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SIP denuncia que se mantiene la censura al periodismo libre en Venezuela

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La SIP determinó que los gobiernos de la región están fallando en promover los valores de una prensa libre, tras finalizar su 79 Asamblea General
Sobre el caso específico de Venezuela la SIP denunció que, como ha venido pasando en los últimos años, “el periodismo libre fue censurado” y recalcó el “constante y sistemático régimen de censura” que genera autocensura entre los medios que mantienen su propiedad tradicional
Denuncian que la televisión y la radio en Venezuela “siguen sujetas al criterio discrecional del órgano regulador Conatel, que continúa anulando concesiones radioeléctricas en forma indiscriminada; al menos dos emisoras salen del aire cada mes”

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), finalizó este 12 de noviembre su 79ª Asamblea General con la presentación de sus conclusiones tras cuatro días de presentaciones y conferencias, en la que destacaron que varios gobiernos del hemisferio están fallando en la promoción de los  “valores republicanos de una prensa libre”. 

“A nivel general, el recrudecimiento de las dictaduras, el fortalecimiento de los autoritarismos, el crimen organizado y la debilidad económica fueron los factores que más afectaron las libertades de expresión y de prensa en la región”, denunciaron. 

La SIP destacó que el Índice Chapultepec de Libertad de Prensa y Expresión en las Américas cayó a su puntaje global más bajo registrado a la fecha. República Dominicana lideró el ranking, “mientras que la tabla la cerraron, otra vez, Cuba, Venezuela y Nicaragua”. 

Como países más golpeados de la región en materia de libertad de prensa volvieron a figurar “las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela”, países en donde “continuaron los arrestos, secuestros y exilios”, así como restricciones en el espacio digital y  “persistieron las amenazas contra anunciantes privados en la prensa independiente, las clausuras de medios y la anulación de concesiones televisivas y radiales”.

Específicamente sobre el caso Venezuela, la SIP señaló que, como ha venido pasando en los últimos años, “el periodismo libre fue censurado” y recalcó el “constante y sistemático régimen de censura” que genera autocensura entre los medios que mantienen su propiedad tradicional.

Además, denuncian que la televisión y la radio “siguen sujetas al criterio discrecional del órgano regulador Conatel, que continúa anulando concesiones radioeléctricas en forma indiscriminada; al menos dos emisoras salen del aire cada mes”. En este preciso punto especifican que Conatel también siguió censurando y cerrando espacios de los medios impresos independientes que se vieron obligados a migrar a plataformas web.

Agregaron que los periodistas venezolanos se ven “asediados” por el régimen y que “son acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncian irregularidades y corrupción”.

“Este ambiente se da en un contexto de una nueva negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Hasta ahora, las negociaciones fueron la estrategia del gobierno para ganar tiempo. Esta vez hay un aparente mayor equilibrio, debido a que el régimen está presionado por mantener el pago de salarios y programas de ayuda. Esta presión produjo algunos hechos positivos, como, por ejemplo, la liberación del periodista Roland Carreño y el permiso para que se celebren elecciones primarias de la oposición. Los optimistas tienen la esperanza de que el régimen deje de utilizar la censura contra el periodismo independiente a través de Conatel”, consideró la SIP.

 

Violaciones constantes a la libertad de expresión 

La SIP se refirió a un informe del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, el cual reveló que entre mayo y agosto de 2023 se registraron 117 violaciones a la libertad de expresión que afectaron a 68 trabajadores de prensa. Entre esos hechos, se registraron 39 agresiones y ataques, 25 restricciones en internet, 22 episodios con discurso estigmatizante, 12 restricciones de acceso a la información y 10 hechos de censura directa. Destacaron también las restricciones en internet, que incluyen “suplantaciones de identidad, bloqueos selectivos y ataques de denegación de servicio”.

El informe de la SIP también comenta la liberación del periodista Roland Carreño el pasado 18 de octubre,  luego de un acuerdo entre la oposición y el gobierno que favoreció también a otras cuatro personas consideradas presos políticos.

“Carreño, excoordinador del partido Voluntad Popular liderado por Leopoldo López, fue encarcelado el 26 de octubre de 2020, acusado por terrorismo. Desde su detención, Carreño fue víctima de desaparición forzada y en seis ocasiones fueron solicitadas medidas humanitarias por problemas de salud. Su defensa venía denunciando manipulación de pruebas y retardo procesal. En noviembre de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, declaró arbitraria la detención de Carreño y alertó que el encarcelamiento es una práctica sistemática en el país”, especificaron.

La SIP también refiere que el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país entre mayo de 2022 y abril de 2023.

“Los responsables de estas radios informaron de dificultades para obtener los permisos y para realizar trámites administrativos, debido a la falta de oficinas regionales. La organización también documentó el bloqueo de 44 sitios web, incluidos medios de comunicación nacionales, internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Los bloqueos fueron realizados por proveedores de internet estatales y privados, sin orden formal ni notificaciones”, precisaron.

 

Denuncian dos transfemicidios en menos de 72 horas en el país

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El primer caso tuvo lugar en la parroquia El Valle, de Caracas. Una mujer trans en El Valle de Caracas fue asesinada a puñaladas dentro de su vivienda. Posteriormente, en Maracay, una mujer trans fue asesinada en plena vía pública tras sufrir una golpiza

Organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ denunciaron que en solo  72 horas se produjeron dos transfemicidios en el país.

El primer caso tuvo lugar en la parroquia El Valle, de Caracas. Una mujer trans en El Valle de Caracas fue asesinada a puñaladas dentro de su vivienda.  «La Gocha», como era conocida la mujer por sus familiares y amigos, se dedicaba al estilismo.

Al no presentarse a su lugar de trabajo, sus compañeros de trabajo fueron hasta su vivienda donde encontraron el cadáver en el piso.

Dos días después, se reportó el asesinato de otra mujer tras tras sufrir una golpiza en Maracay. “El cadáver de Rodríguez fue encontrado en plena vía pública con un impacto de bala en su rostro y otro en la cabeza”, precisa el Observatorio de Violencias LGBTIQ+, al tiempo que instaron a sancionar y prevenir los delitos basados en prejuicios. 

En ambos casos, instaron al Ministerio Público a que se produzcan investigaciones pertinentes “con perspectiva de género y LGBTIQ+”.

Por su parte, y al comentar la muerte violenta de la mujer trans en El Valle, la ONG Caleidoscopio Humano  expresó que este nuevo “crimen de odio” deja al descubierto “los riesgos de las personas trans en Venezuela, y la desprotección que, desde el mismo Estado, se promueve al no existir políticas de protección y atención para las personas LGBTIQ+”. 

https://twitter.com/ovlgbtiq/status/1723029066846965913

https://twitter.com/ovlgbtiq/status/1723658777268768923

Violencia contra la comunidad LGBTIQ+ es una constante

En mayor de 2023, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) presentó un reporte en el que expusieron los casos de violencia y discriminación registrados en Venezuela en 2022 y en el primer cuatrimestre de 2023. En 2022 documentaron 97 casos de violencia y registraron 60 casos hasta la publicación de ese reporte. 

El equipo del OVV LGBTIQ+ pudo registrar casos de violencia en al menos 13 entidades del país. Distrito Capital fue la entidad que mayor cantidad, con 14 casos; le sigue Carabobo, con 7 casos; Miranda con 7 casos y Zulia con 4 casos.

“La caracterización de la violencia en lo que va de 2023 está principalmente relacionada a prejuicios generados por motivos de orientación sexual, identidad de género, discursos de odio y casos de acoso, intimidación e irrespeto”, precisaron.

En ese reporte, la organización registró el asesinato a una mujer trans wayú y el caso de otra mujer trans wayú que resultó violentada y con lesiones físicas graves, ambos en Zulia.

También, el OVV LGBTIQ+ reportó el suicidio de una mujer cisgénero y una mujer intersex, hechos que denunciaron, podrían estar vinculados “a los prejuicios relacionados a su orientación, identidad o corporalidad”.

Los tres escenarios que se pueden esperar en la CPI tras audiencias de apelación

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 Una vez culminadas las audiencias de apelación sobre la situación Venezuela,  los jueces de la CPI deliberarán y emitirán su decisión a través de una audiencia pública, sobre la cual todavía no hay una fecha pautada
En la CPI pueden ocurrir tres escenarios: los jueces pueden confirmar la decisión previa de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía en Venezuela, pueden revertir esa decisión o modificarla, o pueden enviarla a la Sala de Cuestiones Preliminares para una nueva determinación
Cepaz alerta que la crisis en derechos humanos en Venezuela no se encuentra superada, por el contrario, “se ha agudizado y transformado con mecanismos de persecución selectivos y blandos con los que el Estado pretende darle apariencia de normalidad a estos actos

 

Los días 7 y 8 de noviembre se llevaron a cabo dos audiencias en las que participaron los representantes del gobierno de Venezuela y la Oficina Pública de la Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI). El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) informó que una vez culminadas dichas audiencias de apelación sobre la situación Venezuela,  los jueces deliberarán y emitirán su decisión a través de una audiencia pública, sobre la cual todavía no hay una fecha pautada.

“En esta decisión pueden ocurrir tres escenarios: los jueces pueden confirmar la decisión previa de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía en Venezuela, pueden revertir esa decisión o modificarla, o pueden enviarla a la Sala de Cuestiones Preliminares para una nueva determinación”, comentaron en un texto informativo compartido a la prensa.

Desde el año 2018 Venezuela ha estado bajo la consideración de la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que varios Estados Parte presentaran una denuncia formal ante este tribunal internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad y porque la justicia venezolana “no ha llevado a cabo procedimientos e investigaciones que conduzcan a la rendición de cuentas de los perpetradores y a la reparación de las víctimas y/o de sus familiares”.

Indica Cepaz que en los últimos años el Estado venezolano “se ha caracterizado por llevar a cabo maniobras para poner fin a este proceso”, mostrando una “aparente cooperación” con la Fiscalía de la Corte y exponiendo un sistema de justicia nacional “que dista mucho de la realidad, pues el aparato judicial venezolano a la fecha no ha garantizado investigaciones independientes, imparciales y expeditas contra los presuntos autores de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, en este sentido tampoco se han reparado a las víctimas o a los familiares”.

Aún así, y pese a la última solicitud de Venezuela de diferir las investigaciones de la Fiscalía debido a que el Estado estaría llevando a cabo esas investigaciones, en junio del 2023 la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional decidió autorizar a la Fiscalía a reanudar su investigación sobre Venezuela, pues no evidenciaron investigaciones profundas por parte del Estado tal y como lo exige la Corte. Esta decisión fue apelada por Venezuela.

En las audiencias celebradas los días 7 y 8 de noviembre las  partes presentaron sus alegatos sobre, entre otros, los siguientes aspectos legales:  el nivel de detalle que debe incluirse en la notificación del fiscal de la Corte al Estado sobre los actos criminales que tienen la intención de investigar, la posibilidad de que la Sala de Cuestiones Preliminares se base en documentos proporcionados por el Estado, en apoyo a sus delegaciones que están en español, sin traducciones a ninguno de los idiomas de trabajo de la Corte y el grado de coincidencia entre los procedimientos nacionales y la investigación prevista por el Fiscal de la CPI, incluida la cuestión de las diferencias entre las definiciones legales nacionales e internacionales y los elementos contextuales de ciertos delitos.

“Venezuela no investiga ni investigará los crímenes”

“La posición de las víctimas es muy clara. Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos”, fueron las contundentes palabras de Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI, en la audiencia celebrada el pasado 7 de noviembre.

Cepaz alerta que la crisis en derechos humanos en Venezuela no se encuentra superada, por el contrario, “se ha agudizado y transformado con mecanismos de persecución selectivos y blandos con los que el Estado pretende darle apariencia de normalidad a estos actos, que ya han sido reconocidos como crímenes de lesa humanidad, no solo por la Corte Penal Internacional, sino también por otros mecanismos de investigación como la Misión de Determinación de los Hechos y otros órganos independientes de las Naciones Unidas”.

Bajo la permanencia de este sistema de represión perfeccionado “tampoco se llevan a cabo investigaciones independientes que permitan la rendición de cuentas de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, ni que las víctimas y sus familiares encuentren justicia y reparación”, indican.

Insiste Cepaz en que a pesar de las “maniobras del Estado para dilatar y evitar que el proceso ante la CPI continúe”,  la reanudación de la investigación por parte de la Fiscalía “es esencial para las víctimas que encuentran en la CPI un espacio en el que finalmente podrán ser escuchadas”.

Añaden que la necesidad de justicia y reparación viene acompañada de la actuación de otros mecanismos, como ha sido la Misión de Determinación de los Hechos. La investigación ante la Corte Penal Internacional no puede reemplazar la necesidad de otros mecanismos que incluso han producido una cooperación efectiva, recopilando sólida evidencia que bajo coordinación y colaboración pueden fortalecer esfuerzos y facilitar un proceso de rendición de cuentas y de justicia para las víctimas de crímenes internacionales.

Presentan la “Carta de París” que define la ética para el trabajo periodístico con inteligencia artificial

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Una comisión de Reporteros Sin Fronteras llevó adelante el proyecto, en el que intervinieron 32 personalidades de 20 países diferentes y organizaciones internacionales vinculadas con el periodismo
La Carta de Paris sobre ejercicio del periodismo con inteligencia artificial define diez principios clave para salvaguardar la integridad de la información y preservar el papel social del periodismo
Entre los principios definidos, están que los medios de comunicación deben ayudar a la sociedad a distinguir con confianza entre contenidos auténticos y sintéticos y que también deben participar en la gobernanza global de la IA

 

Una comisión de Reporteros sin Fronteras (RSF) presidida por la periodista y premio Nobel de la Paz, María Ressa, elaboraron la Carta de París sobre IA y Periodismo, la 
primera de su tipo que define la ética y los principios que los periodistas, las redacciones y los medios de comunicación de todo el mundo podrán apropiarse y aplicar en su trabajo con la inteligencia artificial.

El 10 de noviembre de 2023, Reporteros sin Fronteras (RSF) y 16 organizaciones asociadas publicaron la Carta de París sobre IA y Periodismo, con motivo del Foro de Paz de París. El trabajo sobre la carta inició en  julio de 2023 en asociación con organizaciones de la sociedad civil, expertos en inteligencia artificial, representantes de los medios y periodistas.

La comisión  que participó en la elaboración de la carta estaba compuesta por 32 personalidades destacadas de 20 países diferentes, especialistas en periodismo o inteligencia artificial. El principal objetivo era determinar un conjunto de principios éticos fundamentales para proteger la integridad de las noticias y la información en la era de la IA, cuando estas tecnologías están preparadas para transformar la industria de los medios.

Las tecnologías basadas en inteligencia artificial ofrecen nuevas perspectivas sin precedentes, pero también plantean desafíos sin precedentes para el periodismo.

En un momento en el que los deepfakes podrían amplificar la desinformación y destruir la confianza del público en todos los contenidos audiovisuales, y en el que los modelos lingüísticos pueden aumentar la productividad a expensas de la integridad de las noticias y la información, los medios afirman, al respaldar esta Carta, “que no permitirán nuevas tecnologías para desviarlos de su misión de servir al interés público. La Carta promueve un enfoque en el que el juicio humano y la ética periodística constituyen los pilares de la función social del periodismo como tercero confiable”.

La carta define diez principios clave para salvaguardar la integridad de la información y preservar el papel social del periodismo. Entre otras cosas, se establecen como principios básicos:

  • La ética debe regir las decisiones tecnológicas dentro de los medios;
  • La agencia humana debe seguir siendo central en las decisiones editoriales;
  • Los medios de comunicación deben ayudar a la sociedad a distinguir con confianza entre contenidos auténticos y sintéticos;
  • Los medios deben participar en la gobernanza global de la IA y defender la viabilidad del periodismo al negociar con las empresas tecnológicas.
“La IA exacerba lo que ya es un momento existencial para el periodismo. Si bien promete nuevas oportunidades, también trae amenazas significativas a la integridad de la información. La innovación tecnológica no conduce inherentemente al progreso: debe estar guiada por la ética para beneficiar verdaderamente a la humanidad. Para salvaguardar el derecho a la información, los periodistas y las organizaciones de noticias deben unir fuerzas para garantizar que la ética guíe la gobernanza y el uso de la tecnología más transformadora de nuestro tiempo. La Carta de París sobre IA y Periodismo es un paso importante hacia este objetivo”, expresó María Ressa, Rappler, fundadora y directora ejecutiva, y premio Nobel de la Paz 

Por su parte, el secretario general de RSF, Christophe Deloire, consideró que la inteligencia artificial “podría proporcionar servicios notables a la humanidad, pero claramente tiene el potencial de amplificar la manipulación de las mentes a proporciones sin precedentes en la historia”.

En ese sentido, expresó que la Carta de París es el primer punto de referencia ético internacional para la IA y el periodismo: “Las pruebas objetivas, una distinción clara entre contenido auténtico y sintético, la independencia editorial y la responsabilidad humana serán las principales garantías del derecho a noticias e información confiables en la era de la IA. Más que nunca, el periodismo requiere una base ética sólida y ampliamente reconocida. Junto con nuestros socios, hacemos un llamado a los periodistas, editores y organizaciones de noticias de todo el mundo para que se apropien de estos principios, los proclamen y los implementen en lo que hacen”.

Distintas organizaciones apoyaron los esfuerzos de la comisión y de RSF, entre los que se encuentran el Comité para la Protección de los Periodistas, Fundación Canadiense de Periodismo, DW Akademie, Centro Europeo de Periodismo, Red de Periodismo Ético, Free Press Unlimited, Foro Global para el Desarrollo de los Medios, Instituto Internacional de Prensa, Centro Pulitzer, Fundación Thomson, la Federación Europea de Periodistas, la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico, Global Red de Periodismo de Investigación, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción, entre otros. 

 

Preescolares entre tepuyes y minas: la odisea de estudiar en el paraíso

En la distante frontera de Venezuela hacia el Brasil, en la Gran Sabana, la educación de la primera infancia surge como el prisma desde el cual mirar la crisis venezolana. La dinámica económica de esta región amazónica, devenida en zona minera, impone particulares desafíos

Morelia Morillo

Alma camina de prisa los 150 metros que separan la Unidad Educativa “Fe y Alegría de Manak Krü” -donde da clases de una materia a ocho secciones de bachillerato- al preescolar donde también ejerce su profesión de docente: el Centro de Educación Inicial “Manak Krü” de Santa Elena de Uairén, la última ciudad venezolana hacia Brasil, a 1.258,4 kilómetros de Caracas. Es junio de 2023 y, por suerte, no llueve. Pero, faltando 20 minutos para las 10:00 de la mañana, el cielo es una pantalla blanca. El sol, entre nubes, abrasa, enceguece. 

En la misma ciudad está el Centro de Educación Inicial “Santa Elena” que luce sobre el marco de una puerta un letrero, hecho a mano, que ofrece tareas dirigidas. Con certeza, las clases las dicta una maestra como parte de su estrategia de sobrevivencia. 

La caminata apurada de Alma y el letrero en el CEI “Santa Elena” expresan la urgencia de dos mujeres, docentes, por subsistir. Tanto sus salarios como los ingresos de padres y madres son precarios. Sin embargo, de esos adultos depende el funcionamiento de los preescolares y el bienestar de niños y niñas menores de seis años.

 

 

Los maestros, papás y mamás sobreviven estresados, los planteles carecen de mobiliarios y materiales adecuados; pocos niños y niñas asisten con regularidad porque en casa no hay para el desayuno o para comprar sus uniformes; las sedes no cuentan con juegos didácticos, parques, patios ni especialistas para atender a los estudiantes que se ubican dentro del espectro autista.

Los preescolares de Santa Elena de Uairén, la única ciudad venezolana en la frontera con Brasil, en la Gran Sabana, son espacios en donde la crisis venezolana recrudece y permea hacia la primera infancia. De nada vale que este sea el centro urbano de una región en donde se aceleró la economía minera y la importación de alimentos brasileños que entran por esta frontera y van hacia los yacimientos y al resto del país.

El municipio Gran Sabana se asemeja al paraíso, estudiar aquí debería ser maravilloso. Es un área amazónica conformada por 90% de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAES), por su belleza o valor ambiental. Tiene ríos, morichales, selvas, sabanas y unos cerros de cimas planas llamados tepui.

Pero la crisis -esa mixtura deforme de inflación, devaluación, corrupción, conflicto político y sanciones internacionales- alcanzó la economía local: el turismo, el transporte de pasajeros y el comercio, que ocupaban a la población, apenas existen. La mayoría escarba en ríos, sabanas y montañas procurando unos puntos, milésimas partes de gramos de oro, para comer; mientras que los menos se sirven de poderosas máquinas, compran y venden el mineral o invierten en alimentos brasileños que colocan en el interior del país o en las minas. En marzo de 2023, Juan Méndez, director estatal del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, dijo a Primicia, que pasaban 500 unidades de carga diarias por la Troncal 10, la vía que conecta al límite fronterizo con el resto del territorio nacional.

 

 

Acá, cualquier pago, por pequeño que sea, se hace en reales brasileños o en oro. 

¿Cómo se vive así? ¿Cómo son los preescolares en esta frontera? ¿Qué papel juegan los padres? ¿Y los niños? ¿Cómo afecta durante la primera infancia el vivir al cuidado de padres y maestros bajo presión?

Los preescolares dependen de la ayuda de los padres. Pero, para evitar sanciones, en esos espacios ni se habla ni se formaliza la contribución. En cambio, se usan definiciones como “Una gotita de amor”. De ese amor de gota a gota depende incluso el pago de los suplentes, el desinfectante y el papel sanitario.

En esta ciudad, localizada a 15 kilómetros de la frontera, quien puede pagar transporte (60 dólares mensuales), inscribe a sus hijos en Pacaraima, la localidad brasileña fronteriza con Venezuela, especialmente para iniciar la escuela primaria y a veces, desde preescolar.

Conoce la historia de Alma y de los centros públicos de educación inicial de Santa Elena de Uairén y Pacaraima en el especial: Preescolares entre tepuyes y minas: la odisea de estudiar en el paraíso

preescolares entre tepuyes y minas

 

Cuando el sol salía por el Esequibo Chávez volteaba para otro lado

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Para el año 2006, en un intento de Chávez por contar con el apoyo de la Organización de Estados Americanos en una reunión con la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el fallecido mandatario acordó congelar la disputa con Guyana
Bajo la consigna “el Esequibo es nuestro”, el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado una ofensiva en contra de Guyana afirmando que “está en riesgo la paz de la región”
Innumerables altibajos han ocurrido desde 1897, pero en la historia reciente de Venezuela, específicamente el 19 de febrero de 2004, ocurrió un hecho controversial y fue la firma de “acuerdos de cooperación” entre el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Guyana, presidido para ese momento por el exmandatario Bharrat Jagdeo

 

@yeannalyfermin

 

Desde que en 2015 la petrolera estadounidense Exxon Mobil descubrió grandes yacimientos de petróleo de alta calidad en la costa de Guyana, estimados en más de 11.000 millones de barriles, el gobierno venezolano revivió el interés por el reclamo de la zona del Esequibo, el cual se mantuvo sin avances ni retrocesos mientras Chávez estuvo en el poder. 

Son casi dos siglos de una disputa en la que Venezuela y Guyana reclaman como suyo un espacio de unos 159 mil kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, bosques, selvas, ríos y, recientemente descubierto, también en petróleo. 

Para Guyana, el Esequibo representa dos tercios de su  territorio y la posibilidad de alcanzar un crecimiento económico sin precedentes. Para Venezuela, la defensa de “la tierra que dejaron los libertadores” y también la obtención de millonarias ganancias producto de los recursos naturales renovables y no renovables.

Innumerables altibajos han ocurrido desde 1897, pero en la historia reciente de Venezuela, específicamente el 19 de febrero de 2004, ocurrió un hecho controversial y fue la firma de “acuerdos de cooperación” entre el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Guyana, presidido para ese momento por el exmandatario por Bharrat Jagdeo.

Los votos de CARICOM se pagan con km2

Recién electo como presidente, el 3 de octubre de 1999, en su programa “Aló Presidente, Hugo Chávez afirmó: “No vamos a dejar dormir esa reivindicación. Seguiremos reclamando y exigiendo nuestros derechos, como se lo he dicho a las autoridades de Guyana cada vez que he podido y ahora reiteramos”.

Pero esa posición cambió y, en menos de cinco años, el discurso se fue suavizando con la finalidad de ganar aliados internacionales, reconocimiento y protagonismo en la región. 

«Llegaba a plantearse abiertamente que nosotros teníamos que invadir el Esequibo, y tomar Georgetown. Nos pusieron a hacer planes de guerra contra un pueblo hermano como el de Guyana», dijo Chávez.

Para el año 2006, en un intento de Chávez por contar con el apoyo de la Organización de Estados Americanos en una reunión con la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), acordó congelar la disputa con Guyana. El 7 de marzo de 2008, en la XX Cumbre de Río, en República Dominicana, dijo: 

«Ahora, después de 20 o 30 años, sale la verdad. Nos querían utilizar para invadir Guyana en nombre de aquel reclamo territorial para derrocar al gobierno de Forbes Burnham, un hombre de izquierda. Está en documentos, pero yo lo viví cuando Burnham gobernaba Guyana, y casi vamos a la guerra por una vieja reclamación territorial que casi nadie recordaba, porque viene de tiempos inmemoriales. Está en documentos, el hoy presidente Bharrat Jagdeo, incluso, consiguió unos papeles allá que evidencian la complicidad de guyaneses de la derecha».

El 21 de julio de 2010, en una visita de Jagdeo al Palacio de Miraflores para firmar unos “acuerdos de cooperación”, Chávez dijo: 

«Nosotros Guyana y Venezuela que tenemos este diferendo, ustedes saben que esto es un territorio en reclamación desde hace muchos años. Sin embargo, por encima del diferendo, aquí estamos, dando ejemplo de buena vecindad, de buena vecindad (…) No podemos permitir que el diferendo del Esequibo nos transforme en países como estuvimos, de espaldas, incluso tildándonos casi que de enemigos (…)».

«A nosotros nos metieron en la cabeza hace muchos años que ustedes eran enemigos nuestros, ¡imagínate tú! Y somos hermanos. Entonces esto es una buena demostración de cómo dos gobiernos a pesar de un diferendo histórico, aquí estamos, hermanados».

Un año después, al ser cuestionado sobre el Esequibo en rueda de prensa con medios internacionales, Chávez en un tono suave y amistoso dijo:

«El tema de Guyana lo manejamos nosotros como lo sabemos manejar, con un país hermano, ahí no hay ningún drama, ahí no hay ninguna crisis, no hay ninguna tragedia (…) el mundo vive una tragedia, ¿qué esperaban, que nosotros llegáramos allá a denunciar a Guyana? ¿Qué dirían? Que Guyana nos arrebató el territorio del Esequibo. Ese fue el imperio británico que le quitó las Malvinas a Argentina y todavía está allí y no se las quiere devolver, y se niega a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas, ¿alguien dirá eso?», comentó entonces.

El cambio de postura de Maduro 

Según reseña un texto de Efecto Cocuyo, cuando Nicolás Maduro estuvo al frente de la Cancillería (2006-2013), recibió la visita del embajador de Venezuela en Guyana, Darío Morandi y un documento en el que se advertían las pretensiones de Guyana de ampliar los límites marítimos, lo que cerraría la salida que Venezuela tiene al Océano Atlántico. 

Una entrevista de El Estímulo a Morandi, quien fue despedido posteriormente, reveló que Maduro ignoró el documento, lo cual fue interpretado por Guyana como «falta de interés». El gobierno de Chávez respondió en el 2012 con una carta al  secretario general de la ONU para que se pronunciara, se presupuestó un plan para la delimitación del espacio, pero no tomaba en cuenta la zona en reclamación. 

En agosto de 2013, después de la muerte de Chávez, Maduro visitó Georgetown y dijo que el Acuerdo de Ginebra fue suscrito entre «el viejo imperio británico y un viejo gobierno de Acción Democrática en Venezuela», como parte de una supuesta campaña «de preparación psicológica, a través del desprecio, el racismo, para invadir Guyana».

El cambio de postura en el gobierno de Maduro se produjo en 2015 cuando la Exxon Mobil descubrió yacimientos petroleros en las costas del Esequibo. Días después, el gobernante venezolano denunció una «conspiración» entre Exxon y el gobierno guyanés para “apropiarse de las riquezas de Venezuela”.

Ese mismo año, Maduro decretó la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima Insular (Zodimain) para la salvaguarda de los espacios marítimos en el Océano Atlántico.

Aún así, en 2022 Guyana, con empresas transnacionales, explotaron más de 11 yacimientos petroleros, alegando derechos soberanos sobre el territorio Esequibo, acción que fue rechazada por Venezuela. 

“El Esequibo es nuestro”

Bajo la consigna “el Esequibo es nuestro”, el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado una ofensiva en contra de Guyana afirmando que “está en riesgo la paz de la región”. 

En un mensaje publicado en su cuenta en X, antes Twitter, el pasado 23 de septiembre; Maduro le expresó al mandatario guyanés: «Presidente Irfaan, no permita que la Exxon Mobil por sus indebidos intereses, lleve a Guyana a la escalada de un conflicto. No permita que el Comando Sur convierta a su país en una base militar contra la Venezuela de Bolívar».

Como parte de la “defensa”, el gobierno de Maduro informó que realizará un referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre, para definir las estrategias en la defensa del Esequibo. 

Guyana, por su parte, introdujo una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que se resuelva el conflicto territorial.

Sobre esto, Venezuela respondió mediante un comunicado que no reconoce a la CIJ como una vía para resolver el conflicto alegando que sería irrespetar el Acuerdo de Ginebra. 

“Recurrir al arreglo judicial para dirimir la controversia resulta inaceptable, estéril e inaplicable, dado que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia”, señala el comunicado de la cancillería venezolana.

La última canción

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Nunca me hubiese imaginado, ni en los sueños más locos, ver de nuevo a los 4 Beatles tocando un tema inédito de la mítica banda que cambió la historia del rock

 

@SoyJuanette

Aquella mañana del viernes 3 de noviembre fue como cualquier otra. Me desperté a las 6:30 a. m. y me obligué a caminar las 2 cuadras que separan mi casa del gimnasio del barrio. Al regresar de hacer ejercicios me bañé, me cambié, y me senté en mi escritorio para comenzar revisar los portales de noticias como hago todos los días. Fue entonces cuando me topé con la que para mí puede ser la noticia musical del año: The Beatles lanzó su última canción titulada Now and Then.

Lo sorprendente de esta canción es que no solo contó con la participación de los 4 integrantes de la banda, sino de un 5 Beatle. Y no estoy hablando ni de Pete Bets (primer baterista del grupo), o del productor George Martin. Sino de la inteligencia artificial.

Now and then o lo bueno se hace esperar

La historia de Now and Then se remonta al año 1970, cuando el vocalista del grupo John Lennon grabó la demo de la que pasará a la historia como la última canción del cuarteto de Liverpool. 10 años después Lennon sería asesinado y la canción quedaría en el olvido por más de dos décadas. Pero en 1994 Yoko Ono, viuda de John, cedió los derechos a los otros miembros de The Beatles.

Fue así como Ringo, Paul y George grabaron y mezclaron partes nuevas de Now and Then. Pero las limitaciones tecnológicas de entonces no les permitieron terminar la canción. El principal problema: no pudieron separar la voz y el piano de Lennon para lograr una mezcla clara. Así lo contó el productor de aquel primer intento de lanzar el tema, Jeff Lynee, a la revista Rolling Stone.

En el año 2001 y justo cuando podían retomar el proyecto de Now and Then, el músico George Harrison, quien fuera integrante de The Beatles, fallecía como consecuencia de cáncer. Todo parecía indicar que la última obra del grupo moría con George y John. Hasta que 20 años después, y gracias al documental The Beatles: Get Back, de Peter Jackson, Paul McCartney y Ringo Starr descubrieron que ya existía la tecnología que estaban necesitando.

Resulta que Jackson, realizador del documental The Beatles: Get Back logró trasladar la banda sonora de la película en formato mono y pudo separar los instrumentos y las voces. Y con este hallazgo, el mismo Jackson aplicó la misma receta para la demo que John Lennon grabó en el año 1970. Pero Jackson no se conformó con revivir la canción, sino que resucitó (gracias a la IA) a John Lennon y George Harrison para que tocaran con Paul y Ringo en el videoclip del último tema de The Beatles. 

De hecho, el pasado 2 de noviembre, día previo al lanzamiento del tema Now and Then, se estrenó en YouTube un cortometraje donde se explica cómo fue el proceso y cómo la IA fue la pieza fundamental para que la última canción de Los Beatles vuelva a la luz.

Nunca me hubiese imaginado, ni en los sueños más locos, ver de nuevo a los 4 Beatles tocando un tema inédito de la mítica banda que cambió la historia del rock. Ahora con ustedes Now and Then: 

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El Esequibo, el Caricom y cinco preguntas irrelevantes

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Este referéndum es la consecuencia de que los abogados de Venezuela no hayan hecho su tarea, y de la necesidad que tienen de contar con un chivo expiatorio en caso de que las cosas salgan mal

 

Faltando menos de 6 meses para que venza el plazo que tiene Venezuela para presentar su contramemoria en el caso de la demanda incoada por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Nacional Electoral aprobó la realización de un referéndum consultivo, supuestamente “en defensa de la Guayana Esequiba”, el cual se realizará el 3 de diciembre próximo.

Asimismo, el CNE aprobó las preguntas que se formularán a los electores en dicho referéndum. Se trata de cinco preguntas largas y complejas, de naturaleza eminentemente jurídica, formuladas de manera enmarañada, que siempre nos remiten al derecho internacional, y que no se pueden responder simplemente con un sí o un no.

Sin perjuicio de que los sumisos y complacientes de siempre salgan a celebrarlo como una genialidad, el sentido de la responsabilidad obliga a examinar esas preguntas con seriedad, y a medir en qué forma contribuyen a salvaguardar el interés nacional.

Guyana ve este referéndum como un intento de anexión de una parte de lo que ella considera su territorio. Los países del Caricom lo han entendido como una amenaza del uso de la fuerza. Quien escribe estas líneas lo ve de manera diferente. Veamos esas preguntas, acompañadas de lo que sería mi respuesta, y de las consecuencias prácticas de un sí o un no respecto de esta controversia que está en sede judicial.

¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al Derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?

Respuesta: Por supuesto que sí. Eso es lo que está planteado en este momento en la Corte Internacional de Justicia, que tendrá que pronunciarse sobre la nulidad o validez del laudo, y que eventualmente tendrá que fijar la frontera terrestre definitiva entre Guyana y Venezuela. A diferencia de la lectura del Caricom, “rechazar por todos los medios” no debe entenderse como una amenaza del uso de la fuerza, puesto que eso va seguido de la expresión “conforme a Derecho”.

El uso de la fuerza armada –además de irresponsable– sería contrario al Derecho internacional, y sería rechazado por la comunidad internacional en su conjunto. En la pregunta no hay tal insinuación, y esa aventura está descartada (o debería de estarlo).

Parece innecesario subrayar que por todos los medios “conforme al Derecho” incluye, particularmente, la solución de esta controversia en una instancia judicial que determine que el laudo es nulo.

Para ese efecto, Venezuela tiene de plazo hasta el 8 de abril de 2024 para presentar su contramemoria en el juicio actualmente pendiente en la Corte Internacional de Justicia. Asumo que los abogados de Venezuela están trabajando en ese documento, y en los argumentos de Venezuela para sostener que el laudo es nulo. No haberlo hecho, o no estar trabajando en ello, en espera del resultado de esta consulta, sería una irresponsabilidad que el país no les podrá perdonar.

La cuestión es saber cuáles serán las consecuencias que el CNE, o los que mandan en Venezuela, extraerán de la respuesta que los ciudadanos den a esta pregunta. ¿Cuál será la consecuencia de que gane el sí o el no? Si gana el sí, se estará propiciando una salida legal, que pasa por lo que determine un Tribunal de justicia independiente e imparcial. Si gana el no, no es evidente si se está defendiendo la validez del laudo de París, o si se está sugiriendo el uso de vías no legales –incluyendo el uso de la fuerza armada– para recuperar el territorio en disputa.

¿Apoya el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?

Respuesta: por supuesto que sí. El Acuerdo de Ginebra marcó la ruta para la solución de esta controversia. Es el Acuerdo de Ginebra el que, para el evento en que las partes no se pusieran de acuerdo en un medio de solución, le encomendó al secretario general de la ONU que “escogiera” uno de los medios de solución pacífica de controversias indicados en el artículo 33 de la Carta de la ONU.”

Entre esos medios de solución estaba el arreglo judicial, que fue el escogido por el secretario general de la ONU. Es por el Acuerdo de Ginebra que este caso está en la Corte Internacional de Justicia. Además, el arreglo judicial, que pondrá fin a esta controversia, es el arreglo práctico y satisfactorio para Venezuela y Guyana.

Una vez que la Corte dicte su sentencia, que será obligatoria para las partes, habrá una solución definitiva, acordada por una instancia judicial independiente e imparcial. Esa es una solución práctica, que debería ser satisfactoria para ambas partes. Eso es, también, lo serio y lo civilizado.

Pero sería interesante saber qué consecuencias se pretenden inferir de un sí o un no a esta pregunta, que de ninguna manera debe interpretarse como una licencia para que los abogados de Venezuela no hagan su trabajo y no preparen los argumentos que hay que presentar a la Corte Internacional de Justicia.

Si la respuesta es afirmativa, debemos seguir trabajando para presentar nuestros argumentos en el proceso que está en curso en la CIJ. Si la respuesta es negativa, se estará sugiriendo que, además de la ruta trazada por el Acuerdo de Ginebra, hay otras opciones a las que puede recurrir Venezuela, que no excluyen el arreglo judicial, como podría ser una negociación o una mediación paralela al juicio.

¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?

Respuesta: mi respuesta es no, por las razones que paso a exponer. La pregunta da por sentado que históricamente Venezuela no ha reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia “para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba”. Eso no corresponde a la verdad.

En 1965, durante las negociaciones en Londres, previas a la firma del Acuerdo de Ginebra, Venezuela propuso el recurso a la Corte Internacional de Justicia, el cual no fue aceptado por Inglaterra. Sin embargo, esta última convino en una fórmula que no mencionara expresamente ese recurso, optando por una redacción que se refiere a “los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas”, en el cual está expresamente previsto “el arreglo judicial”.

Este es un asunto que no pasó inadvertido para nuestros negociadores y, de hecho, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Ignacio Iribarren Borges, cuando presentó al Congreso Nacional el Acuerdo de Ginebra para su ratificación, advirtió que este asunto podría terminar en la Corte Internacional de Justicia.

Si había una “posición histórica” en cuanto al no reconocimiento de la competencia de la CIJ como instancia encargada de resolver las controversias en que Venezuela fuera parte, esta se rompió con el Acuerdo de Ginebra que, por voluntad común de las partes, expresamente convinieron en que –respecto de esta controversia– el secretario general de las Naciones Unidas podría escoger el recurso a la Corte Internacional de Justicia, como en efecto lo hizo.

Ahora, si la pregunta es si, como venezolano, estoy contento con que este asunto haya llegado a la CIJ, la respuesta es sí. El que la determinación de la nulidad o validez del laudo, así como la determinación de la frontera definitiva entre Guyana y Venezuela, haya llegado a una instancia judicial independiente e imparcial no lo veo como una amenaza para los derechos o intereses de Venezuela, sino como una tremenda oportunidad para que Venezuela demuestre que el laudo es nulo y que el territorio situado al oeste del río Esequibo es de Venezuela.

Esa es la oportunidad que Venezuela había estado esperando, y quisiera creer que quienes tienen la responsabilidad de defender los derechos e intereses de Venezuela en el Esequibo no la dejarán pasar.

Por otra parte, que se pregunte a los venezolanos si estamos de acuerdo con lo que, supuestamente, habría sido la posición histórica de Venezuela en relación con la competencia de la CIJ, es una pregunta ociosa, pues este asunto ya fue resuelto, con carácter definitivo, por la sentencia sobre jurisdicción dictada por la propia Corte.

Que nosotros estemos o no de acuerdo con esa sentencia no cambia la naturaleza de las cosas, pues este es un asunto ya zanjado, de manera vinculante para Venezuela. Debo recordar que, como miembro de las Naciones Unidas, Venezuela es parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que forma parte de la Carta de las Naciones Unidas.

Y debo recordar que, de acuerdo con el artículo 36, párrafo 6, del Estatuto de la Corte, “en caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”. Esta regla obedece a un principio clásico del Derecho Internacional, según el cual los tribunales internacionales tienen la competencia para decidir sobre su propia competencia; de lo contrario, los conflictos internacionales serían interminables.

Por otra parte, si el Acuerdo de Ginebra no lo hubiera dicho en forma suficientemente clara y explícita, mediante su conducta Venezuela ha aceptado la competencia de la Corte. Eso es lo que técnicamente se llama forum prorrogatum.

En este proceso, Venezuela designó un juez ad hoc, nombró a su agente y a sus agentes alternos para que la representen ante la Corte, interpuso una excepción preliminar de inadmisibilidad de la demanda, asistió a las audiencias para conocer de dicha excepción preliminar, y participó en el procedimiento. Todo eso supone un reconocimiento tácito de la competencia de la Corte, lo cual no va a cambiar con lo que piensen los venezolanos sobre esta materia.

Pero una vez más debo preguntar sobre las consecuencias prácticas que el CNE, o los que mandan en Venezuela, querrán atribuir a una respuesta afirmativa o negativa a esta pregunta. Lo cierto es que, cuando se presentó la demanda de Guyana en la CIJ, Venezuela alegó que no reconocía la competencia de la Corte para conocer de este caso, y la Corte, motu proprio, decidió examinar si tenía o no jurisdicción para conocer de esta controversia, para lo cual invitó a las partes a presentar alegatos y las convocó a una audiencia pública.

Aunque Venezuela hizo llegar un memorándum, decidió no presentar alegatos en la fase escrita, tampoco compareció en la audiencia convocada para ese efecto, y perdimos. Debido a esa estrategia equivocada, no se escuchó nuestra voz, y no tuvimos la oportunidad de responder a los argumentos de Guyana. Por eso estamos en este punto.

Pero lo cierto es que la Corte ya se pronunció sobre su competencia, y poco importa si nosotros estamos o no de acuerdo con lo que históricamente haya sido la posición de nuestra Cancillería. A menos que queramos retirarnos de la cancha en la mitad del partido, porque tenemos la sensación de que, como vamos, vamos a perder. Pero eso no sería inteligente.

Cualquiera que sea la respuesta de los venezolanos a esta pregunta, el proceso seguirá adelante, hasta culminar con una sentencia que será obligatoria. Otra cosa es que, en medio de su ignorancia y desconcierto para abordar este asunto, los que mandan quieran dejarle la cancha libre a Guyana, renunciando a presentar nuestros argumentos y a que se escuche nuestra voz.

¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme a Derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del Derecho Internacional?

Respuesta: la respuesta es un rotundo sí. Y, de nuevo, discrepo de la interpretación del Caricom, que pone énfasis en “por todos los medios”, dando por sentado que eso incluye el uso de la fuerza armada. No creo que sea así. En realidad, tal interpretación no corresponde con el sentido de la pregunta, que está calificada por la expresión “conforme a Derecho”.

Y la forma de defender –conforme a Derecho– los derechos de Venezuela en la proyección marítima del territorio en disputa es pidiendo medidas provisionales a la Corte Internacional de Justicia, para que, a fin de preservar los derechos de las partes mientras se decide esta controversia, se disponga el cese de todas las operaciones de exploración y explotación de los recursos naturales que hay en la zona en disputa y en su proyección marítima.

Eso es lo que habría que hacer si –haciendo uso del Derecho Internacional– realmente pretendiéramos oponernos a las medidas unilaterales de Guyana en una zona de mar sin delimitar.

No estoy de acuerdo con la forma como Venezuela ha manejado este asunto. El gobierno considera que basta con protestar por el llamado a licitaciones; pero no siempre lo ha hecho, y más bien llegó a celebrar el que Guyana llamara a licitaciones.

En febrero de 2004, siendo presidente de la República, Hugo Chávez señaló que Venezuela no se opondría a ninguna medida que se adoptara en beneficio del pueblo de Guyana.

Ahora, haciendo honor a ese compromiso, sus herederos políticos no hacen uso de los recursos procesales que podrían poner fin a eso que hoy se denuncia de la boca para afuera y que, en su momento, Hugo Chávez permitió: las concesiones otorgadas por Guyana para explorar y explotar los recursos naturales de la zona en reclamación y de la proyección marítima de la misma.

Cuesta entender por qué, quienes tienen la representación del Estado, no piden medidas provisionales; ¿porque no lo saben hacer? ¿O porque hay razones para que no lo quieran hacer?

De nuevo, no es evidente cuál es la consecuencia práctica de una respuesta afirmativa o negativa a esta pregunta. Oponernos retóricamente a las licitaciones recientes de Guyana en la llamada fachada atlántica, como se ha hecho con sendos comunicados oficiales, no va a cambiar nada.

Con una respuesta afirmativa a esta pregunta, concretamente, ¿qué es lo que propone hacer el gobierno? Por el momento, los que mandan no están haciendo lo único que podría tener un efecto práctico: pedir a la CIJ la adopción de medidas provisionales.

La pregunta es inútil y nuestra respuesta –afirmativa o negativa– no tendrá ninguna consecuencia, pues este es un asunto que depende de quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?

Respuesta: Son varios asuntos los que se mezclan en esta muy larga pregunta, y que inquietan a Guyana y el Caricom, pues entienden que ella supone la intención de anexarse el territorio en disputa.

En primer lugar, ningún país pregunta a sus ciudadanos cuál es el territorio que debe incluir como suyo en los mapas. A la inversa, es el gobierno el que le informa a sus ciudadanos cuál es el territorio del Estado.

En el caso del territorio situado al oeste del río Esequibo, este figura en los mapas de Agustín Codazzi, figura en varios de los mapas que, en 1896, Venezuela presentó a la Comisión Cleveland, y también figura en varios de los mapas que, en 1899, Venezuela presentó ante el Tribunal arbitral. Después del Laudo de París, en 1965, la zona en reclamación se incorporó en el mapa oficial de Venezuela, acompañada de unas rayas verticales.

En 2012 eso se eliminó, para volver a retomarlo en 2018. Que ahora se nos pregunte esto es como si se nos preguntara si el estado Apure –o el estado Bolívar–, hoy controlados por la guerrilla colombiana, debieran seguir figurando en los mapas oficiales como territorio venezolano, o si habría que quitarlos.

De acuerdo con la Constitución, corresponde a las autoridades del Estado defender la soberanía nacional, sin perder el tiempo en preguntar obviedades. Ese es su deber.

En segundo lugar, también es el deber de las autoridades nacionales desarrollar planes para atender a toda la población venezolana, y proporcionarle documentos de identidad a todos sus nacionales, hayan nacido en el estado Miranda, en Tucupita, o en cualquier parte del territorio nacional.

Según la Constitución, quienes hayan nacido en el territorio venezolano son venezolanos por nacimiento, a quienes no hay que “otorgarles” la ciudadanía venezolana, sino que, simplemente, reconocérsela. El Acuerdo de Ginebra no dice nada sobre este particular; pero, si Venezuela considera que el territorio Esequibo es parte del territorio de Venezuela, la consecuencia lógica es que los nacidos en ese territorio son venezolanos y que deben ser tratados como tales.

En tal caso, es la Constitución nacional la que manda que se les otorgue documentos de identidad. Por supuesto, el cumplimiento de ese mandato depende de los que tienen el poder, y de que tengan ganas de cumplir con la Constitución. Menos realista es que quienes hoy están registrados como nacionales de Guyana –un país con la economía que crece al ritmo más acelerado en el mundo– tengan interés en ser venezolanos. El flujo migratorio es a la inversa y, de hecho, ya más de treinta mil venezolanos han emigrado a Guyana.

En tercer lugar, si el territorio situado al oeste del río Esequibo es un territorio en conflicto, que reclaman como suyo tanto Venezuela como Guyana, ¿qué efecto tendría el que se cree un estado que comprenda el territorio en disputa? ¿Acaso, por ese hecho, se va a acabar la controversia?

¿Se está sugiriendo que esta controversia se puede resolver con una simple reforma constitucional? Esa sugerencia, ¿puede ser tomada en serio? ¿Alguien cree que podría servir de precedente para resolver otros problemas territoriales de Venezuela? Que Argentina incluya en sus mapas a Las Malvinas no ha cambiado la circunstancia de que estén bajo el dominio británico. Que Venezuela incluya en sus mapas, como territorio venezolano, un territorio que está en disputa, no elimina la disputa.

Por supuesto, no puedo dejar de preguntar cuál será el efecto práctico de la respuesta afirmativa o negativa a esta pregunta. La estructura del Estado, o los cambios constitucionales que podamos experimentar, pasarán inadvertidos para la Corte Internacional de Justicia, y no tendrán ningún efecto en un proceso judicial que está en marcha, y que no se detendrá.

Para los tribunales internacionales, el Derecho interno es un hecho, y no es parte de las reglas del Derecho Internacional aplicables en esta controversia. Además, en términos prácticos, ¿cuál sería el efecto de crear un nuevo estado, con un territorio que está en poder de otra nación? ¿A quién queremos engañar con esa fantasía? Lo sensato es luchar para que, judicialmente, se determine que ese territorio es de Venezuela, y no inventar artificios inútiles.

El referéndum en sí no tendrá ningún valor en el Derecho Internacional, y no interferirá de ninguna manera con el proceso que está en marcha en la Corte Internacional de Justicia. Más que una ayuda, en realidad, alguna de sus preguntas podría tener un efecto pernicioso para los derechos de Venezuela respecto de otras controversias internacionales pendientes.

En lo interno, esas cinco preguntas son lo que son, y valen lo que el sentido común y la racionalidad política indican; las respuestas se las llevará el viento, porque no le interesan a los que mandan, excepto para distraer la atención de la población de problemas internos que le resultan más apremiantes.

Cualquiera que sea el resultado del referéndum, se interpretará a conveniencia de quienes tienen la tarea de defender la soberanía nacional. Lo que no está claro es cómo es que esas preguntas –o sus respuestas– podrían fortalecer la defensa de los derechos de Venezuela en el Esequibo.

Mientras tanto, quienes se devanaron los sesos formulando estas asombrosas y desconcertantes preguntas han contribuido a que perdamos dos meses preciosos para la preparación de una contramemoria que debe contener los argumentos jurídicos de Venezuela en esta controversia.

No nos distraigamos con fuegos artificiales ni tratando de averiguar el sexo de los ángeles. Lo que está por delante es explicar por qué el laudo de París es nulo, y por qué el territorio situado al oeste del río Esequibo es de Venezuela. Eso no es una tarea difícil de realizar; pero requiere un compromiso genuino con Venezuela y capacidad profesional para hacerlo.

Este referéndum es la consecuencia de que los abogados de Venezuela no hayan hecho su tarea, y de la necesidad que tienen de contar con un chivo expiatorio en caso de que las cosas salgan mal, como ocurrirá si persistimos en esa estrategia equivocada. Así, si perdemos, la culpa será de los venezolanos. No de unos abogados y burócratas incompetentes.

La Sala Constitucional del TSJ tiene la oportunidad de parar esta insensatez, y evitar que liquidemos la última oportunidad de lograr que se haga justicia en lo que ha sido una reclamación histórica. Aunque pueda sonar ingenuo, es de esa instancia que depende el futuro de la reclamación venezolana del Esequibo. Como dicen los venezolanos, ¡Amanecerá y veremos!

Artículo publicado previamente en Cambio 16, se publica en Runrunes con la autorización del autor.

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