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#MonitordeVíctimasCaracas | A puñaladas matan a un hombre en Petare y otro es ejecutado en El Valle, presuntamente, por la PNB

Carlos Ojeda ayudaba en labores de mantenimiento y limpieza en la sede del Cicpc en El Llanito. La otra víctima, Yefraín Espinoza, era un colector de transporte público. De enero a septiembre de 2023, 23 personas han sido asesinadas con armas blancas y 44 han sido objeto de ejecuciones

@franzambranor y @carlos_dhoy

Carlos Andrés Ojeda, de 55 años de edad, ayudaba a los funcionarios de la Subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de El Llanito a lavar los vehículos y a hacer cualquier trabajo de mantenimiento y limpieza en las instalaciones.

Este miércoles 25 de octubre de 2023, no apareció en el recinto y los empleados se extrañaron ¿La razón? Fue asesinado de dos puñaladas en el pecho en la Plaza El Cristo de Petare, a las 7:30 de la mañana de ese día.

Su hermana Clara Marín Ojeda declaró en la morgue de Bello Monte que Carlos Ojeda murió desangrado en el lugar.

“Desconocemos qué pudo haber pasado. Él no tenía problemas con nadie. Era una persona tranquila y trabajadora. Lo cierto es que le robaron sus pertenencias y hasta dos perros que andaban con él están desaparecidos”, relató la hermana.

Ojeda tenía dos hijos mayores de edad y vivía solo en una residencia en Petare.

De acuerdo con la base de datos de Monitor de Víctimas, 23 personas han sido asesinadas con arma blanca, en los primeros nueves meses de 2023, en el Área Metropolitana de Caracas. De esa cifra, 16 fueron en el municipio Libertador, 6 en Sucre y 1 en Baruta.

Ajusticiamiento en El Valle

Yefraín Espinoza, de 25 años de edad, fue asesinado a tiros frente a su pareja, el pasado martes 24 de octubre, a las 7 de la mañana, en la calle 2 de los Jardines de El Valle.

Ana Fajardo, madre de Yerfraín Espinoza, señaló que la muerte de su hijo ocurrió el pasado 24 de octubre en la vía hacia el barrio El 70 de la parroquia El Valle, parroquia El Valle del municipio Libertador.

“Él trabajaba como colector en un autobús. Ese día estaba en la casa en compañía de su esposa y su hijo. Yo estaba en otra habitación cuando llegaron los funcionarios policiales de un cuerpo que no es la FAES, pero se visten igualito, (la nueva Dirección contra la Delincuencia Organizada DCDO). Se metieron en la casa y comenzaron a agredirnos, nos sacaron, le pusieron unas esposas a Yerfraín y se fueron”, relató.

“De la casa se llevaron un montón de cosas, hasta el colador de café. Luego, nos amenazaron, que no dijéramos nada, que si lo hacíamos, vendrían por nosotras. Salieron con mi hijo esposado. Al poco rato, escuchamos los disparos. Intentamos ir a ver y nos maltrataron, nos dijeron que no había pasado nada, pero era mentira, le metieron tres tiros en el pecho y, luego, lo dejaron botado en el hospital de Coche. Nos dijeron que estaba en otro lado. Nos hicieron recorrer varios centros policiales, cuando ya estaba muerto”.

 

Otros testigos confirmaron que los autores de la muerte de Espinoza fueron miembros de la División Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Un familiar de la víctima que no quiso identificarse por temor a represalias comentó: “Lo sacaron de su casa y lo mataron en todo el frente. Allí con él estaban su esposa, su hija de un año, su mamá y dos sobrinas”, detalló.

El pariente de Espinoza dijo que la víctima no poseía antecedentes penales ni estaba solicitado por los cuerpos de seguridad del Estado.

Espinoza era colector de un transporte colectivo y tenía dos hermanos.

Según Monitor de Víctimas, 44 personas han sido objeto de ejecuciones en el Área Metropolitana de Caracas, de enero a septiembre de 2023.

Los pelones de Tarek William Saab en la citación a miembros de la Comisión Nacional de Primaria

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Para Zair Mundaray, con las acciones de Tarek William Saab y el Ministerio Público, se está ante la comisión del crimen de “persecución por razones políticas”.

La tarde de este viernes, 27 de octubre, Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta ANC, publicó las circulares de citación para miembros de la Comisión Nacional de Primaria “en calidad de investigados”.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Saab informó la citación de Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi Casanova.

Según Zair Mundaray, abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público, las circulares que publicó Saab presentan varios errores, comenzando por la figura en la cual se le pide acudir a estas personas.

Durante una entrevista concedida a EVTV, Mundaray señaló: “Esa es una abominación desde la perspectiva jurídica. Las boletas son carentes de todo lo que el ordenamiento jurídico establece”.

Al respecto, Mundaray explicó que el artículo 126 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que, si alguien es citado como imputado, la citación “debe decir que eres imputado” y que la figura de “investigado no existe” en el COPP.

 

“Desde el 2008 existe una circular de obligatorio cumplimiento en el Ministerio Público, que debe decir si es imputado, testigo, víctima o experto. Eso es obligatorio para brindar seguridad jurídica”, añadió.

Asimismo, indicó que si una persona es imputada, la circular debe decir que el citado “debe ir acompañado de abogados de su confianza previamente juramentado”.

“Aquí no ha habido investigación. Debe haber una injerencia lógica de responsabilidad. La única forma de que yo te diga que tú eres partícipe de un delito es que haya una investigación previa”, dijo..

Persecución política

Para Zair Mundaray, con las acciones de Tarek William Saab y el Ministerio Público, se está ante la comisión del crimen de “persecución por razones políticas”.

El abogado recordó que para cometer este delito, se han utilizado mecanismos “persecutorios” del Estado, destacando el sistema penal como principal, “para impedir el ejercicio de derecho de un grupo determinado”.

“La persecución va contra personas que participaron en un evento amplificador de un derecho político. Los fiscales que están citando para imputar y procesar penalmente, pasan a la cola de la cadena de mando del crimen de persecución”, señaló Mundaray.

También cuestionó que, durante una rueda de prensa, la cabeza institucional de la persecución penal (Tarek William Saab), precalificara y dijera “que se han cometido estos ilícitos”, al recordar que “los fiscales no se inmiscuyen en eso de manera directa”.

“Si el fiscal dice que tú has cometido delitos o que eres delincuente, ya no puedes tener un juicio justo. El crimen se ha cometido ya solamente con el señalamiento público”, advirtió..

Por querer votar, Antonio José fue asesinado en Zulia 

Antonio José Tovar Villasmil de 34 años de edad se encontraba haciendo cola para votar en las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021 frente a la unidad educativa Eduardo Emiro Ferrer del municipio San Francisco en el estado Zulia.

Hombres armados a bordo de camionetas y motocicletas dispararon hacia la concentración causando la muerte de Tovar Villasmil e hiriendo al farmaceuta Harold Montero de 19 años y a la docente Sonia Urdaneta de 56.

Por el homicidio y ataque al centro electoral fue detenido Nerio Luis Labarca Galván de 39 años apodado “cuchillo”, quien era funcionario de la Policía Municipal de San Francisco (PoliSur) y escolta del ex alcalde de la entidad, Dirwuin Arrieta.

Al menos otras ocho personas fueron vinculadas al asesinato de Antonio José, entre ellos el diputado y director de PoliSur, Jairo Rómulo González Colina; su guardaespaldas, Luis Ramón Cano Villalobos apodado “El Negrito”; los oficiales de policia Javier Leonardo Villasmil Castro, Otoniel Josué Troconis Ruette, Randy Carreño; Ramón Elías Muñoz Parra apodado “El Cojo”, Eduardo González y alguien conocido como alias “Keviche”. 

Después del suceso y con escasas evidencias, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, asomó que el asesinato de Tovar Villasmil no respondia a movil político alguno.

“En Venezuela no existen colectivos armados. Se produjo un hecho delictivo aislado del proceso electoral”, dijo entonces.

El dolor sigue vivo

A dos años del asesinto de su esposo, Elieny Beatriz Becerra, no pierde la esperanza de conseguir justicia.

“El caso de mi esposo está en tribunales en el estado Zulia, lo llevan unos abogados que están con la Corte Penal Internacional junto a mi suegro, hay dos implicados, el dueño del arma y el que presuntamente disparó, ellos siguen privados de libertad, pero sin condena”, dijo Becerra.

Voceros de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón informaron que Becerra se vio en la necesidad de salir del país para salvaguardar su integridad y la de su hijo.

“Mi vida solo se resume en el vacío y el dolor tan intenso que siento cada vez que recuerdo las ruinas que dejó esa desgracia y la falta que le hace a nuestro hijo que lo dejó de apenas cuatro años de edad”, indicó la zuliana.

Becerra sostuvo que a raíz del homicidio de su esposo debió emigrar de forma repentina y sin planificación.

“Tuve que salir indocumentada a Chile porque aquí tengo a mis hermanas y es el único soporte que tengo, todavía sigo tratando de legalizar mi estatus y trabajando en lo que pueda para mantenernos con un techo y comida, ya que no he podido ejercer mi carrera por falta de documentación”.

Tranquila y feliz 

Becerra aseguró que antes de la tragedia su vida transcurría entre el trabajo y la familia.

“Nosotros vivíamos en la urbanización San Francisco, mi esposo era Técnico Superior Universitario (TSU) en metalurgia e ingeniero en materiales industriales, trabajaba en una empresa de fundición de aluminios llamada ALTEC. Era un padre excelente, un esposo admirable y un hijo que quería trabajar duro para sacar a su mamá adelante, ya que son personas de bajos recursos y solo él trabajaba”. 

Becerra se desempeñaba como docente en el liceo Eduardo Mathias Lossada en San Francisco. “Yo soy licenciada en educación, matemática y física, trabajaba con el ministerio de Educación y en un liceo privado llamado Santa Ana de Jesús. Vivíamos tranquilos y teníamos muchas metas, con ánimos de hacer una familia más grande y poder tener nuestras cosas”.

Se quitaron la careta

Para Becerra la violenta y repentina muerte de su esposo hizo ver a los zulianos la cara más hostil del régimen madurista.   

“No sé si homicidios como el de mi esposo sean los que nos lleven a una Venezuela libre, pero por lo menos sirvió para que muchos vecinos pudiesen ver de cerca la tiranía que estamos viviendo y así sumar acciones para poder llegar a tener un país con respeto a los derechos humanos”.

Ante la falta de justicia en Venezuela y la inexistencia de instituciones independientes, Becerra aspira que el caso de su esposo haga ruido en las instancias internacionales.

“Después de casi dos años de su muerte la verdad es que mi suegro continúa intentando hacer justicia con los implicados directos, mientras que yo sigo luchando para llevar el caso ante la CPI y que se haga de verdad justicia para todas las víctimas de este gobierno comunista y déspota. Sin embargo en mi posición como hija de Dios solo espero que todos los involucrados sientan este inmenso dolor que sentimos los familiares de un ser tan maravilloso como lo fue Antonio José”.

Por los momentos, Elieny no se plantea regresar a Venezuela, aunque a diario sueña con eso. “Me gustaría tener la oportunidad de visitar la tumba de mi madre y mi esposo que están en la misma fosa. Mi mamá murió en junio por COVID y mi esposo en noviembre del mismo año. Quisiera volver con todo mi corazón, pero a una Venezuela donde se pueda vivir bien”. 

LEA  DDHH Olvidados | Fernando Albán: Cinco años de una muerte sin respuestas 

Claves | En Venezuela los desastres socioambientales hacen más daño por la escasa información

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«El hueco informativo en cuanto al registro de los desastres y su impacto no solo dificulta la toma de decisiones informadas a nivel gubernamental, sino que también limita la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades para obtener datos precisos y utilizarlos en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo resilientes ante los desastres», afirma Ingrid Rodríguez, arquitecta y experta en experta en gestión de riesgos de la ULA
América Latina y el Caribe es la segunda región en el mundo en ser más propensa a los desastres, según la UNDRR. Bajo ese contexto, el Estado venezolano no mantiene sus compromisos de transparencia con los organismos internacionales sobre la gestión de riesgos

Foto: Miguel Gutiérrez (EFE) (Instagram: @miguelgutierrezphoto)

«El 90 % de las muertes relacionadas con el clima ocurren en los países más pobres. Incluso, en los países más ricos la mayoría de las víctimas de desastres socioambientales son los más pobres y quienes se ya enfrentan desigualdades económicas y sociales», informó Mami Mizutori, directora de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés), este 13 de octubre, día internacional para la reducción de riesgos y al inicio de la semana contra el cambio climático. 

Para la comunidad internacional, Venezuela es uno de los países más vulnerables para enfrentarse a desastres socioambientales, como inundaciones y sequías, y a desastres tecnológicos, como conflictos armados y derrames de petróleo. 

El país tiene el peor Índice de Desarrollo Humano de Sudamérica para el año 2021 – 2022, según la ONU. Venezuela, de por sí, sufre una emergencia humanitaria compleja desde el año 2016, «y agregar el contexto de un desastre, que ya la comunidad internacional lo considera una emergencia humanitaria, se multiplica la vulnerabilidad», explica Ingrid Rodríguez, arquitecto y experta en gestión de riesgos de la Universidad de Los Andes (ULA).

Para la UNDRR, la gestión de riesgos de desastres es un tema de derechos humanos: fomenta el derecho a la vida, a la vivienda, a la salud y a un ambiente equilibrado.

Venezuela es uno de los países firmantes del Marco de Sendai, un compromiso internacional, desglosado en siete objetivos (de la «A» hasta la «G»), para reducir al máximo las pérdidas humanas y materiales en desastres para el 2030.

A siete años para cumplir con la agenda de la UNDRR (a mitad de camino del compromiso internacional), Runrun.es presenta tres claves para evaluar el país en materia de los derechos humanos ambientales.

No ofrece ni publica planes de mitigación

«Un tercio de la población de América Latina y el Caribe vive en condiciones de pobreza. Esto crea condiciones para que las personas vivan en áreas expuestas, con infraestructura y viviendas precarias», dijo Mizutori. 

América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a los desastres, después de Asia. La UNDRR advierte que el cambio climático hará de los desastres un fenómeno más complejo de lo que ya es, donde intervienen las políticas públicas y la organización ciudadana. 

De cuatro desastres que pasan en el mundo, uno de ellos pasa en América, dice la ONU. Rodríguez advierte que con la pandemia del Covid-19 y otros desastres tecnológicos como las guerras entre Ucrania y Rusia y el conflicto entre Israel y Palestina, las respuestas humanitarias se vuelven cada vez «más complejas» para Venezuela. 

«El gobierno venezolano ha mostrado resistencia a aceptar ayuda humanitaria y ha limitado el acceso de organizaciones internacionales, lo que dificulta la respuesta y la efectividad de la asistencia. La polarización política y la falta de confianza entre el gobierno y la oposición también pueden afectar la respuesta humanitaria internacional, ya que esto implica que hay desacuerdos sobre la magnitud del problema y la necesidad de ayuda externa», explica la experta de la ULA. 

Rodríguez no desestima la ayuda humanitaria en desastres puntuales como el deslave de Las Tejerías y El Castaño, ambas en el estado Aragua en octubre del 2022. Sin embargo, el país no publica ningún plan para mitigar los riesgos frente al cambio climático o a otros desastres, como las sequías. 

Frente a este panorama, Venezuela tiende a reprobar los objetivos «E» y «F» del Marco de Sendai: incrementar el número de países con planes nacionales y locales para reducir el riesgo y aumentar la cooperación internacional en los países en desarrollo, respectivamente. 

Sin datos, sin mapas, sin alarmas

Venezuela y Bolivia son los únicos países de la región que no actualizan sus datos sobre pérdidas humanas y materiales a la ONU desde el año 2015. 

En el caso venezolano, los datos históricos sobre desastres socioambientales y tecnológicos no están disponibles en internet desde el 2019, cuando la base de datos oficial de Funvisis perdió su dominio web. En el caso de los desastres tecnológicos, como los derrames de petróleo, la ONG Clima 21 denuncia que Petróleos de Venezuela no publica cifras desde el 2016. 

«El hueco informativo en cuanto al registro de los desastres y su impacto no solo dificulta la toma de decisiones informadas a nivel gubernamental, sino que también limita la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades para obtener datos precisos y utilizarlos en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo resilientes ante los desastres», afirma Rodríguez. 

En una investigación de Runrun.es en 2022 se filtró un mapa que precisaba la exposición a desastres. En el documento creado por el Viceministro de Gestión de Riesgos de precisó que 80% de la población venezolana está expuesta a inundaciones y deslaves, así como el 30% del territorio Venezolano (la región costera e insular del país) es propenso a sufrir los impactos de las sequías de forma más severa. 

«Los apagones y los cortes de agua son un ejemplo tanto de la vulnerabilidad alta que ya sufre el país como de las consecuencias ante los desastres hidrometeorológicos, como el déficit de precipitaciones durante el periodo de El Niño en 2015-2016», advierte la arquitecta de la ULA. «Hasta ahora no se ha visto una gestión pública para prepararse ante este nuevo fenómeno de El Niño», que podría ser más severo que el año 2015-2016, según expertos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU. 

Rodríguez advierte que el estado Mérida y el municipio Chacao de la Gran Caracas son unas de las pocas zonas con mapas actualizados hasta el 2018. «Y hay esfuerzos de la comunidad científica en aplicar mapas de exposición a riesgos naturales frente al contexto socioeconómico de las poblaciones de Aragua y Carabobo, pero falta voluntad política para implementarlos». 

Con la opacidad en las instituciones públicas venezolanas, el Estado tendería a fallar en el objetivo «G» del Marco de Sendai  —incrementar el acceso público a los sistemas de alerta temprana y a los datos de impacto y gestión de riesgos— y dejaría en incertidumbre el cumplimiento de los objetivos «A», «B» y «C»: reducir la mortalidad, la tasa de personas afectadas y las pérdidas materiales en contextos de desastres. 

Sin refuerzos educativos ni separación de ministerios

«A pesar que desde el 2011 el Ministerio de Poder Popular para la Educación instruyó al sistema de formación básica y secundaria las orientaciones educativas para la gestión de riesgos, esto realmente no se aplica, y la debilidad está en una clara y seria política en la aplicación de estas orientaciones», enfatiza Rodríguez. 

De acuerdo con Luisa Pernalete, coordinadora de Educación para la Paz de Fe y Alegría, el Estado tampoco ofrece datos sobre el sector educativo desde el 2016. No se sabe cuántos profesores hay ni una cuantificación de la calidad educativa de los estudiantes. 

Tanto Pernalete como Rodríguez coinciden que los materiales didácticos sobre terremotos e incendios que ofrecía la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) no se encuentran por más de diez años en las aulas venezolanas. 

«También afecta la vulnerabilidad institucional: la falta de coordinación entre las diferentes instancias encargadas de la gestión de riesgos, como los Cuerpos de Bomberos, la Protección civil, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) entre otros, también ha impactado negativamente en la capacidad de respuesta ante emergencias por la falta de recursos de transporte y preparación técnica». 

La Organización Meteorológica Mundial recomendó al Estado venezolano que debe separar el INAMEH de los sistemas de alerta temprana de desastres y crear instituciones independientes para alcanzar el objetivo «D» del Marco de Sendai: reducir los daños críticos por desastres en infraestructuras sanitarias y educativas y la disrupción de servicios básicos a través de sistemas de resiliencia, como la educación y las alertas tempranas. Pero, hasta ahora, ambas funciones siguen bajo el mismo Ministerio de Relaciones, Justicia y Paz. 

«La desigualdad dificulta el acceso a la información, los servicios y las alarmas. Y después de un desastre, a las comunidades vulnerables les toma más tiempo recuperarse y, a menudo, las personas caen aún más en la pobreza», concluye la directora del UNDRR. Tal como pasa en Las Tejerías, que a un año del deslave, aún los habitantes que perdieron sus hogares por el desastre buscan una vivienda propia, sin que el Estado los ampare oportunamente. 

Fiscalía cita en “calidad de investigados” a miembros de la Comisión Nacional de Primaria

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Esta citación responde a la investigación que anunció Saab esta semana contra la Comisión Nacional de Primaria por supuesto “fraude electoral” en la elección opositora

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta ANC, informó que los miembros de la Comisión Nacional de Primaria fueron citados para acudir a la Fiscalía el próximo lunes, 30 de octubre.

Mediante un mensaje que publicó en Twitter, Saab detalló que fueron citados Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi Casanova “en calidad de investigados”.

Saab recordó la designación de a los fiscales 73º con competencia nacional contra la Delincuencia Organizada y 8º nacional con competencia en Delitos Asociados al Saime.

Esta citación responde a la investigación que anunció Saab esta semana contra la Comisión Nacional de Primaria por supuesto “fraude electoral” en la elección opositora que se realizó el pasado 22 de octubre.

En dicha elección, María Corina Machado, por el partido Vente Venezuela, resultó ganadora con más del 92 %, según los boletines de la Comisión. Con este triunfo, Machado se convirtió en la candidata de la Unidad para las elecciones presidenciales del 2024.

Después de llevarse a cabo la primaria, integrantes de la cúpula oficialista comenzaron a tildar el proceso de “fraude”. Entre ellos destacan Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Cilia Flores, siendo esta quien pidió judicializar a los organizadores.

Ante esas acciones, asociaciones civiles venezolanas llevaron a cabo una protesta digital el 25 de octubre, para rechazar esta investigación en contra de la Comisión.

Bajo la etiqueta #YoApoyoALaComisionDePrimaria, la ONG Provea incentivó la participación en pro de la defensa de las elección primaria, que se realizó para escoger un candidato unitario de la oposición de cara a las presidenciales.

La ONG pidió a la ciudadanía no permitir «que más personas sean detenidas en Venezuela por defender derechos civiles, políticos y sociales», e instó a los venezolanos a sumarse a una campaña en redes sociales en respaldo al trabajo de la CNDP.

Jubilados de la CVG: «Ya fueron liberados de las sanciones, exigimos que ahora nos restituyan los contratos colectivos»

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Fedajupebol denunció que tras dos meses de firmada un acta convenio entre la junta interventora y los pensionados, no ha habido ningún tipo de acercamiento ni respuesta a sus exigencias.

Por Francesca Díaz (Radio Fe y Alegría y El Correo del Caroní)

El presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol), Hugo Medina, exigió el 26 de octubre frente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) la restitución de las contrataciones colectivas para los trabajadores, puesto que «ya no hay bloqueo económico».

Desde hace dos meses, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) incumple con la instalación de una mesa de trabajo prometida a jubilados y pensionados del holding el pasado 23 de agosto. La instancia fue un compromiso adquirido por la junta interventora para que los adultos mayores levantaran una huelga de hambre de 8 días que iniciaron a las afueras de la empresa. 

«Producto de las conversaciones que se realizaron en Barbados, donde le liberaron al Presidente de la República las sanciones para que pueda comercializar oro, petróleo… Presidente, ya usted tiene las manos libres, desde Guayana le exigimos que nos restituya nuestros contratos colectivos que usted, como presidente obrero, nos expropió con su memorándum 2792», denunció Medina.

Tras la firma de una serie de acuerdos entre la Plataforma Unitaria Democrática y la administración de Nicolás Maduro, acontecido en Barbados, se levantaron algunas sanciones económicas que pesaban sobre Venezuela desde el año 2017 por un plazo de 6 meses con la finalidad de que el Estado venezolano ofrezca garantías electorales para las elecciones presidenciales del 2024.

En este sentido, el trabajador recordó que las autoridades de la CVG han responsabilizado al «bloqueo económico» de la precariedad en la que se mantiene a los empleados públicos, por tanto, ante el levantamiento de sanciones, exigen la restitución de todos sus beneficios.

En 2018 el Ministerio del Trabajo impulsó, como medida económica para contrarrestar las sanciones, el memorándum 2792, en el cual exoneró a las empresas básicas de honrar sus compromisos con los trabajadores con el fin de “proteger la fuente de trabajo”.

«Dado esto, y dada la justificación que siempre ha manifestado el Gobierno nacional, diciendo que por las sanciones es que los adultos mayores estamos en esta situación: al liberarse de estas sanciones, nosotros le exigimos a Nicolás Maduro que restituya nuestras contrataciones colectivas de trabajo. A que de inmediato los trabajadores tengan un salario digno y los pensionados tengamos una pensión digna que nos permita vivir con calidad de vida», expresó Medina.

600 jubilados fallecidos por falta de atención médica

Los afectados exigen la revisión inmediata de las condiciones del hospital de los trabajadores Dr. José Gregorio Hernández. Según sus cifras, aseguran que han muerto al menos 600 jubilados durante el año 2023.

«El fin de semana murieron tres compañeros por falta de atención médica. Exigimos que activen una clínica. Estamos falleciendo a mengua porque no hay un hospital que garantice la salud en el estado. Somos enfermos ocupacionales y lo que percibimos no nos permite cubrir nuestras necesidades básicas. Desde Guayana, le hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro. Ya no hay sanciones económicas, reivindíquese con la clase trabajadora», puntualizó Medina.

«En ese año, han muerto más de 600 jubilados y pensionados. Nadie les para. Entiérralo y más nada. Ese mamotreto que está allí y que funciona como hospital de trabajadores no sirve. No se puede llamar hospital a un centro que no tiene ambulancia, rayos X, quirófano. La emergencia te queda en el segundo piso y tú entras al ascensor y allí no entra una camilla. No está acondicionado. ¿De qué estamos hablando? A los especialistas no les pagan. Tiene más de 8 meses sin cobrar», concluyó el trabajador.

3×3 | El Plan B de María Corina Machado es ella misma 

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Con 92,35% de aprobación o lo que es igual a 2.253.825 votos, la abanderada del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, arrasó en la elección primaria opositora efectuada el pasado domingo 22 de octubre.

Machado obtuvo 2.141.302 votos más que el segundo en los comicios, Carlos Prosperi de Acción Democrática, cuyo porcentaje fue de apenas 4,61%.

Esta incuestionable victoria no sorprendió a la opinión pública y dejó claro que a los venezolanos no les intimidó la inhabilitación administrativa que fabricó el Gobierno de Maduro a través de la Contraloría General de la República apenas en junio de este año para impedir que MCM se postule a las elecciones presidenciales de 2024.

La pregunta que todo el país se hace es ¿Y ahora qué? ¿Cómo el triunfo de MCM podría traducirse en una candidatura presidencial si no dejan inscribir su postulación en el Consejo Nacional Electoral (CNE)?

Horas después de la primaria, líderes del oficialismo como Diosdado Cabello (primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela), Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional chavista), la llamada primera combatiente Cilia Flores y el propio Nicolás Maduro tildaron el  proceso como un fraude. 

Flores solicitó judicializar a los organizadores de la primaria, y como si estuviese siguiendo instrucciones, el fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, abrió una investigación penal contra Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidente respectivamente del proceso electoral. Tanto a Casal como a Camero se les señala de los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

En Runrunes conversamos con María Verónica Torres Gianvittorio, abogada constitucionalista, consultora política y profesora universitaria; Daniel Varnagy, doctor en ciencias políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar (USB) y María Alejandra Semprún, politóloga, antropóloga y docente universitaria para dilucidar lo que podría acontecer luego de la primaria.

¿Después de los resultados de la primaria qué estrategia debería aplicar MCM y la oposición, qué viene ahora? 

-María Verónica Torres Gianvittorio: Después de la primaria vienen dos hitos importantes, el primero es que por mandato ciudadano MCM debe ser incluida inmediatamente en las negociaciones con el Gobierno y los Estados Unidos. Los acuerdos deberían ser revisados bajo esta nueva circunstancia porque la representatividad política del país recae sobre MCM y no sobre los factores que fueron a Barbados. El segundo es que comienza una época de largo aliento para 2024, será una campaña con boicot al mandato ciudadano otorgado a MCM. Tanto el Gobierno como la oposición que fue a Barbados van a trabajar el tema de deslegitimar a MCM ante la opinión pública, pero es muy difícil que esto ocurra con un 90% de respaldo. Puede que la violencia física no la veamos, pero sí puede haber violencia hacia el entorno de MCM, es decir, hostigamiento contra miembros de su equipo.

-Daniel Varnagy: MCM tiene que desarrollar, ampliar, difundir y hacer deglutir su plan de Gobierno denominado “Venezuela, tierra de Gracia”. Ahí están los elementos fundamentales de su pensamiento político, económico y social. Debe explicar de manera clara, diáfana y que llegue a todos los estratos sociales y económicos la forma en la cual los pensamientos y propuestas económicas liberales son superiores y sustituyen a las políticas económicas centralizadoras y restrictivas de los sistemas de izquierda. En este punto también debe luchar en contra del arquetipo establecido en estos últimos años de que el Estado es el dueño de los grandes aparatos de producción y que la privatización es un pecado. Debe establecer una clara hoja de ruta en la cual indique cómo piensa restablecer la armonía en la relación cívico-militar, manteniendo el monopolio de la seguridad en ese estamento, pero restableciendo un estado de derecho civil y civilista, donde haya una taxativa separación de poderes y se restablezca (aunque suene cacofónico) la confianza no solamente en la justicia, sino en la separación de poderes y en la independencia de los mismos.  

-María Alejandra Semprún: La estrategia es establecer un solo frente, sin dispersiones. Aunque algunos piensen que la candidata no sea la adecuada, se debe tener una meta común, cuando se logre el cambio del actual grupo de Gobierno ya llegará el momento, mediante mecanismos constitucionales, de elegir otro presidente. La tarea de la candidata y la oposición es una solo meta común, entonces hay que conciliar y unir esfuerzos.

Pareciera que el chavismo no va a retroceder en su afán de mantener inhabilitada a MCM ¿Estaría MCM dispuesta a aplicar un Plan B, buscar un reemplazo, presionar dentro y fuera de Venezuela o todas las anteriores?

-María Verónica Torres Gianvittorio: Es la primera vez que funciona de manera tan eficaz la presión ciudadana con unas primarias autogestionadas sin partidos políticos, en el núcleo más íntimo de la sociedad sigue la intención de recuperar la democracia, pudiéramos llamarla una vena republicana, la pequeña legitimación de los acuerdos de Barbados se debe a la presión de las primarias. No estoy a favor de los acuerdos, pero sí reconozco que la presión de las primarias aceleró los acuerdos, la victoria no es de los acuerdos, estos son una entrega desproporcionada de prebendas a cambio de un compromiso que genera incertidumbre. En ese sentido es apropiado aclarar que sin primarias no hubiese acuerdos. Es importante recalcar que el Plan B de MCM es ser presidenta ¿Cómo lo va a lograr? Con presión ciudadana. Yo creo que enfocarnos en la inhabilitación es hacerle el juego al Gobierno, ante el 90% de apoyo popular la inhabilitación queda en un segundo plano, hay que ocuparse de habilitarla y no buscar otro candidato, la habilitación tiene que ser la vía.

-Daniel Varnagy: En mi pensamiento hay una gran influencia de la extraordinaria filósofa y política del siglo XX, Hannah Arendt. Ella nos indicaba que lo inesperado es una parte consustancial del hecho político. Los análisis previos a la primaria no se pueden aplicar luego de haber conocido el resultado de las mismas. Antes las inhabilitaciones como tema solo abordaban algunas esferas de interés, después de la primaria, el tema de la inhabilitación política de una candidata presidencial es un interés de orden global, no me cabe la menor duda de que este formará parte no solamente de las negociaciones conocidas, sino del lobby político que se lleve a cabo en ámbitos mucho menos visibles. Me resulta impensable que MCM esté dispuesta a traicionar a la sociedad civil venezolana y a sus votantes buscando reemplazos.

-María Alejandra Semprún: Hay varios escenarios posibles. El Gobierno parece firme en no rehabilitar. Se abren entonces varias opciones, en primer lugar la unidad puede presionar de alguna forma al Gobierno para habilitar, pueden darse protestas violentas otra vez, pero personalmente no lo creo. Puede que las negociaciones que hagan tras bastidores logren que el Gobierno ceda por presiones de tipo económico. Si esto llegara a ocurrir el Ejecutivo encontraría de alguna manera la forma de ceder sin lucir derrotado, perder con aires de triunfo. También puede ser que MCM contagie y traspase simbólicamente su carisma a otro candidato, que prometa tenerla a ella en su equipo de Gobierno, incluso en la vicepresidencia.

¿Hasta dónde puede llegar el Gobierno para torpedear la primaria y el resultado de esta, ocultando además su impopularidad. A sabiendas inclusive de que están pateando unos acuerdos recién firmados que le traerán en teoría cierto oxígeno económico?

-María Verónica Torres Gianvittorio: Las posibilidades del Gobierno para torpedear el resultado de las primarias son infinitas porque ellos tienen el control de todo en el país, adivinarlas es prácticamente imposible. Los intereses de ambos (Gobierno y Plataforma Unitaria) eran precisamente que MCM no se contara, en las condiciones del acuerdo no hablan del tema de la inhabilitación, dicen que hay condiciones electorales, pero en realidad no las hay, esos acuerdos fueron firmados antes de la primaria porque ya conocían los resultados.  

-Daniel Varnagy: Visto lo que ha acontecido en estos últimos 24 años y recordando los golpes de Estado de los cuales fue víctima la democracia venezolana en la última parte del siglo XX y que finalmente sus protagonistas obtuvieron el poder hasta esta fecha, estoy perfectamente claro de que el camino está muy lejos de ser ideal de cara a los principios que deberían regirse en todos aquellos países en los cuales el Gobierno está al servicio de la sociedad y no al revés. Pienso que vendrán distintas escaramuzas y con distintos niveles de intensidad, en diversos ámbitos, desde los más personales hasta los institucionales para evitar que dicha candidatura llegue al término de una presidencia de la República. Pero del mismo modo y con la misma intensidad, estoy perfectamente claro de la férrea voluntad del nuevo liderazgo de la sociedad civil venezolana y de su abanderada en obtener dicho cargo y cambiar los destinos y el rumbo del país.  

-María Alejandra Semprún: El Gobierno puede atreverse a todo. Pero tiene frente a sí a dos factores que lo frenan, la opinión pública internacional, alimentada además por los informes de organismos internacionales sobre derechos humanos, y por otra parte las limitaciones económicas que han significado las sanciones de Estados Unidos y Europa. Venezuela con sus alianzas con Rusia, India, China, Irán y el resto de la comunidad árabe había logrado sobreponerse a estas sanciones, pero ahora con la guerra de Ucrania y el conflicto Israel-Hamas no está fácil.  

 

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ONU insta a respetar acuerdo de Barbados y garantizar derechos electorales de los venezolanos

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El fiscal general impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público iniciaría una investigación contra la Comisión Nacional de Primaria por supuesto “fraude electoral”

Foto: EFE/Rayner Peña R.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó este jueves, 26 de octubre, a que la administración de Nicolás Maduro respete el acuerdo firmado en Barbados y garantice los derechos políticos y electorales a los venezolanos.

Durante una rueda de prensa, un vocero indicó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela”, por lo que llama a las autoridades “a garantizar la plena adhesión y respeto a los derechos políticos y electorales de sus ciudadanos”

 

También, señaló el vocero, Guterres reitera su llamado a “implementar de buena fe el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado en Barbados el 17 de octubre de 2023″.

Esta declaración se produce luego de realizarse la primaria opositora, donde resultó ganadora María Corina Machado por Vente Venezuela y la administración de Maduro intentara desacreditar el proceso tildándolo de “fraude”.

Después de efectuarse la elección primaria, dirigentes oficialistas como Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Cilia Flores arremetieron contra el proceso. Incluso, Flores pidió judicializar a los organizadores.

Tras todas esas declaraciones, el fiscal general impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público iniciaría una investigación contra la Comisión Nacional de Primaria por supuesto “fraude electoral”.

Saab informó que citarán «como investigados» a Jesús María Casal, presidente de la Comisión y a Mildred Camero, vicepresidenta, para que “respondan a las irregularidades”, en la primaria.

También, el representante del Ministerio Público señaló que los delitos precalificados son «usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir».

La administración madurista persigue con la garra de sus cuestionadas instituciones a los organizadores del evento opositor, el cual no contó con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE).