Fundaredes alerta de violencia contra venezolanas habitantes de zonas fronterizas

Según la ONG, la práctica de la minería ilegal también ha permitido que las mujeres adultas, niñas y adolescentes que residen en zonas mineras del estado Bolívar y el Amazonas sean sometidas a esclavitud sexual y laboral
Foto referencial
La ONG Fundaredes denunció el 20 de julio que las mujeres residentes en zonas rurales o mineras de Venezuela próximas a la frontera con Colombia, donde viven muchas indígenas, “son víctimas de la violencia y la indiferencia del Estado”.
“La vida de las mujeres en las zonas agrarias de la frontera y comunidades indígenas es de marginación constante, sumado a la inseguridad física y alimentaria, la falta de transporte, las fallas o ausencia de servicios públicos, el escaso acceso a recursos sanitarios aunado a la violencia y la opresión”, dijo la ONG en un boletín que recoge la situación de las víctimas.
La investigadora de Fundaredes Adriangela Álvarez explicó a EFE que el informe se centra en la situación de “las mujeres rurales, las mujeres de frontera y las mujeres en el ámbito de la minería ilegal” que -dijo- se encuentran “vulneradas por grupos delincuenciales y por el Estado que las mantiene desprotegidas”.
La investigación detalla que “la operatividad, cada vez más ampliada de los grupos armados irregulares de origen colombiano en varios estados de Venezuela, y su pugna por el control de territorio con otras organizaciones criminales y bandas delictivas, ha agravado la situación de vulnerabilidad de las mujeres, tanto en las zonas rurales como en territorios indígenas”.
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Minería ilegal
Según Fundaredes, la práctica de la minería ilegal también ha permitido que las mujeres adultas, niñas y adolescentes que residen en zonas mineras del estado Bolívar y el Amazonas sean sometidas a esclavitud sexual y laboral.
Además, la organización explicó que la zona del Arco Minero del Orinoco se ha convertido en foco de actividades delictivas, como la trata de personas y la explotación laboral y sexual de niñas, adolescentes y mujeres adultas, “víctimas de todo tipo de vejaciones”.
Fundaredes responsabilizó al Estado de “la violencia sistematizada” contra la mujer campesina, “al no impedir la explotación sexual y laboral que alcanza escenarios de esclavitud”.
Exigen que se firme el Acuerdo de Escazú para frenar violencia contra líderes indígenas
“Observamos con preocupación el desinterés de nuestro Gobierno de unirse al Acuerdo de Escazú. Nuestro pueblo uwottuja presente en el municipio Autana, estado Amazonas, le pide firmarlo porque Escazú contiene elementos como la protección de la biodiversidad y de los defensores del medio ambiente”, dice un líder indigena del pueblo uwottuja, que pidió la protección de su nombre debido a la grave situación de seguridad que se vive en el sur de Venezuela. Hace poco más de un año, el 30 de junio de 2022, fue asesinado en Autana el líder uwottuja Virgilio Trujillo por oponerse a las pistas ilegales del narcotráfico y a la minería ilegal.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que entró en vigor en 2021 y que promueve el acceso efectivo a la información ambiental, a la justicia en los casos requeridos y la participación en la toma de decisiones que afecten el ambiente. Además, incluye la protección de los defensores ambientales, un problema clave considerando que el 68 % de los asesinatos de defensores ambientales en los últimos 10 años se ha registrado en Latinoamérica. En total, 25 países de la región lo han firmado, algunos tienen pendiente su ratificación —como Brasil y Perú— y otros como Venezuela, Cuba y Honduras simplemente decidieron no adherirse.
Con la esperanza de que el gobierno venezolano se una a Escazú para garantizar información a los ciudadanos sobre temas ambientales claves, así como la protección de los defensores de los ecosistemas, las organizaciones de la sociedad civil venezolana Clima21, Sinergia, La Vida de Nos y la red Odevida emitieron un comunicado público que reúne sus principales demandas. “Invitamos al Estado venezolano a firmar y ratificar de forma inmediata (…) Recomendamos la adopción de medidas de derecho interno necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de los derechos de acceso y divulgación de información ambiental, acceso a la justicia ambiental, y promoción de la participación pública en asuntos ambientales”, dice la solicitud que fue publicada el 5 de junio, el día mundial del medio ambiente.
La situación de violencia contra los líderes ambientales de Venezuela es apremiante. La red de organizaciones de la sociedad civil Odevida —integrada por Clima21, Provea y la colombiana Pares, entre otras— documentó que 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados entre 2013 y 2021. “En total 21 de ellos fueron asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, según Odevida.
Con información de EFE y Mongabay