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TSJ se lava las manos con denuncias de torturas en centros de reclusión

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Magistrados alegan que se trata de un asunto que debe ser tratado a nivel administrativo

 

Para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por funcionarios públicos a privados de libertad no son un delito.

En la sentencia número 966 del pasado 27 de julio, la Sala Constitucional declaró que no tiene competencia para conocer una acción de amparo interpuesta por María Barroeta, abogada del ciudadano sirio-colombiano Daniel Baroody, quien supuestamente fue víctima de torturas por parte del comisario Gerardo Contreras comisario en la oficina de la sede de la Oficina Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Caracas en 2017.

Baroody se encontraba en el despacho policial de la capital venezolana a la espera de ser extraditado hacia Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial por tráfico de drogas.

“Se evidencia que el ámbito en el cual se generaron las lesiones fue el administrativo, por cuanto la presunta violación de derechos constitucionales por parte del comisario Contreras, responsable de la Organización Internacional de Policía Criminal, claramente se enmarca dentro de los conflictos objeto de control por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, reza el fallo redactado por la magistrada Gladys Gutiérrez.  

Un análisis de la ONG Acceso a la Justicia, señala que la Sala Constitucional se enfocó solo en el órgano al que pertenece el presunto agraviante, al tratarse de un funcionario de la administración pública.

Por ello se basa en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA) el cual reza que “los órganos que componen la administración pública son aquellos que ejercen el Poder Público, en sus diferentes manifestaciones, en cualquier ámbito territorial o institucional”. 

Pero el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (LOASDGC) expone que los tribunales competentes son aquellos “en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados”, es decir, que habiéndose denunciado tortura y tratos crueles, los tribunales afines para conocer sobre los derechos violados son los penales.

De conformidad con la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (2013), el caso debio remitirse al Ministerio Público para que iniciara una investigación.

Igualmente el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) determina que bajo ciertas circunstancias esos hechos pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad.

TSJ además con retardo 

La Sala Constitucional se pronunció seis años después frente a una solicitud de amparo en la que la defensa de Baroody alegó que lo tenían “privado totalmente de comunicación con familiares y personas de su confianza”. 

Además denunció que no le suministraban íntegramente la comida que sus parientes le enviaban a diario, que no le dejaban evacuar u orinar y que, además, le negaban el acceso a productos de aseo personal o medicamentos básicos.

Acceso a la Justicia reveló que en la actualidad se desconoce si Baroody sigue detenido e incluso si continúa en Venezuela.

 

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CNE propone posponer la primaria y voto automatizado: comisión sigue avanzando en su cronograma

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El Consejo Nacional Electoral propuso aumentar el número de centros electorales de la primaria opositora, retrasar la consulta para el #19Nov y que el voto sea automatizado y no manual
El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, dijo que el fin de semana analizarán junto a los candidatos la propuesta del CNE pero que eso no impedirá el avance del cronograma que tienen previsto
Casal mencionó que hay coincidencia en los distintos candidatos y organizaciones políticas en que se mantenga el #22Oct como la fecha de la primaria así como en otros elementos del proceso en los que ya se ha avanzado

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela propuso el pasado 28 de septiembre a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) posponer para el 19 de noviembre las internas previstas para el 22 de octubre.

La propuesta, según explicó el presidente del ente electoral, Elvis Amoroso, incluye que se aumente el número de centros electorales, inicialmente estipulado en 3.008, con la intención de “facilitar la participación de los ciudadanos”, 

“El CNE entregó una propuesta de apoyo técnico a la CNP, que contempla varios factores, entre esos la fecha donde se pudiera dar ese apoyo del CNE y sería para el día 19 de noviembre”, dijo Amoroso en la declaración, que fue publicada en la cuenta de X (antes Twitter) de la institución.

El CNE también plantea que el proceso sea automatizado y no manual, como lo había señalado la Comisión de Primaria un asunto que el CNE considera “importantísimo” para garantizar la transparencia.

cne primaria

https://twitter.com/cneesvzla/status/1707522985031004420

¿Qué pidió la Comisión de Primaria al CNE?

Amoroso dijo que la oposición discutiría la propuesta del CNE y que esperan responder este lunes 2 de octubre.

Por su parte, en una entrevista concedida al Circuito Éxitos, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal,  detalló que la propuesta del CNE incluye disponer de unos 4.000 centros de votación, acudir al sistema automatizado y partir de elementos que ya la comisión tiene “consolidados”, como las nucleaciones y admisión de candidaturas.

“Ese tema se someterá a consultas con factores políticos el día de hoy y mañana. Nosotros como comisión hemos planteado que el asunto no puede verse hoy como podía examinarse hace tres meses y medio cuando se presentó la carta del 5 de junio, en la que se solicitaba una reunión al CNE que nunca se convocó y nosotros debimos seguir adelante en un proceso autogestionado”, explicó. 

 

Agregó que en el marco de esa autogestión han avanzando en elementos esenciales del proceso, como la admisión de los 13 candidatos, el voto en el exterior, sobre el que resaltó, desarrollaron un proceso de actualización que tiene un significado “enorme” para la primaria, la nucleación de los 3.010 centros, la formación de miembros de mesa y un gran voluntariado electoral de unas 40.000 personas, así como la definición de la fecha y el cronograma.

“Hemos planteado que debe examinarse la posibilidad, para mejorar y fortalecer esta ruta ya definida, de que el CNE pueda facilitar el acceso por nuestra parte a algunos centros oficiales e instituciones educativas que puedan complementar los que ya tenemos, estamos hablando de 300 a 400 centros”, precisó. 

Dijo que también pidieron al CNE que informara a los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia y otros organismos de seguridad para que se ejerzan las acciones correspondientes que permitan que la primaria sea una jornada “pacífica,  que los electores puedan acceder sin inconvenientes a los centros y que se puedan dar facilidades de obtener salvoconductos para el traslado sin inconvenientes del material electoral”.

También, solicitaron notificar al Ministerio de Comunicación e Información para que se permitiera la llegada de reporteros internacionales para darle cobertura al proceso y autorizar la presencia de algunos expertos que quiere invitar la comisión, y que ameritarían visas y otra documentación.

Comisión sigue avanzando en su cronograma

Al respecto, Casal precisó que no está fijada una reunión y que podrían responder al CNE con algún tipo de documento.

Aclaró que mientras se decide si se acepta o no la propuesta del CNE la Comisión de Primaria sigue avanzando en el cronograma que tenían previsto “sin ninguna interrupción”. “Eso es esencial en esta recta final de la primaria. Después de que las organizaciones políticas hicieron su carga masiva para postular los miembros de mesa, lo harán las organizaciones sociales”, sostuvo.

Mencionó que en una reunión que sostuvieron con organizaciones políticas el pasado martes hubo coincidencia en la necesidad de respetar la fecha prevista para la primaria, así como de los otros elementos que ya se habían acordado.

Pero Casal se negó a asegurar desde ya si descartarían la asistencia técnica del CNE en caso de que esta venga necesariamente supeditada a un cambio de fecha.

“Eso no quisiera decirlo hoy, si les he manifestado -al CNE- la coincidencia que hubo en la reunión del martes -sobre mantener la fecha inicial- y ahora veríamos el desarrollo que tendría estas dos reuniones que están previstas”, ratificó.

Por otra parte, agregó que también han pedido al CNE respetar el derecho a la participación de los candidatos a la primaria, incluyendo a los que están inhabilitados.

“Entretanto, la primaria sigue adelante, con el cumplimiento de su cronograma, con mucho entusiasmo de todos los actores, juntas regionales y de todos los que están colaborando para llevarla adelante”, ratificó.

“Simón” quedó fuera del Oscar y denuncian irregularidades en selección de película que representará a Venezuela 

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Diego Vicentini, director de la cinta, dijo que una persona que trabajó en el largometraje escogido formó parte del comité de selección de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos

 

El director de “Simón”, Diego Vicentini, denunció en su cuenta de Instagram que la selección de la cinta que representará a Venezuela en la carrera por ser nominada a la categoría Mejor Película Internacional en la venidera edición de los Premios Oscar estuvo plagada de irregularidades.

“Estamos súper desilusionados. En primer lugar, porque pensamos que nuestra película tiene los argumentos y méritos para ser elegida como representante para los Oscar”, escribió el realizador del largometraje que narra la odisea de un estudiante venezolano que evalúa pedir asilo político en Estados Unidos luego de ser encarcelado y torturado en el marco de las protestas antigubernamentales contra el régimen de Nicolás Maduro. 

Vicentini explicó que la selección de la película la hace un comité organizado por la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC). “Esa comisión debe deliberar, plantear argumentos de por qué una película debe ser elegida y luego se hace una votación”.

El cineasta indicó que históricamente el comité ha estado conformado por personas vinculadas a la industria cinematográfica nacional como Lorenzo Vigas, quien ha sido aclamado en el Festival de Cine de Venecia.

“Lo que nos han reportado es que este año no fue normal, en el comité había personas que no se sabía quienes eran y que no se sabía qué criterio tienen”.

Vicentini informó que la votación concluyó con 10 votos a favor de “Simón”, 12 en contra y 2 abstenciones.

“Había un grupo de personas que no estaba dispuesta a escuchar argumentos sobre Simón, hasta mandaron a callar a un miembro que quería hablar a favor de la película. Además, uno de los integrantes del comité, Ray Ugencio, trabajó en la producción de la película que al final fue seleccionada (La Sombra del Sol). Fue el primer asistente de dirección”, comentó. 

El también guionista de “Simón” sentenció que alguien que haya trabajado en alguna película que está en competencia no puede formar parte del comité y votar por ella. “Debe retirarse de la votación por conflicto de intereses. Consideramos que la ANAC debe responder por esto”. 

El director expresó que entre los argumentos que posee “Simón” para haber sido seleccionada se encuentra que la propia Academia de los Oscar contactó al equipo de producción para incluir el guion en la colección permanente de su biblioteca. 

Vicentini dijo además que la Academia del Cine Venezolano eligió a “Simón” para representar al país en la carrera por los premios Goya en España.

Aunado a eso, ya es la película venezolana más taquillera de 2023 y se llevó los principales premios en el pasado Festival de Cine Venezolano (Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Edición, Mejor Cinematografía y Mejor Actor De Reparto).

“Hay quienes están en posiciones de poder que harán lo que esté en sus manos por silenciarnos. Vamos a continuar haciendo todo por llevar la película lo más lejos posible, por seguir visibilizando nuestra historia, por que este grito de libertad y este abrazo de perdón que es Simón le llegue al resto del mundo”, concluyó. 

 

LEA:  Diego Vicentini: “Ha sido una sorpresa que Simón no haya sido censurada”

El “país del disimulo” se extiende al Esequibo

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Quizá no hubiéramos llegado a una situación tan lesiva a los intereses venezolanos si no fuera por el desinterés explícito que el chavismo manifestó en la reclamación, no por uno, ni dos, sino por 16 años
Con la influencia de su adorado Fidel Castro, Chávez en 2004 manifestó que ‘el gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el territorio en reclamación

 

@AAAD25

Decía Jean Baudrillard que la vida en la sociedad moderna es, toda ella, un simulacro, por la saturación de signos y símbolos que no median la realidad, ni la ocultan, sino que llenan el vacío que deja la falta de una realidad significante por una especie de descuido epistemológico. Una idea que pudiera resonar en el Occidente desarrollado capitalista.

En esta Venezuela involucionada, en cambio, conviene recordar a nuestro intelectual endógeno José Ignacio Cabrujas, para quien este país no era puro simulacro, sino puro disimulo. Es decir, una simulación deliberada que sí se propone esconder lo real. Una pena para todos nosotros, pero acaso un alivio para él mismo, que el autor catiense no haya podido ver el nivel de disimulo del gobierno que tristemente nos ha tocado desde 1999. La brecha insondable entre lo que el chavismo dice hacer y lo que hace de verdad. Pasa con tantas cosas. Con la aplicación de justicia, con el manejo de la economía, con la prestación de servicios públicos… Y con el reclamo del Estado venezolano sobre el territorio Esequibo.

Una vez más Guyana es tema común en el discurso de los máximos jerarcas del chavismo, debido al impulso desde Georgetown a la explotación de hidrocarburos en territorios disputados. Cada cierto tiempo el asunto sale a relucir. Como con todo, el gobierno lo trata con su característica soberbia y pomposidad. Un derroche de nacionalismo que da a entender que siempre han estado a la vanguardia de las exigencias y han hecho de ellas un punto de honor. Desde la repetición ad nauseam del mantra “¡El sol de Venezuela nace por el Esequibo!” hasta una nueva muestra de creatividad en el bautismo de bonos miserables con los que el gobierno pretende complementar un salario igualmente miserable. El más reciente de esos bonos se llama “El Esequibo es de Venezuela”. Al momento de escribir estas líneas, su valor es de $4,10 a la tasa de cambio oficial. Tiene sentido. Es igual de valioso que el acartonado esfuerzo del chavismo por insistir en la demanda de restitución de aquellas selvas a Venezuela.

Lo cierto es que ese reclamo está probablemente en su peor momento desde el infame Laudo Arbitral de París de 1899. Pese al Acuerdo de Ginebra de 1966, que reconoce la ilegitimidad de dicho laudo e insiste en que Venezuela y la entonces naciente Guyana negocien bilateralmente cómo resolver el incordio, Georgetown se las arregló para que la Corte Internacional de Justicia abra un procedimiento en la materia. Venezuela se opone, con mucha razón. Un fallo favorable a Guyana es lo más probable.

Quizá no hubiéramos llegado a una situación tan lesiva a los intereses venezolanos si no fuera por el desinterés explícito que el chavismo manifestó en la reclamación, no por uno, ni dos, sino por 16 años. Pese a su desconexión cultural con Latinoamérica, Hugo Chávez siempre quiso incluir a Guyana en su peculiar panamericanismo socialista de inspiración dizque bolivariana. No es que guiños de aquel lado le faltaran. Gobernaba Guyana entonces el Partido Progresista del Pueblo, organización con raíces marxistas con un importante historial de lucha anticolonial en las postrimerías del control británico de ese territorio. Un sueño húmedo para cualquier ñángara. No en balde sus fundadores fueron entusiastas convencidos de la Revolución cubana, cuya dictadura resultante siempre ha apoyado a Guyana en la disputa con Venezuela (tal vez, en parte, por resentimiento ante el fracaso del intento de copiar en el Cerro El Bachiller lo que tuvo éxito en la Sierra Maestra, justo por esos años en los que Guyana se estaba independizando de Londres).

En fin, con o sin la influencia de su adorado Fidel Castro, Chávez en 2004 manifestó que “el gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo” por el Estado guyanés y que “el asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países”. Nicolás Maduro le siguió los pasos, desdeñando, durante una visita a Georgetown en los albores de su presidencia, el Acuerdo de Ginebra como algo “del viejo Imperio Británico y el viejo gobierno de Acción Democrática” (acá vale recordar que, en efecto, fue el ejecutivo de Raúl Leoni, uno de aquellos de nuestra etapa democrática tan señalados de “apátridas” por el chavismo, el que logró aquel repudio internacional del Laudo de París y nos brindó una herramienta de derecho internacional para revivir el reclamo).

Tuvo que llegar el año 2015 para que cambiaran las cosas o, volviendo a Cabrujas, se simulara un cambio. Casualmente cuando el respaldo al chavismo se había desplomado, de cara a las elecciones parlamentarias de ese año, a Maduro y compañía se les ocurrió que era el momento idóneo para dar un giro de 180 grados y reanudar la reclamación. Obviamente eso siempre apestó a un cálculo mezquinamente utilitario. Un intento de producir lo que los anglosajones llaman, en ciencia política, el “Efecto Rally-Around-the-Flag”, consistente en la cohesión del público en torno a su gobierno cuando hay una amenaza extranjera, hipotética o concreta, aunque ese gobierno sea impopular. Creo que la elite chavista se dio cuenta rápido de que la táctica no estaba funcionando, porque en cuestión de días saltó del río Cuyuní al río Táchira, para dedicar toda su atención a Colombia, culparla por la delincuencia en las calles de Venezuela y mandar a cerrar la frontera. Tampoco eso sirvió: la oposición ganó por paliza las elecciones.

Desde entonces, las intervenciones del gobierno en la reclamación del Esequibo han sido intermitentes. Vemos ahora una nueva, con el añadido nefasto (porque el chavismo siempre puede ingeniárselas para que todo sea peor) de un plan de referéndum para preguntar a la ciudadanía cómo proceder. Entonces, en un país donde escuelas y hospitales se caen a pedazos, el chavismo pretende gastar un dineral en un plebiscito en el que preguntará a la gente si debe cumplir con un deber constitucional de defensa de la soberanía territorial del país.

Pero si lo que buscan es fortalecer su aún devastada base de apoyo popular atizando las llamas del nacionalismo, será en vano nuevamente. Si ya en 2015, con la economía camino al descalabro total, no sirvió, pues menos ahora. Para el grueso de los venezolanos de a pie, enfocados en procurarse los medios para sobrevivir, el Esequibo ha de ser totalmente irrelevante. Si fueran tierras que nos están arrebatando en tiempo real, y con una gran población culturalmente venezolana, a lo mejor otro gallo cantara. Como sea, nada de lo anterior exime al gobierno de hacer todo lo que esté a su alcance para recuperar la zona en reclamación. Lástima que nunca hubo un interés real en lo que va de siglo XXI. No veo razones para asumir que ahora sí lo hay. Puro disimulo.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Entre violencia y penurias las mujeres jóvenes viven la crisis venezolana

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Las fallas en derechos sexuales y reproductivos y la vulnerabilidad ante la violencia de la violencia de género son algunos factores que afectan especialmente a las mujeres jóvenes venezolanas en medio de la crisis

 

La crisis en Venezuela ha afectado a las mujeres de forma diferenciada, especialmente a las jóvenes. Esto fue visibilizado en el segundo informe de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, «Las más jóvenes, las más vulneradas: El impacto de la crisis venezolana en las mujeres entre 18 y 24 años», elaborado con datos recopilados de 1.112 mujeres de 13 estados del país.

Los derechos sexuales y reproductivos son un tema urgente y con gran repercusión negativa en las venezolanas, el cual continúa desatendido por el Estado. 

Según el estudio, 42% de las mujeres jóvenes de 18 a 24 años no usan anticonceptivos. Las razones varían, entre las principales están el alto costo (9%), la falta de de acceso a consultas ginecobstétricas (9%), motivos religiosos (7%) – donde la región de Los Andes tiene prevalencia-, presión de su pareja (3%) y desconocimiento de cómo usar los métodos (3%), que reflejan la violencia de género y la falta de educación sexual integral en Venezuela, que se ubica como el país con la tasa de embarazos adolescentes más alta de la región, con 97,7 embarazadas por cada 1.000 jóvenes, según Cedesex. 

Sobre la menstruación, el 47% de las jóvenes ha faltado a la escuela o trabajo debido a dolores (91%), falta de acceso a productos menstruales (30%) y falta de agua (25%). 

Infografía: Constructoras de Paz

 

Violencia de género

A falta de cifras oficiales del Estado, la organización utilizó el Monitoreo de Femicidios de Venezuela 2022, realizado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) para establecer patrones, como que aquellas entre 16 y 24 años son las más afectadas, así como las de 31 a 33 años. 

En Venezuela se siguen dejando desamparadas a la mayoría de mujeres. Las periodistas de la Red de Mujeres Constructoras de Paz examinó  a fondo los obstáculos que impiden la creación de políticas de protección más efectivas para las mujeres en el país. 

A pesar de que existen leyes e instituciones para recibir denuncias y brindar asistencia, como Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y la Fiscalía General de la República, existen limitantes como la falta de capacitación y empatía entre los funcionarios encargados, además de la burocracia y las trabas legales para las denuncias, logrando que muchas mujeres desistan en los procesos legales contra sus agresores, continuando el ciclo de violencia, pudiendo llegar al femicidio. 

Mediante encuestas, se comprobó que cuatro de cada 10 mujeres se identificó como víctima de violencia de género, siendo 75% de esta violencia psicológica, 24% económica, 41% física, 18% institucional y 12% sexual en general, aunque para aquellas entre 18-24 años, la sexual aumenta a 24%. 

También evidenciaron que las personas con un mayor nivel educativo son más propensas a reportar abusos (41%) sobre aquellas con uno menor, pues cuentan con más herramientas para reconocerse como víctimas (35%). A nivel general, sólo 65% de las encuestadas confirmaron saber a dónde acudir en caso de ser víctima. Según los datos, para muchas mujeres no es tan fácil identificar la violencia de género por los estereotipos de género que fomenta la sociedad patriarcal venezolana. 

La Red de Mujeres Constructoras de Paz destacó en el estudio que este año han desarrollado siete microproyectos para abordan la violencia de género, apoyar y mostrar posibles soluciones a las mujeres de sus comunidades. 

Infografía: Constructoras de Paz

Acceso a la educación y participación

El sistema educativo venezolano continúa en crisis desde el 2014. Para este informe, 48% de las encuestadas indicaron vivir con al menos una niña o adolescente en edad escolar y 98% están inscritas en un centro educativo, pero mientras un 62% asiste siempre a clases, 31% de las niñas y adolescentes asisten tres veces por semana. 

Las razones se deben a la suspensión de clases por la escuela (58%) por fallas en las condiciones de las instituciones, falta de maestros (17%) por ausencia de salarios dignos, falta de transporte (14%) y falta de alimentos en sus hogares (17%). En 6% de los hogares del nivel socioeconómico bajo, las niñas y adolescentes dejan de asistir a clase porque trabajan fuera o dentro de la casa – labores domésticas o como cuidadoras-. 

Infografía: Constructoras de Paz

Respecto a la participación política y comunitaria, la generación de las jóvenes entre 18 y 24 años desconocen el funcionamiento de las instituciones y de los procesos democráticos, además de que solo la han visto un partido de gobierno encabezar el país, detalló la Red. 

Por otro lado, 51% de las jóvenes no están inscritas en el Registro Nacional Electoral (CNE), otro 51% considera que la participación en actividades democráticas es importante y  solo un 45% piensa participar en las próximas elecciones presidenciales. Las que no lo harán es porque no les interesa la política (25%), no confían en el CNE (27%), les parece una pérdida de tiempo (23%) o no le gustan los candidatos (19%). 

La Red destacó que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista presentó un 9% de mujeres en sus filas en 2022. Agregó que solo 2 de 23 gobernaciones venezolanas y 62 de las 335 alcaldías tienen mujeres al frente. 

La migración sigue siendo una realidad

Para 65% de las encuestadas, al menos un familiar ha emigrado en los últimos cinco años, siendo su mayoría hermanos y/o hermanas (63%), padres (23%), abuelos (3%) y cónyuge (2%). La ida de familiares del núcleo directo hace que muchas queden al cuidado de otros familiares y con responsabilidades domésticas.

Entre las jóvenes, solo 24% recibe remesas mensualmente, 6% una vez al año y 41% restante nunca recibe. Los montos varían con menos de 50 dólares (38%) hasta 301 y 500 dólares o más (4%). Las remesas son cruciales para la estabilidad financiera de muchas en medio de la crisis, declaró el informe. 

Dentro de la migración, un aspecto preocupante es la creciente amenaza de trata de personas que aflige particularmente a las jóvenes, pues traficantes las reclutan con promesas de empleo o una vida mejor en el extranjero solo para someterlas a explotación sexual y laboral una vez llegan a sus destinos. Las mujeres migrantes en situación de irregularidad también son vulnerables a estos delincuentes. 

¿Qué debe hacer el Estado?

La Red de Mujeres Constructoras de Paz ofreció recomendaciones a partir de los análisis realizados. Es primordial que el Estado escuche a las activistas, defensoras de derechos humanos y oenegés que trabajan con las mujeres afectadas. 

Sobre la salud sexual y reproductiva, deben distribuir métodos anticonceptivos, insumos de gestión menstrual gratuitos, así como ofrecer programas de educación que aborden dichos temas en las escuelas. 

En materia de violencia de género, es importante que se refuercen las medidas que buscan prevenir y sancionar los casos. Deben apoyar con centros de acogida, asistencia jurídica y asesoramiento psicosocial. A esto se suma la capacitación de funcionarios y medios de comunicación pertinentes. 

Indicaron que también se debe promover la participación política de las jóvenes y que se hagan jornadas de inscripción en el CNE. También es vital que se realicen acciones para frenar la presencia de grupos de trata, pero para eso hace falta cooperación internacional. 

 

El Mañanero del #29Sep: las ocho noticias que debes conocer

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El nombre de Grendy Duque Carvajal ha cobrado relevancia en los últimos días, pero no por sus méritos ni trayectoria, sino por las recientes condenas que ha dictado contra dirigentes sindicales, militares y civiles procesados por temas políticos. 

La jueza del Tribunal Segundo de juicio con competencia en Terrorismo figura en expedientes de investigaciones judiciales en las que ONG y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU reportan violaciones de derechos humanos.

PERFIL | Grendy Duque, la siempre designada para juzgar a presos políticos

Anuncian regreso a clases este #2Oct sin aumento para los maestros

Adultos mayores que migran de Venezuela enfrentan barreras en el disfrute de sus derechos

Ecuador en alerta ante un posible ingreso del «Niño Guerrero»

Exigen a fiscal y defensor del pueblo respuestas por torturas contra estudiante John Álvarez

Curazao retuvo a cinco niños venezolanos que llegaron en lancha

Toma de una cárcel sin pranes | ¿Tocorón fue un vacilón?

Instan a empresas y al Estado a promover un turismo sostenible en Venezuela

https://twitter.com/joelgarcia69/status/1707544938102006040?s=20

«Hay una deserción escolar grande. Le pedimos a los representantes que inscriban a sus hijos porque la mayoría de las instituciones tienen matrículas súper bajas. Los padres no están inscribiendo a sus hijos por problemas económicos. No tienen para comprar los útiles escolares ni los uniformes. Trabajan el día a día para comprar comida», denunció Carmelis Urbaneja, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros Seccional Caroní (FVM) en una entrevista al Correo del Caroní. 

El Mañanero del 29 de septiembre del 2023

 

 

¿Cómo superar el rentismo económico y electoral?

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La expansión de las libertades ciudadanas necesita mecanismos que impidan el rentismo petrolero como un instrumento de dominación del Estado contra la sociedad

 

@victoralvarezr

La crisis actual de Venezuela es causada por la maldición de la abundancia. Entiéndase por esto la crisis de un país que no supo aprovechar los auges de la renta y creyó que los precios del petróleo se mantendrían en alza para siempre; la crisis de un país que ante cada colapso de los precios creyó que el rentismo había llegado a su fin y tampoco se preparó para manejar la próxima crisis de abundancia; la crisis de un país que creyó ser rico por poseer grandes reservas de petróleo, minerales y materias primas, cuya renta ha sido dilapidada por gobiernos populistas, clientelares y corruptos.

Es la crisis del extractivismo en sus dos versiones: la del capitalismo rentístico y la del neorrentismo socialista, en el que la voracidad rentista de sus respectivos gobernantes y dirigentes políticos hace posible lo impensable: la coincidencia de visiones ideológica y políticamente antagónicas. Para muestra un botón: tanto en el Plan de la Patria como en el Programa de la MUD se planteó aumentar la producción de petróleo a 6 MMBPD para maximizar la renta y contar con cuantiosos fondos para financiar el gasto clientelar que les permitiera perpetuarse en el poder.

Para salir de la crisis, Venezuela necesita una dirigencia política con visión petrolera no rentista, que comprenda que en estos tiempos de transición energética en el que el uso del petróleo proyectará una tendencia declinante, no tiene sentido el empeño de maximizar las reservas probadas para proyectar al país como una potencia energética, lo cual solo conduce a plantearse irracionales metas de extracción de petróleo en sus propuestas o programas de gobierno.

Si la transición energética desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables –que es asumida por una creciente cantidad de países– se plantea la meta de lograr emisiones cero en 2050 –en un plazo de 25 años–, ¿qué sentido tiene, entonces, hablar de 300 MMMBP de reservas que –a razón de 3 MMBPD o 1 MMMBPA anual– necesitarían 300 años para ser aprovechadas plenamente?

Un cuarto de siglo es lo que queda de plazo para rentabilizar las reservas de petróleo que tiene Venezuela. Si se logra reconstruir la industria petrolera se podrán rentabilizar unos 25 MMMBP, a razón de 1 MMMBPA. Inexorablemente, la mayor parte de los 300 MMM de reservas probadas se quedará en el subsuelo.

Esa crisis actual del rentismo nos impone pensar en un nuevo estilo de desarrollo que aproveche la esperanza de vida que aún le queda el petróleo para echar las bases de un nuevo estilo de desarrollo, socialmente inclusivo, económicamente próspero y ambientalmente sustentable.

Obstáculos para superar el rentismo

En primer lugar, la tradición estatista sobre la industria que permite al gobierno de turno la administración discrecional de la renta petrolera y la usa como un mecanismo de dominación para premiar a sus incondicionales, comprar a los indecisos y castigar a sus adversarios u opositores. Así, la debilidad organizativa del poder ciudadano que, sin recursos ni instituciones sólidas, es sometido y dominado por el Estado rentista, degenera en una relación desequilibrada y clientelar en la que las familias, empresas e instituciones no gubernamentales pugnan por el reparto de la renta, sin exigir cuentas ni transparencia en el manejo de la misma.

En segundo lugar, la cultura rentista que espera cubrir el gasto público, financiar inversiones privadas y satisfacer necesidades básicas de los hogares con ingresos que no son fruto de la actividad, inversión y trabajo productivos.

Los subsidios y gratuidades indebidos abonan toda clase de resistencias a las iniciativas para superar la dependencia del rentismo, lo cual se expresa en:

  • la crítica a la llamada voracidad fiscal de gobiernos locales que buscaron maneras de compensar la merma del situado constitucional debido al colapso de la renta,
  • la crítica al BCV por la insuficiente inyección de divisas al mercado cambiario que debería vender el sector privado,
  • la crítica por los insuficientes bonos de la patria y transferencias monetarias de quienes se acostumbraron a vivir de ingresos que no son fruto de su esfuerzo productivo,
  • la crítica a sincerar tarifas de electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones y precio de la gasolina por quienes pretenden que todo esto siga siendo subsidiado por la renta petrolera.

En tercer lugar, los obstáculos al emprendimiento productivo, asfixia regulatoria, desequilibrios macroeconómicos, deterioro de la infraestructura y servicios públicos, inseguridad jurídica y desconfianza. Todo esto crea un ambiente adverso que trunca las iniciativas para generar riqueza, prosperidad e ingresos fiscales y divisas no rentísticas.

¿Venezuela puede superar el rentismo reformando el rentismo?

Así como la edad de piedra no terminó porque se acabaron las piedras, la era del petróleo no terminará porque se agote el petróleo. La transición energética tiende a desplazar al petróleo y quedarán muchas reservas sin rentabilizar en el subsuelo. Pero al menos en el próximo cuarto de siglo, el petróleo seguirá teniendo un peso relevante en la matriz energética mundial. Por lo tanto, seguiremos siendo un país petrolero. Irónica o paradójicamente, el reto es rentabilizar el mayor volumen de reservas posible para invertirlo en superar las patologías que nos ha dejado el rentismo.

En el corto y mediano plazo, Pdvsa no tiene la capacidad financiera, técnica, ni gerencial para reactivar sus campos y la mayoría de las empresas mixtas se mantienen a la expectativa de la flexibilización de las sanciones. Con apenas una actividad de mantenimiento, pero sin planes concretos de expansión a pesar de que tienen asignadas el 70 % de las reservas probadas del país.

El incentivo a las inversiones extranjeras en la industria petrolera venezolana no depende tanto del volumen de reservas probadas, sino de los límites que imponen las sanciones petroleras, de una visión estatista que limita la inversión privada nacional y extranjera, y de un ambiente de inseguridad jurídica y desconfianza.

Reconstruir la industria petrolera pasa por adecuar la viabilidad fiscal, legal, contractual y financiera de la explotación petrolera en Venezuela. Esto implica un nuevo acuerdo nacional con base en un nuevo marco legal, un nuevo entorno institucional y una nueva política petrolera que haga posible la optimización del recurso en el plazo que todavía le queda al petróleo como principal fuente de energía.

Esto requiere una nueva visión de la soberanía petrolera que –reafirmando la propiedad pública o común de todos los venezolanos sobre la riqueza petrolera–, permita una mayor participación de la inversión privada nacional y extranjera en las empresas mixtas que se encargarán de perforar los pozos, construir los oleoductos y tanques, y mantener los puertos, muelles y refinerías para así poder aumentar la capacidad de producción y rentabilizar el mayor volumen de reservas posibles. 

Ratificando que los yacimientos de petróleo y gas son propiedad común de todos los venezolanos, es necesario para el interés nacional reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos a fin de abrir el desarrollo de la industria petrolera que extrae y rentabiliza esos yacimientos, a la inversión privada nacional y extranjera en empresas mixtas que bien pudieran tener mayoría accionaria del socio privado.

La estrategia sería promover un nuevo acuerdo nacional que exija y apoye la creación de un marco legal y entorno institucional que establezca un claro mandato para que el mayor porcentaje de las regalías, impuestos, ganancias y otros ingresos de origen petrolero que paguen las empresas mixtas se destinen a la creación de fondos soberanos.

La misión de estos fondos no es gastar la renta, sino invertirla en acciones, bonos, valores, proyectos inmobiliarios y otros instrumentos de alta rentabilidad, cuyos rendimientos serían destinados a financiar el desarrollo del capital humano, de capacidades científicas y tecnológicas y al fortalecimiento del sistema de seguridad social para garantizar jubilaciones y pensiones dignas.

De esta forma, el gobierno de turno no podrá despilfarrar la renta en su política clientelar y solo podrá utilizar un porcentaje de los nuevos ingresos de origen petrolero y de los rendimientos de los fondos como fuente complementaria del presupuesto público, el cual deberá comenzar a financiarse con los impuestos que paguen los contribuyentes.

Esta transición de la cultura rentista a la cultura tributaria dará mucho más poder a los ciudadanos que podrán reclamar a los gobernantes de turno pulcritud y transparencia en la administración de sus impuestos, en vez de estar esperando las dádivas y prebendas del reparto clientelar de la renta. La expansión de las libertades ciudadanas necesita mecanismos que impidan el uso de la renta petrolera como un instrumento de dominación del Estado contra la sociedad.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

PERFIL | Gloria Pinho, una penalista que aspira llegar a Miraflores

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En el año 2021 Gloria Pinho, postulada por la Alianza Democrática y el partido Soluciones, participó en las elecciones municipales a la Alcaldía del municipio Chacao. Quedó en el tercer lugar al obtener 4,55% de los votos (1.057)
La candidata a las primarias de la oposición aparece como representante del Partido de Acción Nacional (PAN), -que maneja el excandidato presidencial Luis Ratti- ante la Comisión de Primaria.

 

 

Gloria María Pinho Ferreira tiene 58 años, es abogada penalista y conductora del programa Palabra Final, transmitido por Venevisión Plus. En sus redes sociales se identifica como doctora en derecho constitucional y especialista en materia penal. 

Pino Ferreira tiene un doctorado en Derecho Constitucional y Penitenciario en la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Maestría en Derecho Constitucional y Desarrollo Humano, además de diplomados en Derechos Humanos, Derecho Parlamentario, Derecho Constitucional y Derecho Penal Internacional. 

Su experiencia como docente en la Universidad Santa María, su alma máter, la ha paseado por las cátedras de Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Criminología. Además dio clases en la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional y el Instituto Militar Universitario, en el área de Instrucción Procesal Penal, y Organización y Funcionamiento de la Administración Pública.

Pero no es solo docente. La experiencia laboral de Pinho incluye los cargos de auxiliar de Investigación en el Instituto Autónomo de Información Legislativa del Congreso de la República (SAIL), juez suplente del Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público, también juez Provisorio del Juzgado Séptimo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio y juez yitular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Pinho fue co-Redactora de la Ley que Regula y Fomenta la Multipropiedad y el Sistema de Tiempo Compartido y también de la Ley de Turismo, aprobada en la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

Carrera política

En el año 2021 Gloria Pinho, postulada por la Alianza Democrática y el partido Soluciones, participó en las elecciones municipales a la Alcaldía del municipio Chacao. Quedó en el tercer lugar al obtener 4,55% de los votos (1.057).

La candidata a las primarias de la oposición aparece como representante del Partido de Acción Nacional (PAN), -que maneja el excandidato presidencial Luis Ratti- ante la Comisión de Primaria.

Es la abanderada por la tolda “Por Ti Venezuela”, organización que agrupa a “todos aquellos que busquen una opción de representación para la unidad, el diálogo, la concertación y unidad democrática”.

«Yo estoy comprometida con la paz, la justicia social. Mi bandera electoral siempre ha sido estar de la mano con el pueblo», afirmó Pinho en declaraciones a los medios de comunicación.

El pasado mes de julio la candidata se quejó en entrevista para Unión Radio de que no fue invitada al debate de los candidatos a las primarias que se celebró en la Universidad Católica Andrés Bello y  manifestó que desconocía la razón.