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Currículum de bachillerato llegará con más de 30 años de retraso

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A juicio de Luisa Pernalete un currículum escolar no se puede improvisar, debe ser trabajado por expertos y ensayado con algunos colegios pilotos
Para Carlos Calatrava el nuevo currículo para la educación media debe ser cambiado de manera “urgente” y debe estar enfocado en la ciencia y la tecnología 
Herrera, Pernalete y Calatrava coinciden en que la escuela debe parecerse a la sociedad que todos los venezolanos quieren

 

@yeannalyfermin

La educación cambió en todo el mundo y no por la pandemia del COVID-19, aunque eso influyó. Mientras el sistema educativo en otros países avanza y se transforma con la llegada de nuevas tecnologías, en Venezuela la oferta para el bachillerato es la misma de hace más de tres décadas.

Actualmente no se le ofrece al estudiante la posibilidad de aprender un oficio que le permita desarrollarse en el campo laboral, en caso de que no pueda o no desee continuar sus estudios en la universidad. 

Desde hace un par de años el Ministerio de Educación está discutiendo un nuevo proyecto educativo para los estudiantes de educación media, aunque hasta ahora poco se sabe de los nuevos cambios que traerá el pensum.

El sistema educativo venezolano consta de tres etapas: inicial, básica y media. En las dos primeras se han hecho cambios. Sin embargo, en la última, no se han realizado mayores modificaciones, aunque se sabe por voceros del área que el Ministerio de Educación está preparando una actualización del currículo.  

La Encuesta de Condiciones de Vida 2022 (Encovi), identificó  que la razón principal que lleva a los niños y adolescentes a dejar los estudios no es el factor económico, sino más bien “la poca pertinencia de la oferta educativa”. 

Oferta rezagada 

A juicio de Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la oferta educativa para el bachillerato se ha quedado rezagada y es considerada como “deficiente”. 

Calatrava explicó en entrevista para Runrun.es que la propuesta de educación media del año 2016, que se conoció con el nombre de “transformación curricular de educación media”, no cumple con elementos culturales establecidos, no tiene finalidades, no informa sobre las actividades extra curriculares, no presenta un perfil del egresado y no hace recomendaciones ni da parámetros a los profesores. “Es un curriculum arbitral”, consideró. 

“El diseño curricular que acompaña a los estudiantes de entre 12 y 18 años, que es la etapa de la adolescencia es el que peor está en términos técnicos, lo que termina convirtiéndolo en un curriculum arbitral, porque se está ejecutando como lo está interpretando cada profesor en toda Venezuela”, explicó Calatrava.  

Por su parte, el integrante del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas (CICE), Mariano Herrera, aseveró que lo que está sucediendo con el currículum de bachillerato “es muy grave”, debido a que tiene entre 30 y 40 años y las materias son prácticamente las mismas, al igual que los programas. 

De cara al país 

Al ser consultada sobre lo que debe contener la oferta académica para la tercera etapa o el bachillerato la educadora y miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, Luisa Pernalete, enfatizó que el currículum tiene que estar acorde con las necesidades del país, no se puede improvisar, debe ser trabajado por expertos y ensayado con algunos colegios pilotos. 

La profesora recalcó que un currículum escolar no consiste solamente en lo que trata, sino también en cómo se trata. Destacó que la educación no puede seguir siendo el discurso del maestro, “lo que se llamaba educación bancaria, el maestro hablando y el muchacho repitiendo”.

Para  Calatrava, el nuevo currículo para la educación media debe ser cambiado de manera “urgente” y debe estar enfocado en la ciencia y la tecnología, con competencias genéricas en todos los niveles.

A su juicio, lo primero que  debe tener claro es el perfil del egresado. Agregó que en Venezuela se debe enseñar desde los primeros espacios nuestra lengua, pero también una lengua extranjera en un nivel profundo, así como también se debe impartir conocimientos en pensamiento lógico-matemático, historia de Venezuela, de América, espacio geográfico, además de las ciencias exactas como Biología, Física y Química. 

“Hay que formar personas que tengan mucha cultura, pero que también cuando salgan del bachillerato sepan hacer algo o trabajar en un oficio aprendido en la escuela”, recomendó Calatrava. 

En Venezuela, la educación tradicional que se ha impartido desde siempre y se ha enfocado más hacia la parte cognitiva y menos hacia la parte socioemocional, un elemento que ha tomado gran importancia desde que declararon la llegada de la pandemia al país. 

Para Luisa Pernalete la educación socioemocional hay que trabajarla e incluirla en el nuevo proyecto educativo que adelanta el gobierno y no solo en el del bachillerato, también desde básica.  

Otra sugerencia de Luisa Pernalete es que se debe trabajar por competencias y no por objetivos, como se hace actualmente. “Cuando en la lectura se trabaja por objetivos se aprende a leer y a escribir, pero cuando se hace por competencias, no solo se aprende eso, sino también la comprensión lectora que es de vital importancia, porque con comprensión lectora se puede aprender de todo”, explicó. 

Capacitación para el trabajo 

El profesor Mariano Herrera explicó que un nuevo proyecto educativo para el bachillerato debe empezar a introducir la mayor cantidad de materias relacionadas con la educación para el trabajo.

“Desde el primer o segundo año se deben ofrecer más materias relacionadas con empresas, manejo de maquinarias, cosas tecnológicas, de oficinas, sistemas, pensamiento crítico, entre otras”, dijo.

En entrevista para Unión Radio, el vicepresidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados (Andiep), Fausto Romeo, enfatizó que la nueva adecuación curricular es una deuda que se mantiene con la sociedad estudiantil. 

Romeo señaló que la Andiep le propuso al Ministerio de Educación la implementación de especializaciones en bachillerato, pues a su juicio, Venezuela necesita mano de obra técnica antes de ingresar a la educación superior. 

El nuevo proyecto educativo

Sobre este nuevo proyecto educativo el profesor Mariano Herrera señaló que lo poco que ha visto le ha parecido que está bien, porque habla de la educación técnica desde el primer año de bachillerato y, sobre todo, porque hay inclusión de materias científicas desde el inicio de la tercera etapa.  

El vicepresidente de la Andiep aclaró que el bachillerato clásico se va a mantener. Sin embargo, el nuevo currículum escolar de bachillerato prevé 9 especialidades con 41 menciones, y podrían sumarse más en las próximas discusiones entre el sector educativo y las autoridades. 

Fausto Romero indicó que la Andiep le propuso al gobierno que en la reforma curricular se establezcan  cinco años de estudio de primaria, tres de bachillerato y tres de diversificado. También, sugieren que el último año incluya menciones como salud, petróleo y economía productiva, áreas que le permitirán al estudiante capacitarse y formarse para el campo profesional. 

Un currículum sin consenso 

A juicio de la profesora experta en pedagogía general y enseñanzas de las ciencias naturales, Aurora Lacueva, la reforma curricular que adelanta el gobierno y que muy probablemente se vaya a implementar para el próximo mes de octubre es un proyecto que no se conoce ni se ha discutido abiertamente, por lo que considera que es “prematuro” tratar de implementarlo para el nuevo año escolar. 

“Es precipitado tratar de implementar eso para octubre, principalmente por los problemas de infraestructura y dotación de los colegios y liceos públicos, además de los precarios salarios que actualmente devengan los maestros y docentes”, dijo.

Lacueva afirmó que si bien es necesario una reforma curricular al pensum educativo, no debe hacerse en este momento, pues la prioridad debería ser canalizar esfuerzos y recursos para los docentes y escuelas y, luego de eso, se puede avanzar en mejorar el pensum. 

Sin embargo, la profesora afirmó que la nueva reforma que adelanta el Ministerio de Educación tiene aspectos positivos destacables como la formación de los estudiantes hacia la economía productiva y la formación técnica. 

Aseveró que la reforma curricular debe ser muy buena y debe estar muy bien hecha. “Si se están preocupando mucho por la ciencia y la tecnología, pues tiene que haber laboratorios, profesores bien preparados y espacios adecuados para dicha formación”. 

Rechazó que se reste importancia a las materias que contribuyen a la formación integral de los estudiantes como lo son el arte, la filosofía, geografía de América, historia contemporánea y universal. 

Un aspecto importante en el que coincidieron los profesores Herrera, Pernalete y Lacueva es que la escuela debe parecerse a la sociedad que todos los venezolanos quieren. 

Apuntaron a que fomentar el respeto, la normas, la convivencia, la tolerancia, los buenos principios y modales, son aspectos que deben tener un espacio importante dentro del nuevo proyecto educativo.

Solórzano propone “orden de sucesión” en primarias en caso de inhabilitaciones

La candidata a la primaria opositora pidió establecer un mecanismo de sucesión para evitar imposición de candidaturas ante posibles bajas por inhabilitación
“La inhabilitación es constitucional, pero existe”, remarcó, y dijo que no iban a permitir el “dedazo” o la imposición de un candidato opositor

 

La opositora Delsa Solórzano, candidata a las primarias antichavistas del próximo 22 de octubre, pidió  a los demás aspirantes que se haga un debate para establecer un orden de sucesión en caso de que la Contraloría General inhabilite a alguno de ellos, como ha ocurrido con María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano, sobre quienes pesan medidas administrativas que les impedirían presentarse a las elecciones presidenciales.

Las inhabilitaciones, impuestas en diferentes períodos, no impiden a los aspirantes presentarse a las primarias por ser un asunto interno de la oposición, pero sí estarían bloqueados para inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidatos a las presidenciales, ya que la medida les impide ocupar cargos públicos de elecciones popular, por lo que no podrían ocupar la jefatura de Estado, en caso de ganar los comicios.

https://twitter.com/polianalitica/status/1677438631093444608?s=20

En este sentido, Solórzano considera que hay que buscar una solución “cuánto antes”, para lo que propone debatir las posibles alternativas y fijar una lista sucesoria de candidatos, con la idea de poder garantizar que sea la voluntad de los ciudadanos la que prime.

Para ello, pide “que se establezca un orden, un mecanismo”, con el fin de evitar imposición de candidaturas ante posibles bajas por inhabilitación, algo que -aseguró- no va a “permitir nunca”.

“La inhabilitación es constitucional, pero existe”, remarcó, y dijo que no iban a permitir el “dedazo” o la imposición de un candidato opositor. 

Inhabilitación de Machado

El pasado 30 de junio, a través del diputado disidente de la oposición José Brito, la Contraloría General dio a conocer la inhabilitación de Machado por 15 años, tras una investigación patrimonial en la que -aseguró la institución- se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas durante la auditoría correspondiente.

La Comisión Nacional de Primarias (CNP), el ente rector de las internas, desestimó esta medida y aseguró que le permitirá competir en la contienda que definirá al candidato de la coalición opositora para las presidenciales de 2024.

A juicio de la CNP, la inhabilitación es una “sanción de carácter inconstitucional y contraria a los estándares internacionales sobre derechos humanos”.

Asimismo, exhortó a los políticos y ciudadanos “a redoblar los esfuerzos para promover la participación” en la contienda de octubre, en la que Machado se enfrentará a otros 12 políticos, entre ellos los también inhabilitados Superlano y Capriles.

¿Se aleja una transición democrática?

Este jueves, 6 de julio, The Washington Post alertó en su editoral sobre las amenazas a “escasas posibilidades” de transición democrática en Venezuela.

En un artículo de opinión publicado en su página web, TWP se refirió a la reciente inhabilitación política que pesa sobre María Corina Machado. 

El medio indicó que encuestas políticas proyectan «a la líder política de oposición como la abanderada de las primaria».  Sin embargo, resaltan que la oportunidad parece alejarse. El medio estadounidense compara el hecho de la inhabilitación de Machado con la prohibición que hiciera el «dictador» de Nicaragua, Daniel Ortega, en 2021, de impedir que sus principales oponente de postularse a las presidenciales. 

The Washington Post considera que la inhabilitación de otros dos candidatos, al igual que el reemplazo completo de la mayoría de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), amenaza las ya escasas posibilidades de una transición democrática pacífica en Venezuela. 

Puede leer el artículo AQUÍ 

Con información de EFE

DDHH Olvidados | Javier Tarazona cumple 2 años preso por informar

El director de Fundaredes está detenido en El Helicoide acusado de traición a la patria, terrorismo e incitacion al odio por referirse a los enfrentamientos entre la FANB y las FARC en el estado Apure durante marzo de 2021

 

El pasado 2 de julio de 2021, el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, fue detenido junto a su hermano Rafael y al abogado Juan de Dios García por funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro cuando acudió a la sede del Ministerio Público en Coro, estado Falcón, para denunciar que estaban siendo hostigados por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar. 

De acuerdo con Fundaredes, los tres fueron apresados y desaparecidos sin mediar argumentos, instrumentos procesales ni orden judicial. 

Desde entonces, Tarazona ha estado tras las rejas y sometido a retardos procesales por parte de la justicia madurista, presuntas torturas y enfrentado enfermedades como ansiedad, hipertensión y hasta covid-19, el cual nunca fue tratado y desembocó en una patología respiratoria. Su hermano Rafael y García fueron liberados bajo régimen de presentación el 26 de octubre de 2021.

A Tarazona se le imputan los delitos de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. A falta de datos oficiales, el activista fue una de las fuentes de información que se refirió al conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure durante marzo de 2021, el cual dejó muertos de lado y lado, al menos 3 mil personas desplazadas y múltiples denuncias de abusos a la sociedad civil por parte de los soldados venezolanos.

En medio de esta disputa y a raíz de un documento fotográfico, Tarazona asomó la eventual relación entre el exministro y exgobernador chavista, Ramón Rodríguez Chacín, con la guerrilla colombiana. 

Tarazona, quien cumplirá 41 años el venidero 21 de julio, es licenciado en educación y director de Fundaredes desde febrero de 2005. Fue presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Táchira entre 2010 y 2018. 

Claman por libertad al unísono 

A raíz de cumplirse dos años de la aprehensión del profesor universitario y activista, varias organizaciones no gubernamentales exigieron su inmediata liberación.

“Lamentablemente llegamos a los dos años de arbitrariedades, tratos crueles e inhumanos para Javier, su familia y el equipo de Fundaredes”, expuso el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) a través de su cuenta de Twitter.

La directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, sostuvo que Tarazona debe ser liberado debido a que no hay pruebas incriminatorias en su contra.

“Javier ha estado en la cárcel de manera injusta, lejos de su familia y sus hijos. Los defensores de derechos humanos no podemos ser criminalizados y enviados a prisión, defendemos los derechos de todos los venezolanos y tenemos que ser respetados”, dijo Acosta en las redes sociales.

La madre de Tarazona, Teresa Sánchez, ha solicitado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que interceda por su hijo ante el Gobierno Venezolano, sin embargo el mandatario neogranadino ha hecho caso omiso de esta petición. 

Organismos internacionales lo respaldan

Clara Ramírez, coordinadora de documentación de Fundaredes, sostuvo que no solamente las ONG apoyan la liberación de Tarazona.

“La sociedad civil y docentes universitarios elevan su voz para que Javier recobre su libertad”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida de protección para Tarazona y anunció que está dispuesta a llevar a cabo una visita a su centro de detención en El Helicoide para “ayudar con el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas al director de Fundaredes”. 

Además de la CIDH, la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció en contra de la detención del activista, mientras que Amnistía Internacional lo considera “un preso de conciencia”. 

También la Unión Europea instó al Estado venezolano a respetar el marco legal en el proceso que se le sigue al activista.

“La Unión Europea y sus estados miembros presentes en Venezuela llamamos al respeto del debido proceso en el caso de Javier Tarazona”, apuntó la delegación en un mensaje publicado en su cuenta de twitter.

Sometido a retardo

Fundaredes denunció que luego de meses de audiencia en el Tribunal Tercero con competencia en terrorismo, el juicio contra Tarazona comenzó desde cero en octubre del año pasado a consecuencia de una supuesta baja médica del juez de la causa. 

“Se dieron los elementos necesarios para que se configure la interrupción del juicio y todas las actuaciones que ya se habían realizado deberán ser repetidas”, expuso Ramírez. La integrante de Fundaredes sentenció que el juicio había arrancado formalmente el 16 de agosto de 2022 y desde entonces cumplido con los lapsos correspondientes que establece el sistema legal. Ramírez recordó que según la ley, las audiencias de juicio no pueden distanciarse una de la otra más de 10 días hábiles. 

“Es una arbitrariedad, absolutamente inexplicable, es parte de este esquema continuo de convertir el proceso penal, que se supone debe ser expedito, en una forma de castigo anticipado”, dijo entonces Gonzalo Himiob, miembro del Foro Penal Venezolano y abogado defensor de Tarazona.

Fundaredes ha denunciado además que las condiciones de detención en las que se encuentra su director son paupérrimas. La ONG recalcó que la celda de Tarazona no cuenta con ventilación ni iluminación adecuada y se le niega el acceso a un espacio de recreación. Por otro lado, argumentan que este no recibe un tratamiento médico de calidad, lo cual lo deja en un grave estado de vulnerabilidad.

“No hay nada que señale o fundamente que Javier ha instigado al odio o cometido actos de terrorismo, el Ministerio Publico solo se limita a las actas de los funcionarios que los detuvieron y a publicaciones en twitter”, dijo Ramírez. 

Claves | CPI y Venezuela: apelaciones maduristas solo retrasan la investigación, no la deroga

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Un Mundo Sin Mordaza: «Dado que el gobierno venezolano notificó el 3 de julio de la apelación contra la decisión que autorizó la reanudación, es probable que se llame nuevamente a un proceso de consulta a las víctimas para confirmar, enmendar o revocar la reanudación»
Génesis Dávila, abogada de la ONG Defiende Venezuela, afirma que la CPI puede incluir e investigar otros crímenes además de los casos de tortura, encarcelamiento, persecución fundada en motivos políticos y actos de violencia sexual
Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad: la Oficina de la Fiscalía de la CPI que se espera se instaure en Caracas será independiente del caso Venezuela I

Frente a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de reanudar la investigación sobre Crímenes de Lesa Humanidad del  Caso Venezuela I, el gobierno de Nicolás Maduro anunció el 4 de julio que enviarán un recurso de apelación contra la decisión de la CPI. 

 

 

El 7 de julio, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI ha pedido a los Jueces de la Sala de Apelaciones derecho a participar en la anunciada apelación para proteger los intereses de las 8.900 víctimas, a 630 familias afectadas y a 2 organizaciones que aparecen en la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) hace meses.

 

 

«La interposición de la apelación no suspende los efectos de que se continúe con la investigación, a  menos que el gobierno de Venezuela se lo solicite expresa y justificadamente a la Sala de Apelaciones de la Corte internacional y esta lo acuerde. Continúa la investigación de la situación ante la CPI», señaló Génesis Dávila, directora y abogada de la ONG Defiende Venezuela.

La decisión del ente multilateral el 27 de junio le da facultades al Fiscal Karim Khan de investigar los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por individuos relacionados al gobierno de Nicolás Maduro. 

«Khan recobra sus potestades previstas en el artículo 54 del Estatuto de Roma, por lo que podrá seguir reuniendo y examinando pruebas, hacer comparecer e interrogar personas, solicitar cooperación de los Estados, entre otras acciones», reafirmó Dávila. 

Aunque el caso Venezuela I es el primer hito de investigación por crímenes de lesa humanidad a un gobierno latinoamericano en ejercicio, no es la primera vez que un miembros de un gabinete presidencial activo está bajo la presunción de violaciones al Estatuto de Roma. 

Runrun.es consultó a Dávila, a Omar Piñango, coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad (OCLH), y a Alonso Domínguez, Coordinador de la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, para detallar cómo el gabinete de Nicolás Maduro puede retrasar el juicio y cómo la CPI sobrepasa esos obstáculos. 

CPI debe priorizar qué crímenes investigará 

Hasta la fecha, en el proceso penal de Venezuela I todavía no se han identificado casos concretos ni han sido determinados sus posibles o presuntos responsables.

Pese a que la Misión internacional independiente de las Naciones Unidas identificó varios crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 2014 hasta ahora y se tiene identificados a varios funcionarios públicos venezolanos, la CPI debe hacer pública por dónde empezará su investigación forense e identificar a los funcionarios dependiendo del posible crimen involucrado. 

«En esta etapa primigenia de la investigación, en la que apenas acaban de reactivarse las facultades investigativas del Fiscal, es muy probable que todo gire en torno justamente a la selección de casos», dice Piñango. «En el sistema del Estatuto de Roma, no existe ningún impedimento para investigar, juzgar y sancionar a responsables que estén en el ejercicio de cargos oficiales, ya que no se contemplan prerrogativas».

La directora de Defiende Venezuela señala que la Oficina de la Fiscalía de la CPI ha analizado 4 crímenes en particular gracias a los informes de la ONU y la VPRS venezolana, que promulgó la propia corte. 

«Es probable que la investigación se centre en los crímenes de lesa humanidad relacionados a la tortura, el encarcelamiento, la persecución fundada en motivos políticos y la violación y otros actos de violencia sexual. Pero pueden incluirse otros actos distintos en una etapa posterior», agrega. 

Apelaciones gubernamentales contra las VPRS

Para el abogado Alonso Domínguez, la reciente apelación que emitió la Cancillería venezolana busca agotar los recursos de la CPI para continuar con el juicio, tal como está ocurriendo en el caso de Filipinas y las ejecuciones extrajudiciales relacionadas al gabinete del expresidente Rodrigo Duterte entre 2014 y 2022. 

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI decidió autorizar la investigación de Duterte en septiembre del 2021, cuando aún era presidente del país asiático. Al igual que en Venezuela, las víctimas y sus familiares participaron en una ronda de VPRS. 

Dos meses después, el gabinete filipino solicitó aplazar la investigación y la CPI pidió reanudar el caso en junio del 2022. Por cada apelación que el gobierno filipino ha mandado desde el 2021 hasta ahora, la CPI consulta a las víctimas para confirmar la decisión de derogar la investigación. 

«En mayo de 2023 fue presentado por tercera vez un informe del VPRS sobre lo que opinaron las víctimas en Filipinas y ahora se está a la espera de la decisión de la apelación», dice el representante de Un Mundo Sin Mordaza. «Las similitudes con la investigación Venezuela son evidentes. En comparación, la situación de Venezuela ha avanzado más rápidamente, pero no tiene que seguir siendo así en el futuro». 

Lo más probable es que se llame a otra ronda de consulta de las víctimas venezolanas. «Pero habrá que esperar lo que decida la Sala de Cuestiones Preliminares respecto a si mientras se resuelve la apelación la investigación continúa o, por el contrario, tendrá efecto suspensivo».

La cooperación internacional: factor decisivo

Dávila reitera que el gobierno de Nicolás Maduro no será el primer caso donde la CPI investigue a dirigentes políticos durante su mandato. Omar Al Bashir, antiguo presidente de Sudán, estuvo bajo investigación y tuvo una orden de arresto por el genocidio de más de 300 mil personas en el año 2005. 

Cualquier país que ratificó su participación con la CPI está en el deber de arrestar a los sancionados por la CPI.

Aunque la sentencia al expresidente Al Bashir ocurrió en 2009, el exdirigente africano viajó por años a países firmantes del Estatuto de Roma sin represalias. No fue hasta el año 2019 que el sudanés fue revocado de su cargo por un golpe de estado y el gobierno de transición prometió entregar al dictador ante la justicia internacional en 2021. 

«Debemos recordar que la CPI requiere de la cooperación de los Estados Parte para hacer efectivas sus decisiones. Si la persona investigada está en el ejercicio de un alto cargo podrían privar intereses políticos de los Estados y estos decidan no cumplir con el deber de cooperación, como ocurrió en el caso de Omar Al Bashir», dice la abogada. «También podrían existir, a nivel práctico, dificultades para llevar a cabo diligencias propias de la investigación dentro del país, en virtud de las trabas que puedan poner los presuntos responsables que estén en el ejercicio de altos cargos». 

Incidencia ciudadana perpetua

Domíngez afirma que, mientras la apelación del gabinete madurista siga en pie, la CPI puede volver a solicitar pruebas y la cooperación de las víctimas y ONG para mantener la investigación del Fiscal Khan.

«Es indispensable la obtención, colección y preservación de evidencias que cumplan los estándares probatorios de la Corte y que permitan sustentar la causa. Adicionalmente, como la situación Venezuela I sigue girando en torno a la complementariedad, es sumamente importante que las víctimas y las organizaciones estén vigilantes y atentas de los posibles procedimientos penales que pueda iniciar en Venezuela para así ejercer control sobre los mismos», destaca. 

Los tres abogados coinciden en que la CPI juzga a individuos, no a los Estados ni a todo un gabinete del poder ejecutivo. 

Oficina de la CPI en Caracas es independiente del caso Venezuela I

El coordinador del OCLH corroboró que la futura oficina de la CPI que se instalará en Caracas no tendrá una relación directa con el caso Venezuela I. «Se trata de una Oficina de la Fiscalía, no de la Corte. Es una oficina que tiene como objetivo la prestación de asistencia técnica para coadyuvar en las investigaciones internas». 

Si bien esta oficina puede reforzar los indicios de la CPI sobre la violación al debido proceso judicial en casos de crímenes de lesa humanidad, no aportará directamente a la investigación. «Forma parte de los esfuerzos que dicho órgano se encuentra implementando en línea con la complementariedad positiva», dice Piñango. 

Aunque el gabinete madurista haya montado una apelación, siguen las recomendaciones y denuncias de la comunidad internacional para respetar los Derechos Humanos en Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas advirtió el 4 de julio que el gobierno de Nicolás Maduro incumple las medidas de protección a dirigentes políticos, comunidades indígenas y la salud de toda la población, así como la falta de un debido proceso judicial por más de 10 años.  

Carencias en salud sexual y reproductiva en el país se reflejan en el embarazo adolescente

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Entre los altos costos de los métodos anticonceptivos y la poca información sobre su uso, adolescentes y jóvenes están no solo propensas a embarazos no deseados, sino además a enfermedades de transmisión sexual

 

 

El embarazo en adolescentes de bajos recursos llenan las salas de maternidad de los principales centros asistenciales públicos.

Según cifras extraoficiales del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto, a diario, de 50 consultas de ginecobstetricia que se brindan, cerca de 30 pacientes son menores de 18 años y aproximadamente 15 de muy escasos recursos.

Para el 2018, última fecha de conteo de embarazos adolescentes en el estado Lara por parte de la Dirección de Salud regional, se presentaron 5 mil casos. Según el Colegio de médicos del estado Lara, no es una cifra que haya descendido en los últimos años, pues se presume que para 2022, más de 5 mil 500 muchachas dieron a luz en la entidad.

A Estefanía Virgüez vivir en Barquisimeto, en una zona céntrica, no la excluyó de estas estadísticas. A los 16 años tuvo su primer bebé y ahorita con 18 años de edad, ha tenido tres abortos espontáneos y un legrado, sin control ginecológico constante y sin saber la razón de dichas perdidas.

«Yo tuve relaciones una vez que me escapé de mi casa. Tenía 13 años en ese momento. Me fui con un novio porque en mi casa somos humildes, solo trabaja mi papá que es mecánico y eso nos da para comer a mis hermanos y a mí. Pero ni siquiera pudimos seguir estudiando, yo sólo tengo sexto grado aprobado» relata.

La joven en la escuela primaria nunca tuvo información sobre sexualidad, embarazo ni enfermedades de transmisión sexual.

«Mi mamá no hablaba de eso en la casa y mi papá menos, solo nos decían que el día que saliéramos con una barriga nos teníamos que ir con el papá del bebé porque en la casa no había plata para cuidar muchachos».

Pero eso no pasó. Estefanía salió embarazada a los 16 y se quedó en su casa porque el papá de su hijo no respondió por el bebé.

«Yo pensé que a lo mejor no iba a quedar embarazada nunca porque aprendí de mi primer novio que si se detenía antes de terminar la relación sexual (coito interrumpido) no quedaba embarazada. Pero mi siguiente novio no hacía lo mismo y quedé embarazada muy rápido. Nunca le pedí que usara condón, los había visto, pero son muy caros para yo comprarlos y él tampoco lo hacía», dice. 

 

*Puede leer también: Informe Mujeres en Crisis: 70 % de las venezolanas no puede planificar sus embarazos

 

Propensas a embarazos y enfermedades

Entre los altos costos de los métodos anticonceptivos y la poca información sobre su uso, adolescentes y jóvenes están no solo propensas a embarazos no deseados, sino además a enfermedades de transmisión sexual.

El informe “Mujeres que resisten: Sobrevivir a una Venezuela en crisis”, publicado por la Red de Mujeres Constructoras de Paz en 2022, demuestra que aun cuando existe disponibilidad de anticonceptivos en el mercado, sus “altos precios son prohibitivos” para la mayoría de las mujeres de escasos recursos.

Una de las cifras más alarmantes de este informe es la que revela que el 70% de las encuestadas no utiliza ningún tipo de método anticonceptivo. El otro 26,6% de las consultadas indicó usar anticonceptivos. Además, el 40% de las encuestadas aseguró no tener acceso a productos para la gestión menstrual.

También, el 70% de las consultadas aseguró haber obtenido algún tipo de educación sexual ya sea en casa o en escuela, a través de conocidos o familiares, pero en el país no existe ni un solo programa gubernamental enfocado en promover la educación sexual integral.

Este trabajo fue publicado en el microsite de Mujeres Constructoras de Paz del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys). Esta red de periodistas recoge noticias, entrevistas e informes sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en un país como Venezuela, caracterizado por una crisis humanitaria compleja.

Washington Post alerta sobre amenazas a “escasas posibilidades” de transición democrática en Venezuela

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El medio estadounidense también señala que la inhabilitación de otros candidatos, al igual que el reemplazo completo de la mayoría de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), amenaza la  democracia

 

 

Este jueves, 6 de julio, The Washington Post alertó sobre las amenazas a “escasas posibilidades” de transición democrática en Venezuela.

En un artículo de opinión publicado en su página web, TWP se refirió a la reciente inhabilitación política que pesa sobre María Corina Machado. 

El medio indicó que encuestas políticas proyectan “a la líder política de oposición como la abanderada de las primaria”.  Sin embargo, resaltan que la oportunidad parece alejarse. El medio estadounidense compara el hecho de la inhabilitación de Machado con la prohibición que hiciera el “dictador” de Nicaragua, Daniel Ortega, en 2021, de impedir que sus principales oponente de postularse a las presidenciales. 

The Washington Post también señala que la inhabilitación de otros dos candidatos, al igual que el reemplazo completo de la mayoría de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), amenaza las ya escasas posibilidades de una transición democrática pacífica en Venezuela. 

Plan B para la democracia en Venezuela

En el  artículo de opinión del medio estadounidense también se afirma que la política de EEUU bajo el liderazgo del exmandatario Donald Trump no logró promover un cambio para Venezuela: “Las sanciones, la presión internacional y el reconocimiento diplomático mundial de un gobierno interino encabezado por Juan Guaidó no logró derrocar a la dictadura”.

Consideran también que la estrategia del actual mandatario estadounidense no ha sido exitosa. 

“El gobierno de Joe Biden, utilizando otras estrategias como la negociación, tampoco ha visto frutos”, pues TWP afirma que el régimen de Maduro se ha negado a reanudar las negociaciones formales con la oposición desde noviembre y exigió el levantamiento de todas las sanciones restantes como condición para cualquier acuerdo. 

Según reseña el medio, Biden no tiene más remedio que respaldar la promesa que hizo desde el comienzo de su nueva política, y que el Departamento de Estado reiteró el 30 de junio en respuesta a la represión contra María Corina Machado.

“Como mínimo, eso debería significar descartar más alivio de las sanciones hasta que se restablezcan los derechos políticos de todos los candidatos de la oposición, el régimen haya dado pasos verificables hacia el establecimiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral creíble y se hayan reanudado las conversaciones de buena fe con la oposición”, se lee en TWP.

The Washington Post agregó que el mandatario norteamericano ahora tiene que ajustar su propia estrategia, “con urgencia”, para que no ocurra otro fracaso similar durante su mandato.

 

 

Puede leer el artículo AQUÍ 

Difunden video de la devastación ambiental en el Parque Nacional Yapacana

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La iniciativa de Venezuela Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA) pidió este jueves al Estado venezolano crear medidas para detener el “impacto ambiental” generado por la minería ilegal

 

El Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam) difundió un video en donde denuncian la devastación ambiental en el Parque Nacional Yapacana. 

En un sobrevuelo realizado en el parque nacional, la organización pudo constatar la devastación ambiental sobre sus suelos y ecosistemas.

Yacapana, ubicado entre los ríos Orinoco y Ventuari del estado Amazonas, es uno de los parques más destruidos de Venezuela y la Amazonía suramericana, según Griam.

 

 
 
 
 
 
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Una nota de Radio Fe y Alegría Noticias, informó el pasado 4 de julio que 1.281 personas fueron desalojadas de algunas minas que se encuentran dentro del Parque Nacional Yapacana por “decisión voluntaria”.

El jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, informó que la operación de desalojo comenzó el 1 de julio con el objetivo de ir eliminando la minería ilegal en la zona.

Según Hernández Lares, la mayoría de las personas que fueron sacadas del Yacapana pertenecían a bandas delincuenciales que intentan hacerse del control de la extracción ilegal de oro en este estado.

El oficial resaltó que “de acuerdo a la CRBV, es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro”.

Proyecto EPA: Minería ilegal no se ha detenido

La iniciativa de Venezuela Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA) pidió este jueves al Estado venezolano crear medidas para detener el “impacto ambiental” generado por la minería ilegal.

“Desde el Observatorio de Ambiente instamos al Estado venezolano a crear medidas que frenen el impacto ambiental que se vive en el sur de Venezuela”, solicitó la iniciativa, que pertenece a la ONG Fundaredes, en un video publicado en su cuenta en Twitter.

Proyecto EPA aseguró que, pese a los operativos militares desarrollados en los últimos meses en el parque Nacional Yapacana en el estado Amazonas, “la explotación ilegal no se ha detenido” en esta zona, donde aseguran,  habitan unas 46 especies de reptiles y anfibios expuestas a “un grave peligro”.

 Además, pidieron al Estado que “garantice los derechos humanos de todos los que hacen vida en las minas de la Amazonía venezolana”, a propósito del plan de evacuación de personas dedicadas a la minería ilegal en esta región, anunciado el pasado sábado por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

 

Instan al fiscal a investigar situación

Por su parte, la ONG SOS Orinoco, hizo un llamado urgente al fiscal Trarek William Saab a investigar a todos los comandantes del Zodi Amazonas por la minería ilegal en el parque.
Afirmaron que la minería ilegal está desatada en dicho parque desde hace más de 15 años.

SOS Orinoco también exhortó que la denuncia realizada en días pasados sobre la conexión del General Maita, con la minería ilegal debe ser investigada con total objetividad.

“Nadie quiere pensar que Ud o ningún fiscal del Ministerio Público sean cómplices de un posible delito de esa magnitud”, expresó SOS Orinoco.

Agregaron que la lideresa indígena, Nancy Herrera que denunció al general Maita debe ser protegida por el despacho del fiscal.

https://twitter.com/venezuelasos86/status/1676029943078068224?s=20

 

Podcast | El calvario del agua, los discursos de las primarias y el clamor de una madre venezolana

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En el episodio 222  de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

“En mi casa los tobos reemplazaron la tubería” es el RRPlus que presenta Runrun.es en este episodio. “Hay que cargar unos tobos porque se acabó el agua del baño”. Esa es la frase que se repite todas las semanas en muchas casaa desde hace mucho tiempo. Y es que vivir en Caracas, a diferencia de lo que opinan algunos en redes sociales, no es tan maravilloso en cuanto a servicios básicos.

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Discurso de candidatos a primarias se centra más en el personalismo que en el programa”. Expertos coinciden en señalar que los mensajes de los candidatos hacen zoom más en el personalismo que en aspectos programáticos Los investigadores consultados para este trabajo escudriñan los rasgos de las comunicaciones de algunos candidatos.

En El Pitazo destacan el trabajo “Madre de niña venezolana fallecida en Perú: “El responsable tiene que pagar”. Génesis Rubí Torrealba Mejías, niña venezolana de 11 años de edad, murió en un hospital público de Perú el 31 de mayo. Su muerte fue vinculada al reto del clonazepam, aunque ello está descartado. Un mes después del deceso no hay una investigación concluyente que conduzca a un veredicto judicial que sancione a los responsables

Listen to “Episodio 222. Tres en uno: El calvario del agua, los discursos de las primarias y el clamor de una madre venezolana” on Spreaker.

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Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada