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¿Quién es opositor en Venezuela?

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¿Realmente puede un bloque político venezolano atribuirse para sí el monopolio sobre la condición opositora? Ciertamente es problemático que actores políticos en competencia por el favor de las masas se crean dueños de la virtud

@AAAD25

 

De las disputas fratricidas en la oposición venezolana y sus efectos nocivos en el desempeño de la misma como movimiento político he escrito no pocas veces. Ante un dramatismo que a menudo no tiene nada que envidiar a la confrontación entre Eteocles y Polinices pero que, tal como en el montaje de Esquilo, tiene mucho de histriónico (hostilidad exagerada para la diversión de las barras), es fácil sentir asco por un carnaval de mezquindades, banalidades y mediocridades tan triste.

Pero por otro lado, incluso los más exasperados por la falta de cohesión opositora debemos admitir que hasta la consolidación de este régimen como un autoritarismo pleno, hacia 2016 o 2017, tal unidad era algo mucho más fácil de concebir. Aquel momento, marcado por el prospecto horroroso de un gobierno sin ninguna disposición a ceder el poder democráticamente, con todo lo que ello implica en términos de ambición personal, o incluso de integridad física, para todo el que aspire a hacer política por fuera de la elite chavista; aquel momento, digo, fue un parteluz. Antes, si bien hubo choques metodológicos entre facciones, había al menos una coincidencia sobre lo que significaba ser opositor. Ahora ni eso. La polémica es ontológica. Se habla por lo tanto, no de una oposición, sino de varias oposiciones. O, en la terminología de mi preferencia pese a lo largo, grupos que se identifican como “oposición”. De ahí que sea bastante común ver acusaciones de “falsa oposición” formuladas por alguno de estos grupos hacia los demás.

Pero, ¿realmente puede un bloque político venezolano atribuirse para sí el monopolio sobre la condición opositora? Ciertamente es problemático que actores políticos en competencia por el favor de las masas se crean dueños de la virtud. Eso siempre apesta a autoritarismo. No obstante, tampoco podemos dejarnos llevar por un relativismo perezoso que deje la semántica a la buena de Dios y que avale el reconocimiento como opositor para cualquier persona, por el mero hecho de que así se identifique. No lo permite la cautela requerida para planificar y ejecutar la titánica labor de presionar a la elite chavista hacia la restauración de la democracia y el Estado de Derecho.

Seguramente cualquier intento de distinguir quién es opositor y quién no lo es será tildado de arbitrario, defectuoso e ilegítimo por el lado perdedor de la inecuación. Ya puede uno escuchar los gimoteos del tipo “¿Y quién eres tú para decidir eso?”. Para desarmar los señalamientos de falacia ad verecundiam, no queda más remedio que apelar a hechos que deberían ser axiomáticos, pero en los que es necesario insistir. Porque, repito, la crisis es ontológica, producto a su vez de los entuertos infernales de la política venezolana. Una pesadilla sartreana de la que solo se puede despertar mediante un acto afirmativo que quizá luzca a primera vista ridículo, pero que resalta la autenticidad del ser opositor en Venezuela. De eso se trata: autenticidad.

Lo primero que hay que hacer es una tautología: opositor es quien se opone. Es decir, quien hace resistencia. Quien actúa con miras a que la voluntad de otro no se haga realidad. Ya que es una acción observable, podemos establecer grados, no cuantificables pero sí calificables. A partir de este fundamento, distingo tres categorías en el espectro de grupos que se hacen llamar “opositores”. Por medio del presente artículo espero que quien lo lea comparta la tricotomía. Se trata, por supuesto, de tipos ideales en el sentido de Max Weber. Los casos concretos (partidos políticos, entes de la sociedad civil que actúan políticamente o incluso corrientes de opinión pública) pueden moverse entre dos de ellos. La toma de decisiones prácticas sobre como lidiar con un factor ambiguo puede por lo tanto ser difícil, pero necesaria.

Tenemos entonces en primer lugar a la “oposición pro sistema”. Esta reconoce la naturaleza autoritaria del régimen, lo denuncia constantemente y considera que es urgente un cambio de gobierno. Pero al mismo tiempo ve posible y preferible lograr tal objetivo desde adentro de las instituciones que el chavismo controla. Ganarle en su propio juego, por así decirlo. Por eso se inclinan por la participación constante en elecciones, sin importar la magnitud de unos vicios que admiten pero que consideran permeables. También valoran la presencia de actores opositores en los entes del Estado, pues a su juicio eso permite que los mismos no favorezcan tanto al chavismo. Su proyecto bandera fue en tal sentido el directorio del Consejo Nacional Electoral con dos rectores disidentes, que el chavismo acaba de implosionar. Tienen además una fe al parecer inquebrantable en el diálogo con el gobierno como forma de lograr cambios importantes para bien, aunque sea sin condiciones. Podemos contar entre sus miembros a Primero Justicia (sobre todo a la facción que gira en torno a Henrique Capriles, hoy evidentemente dominante), Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

Nuestro segundo grupo es la “oposición anti sistema”. Es el que más a duras penas se le puede desconocer su carácter opositor, aunque se esté en desacuerdo con sus métodos. No en balde sus críticos los suelen tildar de “radicales”, porque son los que favorecen las técnicas más confrontacionales. Para ello se justifican alegando que las vías institucionales que defiende la oposición pro sistema están bloqueadas. Ven poco o nulo beneficio en la “ocupación de espacios”, el diálogo y la participación electoral, al menos si no van acompañadas de formas de presión que están por fuera del Estado dominado por el chavismo. Dichas presiones sí las consideran indispensables. Incluyen la protesta ciudadana y las sanciones internacionales. Algunos de ellos incluso han clamado abiertamente por una intervención directa extranjera que desaloje forzosamente al gobierno. En este conjunto se encuentran Voluntad Popular, Vente Venezuela, la Causa R, Encuentro Ciudadano y Alianza Bravo Pueblo.

Por último está el grupo que sí podemos considerar, sin temor a equivocarnos, una oposición de mentira. Se trata de organizaciones obviamente cooptadas por el chavismo aunque no tengan franelas de ningún partido del Gran Polo Patriótico. En varios casos recibieron algún beneficio del poder y a cambio se volvieron sus colaboradores. Ahí están aquellos señores que, como diputados a la Asamblea Nacional y a cambio de lo inconfesable, estuvieron muy activos en un intento de blanquear ante autoridades extranjeras los negocios de Alex Saab. O los que recibieron de un Tribunal Supremo de Justicia subordinado a la elite gobernante las riendas y símbolos oficiales de partidos genuinamente opositores, en contra de los deseos de la mayoría de sus militantes; partidos que, casualmente, de inmediato se volvieron mucho más alineados con el chavismo. Son sujetos que ni siquiera denuncian el autoritarismo y la corrupción gubernamentales. Actúan como si en Venezuela hubiera democracia y se abstienen de hacer cualquier cosa que moleste al chavismo. En otras palabras, nunca se le oponen. Volviendo a nuestra tautología, no son opositores. De hecho, van más allá. Cooperan directamente con el chavismo en la preservación del statu quo. Copian al pie de la letra el discurso de Miraflores (“Las sanciones son culpables de la pobreza” y así). Participan en la supresión de disidentes notables. Lo acabamos de ver con la inhabilitación de Maía Corina Machado, cuyo vocero fue José Brito. Cabe mencionar que en este grupo también podemos incluir a partidos que, si bien no estuvieron involucrados en el affaire Saab ni en las argucias del TSJ, se han coaligado con quienes sí lo estuvieron e insisten en reivindicarlos como “opositores” aun hoy. Por ejemplo, Avanzada Progresista.

Me parece que este último grupo perdió a perpetuidad cualquier beneficio de la duda. Ni aunque cambie radicalmente su discurso será digno de la confianza que exige tomar parte en la causa democrática venezolana. El empeño que algunos ciudadanos tienen en “sumar” como sea para así evitar “divisiones” debería repasar las lecciones escolares de aritmética hasta caer en cuenta de que la suma de un número negativo es en realidad una resta. En cambio, a pesar de años de recelo, todavía es posible un concierto de la oposición pro sistema y la anti sistema. Tal vez hasta sea necesario para que la oposición real, como un todo, tenga suficiente poder como para cumplir sus objetivos.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Espacio Público documenta 217 violaciones a la libertad de expresión en primer semestre

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La ONG subrayó como una violación a la libertad de expresión el cese de transmisiones de Radio Caracas Radio (RCR), debido a la “imposibilidad económica de mantener las operaciones digitales”

 

La ONG Espacio Público (EP) difundió el 6 de julio su más reciente informe, en el que recoge que en Venezuela se registraron, entre enero y junio de 2023, al menos 217 violaciones a la libertad de expresión. Esto representa un promedio de 1,2 ataques al día contra el ejercicio del periodismo o del derecho a la protesta.

En junio, la ONG documentó 42 agresiones, mayoritariamente actos de intimidación y amenazas contra periodistas y ciudadanos; estas se suman a otras 51 contabilizadas en mayo y a las 124 acumuladas durante el primer cuatrimestre, si bien, explicó a EFE la ONG, 16 casos ocurridos en este período fueron reportados y agregados al total de manera tardía, por lo que no se reflejaron en el informe correspondiente.

“Las principales víctimas en junio fueron personas particulares y periodistas”, dice el informe, que da cuenta de “11 detenciones por ejercer la libre expresión”, entre ellos tres trabajadores públicos, un sector que ha protagonizado decenas de protestas en los últimos meses para exigir aumentos salariales.

En cuanto a los victimarios, “20 se relacionan directamente con el Estado”, lo que incluye a 10 cuerpos de seguridad -cuyos nombres no fueron expuestos en el escrito- siete instituciones y tres funcionarios, “junto con un grupo victimario afín” al PSUV.

Entre los casos señalados por Espacio Público, destaca la detención de dos productores agropecuarios que, en señal de protesta, arrojaron sus cosechas al río por la falta de combustible para trasladarlas hacia los mercados, un hecho que fue calificado como “sabotaje” por parte de la Fiscalía. Ambos fueron puestos en libertad en menos de 72 horas.

Asimismo, la ONG subrayó como una violación a la libertad de expresión el cese de transmisiones de Radio Caracas Radio (RCR), la emisora más antigua del país, luego de 93 años, debido a la “imposibilidad económica de mantener las operaciones digitales”, ya que funcionaban solo a través de la web desde abril de 2019, cuando el Estado no le renovó la concesión para el espectro tradicional.

Según los datos de la organización, en 2022, se registraron 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 7 % respecto a 2021.

Espacio Público computa 83 víctimas de la Ley contra el Odio en más de 5 años

La ONG aseguró el 18 de junio que, en más de cinco años, 83 personas han sido víctimas de la Ley contra el Odio, norma promulgada en 2017 que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan “el fascismo”.

A propósito de conmemorarse este 18 de junio el Día para Contrarrestar el Discurso de Odio, la ONG aseguró que “la denominada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia es usada para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.

En una nota de prensa, Espacio Público afirmó que entre las 83 personas a las que se les aplicó lo dispuesto en esta ley hay trabajadores públicos, periodistas y miembros de ONG.

“Durante más de 5 años, esta regulación ha justificado detenciones, allanamientos, procesos judiciales arbitrarios, agresiones físicas, hostigamiento, despidos por parte de instituciones públicas, entre otras acciones”, aseveró la organización.

En este sentido, la ONG recordó que las respuestas de los Estados a los discursos de odio “deben ser graduales y diferentes”, además de considerar el contexto político y social en el que se emiten este tipo de comentarios.

Con información de EFE

Inflación, conflictividad social y costo electoral

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Los electores no se sentirán estimulados a votar por unos candidatos que se muestran más preocupados por mejorar la condiciones electorales en las que van a competir que por mejorar las precarias condiciones de vida que sufren la mayoría de los hogares venezolanos

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) acaba de publicar el dato de la inflación para el mes de junio. El comportamiento de los precios sigue siendo muy errático, del 39,4 % en enero y 20,2 % en febrero, bajó a 4,2 % en marzo y 2,5 % en abril, pero en mayo volvió a subir a 7,6 %, y ahora en junio registra 8,5 %.

Entre enero-junio de 2023, la inflación acumulada rompió el umbral del 100% y esto sentencia la imposibilidad de lograr un inflación menor de tres dígitos. La inflación anualizada entre junio 2022 y junio 2023 registra 429%, y todo indica que esta tendencia se mantendrá hasta el cierre del año.

 

https://twitter.com/observafinanzas/status/1676899080822218756?s=20

Las presiones inflacionarias se mantendrán mientras se prolonguen los desequilibrios macroeconómicos y el presupuesto nacional sea calculado con base en premisas macroeconómicas irreales. Hay serios problemas en la coordinación macroeconómica por parte del gobierno, lo cual se debe a la ausencia de un programa de estabilización bien diseñado, con las medidas correctas, aplicadas en orden lógico y a la velocidad adecuada.

El presupuesto de gastos aprobado en diciembre 2022 (Bs 170.703.832.051) con un tipo de cambio promedio de 11,80 Bs/$ equivalía a 14.392,27 millones de dólares. A la fecha de redactar este informe, la tasa de cambio oficial publicada por el BCV registraba 28,16 Bs/$, lo cual derrite el equivalente del presupuesto nacional en dólares.

En efecto, entre enero-junio 2023, el bolívar se ha depreciado 70 %, cuestión que ha reducido a menos de la mitad el equivalente en dólares del presupuesto aprobado en bolívares. La constante depreciación de la moneda nacional disuelve el presupuesto nacional y esto significa que para el segundo semestre no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional (AN).

Está cantado que en el segundo semestre se mantendrán las presiones inflacionarias si el déficit presupuestario se financia con nuevos créditos adicionales que se cubren con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV.

Conflictividad Social

Para reducir el déficit fiscal, el gobierno minimiza el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional. Así, el costo del ajuste fiscal para estabilizar la macroeconomía los están pagando los trabajadores. En 2023 no aumentó el salario mínimo, sino que decretó un bono de alimentación de 40 $/mes, más un bono de guerra económica por 30 $/mes. A estos se le suman 5 $/mes a lo que ha quedado reducido los 130 Bs del salario mínimo. Este ingreso de 75 $/mes apenas cubre el 14% de la Canasta Alimentarias Familiar (CAF).

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI):

  • El 81,5% no alcanza a cubrir la canasta básica y está en condición de pobreza.
  • El 53,3% no puede comprar la canasta alimentaria y está en pobreza extrema.

 

El gobierno es cada vez más criticado por los trabajadores y sus sindicatos. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), siguen aumentando las protestas salariales a lo largo y ancho del territorio nacional. En enero se registraron 500 protestas y en mayo superaron las 600 manifestaciones.

Esta ola de protestas está liderada por maestros y profesores de educación media, junto a médicos y otros profesionales del sistema de salud público a los cuales se han ido sumando los funcionarios de ministerios, gobernaciones y alcaldías, que son los más afectados por la desalarización o bonificación de sus remuneraciones.

Los reclamos de los manifestantes no se enfocan en la mejora de las condiciones electorales, la restitución de los símbolos de los partidos políticos o la rehabilitación de sus dirigentes y líderes, sino en la mejora de los salarios, las pensiones y las condiciones de vida de las familias.

El costo electoral

Los precandidatos que aspiran a la Presidencia de la República están emplazados a demostrar ante los electores que tienen muy claro lo que van hacer para superar las causas estructurales de la inflación y para erradicar los factores propagadores que agravan la misma. Pero con la maniobra de forzar la sustitución de los rectores del CNE antes de que cumplieran su período legal e inhabilitar a María Corina Machado, el gobierno logra enfocar el debate político-electoral en la mejora de las condiciones electorales y desviar la atención en torno al reclamo para la mejora de las condiciones salariales y sociales.

Sin una oferta electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis, el elector no se sentirá motivado a votar -ni siquiera en la elección Primaria- porque no encontrará propuestas convincentes para superar los salarios de hambre que no alcanzan para comprar la canasta alimentaria, ni aliviar los problemas de electricidad, agua, gas, educación, vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones e inseguridad que azotan a las familias venezolanas.

Estos son los problemas que más preocupan a los electores venezolanos y deberían ser la prioridad de los partidos y precandidatos en su oferta electoral. Sin embargo, priorizan su exigencia de mejores condiciones electorales y en la rehabilitación política de los precandidatos, y así se desconectan del clamor nacional que no termina de recibir un mensaje esperanzador que ofrezca soluciones a los problemas concretos de la gente.

Y en medio de esa diatriba, los electores no se sentirán estimulados a votar por unos candidatos que se muestran más preocupados por mejorar la condiciones electorales en las que van a competir que por mejorar las precarias condiciones de vida que sufren la mayoría de los hogares venezolanos.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del #7Jul: las 8 noticias que debes conocer

El 4 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por Volker Türk, presentó un informe actualizado sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.

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Con salarios congelados: inflación acumulada en 2023 es de 100,8%

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“Por orden de Chávez”, Alcalá Cordones dio lanzagranadas a Iván Márquez y Timochenko

Instan al Estado venezolano a cumplir nuevas recomendaciones en DDHH del Alto Comisionado de la ONU

Rectores suplentes del CNE denuncian “remoción forzada” por medidas de la AN oficialista

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El enfoque de los países de toda la región es volver a poner a Venezuela en un camino democrático, y eso comienza con los preparativos para elecciones libres y justas el próximo año. Ese es el objetivo y es claramente el deseo de la gente en toda Venezuela>>, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos #6Jul

“Por orden de Chávez”, Alcalá Cordones dio lanzagranadas a Iván Márquez y Timochenko

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El militar compareció ante una audiencia de declaración de culpabilidad que tuvo lugar en Nueva York, el pasado 30 de junio 

 

El mayor general retirado Cliver Alcalá Cordones admitió haber entregado, “por orden del gobierno de Hugo Chávez”, lanzagranadas a los colombianos Iván Márquez (líder de la Segunda Marquetalia) y Rodrigo Londoño, alias Timochenko. La información la dio a conocer, vía Twitter, el periodista Joshua Goodman de la agencia de noticias The Associated Press (AP) en su cuenta de Twitter.

Según Goodman, Alcalá Cordones hizo esta confesión en la audiencia de declaración de culpabilidad que tuvo lugar en Nueva York, el pasado 30 de junio.

El periodista de AP tuvo acceso a la transcripción de la audiencia en la que el militar se declaró culpable de proveer a las FARC dos lanzagranadas 3.5 para Márquez y Londoño.

Alcalá Cordones se refirió a hechos ocurridos desde el año 2006, cuando Hugo Chávez gobernaba Venezuela.

Una nota del medio colombiano El Tiempo reseña que, “en la audiencia, el exgeneral dice además que usó su poder para impedir el arresto de los líderes de las FARC y les proporcionó apoyo a sabiendas de que era un grupo que EE. UU. había declarado terrorista y que estaban involucrados en el narcotráfico”.

Con información de TalCual y El Tiempo

Blinken sobre inhabilitación de Machado: Envía el mensaje opuesto a unos comicios libres

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El funcionario estadounidense defendió que las sanciones contra Venezuela buscan “ayudar a responder al deseo del pueblo venezolano de restaurar la democracia”.

 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, considera que la inhabilitación de la dirigente María Corina Machado “ciertamente envía el mensaje opuesto” a unas elecciones libres y justas en Venezuela.

En una rueda de prensa durante su visita a Guyana, Blinken denunció que la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de inhabilitar a Machado para competir por un cargo de elección popular durante 15 años es “profundamente desafortunado”.

“El enfoque de los países de toda la región es volver a poner a Venezuela en un camino democrático, y eso comienza con los preparativos para elecciones libres y justas el próximo año. Ese es el objetivo y es claramente el deseo de la gente en toda Venezuela”, subrayó.

“Estamos decididos a continuar con la cooperación y la coordinación internacionales para presionar al régimen a comprometerse con elecciones libres y justas en 2024”, agregó.

En este sentido, Blinken defendió que las sanciones contra Venezuela buscan “ayudar a responder al deseo del pueblo venezolano de restaurar la democracia”.

Una inhabilitación “inconstitucional”

El dirigente y candidato a las primarias Henrique Capriles calificó de “inconstitucional” la inhabilitación política a Machado.

“La inhabilitación por 15 años de María Corina Machado, por parte de la Contraloría, es una acción inconstitucional, infundada y vergonzosa. Rechazamos categóricamente esta nueva muestra del rumbo antidemocrático de (Nicolás) Maduro y su régimen”, indicó en su cuenta de Twitter.

“Maduro y la institucionalidad que controla sigue el peor camino de diseñar una elección que solo traerá más crisis económica, social y política”, añadió Capriles, quien pidió a la oposición resistir y no renunciar al derecho al voto.

“Una violación a los derechos políticos”

La Plataforma Unitaria también rechazó la medida en contra de Machado: “De manera unánime, rechazamos la inconstitucional inhabilitación en contra de María Corina Machado, lo cual es una clara violación a los derechos políticos de los venezolanos”.

De igual modo, la coalición ratificó su compromiso con la “construcción de la unidad junto al pueblo de Venezuela por medio de la elección del próximo 22 de octubre”.

Otros candidatos a las primarias repudian la inhabilitación

Por su parte, la exdiputada Delsa Solórzano consideró la medida como un atropello inconstitucional, pues, argumentó, la inhabilitación política “solo puede imponerse como una pena accesoria a una condena penal definitivamente firme”, algo que no ha ocurrido en el caso de Machado.

A juicio del exlegislador Freddy Superlano, el Estado está “atentando contra la primaria”, un punto en el que coincide con el exdiputado Roberto Enríquez, también aspirante en las internas, quien advierte de un intento, por parte del gobierno, de “inhabilitar” el proceso de octubre.

“Hoy con más fuerza debemos impulsar una elección popular que nos permita tener un líder que marque el rumbo correcto de esta lucha. El caso de María Corina es solo el principio de lo que viene. Solidarios con ella y su equipo”, apuntó Superlano.

Asimismo, el exgobernador Andrés Velásquez apostó por “actuar en bloque y con toda contundencia” para rechazar lo que considera “abusos usados como arma política”.

El exdiputado Carlos Prósperi hizo un llamado similar al pedir a los precandidatos presidenciales, así como a la sociedad en general, “estar más unidos, más firmes y más claros”.

“El cambio de Venezuela está en nuestras manos”, subrayó.

Entretanto, el exgobernador César Pérez Vivas cree que, con esta inhabilitación, el gobierno “ha puesto de manifiesto el temor que le tienen a la sociedad democrática y al inmenso deseo de cambio existente en Venezuela”.

El gobierno “busca sacarnos a todos por la vía de la inhabilitación o por la vía del encarcelamiento”, añadió.

Además, el precandidato Andrés Caleca -que acusó al Ejecutivo de actuar de manera “antidemocrática, arbitraria y despótica”- aseguró que los opositores no se rendirán en la carrera por la Presidencia, una elección que augura ganarle al chavismo “aplastantemente”.

El dirigente Roberto Enríquez fue otro de los candidatos a las primarias que se pronunció en contra de la decisión contra Machado: “Detrás de este adefesio jurídico y atropello político contra María Corina Machado, está la intención de inhabilitar las primarias, nuestra respuesta y la de todo el país que quiere cambio, debe ser participar y hacer que esas primarias sean un éxito. ¡El pueblo es quien habilita!”.

Partidos también se pronuncian

Los partidos Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT) también expresaron su solidaridad a Machado.

“Rechazamos que el régimen siga persiguiendo y pretendiendo elegir a sus adversarios, solidarios con María Corina Machado ante la nueva arremetida. Solo unidos vamos a superar todos los obstáculos”, dijo la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el vicepresidente de asuntos políticos de la formación, Juan Pablo Guanipa, señaló en la red social que esta medida impuesta contra Machado es un “acto de cobardía” que pretende “acallar el deseo de cambio de los venezolanos”.

“Hoy más que nunca demuestran que en Venezuela todos estamos inhabilitados al pensar distinto a (Nicolás) Maduro y su cúpula”, añadió.

El partido UNT afirmó que la decisión de la Contraloría busca limitar el derecho al voto: “La libre participación democrática debe darse de forma amplia y plural para que los venezolanos tengan la libertad de elegir tal como lo establece la Constitución, nuestro norte siempre será el rescate de la democracia del país”.

El cuestionamiento de Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la inhabilitación de Machado, y defendió que “ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos”.

Para el mandatario, “es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos político a ningún ciudadano(a)”.

Abogados también se manifiestan

La abogada Tamara Adrián, candidata a las primarias opositoras, se sumó a las voces que condenan la decisión de la Contraloría: “En nombre personal, y desde Unidos Por la Dignidad, rechazamos contundentemente las maniobras antidemocráticas que pretende imponer la coalición dominante como forma de implosionar la primaria y obstaculizar las elecciones presidenciales donde se saben derrotados”.

En otro mensaje publicado en su cuenta de Twitter, añadió: “Manifestamos asimismo toda la solidaridad a
@MariaCorinaYA frente a esta baja maniobra, totalmente inconstitucional e ilegal. Y llamamos a asumir la lucha por el derecho a la participación política de todos los candidatos en la Primaria y en la elección presidencial”.

El abogado José Ignacio Hernández, por su parte, comentó que “la decisión ilegítima de la Contraloría General de la República” “es inconstitucional y violatoria a los derechos humanos. La Corte Interamericana así lo ha establecido en dos sentencias, casos Leopoldo López y Gustavo Petro”.

Con información de EFE

Instan al Estado venezolano a cumplir nuevas recomendaciones en DDHH del Alto Comisionado de la ONU

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CEPAZ señaló que las recomendaciones del Alto Comisionado hacen un llamado al Estado a poner fin a estos actos sistemáticos y violatorios de los derechos humanos

El 4 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por Volker Türk, presentó un informe actualizado sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.

El informe se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, el Estado de derecho y el espacio cívico, así como en el grado de aplicación de las correspondientes recomendaciones formuladas en informes anteriores.

El documento abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023. 

Ante ello, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) resaltó que el Estado venezolano incumplió las 19 recomendaciones previas del Alto Comisionado, las cuales exigen justicia, reparación y garantías en el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos. 

“Estas recomendaciones se encuentran enmarcadas en las garantías de los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales y políticos de la población venezolana, protegiendo especialmente a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas campesinas, trabajadoras rurales, dirigentes sindicales, laborales y personas vinculadas con la política que son constantemente perseguidas y criminalizadas por parte del Estado”, indicó CEPAZ en un comunicado.

Según la organización, las recomendaciones del Alto Comisionado hacen un llamado al Estado a poner fin a estos actos sistemáticos y violatorios de los derechos humanos, pero además a la adopción de medidas que permitan sin demora investigaciones independientes e imparciales, rendición de cuentas de los perpetradores y la reparación de las víctimas o de sus familiares.

Lo que recomienda el nuevo informe

Las recomendaciones que cita el informe son las siguientes: 

Reactivar el proceso de demarcación de las tierras de los pueblos indígenas, respetando la participación plena, significativa y el consentimiento informado de los pueblos indígenas. 

Elaborar y adoptar un protocolo sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, personas campesinas, trabajadoras rurales, dirigentes sindicales y laborales en situación de riesgo. Tomar las medidas adecuadas para poner fin a los actos de estigmatización por parte de personas funcionarias públicas y adoptar las medidas de rendición de cuentas correspondientes.

Aplicar plenamente los compromisos adoptados en el plan de acción del Foro de Diálogo Social de febrero de 2023; llevando a cabo investigaciones rápidas, independientes, imparciales y efectivas de todas las alegaciones de violaciones de los derechos a la libertad de asociación, incluido el derecho a sindicarse, y de reunión pacífica, y lleve a todas las personas responsables ante la justicia; adopte medidas concretas para abordar las causas de fondo de las protestas de trabajadores, trabajadoras y personas jubiladas, incluidos los salarios y las condiciones laborales.

Adoptar medidas para garantizar el disfrute del derecho a la salud, incluido el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la despenalización del aborto, prestando especial atención a las necesidades diferenciadas de las mujeres.

Acelerar la adopción del proyecto de ley sobre igualdad de género, actualmente pendiente en la Asamblea Nacional, y elaborar un plan de acción nacional para abordar la violencia de género en consonancia con las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Adoptar medidas para garantizar el goce de los derechos humanos, libres de discriminación, incluyendo una ley que garantice el derecho de las personas transgénero a su identidad de género autopercibida, además de la implementación del artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil.

Desarrollar una política integral y unas directrices sobre la ejecución oportuna de las órdenes de liberación, los programas de redención de penas y su cómputo, garantizando al mismo tiempo el pleno acceso y la transparencia de los procedimientos que se establezcan.

Garantizar investigaciones y procedimientos judiciales rápidos, independientes, efectivos, imparciales, transparentes, exhaustivos y creíbles en los casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad y protestas, denuncias de tortura u otras formas de malos tratos y desapariciones en alta mar. Detener, procesar y castigar a los responsables, incluidos los superiores jerárquicos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos; y proporcione a las víctimas plena reparación.

Garantizar el cumplimiento efectivo de las reformas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) destinadas a reducir la detención preventiva, incluyendo el examen oportuno de las solicitudes presentadas y de los casos que calificarían para la aplicación del artículo 230 del COPP.

Promover consultas públicas transparentes, amplias, inclusivas y significativas antes de la adopción de leyes, políticas o proyectos públicos.

Garantizar que la aplicación de la legislación sobre delitos motivados por el odio e incitación al odio cumple el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se adhiere al Plan de Acción de Rabat.

Revisar la legislación sobre interceptación de comunicaciones, recopilación y uso de datos personales para garantizar el cumplimiento del derecho a la intimidad.

Establecer un plan de regularización que permita a las emisoras de radio acceder al uso del espectro radioeléctrico en condiciones que garanticen la pluralidad informativa y la seguridad jurídica, incluso mediante la participación efectiva de representantes del sector, organizaciones dedicadas a la promoción de la libertad de expresión y otros actores interesados.

Establecer mecanismos para garantizar respuestas oportunas a las solicitudes de información pública de la sociedad civil.

Garantizar el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Contraloría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos.

Ampliar la cooperación con el ACNUDH con vistas a aplicar las recomendaciones basadas en los derechos humanos, incluidas las derivadas de mecanismos internacionales, como los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Instar a las autoridades venezolanas a que, en virtud del principio de complementariedad, sigan cooperando con el OTP y demuestren su voluntad y capacidad para emprender las investigaciones y enjuiciamientos nacionales pertinentes de alcance suficiente, con miras a garantizar la debida rendición de cuentas de conformidad con las normas internacionales.

Aprovechar la cooperación preexistente con el sistema de las Naciones Unidas, incluida la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional, fomentar el apoyo al proceso de diálogo nacional y la aplicación de los acuerdos alcanzados, y levantar las sanciones sectoriales que agravan los problemas preexistentes y repercuten negativamente en el disfrute de los derechos humanos de la población.

Rectores suplentes del CNE denuncian “remoción forzada” por medidas de la AN oficialista

Los rectores suplentes dijeron estar convencidos de la necesidad de un órgano electoral “equilibrado, independiente, autónomo y respetuoso de las diferencias”

Griselda Colina y León Arismendi, rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunciaron este jueves, 6 de julio, la remoción forzada de sus cargos.

Según la denuncia, esto se produce tras las renuncias de 10 rectores, entre principales y suplentes, y la instalación del Comité de Postulaciones Electorales por parte de la Asamblea Nacional oficialista.

En un comunicado, los rectores Colina y Arismendi indicaron que no han renunciado a sus cargos, pero tras la instalación del Comité de Postulaciones Electorales el pasado 15 de junio se «constituye una remoción de hecho».

Vale recordar que hasta ahora, han presentado sus renuncias los rectores principales Pedro Calzadilla (presidente), Enrique Márquez, Roberto Picón y Alexis Corredor. También, los rectores suplentes Leonel Párica, Carlos Quintero, Francisco Garcés, Gustavo Vizcaíno, Saúl Bernal y Rafael Chacón.

 

Para Colina y Arismendi, «todo indica que lo que se pretende, con tal arbitrariedad, es torpedear la posibilidad de que el país continúe avanzando en la construcción de una institucionalidad equilibrada del órgano electoral. Y en esa dirección apunta la reciente selección de los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, lo mismo que la inhabilitación de posibles candidatos presidenciales».

También, los rectores dijeron estar convencidos de la necesidad de un órgano electoral «equilibrado, independiente, autónomo y respetuoso de las diferencias (…) Los venezolanos también requieren de un liderazgo político que piense en Venezuela, que asuma que las elecciones son el medio civilizado para resolver las diferencias y avanzar en un tránsito seguro a una democracia estable».

 

Por otra parte, aseguraron que ante el desmantelamiento del directorio del CNE «es necesario redoblar los esfuerzos para fortalecer el camino de la recuperación del derecho a elegir y a ser elegido y exigir que cualquier diálogo o acuerdo mantenga en su norte la institucionalidad, el Estado de derecho y la democracia».