La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, prometió uniformes y útiles escolares para todos
Sin el aumento salarial esperado por el sector educativo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció este jueves 28 de septiembre que las clases a todo nivel comenzarán en Venezuela el próximo lunes 2 de octubre.
“Hago el anuncio del regreso feliz a clases el 2 de octubre”, dijo la funcionaria del Gobierno de Nicolás Maduro en el marco del acto del lanzamiento desde Caracas del “Plan Nacional de Escuelas Técnicas Profesionales”.
Rodríguez prometió que la administración madurista dotará de uniformes y útiles a los alumnos. “El presidente garantizo los uniformes, los materiales, acompañados de ferias escolares con precios accesibles para que todos tengan regreso a clases en todas la modalidades este lunes”.
Desde inicios de este año, el sector educativo se ha mantenido en las calles del país exigiendo un sueldo justo.
Los maestros del sector público ganan en promedio un total de 430 bolívares mensuales, alrededor de 12,5 dólares, además de una bonificación de Bs. 1.000 ($29). Mientras que el sueldo mínimo sigue estacionado en 130 bolívares (3,7 dólares).
Según Cendas de la Federación Venezolana de Maestros la canasta alimentaria se ubicó en el mes de agosto de este año en 491 dólares, algo cercano a los 17 mil bolívares.
De acuerdo con el organismo, un maestro necesita ganar el equivalente a 19,24 veces su salario mensual para acceder a la canasta básica alimentaria.
El sector educativo se ha mantenido en protestas desde 2022, cuando se creó una normativa por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
La norma especifica criterios para aplicar incrementos salariales decretados por Maduro.
Sindicatos y gremios denunciaron que el instructivo viola acuerdos de las convenciones colectivas vigentes, disminuye el monto de las bonificaciones y no toma en cuenta la antigüedad del personal.
Docentes anunciaron que el venidero 2 de octubre cumplirán más de 560 días sin incremento salarial.
Desde el escape de los cabecillas del “Tren de Aragua” antes de la llegada de los integrantes de la “Operación Liberación Cacique Guaicaipuro” hasta la detención de solo miembros de la directiva y custodia del penal, varias son las preguntas que quedan sin responder en torno a la incursión policial y militar en la prisión aragüeña
El despliegue denominado “Operación Liberación Cacique Guaicaipuro” efectuado el miércoles 20 de septiembre por más de 10 mil funcionarios policiales y militares (según el Ministerio de Comunicación e Información) en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, dejó una serie de preguntas que aún no han sido respondidas por los voceros del Gobierno venezolano.
Al respecto solo se han referido el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos y el propio Nicolás Maduro, quien en su programa televisivo del pasado lunes 25 se limitó a decir que funcionarios corruptos de su administración habían sido detenidos y que se había dado un golpe contra las bandas criminales, sin mencionar al “Tren de Aragua”.
Maduro responsabilizó a los empleados del recinto penitenciario de la fuga de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” y sus secuaces. “Van a ser juzgados y severamente castigados”, vaticinó.
El líder chavista denunció apenas ese día, como lo han hecho desde hace años medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil, que en Tocorón se cometían “una gran cantidad de irregularidades”.
“Estaban 200 mujeres con sus respectivos hijos viviendo ahí”, dijo Maduro con tono de sorpresa.
Calros Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, sostuvo que el operativo dejó un vacío informativo.
“Después de esta supuesta toma quedan más interrogantes que certezas”, acotó.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, manifestó que con esto quedó evidenciado que en el país no se respeta el artículo 272 de la Constitución, el cual reza que “el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.
“Todo el mundo sabía lo que ocurría ahí menos las autoridades. El Niño Guerrero es el gran pran de Venezuela. Tocorón era el centro de los desmanes penitenciarios, la pregunta es cómo se permitió que pasara todo eso, que no es algo nuevo, tiene más de una década sucediendo”, indicó Nieto Palma.
Nieto Palma sostuvo que la existencia en el penal aragüeño de instalaciones ajenas a este era público y notorio. “En la discoteca Tokio se hacían grandes fiestas donde se invitaban a artistas nacionales e internacionales, hasta las anunciaban en radios del estado Aragua”.
A partir de la intervención del Estado en Tocorón, Runrunes plantea una serie de interrogantes:
–¿Cuántos muertos y heridos hubo?
De acuerdo con una publicación en Instagram del director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, Juan Pascal Ramón, alias “Caña Caña”, murió a manos de las autoridades durante la incursión en Tocorón por oponerse a su arresto. Según Rico, el sujeto de 40 años, quien se encontraba dentro del penal, era buscado por los delitos de robo, hurto y violencia física. Carlos Nieto Palma, de
Una Ventana a la Libertad indicó que también se conoció el fallecimiento de un efectivo militar. “Un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana que sufrió una caída accidental y falleció, igualmente hay heridos porque existen videos”, sostuvo.
La ONG informó además que uno de los fugados de la toma murió luego de un presunto enfrentamiento con efectivos de la Policía de Carabobo el pasado sábado 23 de septiembre en la carretera nacional Güigüe-Maracay. La identidad de la víctima no fue revelada. Por su parte, el ministro Ceballos informó en su cuenta de X que 87 reos evadidos del penal aragüeño fueron recapturados por efectivos de seguridad.
–¿Dónde está el Niño Guerrero y sus lugartenientes?
El Observatorio Venezolano de Prisiones alertó que los pranes de Tocorón habrían negociado su salida previa del recinto penitenciario con funcionarios del Estado venezolano. “La intervención fue conversada con Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, quien se encargó de salir del recinto días antes de la intervención. Asimismo, lo hicieron sus más allegados, lugartenientes y luceros, sin informar al resto de la población penal”, reza una nota de prensa del OVP.
Prado estima que el futuro del pran se debate entre ser muerto en un presunto enfrentamiento con funcionarios de seguridad o irse del país. “Él tiene todos los recursos para escapar de Venezuela, porque es público y notorio que el Tren de Aragua tiene poder en otros países de Latinoamérica”.
Nieto Palma indicó que el propio ministro Ceballos reconoció la ausencia del “Niño Guerrero” en el marco de la llegada de las unidades de intervención a Tocorón. “El dijo en una rueda de prensa que no estaba allí y de hecho el pasado domingo 24 de septiembre se libró una orden de aprehensión internacional para su captura, en Perú ofrecieron una recompensa de 100 mil dólares y no me extraña que lo hagan en otras naciones”.
Izquiel también mencionó que sobre el “Niño Guerrero” existe una interrogante sobre su estatus judicial. “¿Se encontraba en libertad plena como dijo el ministro?. Si es así jurídicamente significa que había cumplido su condena y sobre él no pesaban órdenes de arresto. ¿Qué juez lo liberó?, ¿Cómo es posible que en una cárcel, donde se debe hacer un conteo diario de presos, no se hayan dado cuenta de esta fuga?, ¿Desde cuándo se había escapado, con cuántos lo hizo, con cuál arsenal y botín?”, son algunas de las interrogantes que plantea.
En su libro El Tren de Aragua, la periodista Ronna Rísquez, escribe que el “Niño Guerrero” ha sido acusado de delitos al menos cuatro veces, encarcelado, fugado y capturado, la última vez en junio de 2013. En una audiencia efectuada en diciembre de 2016, Guerrero se declaró culpable por los delitos de homicidio intencional, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, fuga de detenidos, falsificación de documentos, ocultación ilícita de arma de fuego, municiones y arma de guerra, asociación para delinquir, usurpación de identidad, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de distribución y ocultamiento, aprovechamiento de vehículo proveniente del robo y hurto y cambio ilícito de placas de vehículos automotores.
“El pran fue sentenciado a cumplir una pena de 17 años, dos meses y dos días. Pero el proceso no se cerró allí. La fiscal del Ministerio Público apeló la sentencia, porque consideraba que Guerrero merecía una condena mayor. La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Elsa Janeth Gómez Moreno, declaró con lugar la solicitud de la fiscal el 23 de febrero de 2018, con la posibilidad de que la condena de Guerrero fuera revisada e incrementada. Luego de esa decisión no hay información disponible sobre el caso. No se sabe si la sentencia fue revisada, modificada y aumentada o si se mantuvo igual. Si no hubo cambios en la pena, al Niño Guerrero le correspondía quedar en libertad a finales de 2022”, reza el libro de Rísquez.
Izquiel igualmente preguntó si Josué Angel Santana Peña, alias “Santanita”, líder de una banda dedicada al homicidio, secuestro y extorsión que opera en los estados Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua se encontraba en Tocorón con la venia del “Niño Guerrero” como declaró una fuente policial a El Pitazo. “De ser así, cómo pudo haber ocurrido esto si oficialmente este delincuente no había sido aprehendido. ¿Entró allí para ser protegido por el Tren de Aragua?”.
–¿Por qué el ministro y no la ministra?
Ceballos fungió como vocero del Gobierno madurista durante y después del operativo en Tocorón, dejando a un lado a la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista. “La ministra ha estado ausente, solo opina en las redes sociales”, dijo Nieto Palma. “Tenemos el control total de este penal, de este centro penitenciario, y, además de eso, hemos desmantelado totalmente el autodenominado ex Tren de Aragua. Tenemos más de 80 personas detenidas en este momento, aportando datos de interés criminalísticos”, declaró Ceballos, quien antes de la incursión en la prisión aragüeña no había mencionado a la banda delictiva que opera desde hace alrededor de 16 años y que tiene tentáculos en al menos cinco países del continente.
–¿Cuántos presos albergaba Tocorón?
Según Prado la cárcel fundada en 1982 fue concebida para 750 personas, pero un monitoreo efectuado en 2022 determinó que había una población penitenciaria de 3 mil. “Hasta ahora no han dado cifra oficial, pero manejamos que había entre 4 y 5 mil personas”, agregó Nieto Palma. “Había gente que estaba solicitada y se refugiaba allí y se estima que también llevaban para allá a gente secuestrada, Tocorón era el centro de extorsión en Venezuela”, sentenció Prado.
–¿Por qué solo están detenidas autoridades civiles?
Por delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción fueron imputados por el Ministerio Público el director y subdirector de Tocorón, Rigoberto Jesús Fernández Colina y Ezequiel Antonio Pérez Rivero, respectivamente. Asimismo fueron detenidos para ser imputados los custodios adscritos al ministerio de Servicio Penitenciario, Larry Peter Figueira Moreno, José Rafael Navarro Prieto, Angel Alexander Talavera Barrios, Yovanni Alexander Camacho Pérez y Johanny Antonio Morillo Esmetet.
“Los penales en Venezuela tienen una corresponsabilidad. Internamente competen al ministerio de Servicio Penitenciario y externamente a la Guardia Nacional Bolivariana”, dijo Prado. “La custodia en la parte externa le corresponde a la GNB y en la interna al Ministerio, todo lo que entra a la cárcel es revisado y aprobado por la GNB, se tienen que buscar responsables en ambos bandos, no en uno solo”, sostuvo Nieto Palma. “Nada de lo que ocurría allí dentro era desconocido por las autoridades, cuando estos que están siendo imputados llegaron a Tocorón ya estaba todo montado, lo que hicieron fue seguir con el patrón”, añadió el director de Una Ventana a la Libertad.
“¿Discoteca, piscina, gallera, estadio, zoológico y otras infraestructuras irregulares en Tocorón se construyeron solo con la complicidad de este pequeño número de funcionarios? ¿Quiénes más desde el poder cohonestaron todas estas irregularidades que eran hechos públicos y notorios? ¿No van a existir más funcionarios investigados y detenidos?”, se preguntó el abogado penalista, Luis Izquiel. Prado agregó que también deben ser investigadas las anteriores ministras de prisiones (Iris Varela y Mirelys Contreras), así como el exministro de Interior y Justicia y exviceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Tareck El Aissami, de quien actualmente se desconoce el paradero.
¿Por qué la toma duró apenas horas?
Para Prado resulta extraño que la toma del penal donde funcionaba la principal megabanda criminal del país haya tenido un período breve de duración. “Maduro dijo que dos horas y Ceballos seis, llama la atención que operativos para adueñarse de otras prisiones hayan tardado incluso días”, aseveró. Prado recordó que el despliegue por el control del Rodeo I y II en Guatire, estado Miranda, duró 20 días, La Planta en Caracas tardó también casi un mes, Uribana en Barquisimeto significó 3 días y 60 muertos y la Penitenciaria General de Venezuela en San Juan de los Morros, 32 días.
-¿Adonde han sido trasladados los reclusos?
Aunque la ministra Bautista escribió en su cuenta de X el pasado 22 de septiembre que los traslados de los reclusos de Tocorón a otras prisiones habían terminado, no hay cifras específicas ni tampoco se conocen detalles de los destinos. “Sabemos que algunos fueron llevados a la Comunidad Fénix en el estado Lara, a Yare I en Miranda, Tocuyito en Carabobo y 26 de julio en Guárico”, indicó Nieto Palma.
De acuerdo con Una Ventana a la Libertad, 140 reos fueron trasladados a la cárcel “26 de julio” y 240 a Yare I. Pese a que UVL estima que la población penitenciaria de Tocorón oscilaba entre 4 y 5 mil personas, Bautista solo se ha referido a 1.800 hombres distribuidos.
La ONG maneja que los privados de libertad serán reubicados en recintos de Caracas, Guárico, Carabobo, Lara, Miranda, Barinas y Táchira. Autoridades aseguraron que fue asignada una línea telefónica para conocer el estatus del privado de libertad. Prado manifestó que estos traslados empeorarán el hacinamiento que existe en las cárceles venezolanas, que según el OVP se ubica en 158%. “Todas las cárceles del país están completamente hacinadas”, indicó Izquiel.
-¿Qué va a pasar con otras cárceles donde también hay pranes?
Según el OVP, en al menos 8 prisiones de Venezuela hay pranato. “Esta misma situación la vemos en Tocuyito, Vista Hermosa, Puente Ayala, Uribana y Hombre Nuevo”, sostuvo Prado. “Se sabe que en Venezuela existen otros pranes en diferentes cárceles. ¿Se va a actuar también en contra de ellos después del procedimiento de Tocorón?”, comentó Izquiel.
El abogado penalista sostuvo que el Gobierno debe dar una explicación sobre la presencia de mujeres y niños en las instalaciones de Tocorón y su eventual reubicación. “Se presume que son familiares de los detenidos, hay la tesis de que los tenían como un escudo en caso de una incursión violenta”, indicó Prado. “De eso no sabe nada y lo que se maneja es que todas sus pertenencias fueron destruidas”, agregó Nieto Palma.
El director de UVL dijo que las casas incendiadas en los videos que se hicieron virales durante la toma del penal pertenecen a una zona llamada el mercado. “Allí vivían familiares de reclusos y funcionaba como mercado popular donde iba gente de la comunidad cercana a Tocorón”, agregó.
El ministro Zapata descartó la presencia en Ecuador del Tren de Aragua. “En Ecuador descartamos la presencia del Tren de Aragua. No existe evidencia de que esta agrupación delictiva opere en el país”
El Gobierno de Ecuador informó este miércoles, 27 de septiembre, que se mantiene alerta ante un posible ingreso al país de Héctor Guerrero, alias “Niño Guerrero”, cabecilla de la banda el Tren de Aragua.
Mediante un comunicado, el ministro del Interior, Juan Zapata, afirmó que se activaron los equipos de la Dirección General de Inteligencia, Migración, Policía Preventiva e Interpol.
“Hay una orden de detención por alerta roja dada el 22 de septiembre por Venezuela, por lo tanto, Ecuador está vigilante. Si logramos la captura del miembro del Tren de Aragua, lo entregaríamos al Gobierno venezolano”, apuntó.
El ministro Zapata indicó que hace pocas semanas se reunió con el Ministro del Interior del Perú, mandos policiales y de migración porque en ese país sí opera el Tren de Aragua, sobre todo, con sicariatos extremadamente violentos. En ese contexto dijo que es fundamental tener intercambio de información con la nación vecina para evitar la presencia de ese grupo criminal en Ecuador.
El titular de la cartera de Interior consideró que el intercambio de información “es fundamental” con los países vecinos como Perú, donde el Gobierno ha ofrecido una recompensa de medio millón de soles (unos 132.000 dólares/125.000 euros al cambio de hoy) a quien entregue información sobre el cabecilla de la banda.
El ministro Zapata descartó la presencia en Ecuador del Tren de Aragua. “En Ecuador descartamos la presencia del Tren de Aragua. No existe evidencia de que esta agrupación delictiva opere en el país”, señaló.
“Dentro de nuestros mapas de calor no se ha determinado la operación de este GDO (grupo delincuencial organizado) venezolano, cuyos procedimientos son sumamente violentos en cuanto a sicariatos, secuestros extorsivos y selectivos”, expresó Zapata.
El ministro señaló que, de acuerdo con los informes de la Policía ecuatoriana, las bandas criminales que operan en Ecuador no tienen ninguna relación con el Tren de Aragua “incluso no la quisieran tener porque cuidan mucho sus territorios”, sobre todo en la zona de la costa del país, por donde transcurre las rutas del narcotráfico.
Hasta ahora las vinculaciones internacionales de las bandas criminales de Ecuador han establecido, según las autoridades, con grupos de productores de cocaína de Colombia y con carteles de México como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, así como con la denominada “mafia albanesa”.
Cinco niños venezolanos que salieron desde Falcón en lancha a Curazao con un grupo de adultos fueron retenidos por las autoridades. Los internaron en una casa hogar, y los adultos quedaron detenidos por “tráfico de personas”
La Fiscalía de Willemstad denunció en septiembre pasado de “un aumento marcado del tráfico de menores, particularmente entre Venezuela y Curazao”
No obstante, organizaciones sociales exigen que se bride un trato humanitario a los niños, que se trasladaban desde el estado Falcón a la isla junto con 14 adultos para reencontrarse con sus familiares en la isla.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) denuncio que el Ministerio de Justicia de Curazao les dio una respuesta inesperada cuando denunciaron que los niños estaban siendo expuestos a un trauma.
” ¿Y los padres que arriesgan a sus niños a morir en el mar?”, le preguntaron a los miembros de R4V en el referido despacho.
El pasado 20 de septiembre, la Guardia Costera del Caribe Neerlandés anunció que interceptó una embarcación que llevaba a bordo a 19 personas: siete mujeres, siete hombres y cinco niños. Sin ofrecer mayores detalles, el parte oficial resume que fueron “entregados” a la policía” local.
Los menores de edad que fueron puestos a las órdenes de las autoridades en esta operación son: uno de 6 años, dos de 9, uno de 10 y otra de apenas 1 año y tres meses de nacida.
Trascendió que los infantes se encuentran internados en una especie de casa hogar, mientras los adultos están presos y acusados de trata y tráfico de personas.
Hasta el 27 de septiembre, los niños permanecían aislados, separados de sus familiares y representantes, que no han podido verlos ni tienen información precisa sobre su estado.
Autoridades más inflexibles
El pasado 7 de septiembre, la Fiscalía de Willemstad denunció “un aumento marcado del tráfico de menores, particularmente entre Venezuela y Curazao” y conminaba a padres y los tutores a “desistir de la comisión de este tipo de delitos”.
“Las autoridades están comenzando a ser más inflexibles. Si cualquier persona se acerca a preguntar qué pasó con los niños, los detienen bajo la acusación de que son cómplices de los delitos de tráfico y trata de personas. Dos madres y una abuela que fueron a revisar la situación terminaron presas, aunque luego las liberaron”, denunció a Crónicas del Caribe Jennifer Sifontes, vocera de Venex-Curacao, asociación civil que defiende los derechos de los migrantes venezolanos en Willemstad.
El Ministerio de Justicia reconoció que luego de que la embarcación llegó a las costas de Curazao se presentaron ante el Departamento de Inmigración familiares de los niños detenidos, alegando que eran sus tutores legales: “Estos individuos fueron detenidos bajo sospecha de trata de personas. Dado que los ocupantes de la embarcación eran indocumentados y estaban acompañados por cinco menores de edad, se inició una investigación por trata de personas”, se lee en un documento oficial.
Desde el año 2012 Duque Carvajal ya comenzaba a figurar en cargos importantes dentro del Ministerio Público
Duque figura en expedientes de investigaciones judiciales en las que ONG reportan violaciones de derechos humanos
El nombre de Grendy Duque Carvajal ha cobrado relevancia en los últimos días, pero no por sus méritos ni trayectoria, sino por las recientes condenas que ha dictado contra dirigentes sindicales, militares y civiles procesados por temas políticos.
Duque Carvajal, de 37 años, es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y es oriunda del estado Guárico. Actualmente, es jueza del Tribunal Segundo con competencia en terrorismo.
Según reseña el portal web El Pitazo, Grendy Duque figura en expedientes de investigaciones judiciales en las que ONG reportan violaciones de derechos humanos.
Desempeño en ascenso
Desde el año 2012 Duque Carvajal ya comenzaba a figurar en cargos importantes dentro del Ministerio Público.
En ese mismo año, fue designada fiscal auxiliar en la Dirección General de Actuación Procesal, específicamente en delitos comunes, cargo que ocupó hasta el año 2013.
En el 2013 aparece como la fiscal que solicitó la imputación del funcionario del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), Tryno José Martínez, por el delito de extorsión contra comerciantes.
Para el año 2014, momento de protestas y gran revuelo en el país por las manifestaciones organizadas por estudiantes, sociedad civil y políticos de oposición, Duque Carvajal suscribió la acusación del Ministerio Público contra Leopoldo López por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.
En 2015 fue la fiscal designada para investigar el hallazgo de siete osamentas durante un procedimiento del Ejército venezolano en una fosa en común en el sector La Mulata, municipio Ureña, en el estado Táchira.
En 2018, la designaron como fiscal en la Dirección de Fiscalías Superiores del Área Metropolitana de Caracas.
Durante 2022, fue la jueza encargada de la investigación en contra de tres personas señaladas de planificar un supuesto atentado contra Nicolás Maduro y trasladar explosivos.
Denuncia ante Inspectoría de Tribunales y la ONU
Los abogados Eduardo Torres y la exmagistrada Blanca Rosa Mármol introdujeron una demanda en contra de Grendy Duque Carvajal el pasado 7 de agosto por condenar «sin pruebas» a seis sindicalistas venezolanos a 16 años de prisión.
Torres señaló que Duque sabía desde el primer momento que existían documentos que acreditaban a los sindicalistas como luchadores sociales, por lo que se le pidió que los juzgara atendiendo el principio de libertad, pero se negó.
El abogado en ese momento también informó que dicha denuncia se iba a llevar a instancias internacionales como Naciones Unidas (ONU), la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por tratarse del crimen de lesa humanidad de persecución y encarcelamiento de la disidencia política.
Por su parte, el exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray denunció a través de sus redes sociales que la jueza Grendy Duque Carvajal, condenó a los seis sindicalistas sin haber tenido “una sola prueba”.
Duque fue la encargada de impartir una peculiar justicia en contra de los procesados de la denominada Operación Constitución, un supuesto plan que involucra a capitanes, coroneles y generales de la Fuerza Armada, quienes presuntamente conspiraron para suspender las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y detener al gobernante Nicolás Maduro.
A los implicados se les acusó de diversos delitos, entre ellos, de conspiración, asociación para delinquir, terrorismo y traición a la patria y precisamente este miércoles, 20 de septiembre, fueron condenados con penas que van desde los 16 hasta los 30 años de prisión.
#Venezuela. Caso Constitución: Juez Grendy Duque, condeno en horas de la madrugada de hoy, a 30 años de prisión al Coronel Oswaldo Garcia Palomo, condenado en Ausencia, al Coronel Acevedo Montañez, Coronel Jhonny Mejias Laya y a Miguel Iabichela por de Traición a la… pic.twitter.com/sAFIhLNJ8j
El abogado Zair Mundaray denunció que el pasado 13 de septiembre, en audiencia, la jueza le ordenó callar a uno de los condenados por el caso, el coronel García Palomo, quien pidió la palabra para denunciar que tenía más de un mes en aislamiento sin visitas ni salir al sol siquiera.
Ante este hecho los imputados optaron por entonar el himno nacional: “La Presidenta del Circuito irrumpió en la Sala y suspendió la continuación de la audiencia de forma violenta”, narró.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela menciona a la funcionaria un par de veces en su más reciente informe sobre Venezuela publicado este miércoles.
El organismo señaló que investigó durante el último año alegaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país durante enero de 2020 y agosto de 2023 y menciona a Duque Carvajal como la juez a cargo de las sentencias en contra de los sindicalistas y demás personas acusadas de conspiración.
Jesús Mendoza reiteró la exigencia al fiscal y al defensor del pueblo: “Acuérdense que hoy un chamo está detenido sin visión en un ojo y con poca movilidad”
El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela FCU-UCV, Jesús Mendoza, exigió este jueves, 28 de septiembre, al fiscal designado por la Constituyente cubana, Tarek William Saab, que responda ante el caso de la detención y torturas en el caso del estudiante John Álvarez.
A través de un video publicado en redes sociales, Mendoza en representación de la comunidad estudiantil de la UCV, afirmó que están angustiados y consternados luego de que el abogado de John Álvarez, informara sobre el estado de salud del estudiante detenido el pasado mes de agosto.
“John es un estudiante como yo y como todos los que estamos aquí. Es un estudiante que colaboraba con todas las dinámicas de las reivindicaciones estudiantiles y fue arbitrariamente detenido y víctima de torturas, y a consecuencia de eso perdió la visión en el ojo izquierdo y tiene una inflamación en el riñón. ¿Dónde esta el fiscal Tarek William Saab? La comunidad universitaria exige que se pronuncie y dé una respuesta ante lo que está pasando un muchacho de 24 años”, dijo Mendoza.
Consideró que es “indispensable” que haya una actuación contra los funcionarios que arremetieron contra John Álvarez: “Es indispensable que el defensor del Pueblo se acuerde que es defensor de John y de todos los jóvenes, es indispensable que se respeten los derechos humanos y el debido proceso”, sumó el presidente de la FCU.
Jesús Mendoza reiteró la exigencia al fiscal y al defensor del pueblo: “Acuérdense que hoy un chamo está detenido sin visión en un ojo y con poca movilidad”.
ÚLTIMA HORA | Jesús Mendoza, presidente de la FCU- UCV: “Por las presuntas torturas, John Álvarez perdió la visión en un ojo. ¿Dónde está la Fiscalía? https://t.co/60L59kpK1Ppic.twitter.com/Id5Bd50NVl
Por su parte, Víctor García, secretario de relaciones Internacionales de FCU-UCV, exigió a los organismos internacionales de derechos humanos que se pronuncien ante el caso del estudiante John Álvarez.
#EnVivo Víctor García, secretario de relaciones Internacionales de FCU-UCV, exigió a los organismos internacionales de derechos humanos que se pronuncien ante el caso del estudiante John Álvarez #27Seppic.twitter.com/pPLsmpfM5m
La ONG Provea detalló que a Álvarez lo arrestaron por una supuesta implicación en planes conspirativos en el caso de los seis luchadores sociales (Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés) condenados a 16 años de cárcel.
Durante su audiencia de presentación, John denunció haber sido golpeado y sometido a torturas, descargas eléctricas y golpes.
El miércoles 6 de septiembre, los familiares y abogados de John, instaron al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, a realizar una investigación sobre las acusaciones de torturas que el joven sufrió mientras estuvo detenido por agentes de la Policía Nacional Bolivariana.
Provea afirma que las torturas a John forman parte de una política de Estado de persecución a la disidencia o a quienes son percibidos como disidentes, ya denunciado en informes por la Misión de Naciones Unidas sobre Venezuela.
Así, como por el ADN de la familia Kennedy corre el gen de la política y por el de la familia Kardashian corre el gen del bótox, por mi ADN corre el de una profesión: ser un papá de grada
Mi abuela ejerció este oficio cuando llevaba a mi mamá a la natación, mi mamá lo heredó llevándonos a nosotros al béisbol y ahora yo lo practico llevando a Tobías a la natación. Es que así, como por el ADN de la familia Kennedy corre el gen de la política y por el de la familia Kardashian corre el gen del bótox, por mi ADN corre el de una profesión: ser un papá de grada.
Este linaje de tres generaciones me ha hecho conocer a fondo no solo el oficio, sino los diversos tipos de papá que coexisten en las gradas mientras vemos a nuestros hijos poniendo sus músculos duros (aunque nunca tan duros como nuestros aplanados glúteos).
Tenemos a la mamá chismosa, quien siempre lleva a su hijo a las prácticas para inculcarle la constancia… sí… la constancia de que, asistiendo todos los días, es que se conocen a fondo los chismes de los otros papás. Por eso, si tu hijo practica algún deporte, es importante hacerte amigo de esta mamá. No para que te dé los mejores chismes, sino para que después no hable de ti.
Está la mamá gritona, quien es la que cuenta con la mejor salud mental, pues su terapia es ir a todas las competencias para demostrarnos que, comparado con sus gritos, Luciano Pavarotti cantaba bajito (y cuanto menos talentoso es el hijo, más ruidosos son los gritos de esta madre para motivarlo). Por cierto, si algún corredor de seguros está leyendo esto, le cuento que aquí tiene a un potencial cliente dispuesto a asegurar dos tímpanos.
Existe el papá agente, quien ve en su hijo no un ser humano, sino un bono de inversión que le asegurará su pensión de vejez al volverse atleta profesional y ganar millones. Aunque este papá tiene esposa, mucho piensan que le es infiel porque se la pasa hablando por el celular con un contacto llamado “Juan el scout” (que en verdad sí es “Juan el scout”).
Tenemos al papá que no habla con nadie. Un extraño ser que es capaz de pasar tres horas sin hablar, ir al baño o comer; por lo cual podría hacerse millonario si montara un curso avanzado de introspección budista. Sin embargo, también hay que hacerse amigo de este porque, ahí calladito como está, escucha más cosas que la misma mamá chismosa.
Así mismo hay un papá coach (conocido como el atleta profesional frustrado o también conocido como Reuben Morales). Es ese que practica el mismo deporte que su hijo, conoce todas sus reglas, los trucos para hacerse mejor y hasta entrena a su hijo en casa. Para todos es el papá modelo, menos para su hijo que ya está más exhausto que ingeniero de sonido de reguetonero.
Está la mamá negocio. Un genio del marketing que vende todo lo que necesita un papá que pasa tres horas sentado en una grada:
Para el sueño, café.
Para el frío, manta.
Para el calor, abanico.
Para el hambre, galletas.
Para los zancudos, repelente.
Para las nalgas, cojín.
Para el celular descargado, minutos de llamada.
Y si está muy aburrido, también le ofrece un compiladito de los mejores cuentos de la mamá chismosa.
Por último, tenemos a la mamá que está enamorada del entrenador. ¿Y cómo no estarlo? Ve que el entrenador está en forma, le tiene paciencia a su hijo y, además, es el popular del grupo. Aunque si un día sucede que el niño menos talentoso del equipo de repente se vuelve titular, es porque esa mamá finalmente lo logró.
Así, por lo visto, esta herencia genética que traigo por mi ADN me ha afinado bastante el olfato para convertirme en un auténtico “gradólogo”. Aunque creo que mi aporte llega hasta aquí. Ya luego le tocará a mi hijo cuando le corresponda llevar a mi nieto a sus respectivos entrenamientos en un futuro. Porque este oficio de ser un papá de grada de mi familia sagrada, aunque agrada y desagrada, no se degrada.
El proceso de capacitación constará de cinco módulos y, al culminar, los participantes obtendrán un certificado de participación
La Red Electoral Ciudadana (REC) integrada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia y Voto Joven, pone a disposición de todos los venezolanos un proceso virtual de capacitación en DDHH y procesos electorales.
La formación, denominada «Democracia y derechos humanos, participar es más que votar», se desarrollará a través de un aula virtual, donde los participantes podrán tener acceso a los contenidos de modo asincrónico, pudiendo realizar los módulos de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de cada persona, sin horarios, ni fechas preestablecidas.
El proceso de capacitación constará de cinco módulos, el primero, la relación que tienen los derechos humanos y los procesos electorales; el segundo, qué significa que una elección sea auténtica; tercero, por qué participar en procesos autoritarios; cuarto, cómo defender derechos humanos en procesos electorales y por último; el rol de los veedores ciudadanos.
Al culminar la formación, y para obtener el certificado, las personas participantes deberán llevar a cabo una evaluación de los conocimientos adquiridos, la cual también estará disponible en el aula virtual.
Las personas interesadas en realizar la formación «Democracia y derechos humanos, participar es más que votar» deben registrarse en el siguiente formulario y posteriormente recibirán el enlace y código de ingreso al aula virtual.
Importancia de capacitarse
La Red Electoral Ciudadana señaló que como ciudadanos es importante estar informados de estos temas, para poder participar activamente en la defensa de los derechos humanos y la democracia, involucrándonos en la vida política del país, contribuyendo con restaurar la democracia plena, para asegurar un mejor futuro para todas las personas.
Cabe acotar que la REC es una iniciativa que une a organizaciones y ciudadanos de la sociedad civil, para articular acciones dirigidas a fortalecer y defender la participación y los derechos políticos de los venezolanos.