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#MonitordeVíctimasCaracas | Matan de 4 tiros a perrocalentero en La Vega

Carlos Salazar León deja huérfano a un niño de dos años de edad. Foto: Cortesía

Los familiares de Carlos Enrique Salazar León (28) creen que fue asesinado por venganza, porque no le robaron sus pertenencias. Desde 2017, 253 víctimas han perdido la vida en la parroquia La Vega, por homicidio

@carlos_dhoy

 

De cuatro tiros fue asesinado Carlos Enrique Salazar León, de 28 años de edad, quien trabajaba vendiendo perros calientes en el sector Las Casitas, de La Vega, municipio Libertador del Distrito Capital.

Familiares del joven asesinado, quienes acudieron a la morgue de Bello Monte con la finalidad de realizar los trámites necesarios para sepultar su cadáver, explicaron que el hecho ocurrió el domingo 27 de agosto de 2023, a las 4:00 de la madrugada, cuando el joven se retiraba a su casa.

“Ya habían terminado la jornada y Carlos Enrique acababa de limpiar todo, cuando se iba a su casa, ubicada en el barrio Sinaí. En ese momento, se le acercó un sujeto, le disparó cuatro veces en el pecho y huyó”, explicó el pariente. El joven perrocalentero murió de manera casi instantánea.

 

Al lugar de los hechos, acudieron comisiones de la Policía Municipal de Caracas, quienes se encargaron de resguardar el sitio del suceso. Horas más tarde, llegaron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana.

A los familiares de Carlos Salazar les informaron sobre el homicidio, aproximadamente, a las 6:00 de la mañana, cuando se trasladaron y confirmaron la información. Los familiares presumen que fue asesinado por alguna venganza, porque no le quitaron ninguna de sus pertenencias.

Recordaron que hace unos años el joven estuvo preso por robo y fue liberado.“Ya se había dejado esa vida”, señaló su madre.

Carlos Enrique Salazar León, quien también trabajaba como pintor junto a su papá, deja huérfano a un niño de dos años de edad.

Particulares como victimarios en La Vega

La parroquia La Vega acumula, por lo menos, 253 muertes violentas en el período comprendido entre mayo de 2017 y julio de 2023, según datos recopilados por Monitor de Víctimas.

De las 253 víctimas registradas, 16 eran mujeres y 237 hombres. 100 de las muertes ocurrieron a manos de funcionarios policiales: en 68 casos por presuntas ejecuciones por parte de funcionarios policiales y 32 casos de supuesta resistencia a la autoridad.

67 personas fueron asesinadas en casos de robos (34 de estas) y ajustes de cuenta (33), mientras que en 44 de los homicidios, el móvil no había sido aclarado por familiares o autoridades.

Al indagar en la identidad de los asesinos, los delincuentes individuales se llevan el primer lugar con 76 crímenes. Le siguen funcionarios del extinto cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, la FAES, con 61 muertos. Luego, continúan las bandas delictivas, con 46 asesinatos. Prosiguió el listado el Cicpc, con 27 muertes; y la PNB, con 14 decesos.

Cumbre Global sobre Desinformación amplía el plazo para presentar proyectos de fact-checking

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El evento cuenta con el apoyo de Google News Initiative, International Fact-Checking Network, Embajada de Estados Unidos en Argentina, Naciones Unidas Argentina y BancoSol de Bolivia

 

La Cumbre Global sobre Desinformación, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, la Fundación para el Periodismo (Bolivia) y Proyecto Desconfío (Argentina), convoca a medios especializados en el combate de la desinformación y a fact-checkers a participar en la ronda de presentación de proyectos de innovación en fact checking.

Los medios y/o plataformas que deseen compartir algún caso de éxito, un proyecto en ejecución o de desarrollo tecnológico que haya permitido mejorar el trabajo en la detección y combate de piezas de desinformación están invitados a postular sus iniciativas.

Este segmento especial de la Cumbre Global sobre Desinformación es auspiciado por el International Fact Checking Network (IFCN), y está está liderado por los equipos de Bolivia Verifica (Bolivia) e Info-Veritas (España) quienes tendrán a su cargo la selección de los proyectos. 

La tercera edición de la Cumbre Global sobre Desinformación está destinada especialmente a periodistas, investigadores, académicos, verificadores de datos, medios, referentes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, profesores y estudiantes interesados en la temática. La actividad será online y gratuita con inscripción previa en este formulario.

El evento cuenta con el apoyo de Google News Initiative, International Fact-Checking Network, Embajada de Estados Unidos en Argentina, Naciones Unidas Argentina y BancoSol de Bolivia. 

Los proyectos seleccionados se informarán vía correo electrónico y mediante los canales oficiales de la Cumbre el lunes 11 de septiembre de 2023.

Para obtener más información sobre la Cumbre Global sobre Desinformación 2023 visite la página web oficial.

 

Briceño Dudamel reemplaza a Teixeira en la presidencia del INAC

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El militar viene de estar al frente de Bolivariana de Aeropuertos

 

Este miércoles 30 de agosto se conoció la designación del coronel de la Aviación, Leonardo Alberto Briceño Dudamel, como nuevo presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), quien reemplazará al mayor General, Juan Teixeira. 

Briceño Dudamel viene de estar al frente de Bolivariana de Aeropuertos (BAER), empresa estatal que ahora estará dirigida por Enzo Puglisi de Nisco.

“El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil le da la bienvenida al coronel Leonardo Briceño Dudamel, quien asume como presidente del INAC. Juntos continuaremos fortaleciendo una aviación segura, ordenada y eficiente”, publicó el organismo adscrito al Ministerio de Transporte a través de la plataforma X, antiguamente conocida como Twitter.

La designacion de Briceño Dudamel se publicó en Gaceta Oficial número 42.701.

A mediados de 2020, en plena pandemia del Covid-19, Teixeira llegó al INAC, organismo que se encargó de limitar tanto los vuelos nacionales como los internacionales. 

También por la red social X, el INAC agradeció al presidente saliente. “Resaltamos el avance logrado durante los tres años en los que estuvo al frente de la aviación civil venezolana. Auguramos el mejor de los éxitos en sus nuevos proyectos”.

INAC da luz verde

De acuerdo con cifras oficiales y de gremios de la industria aeronáutica, en 2023 el sector creció 60% con relación a 2019.

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, sentenció recientemente que se han reanudado rutas importantes como las que une al país con Colombia. 

Figuera sentenció que están operativas casi todas las líneas aéreas que funcionaban en 2019 y que a pesar que todavía no hay vuelos directos a Estados Unidos, los aeropuertos de Panamá y República Dominicana siguen sirviendo de conexión con la nación norteamericana. 

Según informó el Ministerio de Transporte, Ramón Velásquez, Conviasa, la aerolínea del Estado, operó 6.309 vuelos en el primer semestre de 2023.

Velásquez informó que en el segundo semestre de este año planean activar operaciones desde Caracas hacia la ciudad brasileña de Sao Paulo, a Argel en Argelia y Bridgetown en Barbados. Igualmente aumentarán el número de vuelos hacia Rusia y México. 

 

Maduro mueve las piezas en su gabinete y designa nuevos ministros de Comercio, Industrias y Agricultura

VerificARI l Incorporar nuevos centros de votación, plantea un dilema para el chavismo: actualizar el Registro Electoral

En opinión de los expertos para sincerar el RE se necesitarían más de 1.500 puntos para registro y actualización en las 335 parroquias del territorio nacional, funcionando durante al menos seis meses bajo una campaña informativa intensa 

 

Ibrahim López Piñero

 

El número de centros de votación en Venezuela varía en función del tipo de elección que se celebra, el corte del Registro Electoral (RE) así como de determinados detalles logísticos y operativos. A cuatro meses para que finalice el año y con elecciones presidenciales en puerta Nicolás Maduro sugirió al Consejo Nacional Electoral (CNE que para ese momento no se había designado) crear nuevos centros de votación “en el epicentro de cada comunidad”. 

Faltando, en teoría, poco tiempo para un proceso de carácter nacional que suele convocar a un porcentaje importante de la ciudadanía, es válido preguntarse si es posible ampliar el número de centros que tiene el país. La respuesta corta es sí. Al menos en eso coinciden cuatro expertos consultados por el Guachimán Electoral. No obstante, para llegar a eso es necesario cumplir con un paso técnico fundamental: actualizar el Registro Electoral (RE).

Griselda Colina, exrectora del Consejo Nacional Electoral y fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, explica que una vez nombrado el CNE la competencia exclusiva de esta propuesta es de la Junta Nacional Electoral (JNE) y la Comisión de Catastro. La JNE quedó en manos de Elvis Amoroso, Carlos Quintero y Conrado Pérez. 

“Para tomar estas decisiones es importante que la comisión encargada tenga información adecuada de la densidad electoral en cada una de las parroquias. Es necesario comprender que en los últimos años los venezolanos hemos estado sometidos a un proceso de movilización interna y que en muchos casos los ciudadanos-electores se han mudado a otras ciudades y no han actualizado sus datos. Entonces, lo que debería ocurrir es que el CNE hiciera una campaña para promover la actualización e inscripción de electores y que también abriera operativos especiales para permitir que los ciudadanos actualicen sus datos”, amplía. 

Carlos Medina, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), indica que es un procedimiento regular para el CNE evaluar el catastro electoral (el censo de los centros de votación) para verificar la condición de los que se utilizarán en el proceso, eso le permite al organismo considerar la posibilidad de eliminar o sumar nuevos centros en función del registro de votantes para así facilitar el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos.

“El catastro electoral depende de cómo esté conformado el Registro Electoral y esa va a ser la variable fundamental a tomar en cuenta. Hay que actualizar el Registro Electoral e inscribir a los nuevos votantes para tener una dimensión del potencial de votantes que pudieran acudir a las elecciones y una vez definido eso establecer los centros de votación y sus ubicaciones”, señala.

Un ejemplo de la evaluación del castrato electoral fue el que hizo el CNE en 2020 (para las elecciones parlamentarias) a propósito de hacer elecciones en pandemia.

Abrir el Registro Electoral

Humberto Rojas, miembro de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación (ROEA) y docente universitario, advierte que para crear nuevos centros de votación se debe tomar en cuenta que se necesitará un mayor número de máquinas, así como un esfuerzo logístico y operativo adicional para entrenar miembros de mesa, funcionarios electorales y efectivos del Plan República. Destaca que los partidos políticos también se verían involucrados al tener que formar más testigos.

“Ha habido una disminución importante de la población producto de la diáspora y esto no sugiere la creación de nuevos centros. En principio con una población menor no se entiende la necesidad de aumentar considerablemente el número de centros. Hay que hacer un catastro, un levantamiento de los centros existentes para saber si están en condiciones, muchos centros educativos han cerrado, sobre todo en el sector privado, y evaluar su reubicación. Hacer un mapeo real para ver si satisface a la población electoral, saber cuántos electores hay y que no se han inscrito en el Registro Electoral. Abrirlo en todo el país y en el exterior”, considera.

Después de las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2015, el CNE no ha realizado operativos de inscripción y actualización electoral con suficiente despliegue y tiempo para que la movilización se refleje en el RE. El director del Observatorio Electoral Venezolano, Carlos Medina, subraya que en el diseño de una jornada especial de registro debe incluirse una campaña de difusión intensa.

“Para las elecciones del 2015, por ejemplo, el operativo se hizo en más de 1.500 puntos por seis meses. Para las elecciones de 2021 se usaron menos de 800 puntos y por menos días. En este momento, dadas las estimaciones que se han hecho sobre la cantidad de personas que podrían necesitar una actualización o inscripción como nuevos votantes requeriría por lo menos seis meses y mucho más de 1.500 puntos porque la distribución geográfica también importa y es necesario que en todas las parroquias haya por lo menos un punto donde los ciudadanos puedan acudir”, sentencia Medina.

¿Facilitar el voto?

José Domingo Mujica, coordinador general de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, piensa que es necesario prestar atención a las posibles dificultades que la introducción de nuevos centros puede agregar al esquema electoral. Enfatiza que sin información adecuada el cambio de centros podría generar una considerable confusión que dificultaría el ejercicio del derecho al voto.

“Debe cuidarse que la selección de los locales donde se establezcan los nuevos centros de votación no tenga ninguna distinción o ubicación que signifique una información sesgada para los votantes con respecto a la elección. Una violación de este señalamiento podría crear un sesgo a favor de alguna opción que participe en la elección”, asevera.

La asociación civil Súmate afirma que actualmente hay 3,5 millones de venezolanos que no están inscritos en el RE. A pesar de esa situación el CNE no ha organizado operativos especiales de registro y la única posibilidad que tienen estos ciudadanos de ejercer su derecho al voto es acudir a alguna de las 24 oficinas que tiene el Poder Electoral en la capital de cada estado, una tarea que logísticamente es más complicada. “La cantidad oficial de electores venezolanos se reduce en vez de aumentar desde hace 3 años”, denunció la organización en el mes de mayo de este año.

Madres de víctimas de desaparición en la frontera entre Colombia y Venezuela piden celeridad en sus casos

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De acuerdo con la ONG Fundaredes, más de 531 personas han desaparecido en la frontera, todos estos casos están impunes hasta ahora

Foto: Provea

El Comité Esperanza de Madre (desaparecidos), una asociación de 40 mujeres venezolanas, reclamó que el  Estado venezolano debe tomar acciones de búsqueda en favor de los desaparecidos en la frontera entre Colombia y Venezuela en una protesta en las inmediaciones del Panteón Nacional, en Caracas, en la mañana del 30 de agosto. 

En conmemoración al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, tres representantes del comité protestaron para exigir celeridad en 41 casos registrados de jóvenes desaparecidos entre Venezuela y Colombia: 27 en la frontera, 7 en el país caribeño y 10 en el país neogranadino.  

Ninguna de esas denuncias tiene el acompañamiento del Estado.

«A nuestros hijos como que se los succionó la tierra», dice Lisbeth Zurita, coordinadora del grupo. Ella organizó el comité en el año 2021, dos años después de que su hijo, Enisael Job Contreras, desapareciera en Cúcuta de camino a Venezuela. 

Enisael viajó a 2019 a Colombia y se dedicó a la venta de víveres, cigarros y artículos de higiene en las minas de Puerto Inírida, en el departamento de Guainía, en la frontera con el estado Amazonas (Venezuela). El primero de julio de ese año se comunicó con su madre y le dijo que iba a cruzar por el puente Santander (estado Táchira) para regresar al país. Desde ese día Lisbeth Zurita no sabe de su paradero.

«He colocado las denuncias, como todas. Ya la Fiscalía está al tanto del caso y otros comités nos están ayudando, como el Comité de la Cruz Roja internacional. Y pido respuestas. Mi hijo desapareció, es como si Cúcuta se abrió en dos y se lo tragó», afirmó. 

https://twitter.com/marialexsilva01/status/1696919033206002017

Incertidumbre estatal 

Zurita, al igual que Human Rights Watch reconoce que grupos paramilitares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) están en la frontera entre Colombia y Venezuela, pero tampoco puede afirmar si el paradero de su hijo está ligado a ese contexto. 

Yaneth Villarreal, otra madre del comité, pidió que busquen a su sobrina, una mujer de 26 años que en octubre de 2021, cuando trabajaba en Colombia, dejó de comunicarse con su familia, entre ellos un hijo pequeño que vive en el estado Mérida (oeste) bajo el cuidado de familiares.

En todos los casos que denuncian no existe información sobre los adelantos de la investigación o no existen esos esfuerzos. Los familiares no pueden reconocer si la desaparición está ligada a actores delictivos o de los dos Estados. 

La ONG Fundaredes, documentó 531 desapariciones de venezolanos en las zonas fronterizas del país desde 2019 hasta 2022. El año año pasado documentaron los casos de 80 mujeres que se trasladaban hacia la frontera para emigrar a otros países «huyendo de la emergencia humanitaria compleja».

Por su parte, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) registra 211 casos de desapariciones forzadas entre los años 2000 y 2021, «casi en su totalidad impunes». Algunos casos, como el del dirigente social Alcedo Mora, llevan más de 8 años sin ninguna información por parte de las autoridades. 

A finales de junio, los gobiernos de Colombia y Venezuela constituyeron una Comisión de Vecindad e Integración para, entre otros asuntos, comenzar los trabajos de investigación sobre las denuncias relacionadas con la desaparición de personas.

Con información de EFE

ONG registró casos de tuberculosis, VIH, covid y desnutrición en calabozos policiales

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Otro hallazgo importante que destaca la ONG es que en 161 calabozos policiales conviven 10.254 privados de libertad, para una capacidad instalada de 6.028 personas, lo que indica que existe un hacinamiento de 170%

 

Este miércoles, 30 de agosto, la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) informó que al menos 240 detenidos en calabozos policiales padecen de tuberculosis, 45 de VIH-SIDA, 7 de Covid-19 y 411 presentan un cuadro aparente de desnutrición.

Las cifras reveladas surgen después de que se realizaran 18 jornadas médicas asistenciales entre octubre del año pasado y julio de 2023, que tuvieron el objetivo de “determinar las condiciones sanitarias de los centros de detención preventiva y el estado de salud de los privados de libertad”.

El coordinador general de Una Ventana a la Libertad explicó que las mencionadas jornadas médicas asistenciales, en las cuales se aplicaron pruebas rápidas de tuberculosis y VIH-SIDA, se realizaron en siete estados del país: Miranda, Carabobo, Distrito Capital, Bolívar, Aragua, La Guaira y Zulia.

Otro hallazgo importante que destaca la ONG es que en 161 calabozos policiales conviven 10.254 privados de libertad, para una capacidad instalada de 6.028 personas, lo que indica que existe un hacinamiento de 170%.

Condiciones precarias 

La ONG afirmó que la falta de distanciamiento es lo que hace que las enfermedades infecto-contagiosas como la tuberculosis, la escabiosis (sarna), gripes y COVID-19, entre las más comunes, se mantengan en la lista de problemas de salud entre los privados de libertad.

UVL también expuso que la mayoría de la población penitenciaria recluida en estos espacios se encuentra en riesgo sanitario debido a que las condiciones de los calabozos policiales no son las apropiadas, pues de los centros de detención preventiva estudiados solo 86 tienen baños y 87 cuentan con agua potable.

La organización reportó con frecuencia que las celdas de estos calabozos policiales no tienen ventilación y que muchas veces los reclusos deben preparar sus alimentos en los mismos lugares donde hacen sus necesidades fisiológicas.

En cuanto a los niveles de desnutrición, UVL detalló que se debe a la falta de alimentación balanceada.

“Según el testimonio de algunos familiares, alimentar a los reclusos resulta difícil debido a los altos costos de los alimentos y a la falta de recursos para que madres, padres, hermanas y esposas lleguen a esos lugares a entregar las viandas de alimentos”, se lee en el informe en donde también se asegura que los familiares son los responsables de la alimentación de los reclusos.

Puede leer el informe completo AQUÍ

Cendas-FVM: Docentes necesitan casi 20 salarios para poder cubrir la canasta alimentaria

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La institución criticó que el gobierno no decrete un aumento salarial pese a las presiones de los trabajadores y denunció que “no avanzan las negociaciones colectivas”

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) reportó que durante julio de 2023, un docente venezolano necesitó, en promedio, 19.24 salarios para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria.

De acuerdo con el reporte de Cendas-FVM, publicado este miércoles, 30 de agosto, el costo de la canasta alimentaria en el mes de julio fue de 502,27 dólares.

Asimismo, el ente independiente indicó que el salario promedio del docente es de 26,09 dólares al mes, monto que representa “apenas el 5,2 %” del costo de la canasta alimentaria familiar, lo que, a su vez, supone un “déficit del 94,8 %”.

“Esta palpable realidad del alto costo de la vida impide a los maestros venezolanos cubrir la canasta alimentaria familiar y complica el pago de los gastos esenciales del hogar”, aseguró el Cendas-FVM.

También, Cendas-FVM criticó que el gobierno no decrete un aumento salarial pese a las presiones de los trabajadores y denunció que “no avanzan las negociaciones colectivas”.

En el primer semestre del año, los derechos laborales fueron exigidos en 3.112 oportunidades, el 72 % del total registrado en ese lapso (4.351 protestas), de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Desde marzo del 2022, el salario mínimo y las pensiones se mantienen en 130 bolívares, un monto que ha perdido poder de compra ante el alza de la cotización del dólar en el país.

Venezuela acumula una inflación de un 121,3 % hasta julio, cuando el incremento promedio de precios de bienes y servicios fue de un 6,2 %, igual que junio, según los datos oficiales difundidos el pasado 11 de agosto por el Banco Central (BCV).

*Con información de EFE

“Échale maíz al gallo”

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Lo sucedido al PCV amerita la reflexión a aquellas organizaciones políticas que son incondicionales ideológicos a los regímenes autoritarios

 

@froilanbarriosf

“Échale maíz al gallo” era el conocido pregón de la abnegada militancia del Partido Comunista de Venezuela (PCV) cuando solicitaba el apoyo a su target político, el proletariado. Concurrían a los portones industriales de las zonas petroleras, barriadas populares y mercados públicos, vendiendo su periódico Tribuna Popular y requiriendo apoyo financiero para su organización política.

Las ironías del destino, tras casi un siglo de historia al ser fundado en marzo de 1931, le haría enfrentar esta vez su enajenación por parte de un Estado que se autocalifica falsamente de socialista. Y por un presidente que se jacta de nombrarse “presidente obrero”, cuando ha sido el exterminador de las conquistas de los trabajadores en 10 años de gestión gubernamental, conocida como la década de la infamia.

El PCV fue el primer partido político fundado en Venezuela. Su origen fue marcado por un lastre de nacimiento, al ser promovido por la III Internacional Comunista controlada por Stalin. Su control autoritario en la época sobre los partidos comunistas del mundo derivó en derrotas decisivas para la historia de la humanidad: en la Alemania de 1933, cuando ordenó la confrontación entre partidos obreros, que le facilitó el camino a Hitler; y en España, con el menguado apoyo al gobierno republicano de 1936.

La escisión del PCV o Brézhnev contra Petkoff

Esa posición incondicional del PCV a la Madre Patria del “socialismo real”, la URSS, le conllevó a apoyar la política internacional del PCUS, cuyo curso fue una evidente contradicción con los orígenes de la revolución de octubre de 1917. En tal sentido apoyaron las invasiones a Hungría en 1956, a Checoslovaquia en 1968, la ofensiva contra el sindicato Solidaridad de Lech Walesa en Polonia (1980) y la invasión a Afganistán (1979).

El impacto de estas acciones imperialistas de la URSS le significó desprendimiento de capas de valiosos militantes y directivos, siendo la más destacada la del MAS en 1971, la cual derivó en el anatema de Leonid Brézhnev contra Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez por haberse opuesto a la invasión de los ejércitos del Pacto de Varsovia en la anteriormente indicada Primavera de Praga en 1968.

La influencia del PCV como promotor del sindicalismo fue disminuyendo a largo del siglo XX. De ser el fundador de sindicatos en el sector petrolero a tal nivel que competía con Acción Democrática, fue diezmando sus filas al separarse de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en 1963. Fue cuando se decantó por la lucha armada como copia de la Revolución cubana y fundara otra central sindical, la (CUTV), dejando el camino libre a AD en el control del sindicalismo venezolano. De esa decisión equivocada jamás pudo recuperar su fuerza original en el sindicalismo venezolano.

No obstante, se mantuvo presente durante el siglo XX en el escenario político nacional al acogerse a la política de pacificación de Rafael Caldera en 1970. Tratando de resurgir de las catacumbas de la historia, intentó diversos frentes populares infructíferos. Dicha oportunidad surgió al presentarse Hugo Chávez y su malogrado proyecto del socialismo del siglo XXI como alternativa política, social y económica para el país.

De esta manera desempolvaron sus anacrónicas tesis, aun cuando la URSS había desaparecido en 1991, “sobre el antiimperialismo yankee, la toma del poder por la clase obrera, la soberanía nacional, la reforma agraria y el impulso de la revolución socialista”, como pilares ideológicos del nuevo país que se avecinaba para el siglo XXI. Y como copia al carbón de la jerga castrista para justificar el fracaso de la “isla de la felicidad”.

A lo largo del presente siglo la realidad le fue develando al PCV el verdadero rostro de la tiranía. No hubo toma del poder obrero, por el contrario, precarización laboral; mucho menos soberanía nacional al entregar los destinos de nuestro país a China, Rusia, Irán, etc., ni reparto de tierras a los campesinos… solo expropiaciones ilegales. Y, por supuesto, menos democracia. Solo un régimen dictatorial cada vez más cercano a los gorilas del cono sur que asolaron esos pueblos en el transcurso del siglo XX.

En definitiva, alguien pudiera recitar “así paga el diablo a quien le sirve”, siendo en realidad la agresión a un partido político a quien le arrebataron sus símbolos: la hoz y el martillo soviéticos, el gallo rojo diseñado por Pablo Picasso y, lo más importante, su existencia como organización política autónoma y libre. Lo sucedido a este partido amerita la reflexión a aquellas organizaciones políticas que son incondicionales ideológicos a los regímenes autoritarios.

Ahora solo queda la reedición de un PCV que jugó un rol fundamental en la caída de la dictadura perezjimenista en la década de los 50, en función de la nueva etapa que significa para nuestro país el restablecimiento de la democracia y los derechos laborales. Deben aprender de las lecciones del 23 de enero, donde democratacristianos, socialdemócratas, comunistas, la juventud y las fuerzas armadas forjaron la unidad nacional para derrotar la tiranía.

*Movimiento Laborista.

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