Inicio Blog Página 1203

Cecodap: casos de ideación suicida en adolescentes llegan a su punto más alto en siete años

0
Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap, informó que «solo en el primer semestre del 2023 se ha atendido un 69,24% de lo atendido en todo el 2022»

Según la ONG Cecodap, la tendencia de casos de ideación suicida en adolescentes venezolanos va en aumento, alcanzando su punto máximo este 2023 en comparación a los últimos siete años.

«La oferta de salud mental en Venezuela es extremadamente limitada. Hay un déficit de profesionales,  en algunas instituciones podemos estar hablando de uno o dos psicólogos o psiquiatras especializados en la salud mental infantil», denunció Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap, este 10 de octubre. 

Durante la presentación del Informe Somos Noticias, capítulo Salud Mental (2022 – julio 2023), la institución dedicada a los derechos humanos en la infancia informó que, de las 5.605 personas atendidas por el Servicio de Atención Psicológica en el primer semestre de 2023, al menos 764 presentaron alteraciones del estado del ánimo. De esta cifra, 28,95 % de los niños, niñas y adolescentes presenta ideación suicida; es decir, que han pensado en la muerte o se cuestionan qué pasaría si no existieran.

Sarabia advirtió que las instituciones de salud mental tampoco están tan coordinadas con los sistemas de protección infantil ni hacen investigaciones académicas para buscar patrones y generar políticas públicas enfocadas en defender y restituir los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

«De las encuesta que organizamos para saber qué tan eficiente son los centros de atención, la gente reportó que los consejos de protección, con 33%, y las ONG, con 21,4%, son las que dan un mejor respuesta a las solicitudes de casos en esos espacios. Mientras que la peor respuesta está en los Ministerios (con 21,4 % de rechazo), los consejos comunales (con 19,4 % de desaprobación) y los hospitales o centros de salud (con 12,6% de las valoraciones negativas)», agregó Sarabia. 

Casos iguales o superiores a 2022

Cecodap estima que ya en los primeros siete meses de este año los casos igualan o se acercan a las cifras del año pasado. Pronostican que los casos de atención en 2023 superarán los niveles de que hay desde el año 2016, incluso más que en el contexto de la pandemia por covid-19. 

De los 5.605 niños, niñas y adolescentes atendidos por Cecodap, el 53 % se representan por el género femenino y el 47 % se identifica con el género masculino. Más del 75 % de los jóvenes atendidos provienen de la región central del país, de las poblaciones cercanas a la capital. 

«Las alteraciones de los estados de ánimos son la principal motivación de consulta para esta población (con 34 %), seguido del comportamiento disruptivo en el hogar (11,98 %), el conflicto familiar (10,64%) y la violencia (9,99 %). Hablamos que en el 2022 se atendieron un total de 624 casos de alteración del estado de ánimo, y solo en lo que va de 2023 estamos atendiendo 764 casos, donde se experimenta la ansiedad, la depresión y las sensaciones mixtas», informó Sarabia. 

«En el caso de la violencia atendimos 186 casos en la primera mitad del año 2023, mientras que en el año pasado atendimos 194 casos. Es decir, que ya a mitad de este año casi igualamos a lo que registramos en el periodo anterior», agregó. 

Tasa de ideación suicida más alta

El coordinador de Cecodap denunció que, de los casos de los menores de edad con alteraciones de los estados de ánimos, el 28,95 % presentó ideaciones suicidas. «Esta es una variable que sigue aumentando, sigue agravándose y debe llamar nuestra atención». 

La diferencia entre la tasa de ideación suicida de todo el año 2022 y el primer semestre del 2023 es de 7,25 puntos porcentuales. Una cifra que la institución proyecta que se superará en este periodo. 

«Hasta ahora nunca hemos podido regresar a los datos pre-pandémicos sobre la alteración del estado de ánimo. La población más vulnerada en todos los estudios son las adolescentes femeninas. Ene este año conseguimos un repunte cuatro veces mayor con respecto al año pasado», dijo. 

ideacion-suicida-en-NNA-venezolanos-2023-Cecodap

Gráfico cortesía de Cecodap

De acuerdo con la institución, la cifra más alta de ideación suicida en adolescentes en la historia de sus registro se debe a un aumento en los casos de violencia basada en el género, donde «la parentalización temprana y las labores de cuidado del grupo familiar» son una de las causas más comunes en la afectación de la salud mental en la infancia. 

El abuso sexual también va en aumento

«La principal forma de violencia que afectó a niños y adolescentes durante este periodo fue el abuso sexual, con 34,2 % de los casos de violencia. Uno de cada cuatro menores de edad consultados en el servicio psicológico afirmó ser una víctima de violencia y humillación pública por sus padres como método de crianza», denunció Sarabia. 

El acoso escolar no se queda atrás, según el informe. Los casos repuntaron a un 39 % de los motivos de consulta psicológica. 

«Los casos son atendidos por la sociedad civil y no el Estado, y esto es una sustitución que no debería estar pasando», concluyó el coordinador de Cecodap. «Si no estamos acompañados de unas políticas públicas que atiendan el problema ni las causas, las condiciones de vida de los menores de edad será vulnerada y estará en riesgo», concluyó.

Monitor Salud: Casos de dengue aumentaron 37% en Caracas en una semana

0
La vicepresidenta de la SVI enfatizó en la importancia de la fumigación y la reducción de los desechos o envases que acumulen agua estancada donde se puede reproducir el patógeno de estas enfermedades

 

En Caracas se registraron 332 casos de dengue entre el 17 y el 23 de septiembre, un incremento del 37 % respecto a la semana anterior, cuando se registraron 242, informó este martes la ONG venezolana Monitor Salud.

A través de la red social Instagram, la organización no gubernamental alertó de que continúa el “aumento de casos de dengue” en la capital del país, donde se han llevado a cabo trabajos de “fumigación y de abatización”.

De esta manera, desde principios de año hasta entonces, la ONG computa un total de 1.306 casos de dengue en Caracas.

Un primer semestre del año con el doble de casos

La vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), Patricia Valenzuela, advirtió el pasado 28 de agosto que en el primer semestre del año se había duplicado el número de casos de dengue en Venezuela en comparación con el mismo período de 2022, cuando se registraron 11.409 casos y 18 defunciones.

La especialista en infectología explicó que l os casos pasaron de entre cinco y 10 casos semanales, a entre 30 y 40 casos por semana.

La vicepresidenta de la SVI enfatizó en la importancia de la fumigación y la reducción de los desechos o envases que acumulen agua estancada donde se puede reproducir el patógeno de estas enfermedades.

Asimismo, enumeró los síntomas que suele presentar el dengue: dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza y molestias en la percepción de la luz.

El dengue es una infección viral. Puede ser causado por cuatro virus relacionados. Es común en áreas cálidas y húmedas del mundo y los brotes son más comunes durante las estaciones lluviosas.

Este virus se transmite a las personas a través de la picadura de un mosquito infectado. No se propaga directamente de persona a persona.

Denuncian que el CNE excluyó a varios municipios opositores en puntos de actualización del RE

0
El presidente de la FCU precisó que en Venezuela hay 70 municipios que no tienen un punto de registro
El CNE envió un comunicado anunciado que el 7 de octubre se daba inicio a la jornada especial de Registros electoral en todo el país; sin embargo, no especificó cuáles serían los puntos

 

Este lunes, 9 de octubre, el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jesús Mendoza, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyó a varios municipios opositores en los puntos de actualización del registro electoral que prometió activar. 

Mendoza resaltó que el pasado viernes el CNE envió una comunicación en donde informaba sobre la habilitación de 500 puntos para la inscripción y el cambio de dirección para todos los ciudadanos, pero en la planificación no se estableció un punto por cada municipio, que sería lo ideal. 

El presidente de la FCU precisó que en Venezuela hay 70 municipios que no tienen un punto de registro. “Nos encontramos en la Plaza Bolívar, destacamos porque Chacao, siendo un municipio tan importante para el estado Miranda, es el único municipio de los 21 del estado de Miranda que no tiene un punto de inscripción asignado”, denunció. 

Agregó que ese no es el único caso, pues está el ejemplo del municipio Urbaneja, en Anzoátegui, el del municipio Unda en Portuguesa y el caso del municipio Motatán en Trujillo. 

“Tenemos el ejemplo de más de 10 municipios en el estado Táchira que lamentablemente no estuvieron entre los asignados para que se les pueda poner un punto de inscripción, vulnerando la facilidad de inscribirse”, dijo Mendoza.

Sobre el municipio Baruta, el vocero estudiantil indicó nada más asignaron una sola máquina, lo que resulta insuficiente para toda la población. 

Municipios gobernados por la oposición

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV  resaltó la “coincidencia” de que los municipios en los que faltan puntos de registro son aquellos gobernados por la oposición. 

“Faltaron 70 municipios en puntos que realmente son opositores. Estamos viendo que hoy lunes no están habilitados los puntos, lamentablemente hoy vemos que ya han pasado dos días según el calendario del Poder Electoral y esto no está habilitado”, finalizó.

El CNE envió un comunicado anunciando que el 7 de octubre se daba inicio a la jornada especial de registro electoral en todo el país; sin embargo, no especificó cuáles serían los puntos. En ese primer comunicado no especificó cuáles serían los puntos. 

Desinformación electoral provoca dudas en los ciudadanos

0
Mariángel Durán, de Cotejo.info, coincidió con Estefanía Da Silva de ProBox, en que el objetivo que tienen los contenidos falsos y actores desinformativos es mantener a la población desinformada, “pues los mantiene aislados y alejados de la realidad del país”

 

La desinformación electoral en Venezuela está aumentando y también provoca dudas en los ciudadanos, lo que se traduce en que el “venezolano no sabe en qué creer”.

Un análisis realizado por periodistas verificadores de información de EsPaja, Cotejo.info y ProBox, medios de comunicación independientes que se encargan de detectar desinformación, arrojó que todos los contenidos que han detectado buscan quitarle el foco de atención a los comicios organizados por la Comisión Nacional de Primarias (CNdP), además de desprestigiarlo y amplificar la propaganda oficialista.

En el evento virtual titulado “Elecciones Primarias en el centro de la desinformación”, organizado por Medianálisis, Estefanía Da Silva de ProBox, señaló que el impacto que genera la desinformación electoral es que los venezolanos no saben qué hacer o por quién votar.

Mariángel Durán, de Cotejo.info, coincidió con Da Silva en que el objetivo que tienen los contenidos falsos y actores desinformativos es mantener a la población desinformada, “pues los mantiene aislados y alejados de la realidad del país”.

Las expertas explicaron que con la desinformación “opacan y desvían el foco de atención de las personas del país”.

Agregaron que un ejemplo reciente de esto fue la incursión en la cárcel de Tocorón, que ocurrió justo el día en que la Misión Independiente de la ONU sobre Derechos Humanos presentaba su cuarto informe sobre Venezuela. 

“Ese día de la intervención del penal, desviaron la atención sobre el informe de la Misión de la ONU y toda Venezuela hablaba de Tocorón y el informe pasó por debajo de la mesa. Lo mismo está pasando con las primarias” enfatizaron.

Contenidos y actores desinformativos 

Desde Cotejo.info han verificado 39 contenidos desinformativos con la misma tendencia y ProBox contabilizó 29 conversaciones impuestas por el oficialismo en X (antes Twitter) que son vinculadas al 22 de octubre.

Por su parte, Víctor Amaya de EsPaja, puntualizó que existeN dos actores que crean, difunden y hacen circular gran parte del contenido desinformativo electoral y estos son: Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y el programa televisivo Con El Mazo Dando.

Además de estas particularidades, los comunicadores dijeron que existen otras características desinformativas electorales, como los ataques desinformativos contra las candidatas María Corina Machado y Delsa Solórzano; las inhabilitaciones de aspirantes como Capriles, Machado y Freddy Superlano; o la presencia de contenidos falseados, errados y tergiversados usando la imagen de Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar.

*Con información de Medianálisis

Operativos para acabar con la violencia en el país no han sido efectivos de acuerdo con Fundaredes 

0
Organismos de seguridad siguen sin atacar el problema de fondo 
Bandas como el “Tren de Aragua” continúan funcionando pese a despliegues como la Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro

 

Pese a los operativos de desarticulación de bandas criminales implementados por el Estado venezolano en diferentes regiones del país, los índices de violencia y criminalidad continúan en ascenso, denunció la ONG Fundaredes.

“Lejos de erradicar las bandas criminales, estas siguen operando incluso con más agresividad”, dijo Andriangela Álvarez, investigadora de la ONG.

De acuerdo con Álvarez, la violencia en Venezuela sigue siendo un problema que no ha sido atacado a profundidad por los organismos de seguridad. 

“El proceso de registro y documentación desarrollado por la organización en lo que va de 2023 ha evidenciado una gran cantidad de secuestros, homicidios, atentados con explosivos, desapariciones, presuntos enfrentamientos armados, entre otros crímenes en territorios fronterizos y otras entidades”.

Álvarez aseveró que preocupa específicamente la situación en el estado Zulia.

“Durante mucho tiempo se ha constituido como el más violento del occidente venezolano, debido a la actuación de más de 18 bandas criminales, siendo las extorsiones acompañadas de ataques con explosivos su principal actividad delictiva”, agregó la integrante de Fundaredes.

Álvarez indicó que el estado Guárico presenta patrones similares a la entidad zuliana, como consecuencia de la proliferación de bandas con alto poder de fuego como “El Tren del Llano”, organización que tiene en su haber homicidios, desapariciones, y secuestros especialmente a productores agropecuarios y comerciantes de la zona.

Manifestó que las organizaciones criminales seguirán existiendo en el país mientras no se atienda el problema de fondo.

“A pesar de los operativos militares y policiales que se han llevado cabo en el país para desarticular las diversas organizaciones criminales, como por ejemplo la Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro desarrollada en la cárcel de Tocorón, la violencia se ha acrecentado en territorio venezolano y la megabanda El Tren de Aragua continúa operando no solo en el país sino en otras regiones de Latinoamérica”.

 

Con información de El Impulso 

 

LEA:  Fundaredes alerta de violencia contra venezolanas habitantes de zonas fronterizas 

Salud mental, otro derecho humano que se vulnera a diario en Venezuela

0
Caleidoscopio Humano denunció que en Venezuela no existen políticas públicas para atender la salud mental de la población
Los venezolanos con problemas de salud mental no tienen acceso a servicios médicos gratuitos de calidad. Y acudir a la salud privada se ha convertido en un lujo:  “Acceder a consultas psiquiátricas y medicamentos resulta imposible, cuando en los hogares priorizan la alimentación”, lamentan
Una docente universitaria comparte su testimonio de cómo es vivir con trastorno bipolar en Venezuela: “Cuando puedo comprarlas, me tomo las pastillas un día sí y dos días no. Mi psiquiatra dice que así no es efectiva, pero no puedo hacer más”

 

La organización Caleidoscopio Humano recordó este 10 de octubre que la salud mental en Venezuela “sigue un siendo un tabú” y otro de los derechos humanos universales que se vulnera a diario en el país. 

En una serie de mensajes compartidos a través de la red social X,  a propósito de la celebración este 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, recordaron que en Venezuela no existen políticas públicas suficientes para atender a la población que lo necesita. 

“La asignación presupuestaria del Ministerio de Salud, en la última versión que se conoce, fue de menos de 0.01 % del total”, precisaron.

Además, los venezolanos con problemas de salud mental no tienen acceso a servicios médicos gratuitos de calidad. Y acudir a la salud privada se ha convertido en un lujo que pocos pueden pagar. 

“La infraestructura nacional está muy deteriorada y las capacidades están cada vez más restringidas. Acceder a consultas psiquiátricas y medicamentos resulta imposible, cuando en los hogares priorizan la alimentación”, recalcaron. 

La Organización Panamericana de la Salud insiste en que todo el mundo debería tener derecho a vivir una vida con “dignidad, equidad, igualdad y respeto, y esto incluye a las personas con problemas de salud mental”. Pero advierte que en la Región de las Américas continúan persistiendo el “estigma, la discriminación y las violaciones de derechos humanos”.

“En muchos países de la Región, a menudo las personas con problemas de salud mental no tienen acceso a servicios de calidad, son sometidas a prácticas coercitivas, tratos inhumanos y, en algunos casos, abusos, incluso en entornos de atención de salud, donde deberían ser protegidas”, denuncian. 

Comer o medicarse

La encuesta Psicodata, que elaboró la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y cuyos resultados fueron presentados en marzo de 2023, abordó elementos relacionados con la vulnerabilidad psicosocial del venezolano.

 9 de cada 10 entrevistados dijo que siente preocupación por la situación del país. 4 de cada 10 reconoce que su ánimo cae con frecuencia por el contexto país. 42% también comentó que siente que lo que pasa en su vida está muy determinado por la gente que tiene poder y a 73% le entristece pensar en el futuro de Venezuela. 

Asimismo, el Observatorio de Universidades (OBU) resalta que el bienestar psicológico de los venezolanos se ha venido agravando por la crisis humanitaria.  Recordaron que en su encuesta Enobu2021, 46% de los docente expresaron estar frustrados por la “multidimensionalidad de las privaciones en las que viven”.

Agregaron que, en 2022, la #EnobuSalud arrojó como resultado que 6 de cada 10 universitarios de ciencias de la salud tiene dos o más síntomas de depresión. Además, el 12% de los estudiantes de pregrado reportó haber tenido ideación suicida.

*Maritza Gómez es profesora universitaria en Caracas y fue diagnosticada con trastorno bipolar hace 15 años.  Mensualmente, necesitaría invertir al menos $40 (a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela para esta fecha) en medicamentos estabilizadores del ánimo,  para el insomnio y la ansiedad. 

Ni su sueldo como profesora universitaria asociada (poco más de Bs. 462 al mes, o $13) ni el bono de guerra económica que asigna mensualmente el gobierno (equivalente a $30) le permiten costear el tratamiento completo. Unas sobrinas que viven fuera del país la ayudan económicamente con su manutención, pero afirma que la mayor parte de la remesa que le envían la usa para pagar comida y pagar servicios.

Cuando puede, como según ella misma afirma, se compra las pastillas, y recurre a otras técnicas para que le duren más. 

“Me las tomo un día sí, y dos días no. Mi psiquiatra insiste en el que tratamiento así no es efectivo. Pero no puedo hacer más. O como, o me compro más pastillas. Por lo menos, ella acepta cobrarme solo una consulta al mes y el resto del seguimiento de mi caso lo hace por WhatsApp”, revela.

Maritza admite que esta inestabilidad en el tratamiento la mantiene también inestable a ella, con marcados cambios de humor y predominio de una sensación de tristeza y angustia permanente.

“Es mucha la diferencia en comparación a la época en la que podía cubrir mi tratamiento completo”, añade.

Debido al bajo poder adquisitivo del venezolanos, los tratamientos para atender problemas de salud mental en Venezuela son inasequibles. 

Recientemente, el monitoreo de medicamentos psiquiátricos que realiza la Fundación Rehabilitarte en el estado Zulia estimó que el tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo cuesta casi tres sueldos mínimos. 

El seguimiento de los precios de los psicofármacos, para el mes de mayo de 2023, indicó que el tratamiento mensual para una persona con trastorno obsesivo compulsivo cuesta $13.35 o Bs. 350,57.

La ONG destacaba que el sueldo mínimo se ubica en 5.4 dólares al cambio oficial, lo que constituye una vulneración hacia el acceso a la salud mental. 

El trastorno obsesivo compulsivo es un diagnóstico caracterizado por un patrón de pensamientos y miedos no deseados (obsesiones) y comportamientos repetitivos (compulsiones), que afectan las actividades diarias y causan un malestar significativo. 

La Fundación Rehabilitarte aclaró que cada caso es individual y no necesitará el mismo tratamiento, por lo que el costo para otras enfermedades o trastornos podría elevarse, si se agregan otras opciones terapéuticas según las necesidades de cada paciente.

Esta organización activó una línea gratuita de primeros auxilios psicológicos en Venezuela este 9 de octubre, que  funciona de lunes a sábado entre 8:00 am y 5:00 pm. Quienes necesitan atención pueden llamar al número telefónico +58 424-6115506.

 

*Se cambió el nombre real a petición de la entrevistada

ONG expone vulneración de justicia en Venezuela ante Consejo de DDHH de la ONU

0
Laura Louza de Acceso a la Justicia dijo ante el organismo internacional que la justicia está secuestrada por el poder político 

 

La directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, sostuvo que en Venezuela jueces, fiscales y defensores públicos no cumplen con su rol y son parte de la represión estatal, justificando las arbitrariedades del poder político.

Tal aseveración la hizo en la quinta revisión de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con asiento en Ginebra, Suiza.

Louza manifestó que en Venezuela la justicia ha sido completamente secuestrada por el poder político.

“Esta no cumple su rol y respalda las acciones arbitrarias del partido de Gobierno, quien está en el poder sin alternancia desde hace más de 20 años”. 

La abogada y activista indicó que en Venezuela no hay separación de poderes ni Estado de derecho, lo que ha convertido los abusos contra los derechos humanos en generalizados y sistemáticos. 

“Ello ha sumido al país en una emergencia humanitaria compleja, por lo menos desde 2015”. 

Louza indicó que en el chavismo los jueces y fiscales no se nombran conforme a estándares nacionales e internacionales.

“Su estabilidad es nula y no tienen a quién acudir frente a presiones. La Defensoría del Pueblo calla o respalda al Gobierno en lugar de abordar las violaciones masivas a los derechos humanos”.

La abogada aseveró que la situación ha sido documentada tanto por el Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, como por la Fact-finding Mission (FFM), la cual califica al sistema de justicia venezolano como cómplice de presuntos crímenes de lesa humanidad. 

Louza también denunció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) creó en 2014 tribunales de terrorismo sin base legal para juzgar a políticoso positores. 

La abogada colocó como ejemplo el caso de Javier Tarazona, presidente de la ONG FundaRedes, detenido arbitrariamente desde julio de 2021 y sometido a tortura y malos tratos.

Igualmente el de los seis sindicalistas condenados en agosto de 2023 a 16 años de prisión por protestar contra políticas salariales gubernamentales y el de John Álvarez, estudiante universitario detenido arbitrariamente en agosto y torturado, quien perdió un ojo en el proceso y fue llevado ante un médico casi un mes después de su detención.

Louza agregó que pese a ser una prohibición legal expresa, el TSJ permite juicios de civiles en tribunales militares y trata la tortura como un asunto administrativo y no penal para evitar enjuiciar a los responsables. 

“Juezas y jueces tampoco responden adecuadamente a denuncias de tortura o habeas corpus”, dijo.

La directora de Acceso a la Justicia indicó que el Gobierno madurista atribuye su incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos a sanciones internacionales.

“Aunque la falta de independencia del sistema de justicia y de la Defensoría del Pueblo no se relacionan con aquellas; se trata simplemente de cómo se ejerce el poder en Venezuela: sin voluntad política de querer cambiar esta realidad de indefensión generalizada y abuso sistemático del poder”.

 

LEA  TAMBIÉN: ONG solicitan hacer público memorando de entendimiento entre Gobierno y CPI

¿A qué le tengo miedo cuando migro?

0
La dirigente de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (Chimumi), Fabiola Díaz, asegura que a las mujeres migrantes les cuesta trabajo ahorrar dinero para encontrar y comprar sus anticonceptivos o pastillas de emergencia
Elena es una mujer hondureña que viaja con su hija para huir de la violencia en su hogar y se acompañan con una amiga que tiene dos hijos más 

Gabriela Martínez Córdova | Foto: Gabriela Martínez y Alicia Hernández 

 

“Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas”

 

Tapachula, Chiapas. Mujeres migrantes escapan de la violencia que viven en sus países de origen, principalmente en el triángulo norte de Centoamérica, pero también enfrentan riesgos en su paso por México con el fin de llegar a Estados Unidos. Violaciones, trata, explotación sexual y embarazos no deseados son parte de las amenazas que enfrentan, de acuerdo con los testimonios que compartieron para esta investigación.

Varias mujeres fueron entrevistadas en el albergue Jesús El Buen Pastor, ubicado en Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, donde se concentra la mayoría de los migrantes que provienen de la ruta de Centroamérica, al ser un paso obligado rumbo al norte del continente. Se trata de un sitio con espacio para al menos mil migrantes, pero que trabaja por encima de su capacidad.

Una mujer se sienta en el piso del albergue El Buen Pastor, con capacidad para unas mil personas, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Foto: Alicia Fernández.

Enclavado en la periferia de la ciudad, es uno de los pocos refugios, pero el más grande que hay en la región. Tiene una construcción de un solo piso, con varios salones en los que se divide el espacio entre hombres, mujeres, mujeres con sus niños y embarazadas, incluso hay un cuarto para aquellos que se recuperan de alguna convalecencia. 

El espacio se invade con el humo de las ollas que hierven todo el día sobre un asador al aire libre en una cocina que se comparten por horarios. Los niños andan entre los pasillos alargados, corren de un sitio a otro y los gritos atraviesan las paredes de concreto. Un gallo que se cree perro también vigila el sitio, donde mujeres narran los motivos que las obligaron a migrar.

No quiero que me violen

Joanna es una joven hondureña que llegó a Tapachula, Chiapas, hace apenas unas semanas, en el verano de 2023, una de las temporadas más calurosas del año. 

Una de sus prioridades era comprar “la pastilla anti-violación”, como es conocido entre las centroamericanas el medicamento que guardan durante su trayecto rumbo al norte de México. Se trata de una pastilla que usan como anticonceptivo de emergencia para evitar un embarazo en caso de sufrir algún abuso sexual

Tras cruzar el río Suchiate, una familia se recuesta sobre piezas de cartón en un parque público, en medio de una tormenta en Chiapas. Foto: Alicia Fernández.

Según la marca, una o dos pastillas que deben ingerirse en no más de 72 horas después de la relación sexual son suficientes. Su costo regular en cualquier parte de México no rebasa los 200 pesos (unos 10 dólares).

— Uno escucha historias, unas chicas me han contado que las abusaron, que les hicieron la maldad en el camino y yo no quiero.

Joanna no sabe dónde comprar el medicamento y tampoco tiene dinero, además le han dicho que debe tener cuidado al salir porque la ciudad ya no es un espacio seguro para mujeres y menos si son migrantes. 

No me quiero embarazar 

Gelsy, de 19 años, también viaja sola desde Honduras porque el dinero no le alcanzó para pagar los gastos de otros miembros de su familia. Ella parió a una niña que actualmente tiene 4 años y que dejó en su país. Después de ese embarazo quiso operarse para ya no tener más hijos, pero en el hospital se negaron a hacerlo porque era menor de 21 años. 

Antes de reiniciar su camino a Estados Unidos, quiere comprar una pastilla de emergencia o anticonceptivos, para evitar un embarazo no deseado o interrumpirlo, en caso de que sufra un abuso sexual.

En México no hay un registro de cuántas mujeres migrantes se encuentran gestando. 

Aunque hizo amigas dentro del refugio, siempre se mantiene alerta ante la presencia de los hombres, intenta no salir ni siquiera del cuarto donde duerme y cuando lo hace, es porque necesita comprar comida. Planea ir a una farmacia con otras migrantes para comprar sus pastillas de emergencia o una inyección anticonceptiva, lo harían juntas porque les han advertido que Tapachula ya no es un lugar seguro para las mujeres.  

El embarazo no deseado no es su único temor, sabe que hay una probabilidad muy alta de ser agredida sexualmente, pero está dispuesta a enfrentar el riesgo para migrar.

La responsable de Médicos sin Fronteras -Base en Tapachula- Karolix Zambrano Koop, reportó que durante el primer semestre de 2023 al menos 70 mujeres atendidas por los voluntarios de esa sede fueron víctimas de abuso sexual, de ellas, seis agresiones ocurrieron en las últimas 72 horas desde que recibieron la atención.

Zambrano lamenta que sean las mujeres migrantes quienes asumen la responsabilidad de su seguridad durante su paso por México, donde corren el riesgo de ser víctimas de abuso o explotación sexual o, incluso, asesinadas. 

“Que una mujer asuma que será violada y aun así prefiera migrar dice mucho de cuáles son las condiciones que están dejando atrás”, advierte Zambrano, desde su oficina en el centro de Tapachula, a unas calles en donde cientos de migrantes se concentran en un parque público. “Las mujeres tampoco han tenido acceso a servicios de salud sexual ni información”.

Zambrano comanda la oficina central de la organización internacional en el sur de México, desde donde define cuáles serán los lugares donde trabajarán los voluntarios. También supervisa los campamentos médicos y las instalaciones en los puntos de mayor necesidad, como estaciones del tren y los campamentos improvisados por los migrantes. 

Para esta investigación se solicitó entrevista con autoridades del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres, pero no se obtuvo respuesta de forma inmediata. 

Las mujeres migrantes se vuelven responsables de su propia seguridad mientras se encuentran en tránsito por México. Foto: Alicia Fernández.

Las mujeres migrantes se vuelven responsables de su propia seguridad mientras se encuentran en tránsito por México. 

La dirigente de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (Chimumi), Fabiola Díaz, asegura que a las mujeres migrantes les cuesta trabajo ahorrar dinero para encontrar y comprar sus anticonceptivos o pastillas de emergencia, pero que suelen ayudarse entre ellas y se comparten información para cuidarse entre todas.

Algunas de ellas, refiere, no saben que tienen derecho a un aborto seguro en los servicios de salud del estado y llegan a acudir con curanderos para interrumpir un embarazo.

“Los abortos los han hecho clandestinos, con pastillas o yerbitas y optan ir con curanderos locales”, advierte.  

Me querían prostituir

Elena es una mujer hondureña que viaja con su hija para huir de la violencia en su hogar y se acompañan con una amiga que tiene dos hijos más.

Pero la violencia terminó por alcanzarlas. Cuando llegaron a Guatemala, el pollero le cobró para ayudarlas a cruzar la frontera y luego las abandonó en el camino. Luego, un grupo armado les robó lo que tenían y las dejó sin nada. Caminaron hasta un lugar donde las alcanzó la noche, pidieron ayuda en un hotel donde le dijeron que no había albergues, pero que, si querían hacer uso de un cuarto, se podían prostituir.

—Nos dijeron que esa es la única forma que pueden llegar hacia allá, prostituyéndose… porque se necesita dinero—, dice Elena mientras un par de lágrimas caen al recordar las agresiones y el miedo al que estuvo expuesta.

 —Yo no acepté —insiste—. No lo hice. ¿Cómo lo haría?, pero otras sí.

Yo no quiero que me maten

Alicia dejó Honduras y escapó a Tapachula porque la rabia de su esposo la persigue. Dice que la intentó matar, sobrevivió y teme que dé con ella. 

Ella también vive en el albergue El Buen Pastor y trabaja en la cocina donde le pagan 600 pesos a la quincena (unos 30 dólares). Con ese dinero compra comida para ella y sus dos hijos, una pequeña de no más de cinco años y un bebé que anda entre los pasillos del refugio en pañal y con unas sandalias crocs que se le escapan de los pies.

La joven migrante habla mientras cubre su rostro con su cabello alborotado, justo donde se asoma una cicatriz de la última golpiza que le dio el padre de sus hijos, un trailero que le rompió el pómulo y la quiso matar.

 —Mejor me escondo para que no me alcance.

Alicia todavía recuerda cuando su agresor la tiró al piso y, con el rostro hecho pedazos y casi desfigurado, ella agarró algunas cosas, tomó a sus hijos de la mano y no miró atrás, pensó solamente en irse de ahí y llegar a Estados Unidos. 

Una joven de Honduras es sobreviviente de violencia doméstica y busca lograr una vida mejor en Estados Unidos. Foto: Alicia Fernández.

No habla de su identidad, prefiere cambiar su nombre. Cuando puede, se comunica con su familia, pero no lo hace todo el tiempo, tiene miedo de continuar su camino en medio de las historias de violencia que ha escuchado dentro del albergue, pero tiene más miedo de quedarse donde, dice, la muerte la espera segura.

Obligadas a parir 

En diciembre de 2022, Devora fue abusada sexualmente en su país. Compró una pastilla abortiva en El Salvador, pero un mes después de la agresión se enteró que estaba embarazada. Aunque pensó en la posibilidad de interrumpir su embarazo con otro método, la idea se esfumó porque abortar es un delito que se castiga con prisión en su país y porque ella y su familia son cristianos. Pensar en el rechazo de su madre y su hermano la frenó. 

Sin más opción que parir, mejor se fue. 

A sus 30 años, sola, dejó El Salvador en junio de 2023 con la intención de cruzar México para llegar a Estados Unidos. Ella había escuchado de otras personas que en territorio mexicano había secuestros, desaparecían gente y que las mujeres sufrían abuso sexual, pero pensó que ella ya no tenía nada que perder.

—Tenía miedo a la delincuencia… que me desaparecieran, un asesinato… porque ya como que a un abuso o algo así… no. Sí sabía que tal vez podría pasar, pero es un riesgo que una toma… no sentía miedo como una mujer que pueda perder algo. 

Aunque Devora llegó al albergue El Buen Pastor en Tapachula, logró avanzar y llegar hasta Reynosa, Tamaulipas, en el norte del país. El 5 de agosto de 2023 cruzó a Estados Unidos donde alcanzó a su madre y su hermano, quienes la acompañaron en su parto. 

EQUIPO

Project Manager
Patricia Mercado Sánchez

Edición:
Nadia Sanders

Investigación:

Gabriela Martínez

Fotos y Videos:
Alicia Fernández

Diseño Digital:
Jhasua Razo

Administración:
Sofía Montellano

Si quieres leer el reportaje completo dale click aquí: Mujeres migrantes, cuerpos sin derechos