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Venezolanos entre los migrantes heridos en un accidente de autobús en Costa Rica

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Durante la madrugada de este sábado, 26 de agosto, sucedió un accidente de un autobús en Costa Rica que transportaba migrantes, en su mayoría venezolanos. La Cruz Roja informó que 34 pacientes están en condición estable, 27 pacientes en condición urgente y 2 pacientes en condición crítica, todos ya fueron trasladados a centros médicos

 

La Casa Presidencial de Costa Rica informó este sábado, 26 de agosto, que atiende el accidente de un autobús que trasladaba a los migrantes hasta la frontera norte del país, en el cual viajaban 63 ciudadanos, en su mayoría de nacionalidad venezolana.

La Cruz Roja informó que 34 pacientes están en condición estable, 27 pacientes en condición urgente y 2 pacientes en condición crítica, todos ya fueron trasladados a centros médicos.

El autobús cayó a un precipicio de 20 metros en la localidad de San Ramón de Alajuela (centro), según un informe preliminar de las autoridades.

El Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón recibió a 19 pacientes, entre ellos 6 niños todos con heridas menores. Las autoridades confirmaron que esta mañana todos egresaron del centro médico sin mayores complicaciones, mientras que en el Hospital de San Carlos, los médicos atendieron a 10 pacientes, de los cuales todos están fuera de peligro con su respectiva salida médica.

«La comisión enlace que tiene a cargo el tema de los migrantes que ingresan al territorio nacional por el sur del país coordina, desde la Presidencia de la República, todas las labores necesarias para dar contención a las personas que se vieron afectadas por un accidente de tránsito, ocurrido esta madrugada en el sector de San Ramón de Alajuela», explica el boletín distribuido a los medios.

El viceministro de la presidencia, Jorge Rodríguez, lamentó profundamente lo ocurrido e indicó que el Gobierno trabaja de forma interinstitucional para atender la emergencia.

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) habilitó un albergue donde se mantienen las 63 personas, en el sitio se les da abrigo y alimentación a los afectados. Por su parte, el Patronato Nacional de la Infancia está dando soporte a los menores de edad afectados, así como personal de Migración y Extranjería.

La comisión interinstitucional del Gobierno detalló que trabajan por garantizar la atención humanitaria de estas personas hasta que puedan continuar su camino hasta la frontera norte del país.

Según datos oficiales, en las últimas semanas ha aumentado de 1.000 a 3.000 el número diario de migrantes que ingresan a Costa Rica desde Panamá por la frontera de Paso Canoas.

El Gobierno de Costa Rica mantiene un operativo de traslado en autobuses de los migrantes desde Paso Canoas, frontera con Panamá, hasta Los Chiles, frontera con Nicaragua, con el fin de que se movilicen de forma segura y rápida sin permanecer mucho tiempo en suelo costarricense.

Cepaz: Cada 12 horas una persona es perseguida o criminalizada en Venezuela

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El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) reveló en su informe semestral cifras sobre la persecución y criminalización que hay en Venezuela hacia personas y organizaciones.
Cepaz registró 385 casos de persecución o criminalización de enero a junio de 2023. 
En el primer semestre de 2023, de acuerdo con este monitoreo, predominaron los actos de hostigamientos y amenazas, con 172 casos

 

Por: @carliiiiiiix
Foto: Cortesia: @eldiario

 

El resumen semestral correspondiente a 2023 del Monitoreo de persecución y criminalización en Venezuela del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) concluyó que hubo más de 385 personas perseguidas o criminalizadas en el país.

De acuerdo con estos datos, cada 12 horas una persona u organización es perseguida y criminalizada en el país.

De los 385 casos de persecución o criminalización 112 correspondieron a trabajadores y medios de comunicación y 86 fueron de organización no gubernamentales. Se registraron también 161 casos contra la población y otros 24 casos contra personas vinculadas al ámbito político.

En lo que respecta a las víctimas por género, al menos 65 mujeres y 122 hombres fueron víctimas de persecución o criminalización.

Patrones aplicados

En el primer semestre de 2023, de acuerdo con este monitoreo, predominaron los actos de hostigamientos y amenazas, con 172 casos.

También, hubo 11 irregularidades en procesos judiciales, 35 impedimentos de registrar un hecho noticioso, 72 despidos injustificados, 45 detenciones arbitrarias, 22 medidas cautelares y una inhabilitación política.

Se destacan también cuatro cierres a emisoras de radio, cinco allanamientos irregulares, 14 cierres de programas de radio y cuatro bloqueos a páginas web.

Más de 61 casos en junio

Durante el mes de junio desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), se documentaron al menos 61 actos de persecución y criminalización “ejercidos bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder”.

Menciona Cepaz que los actos documentados “fueron ejercidos contra trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política y contra la población”, mayoritariamente contra trabajadores del sector público, sindicalistas, campesinos e indígenas, quienes representaron el 70% de la totalidad de los casos documentados durante el sexto mes del año.

Casos concretos

El informe detalla casos particulares como el de la periodista Regina Freites, a quien agredieron funcionarios de la Policía Municipal de Bermúdez, en la ciudad de Carúpano, estado Sucre, cuando se encontraba registrando un incendio en un local comercial de la zona.

“En el lugar fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de los funcionarios policiales”, denunciaron. 

Además, se expone que la periodista Laura Clisánchez fue víctima de una publicación en la cuenta anónima de Instagram @vzlamegafono, en la que se suplanta su identidad y se intenta desacreditar su trabajo informativo.

“La cuenta de Instagram intentó vincular a la periodista de tener una empresa de publicidad y obligar a las personas a contratar el servicio publicitario a cambio de dejar de escribir denuncias en el periódico en el que trabaja”, indica el monitoreo de Cepaz.

Metodología del monitoreo

El monitoreo de casos es un compendio del trabajo de investigación que el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hace a través de la recopilación de publicaciones compartidas por las fuentes de información digital nacionales e internacionales, así como de las denuncias que reciben.

 

¿Corre riesgo la primaria con la designación del nuevo CNE? Expertos responden al Guachimán Electoral

Con la llegada de las nuevas autoridades del Poder Electoral se podrían presentar algunos escenarios: una judicialización del proceso, la pérdida de interés por parte de los electores o que las diferencias entre los sectores opositores se profundicen

 

Valentina Gil

 

La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 eligió a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de declararse en sesión permanente el pasado martes 15 de agosto. Un 3-2 que se repite, y nuevas autoridades que podrían plantear retos al proceso interno de la oposición. El Guachimán Electoral consultó las posibles amenazas a la primaria:

TSJ al acecho

De acuerdo con el politólogo Jesús Castellanos, uno de los riesgos es que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decida intervenir o incluso suspender el proceso de primaria. La Sala Constitucional podría argumentar que todo acto que se haga sin el CNE es subversivo, pues es el único que tiene mandato constitucional para organizar elecciones. 

“En teoría no puede haber usurpación de funciones porque la primaria es un mecanismo interno de las organizaciones. No existe norma que obligue a que sea con participación del CNE”, explicó para el Guachimán Electoral Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. Pero, por ejemplo, el Estado venezolano podría apoyarse en el “amparo constitucional” contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP) que introdujo Luis Ratti, secretario general del Partido Acción Nacional Venezuela (PAN Venezuela), ante el TSJ a finales de mayo de este año y que está en manos de la magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta de la Sala Electoral. 

Castellanos agregó que otro de los argumentos del TSJ podría ser que argumenten que la composición de la Comisión Nacional de Primaria (CNP) no es plural y no es el reflejo total de la oposición, porque, por ejemplo, no están los sectores que hoy están sentados en la Asamblea Nacional 2020, más afines con el gobierno. Asimismo, otro motivo que podría sustentar la decisión de intervenir es que están permitiendo que candidatos inhabilitados participen en el proceso. 

El politólogo toma en cuenta el costo político que supondría prohibir la primaria.  Estima que la decisión podría generar un efecto similar al que hubo con la inhabilitación de María Corina Machado, que favoreció la unidad del mensaje opositor. “El régimen sabe los niveles de popularidad que tiene esta elección. Pareciera que la primaria ha ido poco a poco convenciendo por lo menos a una parte de la población de que la elección tiene sentido”. 

Divide y vencerás

Otro de los escenarios que prevén los expertos es que la designación del nuevo CNE contribuya a fragmentar aún más la coalición opositora. Para María Isabel Puerta, profesora en Ciencias Políticas, se corre el riesgo de que los sectores que promueven la abstención argumenten que las nuevas autoridades del Poder Electoral son un obstáculo más difícil de superar y, por lo tanto, no tenía sentido alguno apostar por una primaria.

“No todos los sectores quedarán conformes con el resultado: este candidato no es reflejo de toda la oposición, está inhabilitado(a), etc. Una primaria puede agudizar las diferencias. Si el régimen entiende que esta primaria puede significar eso, la va a permitir. Deja que entre ellos mismos se debiliten, sin necesidad de usar al TSJ”, añadió Castellanos. 

No obstante, los 13 candidatos firmaron el pasado 4 de agosto un acuerdo mínimo de gobierno y de gobernabilidad, el cual plantea una única propuesta opositora, independientemente del ganador de los comicios internos.

El poder de la apatía

La politóloga Paola Bautista considera que el gobierno busca mostrarle a los electores que controlan tanto el proceso como el resultado y, de esta forma, mermar su voluntad para participar en la primaria. “Al final es un mensaje para decirle a la ciudadanía que no haga nada, bajo el argumento de que no vale la pena”. 

“Con un CNE rojo, rojito, ¿qué sentido tiene que nosotros votemos? Creas una infraestructura blindada, en la que no habrá ningún tipo de sorpresa porque es gente completamente comprometida con el gobierno de Maduro. La gente no va a confiar. Le da a entender a los electores que su voluntad no será tomada en cuenta ni influirá en el resultado”, acotó la profesora Puerta.

A juicio de Bautista, el gran reto para la oposición es manejar las expectativas del electorado. Cuando renunció el CNE encabezado por Pedro Calzadilla, la intención era profundizar las divisiones internas y que la misma oposición dijera que no era viable hacer la primaria por razones operativas. 

Desde el Guachimán Electoral consultamos con los miembros de la Comisión Nacional de Primaria sobre si ven en riesgo el proceso del 22 de octubre con la llegada de las nuevas autoridades electorales y declinaron responder. 

Chávez, ¿el último gran guerrero?

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El saldo de la experiencia venezolana bajo la égida del traficante de ilusiones que fuese Chávez, quien desbordará al excéntrico de Cipriano Castro, el Cabito, es de corte trágico
La comparación de Chávez con el Capitán Tricófero, denuesto que se le dirige al Castro nuestro a inicios del siglo XX, permite una ajustada relectura de la Venezuela que agobia y tanto nos duele, donde la libertad es quimera o instante fugaz

 

@asdrubalaguiar

Volver a su principio, a 1999 y luego ver su final a partir de 2012 resulta desdoroso para todo venezolano que no olvide la experiencia seminal del chavismo bolivariano. Es la matriz o el boceto de lo actual, no nos engañemos. Algunos preferirán que la deriva digital los vuelva amnésicos, pues desmemoriados como seguimos siendo la gran mayoría, la lógica de la instantaneidad y la deslocalización les permite ver como fugaz a la maldad absoluta. Pero cabe despertar.

Vayamos a lo vertebral, a lo que puede ser una síntesis del recorrido bajo Hugo Chávez Frías.

El cambio constitucional de 1999, y sus simulaciones democráticas, ocultó cuestiones más graves y vertebrales que se muestran apenas incipientes desde la inauguración de su mandato. Mientras avanzaba la constituyente, creyéndose libre de toda contención, llegado el mes de agosto autoriza un Punto de Cuenta para ordenar las relaciones de su gobierno con las FARC colombianas, de espaldas al Palacio de Nariño que ocupa Andrés Pastrana.

El gobierno venezolano se comprometió a facilitarles cooperación económica, financiera, petrolera y sanitaria. Les prometió crear bancos de los pobres, ¿para lavar los dineros ensangrentados?, y entregarles insumos químicos ¿para la producción de cocaína? Les permitió el uso el territorio de Venezuela como aliviadero y donde permanecen, bajo el compromiso de no usarlo para entrenamientos sin mediar autorización del Palacio de Miraflores.

Solo reaccionó entonces el director de la policía política (DISIP), comandante Urdaneta Hernández, uno de los jefes del 4F, renunciándole a Chávez con disgusto memorable. Este buscará enlodarlo luego.

Más tarde, en curso la transición política que provocan los sucesos del 11 de abril de 2002 –ya contando Chávez con el auxilio electoral de Castro, a cuyo gobierno le entrega el sistema de identificación venezolano– y una vez superado el referéndum revocatorio que entonces amenazaba su estabilidad, acordó con La Habana su enlace a través de fibra óptica. El cableado partiría desde Isla de Margarita. Y así, teniendo a mano tal garantía para el sostenimiento de una simulación democrática electoral puertas afuera, sucesivamente dogmatiza el sistema de votación electrónica supervisado por los cubanos. El conocimiento de los códigos fuentes del andamiaje digital se los reservará el Poder Electoral, bajo control del gobierno y su partido oficial, el PSUV.

Era este, por cierto, el otro eslabón importante para la instalación dictatorial a perpetuidad y propósito definido por el Foro de São Paulo, como se advierte en las entrelíneas de sus documentos: “En este marco resaltan los fraudes y mecanismos electorales irregulares … Asimismo debemos resaltar que en diversos países se han diseñado estructuras políticas en las que los que son electos tienen su capacidad de mandato recortada, pues se superponen instituciones no elegidas a las instancias electivas, limitándoles capacidad de acción para modificar las políticas neoliberales ya impuestas y transformar dichas realidades”.

Así las cosas, luego de fallecer Chávez y realizadas las elecciones presidenciales de 2013 que hacen de Maduro el causahabiente, de forma inconstitucional el Tribunal Supremo de Justicia previamente purifica su candidatura y después protege los resultados a su favor, sentenciando lo que sigue: “[E]n el caso de los procesos electorales automatizados, es bien sabido que el conteo de los votos no se realiza de modo manual, sino que por el contrario dicha operación aritmética es totalmente computarizada, es decir, al final de la votación se imprime un comprobante que arroja los resultados conformando al instante el contenido del acta de escrutinio automatizada, de allí que quepa concluir que en dicha totalización no cabe el error humano que sí pudiese ocurrir en un sistema de totalización manual de escrutinios”.

Ese mismo año, como realidad que se ha impuesto, el ministro del interior francés Manuel Valls declara que, “nunca se había encontrado tanta cocaína junta en la capital francesa”. Una tonelada procedente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía llega a París en un vuelo regular de Air France. Fueron castigados militares subalternos.

En cuanto a lo primero, la cuestión del narcotráfico, el mismo Foro de São Paulo había puesto sus barbas en remojo desde 1990. Hizo ver a sus miembros que los perseguirían ¿fabricándoseles? vínculos con el narcotráfico para atajarlos en sus recomposiciones y avances tras la caída del Muro de Berlín.

No por azar, pasados treinta años, el Grupo de Puebla, mascarón «progresista» del Foro paulista, acuña la tesis del Lawfare, para denunciar el uso de procesos legales artificialmente montados para inmovilizar políticamente a sus miembros o destituir a los que ocupan cargos públicos. Le preocupaban, en 2019, los casos de Rafael Correa, Cristina Kirchner, y el de Lula da Silva. Y lo cierto es que tal Lawfare tiene su origen en el Instituto del mismo nombre que integran juristas y constitucionalistas norteamericanos, dedicados al seguimiento y obstaculización de las leyes que dicta Donald Trump para frenar el ingreso de terroristas a su territorio.

El saldo estadístico de la experiencia venezolana bajo la égida del traficante de ilusiones que fuese Chávez, quien desbordará al excéntrico de Cipriano Castro, El Cabito, es, en resumidas cuentas, de corte trágico. Su comparación con el Capitán Tricófero, denuesto que se le dirige al Castro nuestro por sus adversarios a inicios del siglo XX, es, sin embargo, pedagógica. Permite una ajustada relectura de la Venezuela que agobia y tanto nos duele, donde la libertad es quimera o instante fugaz. Es territorio o cuero seco en el que dominan las amnesias colectivas, se cultiva la generosidad hasta para los odios, y donde germinan las complicidades de sus élites con los redentores de la patria.

Picón Salas, en su obra sobre el personaje –Los días de Cipriano Castro, (1953)– le dibuja desde sus adentros: “Figura violenta, contradictoria, alternativamente libertina y heroica… marca una hora de crisis de Venezuela. Es el último gran guerrero brotado de la fuerza del monte y con una retórica que tiene, asimismo, la proliferación de nuestros bejucos tropicales”.

correoaustral@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Persecución y violencia política contra mujeres son recurrentes en Venezuela

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Los activistas aseguran que amenazas concretas se han ejecutado y actos de violencia como el acoso, la violencia psicológica, verbal, física, entre otras, son frecuentes

 

Las ONG e individualidades decidieron mostrar públicamente su profunda preocupación por la persecución y la violencia política, que aprecian como fenómenos recurrentes y comunes, condenables en todos los casos.

Las mujeres en Venezuela han sido históricamente víctimas de la discriminación y desigualdad para el ejercicio de sus derechos políticos, especialmente el que se refiere a la posibilidad de ser elegidas y participar en la dirección de los asuntos públicos y políticos del país, detalla el escrito que ve un liderazgo femenino subpresentado en los más altos cargos y espacios de toma de decisiones.

En la escalada de ataques contra mujeres en cargos políticos, con aspiraciones políticas y activistas por los derechos de las mujeres, ven un ejercicio de prácticas sistemáticas que constituyen patrones de persecución y violencia política contra las mujeres, en el que se incluyen amenazas de muerte, de agresión físicas, de privación de la libertad y otras formas de intimidación.

Los activistas aseguran que amenazas concretas se han ejecutado y actos de violencia como el acoso, la violencia psicológica, verbal, física, entre otras, son frecuentes.

«Esta situación se extiende a los casos de violencia digital basadas en el género, lo cual afecta el debate público y resta garantías para la libertad de expresión de comunicadoras, lideresas y defensoras de derechos humanos».

El comunicado alerta, igualmente, sobre la instrumentalización de mujeres en ataques políticos contra hombres. «Existen denuncias que apuntan a que con frecuencia, cuando ellos son víctimas de violencia, la mayoría de las victimarias son mujeres, con la intención de que si hubiera alguna respuesta ante la agresión, pudieran valerse de la violencia de género para denunciar. Condenamos la instrumentalización de la protección, de las mujeres y por supuesto la violencia ejercida».

Organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Internacional de Determinación de los Hechos han documentado la violencia de género, que se inserta en un contexto de persecución y criminalización generalizada,

Según el escrito, ello demuestra que la violación del derecho a la participación política no corresponde a casos aislados, sino que se trata de acciones sistemáticas dirigidas de manera estratégica y planificada, que busca censurar, reprimir y controlar a distintos actores, entre ellos, los actores políticos, impactando de manera diferenciada en el liderazgo político femenino.

Esta situación, que se alimenta de contenidos específicos con connotaciones abiertamente sexualizadas, no solo atenta contra su derecho a una vida libre de violencia, los derechos humanos y los principios democráticos, sino que también socava los esfuerzos nacionales e internacionales por lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, adolescentes y niñas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los firmantes solicitaron al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reporte con especial atención la violencia política contra mujeres y que apoye a los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos que velan por su protección. A la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitaron que analice la situación planteada.

DDHH Olvidados | «La minería en el Amazonas va más rápido» que la justicia para Virgilio Trujillo

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Activistas de ONG e indígenas reclaman que el caso del asesinato del líder Uwottüja Virgilio Trujillo lleva más de un año sin una investigación formal del Estado
Provea advierte que 47 indígenas pertenecientes a distintas etnias han sido asesinadas en los últimos 13 años y sus casos no se han investigado por completo

En la mañana del 30 de junio de 2022 encontraron a Virgilio Trujillo Arana sin vida en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, al sur de Venezuela. La ONG Kapé – Kapé informó que el líder indígena Uwottüja murió por impactos de bala en su cráneo. Pero nadie sabe quién, o quiénes, son responsables. 

«Dos meses antes, Virgilio estaba denunciando la presencia de campamentos de grupos delictivos en la cuenca del río Sipapo, donde vive su comunidad. Denunciaba al Ministerio Público que los grupos armados estaban invadiendo territorios ancestrales para los Uwottüja e hicieron una pista de aterrizaje de aviones clandestina», recordó Eligio DaCosta, coordinador general de la Organización Regional De Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) y líder indígena del pueblo Baniva. 

Las denuncias para exigir justicia surgieron en horas. Organizaciones civiles como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la Odevida y la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó al Estado venezolano la investigación del caso para el líder indígena de 38 años. 

Seis días después, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, anunció en su cuenta en Twitter que había enviado un equipo de investigación del organismo desde Caracas hasta Puerto Ayacucho. El Ministerio Público ya estaba en el caso.

Pero, cuando el mundo exigía celeridad en el caso, el Estado se silenció. La investigación se sumergió en la opacidad oficial.

Virgilio se había dedicado toda su vida a la defensa de la comunidad de la comunidad Sardinita, en el lugar donde nació y que está ubicada en la cabecera del río Autana, uno de los cuatro ríos que los Uwottüja habitan. De acuerdo con la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS), Trujillo siempre se dedicó a la defensa ambiental y cultural desde sus 18 años. 

Incidencia para sus derechos

El 15 de agosto de 2022 varios líderes indígenas venezolanos protestaron ante la sede del Ministerio Público en Caracas. Desde entonces la comunidad internacional le exige al Estado la información de los avances de la investigación. 

 

«Orpia presentó al Ministerio Público en dos ocasiones la celeridad para Virgilio. Pero la justicia no da información. Lamentablemente su caso no es el único en ese estado. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó el 4 de julio de este año que estarían atendiendo un caso de violencia sexual a una joven venezolana del pueblo Jivi y denunció una investigación imparcial para el caso de Virgilio Trujillo y la masacre en Parima B» dijo DaCosta. 

Todos los casos que relató el coordinador de Orpia ocurrieron en 2022. Odevida documentó que han asesinado a 32 líderes indígenas y ambientales entre 2013 y 2021: a 21 de ellos los asesinaron «sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».

Frente a la creciente presencia de grupos armados no estatales, Virgilio Trujillo se había organizado con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) para establecer unos grupos de vigilancia comunitarios para proteger los territorios ancestrales y culturalmente relevantes para los indígenas venezolanos. Los «guardias territoriales» no usan armas, denuncian y buscan el diálogo para respetar sus demarcaciones ancestrales, un Derecho Humano avalado por la ONU y olvidado por el Estado venezolano. 

«Virgilio siempre estuvo atento a la protección del medio ambiente», recordó DaCosta. «Desde los 20 años estaba tratando de crear la figura del guardia territorial. Y lo logró en 2020. Él le enseñó a muchos jóvenes Uwottüja a ser garantes de sus derechos bajo su cultura». 

Aumenta la vulnerabilidad

Mientras el caso de Virgilio sigue en silencio y sin identificar a sus responsables, la presencia de grupos armados no estatales degradan la amazonia venezolana. A principios de agosto un grupo de 37 periodistas de Sudamérica documentó que la presencia de bandas delincuenciales aumentó en toda la selva del Amazonas. 

En el caso de la cuenca del río Sipapo, donde Virgilio era guardián territorial, las denuncias por la presencia de grupos armados en el territorio se remontan desde el año 2013. 

«Las comunidades indígenas hemos hecho incidencia con el Estado venezolano para proteger nuestro territorio, y estamos dando pasos para ello. Pero la minería en el Amazonas va más rápido que la justicia. Cada vez se degrada más la selva y se vulnera más a nuestras poblaciones», denunció DaCosta.

De acuerdo con el proyecto periodístico «Amazon Underworld», en Venezuela, de los 22 municipios que conforman los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, 13 están bajo la presencia del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y 12 están con el control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).  En el caso específico del estado Amazonas, tanto el ELN como las Farc tienen presencia en todo el territorio y, además, se incluye la presencia del grupo paramilitar colombiano La Segunda Marquetalia. Todos ellos manejan la extracción y comercio ilícito del oro y el narcotráfico. 

En algunos casos reclutan a jóvenes indígenas venezolanos para participar en actividades ilícitas contra su voluntad. Un activista humanitario en el municipio Atabapo del estado Amazonas, que prefirió proteger su identidad, informó a Runrun.es que Virgilio Trujillo había denunciado los reclutamientos forzados a los funcionarios del ZODI N° 63 (Zonas Operativas de Defensa Integral de las Fuerzas Armadas Venezolanas) un par de semanas antes de su muerte. 

Esperanzas en la ONU y la CIDH

«El Estado también tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos por violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos aunque los responsables sean agentes externos», afirmó Luis Bello, miembro del Programa de promoción de los derechos indígenas de la Amazonía venezolana Wayamou Teri. «En el caso de Virgilio ni siquiera ha habido una audiencia de presentación o una labor de imputación del responsable, entonces se cristaliza una responsabilidad del Estado por omisión». 

El experto en derechos humanos indígenas estableció que las comunidades pueden llevar el caso de Virgilio Trujillo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la jurisprudencia internacional respete la celeridad. 

«No solo hablamos de la violación al debido proceso, también hablamos de las invasiones a los territorios ancestrales que aún no han sido demarcados por el Estado y la pérdida de autonomía interna de los consejos de ancianos para hacer valer sus leyes bajo su cultura. Estamos hablando de una vulneración a los derechos individuales y colectivos presentes en la Constitución de Venezuela y que se han olvidado», concluyó Bello.

Pese a que los Estados que conforman la Amazonía se reunieron para establecer un consenso en la protección de la selva sudamericana y sus habitantes originarios el 7 y 8 de agosto del 2023, la sociedad civil y los pueblos indígenas mostraron su descontento ante la falta de políticas claras para frenar la minería, la deforestación y la violencia contra los pueblos indígenas en los próximos 5 años. 

«Mientras tanto seguiremos haciendo incidencia, hablando con el Estado venezolano para mejorar la seguridad y bajen las amenazas a nuestros hermanos indígenas. Si bien han bajado las represalias contra los familiares y amigos de Virgilio en los últimos meses, no quiere decir que aún no estamos expuestos», afirmó DaCosta. 

Exiliados en Miami critican el nuevo CNE: “no habrá elecciones confiables”

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Criticaron especialmente el nombramiento de Elvis Amoroso como rector principal del CNE por parte del gobierno de Nicolás Maduro, quien dijo este 25 de agosto que los designados eran fruto de un “gran consenso” 

 

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) dijo el 25 de agosto que los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) “dejan claro que no existirán elecciones ni libres ni confiables en Venezuela”.

La organización con sede en Miami criticó especialmente el nombramiento de Elvis Amoroso, actual contralor general, como rector principal del CNE por parte del gobierno de Nicolás Maduro, quien dijo este 25 de agosto que los designados eran fruto de un “gran consenso”.

Amoroso es “quien ha llevado adelante la política de inhabilitaciones por parte del régimen a figuras de la oposición”, dice un comunicado firmado por José Antonio Colina, exmilitar y presidente de Veppex.

El nombramiento de Amoroso “deja claro que las nuevas autoridades electorales no serán nada imparciales”, afirmó Colina, quien también rechazó el nombramiento de Carlos Quintero, sancionado por los Estados Unidos y “cerebro electoral” del chavismo, como miembro del CNE.

“Las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral también cuentan con dos rectores cercanos a Manuel Rosales y Henry Ramos Allup, supuestos opositores que han mostrado su colaboración con el régimen”, agrega el comunicado de Veppex.

ONG dudan que la nueva directiva del CNE sea imparcial  

Organizaciones no gubernamentales (ONG) dudan de que el nuevo CNE sea imparcial e independiente, al tener como miembros a personas afines a partidos políticos. 

El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, dijo a EFE que “no se entiende cómo quien estuvo inhabilitando candidatos hasta el día anterior a su nombramiento ahora vaya a ser un árbitro imparcial e independiente”, en referencia a Amoroso.

“El propósito de buscar un CNE que, para muchos, sea evidentemente parcial se logró. Nos negamos a celebrar el hecho de que, de una manera descarada, se diga que el CNE quedó 3-2, como si eso fuera lo que debería ser, cuando, en realidad, la norma constitucional dice que todos deberían ser imparciales e independientes”, dijo.

 

El asesor de la ONG Provea, Marino Alvarado, expresó, a través de X (antes Twitter), que la “dictadura” “impone su arbitrariedad e inconstitucionalidad” con un CNE “que no es independiente ni brinda confianza”.

Por su parte, la ONG Súmate señaló que “cuatro de los cinco rectores principales” del ente “están vinculados a organizaciones con fines políticos”, lo que está prohibido en el artículo 296 de la Constitución, así como en el artículo 9, numeral 4, de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que establece uno de los requisitos es no tener vinculación política con ninguna entidad.

Con información de EFE

Podcast |  Los huérfanos de la letalidad policial, el asilo en los Estados Unidos y la violencia política contra opositores

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En el episodio 229 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI). 

“La generación que perdió el sueño: los huérfanos de la letalidad policial en Venezuela” es el especial de investigación que presenta #MonitorDeVíctimas en Runrun.es esta semana. Este trabajo busca visibilizar las historias ocultas de 26 huérfanos de la letalidad policial en Caracas, Lara, Táchira, Zulia y Sucre. A través de tres podcast se revelan los efectos de estas ausencias trágicas en sus vidas. Cada capítulo explora un aspecto de la cotidianidad de estas familias y sus traumas: su salud mental, las secuelas de sus privaciones económicas y la deserción escolar

En El Pitazo destacan el trabajo “Abogado migratorio en Estados Unidos: “El problema es pensar que el asilo lo resuelve todo”. El abogado, asesor en Derecho migratorio y defensor de los derechos humanos de los migrantes, Juan Antonio Lozada, expuso en un Twitter Space de El Pitazo que muchas personas se dejan llevar por la idea de que el asilo es su única alternativa para vivir en EE. UU., sin antes evaluar otras opciones que pueden acabar de manera positiva

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Violencia política contra opositores: un eslabón más de un patrón sistemático”. Ángel Álvarez, politólogo, enfatiza que no puede hablarse de un escalamiento de la violencia política en el país, con los recientes ataques a candidatos opositores a las primarias, cuando ha sido una constante en las últimas dos décadas. Piero Trepiccione señala que los incidentes de violencia están asociados a ciertas narrativas que tratan de «convertir el torneo electoral en un torneo de muchos riesgos»

Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad desde tu plataforma de podcast preferida y compartirlo, para que se mantengan informados. 

Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada