanos y hacia dónde vamos a ir los propios colombianos?”, señaló Yelitza Cárdenas, colombiana de 40 años, habitante del municipio San Cristóbal.
El deseo de lograr un cambio político en Colombia incentivó la participación de varios ciudadanos consultados, quienes manifestaron que era la primera vez que ejercían su derecho al voto. Es el caso de Eddie Buitrago, quien acudió a las urnas tras obtener recientemente su documentación colombiana. “Voto buscando mejoras de vida en Colombia, mayor seguridad y acceso al sistema de salud. Actualmente mi mamá se beneficia de todo allá, y en un futuro espero hacerlo yo. Tengo planteado regresar como retornado en busca de un empleo estable”, afirmó el joven.
Por su parte, Carmen Sibulo explicó que tiene 60 años viviendo en Táchira y que no había querido tramitar su cédula colombiana. Sin embargo, la situación de una hermana con una enfermedad crónica, quien recibe tratamiento médico en Cúcuta, la motivó a cambiar de opinión. “Ella me impulsó a sacar los documentos y a venir a votar. Solo pido que el resultado de estas elecciones sea para bien”, afirmó.
Voto histórico
El estado Táchira registra un comportamiento electoral histórico. A pesar de que capitales como Caracas concentran un padrón mucho mayor (80.000 inscritos), la participación real en la frontera ha superado en los últimos años las expectativas. Como referencia, vale mencionar que en las pasadas elecciones legislativas colombianas, Caracas apenas registró 1.200 votantes, mientras que la circunscripción de San Cristóbal movilizó a 3.000 ciudadanos, alcanzando el 10% de su censo.
La tendencia al alza se consolida en este proceso presidencial. Entre el lunes 25 de mayo, fecha de apertura de las mesas de votación, y hasta la media jornada del viernes 29 de mayo, habían sufragado unas 3.500 personas en la circunscripción de San Cristóbal, superando el récord de los comicios legislativos anteriores. Los equipos políticos de los candidatos en contienda proyectan un cierre masivo, considerando que la cifra actual se logró antes del fuerte flujo de hoy domingo.
No repetir y enmendar las equivocaciones electorales del pasado representa otra de las motivaciones por las que los colombianos acuden a las urnas. Con 68 años, José Carmona explicó a Runrunes que su voto es una acción preventiva para que Colombia no repita la historia venezolana. “Cuando ganó Petro, la juventud allá no quería votar; fuimos los mayores quienes salimos a sufragar en contra de ese proyecto”, afirmó, al tiempo que recordó las advertencias hechas a sus familiares en el vecino país. “Hoy en día, la mayoría de mi familia me da la razón; reaccionaron al ver la realidad de temas tan delicados como las pensiones y la salud”, concluyó.
El impacto de la realidad binacional también estuvo presente en el testimonio de Cristóbal Negrete, quien votó por la honestidad y la justicia. “Que tengamos gente honrada que responda y no juegue con el pueblo (…). Que haya justicia y que Dios bendiga a estos pueblos hermanos, porque lo que pasa aquí se siente allá y viceversa”, expresó, haciendo hincapié en el fin de la violencia.
Wolfang Meneses, testigo electoral en mesas de votación de Táchira, señaló que la realidad electoral del área metropolitana de San Cristóbal está profundamente condicionada por la experiencia política local. Según Meneses, “la dinámica forjada en Venezuela en los últimos 27 años hace poco probable que un elector de derecha o de oposición a nivel local decida apoyar a la izquierda en Colombia”.
Desde una perspectiva sociológica, Meneses divide el padrón electoral fronterizo en dos perfiles. Por un lado, destaca al migrante histórico de las últimas décadas del siglo XX —incluyendo desplazados por la violencia—, cuyo voto es racional, evalúa propuestas y sigue de cerca temas como la salud y la economía colombiana. Por el otro, identifica a las nuevas generaciones de colombo-venezolanos, cuyo sufragio es más emotivo y reactivo, influenciado principalmente por sus vivencias dentro de Venezuela.
Civismo y organización
Cada centro de votación cuenta con el debido resguardo de los cuerpos policiales locales como medida de prevención. Hasta el momento, las autoridades no reportan casos de “trashumancia electoral”, una práctica que consiste en inscribir la cédula en un lugar distinto al de residencia y que está tipificada en el Código Penal colombiano bajo el delito de fraude en inscripción de cédulas.
Las distintas representaciones políticas que participan en la contienda han instalado puntos de información en las calles adyacentes a los centros de votación. A estos lugares acuden los votantes en busca de orientación sobre la mesa en la que les corresponde sufragar o para consultar las propuestas de sus candidatos. Cabe destacar que estos puestos deben guardar una distancia prudencial del recinto electoral para cumplir con la normativa vigente.
El voto asistido permanece bajo lupa en las mesas de la frontera para blindar la libertad del sufragio. La normativa prohíbe que una misma persona auxilie a múltiples electores, limitando la asistencia a una sola vez por ciudadano durante toda la jornada. Adicionalmente, se exige la verificación del vínculo familiar o de confianza con el votante, impidiendo que activistas políticos o terceros ajenos ingresen a las cámaras secretas a inducir el voto.
Durante las elecciones de este domingo, si ningún candidato supera el 50% más uno de los votos válidos, los dos más votados irán a una segunda vuelta el próximo 21 de junio.
Frontera cerrada
Tal como se tenía previsto, los pasos fronterizos terrestres que unen a Venezuela y Colombia fueron cerrados la tarde del sábado y permanecerán clausurados hasta el próximo lunes 1 de junio a las 6:00 a. m. (hora local de Colombia), como parte de las medidas de seguridad por la jornada electoral.
Las autoridades colombianas advirtieron que la prohibición de tránsito por pasos ilegales se mantiene vigente tras el cierre formal de la frontera. Quienes se arriesguen a cruzar por las denominadas “trochas” para trasladarse desde Venezuela hacia Colombia se exponen a ser sancionados penalmente por desacato a las restricciones presidenciales dispuestas para esta jornada electoral.
El guion judicial que se escribe en los tribunales de Nueva York sobre el caso Maduro-Flores ha mezclado, en los últimos meses, las decisiones controversiales del juez con los secretos de posibles testigos y hasta con los comentarios de un rapero que asegura que el exgobernante lee la Biblia en prisión.
Lo cierto es que esta entrega por capítulos avanza y el juez Alvin Hellerstein se asegura de ello. Ya el proceso entró formalmente en la fase Discovery y la Fiscalía comenzó a revelar las pruebas que incriminan a Nicolás Maduro y a Ciia Flores en delitos federales vinculados al narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y poseer ametralladoras y otras armas.
Hoy, cuando faltan 30 días para la próxima audiencia, repasamos los hitos más importantes de esta historia que se teje dentro de la Corte y la Fiscalía de Nueva York, en los burós de abogados de la pareja presidencial y en Metropolitan Detention Center, de Brooklyn, donde Maduro y Flores están desde la noche del 3 de enero, luego de que Estados Unidos bombardeara Caracas y los capturara en suelo venezolano.
1 de abril – Se levantan las sanciones a Delcy Rodríguez
De esa manera, Rodríguez quedó fuera de la lista que gestiona la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, en la que figuran mandatarios o personajes sometidos a sanciones financieras que restringen que hagan transacciones con empresas o particulares de esa nación.
“Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, dijo Rodríguez en la red social X tras conocer la noticia.
Rodríguez fue sancionada en septiembre de 2018 por la primera administración de Trump, quien estableció la medida por considerarla parte del “círculo más cercano” de Maduro.
6 de abril – Rapero exconvicto confirma que Maduro ya no está en aislamiento
Aunque la defensa de Nicolás Maduro había informado que su cliente estaba en completo aislamiento al inicio de su reclusión en el Metropolitan Detention Center, un rapero que compartió celda con el exgobernante confirmó que estas condiciones habían cambiado.
En un par de entrevistas, el músico estadounidense Tekashi 6ix9ine dijo que su cama estaba tan cerca de la de Maduro que podía tocarla con los pies. Ambos estaban en un área junto a una decena de reclusos y se juntaban a ver televisión.
Tekashi 6ix9ine también comentó que cuando Maduro salió de “The Box”, la unidad en donde lo tuvieron en aislamiento, olía mal, lo que indica que tenía poco acceso a las duchas. Meses antes, los medios de comunicación en Estados Unidos habían descrito que en ese lugar de la cárcel, Maduro pasaba 23 horas al día solo, incluyendo el momento de comer, y tenía una hora diaria de recreación bajo supervisión
“Es normal que una persona privada de libertad en un centro de detención federal estadounidense sea transferida dentro del mismo recinto carcelario mientras enfrenta su proceso judicial (algo que, de hecho, puede ocurrir varias veces). Las severas medidas que atraviesa un preso en una unidad especial de segregación administrativa se mantienen generalmente de forma temporal, por los efectos físicos y psicológicos que producen en el privado de libertad”, comentó al respecto el abogado venezolano Nizar El Fakih en un post de X.
Tekashi 6ix9ine también confesó que Maduro le autografió un peluche y que solía leer la Biblia y orar.
7 de abril de 2026 – Juez niega que se comparta información del caso
El juez Hellerstein negó la posibilidad de que se compartiera información probatoria sobre el caso de Maduro y Flores con otros co-acusados en el mismo proceso que aún están en libertad, como el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, el exministro Ramón Rodríguez Chacín y el diputado chavista e hijo del exgobernante, Nicolás Maduro Guerra.
En una orden judicial, Hellerstein señaló que el material del caso “no podrá compartirse con ningún acusado que aún no haya sido arrestado, ni con sus abogados” y recalcó que tampoco “es necesario compartir estas pruebas para preparar la defensa”.
La defensa de la pareja presidencial hizo la solicitud de que se compartiera este material. Sin embargo, ya la fiscalía había pedido que se mantuviera en confidencialidad debido a los posibles “riesgos” para los testigos y para la investigación.
15 de abril – Inicio de la fase Discovery
A mediados de abril, finalmente la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pudo iniciar la revelación de las pruebas, conocida como fase Discovery, a los abogados defensores de Maduro y Flores. Así lo confirmó el Fakih en un post en X.
Al 15 de abril de 2026. Caso Maduro-Flores:
Hoy la Fiscalía inicia la revelación de las pruebas (discovery) a la defensa de los acusados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro.
El juez ha emitido la versión final de la Orden de Protección, activando formalmente el…
“El juez ha emitido la versión final de la Orden de Protección, activando formalmente el estricto régimen de confidencialidad que regirá el acceso y uso de las evidencias durante esta fase del proceso”, comentó el abogado venezolano.
Durante la fase discovery, la defensa tiene acceso formal a pruebas, testimonios y documentos recabados por la Fiscalía y esta debe mostrar cualquier evidencia que incluso sugiera la inocencia del acusado.
En este período hay una serie de audiencias en las que el juez comprueba que los defensores tienen acceso a todas las pruebas y materiales. La idea es que el tribunal garantice la equidad y permita a la defensa negociar acuerdos antes de llegar a juicio o prepararse para este.
La duración de esta etapa puede ser de varios meses o, incluso, superior al año. Mientras esto ocurre, la defensa puede introducir mociones (petición dirigida al juez para que dicte una orden).
16 de abril – “Pollo Carvajal”, ¿el testigo estrella?
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó que la audiencia en la que se dictaría la sentencia contra el exjefe de la antigua Dirección de Inteligencia Militar (DIM) venezolana y otrora diputado, Hugo “El Pollo” Carvajal, quedaba aplazada de manera indefinida apenas un día antes de que esto ocurriera.
El hecho llama la atención no solo porque esa audiencia se ha aplazado desde junio de 2025 –cuando Carvajal se declaró culpable de delitos vinculados con narcoterrorismo, uso de armas y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos– sino porque hay otros elementos que indican que podría estar colaborando con su testimonio en el caso que se le sigue a Maduro y a Flores.
El abogado Renato Stabile, con experiencia en casos federales de narcotráfico de alto perfil, dijo en entrevista a CNN que si un acusado coopera, su sentencia suele posponerse hasta que ese proceso concluya.
“Múltiples aplazamientos podrían ser un indicio, aunque no una confirmación, de que existe un acuerdo o que hay negociaciones en curso. Si Carvajal está cooperando y su sentencia sigue adelante, eso sería altamente inusual”, dijo Stabile a CNN.
Otro elemento que apunta en esa dirección es que no hay información pública sobre la ubicación actual de Carvajal dentro del sistema penitenciario federal.
“Si un acusado no aparece en el sistema de localización de reclusos del Buró de Prisiones, eso también podría ser una señal de que está cooperando. En algunos casos, estos acusados son mantenidos fuera del registro público”, afirmó Stabile al medio estadounidense.
Quizá la muestra más fehaciente del interés que Carvajal tenía en colaborar está en la carta que en diciembre pasado envió a Donald Trump.
“Escribo para expiar, diciendo toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años… Hoy veo la necesidad de dirigirme al pueblo estadounidense para hablar sobre la verdadera naturaleza del régimen venezolano”, se lee en la misiva en la que afirmó estar dispuesto a dar detalles adicionales al gobierno de Estados Unidos sobre cómo se construyó, con el apoyo de Cuba, una política para llevar drogas a ese país a través del Caribe.
Hasta ahora, ni la defensa de Carvajal ni la Fiscalía han confirmado que el exfuncionario venezolano esté prestando su testimonio a la causa. Tampoco se sabe nada sobre la fecha de su sentencia.
24 de abril – El Estado venezolano pagará la defensa de Maduro y Flores
El punto más trascendental de este proceso, durante los últimos dos meses, fue el acuerdo que alcanzaron el gobierno federal estadounidense y la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores para que se usen fondos del Estado venezolano para pagar a los abogados de ambos, eso sí, con la previa autorización de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La polémica decisión ya se barajaba desde la audiencia del 26 de marzo, en donde se desestimó la moción –fundamentada en la 5ta y 6ta enmienda constitucional estadounidense– que exigía la nulidad del juicio porque a los acusados supuestamente se les había violado el derecho a la defensa y al debido proceso porque se les impidió acceder a fondos de Venezuela para su defensa.
Quienes asistieron al acto, aseguraron que la mayor parte de la discusión de esa jornada se centró en las preguntas que el juez Hellerstein, hizo a las partes para conocer a fondo el tema.
Días después de la audiencia, el abogado venezolano Nizar El Fakih explicó que el juez debía entender el problema, verificarlo y revisar el abanico de opciones para resolverlo. A estas soluciones posibles se les llama “remedios jurídicos” y la función del togado era “seleccionar el menos lesivo” para que el proceso judicial pudiera continuar sin trabas.
Mientras que la defensa de Maduro y Flores exigía el acceso a fondos venezolanos, la fiscalía argumentaba que estos recursos no eran de ellos, sino de la República de Venezuela y sugería que ambos solicitaran defensa pública.
El 24 de abril, los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York informaron que la OFAC emitió licencias enmendadas que permitían a los abogados de Maduro y Flores recibir pagos del gobierno venezolano, aunque con ciertas condiciones: que los recursos hayan sido obtenidos luego del 5 de marzo de 2026 y que no provengan de cuentas de depósito restringidas de Gobiernos extranjeros.
Con este acuerdo, el juez Hellerstein evitó que el proceso legal se retrasara o se anulara por fallas en el derecho a la defensa.
Para El Fakih, la decisión también tuvo dos consideraciones prácticas: una, que la defensa pública requeriría de auxiliares, peritos, traductores y otra serie de funcionarios que elevarían muchísimo los costos para la Corte. Según el abogado venezolano, en la audiencia se planteó que era injusto que los estadounidenses cubrieran estos gastos con sus impuestos.
Por otro lado, si el juez decidía que Maduro y Flores tendrían defensa pública, este fallo sería apelado, lo cual llevaría el caso a la Corte de Apelaciones y lo sometería a un proceso que lo estancaría durante meses.
4 de mayo – Cambio de fecha de nueva audiencia
El juez aprobó que se extendiera el lapso para la próxima audiencia del caso Maduro-Flores, una solicitud que ambas partes habían hecho desde que se decidió que el Estado venezolano pagaría la defensa de los acusados.
La audiencia quedó fijada para el 30 de junio de 2026.
16 de mayo – Arresto y deportación a Estados Unidos de Álex Saab
El empresario colombiano, Alex Saab, quien ha sido señalado en reiteradas oportunidades como testaferro de Nicolás Maduro, fue apresado en Venezuela y deportado a Estados Unidos, en donde se le acusó de cargos de conspiración para lavar dinero.
De acuerdo con medios estadounidenses, Saab enfrenta penas de hasta 20 años de prisión por presuntamente usar empresas fantasma, facturas fraudulentas y sobornos para desviar fondos estatales. ¿Podría prestar testimonio contra Maduro y Flores en Nueva York? Eso está por verse. También debe confirmarse si el exgobernante también será implicado en los delitos por los que se acusa a su antiguo aliado.
28 de mayo – AP: Trump frena investigaciones sobre Delcy Rodríguez
La Associated Press reveló que la administración Trump instruyó discretamente a los fiscales federales en Miami a evitar el curso de las investigaciones criminales que supuestamente han avanzado contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Aunque el reportaje no aclara si Rodríguez incurrió en algún delito o si todo el proceso derivaría en una acusación formal, un portavoz del Departamento de Justicia informó que “nunca hubo una investigación sobre ella que cerrar”.
Mayo – Nicolasito habla de las rutinas de su padre
A lo largo de los últimos dos meses, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exgobernante, ha revelado a través de entrevistas con medios extranjeros, cómo es la rutina de su padre en la cárcel de Nueva York. A principios de mayo, dijo que su padre lo llamaba todas las noches, alrededor de las 7:00 pm y que en esas conversaciones le hablaba mucho de la Biblia y sus lecturas.
También confirmó que, desde Semana Santa, lo trasladaron a un área con otros 18 reos. Allí puede ver televisión y comenzó a aprender inglés.
Además de la Biblia, Maduro Guerra dijo que su padre también leía textos sobre metafísica, obras de William Shakespeare, escritos de Simón Bolívar y la Constitución venezolana.
Admitió que está preocupado por la salud de Maduro, quien siempre se había alimentado de forma sana a pesar de su visible sobrepeso. “Mucha verdura, poco azúcar”, comentó. Esa dieta, ahora cambió a carbohidratos, alimentos ultraprocesados y mucha sal.
La memoria de Ignacio Landaeta no titubea cuando le toca narrar lo que ocurrió con sus dos hijos en noviembre y diciembre del año 1996 en Maracay, estado Aragua. Al hablar de sus “muchachos”, la voz no se le quiebra; por el contrario, es tan firme como su incansable búsqueda de justicia.
Landaeta recuerda con precisión cómo estaban vestidos sus hijos el día que los asesinaron, sus últimas palabras y el vehículo blanco que se llevó a uno de ellos. Aunque han pasado 29 años y seis meses, él no necesita buscar apuntes ni documentos para hablar del caso, ha repetido lo sucedido infinidades de veces ante un Estado indiferente que se niega a sancionar a los responsables de dos ejecuciones extrajudiciales.
En Venezuela, los abusos policiales siempre están a la orden de día, pero en la década de los 90, sobre todo en el Estado Aragua, la violencia y el uso excesivo de la fuerza marcaron una época sin precedentes que terminó azotando a la familia Ladaeta Mejías.
La doble tragedia
El 17 de noviembre, Igmar Alexander Landaeta Mejías, de 18 años, se encontraba en una calle de Turmero jugando caballos. Para ese momento, según detalla Ignacio, el juego de apuestas era considerado como algo ilegal. De manera violenta y sin mediar palabras, funcionarios policiales a bordo de un vehículo blanco llegaron al lugar amedrentando a todos los que estaban. Preso del miedo, Igmar intentó escapar, pero un disparo en la espalda lo detuvo en seco. Boca abajo, tirado en el suelo, suplicando para que no lo mataran, un policía lo volteó, le pateó la cara y le disparó en la nariz.
El 29 de diciembre, apenas un mes y medio después del asesinato de Igmar, Eduardo José Landaeta Mejías, de 17 años, fue detenido en una redada policial por no cargar su cédula de identidad. Según cuenta su padre, funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado de Aragua (CSOP) —hoy PoliAragua— se lo llevaron detenido sin ninguna orden judicial.
Tras permanecer casi 38 horas detenido y durante su traslado al Cuartel Central, el hijo menor de Ignacio murió en extrañas circunstancias el 31 de diciembre de 1996.
Según la versión policial, el carro donde trasladaban a Eduardo fue impactado por otro vehículo de donde se bajaron cinco hombres y abrieron fuego en contra de los funcionarios. En el supuesto enfrentamiento, Eduardo fue la única víctima mortal, pero la autopsia reveló que el cuerpo del adolescente presentaba signos de tortura y 13 impactos de bala.
“El cuerpo de mi hijo tenía 13 disparos y en el lugar se encontraron solo tres conchas, eso me hace pensar que a él lo asesinaron en otro lado y simularon el hecho, hicieron un teatro para justificar el homicidio”, opinó Ignacio Landaeta.
La vida de la familia Landaeta Mejías quedó “completamente destrozada”. Ignacio detalla que la madre de sus hijos aún está afectada emocionalmente: “Ella no volvió a ser la misma”, expresó.
La hermana menor de Igmar y Eduardo, quien tenía apenas cinco años cuando los asesinaron, duró varios años recibiendo ayuda psicológica y tratamiento psiquiátrico porque se volvió agresiva: “No podía ver a un funcionario policial porque los culpaba de la muerte de sus hermanos”.
“Por mi parte, yo perdí el empleo que tenía para esa época haciendo diligencias. El proyecto que tenía para mi familia, todo eso se fue al piso, y bueno, gracias a Dios y al tratamiento con un psicólogo privado he superado la cosa, pero no ha sido fácil porque para mí los recuerdos siguen igualitos todos los días”, afirmó.
Testigo de la injusticia y la impunidad
A partir de 1997 comenzó la peregrinación de Ignacio Landaeta para procurar justicia por la muerte de sus hijos. A pesar de que se iniciaron las investigaciones y los procesos penales, los resultados no han sido los esperados por la familia de ambos jóvenes.
Ignacio Landaeta detalló que en el caso de Igmar se llevó a cabo un proceso penal en contra de dos funcionarios policiales, pero que el 13 de octubre de 2000, el Juzgado Segundo del Régimen Procesal Transitorio absolvió a uno y condenó al otro a 12 años de prisión. La defensa del funcionario apeló la sentencia y en 2003 la Corte decidió el sobreseimiento de la causa, remitiendo el caso a la fosa del archivo judicial.
Sobre el caso de Eduardo Landaeta, quien era un adolescente para el momento de su asesinato, el padre comentó que se iniciaron las investigaciones y se abrión un proceso penal en cntra de tres funcionarios policiales que participaron en el hecho, pero los mismos fueron absueltos por falta de pruebas que, con los años, se perdieron. Sin embargo, el 13 de octubre de 2012, la Corte de Apelaciones ordenó un nuevo juicio que se va a celebrar en junio próximo.
A raíz de los hechos violentos que lo dejaron sin sus hijos, Landaeta se ha vuelto un experto en temas legales. El señor agradece a Luis Aguilera, director de la ONG Justicia y Paz en Aragua, y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) por el apoyo, compañía y asesoría que le han prestado durante casi tres décadas.
Pero las peticiones del padre de los hermanos Landaeta Mejías han sido completamente ignoradas por el Estado y los organismos públicos: “nunca me ayudaron, no me dieron respuestas y tuve que buscar justicia en organismos internacionales”, dijo.
Sentencia ignorada
El empeño, la constancia y la sed de justicia del padre, hizo que el caso de los hermanos Landaeta Mejías llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional que promueve, defiende y protege los derechos humanos de las personas que son ignoradas por el gobierno de sus países.
El proceso ante la CIDH no fue sencillo ni expedito, por el contrario, se encontró con varios obstáculos. Uno de ellos fue en 2012, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez anunció el retiro de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que trajo como consecuencia que muchos ciudadanos quedaran desamparados de protección internacional.
La salida de Venezuela del organismo no fue impedimento para que la Corte volteara a mirar a Ignacio Landaeta. Los sucesos ocurrieron cuando el país aún formaba parte del tratado internacional por lo que tenía total competencia.
En febrero de 2014, 18 años después, finalmente se celebró la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. En ese mismo año, en el mes de agosto, el máximo tribunal reconoció que los hermanos Landaeta Mejías fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
En la sentencia, la Corte condenó al Estado venezolano y lo obligó al Estado a reabrir ambas investigaciones, así como a uzgar y sancionar a los responsables. Además, exhortó a Venezuela a reconocer su responsabilidad e inacción en el caso y ofrecer garantías de no repetición.
Hasta el momento, el Estado no ha acatado la sentencia de la Corte. Por el doble homicidio no se ha hecho justicia y según la declaración de Landaeta, los responsables del asesinato de sus dos hijos gozan de libertad plena: “Uno se fue del país, pero los otros siguen en Venezuela”.
“El Estado venezolano ha hecho caso omiso, yo no he tenido ninguna protección judicial, me han violado todos mis derechos con los retardos procesales. Ellos no han cumplido con esa sentencia, sigo esperando a ver si algún día ellos cumplen”, expresó el familiar de ambas víctimas.
Ignacio Landaeta lleva en su memoria una cuenta dolorosa: 29 años y seis meses de total impunidad. Con una mezcla entre nostalgia y calma reflexiona que aunque sus hijos hoy serían hombres adultos, en su mente los sigue recordando como niños que apenas estaban empezando a vivir.
El eco de su voz no busca venganza, sino el consuelo esquivo de la verdad, en un país que parece acostumbrado al olvido: “Pido justicia, que la muerte de mis hijos no quede impune, que los culpables paguen por el daño causado”, exclamó Ignacio Landaeta, quien ruega porque la ausencia de sus hijos no se convierta en una estadística más en la vasta sombra de la impunidad venezolana.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció la crisis en el sector educativo que precariza la educación pública en Venezuela.
En entrevista para el medio NeswsMax, Machado afirmó que los maestros en Venezuela ganan $1 al día y que por eso los estudiantes solo van a la escuela dos veces por semana.
Machado sumó que los maestros venezolanos necesitan tener otros empleos o hacer otras actividades para poder sobrevivir.
“Esto no es sostenible y sigue empeorando. Lo que necesitamos es canalizar esta desesperación por una vía cívica y ordenada, para que los venezolanos sepan que las cosas van a cambiar y que contamos con el apoyo de la comunidad internacional”, enfatizó Machado.
Durante su entrevista con Newsmax, Machado enfatizó repetidamente su apoyo a una transición democrática y a la fijación de una fecha para elecciones libres, al tiempo que reconoció el mérito de la administración Trump por haber abierto la puerta a la democracia.
La líder de la oposición afirmó que apoya la estrategia estadounidense de tres fases que incluye estabilización, recuperación y transición.
Según Machado, las elecciones libres y justas siguen siendo un componente fundamental de ese proceso.
“Queremos apoyar el plan del presidente Trump, que en su tercera fase contempla nuevas elecciones”, declaró. “Apoyamos este plan y queremos que se desarrolle sin contratiempos”, dijo.
🚨 “Un maestro en Venezuela gana $1 al día”. 🚨@MariaCorinaYA detalla la urgencia de una transición democrática para rescatar el talento venezolano y reconstruir el país.
El objetivo es claro: pasar de ser un foco de inestabilidad y corrupción a convertirnos en la Venezuela… pic.twitter.com/ObdWNPzVUm
En la entrevista con Newsmax, Machado argumentó que la transición democrática de Venezuela sigue incompleta porque figuras clave de la era de Maduro continúan ejerciendo el poder, señalando a Delcy Rodríguez como uno de los principales obstáculos para la celebración de elecciones libres.
La líder de oposición describió a Rodríguez como una figura central en las alianzas internacionales y el aparato de seguridad del antiguo régimen.
“Ella era la encargada de las relaciones con China, Teherán y Rusia”, dijo y sumó que además era el principal enlace con los grupos ilegales transnacionales y la persona a cargo del sistema de tortura y represión.
Machado concluyó con una visión optimista sobre el futuro geopolítico de la región, asegurando que el proceso actual abre una ventana histórica para el hemisferio. Bajo su perspectiva, una transición exitosa permitirá transformar a Venezuela, dejando atrás su actual condición para convertirse en el principal hub energético del continente y en el aliado más sólido de los Estados Unidos en materia de seguridad, comercio, energía y democracia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El senador estadounidense Marco Rubio aseguró este sábado, 30 de mayo, que el sector petrolero venezolano atraviesa un proceso de “profesionalización por primera vez en la historia”.
A través de la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Rubio aseguró que la medida se traducen en un beneficio directo al pueblo venezolano. “Están vendiendo petróleo en el mercado a precios de mercado”, aseguró Rubio.
.@SecRubio: El sector petrolero se está profesionalizando por primera vez en la historia. Esto va a beneficiar al pueblo venezolano. Están vendiendo petróleo en el mercado a precios de mercado. pic.twitter.com/wUJf3W2SZm
— Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 30, 2026
La afirmación del secretario se da en un contexto en el que la industria petrolera —históricamente el motor económico del país— ha enfrentado un deterioro operativo sostenido, pérdida de personal especializado y caída sostenida de la producción.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de Francisco Orellano, quien falleció bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, estado Táchira, tras presentar un cuadro de salud complicado y no recibir atención médica oportuna.
Con la muerte de Orellano, ya son 18 las personas privadas de libertad que han muerto bajo custodia del régimen venezolano entre abril y lo que va de mayo de 2026.
El OVP denunció también que cientos de presos permanecen recluidos con enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados, mientras los traslados hospitalarios suelen llegar tarde o simplemente nunca ocurren.
El OVP advirtió que la falta de atención médica, el hacinamiento y las condiciones insalubres convierten a los centros de reclusión en espacios incompatibles con la vida.
En las últimas semanas, el OVP ha documentado los fallecimientos de: José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón, Yussedt Ernesto Escalona Mejías y ahora Francisco Orellano.
Francisco Orellano murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado #Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir la atención médica que requería oportunamente.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 29, 2026
“Estas muertes constituyen una grave violación de la CRBV, cuyo artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado, mientras que el artículo 272 ordena garantizar un sistema penitenciario que respete los derechos humanos y contribuya a la rehabilitación de las personas privadas de libertad”, apuntó el OVP.
El observatorio cuestionó la ausencia de acciones por parte de la Defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, institución llamada a velar por los derechos de las personas privadas de libertad. Mientras los presos enferman, se deterioran y mueren bajo custodia, la actuación de los órganos encargados de prevenir estas violaciones —señala el OVP— sigue siendo inexistente o insuficiente.
“Cada una de estas muertes exige una investigación, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y responsabilidades concretas para quienes, por acción u omisión, permitieron que ocurrieran”, sentenció la organización.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
