El Carabobeño, autor en Runrun

El Carabobeño

Ocho profesores de la UC han fallecido hasta ahora con síntomas asociados a la COVID-19
Entre activos y jubilados 

Por lo menos ocho profesores de la Universidad de Carabobo, entre activos y jubilados, han muerto hasta ahora con síntomas asociados a la COVID-19.

El vicerrector académico, José Angel Ferreira, suministró la información basado en datos que a su vez publicó el Observatorio Venezolano de Universidades.

Ferreira precisó que a nivel nacional han fallecido por la misma situación más de 60 docentes universitarios, según estadísticas que maneja el mismo observatorio.

El vicerrector también informó que a pesar que hay una orden determinante, del Ministerio de Educación Universitaria para que no haya actividades presenciales en aulas, en el pasado Consejo Universitario se generó una autorización parcial para realizar algunas.

Según precisó la autorización es para realizar exámenes.

También se logró avances en algunos hospitales para que los estudiantes se incorporen.

Ferreirá también se quejó por el retraso en los pagos al personal de la universidad, por parte del gobierno, a través de la plataforma Patria.

Kapé Kapé: Confinamiento por la COVID-19 pone en riesgo a niños indígenas
La organización denuncia violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas que no cuentan con atención médica, acceso a la alimentación ni servicios básicos

La pandemia de la COVID-19 y las medidas de aislamiento dispuestas por las autoridades para contenerla, ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas, sobre todo, de los niños y niñas, de acuerdo con un comunicado de la organización Kapé Kapé.

Explican que el confinamiento por el coronavirus dificulta el acceso a alimentos, agua y atención médica, en medio de una emergencia sanitaria donde estos servicios son aún más necesarios. Esta situación incrementa la vulnerabilidad de los niños y niñas indígenas que no cuentan con sus derechos más básicos, reseñó Correo del Caroní.

Jesús González, presidente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Enseñanza del estado Delta Amacuro, denunció que el 98% de las infraestructuras educativas clasificadas como interculturales bilingües de las comunidades indígenas de los municipios Antonio Díaz y Pedernales se encuentran en deterioro progresivo.

El representante gremial aseguró que son instituciones localizadas en las comunidades de la zona fluvial y rural del estado Delta Amacuro.

Con esta situación de abandono a las infraestructuras educativas de las zonas más vulnerables de la entidad, afecta aproximadamente a una población estudiantil de 15 mil niños en edades correspondiente desde tres años a 15 años que corresponden a los subsistemas de educación inicial, primaria y el bachillerato, manifestó.

En este complicado escenario de vulneración de los derechos de los niños de las comunidades indígenas, es menester del Estado aumentar y orientar los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable… especialmente en medio de las complicaciones logísticas que impone la pandemia y las medidas preventivas, indicó.

Además del deterioro educativo, la ONG condena que, en medio de la pandemia, los niños y niñas indígenas no tengan acceso a un sistema de salud que garantice su atención médica inmediata y de calidad.

Denuncian que en el ambulatorio de la comunidad Betania de Topocho, de la parroquia Parhueña, municipio Atures en Amazonas, que debería atender a 300 niños indígenas uwottuja, de entre 0 y 12 años no cuenta con médico, ni medicamentos.

Si no es una enfermedad grave, se tratan con medicina ancestral y cuando surgen complicaciones tienen que trasladarse a Puerto Ayacucho, explican.

De acuerdo al informe, esta situación se repite en la mayoría de los ambulatorios de la zona, donde la falta de dotación y personal médico vulnera el derecho a la salud de los niños indígenas de estas comunidades.

Según el estudio de Condiciones de vida en comunidades indígenas 2020 realizado por Kapé Kapé, el 37% de los niños y niñas indígenas de las comunidades encuestadas en Amazonas se enfermaron de diarreas, vómitos y lombrices, mientras que un 37% sufrió gripe, asma o bronquitis.

Además, son asechados por otro problema asociado a la salud, la malnutrición. Indican que en el estado Amazonas, específicamente en el eje carretero sur, pudieron evidenciar una alta tasa de problemas de nutrición en los niños de cero a cinco años y en los ancianos mayores de 65 años, en su gran mayoría del pueblo indígena jivi.

Indocumentados

La organización también alerta sobre la cantidad de niños y niñas indígenas indocumentados. En un abordaje en días recientes, los padres y representantes de las comunidades indígenas del municipio Pedernales del estado Delta Amacuro aseguraron que los niños en edades comprendidas entre 0 a 12 años no cuentan con actas de nacimiento.

Destacan que entre las comunidades que viven esta situación se encuentran Wakajarita, Wakajara, Winamorena, isla de Venao, Santo Domingo y Punta Eloy.

El expromototor de la Misión Sucre en el municipio Antonio Díaz, Jesús Calderón, informó que cerca de tres mil niños y niñas no tienen partida de nacimiento desde el año 2017 en la parroquia Manuel Renaud del bajo Delta.

Se trata de una constante también en los ejes carreteros norte, sur y sureste de Amazonas, así como en las comunidades indígenas de las periferias de Puerto Ayacucho. En el eje carretero norte, Kelwin Martínez, indígena jivi nos informó que tienen alrededor de 50 niños sin partida de nacimiento, específicamente en las comunidades Topocho y Albarical, señala que el principal argumento de los funcionarios del Registro Civil del municipio para no atender a la población es la pandemia de la COVID-19, manifiestan.

En riesgo de explotación

Por otra parte, Kapé Kapé explica que los riesgos aumentan para los niños y niñas de las comunidades indígenas que viven en contextos de explotación minera.

Según el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el 25% de las víctimas de explotación laboral son niños, niñas y adolescentes. En las zonas mineras de El Callao, el 45% de las personas que trabajan en los molinos para procesar el oro son niños y adolescentes.

Debido a su complexión física son utilizados para trabajos forzados que incluyen ser utilizados como apoyo a los martilleros que se encargan de excavar espacios para la localización de rutas de oro, operadores de poleas artesanales, operadores de martillos eléctricos, de máquinas extractoras de gases y en otras oportunidades fungen como informantes claves de personas o comunidades específicas.

Manifiestan que los niños y adolescentes que se dedican a los trabajos mineros reciben un pago que usualmente es inferior a lo acordado y del oro extraído en ocasiones sólo perciben un 10%, pues éstos deben pagar un porcentaje a los sindicatos, así como a otros grupos, para conservar su estadía en el lugar. Adicionalmente, las jornadas de trabajo son largas, de 12 o más horas y tampoco cuentan con acceso a equipos de seguridad, alimentos, entre otros.

En este complicado escenario de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas, es menester del Estado aumentar y orientar, de manera urgente, los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable segura, elementos de higiene suficientes a las comunidades indígenas, especialmente en medio de las complicaciones logísticas que impone la pandemia y las medidas preventivas, exige la organización. (Con información de Kapé Kapé)

Con información de Correo del Caroní

Una Ventana a la Libertad: aplican Carvativir contra COVID-19 a presos en La Guaira
La actividad incluyó la desinfección con benzoato de bencilo para las afecciones en la piel y la diseminación en los calabozos de hipoclorito de sodio

La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), que defiende los derechos de los presos en Venezuela, denunció este viernes que las autoridades comenzaron a suministrar Carvativir, un medicamento de efectividad cuestionada contra la covid-19, a cerca de 200 privados de libertad en unos calabozos del estado La Guaira.

“Los médicos (…) les suministrarán (a los reos) 15 gotas diarias de Carvativir por siete días, así como multivitamínicos por cinco días”, dijo Andrés Goncalves, secretario de Seguridad Ciudadana de esa región costeña cercana a Caracas.

La información la suministró el mismo funcionario a través de su cuenta en la red social Instagram, en la que publicó varias fotografías y vídeos que dan cuenta de una jornada de atención a la población reclusa, entre la que se encuentran hombres, mujeres y adolescentes.

La actividad, explica Goncalves, incluyó la desinfección con benzoato de bencilo para las afecciones en la piel y la diseminación en los calabozos de hipoclorito de sodio “como parte de la prevención del contagio del COVID-19 entre la población privada de libertad”.

Según las autoridades, con esta faena buscan evitar y eliminar la cadena de contagios de esta enfermedad “para que no llegue a estos sectores”, pero UVL advierte que se produjo luego de que una reclusa de ese centro de detención presentara síntomas de covid-19, por lo que fue trasladada a otro lugar.

“Aunque el caso no ha sido confirmado por las autoridades locales, fuentes del centro de detención preventivo aseguran que se trata de un caso positivo, por lo que se procedió a atender a toda la población de privados de libertad”, sostiene la organización no gubernamental.

Venezuela atraviesa una nueva ola pandémica en medio de la cual han aumentado los contagios y las muertes que hasta ahora totalizan 154.165 y 1.532, respectivamente, mientras que el país solo ha recibido vacunas para inmunizar a menos del 3 % de su población.

Entretanto, el gobierno distribuyó por toda la nación millares de frascos de Carvativir, un antiviral extraído del tomillo que Nicolás Maduro, ha ordenado que sea aplicado a los pacientes con COVID-19 como tratamiento complementario.

La Academia Nacional de Medicina ha pedido al Ejecutivo que publique los estudios que respaldan la efectividad de este fármaco, algo que no ha ocurrido, si bien Maduro insiste en calificar a este medicamento como “milagroso”.

 
Candidato a Secretaría de Estado de Biden conversó con senador Durbin sobre apoyo a Guaidó
Los políticos estadounidenses abordaron la situación política de Venezuela y las amenazas que plantean naciones como Rusia y China

Este lunes, el senador de Estados Unidos, Dick Durbin, sostuvo una reunión con Tony Blinken, el candidato del presidente electo Joe Biden a la Secretaría de Estado, para abordar la crisis venezolana y su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó.

Durante el encuentro efectuado a través de la plataforma Zoom, los políticos estadounidenses abordaron varios temas sobre la situación política de Venezuela, la democracia y sobre las amenazas que plantean naciones como Rusia y China.

“Espero trabajar con Tony Blinken para restablecer el papel de liderazgo de Estados Unidos en el mundo, incluso cuando se trata de abordar la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, apoyar la democracia en Venezuela”, aseguró Durbin.

Durbin y Blinken hablaron sobre la importancia de que la administración de Joe Biden continúe apoyando a la Presidencia Encargada, con el fin de recuperar la democracia en Venezuela.

El senador estadounidense ha insistido a la comunidad internacional, rechazar colectivamente el fraude electoral efectuado por la dictadura el pasado 6 de diciembre y recalcó la importancia de apoyar la lucha democrática del gobierno por lograr comicios legislativos y presidenciales libres.

“Bajo el presidente Trump, el Departamento de Estado dio un drástico paso atrás cuando Estados Unidos se retiró del escenario global y se acobardó ante nuestros enemigos en el extranjero. Espero trabajar con Tony Blinken para restablecer el papel de liderazgo de Estados Unidos en el mundo, incluso cuando se trata de abordar la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, apoyar la democracia en Venezuela y asegurarnos de hacer frente a las amenazas planteadas por Rusia y China”, dijo Durbin.

Durbin junto con los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio, Patrick Leahy y Cory Booker presentaron la Ley de Estatus de Protección Temporal de Venezuela de 2019, un proyecto de ley para otorgar TPS de inmediato a los venezolanos elegibles que huyen de las terribles condiciones en su país de origen y para fortalecer los sistemas migratorios en los países que rodean Venezuela.

En abril de 2019, Durbin se unió a Menéndez en la presentación de la Ley de Desarrollo, Asistencia para la Democracia y Ayuda de Emergencia de Venezuela (VERDAD ACT). La legislación aumenta significativamente la asistencia humanitaria de Estados Unidos, amplía las herramientas actuales para abordar la cleptocracia, reconoce y apoya formalmente los esfuerzos del presidente interino de Venezuela para restaurar la democracia y la prosperidad en el país, y acelera la planificación con las instituciones financieras internacionales para avanzar en la reconstrucción del país después de Maduro.

 
Instituto Nacional de Higiene habilita prueba PCR para viajeros
La prueba tiene un precio de  1.42 petros o 84,60 dólares al cambio en bolívares

 

El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel“, adscrito al Ministerio de Salud del Gobierno de Nicolás Maduro informó este viernes 1° de enero, que ya fue habilitada el laboratorio de pruebas PCR para viajeros.

El Inhrr ofrece para la solicitud de prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PSC), para la detección del SARS-CoV-2, en su página web: viajeros.inhrr.gob.ve/ en cuatro pasos que contemplan un examen, cancelación del costo de la tarifa, toma de muestra y entrega de resultado.

Cabe recordar que esta constituye un requisito obligatorio de los gobiernos para viajar en avión hacia otros países, el cual deberá dar negativa al coronavirus, de lo contrario el paciente tendría que guardar 14 días de cuarentena y después repetir la misma si insiste en viaja.

Una vez en la web del instituto, las personas deben llenar un formulario en la página web antes mencionada y tener a mano una copia de la cédula y una copia del pasaje aéreo, marítimo o terrestre.

“Solo aplica para aquellas personas que vayan a viajar y estén interesadas en realizarse la prueba con el fin de cumplir los requisitos migratorios exigidos por el país de destino”, detalla el Inhrr.

El precio en bolívares será calculado con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) al momento de efectuar el pago. Para este 1° de enero de 2021, según la Petrocalculadora, las personas debían cancelar Bs. 86.958.193,26.

Según la tasa paralela del dólar para la fecha, el monto equivale a 84,60 dólares. Estos se podrán cancelar con tarjeta de débito o biopago del Banco de Venezuela en la sede del Instituto, ubicada en la Ciudad Universitaria de Caracas, detrás del Hospital Universitario, la cual atiende en horario corrido para la toma muestra, de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm, sin previa cita y por orden de llegada, mientras que los sábados, domingos y feriados el horario será de 9:00 am a 12:00 m.

Asimismo específica, que el plazo para la entrega de resultados es de 24 horas y será notificado por correo electrónico y se podrá consultar y descargar por el portal.

Recomendaciones de la CDC para viajeros

Según la página web de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC),  las pruebas de detección antes y después de viajar pueden reducir el riesgo de propagar el COVID-19. Las pruebas de detección no eliminan todos los riesgos, pero combinadas con un período de estadía en casa y las precauciones cotidianas como usar mascarilla y practicar el distanciamiento social, pueden hacer que viajar sea más seguro al reducir la propagación en los aviones, aeropuertos y destinos.

Esto es lo que necesita saber:

-Hágase una prueba de detección 1-3 días antes de su vuelo.

-Hágase una prueba de detección 3-5 días después de viajar y quédese en casa por siete días después de viajar.

-Incluso si el resultado de su prueba es negativo, quédese en casa los siete días indicados.

-Si no se hace una prueba de detección, lo más seguro es quedarse en casa por 10 días después de viajar.

-Siempre siga las recomendaciones y respete los requisitos estatales y locales relacionados con los viajes.

-Retrase su viaje si está esperando el resultado de la prueba de detección.

-Los viajeros con exposición conocida al COVID-19 deben postergar el viaje, cumplir una cuarentena alejados de otras personas, hacerse una prueba de detección, así como monitorear su salud.

 

 
Al menos tres reclusos murieron en noviembre en la cárcel 26 de Julio de San Juan de Los Morros
En 2020 han perdido la vida doce privados de libertad

Según el registro que lleva la ONG, Una Ventana a la Libertad (UVL), en la cárcel 26 de Julio en San Juan de Los Morros, al menos tres internos con tuberculosis murieron en noviembre de este 2020.

En lo que va de año, esta ONG ha contabilizado un total de 12 privados de libertad que perdieron la vida con diferentes patologías.

La organización de derechos humanos confirmó con fuentes de salud que los dos reclusos, después de permanecer hospitalizados, murieron por tuberculosis y deshidratación proteica. Estaban internados en el hospital «Israel Ranuárez Balza» de la capital guariqueña.

Uno de los fallecidos quedó identificado como Vicente Abelardo Jiménez Jiménez, de 27 años, oriundo del municipio Camaguán, en la entidad guariqueña; mientras que del segundo hombre aún se desconoce la identidad.

40 dólares cuesta una bombona de gas en el mercado negro
Ciudadanos esperan de tres a seis meses para recibir una por los canales ordinarios

Gustavo Andrade tiene 20 años trabajando en un carrito de perros calientes de La Isabelica en Valencia, estado Carabobo. Para mantener el negocio a flote recurrió al mercado negro donde una bombona de gas mediana le cuesta $40.

Andrade necesita al menos dos cilindros de 18 kilogramos al mes, así que empieza a trabajar antes del mediodía con la esperanza de que las ventas le alcancen  para pagar la renta del escaso recurso. Le aterra quedarse sin ingresos en tiempos de crisis. “Cuando se me está acabando ya voy pidiendo la otra porque estar sin producir en esta situación tan ruda es desesperante”.

Al perrocalentero en ocasiones le despachan bombonas pequeñas por 20 dólares, pero cuando su proveedor se complica con la entrega, recurre a otros contactos que le cobran hasta $30 por 10kg de gas. “Entre más difícil se ponga, más se aprovechan”.

Jorge Izquierdo reside en Vienda Rural de Bárbula y también se ha visto forzado a adquirir por las vías irregulares el servicio. Luego de seis meses sin recibir gas decidió recurrir a los vendedores informales que en su sector le cobran hasta 25 dólares por el cilindro pequeño.

Entrega inmediata

“Eso es dando y dando”, explicó Sonia Naveda, dueña de un puesto de empanadas. Ella entrega su bombona vacía a cambio de una llena y hasta que no se efectúe el intercambio no suelta los verdes. Trata de tener cuidado en ese tipo de negocios porque ha escuchado muchos rumores de estafas.

No todos los distribuidores ofrecen una entrega inmediata. Yuraleisy Gámez trabaja en una cachapera y hace el pedido con un mes de anticipación. Las ganancias son cada vez más reducidas porque los gastos son mayores, pero prefiere pagar en dólares la bombona antes que no llevar alimentos a su familia.

Gabriel Obispo también trabaja en un puesto de comida y desde hace tres meses compra cilindros en divisas para subsistir. Le despachan a más tardar en una semana. “Duramos dos meses cerrados por la escasez y ahora compramos bombonas de 43 kilos en 50 dólares, pero hay quienes la venden a 70. Eso nos dura quince días”. 

En Carabobo obtener el servicio por las vías legales es cada vez más difícil. En los últimos meses las denuncias por falta de gas han incrementado y aunque las comunidades y consejos comunales tengan organizados los operativos, ya pagos en su mayoría, los ciudadanos siguen esperando de tres a 6 meses por la llegada de las bombonas.

Falta de gas doméstico afecta a mayoría de comunidades en Valencia
En el mes de julio hubo un déficit de 56%

El equipo de La Gente Propone Valencia, proyecto ejecutado por el Grupo Social CESAP, Centro al Servicio de la Acción Popular y su asociada A.C Casa del Nuevo Pueblo, desde abril viene realizando un monitoreo a los servicios públicos en Valencia, a través de consultas vía telefónica y redes sociales a los habitantes de comunidades de las nueve parroquias. Así se pudo determinar que muchas comunidades no han recibido el gas doméstico desde hace más de un mes.

En el informe elaborado sobre el tema La Gente Propone señala que el pasado 27 de Julio a través de la cuenta Twitter @valenciapropon3, se presentó un análisis comparativo de los meses junio y julio 2020 de los servicios de agua, electricidad, transporte público, aseo urbano y gas doméstico, siendo este último el que ha presentado una de las problemáticas que más afectan a los ciudadanos de Valencia.

En el comparativo, se evidencia una desmejora del servicio de gas doméstico, debido a la escasez del producto, por lo que se incrementa la cantidad de ciudadanos que no obtienen el cilindro desde hace más de un mes. En junio fue el 25% y en el mes de Julio el 56% de la totalidad de los encuestados que no han obtenido el servicio.

El equipo local del Proyecto La Gente Propone, recolectó los testimonios de vecinos, acerca de esta situación, tal es el caso de la comunidad Fundación Mendoza, donde Iván Mastrangelo vocero del consejo comunal, expresó que el servicio de gas fue pagado en mayo, y ya estamos en julio y aún no se reciben los cilindros.

“En estos días hemos visto mucho humo salir de ciertas casas porque ya la gente empezó a cocinar a leña, y eso agrava la situación porque puede causar afecciones en el sistema respiratorio”.

El vecino hizo un llamado a las autoridades encargadas del suministro del gas, para que lo distribuya cuanto antes pues la situación se ha tornado crítica.

Habitantes del barrio Atlas de la parroquia La Candelaria, presentan la misma situación, hicieron el pago del servicio en mayo y no lo han recibido. Varias familias cocinan con leña.

En la urbanización El Trigal, el joven Luis Medina manifestó que en su hogar se acabó el gas antes de iniciar la cuarentena. Lo pagaron en mayo y aun no lo reciben. Su familia se vio obligada en una oportunidad a cocinar a leña porque no había luz.

Esta situación hace que cocinar los alimentos sea una tarea titánica pues existen fluctuaciones de voltaje en el servicio eléctrico o cortes no programados y dificultando el uso de las cocinas eléctricas u hornos, para cocinar.

Los datos recolectados en el mes de julio, sobre el servicio de gas doméstico se obtuvo a partir de ciudadanos consultados de distintas comunidades del municipio Valencia; tales como las urbanizaciones Los Colorados, La Isabelica, Valles de Camoruco, El Parral, El Trigal, Altos de Carabobo, Flor Amarillo y barrio Bicentenario, entre otras.

Con respecto a la frecuencia que los ciudadanos reciben el servicio de gas doméstico, el 56% de los consultados respondieron que no lo reciben hace más de un mes y el 44% expresa que la venta de cilindro se realiza una vez al mes.

Con respecto a la distribución el 94% indica que es mediante PDVSA Gas o CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) sin embargo no garantiza contar con el servicio. Mientras que el 6% compra a particulares. Un 75% expresó que el costo por cilindro entre 10kg y 20kg del gas está entre 60.000 y 100.000 bolívares.

Entre las alternativas para la cocción de alimentos el 88% manifiesta utilizar cocina eléctrica, el 6% fogón de leña y el otro 6% mixto (fogón y cocina eléctrica).

El Grupo Social CESAP lleva 45 años de trayectoria impulsando la acción social y lleva adelante iniciativas a nivel nacional, y entre el 2015 y 2020, se ha desarrollado la experiencia del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas Municipales, “La Gente Propone” en 12 Municipios, con el fin de fortalecer la capacidad organizativa y de gestión de los ciudadanos.