Estado venezolano sigue incumpliendo obligaciones para protección de la mujer - Runrun
Estado venezolano sigue incumpliendo obligaciones para protección de la mujer
En un informe, el Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer evidenció el estado de desprotección de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela 

    

El pasado 25 de mayo el Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), publicó sus Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, donde resaltó la situación de desprotección de niñas, adolescentes y mujeres en el país, reseñó recientemente la ONG Acceso a la Justicia

La organización no gubernamental expuso que Venezuela padece las consecuencias de un Estado que no es garante de seguridad, justicia y condiciones de vida básicas, lo que trae como consecuencia un contexto generalizado de violencia e indefensión

Distintas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han advertido sobre el impacto desproporcionado que ha tenido esta crisis en las mujeres y niñas, situación que no hubiera llegado a tal nivel si el sistema de justicia hubiese cumplido sus funciones de control del poder político, como advirtió la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en su informe publicado en septiembre de 2021.

En el documento, el Comité evidenció el incumplimiento por parte del Estado venezolano de las obligaciones establecidas en la CEDAW sobre temas relacionados con el acceso a la justicia de la mujer venezolana, en particular de las reclusas, indígenas, migrantes, afrodescendientes y con alguna discapacidad, además de aquellas que son víctimas de violencia de género, o trata, explotación sexual u otras formas de esclavitud moderna.

El Comité resaltó que la ausencia de asistencia jurídica gratuita afecta especialmente a mujeres que son más vulnerables por tener escasos recursos, ser reclusas, indígenas, migrantes, afrodescendientes o tener alguna discapacidad.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en su informe de 2020, recordó que “las víctimas de violaciones de derechos humanos siguen enfrentándose a importantes obstáculos jurídicos, políticos y socioeconómicos para acceder a una justicia eficaz, y las mujeres experimentan dificultades específicas por motivos de género”.

La recomendación del Comité se centró en ampliar y fortalecer los servicios públicos de asistencia judicial en materia penal, civil y administrativa y aquellos procesos relacionados con la violencia de género o cualquier otra forma de discriminación.

El Comité resaltó el alto índice de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, con atención especial en los femicidios, desapariciones, abusos psicológicos y sexuales, advirtiendo la inexistencia de reglamentos y protocolos para la implementación de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), y la falta de transparencia en las estadísticas oficiales sobre mujeres víctimas de violencia.

Por su parte, el Estado venezolano alegó que realizó una segunda reforma parcial de la LOSDMVLV, con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Acceso a la Justicia indicó en su Informe sombra al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que, a pesar de que la LOSDMVLV tiene por objetivo brindar protección y justicia a las víctimas de la violencia sexual y de género, su aplicación sigue siendo parcial e insuficiente para protegerlas de manera adecuada. 

La ONG alertó que no se han establecido protocolos de trabajo social sobre violencia de género y no hay reglamentación de las funciones de los equipos multidisciplinarios ni de la ley.

Agregó que es necesaria la capacitación de los funcionarios y la creación de la totalidad de los tribunales especializados en la materia, ya que en la actualidad existen solo el 75 % de los exigidos y los que ejercen esta competencia en materia municipal no son especializados.

Con información de Acceso a la Justicia

 

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