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El enroque de jueces en Venezuela deja en jaque a presos políticos

Al menos 44 presos políticos son afectados por el cambio de facultades del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo
Al menos 18 presos políticos, cuyos casos están bajo las decisiones de la jueza Alejandra Romero, piden atención médica urgente por padecer enfermedades crónicas o tener un estado de salud crítico

Por Joshua De Freitas y Carla Espinosa | Infografías: Mayerlin Perdomo

Foto: Provea

«A un mes y diez días de que cambiaran las facultades del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, ningún abogado defensor ha recibido notificación oficial que diga cuándo se reiniciarán las audiencias para los presos políticos», denunció el abogado Joel García, uno de los especialistas en derecho penal que defiende al periodista y preso político Roland Carreño. 

El 15 de julio del 2023 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó la transferencia de las facultades de la mencionada instancia para evaluar los casos de más de 40 presos políticos acusados de terrorismo por el gobierno madurista. 

Aunque el Poder Judicial venezolano dio la orden, no ha salido una declaración pública. Fueron los abogados Alonso Medina Roa, Gonzalo Himiob y Martha Tineo quienes confirmaron la orden judicial e informaron por redes sociales.  

«Si el TSJ no publicó la resolución respectiva, no queda clara la razón de esa decisión. Esto denota falta de transparencia y no deja la posibilidad de defenderse a quien esta decisión le afecte», afirmó Laura Louza, abogada y directora de la ONG Acceso a la Justicia. 

La jueza Alejandra Romero, perteneciente al Tribunal N° 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, llevará las audiencias de los casos que arrastra el Tribunal Tercero con competencia en terrorismo desde hace 6 años. 

«Es decir, se vuelven a iniciar estos juicios que ya estaban por concluir», explicó Louza. «Se extiende aún más el caso de cada una de las personas afectadas por ello, lo que vulnera su derecho al debido proceso en toda su extensión. Se trata, sin duda, de una medida perversa y arbitraria. Es una forma de denegación de justicia, violación al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, así como la vulneración de los derechos de los familiares al seguir bajo la persecución, las amenazas y la presión económica para que los detenidos puedan subsistir porque el Estado no los protege». 

44 presos políticos deberán reiniciar sus audiencias por tercera vez consecutiva. De ese grupo, 7 personas son militares o militares retirados. Al menos 17 de esas personas están detenidas desde el año 2017 y tuvieron su primera audiencia de juicio con el tribunal en el año 2021. Otras 2 personas que estuvieron presas por temas políticos y ahora tienen medidas cautelares frente al tribunal también deben reiniciar su régimen de presentaciones, obligándolos a mantenerse en el país. 

También, dentro del grupo de afectados, se encuentran los casos del militar Jhon Wladimir Jaimes García, de 37 años de edad, quien fue detenido arbitrariamente en 2019 y hasta la fecha no se ha presentado a su primera audiencia de juicio. 

Los «jueces-tribunales» a la medida

Para García, la jurisdicción o competencia para sentenciar las imputaciones de terrorismo en Venezuela no están ligadas a una institución, sino a las personas que designa el TSJ. 

«Cuando se le imputa a alguien por terrorismo en Venezuela debería estar estipulado bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (publicada en el año 2012). Pero esa norma, a diferencia de otras —como la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia—, no establece la creación de una competencia especial para el juzgamiento de los delitos y las personas que en ella se contempla», explicó. 

Según Acceso a la Justicia, los tribunales con competencia en terrorismo se crearon en 2013 bajo una sentencia del TSJ en la Gaceta Oficial N° 40.092. Desde allí se estableció que los foros con competencia en terrorismo no serían instituciones fijas en distintas regiones del país, sino jueces designados por el Poder Judicial que vivan y trabajen en Caracas. 

Hasta ahora, los jueces designados comparten tanto la jurisdicción de su tribunal de origen como la jurisdicción de casos de terrorismo. Por eso, la jueza Alejandra Romero tendrá las facultades del Tribunal N° 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo al mismo tiempo. 

«Esa resolución promueve que el gabinete madurista busque la fidelidad de las personas para atender estos casos de forma parcializada», advirtió García. «En este momento hay cuatro jueces de control con competencia en terrorismo, tres jueces en los tribunales de juicio y seis juristas en las salas de apelaciones. Todos están en Caracas».

Un reinicio constante

No es la primera vez que más de 40 privados de libertad en Venezuela reinician sus audiencias para lograr un veredicto. El caso de José Javier Tarazona Sánchez, activista de la ONG FundaRedes y uno de los presos políticos más recientes bajo el Tribunal Tercero, ha repetido más de dos veces sus audiencias. 

«Existe el principio de inmediación, que está previsto en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, donde establece que el juez que presencia el debate, que presencia las pruebas, es el mismo que debe dictar sentencia. Un tribunal que no haya visto el debate no puede, ni debe, dictar sentencia. Cuando suspendes el juicio por un tiempo determinado se rompe con ese principio de inmediación, y cuando cambias las competencias de un tribunal para atribuirlo a otro también rompes con ese principio», explicó Gonzalo Himiob, abogado de la ONG Foro Penal.

De acuerdo con la más reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal del 2021, un juicio no debería suspenderse por más de 10 días. Si se pasa de ese periodo, las audiencias y el proceso deben reiniciarse.

Al demorarse el proceso, los privados de libertad se quedarán en un estatus de «detención preventiva» por parte de las autoridades venezolanas, situación que mantienen 17 personas desde el 2017 bajo ese tribunal. 

«¿Qué es lo que debería ocurrir en justa ley? Visto que esta es una demora del proceso que no es atribuible a la defensa ni a los acusados, se les debería afrontar el juicio en libertad. Ellos están amparados por la presunción de inocencia: ellos no han sido condenados todavía. Pero, lamentablemente, todo indica a que esa medida no se va a tomar», agregó Himiob. 

El abogado de Foro Penal recuerda otros casos relevantes donde el Poder Judicial venezolano ha reiniciado procesos para demorar las sentencias: el caso de 11 jóvenes en 2014 que protestaban contra el gobierno de Nicolás Maduro que, presuntamente, tenían campamentos en las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas. 

«Justo cuando se iban a terminar el juicio, el juez finalizó una audiencia y dejó pasar el plazo para romper el principio de inmediación. Allí no hubo cambio de facultades de un juez, pero el daño es el mismo: se tuvo que volver a comenzar el proceso», dijo Himiob. «Estas son unas maniobras claras dirigidas a demostrar, en mi criterio, que en Venezuela el proceso penal no está al servicio de la justicia, como una herramienta para la determinación de la verdad, sino como una herramienta para el castigo anticipado». 

También son privados de salud

Los privados de libertad no se enfrentan solo a un retardo procesal, también sufren de un desamparo humanitario. 18 personas afectadas por el cambio del tribunal denuncian una atención médica urgente por enfermedades crónicas —como diabetes o hipertensión— o estados de salud críticos durante su reclusión —cuadros depresivos o hernias inguinales e inflamación en los genitales—. 

El Observatorio Venezolano de Prisiones destaca en su informe más reciente que el servicio de agua y salud es casi inexistente en los centros penitenciarios venezolanos. 

«De acuerdo con los testimonios de reclusos del Internado Judicial Región Capital “Rodeo III” (donde están 7 de los 42 privados de libertad afectados por el cambio de juez), en mayo del 2022, ya tenían varios meses sin contar con el servicio (de agua), por lo que debían pagar entre 30 y 50 dólares por una cisterna», resalta la ONG. «La situación ha llegado al punto que algunos reclusos deciden vender el agua que logran almacenar al precio de un dólar por tobo». 

En el caso de la atención sanitaria, el Observatorio analizó que no existe un personal dentro de las instalaciones, «lo que representa un mayor peligro para su salud». 

Casos afectados

Larry Enrique Briceño Hinestroza

Uno de los civiles detenidos desde 2017 por presuntamente estar involucrado en la «Operación David», un presunto ataque militar al fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo. Briceño, junto a otros 16 civiles y un militar, quedó bajo la jurisdicción del Tribunal Tercero de Juicio mientras los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, como Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, los acusaban de terroristas y afirmaban que debían «cumplir con la máxima condena». 

Su primera audiencia de juicio ocurrió dos años y nueve meses después de su detención y se ha reiniciado al menos tres veces desde el 2021. Aunque es un civil, estuvo recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. En 2022 lo trasladaron al Internado Judicial Región Capital “Rodeo II” sin ninguna órden judicial. 

Briceño es uno de los presos políticos que requiere una asistencia médica urgente. Según las denuncias de sus familiares, padece de diabetes tipo 2 y el Estado no brinda ningún tipo de apoyo. 

Guillermo Jose Zárraga Lázaro

Exsindicalista de Petróleos de Venezuela de 59 años de edad. Fue detenido arbitrariamente en noviembre del 2020 por estar presuntamente involucrado en una trama de espionaje de Estados Unidos y conocer a Mathew Heat, el principal acusado del caso por parte del gobierno madurista. 

Según declaraciones de su hijo, Diego Zárraga, Guillermo fue víctima de extorsiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado: le decían que aceptara los cargos que lo imputaban si quería su libertad. 

La primera audiencia de juicio ocurrió nueve meses después de su detención, luego tuvo al menos tres reseteos judiciales. De acuerdo con la abogada de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, la semana en la que cambiaron las facultades del tribunal del juez Aquiles Vera coincidió con la audiencia que le daría el veredicto final a Guillermo Zárraga. 

En octubre del 2022, Nicolás Maduro intercambió a Mathew Heat por los sobrinos de su esposa Cilia Flores, quienes estaban detenidos y acusados de narcotráfico en Norteamérica. 

En mayo del 2023 Amnistía Internacional le exigió al Estado venezolano medidas humanitarias para Guillermo Zárraga: sufrió un síncope cardíaco en marzo del 2023 y presenta un cuadro de desnutrición y de anemia. El 16 de mayo de 2023, el Tribunal Octavo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas ordenó su traslado a un centro médico, pero fue el 14 de agosto, casi tres meses después, que al fin tuvo su traslado, según informan sus familiares. 

Darío Pastor Estrada Perozo

Detenido en diciembre del 2022 por presuntamente estar involucrado en un atentado contra la Asamblea Nacional vigente de mayoría chavista. Lo detuvieron junto a otros 4 civiles y quedó bajo la jurisprudencia del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo. 

Según declaró su madre a Foro Penal, estaba de reposo por un contagio por covid-19 el mismo día que lo detuvieron, y en ningún momento se ha confirmado si recibió asistencia médica al respecto. Tampoco tiene atención médica para tratar su síndrome de Asperger. Su familia es quién maneja los costos de su tratamiento. 

Franklin Alfredo Caldera Martínez

Aunque el militar retirado estaba fuera de Venezuela, lo apresaron y lo imputaron por estar presuntamente involucrado en una sublevación militar en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar en diciembre del 2019. 

Estuvo sin juicio hasta el año 2021. Aún así, el primer juez que atendió su caso, José Mascimino Márquez García, amenazó con que «se iba a pudrir en la cárcel», según denuncia Franklin Caldera (padre). En febrero del 2023, Márquez fue acusado por el Estado venezolano de mantener una trama de corrupción y hoy se encuentra detenido. 

Mientras estaba privado de libertad, le agregaron un nuevo cargo imputado relacionado con la «Operación Gedeón», una supuesta intervención militar ocurrida en las costas de Macuto (estado Vargas o La Guaira) en mayo del 2020. Con el reciente despojo de facultades del tribunal, este sería el tercer juez que atiende su caso antes de dar un veredicto.

Franklin Caldera hijo mantiene una herida de bala en su pierna izquierda, debajo de la rótula, y una herida en su pierna derecha debido a una puñalada que obtuvo durante su detención y se agravaron con las torturas que sufrió. Expresa calambres y dolores al caminar o levantarse. Sus familiares también denuncian que sufre de ansiedad. Debido al mal servicio de agua potable y aguas residuales, él sufre también de vómitos, diarrea y deshidratación.

Amnistía Internacional: Se han “agudizado” los patrones de detenciones por motivos políticos en Venezuela

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En el escrito, la organización destacó el caso de Emirlendris Benítez, madre y comerciante detenida en agosto de 2018

Fotos: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) denunció este martes, 29 de agosto, que los “patrones de represión” empleados para detenciones por motivos políticos en Venezuela se han “agudizado”.

En su informe “Vidas Detenidas”, la organización exigió “la liberación” de estos privados de libertad. En el texto, AI destacó nueve casos de personas “criminalizadas por el Gobierno de Nicolás Maduro”, entre 2019 y 2023.

“Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela siguen siendo parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población en este país, principalmente, con el objetivo de silenciar a quienes disienten del Gobierno de Nicolás Maduro o con otros fines políticos”, dice el informe.

 

Amnistía Internacional indicó que organizaciones que defienden derechos humanos han documentado que entre 2014 y 2023 alrededor de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país, y que, en la actualidad, “alrededor de 300 personas siguen privadas de libertad en estas condiciones”.

“En los últimos años (2019-2023) algunos patrones parecen haberse agudizado. En particular, es de suma preocupación para la organización cómo se ha consolidado la criminalización de las personas a través de tribunales especiales con competencia en terrorismo, aplicando este marco normativo de forma amplia y para agravar las consecuencias del procesamiento penal, y de las posibles penas”, detalló AI.

 

Asimismo, explicó que los “patrones” que se han identificado para llevar a cabo estas acciones incluyen “detenciones sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia, períodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto, imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad” y “limitaciones” en el acceso a la defensa.

La organización también alertó que se han observado el “uso de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, dilaciones indebidas de períodos de investigación”, así como la “retaliación” y “la imputación del delito de asociación para delinquir bajo estándar de evidencia y la aplicación de penas severas”.

En el escrito, la organización destacó los casos de Emirlendris Benítez, madre y comerciante detenida en agosto de 2018; María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo, matrimonio detenido en marzo de 2019; Roland Carreño, periodista y activista político detenido en octubre de 2020; y Guillermo Zárraga, exsindicalista, apresado en noviembre de 2020.

 

Asimismo, mencionó a Darío Estrada, ingeniero y persona neurodiversa, y Robert Franco profesor y sindicalista, ambos privados de libertad en diciembre de 2020; el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, apresado en julio de 2021; y el trabajador humanitario Gabriel Blanco, detenido en julio 2022.

“Se trata de casos emblemáticos, es la punta de un iceberg de una gravísima crisis en materia de detenciones arbitrarias”, dijo durante la presentación virtual del informe la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.

*Con información de EFE

Foro Penal ha registrado más de 15 mil arrestos arbitrarios en Venezuela desde 2014

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Himiob señaló que persiste el uso de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las autoridades, especialmente cuando se trata de militares detenidos, así como la amenaza de agresión sexual cuando son mujeres las arrestadas

 

Los cuerpos de seguridad de Venezuela han practicado 15.803 arrestos arbitrarios, “todos por motivos políticos”, desde 2014, aseguró este martes la organización no gubernamental Foro Penal.

“9.440 personas siguen sujetas a procesos penales arbitrarios, injustos, también por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares distintas de la detención preventiva”, indicó este martes, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

En un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI), el abogado denunció que en estos arrestos existe una “absoluta ausencia de evidencias, de elementos de convicción que permitan vincular a las personas con la comisión de delitos” y, aún así, se les mantiene tras las rejas.

“En la gran mayoría, casi en el 100 % de los casos, lo que da lugar al inicio de una investigación, o que las personas pasen años en detención preventiva sin ser juzgadas, es única y exclusivamente un acta policial o un acta levantada por el cuerpo de seguridad que realiza el arresto”, sostuvo.

Himiob aseguró que también se repite el “uso excesivo y arbitrario de la fuerza” al momento de concretar los arrestos y que a las personas detenidas “se les somete, de manera inequívoca y continua, a incomunicación absoluta”.

Criticó que, una vez que se producen detenciones por motivos políticos, las autoridades “se niegan sistemáticamente a reconocer que (la persona) está detenida y en qué condiciones se encuentra”, una situación que se mantiene durante días y, a veces, por meses.

Asimismo, Himiob señaló que persiste el uso de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las autoridades, especialmente cuando se trata de militares detenidos, así como la amenaza de agresión sexual cuando son mujeres las arrestadas.

Sobre el número de presos políticos, dijo que actualmente hay 282 “materialmente privadas de su libertad” por estos motivos, de las cuales 156 no han sido condenadas y 126 ya fueron sentenciadas “en condiciones sumamente irregulares”

De los 156 “presos políticos” que siguen tras las rejas sin haber sido juzgados, “113 ya han excedido el límite máximo legal permitido de los tres años” por lo que deberían ser liberados de inmediato.

arrestos arbitrarios

*Con información de Efe

#MonitordeVíctimasCaracas | Mueren tres hombres en dos presuntos enfrentamientos con la policía

Eduardo David Williams (29), Carlos Luis Silveira González (48) y Yenrrin Antonio Guillen Almeida (59) fallecieron en dos operativos aislados, el pasado viernes 25 de agosto de 2023

@jheilyn_cermeno

Tres hombres murieron en dos presuntos enfrentamientos con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Miranda y en el Distrito Capital.

Las actuaciones policiales se llevaron a cabo el pasado viernes 25 de agosto 2023, en el municipio Sucre y Libertador.

El primero de ellos se registró en el barrio José Félix Ribas, de la parroquia Petare. Específicamente, en la zona 4, calle El Carmen, vereda 9.

En horas del mediodía, llegaron agentes adscritos a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la PNB.

Eduardo David Williams (29) resultó muerto tras recibir tres impactos de bala de parte de los funcionarios policiales.

De acuerdo con un reporte extraoficial de la PNB, se presentó un enfrentamiento en contra de una comisión policial que realizaba labores de patrullaje. En el sitio, habría resultado herido un ciudadano, quien al momento de la “intervención legal”, se encontraba (indocumentado).

 

La víctima quedó identificada por los moradores de la zona como alias El Color, según indica el parte policial. También informaron que le fue incautada un arma de fuego tipo revólver, calibre 38mm y un radio portátil.

Sin embargo, desde la morgue de Bello Monte, los deudos informaron que Eduardo Williams era obrero y negaron que se tratara de un enfrentamiento.

Explicaron que los uniformados lo interceptaron, cuando salió de su casa y lo hirieron de bala dos veces. Luego, lo llevaron hasta el interior de una vivienda y le dispararon una vez más.

Los funcionarios trasladaron el cuerpo de Williams hasta el Hospital Dr. Domingo Luciani de El Llanito, donde llegó sin signos vitales.

Doble homicidio

Posteriormente a este hecho se registró otra actuación del Cicpc, en horas de la noche, en un edificio de la avenida Baralt, en el centro de Caracas.

En este operativo, murieron Carlos Luis Silveira González (48), apodado Carlitos; y Yenrrin Antonio Guillen Almeida (59), alias El Viejo; de acuerdo con la reseña de un reporte extraoficial.

De acuerdo con las pesquisas de la policía científica, ambos estarían implicados en el doble homicidio de un detective del Cicpc y de Jennifer Medina Morales Guevara, el pasado 7 de agosto 2023, en el estado Miranda, en el que también falleció Kleiber Andrés Vera, un detective del Cicpc.

Todo por un botín

Guillen Almeida habría planificado por varios días el robo de Jennifer Medina Morales Guevara.

Pues, al parecer, manejaba información de que la mujer -quien laboraba como secretaria del mercado de La Hoyada-, trasladaba en ocasiones dinero en efectivo a diferentes lugares, en una moto.

Para ello, supuestamente, contó con el apoyo de Silveira González y de Kleiber Andrés Vera, un detective del Cicpc, que se encontraba suspendido del servicio y que resultó muerto el día del hecho.

Ese 7 de agosto de 2023, salieron tras Medina Morales y Junior López, otro detective activo del Cicpc, quien se ofreció a llevarla hasta La California, a bordo de una moto KLR.

Fue entonces cuando Guillen Almeida dio aviso a sus dos cómplices, quienes procedieron a seguirla a cierta distancia en otra moto KLR, hasta que los interceptaron a la altura del elevado de La California Norte, municipio Sucre del estado Miranda.

 

En el sitio se produjo un enfrentamiento, durante el cual asesinaron a Jennifer Medina y a su acompañante, Carlos Silveira. En el lugar, también falleció el detective Vera.

Mientras, Silveira González resultó ileso, huyó del lugar y dejó abandonada la moto.

De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, cámaras de seguridad en la zona lograron captar parte de este hecho.

Posteriormente, fueron ubicados por los pesquisas del Cicpc en un inmueble del tercer piso, edificio Urigain, situado en la avenida Baralt, en pleno centro de Caracas, donde presuntamente se enfrentaron a las comisiones y fallecieron.

Tenían antecedentes

Un parte del Cicpc extraoficial reseña que ambos hombres presentaban un amplio prontuario policial.

Silveira González estaba solicitado por el juzgado militar 4to de control del estado Vargas desde el año 2020, por el delito de sustracción de armamento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además, presentaba registro por el delito de porte ilícito de arma de fuego y posesión de droga.

Yenrrin Antonio estaba solicitado por la Delegación Municipal de Ocumare del Tuy, por el delito de fuga desde 1999. Igualmente, era buscado por robo en 2010 y robo genérico en 1993 y 1994. Presentaba registro por la Delegación Municipal Libertador, La Vega por el delito de homicidio intencional en el año 1987.

 

Hasta la mañana de este lunes 28 de agosto de 2023, sus cuerpos permanecían en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en Bello Monte.

Cicpc y PNB lideran cifras de victimarios

De acuerdo con la data recopilada por el equipo de Monitor de Víctimas, de enero a julio de 2023, se totalizan 62 fallecidos por ejecución y resistencia a la autoridad en la Zona Metropolitana de Caracas.

De ese total de víctimas, 2 corresponden al FAES; 2 a policías municipales; 2 policías estatales; 14 a manos del Cicpc y 42 por la PNB.

En el año 2022, se reportaron 61 homicidios en el mismo periodo e iguales móviles.

La intermitencia del servicio de gas doméstico es una falla no resuelta

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Según el Monitor de Servicios Básicos, entre el 20 % y el 30 % de la población recibe gas directo, y el resto depende de las bombonas

Foto: EFE/Rayner Peña

El suministro de gas doméstico es intermitente en varias zonas de Venezuela, a pesar de que ya pasaron tres meses desde que Nicolás Maduro ordenó a sus funcionarios solucionar los “graves” problemas que se arrastran desde hace años en este servicio.

Durante mayo de 2023, Maduro indicó que los estados afectados eran Yaracuy, Táchira, Carabobo, Barinas, Aragua, Bolívar y Trujillo.

Según el monitoreo que lleva a cabo el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), “todavía existen deficiencias en el servicio de gas doméstico para agosto de 2023” en esas regiones.

 

A su vez, el Monitor de Servicios Básicos del Observatorio de Gasto Público de la ONG Cedice Libertad señala que, en promedio, los tiempos de espera para recargar una bombona de gas son de hasta dos semanas en zonas urbanas, y de tres a cinco en sectores rurales.

Mercado negro

Una de las dos bombonas con las que cuenta un comedor social en San Blas, Petare, está vacía, y a la otra “le quedan como dos días”, dijo a EFE Anabel Rodríguez, coordinadora de este espacio, que da almuerzo a 65 niños de bajos recursos.

“Para nosotros, el suministro de gas es vital (…) Muchos de ellos (los niños) a veces llegan aquí donde no tienen ni siquiera un desayuno en su estómago. Esta comida es su primera comida del día, y a veces la única, por eso nosotros no nos paramos y buscamos siempre la manera”, aseguró Rodríguez.

 

Explicó que, en esta comunidad, pueden pasar, mínimo, un mes sin poder recargar las bombonas de gas doméstico, y no siempre hay disponibilidad para todos los habitantes. La última vez que pudieron hacerlo, de manera oficial, fue el 31 de julio.

“Eso nos causa la problemática de que a veces se nos acaba el suministro de gas y no tenemos para cocinar”, dijo.

Para “no parar el servicio del comedor”, ha tenido que recurrir al mercado negro, donde por un cilindro de 10 kilos, que por la vía oficial cuesta 30 bolívares (92 centavos de dólar), se paga -indicó- entre 5 y 10 dólares.

“Tenemos compañeras que por su zona cocinan a leña, pero nosotros aquí no tenemos un espacio, un terreno, para cocinar a leña”, apuntó.

La espera es mayor en un poblado de Aragua (norte), donde los habitantes reciben el aviso para recargar la bombona “cada dos meses”, aproximadamente, y luego de entregarla tienen que esperar “hasta dos semanas” para recibirla llena. Además, sólo permiten un cilindro por familia, señaló a EFE una residente.

 

Según el Monitor de Servicios Básicos, entre el 20 % y el 30 % de la población recibe gas directo, y el resto depende de las bombonas.

Una reciente encuesta elaborada por el observatorio a 2.300 personas en ciudades y zonas rurales reveló que el 60 % de los venezolanos consideran que el proceso de llenado de las bombonas es “inestable e incierto”.

Además, el 65 % de los ciudadanos han optado por pagar tarifas extra para “obtener preferencias en el suministro”.

Leves mejoras

El investigador del Observatorio de Gasto Público, Raúl Córdoba, dijo a EFE que, en general, “las fallas continúan”, aunque ha habido recientemente “indicios de mejora”, que se han traducido en “un incremento en la frecuencia” de “uno o hasta dos días” en algunas zonas.

Sin embargo, persisten tiempos de espera que obligan a ciudadanos a “utilizar cocinas eléctricas” y, “en algunos casos, leña o fuego improvisado”.

Además, muchas de las bombonas están “obsoletas” y “deterioradas” y no han sido reemplazadas. La empresa que puede fabricarlas, la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor), “está teniendo inconvenientes de inversión” para producirlas, aseguró.

Según el estudio, “solo 2 de cada 10 bombonas tiene nuevo diseño y tecnología”.

A juicio de Córdoba, tres acciones necesarias para recuperar el servicio son diagnosticar el problema, invertir y “modificar el esquema” de tarifas rezagadas, fijando precios que permitan cubrir costos de operación y mantenimiento.

 

Venezuela cuenta con “significativas” reservas de gas, que ascienden a 196 billones de “pies cúbicos normales”, lo que ubica al país “entre los diez primeros a escala mundial”.

*Con información de EFE

Maduro a dirigentes de oposición: “Deberían colgar los guantes y darle paso a nuevos líderes”

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Considera que la oposición “viene de derrota en derrota, de fracaso en fracaso” y “de conspiración en conspiración”, y ha perdido “la brújula hace tiempo, producto del odio que tienen acumulado”

 

Nicolás Maduro pidió el 28 de agosto a la oposición a “colgar los guantes” y dar paso a “otra generación de nuevos líderes” sin “planes extremistas” ni “tanto odio”.

“Creo que toda esta dirigencia, todos ellos, todos de la oposición venezolana, (…) están agotados, (…) deberían colgar los guantes y darle paso a otra generación de nuevos líderes de la oposición que no tengan esos planes extremistas, que no tengan tanto odio, tanto deseo de venganza (…). Ese sería mi llamado a los opositores, a los partidos políticos opositores”, expresó.

Durante su programa “Con Maduro +“, aseguró que la oposición “viene de derrota en derrota, de fracaso en fracaso” y “de conspiración en conspiración”, y ha perdido “la brújula hace tiempo, producto del odio que tienen acumulado”.

“Ya basta, Venezuela lo que quiere es trabajar, recuperarse, prosperar, mejorar, que nosotros seamos servidores públicos para ayudar a la gente, para proteger a la gente. Venezuela lo que quiere es que se fortalezca la democracia, la libertad del país, las instituciones”, agregó Maduro.

Integración con Colombia y Brasil

En el mismo espacio, Maduro ordenó al nuevo ministro de Industrias, José Félix Rivas, avanzar en la “integración económica profunda” con Colombia y Brasil, lo que consideró clave para el desarrollo del país.

Hay que “avanzar en la integración productiva, de cadenas productivas, con América del Sur, con América Latina, con el Caribe, pero, particularmente, te encomiendo avanzar en la integración económica profunda con Colombia y Brasil”, sostuvo.

Asimismo, aseveró que ha “hablado a profundidad” con sus homólogos de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, sobre llevar capital de estos países a Venezuela para su desarrollo económico y “para ir avanzando en el logro de la integración”.

Por su parte, Rivas afirmó que la oportunidad que tiene Venezuela “en este momento con Colombia y Brasil es única”, por lo que “hay que aprovecharla” para “llevar un proceso entre estos países de ganar-ganar” y “fortalecer las capacidades productivas”..

Información de EFE

De la estatización de los hidrocarburos a la nueva realidad

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Al frente de Pdvsa tras la nacionalización fue designado Rafael Alfonzo Ravard. Los primeros 25 años transcurrieron con muy poca injerencia política partidista

 

Ayer 28 de agosto se cumplió un año más de la aprobación en 1975 de la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, conocida la Ley de Nacionalización. Sin embargo, Alberto Quirós y Gustavo Coronel prefieren llamarla ”Ley de Estatización”, porque eliminó tres empresas venezolanas y los ciudadanos no podemos adquirir acciones en la nueva empresa. El 1 de enero 1976 iniciaron operaciones las filiales y Pdvsa actuó como casa matriz. Aquí pretendemos recordar brevemente algunos hechos, así como informar sobre las propuestas de varios grupos de expertos de cómo recuperar nuestra industria de los hidrocarburos cuando haya un gobierno democrático. Desde luego, la decisión corresponderá a los actores políticos.

La estatización era inevitable ya que la Ley de Hidrocarburos de 1943 estableció que las concesiones otorgadas para explorar y producir vencían en 1983. A medida que se aproximaba esta fecha, las transnacionales fueron disminuyendo sus inversiones. Ello obligó a promulgar en 1971 la ley para proteger los activos que debían pasar a propiedad de la nación. Algunos predicaron que los venezolanos no podrían manejar una industria tan compleja. No tomaron en cuenta, como ha escrito Héctor Riquezes, quien fue director de Pdvsa, que “para la opinión pública había pasado desapercibido el programa de venezolanización que llevaron a cabo las transnacionales y que logró reducir a doscientos el número de extranjeros que trabajaban en la industria petrolera para el 31 de diciembre de 1975”. Para esa fecha varios compatriotas ocupaban altos cargos ejecutivos.

Lógicamente, entre el personal había cierto temor, ya que en nuestro medio las empresas del Estado son utilizadas para colocar a simpatizantes del partido gobernante, aunque no tengan méritos. Al respecto, los trabajadores, liderados por Gustavo Coronel, crearon la Agrupación de Orientación Petrolera (Agropet) para contribuir a orientar el proceso y lograr garantía de que el personal no sería afectado. Tuvieron éxito, tanto por las gestiones realizadas, como por la madurez del sector político bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez.

Al frente de Pdvsa fue designado Rafael Alfonzo Ravard. Posteriormente, los presidentes de la empresa fueron venezolanos con méritos, con mayor o menor cercanía al primer magistrado. Los primeros 25 años transcurrieron con muy poca injerencia política partidista.

El proceso fue bien llevado. A las 22 compañías se les cancelaron 1.054,13 millones de dólares, de los cuales solo 117,38 millones fueron en efectivo y el resto en bonos de la deuda pública a cinco años plazo. Además, se firmaron convenios de asistencia técnica y de comercialización, que fueron criticados por algunos, pero que eran necesarios en los siguientes cinco años. El artículo 5 de la ley estableció la posibilidad de que el Estado realizara convenios de asociación con entes privados, el cual despertó mucha discusión. Los congresistas de la izquierda y algunos otros consideraron que eso era un subterfugio para permitir el regreso de las transnacionales.

Paradójicamente, la Pdvsa roja reportó en su Informe 2016, el último presentado, que había constituido 42 empresas mixtas. La gran mayoría de las mismas con socios seleccionados por razones políticas, casi todas paralizadas porque el Estado no realiza su aporte y el privado carece de músculo financiero, de tecnología y de recursos humanos. Esta información fue tomada del libro Construcción y destrucción de un país. Presidencias de Venezuela 1900-2020, de Rafael Gallegos y de quien esto escribe, en el que se citan las fuentes.

Pdvsa era un botín demasiado atractivo para quienes asumieron el poder en 1999. La tomaron por asalto y la destruyeron. Ahora hay que reconstruir nuestra industria de los hidrocarburos. Varios grupos de profesionales, petroleros y no petroleros han trabajado este tópico. Ya en el 2003 hubo recomendaciones. Hoy, la situación ha cambiado. Hay varias propuestas que tienen mucho en común, con algunas divergencias fáciles de limar. Hay consenso en que el país está destruido. El Estado tiene ingresos insuficientes para recuperar la educación, los servicios de salud, agua, electricidad e infraestructura; la deuda externa es elevada y habrá que reestructurarla, y los organismos financieros internacionales no están prestando para la actividad de los hidrocarburos.

La Pdvsa que existía antes de la etapa de destrucción es irrecuperable. La actual es inviable.

Habrá que redimensionarla hacia abajo, desprenderse de las múltiples compañías no relacionadas con el negocio y cerrar las actividades menos rentables. La única opción es recurrir a la inversión de empresas petroleras que sean incentivadas para venir. Los expertos deben presentar un abanico de inversiones atractivas, dentro del marco de la transición energética y del futuro de las fuentes de energía. Esas opciones deben incluir las cuencas del Zulia, norte de oriente, faja petrolífera del Orinoco y los nuevos yacimientos de gas libre.

Habrá que cambiar la ley para que puedan operar sin asociarse con Pdvsa y para adecuar los porcentajes impositivos; además, crear un ente independiente de energía.  Algunos piensan que debe persistir una petrolera del Estado y que debemos seguir en la Opep. Otros se oponen. Citgo, en riesgo de perderse por la irresponsabilidad de Chávez y Maduro, es muy importante para la recuperación económica. El plan corresponderá ser discutido y aprobado por el sector político. Ojalá sea por consenso como en 1975 y no por una mayoría que podría ser circunstancial.

Como (había) en botica

  • El pasado día 25 se conmemoró otro aniversario de la tragedia de Amuay ocurrida en el 2012, que ocasionó 47 muertes, 150 heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Un año antes, Rafael Ramírez, entonces presidente de Pdvsa, reconoció que tenían problemas por falta de mantenimiento y escasez de personal calificado. Cuando se produjo la explosión la achacó a sabotaje.
  • El nuevo Consejo Nacional Electoral hace recordar Los intereses creados, de Benavente: todos los pillos quedaron satisfechos.
  • Lamentamos el fallecimiento de Carlos Canache Mata, un político honesto y luchador por la democracia.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamires@hotmail.com

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