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Claves | La esclavitud moderna infantil es la norma en el Arco Minero del Orinoco

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De acuerdo con la con el CDH UCAB, más de 1.300 niños se encuentran fuera del sistema educativo debido a su migración hacia las zonas mineras del estado Bolívar
Alrededor de 40 pacientes pediátricos se diagnosticaron con desnutrición diariamente en los centros de salud del estado Bolívar
Advierten que las niñas y adolescentes, sobre todo en la edad entre los 7 y 10 años, son víctimas de redes de trata, explotación sexual y matrimonios forzados. La cifra de víctimas de explotación sexual aumentó al 35% de la niñez esclavizada
CDH UCAB: «Se ha constatado que 95% de los casos de pacientes pediátricos tratados en instalaciones de salud públicas, es decir 1.330 NNA por mes, tomando como base un solo hospital, presentan trastornos parasitarios»

Foto: Freedom House (y Transparencia Venezuela)

La esclavitud moderna infantil incrementó en los últimos dos años en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, según datos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB). El trabajo forzado, deserción escolar, desnutrición, trata de personas y embarazos adolescentes y no planificados son las dinámicas sociales a las que están expuestas los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el sur y oriente del país.

«Se documentó la deserción escolar de más de 2,500 NNA en los últimos dos años, ya que la emergencia humanitaria priorizó las necesidades básicas como la alimentación sobre la educación», se lee en su informe titulado «Relatos de una infancia en riesgo».

De ese grupo, la institución constató que 1.300 menores de edad trabajan forzadamente en 8 minas de Bolívar, en contraposición con lo que establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y los Derechos Humanos en la infancia. 

El estudio abarcó desde el segundo semestre del 2022 hasta el primer trimestre del 2023, y recopiló testimonios de todo el estado Bolívar, los municipios Casacoima y Tucupita de Delta Amacuro, los municipios Independencia y Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui, los municipios Piar y Maturín del estado Monagas y la ciudad de Puerto Ayacucho en Amazonas. 

La industria extractiva informal promovida por el gobierno de Nicolás Maduro y la crisis humanitaria compleja está evidenciando en comunidades indígenas una desprotección que afecta a todas las esferas familiares.

En Runrun.es desglosamos los hallazgos del informe en las siguientes claves: 

Niñez dejada atrás por las minas

De 6.000 NNA (niños, niñas y adolescentes) encuestados en la investigación, el 60 % afirmó que al menos uno de sus representantes se fue del núcleo familiar para sobrellevar la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, ya sea yéndose a las minas o salirse del país. 

«De esa misma muestra, 3 de cada 10 se encontraban al cuidado de terceros; es decir 1.800 NNA bajo la tutela de abuelos, tíos, vecinos o hermanos mayores. Y, 1 de cada 10, entiéndase 600, estaba completamente solo, sin ninguna persona que velara por su cuidado y bienestar. (…) Estamos seguros de que son muchos
más», asevera el informe de la CDH UCAB.

La universidad advierte que la migración y desplazamiento interno no son las únicas causas de la niñez desprotegida y propensa a ser víctimas de la esclavitud moderna en el Arco Minero del Orinoco: la violencia también cobra la vida de sus familiares.

La Fundación Sagrada Dignidad de la Persona informó que han aumentado las solicitudes de apoyo psicosocial para NNA que han sido testigos de las condiciones en que alguno de sus familiares fueron muertos en su presencia, e incluso viéndose, además, en la obligación de limpiar la sangre y recoger los restos. 

Trabajan forzadamente para ayudar a sus familias

2.517 NNA en el estado Bolívar abandonaron sus colegios en los últimos dos años. EL CDH UCAB censó a 11.411 estudiantes en el estado y estimó que el 35% (4.004 menores de edad) estudia y trabaja al mismo tiempo, faltando a clases especialmente los jueves y los viernes «porque, al ser los días más cercanos al fin de semana, se venden más productos y hay más ganancias». 

«Para ellos el trabajo se convirtió en una obligación, no solo para padres sino para todos los miembros de la familia ya que una mano adicional es una oportunidad más de llevar comida a sus hogares», agrega el informe. 

La esclavitud moderna se define como todo trabajo forzado que viole los derechos humanos y los derechos laborales de una persona, sobre todo si es menor de edad —porque vulneras su derecho a la libertad y a la educación—, según la Organización Internacional del Trabajo. Desde una empresa privada que no da condiciones mínimas sanitarias y salariales hasta la coerción de grupos delictivos y los matrimonios forzados, al menos 50 millones de personas en el mundo están en situación de esclavitud moderna según el último informe del Índice Global de Esclavitud de la OIT, en 2022. 

«Los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la esclavitud moderna no solo son víctimas directas o indirectas de esta realidad, sino que son revictimizados en el marco de violaciones sistemáticas de los derechos humanos», resalta la institución. 

Los mineros mejoran las escuelas, no el Estado

De acuerdo con los testimonios de profesores recogidos por la UCAB, las esferas de poder delincuenciales han sido las encargadas de crear servicios de transporte de ida y vuelta desde las minas hasta las escuelas tanto para los docentes como para los menores de edad, así como el mantenimiento de los planteles educativos con los servicios de agua y electricidad. 

«El equipo del CDH UCAB documentó casos de maestros que trabajan al sur de la entidad y reciben las llamadas “bolsas mineras”. Las cuales, en palabras de ellos mismos, “contienen alimentos no perecederos más surtidos y de mejor calidad que los distribuidos a través del CLAP” (Comité Local de Abastecimiento y Producción)», dice el documento.

Los Consejos Comunales de la zona constataron que, ante la falta de docentes en los salones, los propios adolescentes tomaban el rol de maestros. Además, alrededor de 30% de los estudiantes, 3.432 NNA, no tienen un padre o representante legal que los inscriba o retire del sistema educativo.

«Desde el CDH UCAB se logró documentar más de 1.300 niños viviendo dentro de las minas que se encuentran desescolarizados».

8 de cada 10 pacientes pediátricos sufren de desnutrición

El estado Bolívar es el más grade de Venezuela, con 240.528 kilómetros cuadrados, pero es uno de los que tiene menos centros de atención sanitaria completa, denuncia la institución. La mayoría de los servicios pediátricos tienen que hacerse en la capital del estado, en Ciudad Bolívar, y los pacientes deben recorrer kilómetros para tener atención médica. 

«Tomando como base los índices de morbilidad registrados, se entiende que 40 pacientes diarios presentan
algún grado de desnutrición; lo que significa que mensualmente, por cada centro hospitalario, se registran alrededor de 1.120 niños y niñas en esta condición», se lee en el informe. 

La universidad entrevistó a las madres de los pacientes con menos de 5 años de edad, y reconocieron que en vez de leche los niños se alimentan con una mezcla de agua y harina de maíz, fécula de maíz, productos lácteos o solo azúcar provenientes de las cajas CLAP. En el caso de las madres lactantes, el estudio arrojó que ellas también sufren de desnutrición, con un peso entre los 35 y 40 kilos. 

«Tras desarrollar grupos focales con personas de las comunidades priorizadas, estas señalaron que realizan —en el mejor de los casos— dos comidas al día; sin embargo lo frecuente es alimentarse una sola vez; su ingesta está basada principalmente en embutidos como mortadela y salchichas, así como también queso, arepas y yuca. Esto se debe a que son los alimentos de menor precio», resume el CDH UCAB.

Arco Minero: nido de enfermedades

Los parásitos intestinales y las enfermedades de la piel son los padecimientos más frecuentes en los NNA del Arco Minero del Orinoco, después de la desnutrición. Su exposición a un ambiente contaminado y su vulneración al derecho humano al acceso a la salud incrementan el deterioro de sus condiciones de vida. 

EL CDH UCAB advirtió que los hogares del oriente y sur del país buscan pozos de agua no tratados para paliar la escasez del servicio público. «En este contexto se ha constatado que 95% de los casos de pacientes pediátricos tratados en instalaciones de salud públicas, es decir 1.330 NNA por mes, tomando como base un solo hospital, presentan trastornos parasitarios».

La poca higiene en el agua también provoca enfermedades en la piel, cerca del 45% de los encuestados por la universidad sufren de escabiosis, piodermitis, impétigo e infecciones avanzadas provocadas por estafilococos. 

Otra patología en aumento son las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente. En el caso de los embarazos no planificados, «de acuerdo con los datos obtenidos por el equipo investigador del CDH UCAB, se conoció que, dependiendo el centro de atención, entre 23% y 35% de los nacimientos en el estado Bolívar son de madres menores de edad».

En al menos 5% de los partos se constató la presencia de sífilis o Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) congénita (transmitida de la madre al hijo). Otras infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el herpes, se producen como «producto de abusos sexuales o inicio de la actividad sexual a edades tempranas, sin la prevención o cuidado requerido (…) relacionado a la explotación sexual». 

La esclavitud moderna infantil a la puerta de la casa

Según el informe, frente al resquebrajamiento del núcleo familiar, la mayoría de los menores de edad recurren a irse a las casas de los vecinos a hacer labores domésticas, como la limpieza y la jardinería, por «precios simbólicos o comida». 

«En el sector La Esperanza de Cambalache se contabilizaron 179 niños entre 7 y 10 años que participan en las actividades de una cantera, en donde “pican piedras y las cargan para llevarlas en carruchas hasta el sector por donde pasan los compradores”», dice la CDH UCAB. 

La investigación cualitativa también precisó que los NNA están presentes en el contrabando de combustible y en la recolección de chatarra en las zonas urbanas. 

Además, «registró más de 1,300 niños que residen en los campamentos mineros, dedicados a actividades mineras o conexas, a saber: actividades de extracción de material aurífero en minas subterráneas o “batea” —limpieza de arena y grava para extraer oro— en aluviones».

Con relación a la explotación sexual, la universidad proyectó que el 35% de las niñas y adolescentes son víctimas de la prostitución. La edad promedio es entre los 7 y los 10 años. En las calles de los pueblos mineros, sobre todo en la mina de Las Claritas, los adultos «pagaban entre 30 y 50 bolívares por acto» con las menores. 

«En otras situaciones se logró documentar situaciones en las que el intercambio sexual era transado a cambio de alimentos e incluso dulces o cigarrillos. Situación que contribuyó en la detección de un incremento en las uniones o matrimonios tempranos», denuncia el documento, agregando que la edad de las víctimas en ese contexto es de los diez años en adelante. 

El mercurio aumenta la discapacidad cognitiva

De acuerdo con la directora del Programa de Atención en Salud Integral para Personas con Discapacidad (PASDIS), Gabriela Iriarte, «hay un aumento importante de los casos de discapacidad cognitiva debido a la alta contaminación de mercurio en el agua», producto de la actividad minera y las poblaciones aledañas.

El mercurio es un metal utilizado para extraer oro debido a que ambos metales hacen un amalgama, se atraen como si de un imán y un hierro se tratara. Per el mercurio es tóxico para la salud. La Organización Mundial de la Salud advierte que el consumo de peces y agua contaminada por mercurio puede generar «efectos cognoscitivos» en el desarrollo tanto del feto como del NNA.

El CDH UCAB afirmó que 767 NNA tienen una discapacidad motora, visual, auditiva y cognoscitiva, representando el 60% de la población con alguna discapacidad registrada por PASDIS.

«También hay un incremento de casos de inteligencia límite, dentro del espectro de la neurodivergencia, motivado por problemas de desnutrición. Del mismo modo, (Iriarte) señala que muchas de las niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva son víctimas frecuentes de abusos sexual, debido a su indefensión», establece el documento.

El informe denuncia que los niños y los adolescentes son más propensos a sufrir la esclavitud moderna desde posiciones de «obreros» en las minas y como mensajeros de extorciones delincuenciales, mientras que las niñas y las adolescentes son más propensas a vivir la esclavitud moderna desde las trata de blancas, tanto en el país como en las redes de prostitución a países extranjeros como Trinidad y Tobago.

El Mañanero del #10Oct: Las ocho noticias que debes conocer

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En este mañanero te ampliamos las noticias más importantes del acontecer nacional. Las primarias, alivio de sanciones, deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos, presos políticos y la agonía del sistema eléctrico; son algunos de las informaciones que debes conocer. Aquí el mañanero de este #10Oct:

Candidatos a primaria presentarán sus propuestas para Venezuela en debate este #18Oct

Fundación Rehabilitarte activa línea gratuita de primeros auxilios psicológicos para toda Venezuela

Reuters: Venezuela y EEUU avanzan en conversaciones para alivio de sanciones

Wola sobre deportación de venezolanos desde EEUU: “La medida es contradictoria y peligrosa”

Agonía del sistema eléctrico nacional es cada vez más evidente

Nueve presos políticos vinculados al caso Cotiza iniciaron huelga de hambre

Denuncian que falta de atención a presos políticos es una forma de tortura

Solicitan hacer público memorando de entendimiento entre Corte Penal Internacional y Gobierno de Maduro

WOLA: Venezuela es el único país de la región con una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional, porque hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad

 

Atropellos a nuestros indígenas

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En Venezuela nunca hubo tantos atropellos como en estos últimos diez años en contra de los pueblos indígenas. Muchas son las denuncias, pero el régimen responde con indolencia y más represión

 

Ante la proximidad del 12 de octubre, los fanáticos chavistas–maduristas se rasgarán las vestiduras repitiendo la falsa “leyenda negra”, que por intereses geopolíticos endilgó a los españoles innumerables atropellos en contra de la población indígena. En represalia, derrocaron la estatua de Colón, establecieron la fecha de la “Resistencia Indígena” y borraron nombres de quienes fundaron pueblos y ciudades.

En su hipócrita narrativa llevaron restos simbólicos del valiente cacique Guaicaipuro al Panteón Nacional y esgrimen que la Constitución de 1999 les dedicó seis artículos a los derechos de los indígenas, en los que se reconoce el derecho a sus tierras, a sus tradiciones, a la salud, educación y participación política. Así como la obligación del Estado, previa información y consulta, de explotar los recursos naturales sin lesionar la integridad cultural, social y económica. Lamentablemente, letra muerta como los otros derechos contemplados en esta Constitución.

Es cierto que quienes llegaron a nuestras costas cometieron atropellos en una época en la que muy pocos tenían conciencia de lo que es el respeto a los derechos humanos. También es cierto que durante toda nuestra etapa republicana los diferentes gobiernos han ignorado a nuestros indígenas. A título de ejemplo, cabe recordar que un ministro de Justicia durante la dictadura de Pérez Jiménez declaró que el “problema indígena es que aquí no hay indios”. Esto ha sucedido en muchos países. Recordemos las películas de indios y vaqueros, en las que los malos siempre eran los indios y los muchachos aplaudíamos cuando llegaba la caballería estadounidense y los masacraba.

Hoy la situación ha cambiado en casi todas partes, menos en Venezuela. Por ejemplo, en Canadá se realiza un gran esfuerzo de reconciliación, que pasa por pedir perdón y por compensaciones. La mayor queja es porque en el pasado les quitaron los hijos a las familias para internarlos en escuelas, en las que se produjeron abusos. Muchos actos públicos se inician con palabras reconociendo que se está en tierras tradicionales de varias etnias y mencionando los acuerdos firmados. Desde luego, todavía hay muchos reclamos por las desigualdades, pero los gobiernos tienen la voluntad de solucionarlos. Por cierto, que la provincia de Manitoba acaba de elegir como premier a un miembro de la nación Anishuabe.

En nuestro país, nunca hubo tantos atropellos como en estos últimos diez años en contra de los pueblos indígenas. Muchas han sido las denuncias, pero el régimen ha respondido con indolencia y más represión. Un caso particularmente grave es lo que sucede al sur del Orinoco, en el área denominada Arco Minero. La explotación del oro y otros minerales ha producido no solo el desplazamiento de la población autóctona, sino también asesinatos. En estos hechos participan mineros informales venezolanos, garimpeiros brasileños, guerrilleros colombianos de la FARC y del ELN y, más grave aun, militares del ejército venezolano.

Personas naturales que arriesgan su libertad e incluso su vida, así como organizaciones sin fines de lucro han realizado numerosas denuncias. A título de ejemplo, nos permitimos citar el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), ONG creada en 1988 que realiza una excelente labor. Fundaredes, “nace bajo la premisa de educar y visibilizar a los más vulnerables, siendo el resultado de la vocación de servicio de un grupo de jóvenes tachirenses”. Su director, Javier Tarazona, está detenido desde julio 2021 por denunciar la relación entre el régimen venezolano y la guerrilla colombiana.

El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) ha presentado datos contundentes. El Foro Penal Venezolano, integrado por valientes compatriotas, es una fuente importante de información y denuncias. El objetivo de SOS Orinoco es “documentar y dar visibilidad a toda la problemática de la Amazonía, Orinoquía y la Guayana venezolanas, crear conciencia sobre la tragedia que está ocurriendo y perfilar algunas medidas urgentes que se deben tomar para detener el desastre humano y ecológico que se está desarrollando”. También, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó un informe contundente sobre violaciones a los derechos humanos en el Arco Minero. En otra oportunidad mencionamos el excelente documental Oro de sangre, de Thaelman Urgellez, Juan Urgell y Malena Roncayolo.

Las agresiones han sido contra las etnias piaroas, pemones y yanomani, al sur del Orinoco, que han tenido que crear Cuerpos de Resistencia Civil para defenderse. En el Zulia, la Guardia Nacional ha cometido numerosos atropellos contra los wayúu y añón.

Recomendamos el libro Crímenes contra los pueblos indígenas afectados por el arco minero del Orinoco, del distinguido jurista Fernando M. Fernández, quien cita que “para septiembre 2020, más de cinco mil indígenas habían huido a Brasil en búsqueda de refugio, medicinas, techo y comida; en Guyana se refugiaron 2500 de la etnia warao del Delta del Orinoco; en Colombia, para el 2021 se estimaban unos 3891”. Fernández sostiene “que hay bases razonables para pensar que podría haberse perpetrado el crimen de genocidio en contra de los pueblos y comunidades indígenas dadas las matanzas de varios de sus líderes defensores ambientales y del territorio. Corresponde a la Corte Penal Internacional determinar el tipo penal, dado que no se trata de delitos comunes susceptibles de ser investigados ni castigados según las leyes venezolanas, ya que no se ha implementado la legislación interna”.

Actualmente, la corte citada tiene abierta una investigación por delitos cometidos por funcionarios desde el 2017 a la fecha. Confiamos en que se amplíe a partir del 2002.

Como (había) en botica

  • Solidaridad con Israel ante el ataque terrorista de Hamas.
  • El tendencioso artículo de Francisco Rodríguez achacando la problemática de Citgo al gobierno interino fue desmentido categóricamente por Enrique Sánchez Falcón, José I. Hernández y por Horacio Medina.
  • Nuestro rechazo a la solicitud de extradición de destacados demócratas hecha por Tarek Saab.
  • En Gente del Petróleo y Unapetrol estamos de duelo por la partida de nuestro compañero Daniel García, excelente ciudadano y distinguido profesional.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

10 de octubre 2023 | eddiearamires@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

ONG solicitan hacer público memorando de entendimiento entre Gobierno y CPI

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Denuncian que desde el primer memorando no se cumple con el principio de complementariedad 

 

Este lunes 9 de octubre, alrededor de 20 ONG venezolanas entregaron un documento en la Cancillería para exigir que se haga de conocimiento público el segundo memorando de entendimiento entre la Corte Penal Internacional (CPI) y el Estado venezolano.

La misiva remitida al ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil,  pide mostrar el acuerdo del pasado 9 de junio de 2023 en donde se acordó que se crearía una oficina de la CPI en el país.

“Consideramos que el memorando de entendimiento es de interés colectivo y por lo tanto, no debe manejarse como asunto secreto de Estado y hacerse público y dar a conocer de tal manera que se le haga seguimiento de las obligaciones y compromisos que suscribió el Gobierno venezolano con la Fiscalía de la CPI”, dijo Marino Alvarado, defensor de Derechos Humanos y asesor del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). 

Alvarado sentenció que desde el primer memorando de entendimiento no se cumple con el principio de complementariedad.

“Porque no hay voluntad política para investigar la cadena de mando, ni a los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad”, dijo el abogado.

Nicolás Maduro y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, firmaron a principios de junio de este año un nuevo memorando de entendimiento donde se establece la instalación de una oficina del tribunal internacional en Venezuela.

“Vamos a poder venir a Venezuela más seguido y trabajar de forma más cercana para que Venezuela pueda hacer más respecto a sus obligaciones con el Estatuto de Roma”, manifestó Khan en ese momento.

Por su parte, el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que la oficina no recibirá denuncias y precisó que tendrá un “carácter técnico, de formación” y “cooperación” dentro de la complementariedad.

“Nosotros tenemos la clara intención de hacer justicia en nuestro país, sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros y lo estamos demostrando”, dijo Saab.

 

LEA: Nueve presos políticos vinculados al caso Cotiza iniciaron huelga de hambre

Nueve presos políticos vinculados al caso Cotiza iniciaron huelga de hambre

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El grupo denuncia que la Corte Marcial les negó el derecho a redención de pena porque son un «caso especial», según les dijo la capitán Carmen Victoria Jaspe, jueza del Tribunal Primero de Ejecución

 

Este lunes, 9 de octubre, nueve presos políticos condenados por el alzamiento militar de Cotiza iniciaron una huelga de hambre para exigir que los tribunales atiendan su solicitud de redención de pena.

Geomar Martínez Natera, Rico Urrieta, Andrés Paredes, Asdrúbal Chirinos, Hebert Glok Vásquez, Yeiser Montero, Kervin Manuel Charles, Neomar Salcedo y Edgar Díaz Vivenes, son los sargentos de la Guardia Nacional que iniciaron la huelga de hambre dentro del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocida como la cárcel de Ramo Verde.

El grupo denuncia que la Corte Marcial les negó el derecho a redención de pena porque son un «caso especial», según les dijo la capitán Carmen Victoria Jaspe, jueza del Tribunal Primero de Ejecución. En el caso de Luis Bandres, la apelación de su condena se encuentra en la Sala de Casación Penal.

Los familiares de este grupo solicitaron a la Fiscalía General que interceda y revise las solicitudes de los militares, y se garantice sus derechos fundamentales dentro de la cárcel de Ramo Verde.

Comentaron que el grupo en huelga espera reunirse con el general Luis Ojeda Araujo, director del Servicio Penitenciario Militar (Dispemil) para entregarle unos documentos donde se denuncia la falta de atención por parte de los tribunales.

Caso Cotiza 

El 21 de enero de 2019,  en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en el sector de Cotiza, hubo un alzamiento militar en donde al menos 24 efectivos militares se sublevaron, asaltaron armas y llamaron a la gente a salir a las calles a protestar en contra de Nicolás Maduro. 

24 sargentos involucrados en la sublevación militar fueron condenados a penas de siete años y nueves meses; mientras que al sargento Luis Bandres, a quien se identificó como el cabecilla del alzamiento, se le impuso una pena de 15 años y nueve meses de prisión por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín, desobediencia, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional y ultraje a la Fuerza Armada.

El hecho desencadenó una serie de fuertes protestas civiles en el sector en respaldo a los militares, que horas después se propagaron en distintos sectores de la ciudad.

*Con información de TalCual

Reuters: Venezuela y EEUU avanzan en conversaciones para alivio de sanciones

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Reuters reveló que se han celebrado “varias reuniones” entre enviados de Venezuela y EEUU en Doha para conversar sobre el alivio de sanciones petroleras
Además del alivio de sanciones, otros temas que habrían sido incluidos en estas conversaciones son liberación de presos políticos, garantías para las elecciones y posibles soluciones a la afluencia de migrantes venezolanos a EEUU

La agencia Reuters aseguró en una publicación que Venezuela y Estados Unidos han avanzado en conversaciones que podrían aliviar las sanciones a Caracas.

A partir de estas negociaciones, se permitiría que  “al menos una empresa petrolera extranjera adicional tome petróleo crudo venezolano para pagar su deuda si el presidente Nicolás Maduro reanuda las negociaciones con la oposición en México”.

La información, sostuvieron, se desprende de consultas con cinco fuentes que no revelaron, pero que también aseguraron que las conversaciones han progresado “sustancialmente” en las últimas semanas.

Entre las empresas que podrían obtener una “carta de consuelo” de Estados Unidos para aceptar el petróleo venezolano como pago de deuda  se encuentra uno de los socios de la empresa conjunta de Pdvsa, Maurel & Prom (MAUP.PA), dijeron dos de las fuentes.

Reuters precisó que se han celebrado “varias reuniones” de enviados del gobierno de Maduro y Biden en Doha desde el año pasado en un “esfuerzo renovado por resolver una crisis política y económica de larga data en Venezuela, incluidas discusiones sobre una elección presidencial”.

Las fuentes también aseguraron que en las próximas semanas podría haber conversaciones “separadas” entre los enviados de Maduro y la oposición venezolana en México.

Otros temas en agenda en estas conversaciones, además del posible alivio de sanciones, serían temas que la oposición ha llevado antes al debate, como liberación de presos políticos, garantías para las elecciones y posibles soluciones a la afluencia de migrantes venezolanos a Estados Unidos, revelaron las fuentes a Reuters. 

Pasos adelante de Washington

La agencia citó que la semana pasada un portavoz de la Casa Blanca aseguró que si Venezuela tomaba medidas “concretas” para restaurar la democracia, “que conduzcan a elecciones libres y justas”, ellos estarían preparados para levantar las sanciones correspondientes.

Pero ese mismo vocero habría asegurado que, en este momento, “Venezuela no ha tomado las medidas necesarias y nuestras sanciones siguen vigentes”.

Cabe recordar que a finales de la semana pasada Estados Unidos anunció que, tras un acuerdo con el gobierno de Maduro, reiniciaría las deportaciones de venezolanos que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.

 

Agonía del sistema eléctrico nacional es cada vez más evidente

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Entre enero y mayo de este año se registraron 31.123 fallas eléctricas en todo el territorio, una cifra que evidencia la desatención permanente del sistema eléctrico

 

Las fallas eléctricas una vez más están a la orden del día. En algunas entidades, los racionamientos de luz, ahora llamados «fases de administración de carga», volvieron; en otras, el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se percibe con fluctuaciones diarias, cada vez más frecuentes y fuertes.

Desde el Ministerio de Energía Eléctrica, que lidera Néstor Reverol, no se ha informado a la ciudadanía cuáles son las razones de las fallas eléctricas. A diferencia de otros momentos, el Gobierno no ha asomado ni siquiera la figura de «sabotaje». Lo que sí es una realidad es que el regreso de las fluctuaciones coincide con el aumento del calor en el país.

Venezuela pasó de tener un sistema eléctrico referencia para la región a uno cada vez más mermado. Solo en 2020 se registraron 157.719 cortes de luz, mientras que el primer trimestre del 2021 cerró con más de 190.006 fallas y en 2022 se documentaron al menos 233.298 interrupciones, según datos aportados por el Comité de Afectados por los Apagones.

De acuerdo con el comité, entre enero y mayo de este año se registraron 31.123 fallas eléctricas en todo el territorio, una cifra que evidencia la desatención permanente del sistema eléctrico.

Agonía eléctrica 

«Cada vez es más evidente la agonía del Sistema Eléctrico Nacional», dice a TalCual el ingeniero eléctrico, Víctor Poleo, quien asegura que falta uno de cada cuatro megavatios en el sistema de oferta de energía del país. Explica que hay un déficit permanente de la oferta y eso obliga a que se tomen medidas como los racionamientos, que, sobre todo, afectan directamente a Zulia, Nueva Esparta y estados de Los Andes.

Poleo atribuye las fallas al aumento de la demanda eléctrica producto de la ola de calor. Detalla que, debido a las altas temperaturas, en las zonas residenciales han incrementado el uso de aires acondicionados y de sistemas de refrigeración.

De acuerdo con el ingeniero eléctrico, las plantas hidroeléctricas son las que sostienen el Sistema Eléctrico en la actualidad. Advierte que desde el año 2010 se ha agravado la infraestructura del SEN, no solo por las termoeléctricas, sino también en las fases de transmisión y distribución.

Para Víctor Poleo, la precariedad del Sistema Eléctrico Nacional es evidente en las calles. «Cuando ves que las cuadrillas no tienen ni uniformes correspondientes. Si así está lo que vemos en la calle, uno se pregunta cómo está la gerencia de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)».

«Corpoelec debe ser dinamizada si hay un cambio político. Se debe volver al sistema descentralizado, con empresas regionales. Está claro que esta estructura corporativa fue una gran monstruosidad que nunca debió existir. El foco del problema es Corpoelec», agrega.

*Vea la nota completa en TalCual 

Fundación Rehabilitarte activa línea gratuita de primeros auxilios psicológicos para toda Venezuela

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La línea funcionará para toda Venezuela en el horario de lunes a sábado, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

 

La Fundación Rehabilitarte anunció que desde este 9 de octubre estará disponible una línea telefónica gratuita de primeros auxilios psicológicos para toda Venezuela.

Con la ayuda humanitaria de la Unión Europea y a través de un consorcio con la Fundación CESVI, Rehabilitarte dispone de un equipo de especialistas en salud mental, quienes estarán a la orden de lunes a sábado desde las 8:00 am hasta las 5:00 p.m. a través del número de telefónico celular +58-424-6115506.

El personal de Rehabilitarte estará a la orden para escuchar a las personas, apoyarlas y ofrecerles recomendaciones en relación con su salud mental. 

“El propósito es orientar a quien se sienta agobiado, triste o preocupado, e indicarle cómo puede proceder para atender eso que le está afectando su salud mental.  Asimismo, se atenderán emergencias emocionales para adultos y adultas en general”, se lee en la nota de prensa compartida por Rehabilitarte. 

Con este servicio gratuito la fundación reitera su compromiso por atender y promover la salud mental tanto en el estado Zulia como en toda Venezuela. 

Para más información sobre salud mental en el Zulia, puede buscar a la fundación en Instagram y Facebook como Rehabilitarte y en la red social X (anteriormente Twitter) como @rehabilitarte18.

Una población angustiada

A principios del año 2023 la Universidad Católica Andrés Bello presentó el estudio Psicodata, que resumía cómo estaba el estado de ánimo nacional.

Para 6 de 10 venezolanos encuestados en esa investigación (64%), la principal fuente de estrés fueron los problemas económicos. 

9 de cada 10 entrevistados manifestó estar preocupado por la situación del país. A 73% le entristece pensar en el futuro de Venezuela y 4 de cada 10 admite que su ánimo cae con frecuencia por los problemas que enfrenta a diario en Venezuela

Mientras que 25% de los jóvenes entre 18 a 24 años también admitieron que ven limitada su capacidad por no sentirse bien psicológicamente.

También en marzo de 2023 Venezuela figuró como el país menos infeliz de Latinoamérica según el  World Happiness Report, un estudio de la empresa Gallup avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia ha advertido que la emergencia humanitaria compleja aumentó la tasa de suicidios en el país. Antes era de 3,8 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2022 se ubicó en 7,7 por cada 100.000 habitantes. 

Hasta mayo de 2023, el OVV  contabilizaba 162 suicidios en todo el país y 32 intentos, a partir de registros de medios de comunicación.