El ministro de Agricultura, Vladimir Padrino López, reapareció este 13 de octubre para anunciar el levantamiento de la suspensión temporal del uso de drones en Venezuela, alegando que la medida impuesta en 2025 ya cumplió su vigencia y que la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, decidió no renovarla.
En un video difundido en redes sociales, indicó que la decisión responde a múltiples peticiones de los productores agrícolas, quienes habrían manifestado que necesitaban los equipos para modernizar el campo y realizar labores de fertilización, riego y monitoreo de cultivos.
“En virtud de ello, he conversado del tema con los ministros de Transporte, Interiores y Defensa. Por lo que la medida temporal de agosto de 2025 que suspendió la operación, circulación, e importación de drones en el país ya culminó su vigencia y la presidenta Delcy Rodríguez ha decidido no renovarla”, reiteró.
Atendiendo a las solicitudes de nuestros productores agrícolas, la presidenta @delcyrodriguezv ha decidido levantar la suspensión temporal del uso de drones del año 2025. https://t.co/W00WTCYYNt
— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) October 13, 2026
Insistió en que, para operar, los usuarios deben apegarse al marco legal vigente, lo que incluye cumplir con las regulaciones del Seniat para la importación de equipos, partes y baterías, así como “entender que los organismos designados para la supervisión del porte y uso son cuerpos policiales y la FANB”, en palabras de Padrino López.
Lo anterior se traduce en que, a pesar del levantamiento de la prohibición absoluta, los derechos de vuelo no son libres; pues el porte y uso de los equipos siguen sujetos a fiscalización estricta.
El exministro de la Defensa hizo un llamado a los productores agrícolas a retomar sus registros ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), además de contar con seguro, certificación y capacitación adecuada.
La prohibición común en momentos de tensión
La suspensión de drones en Venezuela ha seguido un patrón recurrente de restricciones temporales o indefinidas ligadas a coyunturas de seguridad nacional y tensiones políticas.
En agosto de 2025, mediante la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6927 y un comunicado del INAC, se prohibió por 30 días prorrogables la operación y comercialización de drones, exceptuando a la seguridad del Estado, en un contexto de fricción internacional con Estados Unidos.
En el año 2016 y también durante procesos electorales se establecieron restricciones puntuales en protestas y jornadas de votación, principalmente para limitar la cobertura periodística aérea. Ya en el 2017, en el marco de las intensas protestas contra el gobierno, se estableció la prohibición del uso de drones tras un episodio puntual: el sobrevuelo del helicóptero del excomisario del Cicpc, Óscar Pérez, contra el Tribunal Supremo de Justicia.
En 2018, el gobierno impuso un veto estricto al uso de estos artefactos tras el atentado con drones cargados con C4 en la avenida Bolívar durante un desfile de Nicolás Maduro.
Mientras que a los civiles y sectores comerciales se les impuso un bloqueo total, los organismos de seguridad y defensa del Estado quedaban completamente exceptuados de estas restricciones. En 2024, luego del cuestionado proceso comicial en el que el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como ganador, organizaciones internacionales de derechos humanos como la Electronic Frontier Foundation y Access Now documentaron que el Estado continuó empleando drones con sensores térmicos orientados a labores de vigilancia, control social y monitoreo de la disidencia, lo que generó críticas sobre el uso selectivo de la tecnología para la represión política en lugar de la seguridad pública ciudadana.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
