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Familia de Víctor Quero cuestiona el mal manejo del Ministerio Público sobre la investigación de su muerte

Horas después de que el Ministerio Público difundiera los resultados de la autopsia del preso político Víctor Hugo Quero Navas, su familia, a través de su hermano Gabriel José Quero Navas, cuestionó al organismo de utilizar una “fuga de información”

Para la familia Quero Navas, el reporte de la Fiscalía descontextualiza un expediente dirigido por la Fiscalía 80 con competencia nacional, para la investigación de los hechos, circunstancias, y responsables por acción u omisión de las instituciones, instancias, o rectores y otros aun no descritos en la investigación. En su réplica, exponen varios puntos que el Ministerio Público omitió en su comunicado.

Especifican que el documento no dice nada sobre las circunstancias en las que se produjo el arresto de Víctor Quero, “ni sobre la responsabilidad penal de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado que participaron en dicho arresto arbitrario”.

Asimismo, el comunicado tampoco evalúa la responsabilidad legal de los funcionarios del propio Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensoría Pública que “se prestaron para convalidar dicho arresto arbitrario, que avalaron su situación de indefensión permanente o que se negaron a suministrarnos, durante más de un año, información sobre su destino o paradero”.

El texto también denuncia la materialización de una “fuga de información sobre una investigación que está en curso y aún se mantiene en fase preparatoria”, lo cual revictimiza a la familia y compromete la objetividad e imparcialidad del Ministerio Público.

Además, advierte que podría estar dirigida “a exonerar de sus responsabilidades a la larga cadena de funcionarios públicos” cuyas acciones y omisiones permitieron el fallecimiento bajo custodia de Quero Navas y, posteriormente, al fallecimiento de su madre, Carmen Teresa Navas, “tras haberla sometido a más de un año de tratos crueles e inhumanos en la búsqueda infructuosa de su hijo, al que se le mantuvo en situación de desaparición forzada tras su arresto arbitrario en enero del año 2025″.

La familia considera “sumamente grave” que, sin haberles permitido intervenir, con el apoyo de médicos independientes, en los exámenes médico-forenses que se realizaron sobre los restos de Víctor Quero tras su exhumación, y sin permitirles revisar y evaluar las conclusiones a las que se llegó en dichos exámenes, se hayan divulgado, sin autorización ni concurso, “como parte involucrada en la investigación sobre la muerte potencialmente ilícita de Víctor Hugo Quero Navas, los resultados de estos peritajes forenses como si ya fuesen concluyentes o finales”.

“Tampoco se menciona en dicho comunicado nada que indique que se están considerando, como parte de la investigación penal en curso, las responsabilidades legales que corresponden a los funcionarios públicos que violaron los derechos humanos de Víctor Hugo Quero Navas, siendo autores, cómplices o encubriendo su fallecimiento bajo custodia del Estado hace aproximadamente un año”, denuncia la familia en el comunicado.

Ante esa situación, exigieron al Ministerio Público y, en particular de la Fiscalía 80º con Competencia Nacional a cargo de la investigación, “el cese inmediato de cualquier acción u omisión que esté dirigida a absolver de sus responsabilidades a los agentes del Estado que estuvieron involucrados en las graves situaciones antes descritas”, y también que, con base en las leyes vigentes y en los parámetros establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, “se adelanten las investigaciones pertinentes respetando a las víctimas y con ética, objetividad, imparcialidad y transparencia”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Mundial 2026, la “fiesta de la paz” en un mundo en guerra

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Por Leonardo Oliva | CONNECTAS

El Mundial 2026, el máximo evento deportivo del planeta, está a la vuelta de la esquina. Pero los tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, siguen protagonizando cruces diplomáticos, que enrarecen el ambiente previo. Y en otras partes del globo, los conflictos no dejan de sembrar dudas sobre su realización sin incidentes.  

Las 48 selecciones que disputarán la Copa equivalen a una cuarta parte de la ONU y sumarían alrededor del 60% del PIB mundial. Allí aparecen casi todos los países del G7, excepto Italia, y Europa es el continente más numeroso, con 16 equipos. Pero la todopoderosa FIFA, que tiene más miembros que las Naciones Unidas (211 contra 193), ha decidido acrecentar la representación de otras regiones con peso en plataformas como el G20 y los BRICS. Así, América Latina y el Caribe pisarán fuerte con 19 países, así como África y Oriente Medio (9).

En el peor momento de la ONU en sus 80 años de historia, con conflictos bélicos y desafíos políticos que han puesto en duda su efectividad, la FIFA se muestra como muestra de que el multilateralismo no ha muerto, así no sea en la política. “Pasamos mucho tiempo hablando de lo que nos divide, pero nos dimos cuenta de que, cuando reúnes a un grupo de personas, son muchas más las cosas que las unen que las que las separan”, dijo hace pocos días su presidente Gianni Infantino en la mismísima sede de las Naciones Unidas en Nueva York.  

El camaleónico titular de la FIFA no solo se mueve como pez en el agua en los centros de la diplomacia internacional. También en los escenarios de alta visibilidad pública, como en las carreras de Fórmula 1 o los festivales de música pop. En todos lados se destaca su inconfundible cabeza calva y su sonrisa ganadora; ya sea para regalar pelotas a niños descalzos en un barrio pobre de Kenia, para darle un inexplicable “Premio de la Paz” a Donald Trump, o para firmar un multimillonario patrocinio con Aramco, la petrolera del régimen saudita. Así es la geopolítica de la FIFA, en la que conviven –en partes iguales– el fútbol, la diplomacia y los millones.

Pitazo inicial

El Mundial empieza el 11 de junio, poco después del inicio de la difícil renegociación del T-MEC, el tratado de libre comercio entre los tres países organizadores. El acuerdo vence el 1 de julio, en pleno desarrollo de los partidos decisivos del torneo. “La imagen que vamos a ver en junio es la de tres banderas en el cartel del torneo mientras los gobiernos negocian en paralelo sus acuerdos comerciales desde posiciones muy enfrentadas, muy hostiles”, analiza Ángel Badillo Matos, experto en gobernanza global de la Universidad de Salamanca.

 “Es una contradicción que no tiene precedentes en la historia de los Mundiales. Y si alguien se pregunta si el fútbol puede convivir con la política, la respuesta es que puede intentarlo, aunque los telones de fondo son muy complicados. Pero sobre todo desde el punto de vista geopolítico, el elemento que yo creo que es más explosivo (en este Mundial) es el de los vetos migratorios”, agrega.

El experto español menciona así uno de los aspectos escondidos detrás de la inefable sonrisa de Infantino. Estados Unidos, donde se disputarán el 65% de los partidos del Mundial, ha impuesto restricciones a ciudadanos de 50 países, entre ellos cuatro que competirán: Costa de Marfil, Haití, Senegal e Irán.

El caso de la nación persa es el más sensible: a casi dos semanas del inicio del campeonato continúan las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Un conflicto que no solo ha dejado miles de muertos iraníes y de otros países de la región, sino que también ha puesto patas para arriba a la industria petrolera, justo una de las mayores patrocinadoras de la FIFA.

Pero esto tiene más aristas. “Desde el punto de vista medioambiental, va a ser un Mundial tremendamente contaminante”, explica Badillo Matos. Debido a las distancias récord que deberán recorrer las delegaciones y los hinchas (por ejemplo, hay 4.000 kilómetros entre la Ciudad de México y Vancouver, dos de las sedes), se generará la mayor huella de carbono de todos los mundiales disputados hasta el momento.

“Al mismo tiempo, la FIFA firma un acuerdo con la petrolera estatal saudí Aramco, que es la mayor emisora de gases contaminantes del mundo. Y unos meses después ese país es elegido como la sede del Mundial 2034”, agrega el entrevistado.

Millones en juego

Y es que sus dimensiones y trascendencia social no pueden ocultar verdades impresentables. “La FIFA es uno de los organismos más corruptos del mundo”, dice Alejandra Marmolejo, doctora en Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Para esta académica mexicana, detrás de la sede del Mundial 2026 hay un objetivo económico: conquistar el público que consume la NFL (la liga de fútbol americano).

“La FIFA e Infantino tienen la intención de acaparar el mercado estadounidense, o sea, lo que pretenden es tener más presencia en Estados Unidos, es un trasfondo más económico que diplomático”, sostiene Marmolejo. Y el polémico Premio de la Paz entregado a Trump está en el fondo de este objetivo. “La FIFA le otorgó un reconocimiento asociado a la paz, o al entendimiento internacional, en medio de una etapa marcada por discursos expansionistas, endurecimiento fronterizo y estrategias de presión continental. Este gesto se interpretó como un movimiento político para buscar aprobación del gobierno estadounidense, y que el círculo cercano de Trump le otorgara un voto de confianza a la FIFA para administrar los recursos financieros en torno al Mundial”, analiza la experta.

Según cifras estimadas, la Copa le generará a la entidad liderada por Infantino ingresos de 10.900 millones de dólares, 56% más que la edición anterior de Qatar 2022. Y el doble que el Mundial de Rusia 2018.

GRAFICO INGRESOS MUNDIALES

Pero en esta diplomacia de intereses, Trump también necesita a la FIFA. Como dice Marmolejo, en un contexto donde el republicano busca reinstalar “la idea hemisférica de poder estadounidense”, el Mundial le sirve “como una plataforma para escenificar liderazgo regional sin recurrir de manera directa al lenguaje de la coerción. La organización de la Copa permite presentar a Estados Unidos como protagonista del continente, nodo de seguridad, negocio y entretenimiento, mientras México y Canadá aparecen como los países subordinados de los Estados Unidos”.

FIFA, Conmebol y AFA

“El mundo se detendrá y todos los ojos estarán puestos en Norteamérica”, se jactó Infantino en el mencionado discurso en la ONU el 23 de mayo. El mandamás de la FIFA confía en que, cuando la pelota empiece a rodar en las canchas de México, Canadá y Estados Unidos, la agenda de conflictos globales pasará a un segundo plano. Es la metáfora del globo terráqueo convertido en balón de fútbol, un deporte que líderes como Trump, Claudia Sheimbaum y el canadiense Mark Carney nunca practicaron, como tampoco el nuevo ayatolá iraní, Mojtaba Jamenei.

Todos dejarán los conflictos de lado mientras se dispute la Copa, o al menos los disimularán detrás del multilateralismo futbolístico. Una estrategia que no siempre resulta: ahí está aún fresco el fracaso de Infantino en el más reciente congreso de la FIFA en abril, cuando no logró que los representantes de Israel y Palestina se dieran la mano.  

Tampoco desaparecerán los nubarrones que cubren a la dirigencia del fútbol mundial debido a los malos manejos financieros en varias federaciones. Por ejemplo la Conmebol, la entidad que rige al fútbol en Sudamérica. Una investigación del New York Times acaba de denunciar a su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez, por haber recibido millones de dólares procedentes de fondos recuperados del FIFA-Gate, el extenso escándalo que afectó a sus directivos en 2015. Y otro dirigente, Claudio Tapia —titular de la muy influyente federación argentina— enfrenta causas judiciales por enriquecimiento en su país.

Ambos no han perdido oportunidad en los últimos meses de mostrarse codo a codo con Infantino, como para demostrar que cuentan con su respaldo. “La FIFA legitima a dirigentes que pueden ser cuestionados, como en el caso de Domínguez o el de Tapia”, analiza el abogado y periodista Juan Pablo Zaracho, que desde Asunción sigue el día a día de la Conmebol. Asegura que tanto el paraguayo como el argentino son hoy leales a Infantino, a pesar que en un momento no fueron tan cercanos. Y que ahora lo hacen porque “saben que estar cerca del poder es lo que los mantiene en sus cargos”.

Es decir, aplican las lecciones de la geopolítica del fútbol. Que como afirma Zaracho, consiste en “adaptarse y acomodarse al poder sin importar lo que pase; sin criticar, sin cuestionar. Ha sido una constante dentro de la historia de la FIFA”. Ahí están como ejemplos históricos Mundiales tan polémicos como los de Italia ‘34, Argentina ‘78 y hasta Rusia 2018, donde la FIFA (y sus presidentes) prefirieron mirar para el costado y, en lugar de plantear disidencias, hacer lugar a su lema: “El fútbol une el mundo”. Al menos para las fotos.

Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Gremios piden a la Embajada de EE. UU. interceder para mejorar condiciones laborales y liberar presos políticos

Miembros de la Coalición Sindical y del movimiento estudiantil marcharon este miércoles, 3 de junio, hacia la Embajada de Estados Unidos en Caracas para consignar peticiones y exigencias en torno a la situación económica de los trabajadores, pensionados y para abogar por las personas detenidas por motivos políticos.

La concentración inició a media mañana en la Plaza Brión de Chacaíto y se desplazó por toda la avenida principal de Las Mercedes, municipio Baruta. En la manifestación también estuvieron presentes algunos dirigentes opositores como Wilmer Azuaje y Richard Blanco, quienes retornaron esta semana al país tras varios años de exilio forzado.

Durante el desarrollo de la actividad, los asistentes denunciaron que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) grabaron a los participantes. “Asesinos”, gritaban las personas a los funcionarios que tomaron imágenes de la actividad, algo que se ha documentado en muchas protestas de este año como un método de intimidación.

Alí Acosta, presidente de la Federación Venezolana de Maestros seccional Portuguesa, señaló que el gremio solicita ante la Embajada de EE. UU. su intervención y apoyo para que el interinato de Delcy Rodríguez respete lo que está establecido en las leyes. “Consideramos que es necesaria su intervención para que cese la persecución contra los trabajadores de la educación en Venezuela”, expresó Acosta, quien además cuestionó el anuncio del aumento del ingreso integral, que no es suficiente ni acorde con lo que debería ser un salario digno.

Por su parte, Carlos Salazar, representante de la Coalición Sindical, criticó que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, “se está burlando de los Estados Unidos” al no producirse las liberaciones de presos políticos que anunció la semana pasada. Además, señaló que el próximo 9 de junio se realizará otra protesta, el 10 de junio un paro y el 3 de julio una gran manifestación en Caracas.

En representación de los familiares de presos políticos detenidos en el Fuerte Guaicaipuro Mayra Morales pidió a representantes de la sede diplomática que revisen la carpeta y la información entregada sobre la situación de presos políticos en distintas cárceles. Señaló que en el caso de su hermano, uno de los 32 condenados por la operación Gedeón, no se revisan expedientes desde 2022.

“En el Fuerte Guaicaipuro están siendo cruelmente torturados, estuvieron 15 días desnudos, los conseguimos desnutridos, en condiciones inhumanas, desorientados (…) En el Rodeo tienen condiciones inhumanas, todo lo que le han hecho a esos muchachos, los desaparecidos ahí en el Rodeo, les pedimos que nos ayuden”, denunció Morales.

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“El Helicoide no se ha cerrado”: Exigen a Marco Rubio escuchar realidad de las víctimas

Familiares de presos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) alzaron su voz para desmentir las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que El Helicoide había sido cerrado.

“La infame prisión, El Helicoide, ha sido cerrada”, afirmó Marco Rubio este martes, 2 de junio durante una audiencia en la Cámara de Representantes, afirmación que fue desmentida desde Venezuela.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), a través de su cuenta en X, publicó un mensaje en donde Fabiana Vera, hermana de Jackson Vera —detenido en esa prisión desde 2022— denunció que se le ha negado la Ley de Amnistía y que sigue injustamente detenido en dicho centro de reclusión.

La misma situación enfrenta Ricardo Cariel: su hermano Jean Carlos Cariel defiende su inocencia, asegura que ha sido víctima de juicios injustos, que no se le ha respetado el debido proceso y que sufrió desaparición forzosa desde su detención, el 5 de agosto de 2022.

Los familiares piden a Marco Rubio que “escuche la realidad de las víctimas y que constate que El Helicoide aún alberga a presos políticos, quienes llevan años detenidos y sin acceso a un abogado privado”.

Otro hecho que desmiente que El Helicoide esté cerrado es que familiares de los detenidos llevan más de 145 días pernoctando en sus adyacencias orando por la libertad de todos los presos políticos y denunciando que sus familiares han sido víctimas de tortura tanto física como psicológica.

Principal centro de torturas

El Helicoide ha sido, durante años, uno de los centros de detención más controvertidos de Venezuela. El lugar es señalado por opositores, activistas y organismos internacionales como “escenario de torturas y abusos contra detenidos”.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado múltiples denuncias relacionadas con ese centro.

Tras la salida de Nicolás Maduro del poder, la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció en enero que el recinto penitenciario sería cerrado y propuso transformar las instalaciones en un centro social y deportivo, pero esto no se ha materializado.

La ONG Realidad Helicoide también se pronunció por las declaraciones de Rubio y ratificó que el Helicoide es un centro de torturas que sigue operando activamente como centro de torturas y tratos crueles e inhumanos.

Sumó que en el recinto siguen albergando a decenas de presos políticos, quienes a diario son sometidos a violaciones sistemáticas de sus derechos humanos.

“Exigimos la liberación de todos los presos políticos y el cierre real, definitivo e inspeccionado de todos los centros de tortura en Venezuela”, pidió la organización.

Piden a la comunidad internacional que siga vigilante

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a mantener el seguimiento del caso bajo un criterio de verificación de hechos.

Asimismo, solicitó a las autoridades correspondientes transparencia sobre el estatus real del recinto y la atención prioritaria a la situación jurídica de las 25 personas que aún se encuentran bajo su custodia.

JEP explicó que aunque comprende que las declaraciones internacionales se basan en los compromisos e informaciones institucionales previas, la realidad de los derechos humanos exige contrastar los anuncios con la situación de las personas afectadas.

“Detrás de cada cifra hay familias que hoy siguen esperando respuestas; por ello, no es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior”, advirtió la ONG.

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Cómo se vive con autismo en Venezuela

Vanessa Pérez Caruso prefiere ocultar su condición, ya que en Venezuela revelar el diagnóstico de autismo puede ser un detonante para el rechazo o los prejuicios, por lo que muchas veces opta por no nombrarlo.

Ella es solo una de las miles de personas que deben movilizarse en un sistema de salud precarizado y una sociedad desinformada, panorama que acentúa los desafíos de vivir como una persona neurodivergente.

A diferencia de otros contextos globales con sistemas de salud y apoyo mejor estructurados, la realidad venezolana exige una capacidad monetaria y un esfuerzo emocional que desafía por completo el día a día de las personas dentro del espectro autista y sus familias. 

El alto costo de un diagnóstico

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) no es una enfermedad, sino una condición del neurodesarrollo. Como explica la psicóloga Daniela Barrios, ese desarrollo distinto en el cerebro repercute en la comunicación e interacción social y, de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR), cursa con patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. No existen dos personas con autismo iguales, de la misma forma que la intensidad, necesidad y constancia de los apoyos varía significativamente.

Pero en Venezuela, ante la brecha económica y la escasez de los servicios en los centros de salud pública, los pacientes están obligados a tomar decisiones complejas sobre sus propios tratamientos y es una realidad que se vive diariamente. El Estado venezolano no dispone de bases de datos ni estadísticas oficiales sobre la prevalencia del TEA en el país y la detección de sospechas ocurre principalmente en los salones de clase.

“Una consulta con un psicólogo privado puede costar entre los 20 y los 50 dólares, mientras que una cita con un psiquiatra supera los 30 dólares”, señala Vanessa. 

Al no poder cubrir de forma constante los gastos en el sector privado, las familias recurren a las instituciones del Estado, donde se topan de frente con la crisis. Si bien en estos lugares las consultas no se pagan, encontrar una cita es casi una tarea imposible y las evaluaciones se programan con semanas y hasta meses de distancia.

Los costos de estudios de seguimiento indispensables como los electroencefalogramas, para monitorear crisis de ansiedad o actividad cerebral, tienen un valor que va desde 50 hasta 150 dólares, mientras que los exámenes de descarte alérgico o perfiles metabólicos resultan casi inalcanzables. 

Esta realidad obliga a los afectados a tomar decisiones críticas: “Sí me ha tocado reducir horas de terapia e incluso quitarme medicación por un tiempo, lo cual ha sido muy complicado”, confiesa Vanessa, considerando que una sola caja de medicamentos psiquiátricos o suplementos básicos puede costar desde 7 dólares en adelante. 

Rezagados en el sistema escolar

En el autismo también se requiere un entorno académico que pueda funcionar como un pilar de estabilidad para los niños y adolescentes, ya que el recuerdo de la etapa escolar para quienes crecieron dentro del espectro en Venezuela suele estar acompañado por la exclusión y el acoso.

Dorian Chirinos, de 23 años, relata con nostalgia cómo se sentía profundamente distinto a sus compañeros en el colegio y en el liceo, así como los episodios de acoso escolar y juegos de doble sentido que nunca lograba captar por la literalidad de sus pensamientos. 

“Llegaba muy triste a casa porque muchas veces le decía a mi mamá que los niños no me entendían, que los niños se burlaban de mí o me rechazaban”, recuerda Chirinos.

Si bien existen docentes con vocación por su profesión que buscan formarse con recursos limitados, la falta de nuevos profesionales y la falta de capacitación desde el período de formación académica reducen la atención personalizada para estos casos. La  psicóloga Barrios advierte que persisten quiebres estructurales en las escuelas y esto provoca que muchas instituciones muestren resistencia o se protejan para restringir el ingreso o la permanencia de los alumnos neurodivergentes, es decir, una persona que piensa y opera de una manera distinta a lo que la sociedad considera como “típico”.

En una  encuesta de la Organización Venezolana de Autismo, publicada en enero de 2026 y que se basó en entrevistas a madres de personas dentro del espectro, 16,2% reveló que les obligaron a contratar un tutor escolar para complementar la educación de sus hijos. Casi 40% informó que ha encontrado resistencia en los docentes para adaptarse a los desafíos que implica la educación en estos casos. 

Asimismo, solo 52,3% de las encuestadas –madres en su mayoría- indicaron que a sus representados les aplicaron adaptaciones curriculares, lo que determina según la ONG una brecha “importante” hacia la aplicación del artículo 11 de la La Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista, publicada Gaceta Oficial en abril de 2023, que consagra el derecho de las personas con TEA a recibir una educación inclusiva, permanente y adaptada a sus potencialidades individuales y exige que las aulas cuenten con personal capacitado y recursos tecnológicos adecuados, garantizando además su participación en programas científicos, artísticos y culturales. 

El sondeo también reveló que cuando las madres acuden a los Centros para la Calidad Educativa a denunciar la negativa de aplicar adaptaciones, solo obtienen respuestas en el 65,5% de los casos. 

Barrios destaca que el verdadero obstáculo suele estar en la falta de herramientas en las aulas escolares e  incluso para las mujeres el paisaje es más complicado, ya que el diagnóstico suele ser un proceso más tardío y confuso porque las manifestaciones y señales en ellas suelen camuflarse mejor.

Distintas investigaciones han encontrado que las expectativas de género han exigido a las niñas una mayor sociabilidad, lo que las lleva a observar, imitar conductas y reprimir rasgos neurodivergentes a costa de un gran agotamiento mental.  Además, las pruebas psicológicas tradicionales históricamente han estado orientadas más hacia los hombres.

Un entorno laboral que no se adapta

Si el entorno escolar es complejo, el mundo laboral para el adulto con autismo en Venezuela también tiene unas reglas complejas de supervivencia. Dorian Chirinos es de los que piensa que el mercado laboral en el país opera bajo el prejuicio de que un empleado neurodivergente representa un gasto innecesario de recursos.

“Tú no puedes decirle a ninguna empresa ni a nadie que tú tienes autismo”, asegura. 

Dorian Chirinos estudia en la Facultad de Ciencias en la UCV, donde asegura que se siente cómodo  al estar rodeado de compañeros que comparten pasiones muy parecidas a las suyas como los gustos “geek”. Sin embargo, esta ilusión  de comprensión desaparece al ingresar al mercado laboral, donde las empresas exigen encajar en los estándares “neurotípicos”. Chirinos trabaja actualmente en el área técnica de una organización, donde se trae a colación el prejuicio de que la neurodivergencia es sinónimo de incapacidad. 

“En el trabajo te exigen que tu grado de concentración sea igual al de los demás … Te descartan a menos que ya hayas hecho cosas increíbles”, relató.

Para él, cumplir con sus tareas diarias ha requerido un profesionalismo y un desenvolvimiento de sus propias habilidades que hasta le sorprenden.  Contó que recientemente diseñó a mano alzada un plano exacto de toda su oficina guiándose exclusivamente por lo que recordaba y, según él, la experiencia que desarrolló durante años armando bloques de Lego.

Aunque un arquitecto puede cuestionar el método, el resultado final quedó idéntico a la infraestructura real, lo que le da base para considerar que las dinámicas empresariales en Venezuela aún no entienden que un empleado dentro del espectro autista puede rendir igual o mejor que el resto, solo que desde un enfoque distinto.

El olvido del Estado

El testimonio de los perjudicados refleja la realidad de miles de personas que deben ajustar sus vidas a la falta de empatía social y a la vulneración constante de sus derechos. En el panorama afectivo, las dificultades en las comunicaciones no verbales y el apego inflexible a las rutinas de las personas con autismo impactan directamente en sus relaciones de pareja.

“Las sensaciones de uno, tanto emociones como recuerdos, se sienten fuertes, como un peso real físico”, expresa Dorian, al recordar las negativas sentimentales que le han desencadenado episodios severos de depresión.

Para protegerse de este desgaste, además del masking, las estrategias de afrontamiento varían. Mientras Agustín Ayala, de 22 años, opta por enfocarse únicamente en sus intereses personales dentro de su cuarto, Vanessa busca mantenerse activa y concentrada a través de la lectura y el estudio constante de la música.

A pesar de que en Venezuela existen redes de apoyo independientes y fundaciones que ofrecen acompañamientos constantes para la comunidad y servicios de salud a precios módicos, las respuestas de los neurodivergentes sobre las instituciones públicas son unánimes: el Estado venezolano no garantiza los derechos de las personas dentro del espectro autista, aunque la incidencia de la condición es notable: la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría estima que alrededor de 1 de cada 45 niños nace dentro del espectro autista en el país.

La aplicación en la práctica de la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista sigue lejos de beneficiar a las personas con autismo en el país. Pese a ella, se sigue vulnerando directamente el derecho a la salud pública consagrado en el artículo 84 de la Constitución, ya que sin políticas eficientes, ni presupuestos para centros de salud especializados y ante la opacidad de cifras, las personas con autismo y sus familias siguen en el desamparo.  

En el estudio de la Organización Venezolana de Autismo mencionado antes, aplicado a familiares de personas con espectro del autismo, 54,2% de los consultados dijo que no puede acceder a medicamentos esenciales y de ese grupo, 94,9% alegó que el alto precio de las medicinas era la causa. De igual forma, 67,5% de las personas con autismo no asisten a terapia por la misma causa.

El abandono institucional se agrava cuando los mismos pacientes intentan gestionar sus controles médicos o canalizar diligencias en los centros públicos, ya que se topan de frente con un sistema que está diseñado exclusivamente para personas “neurotípicas”, es decir, personas que su desarrollo neurológico se alinea con las expectativas y normas sociales comunes. 

Chirinos explica que los centros públicos del Estado mantienen procesos hostiles y llenos de trabas innecesarias para personas dentro del espectro, en los que no se toma en consideración a los ciudadanos.

“A la gente que vive con neurodivergencias a veces les cuesta llenar planillas, a veces le cuesta llenar documentos, a veces le cuesta entender lo que la persona que está recibiendo los papeles le está exigiendo. Entonces, esas son cosas que obstaculizan mucho al recibir ayuda como personas neurodivergentes”, explicó Chirinos.

La rigidez de estos trámites en el país también roza lo absurdo, desde su criterio.  Para acceder a un empleo formal en el sector público, el Estado exige de forma obligatoria la presentación del carnet militar. Intentar llevar a cabo esta diligencia significó para Dorian un desgaste físico y sensorial abrumador, por verse forzado a caminar kilómetros bajo el sol dentro de las instalaciones de Fuerte Tiuna hasta llegar al polígono de tiro. En lugar de facilitar la inclusión, estos trámites estandarizados y sin ajustes razonables lo que propician es el aislamiento de las personas dentro del espectro autista.

A pesar de las trabas institucionales y las complejidades de su entorno, quienes viven con TEA en Venezuela desarrollan sus propios mecanismos de defensa para afrontar el día a día. Chirinos confiesa haber inventado un método para tomar decisiones rápidas cuando las dudas lo paralizan: él lanza una moneda al aire y le asigna a cada cara una opción. Sin realmente dejar al azar decidir, esto le ayuda a su mente a racionalizar y pensar lo que verdaderamente quiere. 

Desde el desgaste diario que sienten los entrevistados, insisten en que una mejor calidad de vida en el país empieza por el respeto por sus espacios de desconexión e hiperfocos de interés, ya sea en el coleccionismo, videojuegos, música y entre otros pasatiempos que la sociedad considera erróneamente como infantiles. 

De la misma manera exigen empatía social, ya que los afectados coinciden en que las familias venezolanas requieren de facilidades o recursos que ayuden a proteger las infancias de estos niños en el espectro.

Acciones como incentivar el deporte, la música, los intereses especiales y los hobbies desde edades tempranas son de gran ayuda, así como comprender que esto no representa solamente ocio, sino que funciona como una herramienta que les permite forjar un carácter independiente y desarrollar habilidades sociales de una forma más sana, antes de que un mundo adulto no adaptado a la neurodivergencia los fuerce a ocultar su condición.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

26 ONG piden a España celeridad en tramitar extradición a Argentina de excoronel Verdú

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Un total de 26 organizaciones de la sociedad civil e instituciones defensoras de derechos humanos solicitaron formalmente a las autoridades judiciales de España a atender con “máxima diligencia y celeridad jurídica” el requerimiento de extradición hacia Argentina del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles.

El exmilitar se encuentra en territorio español y es requerido por la justicia argentina por su presunta responsabilidad en un asesinato calificado como crimen de lesa humanidad durante las protestas de 2014 en el país: el de la joven Geraldin Moreno Orozco.

La declaración fue difundida este 2 de junio por medio de las redes sociales. Las ONG manifestaron su respaldo al procedimiento trasnacional que se está llevando a cabo, señalando que esta acción legal representa “un quiebre estructural en la narrativa del olvido y un hito sin precedentes para la justicia transnacional”.

Sostienen que la petición no constituye una postura política o partidista, sino para que se cumpla la legalidad internacional y el principio de aut dedere aut judicare, es decir, que se busca establecer la obligación de extraditar o juzgar a alguien.

La persistencia por la justicia

El proceso penal se encuentra representado por la persistencia inquebrantable de Rosa Orozco, la madre de la joven Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y deportista de 23 años que murió en febrero de 2014 en el estado Carabobo por disparos efectuados por funcionarios de la GNB.

Para las organizaciones que firmaron este comunicado, la causa de Rosa Orozco se ha convertido en el “emblema de una nación desarmada institucionalmente”.

Para las organizaciones, la efectiva resolución sobre esta extradición puede abrir una esperanza real para los familiares de las más de 330 personas ejecutadas en manifestaciones pacíficas durante 2014. También, ayuda a agilizar el caso de Geraldin Moreno, ya que este procedimiento constituye un paso estratégico y un “caso castigo” bajo la Jurisdicción Nacional.

Las ONG explican que una respuesta favorable por parte de España sobre la extradición podría sentar un precedente que reduciría los obstáculos para acceder a la justicia en el país por otras causas y facilitará la reactivación de denuncias similares. De la misma forma, advierten que hay posibilidad de órdenes de captura vigentes contra otros miembros militares y policiales ya denunciados.

El origen y el olvido

La solicitud de extradición inició en junio de 2023, cuando la organización internacional InterJust presentó una denuncia formal ante los tribunales federales de Argentina contra 14 oficiales de la GNB por crímenes de lesa humanidad. Tras recabar las evidencias e informaciones necesarias que ubicaban al excoronel Verdú en España, las autoridades argentinas dictaron una orden internacional de extradición en febrero de este año.

Posteriormente, en marzo de 2026, el Consejo de Ministros de España validó que la solicitud cumplía con todos los requisitos legales básicos, permitiendo que el caso pasara formalmente a la evaluación del Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia n.º 2 de la Audiencia Nacional.

Las organizaciones hacen énfasis que al atender esta solicitud, la justicia española no solo cumple con un trámite oficial sino que asume una responsabilidad importante que honra el compromiso de que los crímenes de lesa humanidad jamás queden desatendidos y siempre la justicia esté por delante.

El impacto nacional

Las 26 organizaciones que conformaron este comunicado afirman que este procedimiento impacta directamente en el ámbito psicosocial de la sociedad venezolana, la cual ha estado afectada por años de trauma colectivo. Ver a un oficial estar delante de un tribunal hace que la noción de “intocables” pierda su peso y sirve como recordatorio a otros militares de que violar los derechos humanos fundamentales tiene consecuencias.

Entre las agrupaciones firmantes de la declaración, se encuentran organizaciones nacionales e internacionales como Justicia, Encuentro y Perdón; Foro Penal, el Laboratorio de Desarollo Humano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Acceso a la Justicia, Espacio Público, FundaRedes, Transparencia Venezuela y el Centro de Justicia y Paz, entre otras. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 2 de junio: MP cerró el caso Víctor Quero, persisten las dudas sobre su desaparición y custodia

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 3 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El Ministerio Público (MP) informó los resultados de la autopsia practicada a Víctor Hugo Quero Navas, preso político que permaneció nueve meses desaparecido y falleció bajo custodia del Estado. A través de un comunicado difundido en X, el MP reveló que luego de los estudios realizados el pasado 8 de mayo al cuerpo de Quero Navas, el equipo médico forense evidenció una data de muerte aproximada de 10 meses a un años. 

Según el MP, la necropsia practicada, los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, dictaminaron que el deceso de Víctor Quero se produjo por un tromboembolismo pulmonar. 

“No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver”, afirma el breve reporte que compartió el Ministerio Público y que ratifica la versión del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

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Recién salido del horno: otras noticias

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José Guerra: dolarizar es la salida más fácil, pero no la más eficaz

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La perla del día

José Guerra: “La dolarización es la salida más fácil para resolver el problema, pero al ser la más fácil, no es la más eficaz. Aunque si dolarizan hoy tú en un mes tienes una inflación de 10%, 5%, que te baja luego al 1%”

Lo que rompe en redes

El Ministerio de Exteriores de La India confirmó la visita de Delcy Rodríguez del 3 al 7 de junio, como ya lo había adelantado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Azuquita pa’la café

Anacaona, la banda femenina más antigua de Cuba, nació en los años treinta, cuando el son era dominado por hombres y, además, asociado a los sectores populares y afrodescendientes.

La ñapa (recomendamos…)

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La deuda laboral del Estado venezolano

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Se avizoran tiempos electorales en estos lares ante la justificada exigencia de la sociedad civil de reinstitucionalizar el país, surgida como resultado de la debacle del régimen chavista gobernante durante 27 años, cuyo efecto lo resiente cada milímetro del tejido social nacional que insiste en la aspiración a una vida decente en la tierra que los vio nacer.

Al momento de hacer el balance del desastre general, diferentes análisis se entrecruzan: los voceros partidistas destacan el estado deplorable de las instituciones políticas y la pérdida de autonomía de los poderes públicos; los economistas hablan de los fríos números de la caída en barrena del 75 % del PIB; los sociólogos registran los números alarmantes de la pobreza general de un país extendida al 80 % de la población.

Paralelamente, detrás de todos estos análisis, pocos han reconocido la importancia merecida de los movimientos sociales surgidos para impedir este apocalipsis vivido en nuestro país, ni los sacrificios de millones de seres humanos enfrentando a un régimen sin valores ni talante democrático, que no vaciló en aplastarlos y reducirlos a la mínima condición humana.

El rostro humano de la catástrofe

Cuando hablamos de la catástrofe nacional nos referimos, en primer lugar, a los sectores laborales del país: a los más de 5 millones de pensionados y jubilados, a los centenares de miles de empleados públicos de la salud, la educación, el transporte y las universidades autónomas; en fin, a toda una población activa y pasiva de un país que sufrió las consecuencias de la ofensiva de un proyecto político devastador.

En esta oportunidad me referiré a los trabajadores de PDVSA participantes en el paro cívico nacional de 2002-2003 y a los trabajadores públicos despedidos en 2004 a raíz del referéndum revocatorio (RR). A ambos se les condenó a un apartheid a través de la lista de Tascón que, al calificarlos como «enemigos escuálidos», los excluyó del acceso al empleo y a los servicios públicos.

«Ni un paso atrás»: el paro petrolero de 2002-2003

En el caso de los trabajadores de PDVSA mencionados, fueron considerados al principio como héroes por haberse atrevido a conducir una huelga general contra un Estado todopoderoso, en plazas públicas y manifestaciones en el occidente, el oriente y el centro del país, bajo la consigna de «Ni un paso atrás», que significaba la postura de continuar hasta la caída del autoritario gobierno.

Lo particular de este conflicto fue estar dirigido por sectores gerenciales y apoyado por las federaciones Fedepetrol y Fetrahidrocarburos, así como por sindicatos de la base trabajadora, quienes no vacilaron en apoyar masivamente el conflicto hasta el final, en febrero de 2003. El atrevimiento derivó en el despido de aproximadamente 23 000 trabajadores de PDVSA y contratistas sin pago de prestaciones sociales, conjuntamente con el robo de lo acumulado en cajas de ahorro y fideicomisos laborales.

La OIT reconoció lo que el régimen negó

La legitimidad del conflicto fue reconocida por la OIT a través de uno de sus organismos: el Comité de Libertad Sindical reconoció la validez de la decisión de los trabajadores al calificarla, en 2005, como una huelga laboral en defensa del trabajo y de la meritocracia, y recomendó el reenganche y el pago inmediato de sus derechos laborales. Esta calificación internacional fue desacreditada por la administración del régimen, que a 23 años del desenlace de la huelga no ha reconocido ni un solo céntimo de una deuda multimillonaria en dólares para con estos trabajadores, hoy dispersos por todo el mundo.

El método nazi de la lista de Tascón

En el caso de los empleados públicos, la brutal ofensiva contra los petroleros se extendió a aproximadamente 10 000 trabajadores identificados como «escuálidos opositores» en el contexto del RR de agosto de 2004. Se los enumeró con el método nazi de asignarles una marca —«escuálido», «indiferente» o «prorrégimen»— en listados que cada ministerio e instituto autónomo debía presentar al Ejecutivo para proceder al despido sin pago de prestaciones sociales.

Las directrices gubernamentales desataron la barbarie de ejecutar miles de despidos en todo el sector público, lo que llevó a los sindicatos afiliados a Fedeunep a presentar las quejas respectivas ante la OIT y a registrar toda esta brutal ofensiva.

Una deuda constitucional que el nuevo Estado debe saldar

Hoy, en la perspectiva del fin de un régimen y el restablecimiento del Estado de derecho, la nueva administración que surja de elecciones debe reconocer plenamente los derechos de ambos sectores, por constituir una deuda que proviene de derechos consagrados en la propia Constitución y en las leyes laborales.

Presentar paliativos como excusas originadas en las arcas vacías dejadas por el autoritarismo chavomadurista no es la respuesta que merecen estos trabajadores: en primer lugar, los de PDVSA y contratistas participantes en el paro cívico de 2002-2003; y, en segundo lugar, los empleados públicos despedidos en 2004, como prueba del capítulo más bochornoso de la historia de las relaciones laborales, no solo en nuestro país sino en América Latina.

La respuesta de un nuevo Estado debe asumir el compromiso de comenzar por reconocer el esfuerzo y la valentía de miles de familias que con sangre, sudor y lágrimas no escatimaron su sacrificio para salvar el país y lograr el rescate de la Venezuela democrática a la que aspiramos hoy.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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