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ONG expone vulneración de justicia en Venezuela ante Consejo de DDHH de la ONU

Justicia
Redacción Runrun.es
Hace 1 año
Laura Louza de Acceso a la Justicia dijo ante el organismo internacional que la justicia está secuestrada por el poder político 

 

La directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, sostuvo que en Venezuela jueces, fiscales y defensores públicos no cumplen con su rol y son parte de la represión estatal, justificando las arbitrariedades del poder político.

Tal aseveración la hizo en la quinta revisión de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con asiento en Ginebra, Suiza.

Louza manifestó que en Venezuela la justicia ha sido completamente secuestrada por el poder político.

“Esta no cumple su rol y respalda las acciones arbitrarias del partido de Gobierno, quien está en el poder sin alternancia desde hace más de 20 años”. 

La abogada y activista indicó que en Venezuela no hay separación de poderes ni Estado de derecho, lo que ha convertido los abusos contra los derechos humanos en generalizados y sistemáticos. 

“Ello ha sumido al país en una emergencia humanitaria compleja, por lo menos desde 2015”. 

Louza indicó que en el chavismo los jueces y fiscales no se nombran conforme a estándares nacionales e internacionales.

“Su estabilidad es nula y no tienen a quién acudir frente a presiones. La Defensoría del Pueblo calla o respalda al Gobierno en lugar de abordar las violaciones masivas a los derechos humanos”.

La abogada aseveró que la situación ha sido documentada tanto por el Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, como por la Fact-finding Mission (FFM), la cual califica al sistema de justicia venezolano como cómplice de presuntos crímenes de lesa humanidad. 

Louza también denunció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) creó en 2014 tribunales de terrorismo sin base legal para juzgar a políticoso positores. 

La abogada colocó como ejemplo el caso de Javier Tarazona, presidente de la ONG FundaRedes, detenido arbitrariamente desde julio de 2021 y sometido a tortura y malos tratos.

Igualmente el de los seis sindicalistas condenados en agosto de 2023 a 16 años de prisión por protestar contra políticas salariales gubernamentales y el de John Álvarez, estudiante universitario detenido arbitrariamente en agosto y torturado, quien perdió un ojo en el proceso y fue llevado ante un médico casi un mes después de su detención.

Louza agregó que pese a ser una prohibición legal expresa, el TSJ permite juicios de civiles en tribunales militares y trata la tortura como un asunto administrativo y no penal para evitar enjuiciar a los responsables. 

“Juezas y jueces tampoco responden adecuadamente a denuncias de tortura o habeas corpus”, dijo.

La directora de Acceso a la Justicia indicó que el Gobierno madurista atribuye su incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos a sanciones internacionales.

“Aunque la falta de independencia del sistema de justicia y de la Defensoría del Pueblo no se relacionan con aquellas; se trata simplemente de cómo se ejerce el poder en Venezuela: sin voluntad política de querer cambiar esta realidad de indefensión generalizada y abuso sistemático del poder”.

 

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