A más de un mes del doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, la falta de información oficial mantiene a miles de familias en una incertidumbre absoluta.
En una publicación difundida en Instagram, la ONG Provea advirtió que la opacidad estatal no solo entorpece la reconstrucción, sino que vulnera de forma directa al menos cinco derechos humanos fundamentales.
La organización alertó también que la falta de datos impacta de forma directa la capacidad de respuesta de la sociedad civil, por lo que añadió que la ausencia de transparencia paraliza a la población de forma sistémica:
“Sin datos, las familias no pueden tomar decisiones, las comunidades no pueden organizarse y las víctimas no pueden exigir responsabilidades (…) La transparencia no es un favor del Estado venezolano; es una obligación de sus compromisos en materia de derechos humanos”, sentenció la ONG.
Derecho a la verdad y la búsqueda de personas desaparecidas
El Estado reportó 157 personas desaparecidas el 25 de junio y congeló esa cifra, dejando de actualizar el registro mientras las iniciativas ciudadanas denuncian miles de personas con paradero desconocido.
Asimismo, las autoridades detuvieron el boletín diario de fallecidos el 24 de julio con una cifra de 5.546 víctimas. Esta situación ha causado que las familias sigan buscando a las personas desaparecidas “sin acompañamiento del Estado”.
Derecho a la salud y a la atención médica
La organización alertó que las autoridades ocultan la capacidad hospitalaria real, la disponibilidad de tratamientos y el nivel de atención especializada en las zonas afectadas, alertando que la incertidumbre “también afecta el derecho a la salud”.
Derecho a una vivienda digna y a la protección de las familias desplazadas
Provea recordó que el gobierno interino reportó 23 811 personas ubicadas en 107 campamentos temporales, pero no detalla cuántas son niños, personas con discapacidad o adultos mayores con enfermedades crónicas, ni precisa cuánto tiempo permanecerán allí.
Además, el Estado inició la demolición del complejo habitacional Luisa Cáceres de Arismendi, en Catia La Mar, sin informar con transparencia si cumplió con los protocolos previos de búsqueda de víctimas y restringió la cobertura de la prensa mediante la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Derecho a la educación
A pocas semanas del inicio del año escolar, el Estado no ha publicado datos sobre la cantidad de escuelas que quedaron inhabitables ni sobre la cifra de estudiantes y docentes damnificados. Esta omisión deja a miles de niños y jóvenes sin saber dónde, cuándo ni en qué condiciones retornarán a las aulas.
Derecho al acceso a la información pública y rendición de cuentas
La ONG recordó que el Banco Mundial estimó en 19 600 millones de dólares los daños directos del doble terremoto, pero el Estado no ha explicado cómo gestiona los recursos públicos ni los fondos de ayuda humanitaria destinados a la reconstrucción. Ante esa situación, la organización enfatiza que la en medio de una emergencia como esta, “la información también es ayuda humanitaria”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para la socióloga Mirla Pérez, la reconstrucción sostenida de la democracia requiere reorientar el rumbo político del país y garantizar condiciones que permitan a los venezolanos desarrollarse y mejorar su calidad de vida.
Pérez señaló que, tras el doble evento sísmico, los ciudadanos comenzaron a preguntarse cómo reconstruir sus vidas. Ante la percepción de abandono institucional, surgió la convicción de que la recuperación no depende únicamente de levantar nuevamente las zonas afectadas, sino también de impulsar un cambio político que garantice la protección de los derechos y ofrezca oportunidades reales de crecimiento.
La investigadora social fue la invitada en la edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investigar (ARI) conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo, de este martes 28 de julio. En el programa titulado Venezuela: ¿Puede haber reconstrucción sin democracia? en el queparticiparon Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes y Víctor Amaya, director de TalCual.
La solidaridad comunitaria sostuvo a los venezolanos
La socióloga destacó que, durante la emergencia del 24 de junio, la respuesta más efectiva surgió de la propia comunidad. La solidaridad, la organización y el apoyo mutuo permitieron a los venezolanos enfrentar la crisis.
“Como comunidad avanzamos. Eso terminó solidificandose porque fue lo que emergió como el verdadero acompañante de todo este proceso. Eso le da mucha fuerza a esa identidad del venezolano, que está apostando permanentemente por el otro. Yo creo que es una parte de mucha fortaleza y eso es lo que nos está ayudando en este momento y nos puede seguir ayudando (en el futuro)”, subrayó.
Para la especialista, el acompañamiento comunitario también se demostró en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. “El ejemplo del 28 de julio fue una gesta extraordinaria. Tenemos un avance importante que es la capacidad de resiliencia, de organización y de proyectar nuestro futuro”.
El liderazgo de MCM como guía de esa expresión colectiva
A su juicio, el liderazgo de María Corina Machado complementa esa expresión colectiva de solidaridad, el cual va acompañando a esa ciudadanía en el proceso de “redimensión de las organización políticas e institucionales”.
“Junto con esta resiliencia y capacidad de organización, tenemos un liderazgo legítimo, que va acompañando el proceso de redimensión de las distintas organizaciones políticas e institucionales, desde el sentido que la comunidad le va dando y en compañía con alguien que evidentemente lo catapulte y lo coloque como una posibilidad real de transformación”, concluyó.
Por Yorman Guaje
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este sábado, 1 de agosto, ser consciente de que la situación en Venezuela es apremiante, pero que “lleva tiempo” y por ello se han apegado al plan de “tres fases” anunciadas en enero tras la captura de Nicolás Maduro, las cuales conducirán hacia una eventual transición democrática.
En una entrevista concedida al programa My View with Lara Trump de Fox News, Rubio dijo saber que el país no está “en la era de la paciencia y la perseverancia, pero estas cosas llevan tiempo”. Además, recordó que el chavismo es un sistema que lleva más de 25 años funcionando y “son raíces profundas con las que hay que lidiar”.
“Además, es un país que enfrenta muchos problemas, me refiero a muchos problemas económicos, sin mencionar que ahora han sufrido un terremoto”, añadió el secretario de Estado norteamericano.
Rubio recordó su plan de tres fases, siendo la primera donde la “prioridad era la estabilización”, asegurando que el gobierno estadounidense no quería “que el país se sumiera en una guerra civil, migraciones masivas, disturbios sociales, etc”. La segunda fase, mencionó, es la de recuperación, “en la que creo que ya estamos”.
“Obviamente, el terremoto añade complejidad. Es fundamental contar con una economía que funcione. Se necesitan leyes, normas y reglamentos vigentes para que los inversores estadounidenses y de todo el mundo puedan invertir con seguridad y generar prosperidad”, añadió.
Por último, la fase final contempla una transición. Sobre esto, Rubio indicó que “en algún momento deben celebrarse elecciones legítimas en todos los niveles para que la gente sepa que el gobierno actual es un gobierno legítimo elegido por su pueblo”. Para llegar a ese punto, el primer paso “es la reconciliación nacional”.
“Se trata de un pueblo que ha estado dividido políticamente durante mucho tiempo, y habrá que considerar modelos como el que se dio en Europa del Este tras la caída de la Unión Soviética. Creo que el papel que el gobierno de Estados Unidos puede seguir desempeñando es el de facilitador de todo esto”, acotó.
SECRETARY RUBIO on Venezuela: “You need to have laws and rules and regulations in place so investors from America and around the world can go in and safely invest and create prosperity. Ultimately you have to have transition.” pic.twitter.com/073FeJFEgO
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 24 de junio, dos terremotos sacudieron a Venezuela y revelaron dos realidades irreconciliables. Por un lado, la propaganda oficial transmitió un despliegue impecable: miles de funcionarios movilizados en minutos, puentes aéreos operativos y fondos de ayuda activados al instante.
Por el otro, el silencio y el desamparo sepultaron a las víctimas en las 72 horas más críticas del desastre. En ese lapso, conocido como la ventana vital para salvar vidas, la respuesta institucional no llegó y fue la propia ciudadanía la que tuvo que escarbar entre los escombros para rescatar a los suyos.
Mientras el gobierno afirmaba controlar la emergencia, Rómulo Gedler caminaba entre el caos de La Guaira buscando a su madre atrapada en un piso 9 y asimilaba una dura certeza: los bomberos eran los familiares de las víctimas.
Versión promovida por el oficialismo
En un video publicado en los canales del Ministerio para la Comunicación y la Información, el oficialismo calificó su actuación como inmediata y efectiva. Según este relato gubernamental, el despliegue de seguridad y rescate comenzó apenas minutos después de los sismos e inició con 2500 efectivos de la FANB, la PNB y Protección Civil, una cifra que, según afirmaron, escaló posteriormente a 25 000 funcionarios apoyados por un puente aéreo logístico.
El oficialismo sostuvo que la respuesta institucional siguió un cronograma estricto bajo las órdenes de Delcy Rodríguez, quien decretó la emergencia nacional y declaró a La Guaira como zona de desastre la misma noche del 24 de junio. En dicha versión se aseguró que, en un lapso de seis horas, se solicitó apoyo a las Naciones Unidas para la llegada de rescatistas internacionales, quienes supuestamente aterrizaron en el país antes del amanecer del día siguiente. Asimismo, afirmaron que se ordenó la atención inmediata de los heridos tanto en el sistema de salud público como en el privado.
Respecto a la gestión económica y social, el oficialismo recordó la activación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción y asignado bonos de ayuda a través del Sistema Patria 12 horas después del evento. En el material audiovisual se indicó que la presidenta encargada –bajo tutela estadounidense– inspeccionó los protocolos de atención y que se coordinó con el sector privado el envío de maquinaria para despejar las vías. Además, la versión gubernamental justificó la militarización de La Guaira como una medida necesaria para “garantizar el flujo logístico de emergencia” y el acceso de la ayuda humanitaria.
Finalmente, el oficialismo aseguró que para el 27 de junio ya se encontraban trabajando más de 30 000 personas en la zona de desastre, incluyendo médicos, psicólogos y militares. Según sus cifras, en la denominada “ventana vital” de 72 horas, habrían rescatado con vida a miles de ciudadanos, habrían garantizado más de 12 000 atenciones médicas y resguardado a 3142 familias en lo que denominaron “campamentos transitorios dignos”.
“Entendí que el bombero tendría que ser yo”
La narrativa del despliegue masivo y la atención inmediata se desmorona al escuchar a quienes estuvieron atrapados al otro lado de la emergencia. Para Rómulo Gedler, de 32 años, las horas posteriores al doble terremoto no estuvieron marcadas por ambulancias ni rescatistas estatales, sino por la desesperación de saber a su madre -de 66 años-atrapada en el piso 9 de las Residencias Costa Dorada, ubicada en Playa Grande.
El doblete sísmico destruyó casi la totalidad de su vivienda. “De ese lado del edificio se fue el 90% del apartamento hacia abajo, incluyendo la entrada de mi casa. Únicamente quedó un pedacito de la sala, el pasillo de lavandería, un baño y un cuartico pequeño, este último fue el lugar donde ella se refugió por casi tres horas”, relató Gedler en entrevista con Runrun.es. Desde Caracas, inició una travesía a pie y pidiendo cola en la autopista para intentar socorrerla en medio del caos.
Al llegar a La Guaira, la ausencia de los cuerpos de auxilio prometidos por la propaganda estatal fue evidente. “Catia la Mar estaba sumida en una histeria colectiva. Había gente saliendo de los escombros, polvo suspendido en el aire, estructuras colapsadas y focos de incendio por todas partes. La avenida era un cementerio de escombros y personas corriendo despavoridas. Vi horrores en cada esquina. Caminaba con la esperanza de encontrar un bombero, pero fue imposible; no había nadie atendiendo las emergencias. Poco a poco asimilé la dura realidad: el bombero tendría que ser yo”, recuerda.
La ayuda institucional jamás llegó a su edificio. El rescate de su madre, ocurrido cerca de las 9:00 de la noche, fue una labor puramente familiar. “Pudo rescatarla finalmente un tío y un vecino, a eso de las 9 de la noche, se tuvo que romper una pared del apartamento de al lado”, explica Rómulo, señalando que esa brecha en la pared del vecino representó la única vía de escape física tras la destrucción del acceso principal.
Gedler recalca que el abandono estatal no fue una percepción aislada de su familia, sino un patrón generalizado en el sector. Dijo haber visto que la ayuda se concentraba, en su mayoría, en la Opppe 36, donde se ubican las residencias Luisa Cáceres de Arismendi; y en el Urbanismo Hugo Chávez, ambos de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“Se nota que no estaban preparados para afrontar desastres. Desde un principio no se vio a ningún bombero ni funcionario de defensa civil, la respuesta mínima tardó bastante en llegar, no se dio la atención debida ni rápida en las primeras horas”, relata.
Incluso, la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros colindantes quedó a la deriva. “En el primer mes únicamente se contó con la ayuda de voluntarios y familiares de los desaparecidos, en estos últimos días sí se ha visto más movimiento de entidades estatales para ayudar a sacar los restos de aquellos familiares que aún no han podido tener un cierre”, concluye.
La huella digital que no pudo ser borrada
Las fallas en la gestión del desastre no solo quedan al descubierto con el testimonio de Rómulo Gedler, sino también cuando las denuncias sobre la inacción y el rol de los cuerpos de seguridad cobraron fuerza. La retórica oficial sobre un operativo impecable colisionó con la realidad en el terreno, donde la presencia del Estado se tradujo en obstáculos para el socorro y en maniobras comunicacionales para maquillar la ausencia institucional.
El 28 de junio, en el sector Caraballeda, decenas de personas que trabajaban exhaustas en las labores de socorro confrontaron a un grupo de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que se limitaba a vigilar la zona. Un voluntario con mascarilla y linterna en el rostro encaró a los funcionarios armados y les exigió sumarse al trabajo físico: “Para echarnos plomo y coñazo, sí. Cuando están en la autopista en la Francisco Fajardo son malotes. Demuéstrenme su maldad aquí con un pico y una pala”, reclamó uno de ellos, ante la mirada inerte de los militares.
El reclamo de un venezolano ante militares que observan armados mientras civiles luchan por encontrar sus familiares entre las ruinas de un edificio en Tanaguarenas, La Guaira:
“Cuando están en la autopista en la Francisco Fajardo son malotes. Demuéstrenme su maldad aquí con un… pic.twitter.com/cGz840dy6X
Esa misma fijación por la vigilancia paralizó las tareas de salvamento de equipos especializados. El 29 de junio, Francisco Lermanda, representante de la organización de rescatistas Topos de Chile, denunció que militares venezolanos hostigaron repetidamente a su personal dentro de la zona de desastre. Mientras los rescatistas trabajaban en los túneles de edificios colapsados, los funcionarios armados interrumpían las maniobras para exigirles documentos de identidad bajo la sospecha de un presunto espionaje.
A este patrón de amedrentamiento se sumaron los intentos del aparato estatal por fabricar una imagen de eficiencia. El 29 de junio, la propia FANB publicó un video en sus redes sociales para mostrar a sus uniformados en supuestas tareas de salvamento. Sin embargo, la reacción de la ciudadanía en las plataformas digitales fue inmediata: cientos de usuarios señalaron que los militares solo movían tierra y piedras de forma improvisada, sin seguir ningún protocolo real de búsqueda de sobrevivientes. Ante la ola de indignación y las críticas que exponían el montaje, la institución armada terminó eliminando la publicación horas más tarde.
La lenta respuesta del Gobierno en la emergencia quedó asentada en un informe de Transparencia Internacional, en donde se comparó el despliegue de las autoridades venezolanas con las de otros países que enfrentaron desastres socioambientales.
De acuerdo con este reporte, el despliegue de autoridades a las 24 horas era de solo 12,6%; a las 48 horas fue de 38,6% y al octavo día aún no llegaba al 60% (59,7%).
La investigación precisa que en las primeras 24 horas, Venezuela desplegó 4000 funcionarios civiles y militares (12,6% de su total) “y su fuerza no alcanzó el máximo de despliegue declarado —3 .837 efectivos— hasta el día 18, según el parte oficial del 12 de julio, mucho después de cerrarse la ventana de rescate de 72 horas”.
Cuando Chile enfrentó un fuerte sismo en 2010, 71% del despliegue ya estaba garantizado a las 72 horas. En Turquía -terremoto de 2023- , el 72,2% de funcionarios fueron desplegados al quinto día, mientras que en Haití -2010– un 80% del personal de salvamento ya estaba desplegado al quinto día.
El informe asegura que de las 19 861 personas que sobrevivieron en La Guaira, “el grueso lo hizo por auto evacuación o rescate local en las primeras 48 horas; los primeros equipos USAR extranjeros de El Salvador, México y República Dominicana llegaron al cierre del segundo día, unas 48 horas después, y el grueso del contingente en los días siguientes”.
Activismo critica la gestión estatal durante las primeras horas
Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, calificó la actuación del Estado venezolano tras el doble terremoto del 24 de junio como una desprotección total hacia los sobrevivientes.
Durante una entrevista concedida el pasado 7 de julio al programa La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo, Jiménez Sandoval aseguró que el gobierno nacional actuó como el “gran ausente” en medio de la tragedia que asoló al país. La experta enfatizó que el sentimiento de abandono predominó entre las víctimas, quienes no percibieron el acompañamiento de las instituciones oficiales en los momentos de mayor necesidad.
Jiménez explicó que la falla principal ocurrió durante las primeras 48 horas, periodo que definió como la “ventana de oportunidad” crucial para salvar vidas. Según sus declaraciones de aquel momento, “fue en esa ventana en donde mayor ausencia del Estado se sintió”, una situación que obligó a la sociedad civil a tomar las riendas de la emergencia.
“La incapacidad de cómo el Estado mostró que está muy hueco por dentro hizo que fueran pues la mayoría los propios ciudadanos voluntarios rescatistas voluntarios quienes se dedicaran a las labores de rescate”.
La denuncia de la activista se extendió a la forma en que el Estado ejerció su presencia, la cual asoció más con el control que con la asistencia humanitaria. Además, relató su experiencia al intentar visitar el hotel sanitario en La Guaira, donde permanecían cientos de deportados desde Estados Unidos, y señaló que “la presencia del Estado existe pero existe para reprimir”.
La experta criticó que el Sebin custodiara estos centros y limitara el flujo de información utilitaria para los familiares. “Yo no conozco otro país en donde sea la policía política quien gestione un centro de deportados”, puntualizó.
La analista comparó la situación de Venezuela con la de un estado fallido, señalando que la respuesta gubernamental resultó ineficiente a pesar de los recursos del país. “Venezuela fue un país en alguna vez que podía atender mejor estos desastres y que 20 o 25 años después ha quedado con un estado hueco”, expresó.
Para la reconstrucción, consideró indispensable la gobernabilidad y la legitimidad, argumentando que resultaba “muy difícil llevar a cabo un proceso de reconstrucción con autoridades que no representan la voluntad popular”.
El derecho a la vida quedó sepultado
En las horas posteriores a los sismos, y debido justamente a los constantes señalamientos en contra de las autoridades venezolanas por no garantizar derechos esenciales en el país, organizaciones como Amnistía Internacional instaron rápìdamente a “brindar asistencia responder a los terremotos en cumplimiento de las normas humanitarias y de respuesta ante desastres, así como del derecho internacional de los derechos humanos”.
Al no garantizar de forma oportuna las labores de búsqueda y rescate de quienes quedaron bajo los escombros, se vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la vida, el principio de garantía general de los derechos humanos y el deber de protección civil y seguridad ciudadana, consagrados en normativas nacionales e internacionales.
La jurisprudencia interamericana impone obligaciones a cada Estado para actuar de manera diligente ante riesgos inmediatos a la vida humana en desastres. De igual forma, artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al proteger el derecho supremo a la vida, exige que los gobiernos adopten medidas activas de salvamento y protección frente a catástrofes.
Los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): obligan a los Estados a priorizar la vida, la asistencia humanitaria sin discriminación y la transparencia informativa en emergencias complejas.
En lo que respecta a la normativa local, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) obliga al Estado a garantizar a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos bajo el principio de progresividad (artículo 19) y en el artículo 55 establece el derecho a la protección por parte del Estado frente a situaciones que amenacen o vulneren la seguridad ciudadana y la vida de los habitantes.
Justo el pasado 29 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) denunciaron que persistían vacíos estadísticos oficiales por parte del gobierno venezolano y mostraron preocupación por el número de personas no localizadas, un vacío que -indican- la sociedad civil cifra en 29 484 personas desaparecidas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Alianza Rebelde Investiga (ARI) hizo un recorrido guiado por un ingeniero civil en los nueve urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) de La Guaira que deben su nombre a la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) para entender por qué colapsaron los edificios durante los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio.
Aunque el gobierno de Hugo Chávez presentó las OPPPE como un proyecto habitacional digno y seguro para personas damnificadas por desastres naturales en el entonces llamado estado Vargas, hay decisiones de diseño y el incumplimiento de reglas de construcción que dificultan la evacuación de sus habitantes en el doblete sísmico.
El reportaje «Radiografía de las OPPPE de La Guaira» enumera las irregularidades identificadas en las 43 moles de 12 pisos y 3.637 apartamentos repartidos en 43 torres:16, equivalente al 37 % del total, se desplomaron por completo.
Mientras que en 32 torres, equivalente al 74 %, se registraron denuncias sobre el veloz deterioro de las estructuras a los pocos años de la entrega de los urbanismos que incluían daños en frisos y mampostería, filtraciones y botes de aguas residuales.
La evaluación técnica realizada por el ingeniero reveló varias fallas: columnas fuera de norma que redujeron la resistencia estructural, diseños que hicieron riesgosa la evacuación para sus habitantes en los terremotos y el uso inadecuado de poliestireno que propició la humedad y el desarrollo de filtraciones.
Visita esta historia de ARI, integrada por El Pitazo, Runrun.es y TalCual, junto al consorcio de medios Venezuela Unida, en este enlace.
Afirmaba Jorge Olavarría durante los prolegómenos de la mal llamada revolución bolivariana que aquella nos llevaría de vuelta a lo peor del siglo XIX. No nos dejó pistas sobre su momento preciso. ¿Acaso fue el de las traiciones recurrentes entre quienes ambicionaban el poder, desde José Antonio Páez hasta Cipriano Castro? o ¿el de la desviación del Bolívar tutelar de 1812, que luego de su hazaña creadora la desvía hacia los predios del poder vitalicio a partir de 1826, condenándose a la soledad de su muerte en 1830? O bien, ¿trátase de la guerra fratricida por la Independencia, a la que sigue la Guerra Federal entre 1859 y 1863, en las que mueren, durante cada una, el 30 % de los venezolanos?
La experiencia señalada, en su desenlace, es algo más y demencialmente ominoso. No es drama, pues ha destruido alternativas dejándonos en el descampado al conjunto de los venezolanos. Medramos en la orfandad, practicando el nomadismo como los amerindios, invadidos, bajo la línea de la sobrevivencia. Y si alguna proximidad encuentra esto como hito en las páginas recorridas de nuestra historia, nos retrotrae al instante del arrendamiento que se hizo de nuestra provincia por el rey Carlos I de España en favor de la familia de banqueros alemanes Welser de Augsburgo, en 1528. Lo referí en anterior columna.
Si bien hemos sido república sin nación a partir del gobierno del catire Páez hasta el presente, recorriendo a la inversa el tránsito de las naciones europeas ―expresiones sociales y culturales humanamente integradoras― hasta que se dan estas unas personalidades unitarias como Estados, dándoles cabida a los artificios del Leviatán y del contrato social para la gestión de lo político durante los siglos XVII y XVIII, lo cierto es que, en nuestro caso, alcanzamos a ser germen nación hacia el siglo XVIII. Lo aceleran la unificación territorial, el crecimiento económico impulsado por el cacao, y las reformas borbónicas, que nos llevar tener conciencia de nación hasta la hora en que la primera república nuestra, la de 1811, fue enterrada, y desaparecen nuestras huellas genuinas.
Habíamos aprendido a ser libertarios y resilientes los venezolanos. Nuestro primer 19 de abril lo marca el alzamiento de nuestros pequeños agricultores, en protesta contra el monopolio comercial de La Guipuzcoana en 1749. Organizados en localidades ―nuestros primitivos municipios― pudimos avanzar, así, hacia nuestro segundo 19 de abril, el de 1810.
Bajo la tradición doctrinal y liberal hispana ―de factura goda― que luego hace eclosión en las Cortes de Cádiz de 1812, los venezolanos retomamos la titularidad de la soberanía una vez como como la abandonan Fernando VII y su padre ante Napoleón Bonaparte, que invade la península.
El acta de nuestro nacimiento, por lo mismo, hace al pueblo ―no al monarca ni a su Estado― no solo el depositario sino el titular de los derechos de la soberanía, tal como reza su texto en la parte vertebral: “… y de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía, que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios de la sabia Constitución primitiva de España…”.
No por azar, la Constitución gaditana emergida de las cortes instaladas en el puerto desde el que zarpa Colón para llegar a nuestras costas y que regiría brevemente en Venezuela, entre 1812 y 1814 y después entre 1820 y 1823, precisa, en su artículo 1, que la nación es “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, entre estos nosotros, los venezolanos. La nación no es el Estado ni su monarquía. Y de seguidas señala, en su artículo 3 que “la soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo, pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”, léase, el darse su propia Constitución.
De modo que, en suma, soberana es la nación. De suyo, cuando desaparece su expresión política, sea como Estado o como Estado monárquico o bajo su forma republicana, la soberanía regresa al pueblo, que es su titular. De no ser así o de no entenderlo así, estaríamos los venezolanos renunciando a nuestra genética libertaria y desconociendo nuestra partida de nacimiento, la del 19 de abril de 1810.
Que luego haya sido borrada de nuestra memoria esa perspectiva, reescribiéndosenos otra historia, volviéndosenos adánicos, es cosa distinta; como cuando optamos por creernos tributarios de la filosofía política anglosajona, francesa, e incluso alemana.
Más allá de que el contrato social de J. J. Rousseau decante en la renuncia voluntaria por cada individuo a su libertad, para entregársela al Estado que ha de protegerle y tutelarle, no perdía fuerza, antes bien se sostenía la soberanía popular originaria.
Pierde esta su fuerza, ciertamente, al consagrarse la idea formal y artificial o jurídica de la nación ―extraña a los ciudadanos particulares e inasible― con la Declaración francesa de 1789, codificada en 1791, bajo un propósito político deliberado, a saber, que los representantes en el parlamento tuviesen el poder de tamizar o moderar, es decir, de servir de diafragma que filtra la voluntad popular desde un nuevo monopolio unitario, el del Estado, no el de la nación que le ha precedido.
Desde entonces, se confunde la nación con el Estado, que se vuelve soberano y deja al margen a la nación como expresión social espontánea, progresiva, cultural, que parte desde el fogón de cada casa hasta formar comunidad y luego sus municipios.
Lo cierto es que, al margen de estas divagaciones, no por ello innecesarias, a los venezolanos se nos purgó de la escena como pueblo y como nación, primero desde Cartagena de Indias en 1812, cuando el Padre Libertador ―tras maldecir a nuestros Padres fundadores civiles y de levita sentados en el Congreso de 1811― sostuvo que no estábamos preparados para el bien supremo de la libertad. En otras palabras, que debíamos ser tutelados hasta alcanzar la madurez, en línea que comparten los positivistas de inicios del siglo XX.
Nada distinto de esto, pasados 214 años, opinan el rodrigato y nuestro protector, Donald Trump: “En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso”, ha declarado este el pasado 24 de julio.
Son máximas de la experiencia, entonces, las siguientes: en primer lugar, que la república, como garante de la soberanía de la que es titular la nación que formamos los venezolanos, se desmaterializó, cabalmente, entre 1999 y 2026. Su ausencia ante la nación es una perogrullada.
Tanto es así que no existe esta y que gobierna en Venezuela en calidad de procónsul, a partir de 2013, un colombiano, emisario escogido por La Habana a la muerte de Hugo Chávez Frías, hoy encarcelado en Estados Unidos junto a su mujer, Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores. Seguía los dictados de Fidel y Raúl Castro, sucesivamente los de Miguel Díaz-Canel, tanto como ahora, sus causahabientes ejecutan los dictados de la Casa Blanca.
Si acaso existiese duda alguna acerca de nuestra pulverización institucional, véase que, bajo dictado norteamericano, se ha configurado un parlamento ad hoc ―recuerda al Congresillo chavista del año 2000, nombrado a dedo― para que decida, en nombre y por cuenta de los venezolanos, sobre su destino, sobre su porvenir como nación.
Se juntan una Asamblea, la de 2026, ilegítima por espuria y fraudulenta, con otra que, mediante acto propio, le puso punto final a su “extendida” legitimidad, en 2022, la denominada Asamblea de 2015. A su “sindicatura de la quiebra” ―a la que resta como firmante― se le resucita mediante acto foráneo y como si se tratase de un pleno parlamentario que no existe. Se consuma, de tal modo, otro golpe, sumado al de Maduro Moros, a la emergente democracia del 28 de julio de 2024.
Lo que es más sensible, la soberanía de la nación, en su doble dimensión, separada de la persona artificial del Estado, como nación en su conjunto y como nación que expresa su voluntad a través del voto, en segundo lugar y por derivación quedó a la vera. Al menos eso piensan las élites económicas que hoy usan a las élites políticas para borrar de la memoria el reconocimiento recibido por Edmundo González Urrutia por parte de Estados Unidos, como presidente electo de Venezuela.
“El pueblo de Venezuela habló de forma enfática el 28 de julio y convirtió a @EdmundoGU en el presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes“, escribe en el citado día, que es martes, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en un mensaje publicado en la red X,” a tenor del cable de la BBC de Londres fechado 19 de noviembre de 2024.
¿Qué hemos perdido?, ¿la soberanía de la nación o la popular, y sus garantías por ausencia de Estado? Sí, es cierto. Mas hemos perdido lo fundamental, el norte de la verdad.
A la soberanía de Venezuela, llámesela como se la llame o se la clasifique, según el gusto de cada opinador o leguleyo, le está ocurriendo aquello que explica con sobrada lucidez el eminente jurista italiano Piero Calamandrei, víctima del fascismo: bajo un régimen de la mentira, “las instituciones no son las que crean las leyes, sino las que se sobreentienden, entresacándolas de sus líneas, a conveniencia; pues las palabras no tienen más el significado registrado en el vocabulario, sino un significado diverso, de ordinario opuesto al común e inteligible”.
A todo evento, cabe aceptar que la deconstrucción del orden internacional que emergiera a partir de 1945 y se ha ido al precipicio, y junto a la pugna de las grandes potencias para afirmar otro orden con sus particulares visiones y en tiempos de globalización, la misma deriva digital y de la inteligencia artificial conspira contra las certezas y vuelve piezas de museo a los Estados que se dicen soberanos.
El costo de nuestra libertad
En el mundo de las redes imperante, en defecto del añejo Leviatán, cuando menos subsiste el individuo o, mejor, el ciudadano internauta, por ende, la posibilidad de rescatar y de sostener, como equilibrio de lo global, las raíces de este como parte de una nación que es expresión social, histórica y cultural.
A la venezolana, desde su corazón, que todavía no lo fractura su diáspora ni la vejación a la que aún se la somete, sojuzgándola ―todos somos diáspora y mundo de migrantes― como para diluir sus virtudes de empatía, solidaridad, resiliencia, naturaleza libertaria y hasta generosidad para los rencores, sigue allí presente. Sus signos vitales se acrecientan, ante la sordera y ceguera de los narcisos de la política y los Welzer resurrectos.
Si todavía se quiere e insiste en prosternar y hacer caso omiso de la voluntad de nación patentizada en 2024, que es intangible como derecho [el derecho humano a la democracia, que vale aún a falta de actos de Estado que le validen para su ejercicio, según lo precisa la jurisprudencia interamericana], incluso sujeto su ejercicio a una temporalidad, hasta 2029, el doble terremoto ha cambiado las reglas de juego.
Sus signos reverberaron en La Guaira. Siguen despreciándose. Nada les dice a las mesas de utilería y sus teatros de simulación institucional, que las familias afectadas hayan dicho, al lado de los escombros y de sus muertos, que sus dignidades, sus derechos a la vida y a la integridad no tiene precio. No valen ni las compran los dólares de las caletas del narcotráfico allí encontradas, ni las neveras ofrecidas por Nicolasito.
Las mismas víctimas, con sus uñas y dedos destrozados, ausente el poder garantista del Estado, ante la criminal displicencia de los uniformados que tenían el deber del cuidado de la nación, optaron por salvarse a sí mismas. Se rescataron por sí solas, acompañadas por rescatistas extranjeros y su proverbial generosidad.
Dado lo actual y lo monumental del esfuerzo de reconstrucción que, al cabo, habremos de acometer los venezolanos como nación y otra vez en soledad ―lo demuestra la experiencia, que es tozuda― y dados los costos inesperados que aquella implica ―el Banco Mundial estima las pérdidas en 19.600 millones de dólares americanos y la ONU aprecia el costo de la reconstrucción en unos 37.000 millones de dólares (40 % del PIB) ― pronto veremos el taimado y progresivo retiro de quienes salivaron por el botín nuestro a partir del 3 de enero.
Otro tanto le ocurrió a Carlos V con los Welzer. Releamos la historia, pues más pronto que tarde presenciaremos ingentes reclamos legales e internacionales por las inversiones que no fueron y los contratos que al boleo se otorgaron, sin legitimidad alguna. Las acusaciones de tiranía y de abusos durante el mandato del rodrigato serán tachadas por sus socios, los mismos inversionistas, como calumnias motivadas por la envidia ante el “poder comercial”. Eso decían los alemanes en 1546, después de ocupar nuestro territorio como pago de deudas insolutas. Juan de Carvajal los enfrentó y envió a la cárcel.
La cuestión vertebral que no hemos de olvidar ni echar en saco roto es que, al igual que sucediese el 19 de abril de 1810, insisto, la soberanía ―por abandonada en su cuidado y garantía― ha regresado, todavía más después del terremoto, a manos de su verdadero titular, el pueblo, la nación, el conjunto de los venezolanos. Lo demás es ejercicio banal, pastoreo de nubes. Es llegada la hora, pues, de nuestra final emancipación.
Rescatar la dignidad de nuestra nación, por encima y avanzando en su reconstrucción material, ha de ser la razón que justifique, en lo adelante, nuestra lucha cotidiana por la libertad. Nos lo debemos. Se lo debemos a nuestros padres fundadores y a las generaciones que nos siguen.
La dirigente opositora María Corina Machado fijó postura frente al proceso de diálogo entre el oficialismo y la Asamblea Nacional electa en 2015, en el que no participa. Recordó que la Plataforma Unitaria y su equipo presentaron en mayo la propuesta denominada Acuerdo de Panamá, pero las partes involucradas descartaron dicho planteamiento y optaron por otra vía sin incluirlos.
“Ese planteamiento no se escuchó y se optó por otro. Entonces, quienes lo promueven, quienes participan en él, son quienes deben darle respuestas al país”, añadió la opositora en entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.
A pesar de que, tanto ella como Edmundo González Urrutia no forman parte de la mesa, Machado recordó que no obstaculizarán el proceso si este conduce a la restitución de la soberanía popular. “Nosotros no formamos parte de ello, no lo vamos a obstaculizar y lo acompañaremos en tanto cumpla el mandato que ha dado el pueblo de Venezuela”.
Ante la posibilidad de que surjan acuerdos que no sean de su agrado, precisó que la prioridad radica en la voluntad popular y no en su figura personal: “Esto no se trata de mí, se trata del pueblo de Venezuela que dio un mandato”.
Este proceso fue promovido por el gobierno de los Estados Unidos y aunque fue excluida del mismo, afirmó que conserva una buena relación con funcionarios estadounidenses, incluyendo al propio presidente Donald Trump.
Críticas del abandono estatal a las víctimas de los terremotos
Sobre los terremotos del pasado 24 de junio, Machado cuestionó la inacción de las instituciones del Estado y la contrasta con la organización espontánea de la ciudadanía. Denunció que los organismos oficiales entorpecieron la atención de la emergencia al bloquear la entrada de rescatistas internacionales y frenar la ayuda dirigida a las zonas afectadas.
“Vimos la cara más oscura, la irresponsabilidad, la corrupción, la indolencia, esa la ausencia de humanidad y de compasión, porque no es solo lo que no hicieron, sino el haber intentado e impedido que otros ayudaran”, expresó.
Machado resaltó que la población asumió el rescate por cuenta propia e indica: “Esto fue superado por una nación que se volcó con sus propias manos a escarbar, sin instrumentos, sin permiso, sin cámaras, sin conocer a quién estaba salvando, vecinos salvando vecinos”. Para la dirigente, la respuesta ciudadana ante la falta de presencia estatal establece la base sobre la cual se reconstruirá el país.
El mandato del 28 de julio sigue vigente
Machado ratificó la vigencia del resultado de las elecciones presidenciales de 2024 y lo define como un hecho histórico. Describe la jornada afirmando: “El 28 de julio no fue una elección más, fue un acto soberano, fue un momento de encuentro y de renacimiento de la nación”.
La dirigente opositora destacó la movilización ciudadana y la custodia de las actas de votación en los centros electorales, señalando que la población resguardó dichos documentos. “El 28 de julio ganó la verdad y ganó el futuro, nos dimos un mandato que permite tener un futuro”, expresó.
Por otra parte, Machado enfatizó que el objetivo central de su gestión política consiste en concretar esa decisión popular, indicando: “Nuestro mayor reto es cumplir el mandato del 28 de julio”.
La eventual transición democrática
Machado planteó que la reconstrucción del país exige situar a la ciudadanía en el centro de las decisiones y descarta un proceso circunscrito a acuerdos de cúpulas. Propone un “gran acuerdo nacional para la transición y la reconstrucción de la República” derivado de consensos sociales y de la responsabilidad individual asumida por la población en los últimos años.
Sobre las condiciones concretas que marcan la ejecución de esa transición, la dirigente detalla: “¿Cómo se cobra ese mandato? Con los presos políticos en la calle, con los exiliados regresando a sus hogares, con los periodistas hablando libremente, con la gente encontrándose y moviéndose sin miedo, con un Consejo Nacional Electoral como lo manda la Constitución con gente honorable”.
Sin embargo, aclaró que este proceso requiere plazos y trabajo ciudadano continuo para desmontar las estructuras existentes y restablecer las instituciones estatales.
Su compromiso de volver al país
María Corina Machado ratificó su intención de regresar a Venezuela y asumir las tareas de la reconstrucción en el territorio nacional. Al abordar su permanencia fuera de la vida pública previa y su situación actual, sostuvo que la distancia geográfica no interrumpe su vínculo con la población ni con los procesos políticos en curso. “Voy a regresar a Venezuela, eso es un paso, pero el reto es ese y construir un país que está vuelto añicos sin una sola institución de pie”, dijo.
Por otra parte, explicó que al momento de pisar suelo venezolano acudirá a saldar compromisos asumidos con familiares de víctimas de los hechos ocurridos en el país, citando promesas directas con madres de las regiones afectadas. Sobre el cumplimiento de su palabra, Machado concluyó: “Tengo una lista muy larga, mucha gente que abrazar, que agradecer… héroes anónimos. Es una promesa, yo cumplo mi palabra”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este sábado, 1 de agosto, se esperaba el inicio de un proceso de diálogo entre la Asamblea Nacional electa en 2015, bajo la representación de Dinorah Figuera; con el Parlamento oficialista del 2025, encabezado por Jorge Rodríguez, pero solo se produjo una llamada telefónica entre los representantes de ambas delegaciones.
Según el comunicado difundido en redes sociales, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, informó que conversó con Figuera por teléfono y acordaron reunirse de forma presencial la próxima semana en Caracas. Durante todo el día hubo la información se manejó con gran hermetismo y algunas cuentas llegaron a afirmar que el proceso de diálogo habría sido “suspendido”.
Durante la conversación, añadió Rodríguez, los representantes compartieron la composición de ambas delegaciones y establecieron una “agenda de trabajo con metas claras y verificables”. En esa primera sesión abordarán la “atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas”.
Rodríguez reveló quiénes serán los miembros de la delegación del Parlamento oficialista. La lista incluye, además de su persona, a Ana María Sanjuan (ministra de Educación Universitaria) y a los diputados Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante.
Por su parte, la AN 2015 indicó que los miembros de la comisión técnica política, además de Figuera, serán Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. También contarán con una comisión de apoyo integrada por Macario González, exalcalde del municipio Iribarren (Lara) y los parlamentarios Julio César Moreno, Desiree Barboza y Elimar Díaz.
“Agradecemos a los Estados Unidos y al Secretario de Estado Marco Rubio por el acompañamiento a la transición en Venezuela. Este inicio marca un nuevo capitulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos”, señaló el bloque opositor en un comunicado.
En días pasados, el Parlamento electo en 2015 señaló que este acercamiento entre bandos políticos del país fue “un mecanismo promovido por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el Departamento de Estado”. Según explicaron, el objetivo central sería construir un camino que conduzca a la restitución institucional y a un horizonte electoral con garantías.
Los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia afirmaron que no participarán en la mesa de diálogo, pero aseguraron que no serán un obstáculo ante ninguna iniciativa que produzca avances reales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
