El Carabobeño, autor en Runrun

El Carabobeño

30 presos heridos en intento de fuga de la Policía de Yaracuy
Algunos fueron llevados al Hospital Placido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe

 

Un total de 30 presos heridos fue el saldo registrado durante un intento de fuga de más de 500 privados de libertad de la Comandancia General de la Policía de San Felipe, estado Yaracuy. Las autoridades locales descubrieron el plan de escape, según reveló el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Para la fuga, los reclusos pretendían cruzar un boquete que habrían hecho. En la requisa tras develarse el plan se localizó más de 100 teléfonos celulares, 2 escopetas calibre 12 milímetros, un chopo, 33 armas blancas y psicotrópicos.

El lunes 4 de noviembre familiares de algunos presos de la Policía de Yaracuy relataron que acudieron como todos los días a las 8:00 am para entregar el desayuno y el almuerzo.

A las 9:00 am vieron a un contingente de la policía con equipo antimotines llegar al lugar, acto seguido se escucharon detonaciones y gritos de los presos, fue así como se enteraron de lo que ocurría.

Los familiares buscaron información de lo que ocurría, pero lo que recibieron de parte de los funcionarios fue agresiones y groserías antes de desalojarlos de las inmediaciones de la comandancia ubicada en la avenida Caracas entre calles 10 y 11 de San Felipe.

“Esto para mí fue eterno no sabíamos que pasaba, yo esperé saber noticias de mi muchacho pero nada”, comentó una de las madres, que pidió el anonimato por temor a represalias, al Observatorio Venezolano de Prisiones.

La situación dentro de las instalaciones de Policía de Yaracuy se extendió por más de siete horas.

Fue a las 4:00 p.m. cuando los funcionarios se acercaron a los familiares, que esperaban por conocer la suerte de sus seres queridos, y les dijeron que 30 presos estaban heridos, aparentemente con perdigones,

Las autoridades llevaron a los heridos al Hospital Placido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe.

Ninguno de los presentes pudo conocer la identidad de los heridos.

Los familiares denuncian ante el observatorio que cada vez que se hacen requisas a los presos se le vulneran sus derechos humanos.

Hacinamiento

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones destaca como el problema del hacinamiento es uno de los principales causantes de motines, irregularidades y enfermedades dentro de los calabozos.

Girón consideró que en la actualidad estos calabozos funcionan como cárceles paralelas ante la negativa del Ministerio de Servicio Penitenciario de impedir dar cupos hacia centros penitenciarios.

Recordó que en los estados Carabobo y Portuguesa ya se generaron masacres dentro de calabozos y uno de los motivos que los originaron fue el hacinamiento.

El Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó que llevará los casos a distintas instancias de Derechos Humanos como tanto en la OEA como en la ONU.

Kapé Kapé: Cuatro niños indígenas fallecieron en el Hospital de Puerto Ayacucho
Los menores de edad tenían entre cinco meses y siete años de edad

 

La muerte de cuatro niños fue registrada en la última semana en el Hospital de Puerto Ayacucho. Los decesos se produjeron entre el viernes 18 y el viernes 25 de octubre de 2019 por diversas patologías, según información a la que ha tenido acceso el equipo del Observatorio Kapé Kapé en Amazonas.

El primer fallecimiento ocurrió el viernes 18, se trata de una niña del pueblo jivi, de siete años de edad, habitante del sector Algodonera 1 de la población de Puerto Páez, Municipio Pedro Camejo del estado Apure. Según el parte médico, murió por insuficiencia respiratoria. Se conoció también presentaba un estado evidente de desnutrición.

El lunes 21 de octubre ocurrieron tres decesos

Otro pequeño del pueblo jivi, de apenas cinco meses de edad, falleció por cardiopatía congénita. Habitaba en la comunidad Econaiwa, parroquia Platanillal del municipio Atures.

También falleció un niño de tres años, del pueblo Baniva. Como causa de muerte le diagnosticaron intoxicación por planta e insuficiencia respiratoria. Habitada el sector Ojo de Agua, asentamiento ubicado en la entrada de Puerto Ayacucho.

Y el último de los fallecidos pertenecía al pueblo jivi, tenía dos años de edad, era habitante de la comunidad La Danta. La causa de muerte habría sido síndrome diarreico agudo. En consulta realizada por Kapé Kapé a un profesional de la medicina señaló que para que un niño fallezca por esa causa probablemente presentaba también desnutrición.

Con estas muertes queda en evidencia la falta de atención primaria en comunidades indígenas, ocasionada por la ausencia de personal especializado y de equipamiento e insumos en los ambulatorios. A esto hay que sumarle la falta de actividades de promoción de salud en las comunidades, no hay quien ofrezca consejos sobre medidas de prevención para sanear el agua para tomar y cocinar, sobre el lavado de manos, el control de las mujeres embarazadas y sobre la lactancia materna, informó el observatorio.

Todos estos elementos contribuyen a la ocurrencia de casos que comprometen y acaban con la vida de niños indígenas, ante lo cual el Estado y cualquier ente asistencial debe tomar las medidas pertinentes.

OVP denunció que dos presos resultaron gravemente heridos en instalaciones de Cicpc de Guárico

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES (OVP) denunció que dos presos resultaron heridos de gravedad en las instalaciones de la sede principal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en San Juan de Los Morros, estado Guárico, la mañana del lunes 16 de septiembre, tras originarse un motín.

Un grupo de detenidos había sido llevado a esa dependencia en el mes de julio, tras producirse una fuga en la sede de la División de Homicidios; y según los familiares, desde entonces los internos estaban siendo objeto de maltratos.

En horas de la mañana de este lunes, durante el motín, intervinieron los funcionarios del Cicpc para contener la supuesta revuelta y resultaron heridos de gravedad Hember Miguel Ángel Flores y Jesús Torres, quienes fueron trasladados al hospital de esa ciudad; según pudo conocer el equipo del OVP.

Flores y Torres recibieron heridas de perdigones disparados directamente a sus rostros. Uno será sometido a una intervención quirúrgica y el otro será evaluado para conocer si perdió su visión.

El OVP condena estás agresiones en los calabozos del CICPC, donde corren peligro las vidas de los detenidos y exige al Ministerio Público que se abra una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre lo ocurrido. También le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que cumpla con su función.

“Exigimos que se otorguen los cupos en los penales porque el responsable del colapso en los calabozos policiales, como ya el OVP ha venido advirtiendo, es el Ministerio de Servicios Penitenciarios. De tales hechos han sido notificados la Comisión Interamericana de DDHH, el Relator de Personas Detenidas en Las Américas de la CIDH, el Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de CIDH, el Sistema Universal del Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Degradantes e Inhumanos y  la Relatoría de Detenciones Arbitrarias”. 

Antonio Ledezma pide celeridad en la aplicación del TIAR

PARA EL EXALCALDE DEL  Distrito Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma los encuentros de diálogos en Barbados resultan una farsa más del gobierno de Nicolás Maduro, tras el Ministerio de Exteriores de Barbados haber anunciado su suspensión definitiva.

Ledezma a través de su cuenta social en Twitter , publicó una carta en la que desglosa una serie de argumentos ante los que solicita a la administración del presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó para invocar aplicaciones de principio de intervención humanitaria, entre ellos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Responsabilidad de Proteger (R2P).

Tanto Antonio Ledezma, como María Corina Machado y Diego Arria ya habían considerado los encuentros entre delegaciones de Maduro y Guaidó como un “falso diálogo”, a su juicio para lograr el “cese a la usurpación” se necesita apoyo extranjero.

A su vez, en el documento indicaron que ante el fracaso de las conversaciones promovidas por Noruega, Guaidó debe centrarse en el primer punto de la ruta estratégica definida desde enero pasado.

 

Cedice: los servicios públicos se encuentran al borde del colapso en Venezuela

EL OBSERVATORIO DE GASTO Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad) presentó en su Informe de Monitoreo de Servicios de junio de 2019, el cual destaca que éstos se “encuentran al borde del colapso”.

“En Venezuela, la estructura fractal de variables se hace cada vez más compleja: las bases para el desenvolvimiento de la cotidianidad están fracturadas, por ende, todo el sistema social se intenta despertar sobre una estructura inestable”, sostiene.

El documento indica que en el interior del país, en más de tres cuartas partes del tiempo se evidencian fallas en el suministro eléctrico, con casi 7 cortes diarios de 2 horas como mínimo. Algunas regiones como Los Andes y Occidente han experimentado hasta 19 horas continuas sin electricidad. En Caracas, se pueden registrar apagones en zonas puntuales, sobre todo hacia el este de la ciudad.

“En Venezuela, solo 2 de cada 10 habitantes poseen suministro de agua continuo, el resto asegura tener cortes programados o no-programados que afectan el desarrollo de su cotidianidad. Al menos el 75% de los hospitales del país poseen inconvenientes para acceder al agua”, destaca.

El informe subraya, que tanto en el interior del país como en Caracas, el parque automotor está paralizado en, al menos, 85%, generando efectos colaterales en el traslado de alimentos. Existen graves problemas con el suministro de combustible. En el interior del país se calculan, al menos, colas de 3 días para surtir gasolina. Los usuarios del transporte superficial y subterráneo registran más de 5 denuncias diarias, sumando alrededor de 60 mil registros cada quincena.

Acerca del servicio de telecomunicaciones dice que “Aunque éste no presenta incidencias reseñables, los inconvenientes que se registran están vinculados al deficiente suministro eléctrico y de agua para sostener las operaciones de las celdas, expone Banca y Negocios.

OVP: 93 detenidos murieron en calabozos policiales en primer semestre de 2019

EN EL PRIMER SEMESTRE de este año murieron 93 detenidos que se encontraban en calabozos policiales, según las estadísticas que maneja el Observatorio Venezolano de Prisiones a nivel nacional.

El coordinador general del OVP, Humberto Prado, informó que los reclusos murieron por enfermedades como tuberculosis, sida, hepatitis, sufrieron desnutrición, otros se suicidaron o fueron víctimas de agresiones físicas.

La cifra correspondiente al primer semestre de 2019, supera a la del año 2018, y la referida al segundo trimestre de 2019 duplica la del primer trimestre de este mismo año.

Prado explica que esta situación se deriva del hacinamiento que existe en los calabozos policiales, pues ante la falta de centros carcelarios los comandos policiales se han convertido en cárceles, siendo su finalidad mantener a los detenidos por 48 horas hasta que sean presentados en los tribunales. Pero allí pasan meses y hasta años.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el defensor de los derechos humanos de los presos durante el foro realizado este jueves en Caracas con motivo del Día Internacional del Recluso y el IV aniversario de las Reglas Mandela. El evento se llevó a cabo en forma simultánea, en otros siete estados del país, entre ellos Carabobo, Bolívar, Táchira, Mérida, Lara y Guárico.

El foro contó con importantes ponentes como Alí Daniels, Joel García y Carlos Lusverti.

La dictadura tras una fachada institucional

Daniels desmembró –literalmente- el paquete de alegatos presentado por el Gobierno para refutar el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, en torno a la violación de derechos humanos en Venezuela.

Aseguró que no hay “70 errores” como lo quieren hacer ver los medios oficiales porque son 70 puntos en total, y varios puntos se refieren al mismo tema.

Explicó que cuando el Gobierno asegura que 82% de las entrevistas se hicieron fuera de 0Venezuela, era lo más lógico, porque se trata de emigrantes, la diáspora venezolana, que tuvo que escapar.

Una persona que ha sido perseguida, amenazada, torturada ó encarcelada no puede hablar libremente dentro del país, agregó.

Para Daniels, el Gobierno en su informe lo que hace es corroborar lo expuesto por la Alta Comisionada, y hasta se metió un autogol, cuando dice que hubo 10.598 homicidios, de los cuales 5.287 fueron por resistencia a la autoridad, es decir, supuestos enfrentamientos. Significa que “la mitad, exactamente el 49,88% murió por fuerzas del Estado”.

Señala que al estilo del gobierno de Fujimori, tras una fachada de cartón piedra se esconde una dictadura al estilo del siglo XXI, practicando detenciones con orden judicial.

Todos estamos bajo libertad condicional

Por su parte el abogado Joel García disertó sobre los presos de conciencia y aseguró que en Venezuela aplican la pena anticipada, por pensar distinto.

García ha sido abogado defensor de la mamá de Bassil Da Costa, el estudiante asesinado en las protestas de 2014, del alcalde Scarano, Carlos Melo, Antonio Ledezma, Leopoldo López, y últimamente asiste a Juan Requesens y Carlos Marrero.

Juan Requesens fue detenido después de haber dado un fogoso discurso en la Asamblea Nacional, está próximo a cumplir un año preso y solamente le han hecho la audiencia preliminar.

García ha sido testigo de excepción de las condiciones en que viven los presos en los centros de la PNB de San Agustín del Sur y en Boleíta, y ha visto enfermos de Sida, excluidos, abandonados en un patio.

En Venezuela no existe el debido proceso, la cárcel es la muerte, los fiscales son partícipes de la tortura porque el Fiscal General es un operador político. Sé que por esto que digo seré perseguido, ya en un programa de televisión me vincularon con grupos desestabilizadores, pero ya el tema fue elevado a la Relatoría de Derechos Humanos.

Y agrega:Los presos políticos no tienen derecho a nada. Si corren con suerte los presentan a las 48 horas, pero generalmente pueden transcurrir 60 ó 90 días. Todos estamos en libertad condicional.

Una persona podía ser detenida únicamente cuando era sorprendida en flagrancia ò con una orden judicial, pero desde el 9 de abril de 2001, por resolución del TSJ, mediante la sentencia 526, con ponencia de Iván Rincón Urdaneta, la persona puede ser aprehendida fuera de estas dos condiciones.

Una sentencia histórica y todo sigue igual

Carlos Lusverti hizo un resumen de la “sentencia histórica” sobre el Retén Judicial de Los Flores de Catia, emitida por la Corte Interamericana en el año 2006, sobre los sucesos ocurridos durante la intentona golpista de 1992. Allí murieron 63 reclusos, hubo 52 heridos y 28 desaparecidos.
El Estado, que debía corregir y adecuar la norma jurídica para garantizar los derechos humanos, alegó que “eso era antes”, porque este gobierno estaba adelantando un “Plan de Humanización Penitenciaria”. Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, los males que caracterizaron al deplorable Retén de Catia, demolido en 1997, persisten hoy en los centros carcelarios. No existe ni el respeto a la vida.

 

OVCS: En primer semestre de este año hubo el doble de protestas de 2018

EL OBSERVADOR VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS) documentó 10.477 protestas durante el primer semestre de 2019, equivalente a un promedio de 58 diarias. Esta cifra representa un incremento de 97% en comparación con el mismo período de 2018 y 112% en relación a 2017.

El balance realizado por el OVCS durante el primer semestre de 2019 pone en evidencia la gravedad de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela y como los derechos humanos de los ciudadanos son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación.

El colapso de los servicios públicos, acceso a medicinas e insumos médicos, alimentos, entre otros factores, agudizó de manera acelerada e insostenible la crisis venezolana. La situación humanitaria requiere atención urgente, la ayuda que ha ingresado hasta el momento es insuficiente frente a las necesidades de la población, por lo que las autoridades deben avanzar hacia una respuesta coordinada con órganos técnicos especializados, para resarcir la afectación a los derechos sociales y que los venezolanos puedan ver garantizado un nivel de vida adecuado y digno.

La crisis que padecen las familias venezolanas transciende del ámbito nacional al plano internacional. Los gobiernos de la región han sido testigos de una migración forzada de venezolanos generada por las precarias condiciones de vida y las graves violaciones de derechos humanos en el país. 4.054.870 personas se han visto forzadas a dejar el país, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyo riesgo de aumentar es latente mientras no se tomen los correctivos de manera urgente.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social arreció la política de represión. Uso de grupos de exterminio para reprimir, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Colectivos Paramilitares. Esta estrategia dejó un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas y otras 6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones.

También se registró la reactivación del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y sus subsistemas, con el fin de obstaculizar, criminalizar y reprimir las protestas a escala nacional. Igualmente, se incrementó la participación de las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (Raas) en las comunidades. Vecinos, integrantes de estas redes, ejecutan el rol de agentes de inteligencia, informando a cuerpos de seguridad y colectivos sobre la ubicación e identidad de manifestantes.

También se observaron los siguientes fenómenos:

– Incremento de las protestas en sectores populares, antiguos bastiones del chavismo, exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia.

– Aumento de las protestas por servicios básicos, principalmente por electricidad, agua potable y gas doméstico.

– Repunte de saqueos en zonas vulnerables a causa de las fallas del sistema eléctrico.

– Alto índice de protestas ante la falta de distribución y venta de gasolina.

– A partir del segundo trimestre las protestas por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) nuevamente comienzan a tomar terreno en las calles.

Durante el primer semestre, las protestas se diseminaron en todo el territorio nacional. En zonas rurales y urbanas. Muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos, otras planificadas y organizadas por simpatizantes de partidos políticos y grupos sindicales.

Las entidades con mayores índices de protesta son: Miranda (947), Distrito Capital (888), Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716).

Se documentaron 4.777 protestas ciudadanas exigiendo derechos políticos, con la participación activa de los venezolanos, quienes demandaron un cambio en el Ejecutivo, la recuperación de sus libertades y el restablecimiento de la democracia.

De las 10.477 protestas registradas, 4.169 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos, en promedio 23 protestas diarias.

La precariedad del servicio de energía eléctrica, que de forma continuada afecta el desenvolvimiento de la vida cotidiana de la población y las actividades laborales, comerciales, educativas y salud, fue uno de los reclamos principales de los venezolanos que protagonizaron 2.241 protestas de enero a junio.

Hasta junio, se documentaron 1.315 protestas en rechazo a las fallas del servicio de agua potable para uso doméstico y personal. En innumerables comunidades, los ciudadanos salieron a las calles para demandar el acceso al agua. Los problemas de suministro han estado vinculados con fallas del servicio eléctrico, por falta de inversión y mantenimiento de las estaciones.

Con información de  Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Fijada para el jueves 20 audiencia del diputado Gilber Caro

EL TRIBUNAL SEXTO DE CONTROL MILITAR fijó para el próximo jueves 20, la audiencia del diputado a la Asamblea Nacional, Gilber Caro, detenido en El Helicoide desde hace 48 días.

El abogado defensor, Ramón Carmona, al suministrar la información dijo que el acto se fijó para la 1:00 pm, en el Fuerte Paramacay, sede de la 41 Brigada Blindada y del tribunal.

Ramón Carmona insistió en que Caro está secuestrado por el gobierno, por cuanto a la fecha ni sus familiares ni sus abogados han podido verlo, pues cada vez que van al Helicoide les dicen que allí no está.

Debido a esta situación, después de 48 días de detención, desconocen su estado de salud y las condiciones de reclusión en que se encuentra.