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El Carabobeño

Convite: Faltan políticas públicas para proteger derechos del adulto mayor en Venezuela
La ONG recordó que el 70% de la oferta de las entidades de atención a las personas mayores, son del sector privado bajo una modalidad mixta

Luis Francisco Cabezas, director General de Convite, denunció la falta de políticas públicas que velen por los derechos de los adultos mayores en Venezuela.

Reportó que tampoco hay entes que regulen de manera adecuadas los ancianatos. «Hemos venido trabajando en los derechos de las personas mayores porque estos que no existen» añadió.

Cabezas indicó que se deben buscar entidades que hagan protocolos para prevenir la violencia, maltrato y acoso en los adultos mayores.

Dejamos números en los ancianatos para que puedan denunciar los maltratos y acosos de forma anónimo, detalló Cabezas.

Destacó que desde el Ejecutivo venezolano le envían cajas CCLAP a los ancianatos, en algunos casos, denuncian que envían sardinas en mal estado y las proteínas son escasas.

«El estado subvenciona varios cupos por aproximadamente 5$ mensuales por no tener buenas instalaciones. El cuidado de una persona debería estar mensualmente alrededor de los 200$ mensuales» señaló.

El representante de Convite recordó que el 70% de la oferta de las entidades de atención a las personas mayores, son del sector privado bajo una modalidad mixta.

Resaltó que la labor de los cuidadores de adultos mayores es fundamental y por eso se debe valorar. «En España incluso tienen beneficios como seguridad social, es un trabajo que requiere tiempo, esfuerzo y ayuda psicológica» dijo.

Cabezas explicó que el proceso de vacunación con el protocolo de las dos dosis se cumplió en los ancianatos de Venezuela.

Empresas dependientes de las gobernaciones sirven de instrumento a la corrupción
La ONG Transparencia Venezuela determinó que de 910 empresas del Estado, 218 dependen de los gobiernos regionales y en 21% de ellas hubo denuncias de corrupción

La más reciente investigación de la ONG Transparencia Venezuela estudió los nexos de las empresas que son propiedad del Estado venezolano con las diferentes gobernaciones del país, y el resultado de su investigación determinó que estas terminan siendo un instrumento para actos de corrupción.

Precisó la organización no gubernamental que de 910 empresas del Estado, 218 dependen de las gobernaciones. Las gobernaciones de Sucre, Barinas y Portuguesa con 17, 16 y 15, respectivamente, son las que tienen más compañías adscritas, mientras que Nueva Esparta, sin empresas; Táchira con 2 y Mérida con 4, son las gobernaciones que menos tienen.

“Precisamente estas tres gobernaciones perdieron empresas en el año 2018 junto con Anzoátegui, cuando fueron elegidas autoridades distintas al Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que provocó que el Gobierno nacional se adscribiera sin consentimiento de la autoridad regional 4 empresas de Nueva Esparta, 4 de Táchira, 5 de Mérida y 3 de Anzoátegui”, detalló Transparencia Venezuela.

«Los portales web de las gobernaciones que están activos no contemplan información completa, veraz y oportuna sobre los entes descentralizados con fines empresariales, estos son mencionados sólo con fines propagandísticos”

Agrega el informe de la ONG que “a la par de estos cambios, se crearon entidades empresariales con competencias en actividades productivas y de gestión, similares a las competencias de las gobernaciones y alcaldías, para la ejecución de recursos de los protectores designados por Nicolás Maduro en estos estados”.

Recordó que a finales de 2019 Nicolás Maduro declaró que ratificaba la línea de: “Entregar, en alianza nacional-regional todos los proyectos y empresas productivas que estén en manos del Estado, para gestionarlas, recuperarlas y ponerlas 100% productivas. Tengo la confianza absoluta de nuestros gobernadores en la recuperación de todos los proyectos”.

Fue así como desde el poder nacional se documentaron 8 empresas en el estado Miranda, 7 en Barinas, 2 en Sucre, 1 en Delta Amacuro, así como en Portuguesa, Lara y Zulia.

“Algunas de estas empresas luego fueron negociadas con el sector privado, entre ellas el Central Azucarero Cariaco, Central Azucarero Sucre, Industria Azucarera Santa Elena, la Corporación Agrícola Socialista Hugo Chávez y la Empresa Mixta Socialista Porcinos del ALBA.  Pero de 595 empresas públicas nacionales solo entregó a las regiones 13 empresas, ninguna realmente relevante”, destacó Transparencia Venezuela.

Puerta para la impunidad

La ONG agregó que los gobernadores beneficiados “manejan cierto nivel de conexiones con empresarios de distintas áreas”, cosa cuestionada por el mismo gobierno, pero de forma genérica y sin que se haga las actuaciones formales de control para evitar la impunidad en actos de corrupción.

Transparencia Venezuela determinó también que de las 218 empresas públicas regionales, 46 de ellas (21%) ha recibido denuncias por corrupción o malos manejos.

“Las denuncias de corrupción han ocurrido principalmente en las empresas de distribución de gas (9), transporte (8), agroalimentario (7), construcción (7), minería (5) y comercio (4). El abuso de poder en la distribución minorista del gas ocurre en el contexto de graves problemas de escasez y precios subsidiados que han servido de incentivos perversos para el funcionamiento de mercados negros, con altos sobreprecios o privilegios para allegados y el uso del servicio en campañas electorales para favorecer al partido de gobierno”, señaló la ONG en el informe.

«El monto invertido en la empresa Transbolívar, patrocinada por el entonces gobernador Francisco Rangel Gómez, que contó supuestamente con más de 600 unidades que no beneficiaron a los bolivarenses, que hoy deben caminar o montarse en camiones”

Agregó: “En las empresas de transporte se encontraron denuncias por irregularidades en los procesos de compra de lubricantes, repuestos y vehículos, nóminas fantasma y casos de peculado de uso, mayormente en campañas electorales y los días de elecciones. En el sector agroalimentario destacan las irregularidades en los centrales azucareros negociados con el sector privado, el estancamiento en la cadena de producción por falta de insumos y prácticas clientelares en la distribución de alimentos”.

42 de las compañías dependientes de gobernaciones pertenecen al sector agroalimentario, 34 al de construcción, 28 en el de comercio, principalmente dedicadas a la distribución de alimentos; y en menor (7%) porcentaje están las empresas de venta de gas doméstico, del sector financiero, de explotación de minerales no metálicos y de transporte.

Los gobiernos regionales tienen 78% de las empresas comerciales, 54% de las del sector construcción y 30% agroalimentarias. En estas compañías también hay prácticas de opacidad, ausencia de rendición de cuentas y uso con fines político-partidistas.

“Los portales web de las gobernaciones que están activos no contemplan información completa, veraz y oportuna sobre los entes descentralizados con fines empresariales, estos son mencionados sólo con fines propagandísticos. La base de datos en Vendata muestra vacíos porque no fue posible acceder a información de las EPE (Empresas Propiedad del Estado) regionales en relación con, entre otras variables, sus autoridades (80%), fecha de creación (66%), composición accionarial (65%) y situación patrimonial (100%). Resultó llamativo conocer con datos de fecha de creación de 74 empresas, que 30 de ellas se conformaron después de 2014, año en que inició la crisis económica, pero pueden ser muchas más”, destacan los resultados de la investigación.

A sus observaciones agrega la probabilidad de que los resultados de las pasadas elecciones del 21 de noviembre de 2021 motiven cambios en la adscripción de estas compañías.

Las empresas en Bolívar

En el caso de Bolívar, la base de datos de Vendata que utilizó Transparencia Venezuela indica que hay 10 empresas dependientes de la Gobernación. Estas son:

  1. Agro-semillas Bolívar. Empresa del sector agroalimentación, dedicada a la preparación de semillas, ubicada en Ciudad Bolívar.
  1. AgroBolívar, C.A. Empresa del sector agroalimentario encargada de la producción de alimentos, ubicada en Ciudad Bolívar.
  1. Alfarería Bolívar, del sector manufactura, cuyo servicio es la fabricación de bloques de arcilla, y está ubicada en la troncal 19, en el Complejo Alfarero Hugo Chávez.
  1. Alimentos Bolívar. Empresa del sector agroalimentaria cuyo segmento es la distribución de alimentos. Su ubicación física es en Ciudad Bolívar, en la avenida Menca de Leoni.

Esta compañía tiene denuncias por la opacidad en la entrega de alimentos, desviación en su distribución y reventa en el mercado informal con sobreprecio. No hay información del inventario de los productos, ni de las personas beneficiadas.

  1. ConstruBolívar. Esta empresa pertenece al sector construcción, segmento infraestructura. Su sede principal está en Ciudad Bolívar y participa en el programa social de Gran Misión Vivienda Venezuela.
  1. Transbolívar. Del sector transporte urbano y extraurbano, ubicada en Puerto Ordaz. Se creó el 1 de noviembre de 2007, en la gestión de Francisco Rangel Gómez. Participa en la Misión Transporte y entre las denuncias públicas de corrupción y manejos ineficientes destaca que “el monto invertido en la empresa Transbolívar, patrocinada por el entonces gobernador Francisco Rangel Gómez, que contó supuestamente con más de 600 unidades que no beneficiaron a los bolivarenses, que hoy deben caminar o montarse en camiones”, lo que indica un delito de malversación de fondos.
  1. Corporación Bolívar. Empresa del sector gestión que se encarga de administrar y coordinar planes, inversiones y proyectos de empresas de producción social. Se ubica en Ciudad Bolívar y se creó el 1 de marzo de 2015, en el gobierno de Justo Noguera Pietri.
  1. Granitos Bolívar, C.A. Empresa de manufactura procesadora de granito.
  1. Hidrobolívar. Empresa del sector de servicios públicos, ubicada en Ciudad Guayana, y encargada de proporcionar este servicio residencial de agua potable en la entidad.

Tiene denuncias por irregularidades y fallas del servicio de agua por tubería en los hogares bolivarenses, así como su calidad por falta de tratamiento adecuado.

  1. Operadora Turística Bolívar, C.A. Esta empresa fue creada para la promoción y venta de paquetes turísticos en el estado Bolívar.
Piden medida humanitaria para tres detenidas que padecen cáncer y trastornos mentales
Se encuentran en el estado Carabobo

Tres privadas de libertad que se encuentran en la subdelegación Municipal Los Caobos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), estado Carabobo, precisan medidas humanitarias por presentar grave estado de salud.

La primera de estas féminas tiene una patología grave en sus partes íntimas que requiere ser atendida de urgencia, la segunda presenta trastornos mentales y la tercera tenía un tumor en el estómago, pero ya fue operada.

La abogada Lyli López, presidenta de la Fundación para el Bienestar Social María Teresa del Toro, informó al equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL), que estuvo en el centro de detención preventiva en apoyo de observancia y vigilancia por los derechos humanos de las tres detenidas.

Manifestó que sostuvo reunión con el Inspector Jefe Juan Carlos Mora y la Inspectora Joany Hernández del Cicpc Los Caobos a los fines de coadyuvar con el respeto real y efectivo de los DDHH las privadas de libertad de ese CDP.

Piden medida humanitaria para tres detenidas

También explicó, que la fémina del tumor en el estómago la operaron en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet) donde está recluida bajo protección policial. “A esta le dieron cinco años, pero no ha salido por burocracia e indolencia”.

Mientras que la reclusa que tiene problemas graves en sus partes íntimas requiere con urgencia una medida humanitaria para que la atiendan en su casa y la enfermedad que tiene no avance, advirtió.

Por su parte, la privada de libertad que tiene problemas físicos de deterioro y problemas de trastorno mentales debería estar en libertad con una medida humanitaria.

La corrupción, gran aliada en las fugas de detenidos
La ONG Una Ventana a la Libertad denunció actos viciados en prisiones de Carabobo

El flagelo de la corrupción es una de las principales causas de las fugas o evasiones de detenidos tanto en los centros de detención preventiva (CDP), como en las cárceles del país, en particular en el estado Carabobo, sostienen algunos abogados penalistas y expertos en criminalística.

Los especialistas manifiestan que la corruptela es una gran aliada en la evasión de los privados de libertad, “recurso” al que le echan mano las personas implicadas en cualquier  hecho que transgrede las leyes, las pautas de conductas que dicta la sociedad y la jurisprudencia venezolana para salir en libertad y eludir sus responsabilidades con la justicia, precisa UVL en un trabajo investigativo.

La estructura judicial y policial en nuestro país está totalmente carcomida por los actos de corrupción”, aseveró Eduardo Vizcarrondo, profesor de la cátedra Criminalística de la Universidad de Carabobo (UC). “Ya no hay amor a la profesión ni respeto. Tampoco existe patriotismo. Y ahí estamos nadando sin saber nadar, sostiene el experimentado docente.

Para muestra de lo que se podría tratar como un “descuido” o  una conducta “sospechosa” están las presuntas fugas recientes de dos privados de libertad, una en la Policía Municipal de Naguanagua (Polinaguanagua) y otra  en la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El detenido de Polinaguanagua supuestamente se fugó en horas de la tarde del domingo 24 de octubre de 2021 y el de la PNB el viernes 4 de junio.

La corrupción, gran aliada en las fugas

De acuerdo a la información extraoficial, al privado de libertad de Polinaguanagua, según, lo estaba esperando un cómplice en las cercanías del ente policial en una camioneta marca Toyota, modelo Hilux de color gris

Asimismo, un preso de nacionalidad trinitaria a quien identificaron como Anthony Wilson Keron, se fugó el viernes 4 de junio del Centro de Diagnóstico Integral  (CDI) El Palotal, parroquia Santa Rosa, municipio Valencia del estado Carabobo.

“El trinitario” fue llevado al CDI por una supuesta complicación de salud, pero en un descuido de los custodios aparentemente logró darse a la fuga.

De fuentes extraoficiales se conoció, que este sujeto presuntamente estaba ofreciendo 10 mil dólares a quien le facilitase la evasión y así lograr la tan ansiada libertad.

Fugas sospechosas

Vizcarrondo destacó, que en muchos casos donde hay fuga o evasión de detenidos hay dinero de por medio. “Es por el cobro de altas sumas que les hacen a sus familiares y eso ya está preparado. O, los que pagan son los mismos delincuentes, los mismos reos”.

Yo, que he estado en la policía, en la Fuerza Armada. Fui Director de la Prevención del Delito, aparte que también soy docente en la cátedra de Criminalística, lo que quiero decir, es que he participado en muchas cuestiones relacionadas con la seguridad y con respecto a la fuga de detenidos tengo muchos temas para hablar”

El docente de la Universidad de Carabobo explicó que las causas más comunes de las presuntas evasiones o fugas programadas son el hacinamiento, el hambre, la tortura, peleas entre bandas o personales. “Viven en un ambiente hostil. Esas son las causas de angustia para el reo, así sea un criminal. Escapan porque su vida está pendiendo de un hilo”.

Otros de los motivos de fugas son las penas altas, penas que pasan de cinco años. “El individuo busca todas las formas habidas y por haber para salir a la calle y por eso llega a la corrupción del funcionario”.

Fugas de detenidos

A pesar de que sí ha  habido fugas por boquetes en las paredes o techos, algunos salen por la puerta principal, sostiene el catedrático. “Antiguamente las paredes eran de adobe, las rompían y salían. Eran fáciles de romper y cruzarlas, pero en la actualidad los CDP están mejor construidos”.

Las fugas con fractura, que es cuando rompen una pared, están casi en cero porque la mayoría de las evasiones ahorita son planificadas. “Solo se dan fugas programadas, previo pago y apañadas por directores y custodios, que es lo más grave del asunto”, asevera el profesor Vizcarrondo.

Si hay fuga, hay riesgo en la sociedad

Cada vez que ocurren fugas de detenidos la sociedad está en riesgo, sobre todo si una persona está relacionada con la acusación o el caso de un delincuente.

“Claro, si se fuga un sujeto que fue acusado por una persona, ésta está en peligro y debería ser protegida por las autoridades, por el Estado, porque el recluso que escapó podría atentar contra la vida de esa persona”.

El delincuente que está siendo acusado de un delito como homicidio, robo, estafa, en fin, de cualquier delito, éste se convierte en una amenaza. El criminal puede tomar venganza con relación a las declaraciones dadas por esa persona, quien puede ser un testigo presencial o la propia víctima, explica.

Personal con ética

Las autoridades deben tener en cuenta la escogencia del personal que va a ingresar a una academia de policía o a cualquier organismo de seguridad y eso no está sucediendo en estos casos. “Aquí no se escoge a nadie. Aquí tú tienes que ser camarada o amiguito del que te va a meter a lograr una placa para obtener autoridad y tener una licencia de corso”.

Manifiesta el docente de la Universidad de Carabobo, que para mantener una institución con cierto nivel de honestidad y credibilidad se debe escoger un personal idóneo: “Tener tino en eso. Exigir un buen currículo, exigir que tenga quien pueda dar fe de la probidad del individuo para poder ingresar a una fuerza policial o una fuerza  militar”.

“En mi época había algo que se llamaba visita familiar. Si tú querías entrar a la Fuerza Armada, incluso a las policías de alta academia, tú tenías que ser una persona de comprobada honestidad.  Ahí veían quién era tu papá, tu  mamá, cuántos hermanos tenías y la conducta de cada miembro familiar”.

Pena para funcionarios corruptos

Por su parte, el abogado penalista Jorge Luis Davalillo, sostiene que la ley venezolana es bien clara con aquellos funcionarios corruptos.

Davalillo menciona el artículo 264 del Código Penal que se refiere a la evasión favorecida de detenidos: El que de alguna manera procure o facilite la fuga de un preso será penado con presidio de uno a dos años, teniéndose en cuenta la gravedad de la inculpación o naturaleza y duración de la pena que le quede por cumplir al fugado.

Por otra parte, el artículo 265 señala que, el funcionario público, que encargado de la conducción o custodia de un detenido o sentenciado, procure o facilite de alguna manera su evasión, será penado con presidio por tiempo de dos a cinco años.

En seis meses hubo 128 muertes violentas en Carabobo
89 de ellas fue por intervención policial con el supuesto móvil de resistencia a la autoridad de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia 

Un total de 128 muertes violentas en Carabobo, 89 de ellas por intervención policial con el supuesto móvil de resistencia a la autoridad, reportó el Observatorio Venezolano de Violencia en la entidad

El equipo del OVV Carabobo presentó ante los medios de comunicación de la región el Informe Semestral de Violencia, con la finalidad de suministrar información sobre el comportamiento de la violencia en la región a través del análisis e interpretación de los delitos conocidos por la sociedad.

Según la versión de los cuerpos de seguridad, eran presuntos delincuentes que resultaron muertos en enfrentamientos con efectivos policiales durante labores de patrullaje u operativos. Las otras 39 muertes corresponden a homicidios, distribuidos de la siguiente manera: 27 asesinatos, 10 femicidios, un infanticidio y un linchamiento. También hubo un suicidio en este período.

De acuerdo al Informe del OVV Carabobo, el 58,14% de las muertes de presuntos delincuentes se le atribuyen a enfrentamientos con la Policía de Carabobo, 24,42% con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 11,63% con policías municipales y 5,81% con la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La mayoría de los enfrentamientos ocurrieron en espacios abiertos o vía pública durante días de la semana.

Respecto a los homicidios, el documento revela que 63,9% fueron asesinatos que se atribuyen a la violencia delincuencial. El principal móvil de estos crímenes fue el robo, seguido del ajuste de cuentas, dominio de la zona y riña. En el 25,93% de los casos se desconoce el móvil.

Muertes en casi todos los municipios 

El estudio reflejó, además, que en 12 de los 14 municipios del estado se registraron muertes violentas, Miranda y Bejuma no sumaron víctimas. Valencia se ubica en el primer lugar como el municipio con mayor porcentaje de víctimas fatales (46,82%), producto de la violencia, seguido por Diego Ibarra con el segundo lugar y Libertador en el tercero con igual porcentaje de muertes violentas, 11,9% cada uno, Puerto Cabello con 7,14% se ubica en la cuarta  posición y Los Guayos de quinta, con 6,35%.

 Los femicidios ocurrieron de manera continua durante estos primeros seis meses. El 50% de las víctimas tenía vínculos familiares con sus asesinos. En cuatro de los casos el victimario fue la pareja o ex pareja y en otro fue un hijo el responsable.

 Entre los homicidios intencionales registrados destaca un infanticidio al sur de Valencia, donde vecinos encontraron el cuerpo sin vida de un neonato en un canal de la vía pública. También se reportó un linchamiento en el que la comunidad tomó la justicia por sus propias manos.

 Además de las muertes violentas, se reportaron 28 víctimas de robo y 17 casos de violencia doméstica, en los que 15 mujeres fueron agredidas por su ex pareja o pareja y dos niños resultaron brutalmente golpeados por sus madres. Durante los primeros seis meses del año se contabilizaron 18 casos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que fueron víctimas de abuso sexual.

 Para la coordinadora del OVV Carabobo, , Giannina Fusco, es preocupante el elevado número de muertes violentas, así como los casos de robos, violencia doméstica y abuso sexual que acontecieron en la región entre los meses de enero a junio.

Según Fusco, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la vida y a la seguridad personal de los ciudadanos, por eso la importancia de documentar y visibilizar los hechos de violencia que ocurren en la entidad a manera de exigir la aplicación de políticas y medidas para la prevención y control de la criminalidad en el marco de normativa legal nacional y tratados internacionales suscritos.

Ocho profesores de la UC han fallecido hasta ahora con síntomas asociados a la COVID-19
Entre activos y jubilados 

Por lo menos ocho profesores de la Universidad de Carabobo, entre activos y jubilados, han muerto hasta ahora con síntomas asociados a la COVID-19.

El vicerrector académico, José Angel Ferreira, suministró la información basado en datos que a su vez publicó el Observatorio Venezolano de Universidades.

Ferreira precisó que a nivel nacional han fallecido por la misma situación más de 60 docentes universitarios, según estadísticas que maneja el mismo observatorio.

El vicerrector también informó que a pesar que hay una orden determinante, del Ministerio de Educación Universitaria para que no haya actividades presenciales en aulas, en el pasado Consejo Universitario se generó una autorización parcial para realizar algunas.

Según precisó la autorización es para realizar exámenes.

También se logró avances en algunos hospitales para que los estudiantes se incorporen.

Ferreirá también se quejó por el retraso en los pagos al personal de la universidad, por parte del gobierno, a través de la plataforma Patria.

Kapé Kapé: Confinamiento por la COVID-19 pone en riesgo a niños indígenas
La organización denuncia violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas que no cuentan con atención médica, acceso a la alimentación ni servicios básicos

La pandemia de la COVID-19 y las medidas de aislamiento dispuestas por las autoridades para contenerla, ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas, sobre todo, de los niños y niñas, de acuerdo con un comunicado de la organización Kapé Kapé.

Explican que el confinamiento por el coronavirus dificulta el acceso a alimentos, agua y atención médica, en medio de una emergencia sanitaria donde estos servicios son aún más necesarios. Esta situación incrementa la vulnerabilidad de los niños y niñas indígenas que no cuentan con sus derechos más básicos, reseñó Correo del Caroní.

Jesús González, presidente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Enseñanza del estado Delta Amacuro, denunció que el 98% de las infraestructuras educativas clasificadas como interculturales bilingües de las comunidades indígenas de los municipios Antonio Díaz y Pedernales se encuentran en deterioro progresivo.

El representante gremial aseguró que son instituciones localizadas en las comunidades de la zona fluvial y rural del estado Delta Amacuro.

Con esta situación de abandono a las infraestructuras educativas de las zonas más vulnerables de la entidad, afecta aproximadamente a una población estudiantil de 15 mil niños en edades correspondiente desde tres años a 15 años que corresponden a los subsistemas de educación inicial, primaria y el bachillerato, manifestó.

En este complicado escenario de vulneración de los derechos de los niños de las comunidades indígenas, es menester del Estado aumentar y orientar los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable… especialmente en medio de las complicaciones logísticas que impone la pandemia y las medidas preventivas, indicó.

Además del deterioro educativo, la ONG condena que, en medio de la pandemia, los niños y niñas indígenas no tengan acceso a un sistema de salud que garantice su atención médica inmediata y de calidad.

Denuncian que en el ambulatorio de la comunidad Betania de Topocho, de la parroquia Parhueña, municipio Atures en Amazonas, que debería atender a 300 niños indígenas uwottuja, de entre 0 y 12 años no cuenta con médico, ni medicamentos.

Si no es una enfermedad grave, se tratan con medicina ancestral y cuando surgen complicaciones tienen que trasladarse a Puerto Ayacucho, explican.

De acuerdo al informe, esta situación se repite en la mayoría de los ambulatorios de la zona, donde la falta de dotación y personal médico vulnera el derecho a la salud de los niños indígenas de estas comunidades.

Según el estudio de Condiciones de vida en comunidades indígenas 2020 realizado por Kapé Kapé, el 37% de los niños y niñas indígenas de las comunidades encuestadas en Amazonas se enfermaron de diarreas, vómitos y lombrices, mientras que un 37% sufrió gripe, asma o bronquitis.

Además, son asechados por otro problema asociado a la salud, la malnutrición. Indican que en el estado Amazonas, específicamente en el eje carretero sur, pudieron evidenciar una alta tasa de problemas de nutrición en los niños de cero a cinco años y en los ancianos mayores de 65 años, en su gran mayoría del pueblo indígena jivi.

Indocumentados

La organización también alerta sobre la cantidad de niños y niñas indígenas indocumentados. En un abordaje en días recientes, los padres y representantes de las comunidades indígenas del municipio Pedernales del estado Delta Amacuro aseguraron que los niños en edades comprendidas entre 0 a 12 años no cuentan con actas de nacimiento.

Destacan que entre las comunidades que viven esta situación se encuentran Wakajarita, Wakajara, Winamorena, isla de Venao, Santo Domingo y Punta Eloy.

El expromototor de la Misión Sucre en el municipio Antonio Díaz, Jesús Calderón, informó que cerca de tres mil niños y niñas no tienen partida de nacimiento desde el año 2017 en la parroquia Manuel Renaud del bajo Delta.

Se trata de una constante también en los ejes carreteros norte, sur y sureste de Amazonas, así como en las comunidades indígenas de las periferias de Puerto Ayacucho. En el eje carretero norte, Kelwin Martínez, indígena jivi nos informó que tienen alrededor de 50 niños sin partida de nacimiento, específicamente en las comunidades Topocho y Albarical, señala que el principal argumento de los funcionarios del Registro Civil del municipio para no atender a la población es la pandemia de la COVID-19, manifiestan.

En riesgo de explotación

Por otra parte, Kapé Kapé explica que los riesgos aumentan para los niños y niñas de las comunidades indígenas que viven en contextos de explotación minera.

Según el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el 25% de las víctimas de explotación laboral son niños, niñas y adolescentes. En las zonas mineras de El Callao, el 45% de las personas que trabajan en los molinos para procesar el oro son niños y adolescentes.

Debido a su complexión física son utilizados para trabajos forzados que incluyen ser utilizados como apoyo a los martilleros que se encargan de excavar espacios para la localización de rutas de oro, operadores de poleas artesanales, operadores de martillos eléctricos, de máquinas extractoras de gases y en otras oportunidades fungen como informantes claves de personas o comunidades específicas.

Manifiestan que los niños y adolescentes que se dedican a los trabajos mineros reciben un pago que usualmente es inferior a lo acordado y del oro extraído en ocasiones sólo perciben un 10%, pues éstos deben pagar un porcentaje a los sindicatos, así como a otros grupos, para conservar su estadía en el lugar. Adicionalmente, las jornadas de trabajo son largas, de 12 o más horas y tampoco cuentan con acceso a equipos de seguridad, alimentos, entre otros.

En este complicado escenario de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas, es menester del Estado aumentar y orientar, de manera urgente, los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable segura, elementos de higiene suficientes a las comunidades indígenas, especialmente en medio de las complicaciones logísticas que impone la pandemia y las medidas preventivas, exige la organización. (Con información de Kapé Kapé)

Con información de Correo del Caroní

Una Ventana a la Libertad: aplican Carvativir contra COVID-19 a presos en La Guaira
La actividad incluyó la desinfección con benzoato de bencilo para las afecciones en la piel y la diseminación en los calabozos de hipoclorito de sodio

La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), que defiende los derechos de los presos en Venezuela, denunció este viernes que las autoridades comenzaron a suministrar Carvativir, un medicamento de efectividad cuestionada contra la covid-19, a cerca de 200 privados de libertad en unos calabozos del estado La Guaira.

“Los médicos (…) les suministrarán (a los reos) 15 gotas diarias de Carvativir por siete días, así como multivitamínicos por cinco días”, dijo Andrés Goncalves, secretario de Seguridad Ciudadana de esa región costeña cercana a Caracas.

La información la suministró el mismo funcionario a través de su cuenta en la red social Instagram, en la que publicó varias fotografías y vídeos que dan cuenta de una jornada de atención a la población reclusa, entre la que se encuentran hombres, mujeres y adolescentes.

La actividad, explica Goncalves, incluyó la desinfección con benzoato de bencilo para las afecciones en la piel y la diseminación en los calabozos de hipoclorito de sodio “como parte de la prevención del contagio del COVID-19 entre la población privada de libertad”.

Según las autoridades, con esta faena buscan evitar y eliminar la cadena de contagios de esta enfermedad “para que no llegue a estos sectores”, pero UVL advierte que se produjo luego de que una reclusa de ese centro de detención presentara síntomas de covid-19, por lo que fue trasladada a otro lugar.

“Aunque el caso no ha sido confirmado por las autoridades locales, fuentes del centro de detención preventivo aseguran que se trata de un caso positivo, por lo que se procedió a atender a toda la población de privados de libertad”, sostiene la organización no gubernamental.

Venezuela atraviesa una nueva ola pandémica en medio de la cual han aumentado los contagios y las muertes que hasta ahora totalizan 154.165 y 1.532, respectivamente, mientras que el país solo ha recibido vacunas para inmunizar a menos del 3 % de su población.

Entretanto, el gobierno distribuyó por toda la nación millares de frascos de Carvativir, un antiviral extraído del tomillo que Nicolás Maduro, ha ordenado que sea aplicado a los pacientes con COVID-19 como tratamiento complementario.

La Academia Nacional de Medicina ha pedido al Ejecutivo que publique los estudios que respaldan la efectividad de este fármaco, algo que no ha ocurrido, si bien Maduro insiste en calificar a este medicamento como “milagroso”.