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Wola sobre deportación de venezolanos desde EEUU: “La medida es contradictoria y peligrosa”

Más de de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida
Venezuela es el único país de la región con una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional, porque hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad

 

El pasado 6 de octubre la organización WOLA, líder en investigación y defensa de los derechos humanos en las Américas, señaló que la medida de deportación de venezolanos desde Estados Unidos “es contradictoria y peligrosa”.

A través de su página web, WOLA indicó que la decisión de devolver a venezolanos es “reprobable”, considerando los riesgos que enfrentan los venezolanos en su propio país. Añadió que también ignora la obligación internacional que tiene Estados Unidos de garantizar que no devuelvan a personas a un país donde enfrentarían probable peligro o persecución.

La organización destacó que la deportación de venezolanos también va en contra de la propia conclusión de la Administración de Joe Biden del 20 de septiembre, cuando la declaración del Registro Federal del DHS concluyó que “Venezuela continúa enfrentando una emergencia humanitaria grave debido a una crisis política y económica, así como como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia, que impactan el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y han llevado a altos niveles de pobreza”. 

El pasado 5 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con el gobierno venezolano para llevar a cabo deportaciones de ciudadanos venezolanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y carecían de bases legales para permanecer.

Este anuncio contradice la decisión de la administración Biden de hace apenas unas semanas cuando se extendió y redesignó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que habían ingresado a los  Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 el cual tenía un tiempo de 18 meses.

Ahora, apenas unas semanas después, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, declaró: “Hemos tomado la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que llegaron a los Estados Unidos después del 31 de julio y no tienen una base legal para permanecer aquí”.  

Más de de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida. Venezuela es el único país de la región con una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional, porque hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad.

¿Qué dice el derecho internacional?

Según el derecho internacional y el estadounidense, que cita Wola, “cualquier persona que tema por su vida, su integridad personal o su libertad tiene derecho a solicitar asilo y al debido proceso”. 

La organización consideró que  Estados Unidos también tiene herramientas adicionales a su disposición, incluido el TPS, para “otorgar estatus legal a personas de un país cuyas condiciones impiden su regreso seguro”.

Además, opinan que la nación “no debe ser un país que deporta personas a dictaduras represivas” donde puedan enfrentar serias amenazas a sus vidas o su libertad.

Gobierno estadounidense dice a los migrantes venezolanos que es seguro retornar a su país 

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Más de de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de mejores…

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Más de de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida
Venezuela es el único país de la región con una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional, porque hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad

 

El pasado 6 de octubre la organización WOLA, líder en investigación y defensa de los derechos humanos en las Américas, señaló que la medida de deportación de venezolanos desde Estados Unidos “es contradictoria y peligrosa”.

A través de su página web, WOLA indicó que la decisión de devolver a venezolanos es “reprobable”, considerando los riesgos que enfrentan los venezolanos en su propio país. Añadió que también ignora la obligación internacional que tiene Estados Unidos de garantizar que no devuelvan a personas a un país donde enfrentarían probable peligro o persecución.

La organización destacó que la deportación de venezolanos también va en contra de la propia conclusión de la Administración de Joe Biden del 20 de septiembre, cuando la declaración del Registro Federal del DHS concluyó que “Venezuela continúa enfrentando una emergencia humanitaria grave debido a una crisis política y económica, así como como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia, que impactan el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y han llevado a altos niveles de pobreza”. 

El pasado 5 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con el gobierno venezolano para llevar a cabo deportaciones de ciudadanos venezolanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y carecían de bases legales para permanecer.

Este anuncio contradice la decisión de la administración Biden de hace apenas unas semanas cuando se extendió y redesignó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que habían ingresado a los  Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 el cual tenía un tiempo de 18 meses.

Ahora, apenas unas semanas después, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, declaró: “Hemos tomado la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que llegaron a los Estados Unidos después del 31 de julio y no tienen una base legal para permanecer aquí”.  

Más de de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida. Venezuela es el único país de la región con una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional, porque hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad.

¿Qué dice el derecho internacional?

Según el derecho internacional y el estadounidense, que cita Wola, “cualquier persona que tema por su vida, su integridad personal o su libertad tiene derecho a solicitar asilo y al debido proceso”. 

La organización consideró que  Estados Unidos también tiene herramientas adicionales a su disposición, incluido el TPS, para “otorgar estatus legal a personas de un país cuyas condiciones impiden su regreso seguro”.

Además, opinan que la nación “no debe ser un país que deporta personas a dictaduras represivas” donde puedan enfrentar serias amenazas a sus vidas o su libertad.

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