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Ipys Venezuela estrenó microsite para visibilizar patrones de agresión contra periodistas que defienden derechos

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El proyecto pretende ser una ventana para dar a conocer las historias de profesionales de la comunicación que han sufrido represalias por alzar la voz en favor de la promoción de los derechos humanos en el país

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) estrenó el microsite “Periodistas que defienden derechos”, un espacio para invitar a la reflexión sobre el trabajo que realizan los comunicadores sociales como “predicadores humanitarios”, así como los embates a los que se exponen por ejercer esa labor.

Ipys Venezuela recuerda que en el país la defensa de los derechos humanos a través del ejercicio periodístico “tiene detractores y supone riesgos” . Destacan que las garantías universales se restringen en una doble vía: tanto en el caso de la ciudadanía como de aquellos cuyo trabajo es alzar la voz en favor de esos derechos.

“Periodistas que defienden derechos” es un microsite que reunirá historias de periodistas que han sido víctimas de vulneraciones “por documentar, denunciar y difundir las violaciones a los derechos humanos que se registran en un contexto como el venezolano”, en donde se observa la hostilidad contra la labor periodística y la puesta en marcha de mecanismos de censura.

Casos de periodistas como Gregoria Díaz, Clavel Rangel y Marcos Valverde, entre otros, son reflejados en este espacio y  se presentan en diferentes formatos como podcasts y relatos ilustrados.

Por ejemplo, el podcast titulado “Presa del asedio digital” cuenta cómo una comunicadora social sufrió una arremetida luego de publicar información sobre un presunto caso de COVID-19. Esta historia, al igual que otras que se publicarán, “cuenta con una cronología que resume los hitos más importantes, y se describe el modus operandi de quiénes perpetran patrones de agresión contra las y los periodistas en Venezuela”, destaca Ipys.

Acá puede consultar el microsite Periodistas que defienden derechos

Expertos de la ONU: condena a sindicalistas venezolanos es un abuso de leyes antiterroristas

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Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión
También alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo»
Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela

El 11 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que los expertos Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, advirtieron que condenar a sindicalistas y dirigentes sindicales por cargos de terrorismo es un “abuso crónico” de las leyes antiterroristas de Venezuela. 

El 1 de agosto de 2023, seis sindicalistas, detenidos entre el 4 y el 7 de julio 2022, fueron condenados a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir. 

«Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín acaban de ser condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir», anunció la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta en Twitter. 

La organización insistió en que estos seis sindicalistas son «luchadores sociales, y que esta condena representa «el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela».

“En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional”, afirmaron los relatores especiales.

Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión. También, alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo».

El comunicado resaltó varias irregularidades que se presentan en este caso de los detenidos. A continuación algunas de ellas: 

En una comunicación anterior al Gobierno de Venezuela, los expertos destacaron la falta de protección del debido proceso, la falta de acceso a la defensa legal para los activistas y lideres sindicales, la inadecuación de las pruebas a las acusaciones formuladas y el hecho de que informantes clave no testificaran en el juicio.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los órganos de derechos humanos han sostenido sistemáticamente que la legislación y la práctica antiterroristas deben implementarse de manera respetuosa de los derechos humanos.

“Denunciamos el uso indebido de las leyes antiterroristas contra quienes han abogado por la protección de los derechos sociales y económicos y la libertad de asociación. Este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada”, reiteró el comunicado.

Los expertos se mostraron profundamente preocupados por el hecho de que todos los sindicalistas fueron condenados a penas de prisión excepcionalmente largas.

Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela.

“La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno”, señalaron los expertos.

Los expertos reiteraron en el comunicado que las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos.

“El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato”, afirmaron los expertos.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DDHH de la ONU.

Los trabajadores de este órgano, aclaran en el texto,  trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Clima21 a ministro de Petróleo: Derrames no son un tema visual y sí afectan el Lago de Maracaibo

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Clima21 rechazó las declaraciones del ministro de Petróleo, quien afirmó que los derrames de hidrocarburos “son como agua y aceite” y “no hacen ningún tipo de descomposición en el Lago de Maracaibo”, porque son “una cuestión visual”
El monitoreo de derrames de petróleo del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales de Clima21 contabilizó 44 derrames durante el primer semestre de este año, 23 de ellos en el Lago de Maracaibo
La ONG insistió en que los derrames petroleros no son inocuos, como insinuó el ministro de petróleo. “La literatura científica global deja claro los graves impactos socioambientales que generan los derrames de hidrocarburos”

 

A través de un texto publicado en un sitio web, la ONG Clima21 rechazó las declaraciones del ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, quien aseguró el pasado 10 de agosto que en 2023 casi no se han registrado derrames petroleros y que estos eventos afectan al Lago de Maracaibo.

“Este año hemos tenido casi cero derrames, lo que se ven son datas anteriores, sin embargo, estamos adquiriendo los tres equipos fundamentales para la recolección de hidrocarburos. Es fundamental que se conozca que los derrames de hidrocarburos son como agua y aceite, no hacen ningún tipo de descomposición en el Lago de Maracaibo, simplemente es una cuestión visual”, declaró Tellechea desde Maracaibo.

https://twitter.com/ReporteYa/status/1689981741719523328?s=20

En contraste con las afirmaciones de Tellechea,  el monitoreo de derrames de petróleo que realiza el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales de Clima21 contabilizó 44 derrames durante el primer semestre de este año.

“De ese número, 23 se registraron en el Lago de Maracaibo. Estos datos son provenientes de reportes de medios de comunicación, redes sociales y testimonios de especialistas, organizaciones de la sociedad civil de la localidad y personas en las zonas afectadas. Para nosotros es claro que nuestro registro es una subestimación de la realidad, ya que la mayor parte de los derrames que ocurren en el país no son reportados por medios de comunicación u otras fuentes. A su vez, Pdvsa no publica ningún dato sobre estos eventos desde el 2016, año en el que reportó 8.250 derrames petroleros”, explican. 

Derrames continuos y sin atención

La ONG de defensa ambiental añade que especialistas, trabajadores petroleros, comunidades costeras y pescadores han investigado y denunciado el “grave estado de deterioro” de las instalaciones petroleras existentes en el Lago de Maracaibo, situaciones que “generan derrames continuos incluso a lo largo de varios meses”.

“Esta realidad no se corrige de manera sencilla, ni mucho menos sin una acción continuada que puede llevar años, acompañados de un trabajo técnico profesional y un financiamiento importante”, advirtieron. 

Insistieron en que los derrames petroleros no son inocuos. La literatura científica global deja claro, según afirman, “los graves impactos socioambientales que generan los derrames de hidrocarburos.

“Por ello, las empresas petroleras han avanzado en la prevención, control de los derrames y la rehabilitación de los ecosistemas afectados. En ningún caso estos efectos son menores, ni solamente visuales”, enfatizan.

Delitos ambientales

Clima21 también recuerda que para la legislación venezolana los derrames petroleros pueden ser considerados como delitos ambientales. Por eso, no bastaría con los “buenos deseos” de cambiar la situación, sino que sería obligación de los órganos judiciales investigar los posibles responsables de estos hechos. 

“Igualmente, a nivel global se avanza en la consideración de esta forma de contaminación ambiental como un problema de derechos humanos y, por ello, en la necesidad de que las empresas se hagan responsables de los mismos y realicen acciones para prevenirlos y reparar a las poblaciones afectadas.

“Resulta claro que los derrames petroleros son una arista importante dentro de la compleja situación de emergencia ambiental que afecta no sólo al Lago de Maracaibo, sino a toda su cuenca, con graves repercusiones sobre su población”, abundan. 

 

El Ministerio debe asumir su responsabilidad

A juicio de la organización, las declaraciones en las que Tellechea minimiza el impacto de los derrames parecen contradecir otras declaraciones y acciones de la propia Pdvsa y otros organismos del gobierno, quienes previamente “anunciaron la realización de acciones para el saneamiento ambiental de las zonas del lago afectadas por derrames”.

Ante esto, exigen a Tellechea asumir su responsabilidad como ministro y también como presidente de Pdvsa para que se inicien, “de la manera más perentoria”, los procesos de saneamiento del lago, la actualización de planes para prevenir y mitigar los efectos de estos derrames y la “reparación de los daños a la población y al ambiente”.

“Esta acción es la que espera de su persona el pueblo zuliano, el cual merece que su lago sea rescatado y se reconozcan los derechos del lago y la deuda histórica del país con el pueblo zuliano. Por lo contrario, si se sigue negando la realidad, no habrá ningún avance y los daños seguirán creciendo, generando mayor sufrimiento, pobreza y obstáculos para el desarrollo sostenible de Venezuela.El Lago de Maracaibo debe ser salvado”, concluyen.

Capriles advierte del riesgo de que Venezuela “tome el mismo camino que Ecuador”

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Capriles dijo que desde mayo de 2023, él y su equipo han sufrido seis agresiones por parte de chavistas. La más reciente fue contra el dirigente Tomás Guanipa en Tucupita
 “Yo ya llevo seis agresiones y aún no ha arrancado la campaña electoral. Dios nos proteja de  que este país agarre el camino de lo que pasó en Ecuador. Allá asesinaron a un candidato presidencial”, remarco Capriles
Advirtió que hay voceros del gobierno que a diario en sus discursos llama a atacar a los precandidatos opositores: “Prácticamente, le dicen a su gente que cuando llegue un líder de las fuerzas democráticas salgan a caerle a coñazos”

 

El precandidato presidencial antichavista Henrique Capriles denunció este jueves que él y su equipo de trabajo han sufrido seis agresiones por parte de seguidores del oficialismo desde el pasado 29 de mayo hasta la fecha, durante sus recorridos en distintas regiones de Venezuela 

En un video enviado por su equipo de prensa, el líder antichavista denunció la más reciente agresión que sufrió, junto a otros miembros de la formación Primero Justicia -del que forma parte-, en medio de un recorrido en el estado Delta Amacuro y aseguró que “ya van seis” ataques de este tipo, de los que responsabilizó a “grupos mandados” por el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).

“Hay que ponerle punto final a quienes dan la orden de agredir a alguien que piensa distinto”, aseveró Capriles en sus declaraciones desde Bolívar.

 “Yo ya llevo seis incidentes y aún no ha arrancado la campaña electoral. Dios nos proteja de  que este país agarre el camino de lo que pasó en Ecuador. Allá asesinaron a un candidato presidencial. Nosotros tenemos gente del gobierno que cada día que sale en televisión, llama a confrontación, prácticamente les dicen a su gente que cuando llegue un líder de las fuentes democráticas que trabaja para las elecciones salgan a caerle a coñazos. Eso es inaceptable. Venezuela no puede coger ese camino”, recalcó en sus declaraciones.

El político compartió en Twitter un vídeo en el que se observa a un grupo de personas empujando y golpeando al dirigente Tomás Guanipa, mientras este intentaba subir a una camioneta.

Además de este hecho, Capriles y sus seguidores han sido agredidos –de acuerdo con datos de su equipo- durante recorridos en Miranda (el 29 de mayo y el 15 de junio), Carabobo (2 de junio), Aragua (7 de junio) y Anzoátegui (14 de junio).

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a un sector de la oposición, rechazó “contundentemente” los hechos registrados este jueves, y afirmó que “ninguna de las agresiones y amenazas detendrán el compromiso unitario en favor del cambio en 2024″.

Este lunes, la opositora María Corina Machado, candidata a las primarias, denunció la incorporación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la “persecución política” contra los candidatos antichavistas que recorren el país, quienes se enfrentarán en octubre para definir al aspirante que buscará derrotar al oficialismo en las presidenciales de 2024.

Con información de EFE

Maduro decreta la activación de cuatro “zonas económicas especiales”

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Por otro lado, aseguró que el país “no ha renunciado ni renunciará” a luchar para “rescatar todo el dinero” y “todos los activos” en el exterior que fueron “robados” 

 

Nicolás Maduro firmó el 10 de agosto los decretos de activación de cuatro “zonas económicas especiales” (ZEE) ubicadas en distintas regiones estratégicas del país, a fin de avanzar en la “construcción” de un “nuevo modelo pospetrolero”.

“Estoy seguro (de que esto) nos va a permitir (…) seguir avanzando, con mucho empeño, con mucha perseverancia, en la construcción de un nuevo modelo económico que permita integrar, perfectamente, las potencialidades económicas, productivas, tecnológicas de las distintas regiones del país, con nuevas fuentes de inversión nacionales (…) e internacionales”, dijo Maduro.

Se trata de la “activación” de la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales -aprobada por la Asamblea Nacional en junio del año pasado, que consideró un “instrumento de primer orden” con el que se podrá “avanzar en un ensayo” que ha sido “exitoso en muchos lugares del mundo”.

Asimismo, con estas “zonas especiales”, se tomará la “senda del desarrollo tecnológico, industrial” y de la “diversificación de fuentes de ingresos” para el país.

Zonas económicas

Una de las cuatro ZEE es la isla La Tortuga, donde se desarrollará “uno de los proyectos (turísticos) más importantes” en el Caribe, “elaborado” por “una empresa italiana”.

Maduro también activó zonas en la Península de Paraguaná, en el estado Falcón, y en La Guaira, donde se desarrollarán actividades relacionadas con el turismo, la pesca y la industria, entre otras áreas.

Asimismo, ordenó la activación de una “zona económica especial militar” en el estado Aragua para el “desarrollo de toda la potencialidad científica, tecnológica e industrial” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que algunos de los incentivos que establece la Ley de las ZEE son la “reducción del 50 % de los servicios portuarios y aduaneros para la exportación” y el “reintegro del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), que puede alcanzar, en los primeros seis años, hasta un 100 %, dependiendo de la actividad exportadora”.

Rescate de los activos desbloqueados

Maduro aseguró que Venezuela “no ha renunciado ni renunciará” a luchar para “rescatar todo el dinero” y “todos los activos” en el exterior que fueron “robados”.

“Venezuela no ha renunciado ni renunciará a luchar por rescatar todo el dinero (…), todos los activos que les pertenecen a los venezolanos. No hemos renunciado ni renunciaremos”, expresó.

Se trata de una decisión dictada por “un tribunal apegado a la Justicia” y a la “ley internacional”.

Aseguró que, cuando Venezuela “logre la recuperación física” de los recursos en el exterior, estos “irán directamente” a “garantizar derechos sociales” y “servicios públicos para el pueblo”.

“Todos los venezolanos saben que no hemos renunciado ni renunciaremos a rescatar ese dinero que les pertenece a los venezolanos, a las venezolanas, y que nos robaron, nos secuestraron”, sostuvo Maduro.

Información de EFE

De Marx a Maduro: contradicción sin fin

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En la Venezuela de la perestroika bananera, el espejismo socialista es cada vez menos visible, mientras se les exige a los trabajadores empobrecidos que aguanten su sufrimiento callados

 

@AAAD25

No puedo decir que tenga muchos más motivos para el orgullo que el promedio de mis compañeros mortales. Pero uno de esos motivos es el haber detectado con bastante anticipación el discreto abandono del socialismo revolucionario como ideología oficial de la elite gobernante venezolana. Desde luego, eso es algo que los responsables jamás han aceptado en público, aunque el proceso ya lleva varios años en marcha. El contraste entre la realidad y lo que queda de discurso y propaganda ñángaras es cada vez más fuerte.

Una de sus manifestaciones es el fin del interés fingido de la elite gobernante en las penurias de la población de bajos recursos. Ya ni siquiera simulan tener la empatía hacia los pobres con la que la extrema izquierda hace gala de una insufrible pretensión de superioridad moral. Se acabaron los aumentos nominales de salario mínimo con los que la elite gobernante concretaba su histrionismo de gran benefactor de las víctimas de una “guerra económica” impulsada por los sospechosos habituales: el “imperio capitalista yanqui” y sus lacayos en la “oligarquía” local. Esas alzas por decreto se hacían sal y agua de inmediato por la inflación resultante, claro. Pero, insisto, lo que me interesa es el mensaje. Ahora entramos de lleno en la etapa en la que Miraflores, si bien sigue culpando a otros por la pobreza extrema del país, ahora les dice a quienes la padecen que no hay cómo mejorar la situación. Que se la calen o… Sufran las consecuencias de no aceptar la excusa oficial y reclamarle al gobierno.

Al ver que esa era la reacción del chavismo a las protestas por mejoras salariales que se han venido dando desde el año pasado, me volví un escéptico sobre la posibilidad de éxito de las mismas, pese a su tenacidad. Luego de intimidar suficiente a las masas con la represión salvaje de las manifestaciones de 2014 y 2017, Nicolás Maduro y compañía pueden darse el lujo de ignorar olímpicamente las exigencias de personas a las que, por razones fáciles de entender, les aterra alzar la voz a un punto que sí se vuelva incómodo para los poderosos. No importa que dichas exigencias sean mucho más limitadas que el “Maduro, vete ya” de estallidos sociales previos.

Acabamos de ver el castigo ejemplarizante que se implementó contra seis trabajadores que sí protestaron al punto de volverse incómodos: 16 años de cárcel, por acusaciones de criminalidad que serían risibles de no ser por la tragedia de vidas arruinadas y familias rotas. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció que las únicas pruebas esgrimidas para justificar la sanción draconiana fueron… Unas capturas de pantalla y unos tuits. Casualmente, se trata de connotados manifestantes contra la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el rostro de los sueldos paupérrimos en el sector público.

Así van las cosas en el gobierno del “Presidente obrero” que se dio un banquete de carne en el restaurante del chef turco Salt Bae mientras en su país había una calamidad humanitaria en pleno desarrollo. La actividad sindical, uno de los objetos de culto onanístico de la izquierda, se une a la política opositora, el periodismo, la defensa de los Derechos Humanos y otros oficios que el régimen no tolera. Este no sería, por supuesto, el primer caso de una “dictadura del proletariado” que suprime al proletariado. Recordemos la represión del gobierno de Wojciech Jaruzelski contra el activismo de Solidarność en la Polonia del ocaso del Telón de Acero. O, si nos vamos más atrás, la supresión del alzamiento en Kronstadt contra los bolcheviques.

Los discípulos ortodoxos de Marx, partiendo de la inversión materialista que el maestro hizo de la dialéctica de Hegel, sostienen que cada orden económico está embargado por contradicciones que llevan a su propia destrucción. Solo la transición al comunismo estaría libre de esas contradicciones e inauguraría así una cumbre insuperable del desarrollo humano. El fin de la historia. Ah, pero las contradicciones sí se dieron y han condenado a todos los experimentos marxistas a volverse represores de la clase a la que supuestamente representan. Es lo que sucedió con los ejemplos repasados. Pero al menos en los casos ruso y polaco, los apparatchiks trataron de mantener la ilusión de un proceso enrumbado al paraíso comunista. En cambio, en la Venezuela de la perestroika bananera, el espejismo es cada vez menos visible, con tanta privatización de facto de servicios públicos que el gobierno arruinó y tanto empresario amigo de la elite gobernante agarrando de la piñata de bienes que habían sido estatizados durante la etapa cuasi estalinista del régimen.

Todo eso mientras, repito, se les exige a los trabajadores empobrecidos que aguanten su sufrimiento callados. Como si no fueran humanos con aspiraciones legítimas a una vida decente. Como si fueran solo engranajes de la máquina que mantiene al país funcionando a medias. Es la reificación del proletariado de la que habló Lukács en su exégesis de la crítica de Marx al capitalismo. Solo que ahora, en vez de una “plusvalía” que el capitalista arrebata al trabajador explotado, lo que tenemos es un Estado empleador que paga salarios miserables mientras el botín de las arcas públicas pasa a cuentas bancarias en Suiza, Panamá o alguna islita del Caribe, para el beneficio de un miembro de la oligarquía boliburguesa.

Pudiera decirse que tenemos lo malo de ambos mundos. Porque si bien la elite gobernante no muestra reparo alguno en que la pobreza abismal se prolongue ad infinitum, tampoco se da la disciplina fiscal rígida que uno esperaría de un ajuste “neoliberal” (por eso, entre otras razones, es necio calificar como liberal el giro de la política económica chavista). Más bien el gasto público aumenta de forma intermitente, recurriendo al financiamiento monetario por el BCV. En otras palabras, siguen activos los factores detrás de la inflación elevada, que pulveriza el poder de compra, frena el consumo y, por lo tanto, el crecimiento económico.

Estamos en una espiral de fracaso político, económico y social de la que no saldremos sin un cambio de gobierno. Quedaron desmentidas las fantasías de prosperidad material sin libertad cívica que venden la oposición prêt-à-porter y los traficantes de conformismo mediocre. También queda aun más en entredicho que antes el empeño de un sector de la opinión pública en que los adversarios del gobierno solo pueden limitarse a dialogar con el poder arbitrario, sin ninguna presión sobre el mismo, porque lo contrario sería “radical”. ¿“Radical” como los trabajadores condenados a más de tres lustros tras las rejas? No estaban clamando por la salida inmediata de Maduro ni ninguna otra exigencia “maximalista”. Aun así, los criminalizaron sin piedad.

No hay evasión posible. O seguimos en este foso de oprobio y humillación, o nos dejamos de pretensiones de que estamos lidiando con sujetos con un ápice de altruismo y de escrúpulos y entendemos la magnitud del desafío que tenemos como ciudadanos.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Contracción, inflación y costo electoral para gobierno y oposición

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Los precandidatos no terminan de proponer un programa viable y creíble de reformas económicas para vencer la inflación y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

 

@victoralvarezr

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reportó un declive de la economía de -7,6 % en el primer trimestre de 2023 y -6,3 en el segundo. Los bajos salarios que limitan la demanda, la contracción en las ventas y la caída de la producción suelen anunciar una contracción económica. Las persistentes presiones inflacionarias, son un agravante. Si la actividad económica se vuelve a contraer en el tercer trimestre, será difícil remontar esta caída en lo que queda de año. Venezuela está a las puertas de otro episodio de contracción de la actividad económica con inflación.

Contracción, inflación y costo electoral para gobierno y oposición, por Víctor Álvarez R.
Indicador de la actividad económica Venezuela. OVF

Persiste la inflación

Todo indica que la inercia inflacionaria se mantendrá en el resto del año. La inflación de julio registró 7,2 %. Entre enero-julio de 2023, la acumulada registra 115% y a este ritmo superará el 200 % al cierre de 2023. De hecho, la inflación anualizada entre julio 2022 y julio 2023 registra 439 %.

Índice de la inflación. OVF julio 2023
Índice de la inflación. OVF, julio 2023.

El presupuesto de gastos aprobado en diciembre 2022 fue de Bs 170.703.832.051 que al tipo de cambio vigente para el momento (11,80 Bs/$) equivalía a unos 14.392 millones de dólares. Entre enero-julio 2023, el bolívar se ha depreciado 70 %. A la fecha de hacer este análisis (10/08/23), la tasa de cambio oficial publicada por el BCV registraba 31,23 Bs/$. Esto reduce el presupuesto nacional en divisas a apenas 5466 millones de dólares.

Contracción, inflación y costo electoral para gobierno y oposición, por Víctor Álvarez R.

Esto significa que para el segundo semestre no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la AN. Si el déficit se sigue financiando con más créditos adicionales que se cubren con emisiones de dinero sin respaldo, en el segundo semestre se mantendrán las presiones inflacionarias que afectan a las familias, empresas e instituciones venezolanas.

Sin control de la inflación ni mejora de la demanda se prolongará la contracción económica

Para reducir el déficit fiscal, el gobierno minimiza el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional. El costo del ajuste fiscal recae principalmente en la nómina de funcionarios públicos, cuya capacidad de compra está pulverizada. Esto castiga el consumo privado y repercute negativamente en la actividad económica que no encuentra mercado. Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la actividad productiva y comercial.

En 2023 no aumentó el salario mínimo, sino que se decretó un bono de alimentación de 40 $/mes, más un bono de guerra económica por 30 $/mes. A estos se le suman menos de 5 $/mes de salario mínimo. Este ingreso de 75 $/mes apenas cubre el 14 % de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) que, según los estudios del CENDAS-FVM, supera los 500 dólares/mes.

La reducción del gasto público también se nota en la falta de mantenimiento y desinversión en los servicios públicos de electricidad, agua potable, gas doméstico y telecomunicaciones, sistemas públicos de educación y salud, todo lo cual deteriora las condiciones de vida en los hogares.

¿Qué hacer?

El comportamiento errático de la economía venezolana tiene su causa en las contradicciones y errores de la política económica y en la fragilidad institucional que no permiten crear un ambiente de confianza para la inversión productiva. Para estabilizar la economía hay que corregir el déficit fiscal, erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, lograr un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía nacional y repotenciar la infraestructura de servicios a la producción para evitar el sobrecosto que castiga su competitividad.

En efecto, la actividad económica necesita servicios públicos de calidad. Pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas, la mala calidad de las telecomunicaciones, y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos para la recuperación de la actividad económica. Obligan a paradas no programadas de la producción agrícola e industrial y a incurrir en sobre costos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados.

Para que la actividad económica se recupere hace falta reactivar el crédito a la producción y el consumo, sincronizar los costos de producción con la variabilidad de la tasa de cambio y de la inflación, y aliviar las presiones fiscales derivadas del IGTF y voracidad fiscal de las gobernaciones y alcaldías.

Estos son los problemas que más preocupan a las familias, empresas e instituciones venezolanas y deberían ser la prioridad de la oferta electoral. Pero los precandidatos no terminan de proponer un programa viable y creíble de reformas económicas para vencer la inflación, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y mejorar las condiciones de vida de los hogares y así no podrán capitalizar electoralmente el enorme descontento nacional.

El discurso político prioriza la exigencia de mejores condiciones electorales y la rehabilitación de los precandidatos. Están más preocupados por mejorar las condiciones electorales en las que van a competir que en mejorar las precarias condiciones de vida de la gente. Así se desconectan del clamor de los electores que no terminan de recibir soluciones a sus problemas concretos. Y sin una oferta electoral que dé respuesta a su grave problemática, el elector no se sentirá motivado a votar.

Estrategia del gobierno para conjurar el riesgo político de la inestabilidad económica

En las diferentes encuestas, la gestión de gobierno es castigada con un 75 % de rechazo. Si no logra poner en marcha un buen programa de reactivación económica y control de la inflación –con las medidas correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada–, el gobierno teme perder las presidenciales de 2024. Por eso apuesta al deterioro de las condiciones electorales, a crear dudas en el resultado de los comicios, erosionar la confianza en el voto, aumentar la apatía electoral y lograr la abstención que convierta en mayoría su minoría electoral.

Con ese fin fuerza la renuncia del CNE para designar rectores espanta votos, se afinca en las inhabilitaciones de precandidatos que sustenten la solicitud ante el TSJ de suspender la primaria por fraude al elector. Son maniobras para afectar la elección primaria y evitar que la oposición pueda hacer una gran demostración de fuerza, de capacidad de organización y movilización del electorado. Si la primaria no sale bien, esto tendrá un impacto desmoralizador que agravaría la desesperanza y apatía electoral.

La dirigencia política no debe caer en estas maniobras. Más bien, debe contribuir a que los electores tomen conciencia del enorme poder de cambio que pueden ejercer a través del voto. Esto pasa por presentar un candidato único y unitario, con un atractivo programa de gobierno que ayude a vencer la apatía electoral y salir a votar masivamente, a fin de lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de Pedagogía económica y electoral

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