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Guyana califica como amenaza referendo sobre el Esequibo y pide a la CIJ bloquearlo

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En su comparecencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las autoridades de Georgetown solicitaron que no se incluyan la primera, tercera y quinta pregunta de la consulta popular impulsada por el chavismo 

 

Durante su intervención en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Guyana calificó como “amenaza existencial” el referendo sobre el Esequibo que promueve el Gobierno de Nicolás Maduro el próximo 3 de diciembre.

El Gobierno guyanés solicitó este martes a la CIJ tomar cinco medidas provisionales para bloquear el referendo, entre ellas evitar que el oficialismo proceda con la consulta popular “en su forma actual”.

Georgetown pidió que Caracas no incluya la primera, tercera y quinta pregunta del referendo, que consultan respectivamente, si se está de acuerdo en rechazar el laudo arbitral de 1899 que defiende Guyana, en la jurisdicción de la CIJ para resolver este asunto y en la creación de una región para anexionarse el territorio y otorgar ciudadanía y documentos de identidad a sus habitantes.

“No es exagerado calificar la amenaza actual como existencial para mi país. No puedo insistir lo suficiente en la urgencia de la situación que nos convoca, Guyana está en riesgo de perder de forma irreparable y potencialmente permanente sus derechos”, dijo Carl Greenidge, exministro que representa al país sudamericano en La Haya.

Guyana sostiene que el referendo allana una vía para que Venezuela se apodere unilateral e ilegalmente del territorio y lo anexione al suyo.

Ambas naciones están enfrentadas por una región que tiene 160 mil kilómetros cuadrados y está actualmente bajo la administración de Guyana.

La disputa existe incluso antes de la independencia de Guyana en 1966 y se incrementó después que las autoridades de Georgetown otorgaran licencias petroleras en la zona.

Venezuela tendrá el turno de expresar su posición ante la CIJ este miércoles 15 de noviembre. El Gobierno madurista adelantó que reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa).

Rodríguez contraataca 

Como “bárbaro y extraordinario” calificó la vicepresidenta Delcy Rodríguez el hecho de que Guyana acudiera a la CIJ para impedir que se lleve a cabo el referendo del 3 de diciembre.

“Nada nuevo de lo que conocemos. Vienen a la CIJ a pedir que no se haga el referendo. Pero mañana (15 de noviembre) vamos a dejar claro que cada venezolano va a ir a votar y defender su derecho histórico con paciencia escuchamos mentiras y manipulaciones por parte de Guyana”, dijo.

Rodríguez acusó al presidente de Guyana, Irfaan Alí, de intimidar a la comunidad internacional “cuando vestido de militar salió dando instrucciones en el Esequibo”. 

“Se niegan a una solución práctica”, agregó. 

La funcionaria de Maduro expresó que “durante la audiencia no mencionaron los ejercicios militares entre Estados Unidos y Guyana al lado de nuestro territorio”. 

 

Una histórica audiencia en la CPI

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Confiamos en la CPI. Confiamos que se hará justicia en La Haya. Las víctimas solicitan que la Sala de Apelación considere la consecución de la justicia y confirme las conclusiones de la SCP, reanudar la investigación

 

@ovierablanco

Los días 7 y 8 de noviembre 2023 pasarán a la historia como días de intenso dolor. No se trata de los pueblos sufridos o desplazados de Yemen, Siria, Congo o Somalia. Se trata del pueblo venezolano… profanado, perseguido y humillado por experiencias criminales inéditas. Los abogados de las partes ante la Corte de Apelaciones de la Corte Penal Internacional [CPI] fueron escuchados. El Estado habló, pero también las víctimas. Una inobjetable conclusión: en Venezuela no hay justicia, pero la habrá en La Haya… 

Entre la indignación, el orgullo y la justicia

La audiencia fue ordenada por la Corte de Apelaciones de la CPI con motivo de la decisión de la Sala de Cuestiones Previas [SCP] que autorizó continuar la investigación contra numerosos representantes del Estado Venezolano por crímenes de lesa humanidad.

El 27 de junio de 2023, jueces de la SCP de la CPI anunciaron que la investigación de la Fiscalía sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país puede seguir… La decisión se produce tras la petición del fiscal de la CPI, después de que, en abril de 2022, el Estado venezolano solicitara al tribunal remitirse a investigaciones locales.

Los jueces de la SCP concluyeron que “si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procedimientos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía”. Los jueces consideraron que los procedimientos nacionales se han centrado únicamente en los responsables directos y de bajo nivel… En noviembre de 2022, al solicitar la autorización de la SCP para reanudar la investigación de su oficina, el fiscal de la CPI declaró que los procedimientos llevados a cabo por las autoridades venezolanas “no están suficientemente fundamentados […], no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía [y] no se han llevado a cabo de forma genuina”.

Recordemos que el fiscal Karim Khan [CPI], anunció la apertura de la investigación durante una visita a Caracas en noviembre de 2021, después de que seis países de la región remitieron la situación de Venezuela a la CPI en septiembre de 2018 y se llevó a cabo un examen preliminar de tres años por parte de la Fiscalía.

Transcurridas las oportunidades procesales [Nov-21/Jun-23] para que Venezuela demostrara a la Corte y la Fiscalía investigaciones o juicios genuinos de los crímenes denunciados; justicia independiente, eficaz e imparcial, el Estado venezolano –a criterio del fiscal y la SCP– no cumplió con tales exigencias. Venezuela apela la decisión de la SCP [Jun-23] y la corte de apelaciones anuncia que escuchará los alegatos de las partes, abriendo el procedimiento a observaciones de las víctimas.

Del lado del Estado venezolano se presentaron el canciller Yván Gil y Larry Devoe, abogado y representante venezolano para el sistema de DD. HH. El equipo defensor de Venezuela [siete abogados], lo encabeza Ben Emmerson, un jurista británico conocido por defender a Julián Assange y al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Fue exrelator especial de la ONU sobre DD. HH. Vale preguntarse: ¿Cuánto costará esta defensa, británica e “imperialista” al país? 

El abogado de Venezuela se basó en cinco fundamentos:

  1. El fiscal Karim Khan nunca ha identificado a ningún oficial de alto rango presuntamente involucrado en estos crímenes;
  2. La lista de crímenes es insuficiente y permanece en un nivel de generalidad que no permite a Venezuela responder en base a lo que establece el Estatuto de Roma;
  3. No es posible que la SCP continúe con esta investigación;
  4. Le corresponde a la Fiscalía de la CPI traducir los documentos y pruebas en español entregados por Venezuela y
  5. corresponde al fiscal solicitar admisión en este idioma.

También alega la defensa que la Fiscalía de la CPI desechó sin mayores explicaciones la mayor cantidad de documentos y registros judiciales donde se comprueba que el Estado venezolano sí ha investigado los hechos que revisa esa instancia. Se habría violado el principio de complementariedad. Según la defensa, 124 incidencias determinadas a partir de 2021 han sido revisadas por la justicia venezolana, pero solo se valoraron 64 expedientes judiciales. El abogado Emmerson acusó al fiscal Karim Khan de extralimitarse y usurpar funciones al decidir qué documentos admitía para los avances de su investigación. “Más de dos tercios del total fueron ignorados, y 23 de los 62 documentos traducidos no fueron tomados en cuenta (…)”.

Los representantes de la Fiscalía de la CPI respondieron: “Venezuela no presenta los alegatos como lo establece el Estatuto de Roma”. El Estatuto, en su artículo 18.2, no es taxativo ni limita la investigación de la Fiscalía. “No es un vehículo para que el Estado responda o restrinja las actividades que realiza esta instancia”. Es decir, la Fiscalía puede investigar y valorar pruebas aportadas por los Estados parte, como también investigar omisiones, dilaciones u otros aspectos de la justicia local, como la relevancia o no de las pruebas presentadas por los Estados, en aras del equilibrio procesal, un fair trial [juicio justo], que permita concluir si existe justicia genuina.

La Fiscalía también alegó un elemento crucial: el examen preliminar es la única fase completada hasta el momento. En esta fase no se identifica a los autores eventuales o se establece el alcance real de su investigación, por lo que es inapropiado afirmar que no existe plena identificación de los victimarios. En eso precisamente consiste la investigación. “El objetivo de la Fiscalía es investigar la verdad”.

El lenguaje de la verdad debe ser simple y sin artificios [Séneca]

Palian Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, italiana con 27 años de experiencia en el campo del derecho penal internacional, registró una intervención magistral, histórica y trascendente.

“Esta es la primera vez que las víctimas tienen la oportunidad de dirigirse a una sala de esta Corte […] Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad […] Mis siguientes breves observaciones se basan en las aportaciones de las víctimas… Por razones evidentes de seguridad no mencionaré sus identidades, pero deseo reconocer públicamente la valiosa contribución que cada una de ellas ha aportado a este procedimiento al expresar sus opiniones y al proporcionar documentación que arroja luz en el asunto en cuestión… Venezuela no está investigando ni enjuiciando ni lo hará en un futuro los crímenes que ellas (las víctimas), sus familiares, sus amigos, sufrieron” [una verdad simple, indubitable, sin artificios].

La contribución de las víctimas a este procedimiento se centra en la evaluación de las investigaciones nacionales y la conclusión acertada a la que llegó la SCP sobre la inexistencia de investigaciones y enjuiciamientos nacionales. Tampoco es verdad que las víctimas deben agotar denuncias ante la jurisdicción interna, cuando esta está minada de parcialidad y dilaciones. La magistrada puso en evidencia “que los casos [de las víctimas] fueron desestimados sumariamente sin una investigación adecuada, lo que introduce una cláusula de doble incriminación y evita nuevas investigaciones y enjuiciamientos contra la misma persona por los mismos hechos” […]

Además, las víctimas informaron que, desde 2014, numerosas personas han sido asesinadas durante manifestaciones no solo por razones de derechos civiles y políticos, sino también por derechos sociales y económicos.

Concluyó la magistrada Palian Massida: “En la gran mayoría de los casos los presuntos autores aún no han sido investigados [en Venezuela]. Hay numerosos casos de tortura, incluidos actos de violencia sexual principalmente en instalaciones de detención donde las víctimas en vano denunciaron los delitos que sufrieron a las autoridades nacionales […] Las víctimas indicaron que no habían sido contactadas por las autoridades judiciales ni notificadas sobre ninguna medida procesal o cualquier otro paso tomado o que habían sido amenazadas por buscar información […] Son numerosos los casos de persecución dirigidos principalmente contra defensores de los DD. HH. y opositores políticos detenidos ilegalmente sin acceso a garantía mínima y un juicio justo […] Las víctimas han sido sometidas a actos inimaginables de violencia, persecución y abusos contra los derechos humanos. Sus familias han soportado tragedias inenarrables. Tienen el interés legítimo en que se responsabilice a quien cometió los delitos […] Señorías, las víctimas no son meros observadores. Son participantes inestimables en la búsqueda de justicia y verdad […] Sus voces elevan el peso de experiencias en primera persona y son esenciales para arrojar luz sobre lo ocurrido…” Fin de la cita.

Es la búsqueda de la verdad: simple, sin rémoras y sin artificios.

Una larga espera…

“Las víctimas han estado esperando casi diez (10) años para que se realice una investigación adecuada de los trágicos eventos que sufrieron”, subrayó la magistrada Massida. Y en realidad son muchos más años de anomia, denegación de justicia o criminalización. Desde el año 2002, miles de profesionales petroleros, activistas y líderes políticos tuvieron que dejar el país por persecución política y otros crímenes de lesa humanidad. Qué decir del cierre de medios de comunicación [RCTV-2007], expropiación de estaciones de radio [CNB-2009] y persecución a periodistas.

Hoy la CPI es la única vía judicial disponible para las víctimas en su búsqueda de justicia, de la verdad… Las víctimas ven en la Corte, consuelo, justicia y sanación. Sus expectativas son que esta Corte cumpla su promesa de responsabilizar a los autores por las atrocidades que han sufrido.

Al permitir la participación de las víctimas, la Corte demostró su compromiso como instrumento genuino de justicia y verdad. La propia Corte ha definido puntos esenciales a la hora de discutir los temas relacionados con la admisibilidad de documentos. El numeral 107 [de la sentencia Lubanga] sobre procedimientos de admisión y evidencia, dispone que: “[…] la solicitud someta toda la evidencia que se considere necesaria para la averiguación de la verdad (artículo 69.3). En estos casos tanto la defensa, como el fiscal y la corte deben ser responsables, razonables y diligentes en la aportación, valoración y relevancia de las pruebas necesarias en el proceso”.

El Estado venezolano fue hostil al decirle a la Corte que “la justicia venezolana ha resuelto más casos que la CPI, desde su fundación”. Un momento de tensión innecesario que motivó al juez presidente de la Corte de Apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, advertir a la delegación chavista que no aceptará su “lenguaje irrespetuoso” ni “calificaciones incisivas”. El fiscal además denunció que el Estado Venezolano había inundado a la Corte de fotocopias sumarias, irrelevantes, inconclusas, como estrategia de retardo procesal que se riñe con la jurisprudencia de la CPI de aportar evidencias necesarias y relevantes.

Confiamos en la CPI. Confiamos en que se hará justicia en La Haya. Las víctimas solicitan que la Sala de Apelación considere la consecución de la justicia y confirme las conclusiones de la SCP, que no es más que autorizar al fiscal Karim Khan que reanude la investigación de los crímenes padecidos, y que quedaron una vez más en evidencia los días 7 y 8 de noviembre. Días de una audiencia sentida, crucial e histórica en la CPI.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Venezuela ocupa segundo puesto entre países con mayor inflación anualizada en el mundo

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Junto a Argentina y Cuba son las únicas naciones latinoamericanas en el ranking inflacionario elaborado por el economista Steve Hanke

 

Venezuela aparece en la segunda casilla entre las naciones con mayor inflación anualizada en el mundo, de acuerdo con un ranking elaborado por el economista estadounidense Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins.

Según Hanke, Venezuela tiene una inflación anualizada de 330% y en el último reporte oficial en julio de este año esta se ubicaba en 398,20%.

La lista está encabezada por Zimbabue, con 804%. El tercer lugar del ranking es ocupado por Argentina con 239%, seguido de Siria (173%), Líbano (134%), Sudán del Sur (60%), Turquía (59%), Rusia (58%), Cuba (52%), Irán (52%), Etiopía (48%), Malawi (48%); Zambia (42%), Sierra Leona (37%), Egipto (31%), Liberia (27%), Laos (24%) y Pakistán (24%).

En el ranking solo aparecen dos países sudamericanos: Venezuela y Argentina, y tres latinoamericanos incluyendo a Cuba. Los tres tienen Gobiernos de izquierda.

Hanke señaló que la salvación de la economía argentina, país al borde de la elección de un nuevo presidente, pasa por la dolarización oficial. 

El economista fungía como asesor del otrora candidato a la elección primaria de la oposición por el partido Copei, Roberto Enríquez, quien declinó a última hora.  Entre las propuestas de Hanke figuraba la eliminación del Banco Central de Venezuela (BCV).

Líderes en miseria e inflación

El ranking de inflación de Hanke coincide con el Índice de Miseria correspondiente a 2022, donde también aparecen Venezuela, Argentina y Cuba.

La clasificación publicada en mayo de 2023 tiene a Zimbabue como líder, secundada por Venezuela, Siria, Líbano, Sudán, Argentina, Yemen, Ucrania, Cuba, Turquía, Sri Lanka, Haití, Angola, Tongo y Ghana.  

Venezuela registró un índice de miseria de 330,8 puntos según el economista.

“Venezuela ha tenido dos períodos de hiperinflación bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Desde que llegó al poder también ha visto colapsar la producción de petróleo de PDVSA en un 76 %”, escribió Hanke en ese momento.

El Índice de Miseria de Hanke combina desempleo de fin de año (multiplicado por dos), inflación y tasas de préstamos bancarios, menos el cambio porcentual anual en el PIB real per cápita.

 

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Programas de reunificación familiar en EEUU, el negocio de la nostalgia

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Los líderes y activistas migrantes reconocen que preparar este tipo de viajes supone tiempo, trabajo y logística, y esto tiene un costo, pero consideran que el valor de algunos programas es excesivo
Para Avelino Meza, secretario general de la organización Fuerza Migrante, con sede en Nueva York, “la migración es generadora de soledad y de frustración por haber dejado atrás a la familia. Las reunificaciones son pues una gran oportunidad de reencontrarse con ese núcleo”

 

Por: Patricia Mercado Sánchez, Abel Domínguez, Selene Tapia, Andrea Ornelas, Jose Antonio García y Valeria Acevedo

 

Enrique atravesó el desierto de Arizona bajo un sol inclemente en 1996. Su único equipaje: los sueños de sus 21 años. 

Pasó sed, tuvo miedo y fue estafado por el pollero que le había ofrecido el sueño americano. Pero alcanzó su destino y echó raíces en Estados Unidos, país en donde nacieron sus cuatro hijos.

El costo, no obstante, fue alto: no pudo despedirse de su padre y debió esperar 26 años antes de abrazar nuevamente a Georgina, su madre.

Como Enrique, decenas de miles de migrantes mexicanos indocumentados conservan lazos estrechos con sus familias en México. Reconfortan el alma con el envío de remesas y se conforman mirando envejecer a sus padres a través de la imagen que les devuelve una fotografía o una videollamada.

Por esa razón, el día que alguien les ofrece participar en un programa de reunificación familiar, no hay un ápice de duda. 

Los programas tienen un componente exitoso: puedes lograr que las mamás y papás visiten Estados Unidos durante algunas semanas, sin importar el estatus migratorio del hijo o hija.

¿Cuánto vale abrazar nuevamente a tus padres?

Los organizadores de estos reencuentros, de origen público y privado, saben que la nostalgia es rentable.

Muchos grupos operan desde el respeto a las necesidades de las familias; otros, cobran hasta 10,000 dólares por reunificación y retienen los documentos de identidad de los padres para asegurar los pagos.

Conexión Migrante investigó durante tres años la evolución de 37 programas, que luego se transformaron por la pandemia y los retrasos en viajes y citas.

Actualmente, tenemos un registro de  57 programas que operan en Estados Unidos y México, pero voces de la comunidad aseguran que hay cientos, sin reglas, sin transparencia, pero sí lucrando con la nostalgia de volver a ver a tu mamá y a tú papá.

En los últimos años, el número de programas operados por gobiernos estatales pasó de 16 a siete, de  los cuales cuatro están armando nuevos grupos y los tres restantes sólo tienen listas de espera.

Zacatecas fue el primer estado que tuvo un programa de reunificación. Iniciaron los preparativos en 2011 y en 2012 hicieron el primer viaje 28 mamás y papás para ver a sus hijos en Estados Unidos.

En entrevista, Rigoberto Castañeda, ex titular de la Secretaría del Migrante Zacatecano, cuenta cómo Sergio Meza, un integrante de la Federación de Clubes Zacatecanos de Illinois, les pidió ayuda para llevar a su mamá a visitarlo a Estados Unidos. Iniciaron los trámites, pero la señora falleció antes de terminar el proceso.

En la siguiente visita del gobernador Miguel Alonso, Sergio Meza le dijo que muchos otros adultos mayores estaban en la misma situación, y entonces se decidió armar el programa, en coordinación con la Federación, el mismo Sergio Meza y Lizbeth Márquez, representante del Gobierno de Zacatecas en Chicago.

Así nació Corazón de Plata. “Lo llamamos así porque, para este primer viaje, mandamos a hacer unas medallas de plata de un corazón dividido en dos, y una parte era para el integrante del club, la familia, y la otra para sus viejos”. relata Castañeda. 

Que actualmente los gobiernos estatales no participen activamente en estos programas ha provocado que proliferen los grupos y organizaciones poco transparentes que abusan y defraudan a los migrantes.

 

Puede leer también: ¿Cómo buscar una organización confiable?

 

Desinterés gubernamental y opacidad

Las reunificaciones deben ser un acto humanista y de dignidad, dice Marco Antonio Castillo, codirector del Programa México-Estados Unidos de Global Exchange. 

Pero la teoría no empata con la práctica en un México que solo mira a sus migrantes como una mina de oro.

Un botón de muestra: se estima que para el cierre de 2023 los ingresos por remesas sumarán 67 mil 900 millones de dólares, un dato históricamente alto por noveno año consecutivo. 

Los mexicanos en el exterior aportan más divisas a México que el petróleo o el turismo, y sostienen a millones de familias.

Paradójicamente, son uno de los grupos más olvidados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una indiferencia que es tierra fértil para la opacidad y los abusos en torno a las reunificaciones.

 “El presente gobierno, como ninguno otro, ha eliminado los fondos para los programas que apoyan a los migrantes”, coincide Roberto Bravo, director de la Federación CBO Comunitarias en California. 

Al no existir soporte gubernamental, las reunificaciones de las organizaciones privadas toman el relevo “porque los migrantes siempre tendrán la necesidad de traer a sus padres (de visita a EEUU)”, añade Bravo.

Numerosos activistas han pedido apoyo a los gobiernos estatales para crear programas de carácter público que absorban una parte de los gastos de logística y sean regulados. Pero no han tenido éxito.

En Chiapas, por ejemplo, el programa Avanza jamás recibió el respaldo estatal que solicitó, y en Querétaro, Palomas Queretanas tuvo el “sí” del gobernador panista Francisco Domínguez Servién en 2018, pero la gestión de este último concluyó sin que el proceso se concretara.

Hay también programas estatales que nacieron, pero desvirtuaron sus objetivos. 

Juvencio Rocha Peralta, fundador y presidente de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte (Amexcan), recibió el respaldo del gobierno de Veracruz, pero con el paso del tiempo el programa perdió transparencia y la Amexcan decidió dejar de colaborar con él.

Lucrar con la añoranza

“La reunificación familiar es un derecho reconocido por los Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos. Por ello, realizar estos procesos bajo un esquema lucrativo desvirtúa su sentido original, y no acompañarlos con un trabajo comunitario aumenta el riesgo de fraudes”, advierte el activista Marco Antonio Castillo.

Para Avelino Meza, secretario general de la organización Fuerza Migrante, con sede en Nueva York, “la migración es generadora de soledad y de frustración por haber dejado atrás a la familia. Las reunificaciones son pues una gran oportunidad de reencontrarse con ese núcleo”.

Meza afirma que, en el presente, “se ha prostituido esta oportunidad de las familias de reencontrarse, abusando de que los hijos están dispuestos a pagar fuertes cantidades para ver a sus padres. Hay grupos que secuestran los documentos de identidad de los padres para asegurarse de que cobrarán lo que quieren”.

“Se ha creado una mafia en la que hay grupos que cobran a los hijos migrantes entre 5,000 y 10,000 dólares por llevar a sus padres, cuando son procesos que tendrían que ser gratuitos o deberían ser muy baratos”, coincide Sergio Infanzón, migrante y activista basado en Los Ángeles.

Añade que muchos padres incluso venden terrenos y ganado en sus pueblos de origen en México para poder visitar a sus hijos, para luego ser estafados.

Los líderes y activistas migrantes reconocen que preparar este tipo de viajes supone tiempo, trabajo y logística, y esto tiene un costo, pero consideran que el valor de algunos programas es excesivo.

“Si se tiene un grupo de 40 personas y cobran 5,000 dólares por cada una de ellas, son 200,000 dólares lo que obtienen. No deben ser programas lucrativos porque su origen está en las federaciones creadas para ayudar a los migrantes”, dice Sergio Infanzón.

Uno de los casos más controvertidos en materia de reunificaciones es el encabezado por Nueva Visión Latinoamérica, que inició como una organización migrante, pero luego salió del registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahora se asume como una empresa registrada ante el gobierno de Estados Unidos.

Hasta octubre de 2023 cobraba 160 dólares exclusivamente por inscribir a los padres interesados en viajar a Estados Unidos y pedía 450 dólares para la gestión de la visa.

Las quejas son numerosas, lo que no ha impedido a la empresa seguir operando y extienda su oferta de reunificaciones  a migrantes de Centroamérica.

Existen además otros programas en donde la falta de transparencia se hizo presente, como Corazón Todito, operado bajo el gobierno de Juan Manuel Carrera en San Luis Potosí, que no daba información clara a las familias sobre los costos en los que incurrirán.

Cuánto cuesta, en realidad

De acuerdo con la investigación del equipo de Conexión Migrante, los costos de una reunificación privada dependen del estado de origen en México y del destino en Estados Unidos, pero un presupuesto promedio varía entre 2,000 y 2,500 dólares, más el costo del boleto de avión.

Dos integrantes del equipo de Conexión Migrante realizaron ya reunificaciones completas, como parte del staff de dos organizaciones, lo que permitió verificar procesos, costos y desafíos de transportar a adultos mayores.

Desde una perspectiva externa, uno se preguntaría ¿por qué pagar 2 mil dólares por el proceso? Sin embargo, la responsabilidad y el desafío que conlleva viajar, mover, ayudar y cuidar a adultos mayores es más de lo que cualquiera imagina. 

A diferencia de cualquier persona que debe esperar por su cita y acudir en dos ocasiones a la Embajada o los consulados de Estados Unidos en México, la primera para la toma de huellas y la segunda para la entrevista consular, los papás inscritos en un programa de reunificación familiar tienen dos beneficios directos: el acceso a la ventanilla para adultos mayores y un calendario especial en el que tendrán que esperar menos por una cita.

Durante los últimos siete años, Conexión Migrante ha sido testigo de múltiples casos en los que la embajada y los consulados de Estados Unidos en México rechazan las peticiones de visa de las personas por una mala asesoría.

No es raro que las personas mientan sobre tener familia indocumentada en Estados Unidos, lo cual es motivo de rechazo automático a su petición de visa.

Si bien la última palabra sobre aprobar o no la visa depende de las autoridades consulares, participar en uno de estos programas sí beneficia a los adultos mayores.

Entonces, el pago cubre el costo de la visa, el llenado de la forma DS-160, el hotel, la transportación a la embajada o consulado de Estados Unidos en México y los servicios de personas que cuidan a los papás.

Los equipos verifican que traigan todos los documentos que necesitan en las citas y el viaje, les proveen de ayuda para subir a los aviones y transportes, y en muchos casos les organizan una fiesta de bienvenida en Estados Unidos con sus hijos. 

Lorena Cortés, presidenta del Club Morelenses en Texas-“Tepalcingo Unido” y migrante radicada en Texas, afirma que incluso es posible que este costo sea inferior. 

Lo que un migrante debe considerar antes de una reunificación

Si bien antes de la pandemia, Lorena había establecido que el costo promedio para llevar a los padres es de 1,300 dólares, este total aumentó al término de la crisis sanitaria.

El costo del pasaporte mexicano, la visa americana y los alimentos incrementan el precio de llevar a los papás a Estados Unidos.

No obstante, Lorena Cortés aclara que estos incrementos sólo elevan el costo general de la reunificación en un aproximado de 85 dólares; es decir, alrededor del 6.5%.

Precisa que con este monto se pagan transportes, las comidas necesarias durante el trayecto, la casaca, el seguro médico y el evento de bienvenida. En el caso de su organización, hay un acompañante por cada 15 personas mayores, en promedio, y es alguien que conoce de primeros auxilios, pero no es un médico.

Los programas estatales, que financian frecuentemente algunos costos de traslado, suelen ubicarse alrededor de los 1,500 dólares. 

Y las reunificaciones autónomas también son posibles, pero poco comunes. Los padres deben acercarse a un consulado de los Estados Unidos en México para tramitar su visa, pero muchos temen ser rechazados, razón por la que buscan organizaciones con experiencia que los ayuden. En los casos aislados en las que se realizan de forma independiente, el costo del proceso puede reducirse a 900 o 1,000 dólares.

***

A Georgina no le alcanzan las palabras para describir lo que vivió al reencontrarse con su hijo Enrique. “Fue una emoción indescriptible. Primero lo vi de lejos, tan cambiado, ya era todo un señorón… cuando lo abracé, me quedé muda. Era algo incontrolable, quería besarlo, quería pellizcarlo, era mi hijo, y al fin estaba ahí de nuevo”, recuerda.

Y hay reencuentros que van más allá, y que son más que ese necesario bálsamo para la añoranza. La activista Lorena Cortés vivió uno de ellos en 2022, cuando ayudó a viajar a Minnesota a una madre a la que le habían negado la visa para Estados Unidos solo unos meses antes. 

Para ella era vital llegar a Estados Unidos, su hijo se hallaba solo, enfermo y en fase terminal.

“Algunas reunificaciones son aún más especiales y son casos que deben abordarse de forma diferente. En esta ocasión buscamos a un congresista para que nos ayudara dándonos una carta, y tuvimos que realizar otras gestiones. Pero logramos la visa que le habían negado antes. Esta madre viajó a Estados Unidos para ver a su hijo, quien falleció en sus brazos media hora después de su llegada. Por ello, reunir a los padres con sus hijos migrantes, siempre y en cada uno de los casos, valdrá la pena”, puntualiza.

¿Y tú, cuánto estarías dispuesto a pagar para ver de nuevo a tus papás?

Día Mundial de la Diabetes: ¿Cuánto cuesta un examen de tolerancia a la glucosa en…?

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TalCual, junto con otros medios del interior del país, consultaron cuánto cuesta realizarse un examen de tolerancia a la glucosa en diversos centros de salud privados en Anzoátegui, Distrito Capital, Falcón, Lara, Yaracuy y Zulia

Al menos 62 millones de personas en el continente americano viven con diabetes, de acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud. Esta cifra se ha triplicado en los últimos 30 años, advierte la organización.

Además, señala que este número podría ser mucho más alto, puesto que alrededor de 40% de las personas que padecen la enfermedad no son conscientes de ello.

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) estima que 9,2% de adultos entre 20 y 79 años de edad tienen diabetes en Latinoamérica, según informe de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), publicados en 2020, se registraron 11.176 muertes en Venezuela por diabetes mellitus, lo que representó 7,09% de todas las muertes. Esto posiciona a Venezuela en el puesto 57 de fallecimientos por diabetes a nivel mundial.

Por ello, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, TalCual, junto con El Tiempo, La Mañana, ElImpulso.com, La Verdad, La Nación y Yaracuy al Día, consultaron cuánto cuesta realizar un examen de tolerancia a la glucosa en distintos centros de salud privados del país.

El precio se consultó entre el 1 y el 10 de noviembre, periodo en el cual el dólar se cotizó entre 35,15 bolívares por dólar (Bs/$) y 35,33 Bs/$. Para la fecha (14-11-23), el valor del dólar está en 35,31 Bs/$, según el Banco Central de Venezuela.

Desde 3$ hasta 80$

Los precios oscilan entre $3 y $80 en las siete entidades consultadas. El estado con los precios más bajos fue Anzoátegui, en donde se puede realizar el examen por un costo de entre $3 a $7.

Zulia y Yaracuy fueron los siguientes estados en los que se consiguieron las opciones más asequibles, pues sus precios pueden ir desde $6 a $26 y desde $7 hasta $16, respectivamente.

Táchira fue el estado en donde se encontraron los precios más altos, ya que estos van desde $15 hasta $80. Le sigue el Distrito Capital, ya que, si bien se puede realizar el examen por montos que van desde $8, este puede llegar a costar $45, dependiendo del centro de salud al que se acuda.

En Mérida, el precio puede variar desde $12 hasta $21 en laboratorios de los municipios Libertador y Campo Elías, incluyendo la glicemia e insulina antes y después de ayuno.

Falcón fue el estado en el que se encontró menor variación de los precios, pues el costo oscila entre $11 y $12 en los laboratorios visitados, mientras que en Lara este monto varía de $13 a $17 dólares.

En los centros de salud consultados se informó que el precio variará dependiendo de las especificaciones del médico tratante, si el examen es tanto de glicemia e insulina y según el tiempo de prueba determinado. Así mismo, se requiere de orden médica para realizar el examen.

 

Denuncian tácticas dilatorias tras suspensión de audiencia del estudiante Jhon Álvarez

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El abogado explicó que jurídicamente no hay elementos suficientes o ninguno para condenar o llevar a juicio al estudiante

 

Este lunes, 13 de noviembre, el abogado Joel García, denunció tácticas dilatorias en el caso del estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez, tras suspensión de su audiencia.

En declaraciones a la prensa, García afirmó que nuevamente la audiencia del estudiante fue diferida para el próximo lunes. 

“Después de las 2 p.m. nos llamaron e informaron que la audiencia iba a ser diferida, por cuanto la Procuraduría General de la República no se hizo presente”, dijo el jurista. 

El abogado explicó que jurídicamente no hay elementos suficientes o ninguno para condenar o llevar a juicio al estudiante. 

«La Procuraduría defiende judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado. En este caso, no hay patrimonio posible de defender. No estamos ante daños a la propiedad ni estafa, hurto o fraude contra la nación. Estamos en un supuesto delito de conspiración y asociación», explicó García.

Reiteró que esa institución no tiene «arte ni parte» en el proceso contra el estudiante de la UCV «pero esa fue la excusa que utilizaron hoy para que se haga parte (…) Esto es una táctica dilatoria para hacer la pena de banquillo contra John Álvarez».

A través del abogado, el estudiante envió un mensaje a su familia y a todo el país. «John Álvarez se mantiene firme, convencido de que es inocente y nunca va a poder ser condenado porque no ha cometido delito alguno».

Detención arbitraria y torturas

Al estudiante de 23 años del primer semestre de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jhon Kelvin Álvarez Peña, lo detuvieron el 30 de agosto de este año cuando iba transitando en su moto por la avenida Bolívar de Caracas.

De acuerdo a declaraciones emitidas por el propio Jhon, fueron miembros sin identificación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes lo capturaron.

Según el abogado Joel García, a Jhon lo llevaron a Los Chaguaramos y luego a su actual centro de reclusión en la sede de la PNB en La Yaguara.

“Le robaron la moto y otras pertenencias personales”, dijo García.

El también abogado y activista sindical, Eduardo Torres, afirmó que luego de detenerlo arbitrariamente, a Jhon lo “ruleteraron” por toda Caracas y después lo torturaron. 

“El nos dijo en la audiencia de presentación que lo habían encapuchado y pegado con un bate en las costillas y extremidades, lo envolvieron en un colchón para que no se le notaran las heridas”.

tácticas dilatorias 

#MonitorDeVíctimasCaracas | Asesinan a estilista dentro de su vivienda en El Valle

Una mujer trans murió desangrada en la sala de su casa tras recibir, por lo menos, 30 cuchilladas. Durante el ataque pidió ayuda a sus vecinos, pero no la auxiliaron. Aún está por determinarse si fue un transfemicidio

 

@Jheilyn_cermeno | Foto: cortesía 

 

Una estilista, conocida entre familiares y amigos como “la Gocha”, fue asesinada a puñaladas, el martes 7 de noviembre de 2023, en el interior de su residencia, en el barrio Zamora, parte alta, escalera La Cruz, en la parroquia El Valle, municipio Libertador de Caracas. 

De acuerdo con el testimonio de allegados que hacían los trámites para retirar su cuerpo en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), la mujer trans, de 44 años, no tenía familiares y vivía sola.

Al parecer, vecinos habrían escuchado gritos la noche del crimen. Sin embargo, no acudieron a auxiliarla.

El miércoles 8 de noviembre 2023, encontraron su cadáver, luego de que compañeros de labores fueron hasta su residencia, preocupados porque no atendía llamadas, no respondía los mensajes y no había ido a la peluquería, donde se ganaba la vida como estilista.

El cuerpo de “la Gocha” estaba boca arriba con un short rojo puesto y tapado con una sábana en medio de la sala. Además, el interior de la casa estaba desordenado.

Según se conoció, la víctima presentó, por lo menos, 30 heridas por arma blanca en el pecho y abdomen.

Amigos cercanos de “la Gocha” indicaron que sus agresores se llevaron del inmueble su teléfono celular y otros objetos de valor.

El nombre legal de la víctima era Jorge Eliézer Guerrero. En Venezuela, el cambio de nombre de las personas trans es un derecho contemplado en los artículos 147 y 148 de la Ley Orgánica del Registro Civil, pero en realidad jamás se ha cumplido y el protocolo aprobado para ello todavía no ha sido publicado en Gaceta Oficial, una traba más para que se materialice. 

Detalles preliminares de la investigación refieren que los homicidas podrían haber ingresado por la parte trasera de la vivienda, debido a que la cerradura no tenía signos de violencia.

Otra hipótesis que se maneja es que conocía a sus victimarios, por lo que pudo abrir la puerta antes del ataque.  

Monitor de Víctimas no califica abiertamente este homicidio como un transfemicidio, porque este delito aplica para el asesinato de mujeres trans cometido por el desprecio o sentido de posesión hacia ellas, y al cierre de esta nota se desconocía el móvil del suceso. No obstante, el ensañamiento con el que fue perpetrado pudiera ser un indicio de manifestación de odio hacia su género. 

Cuatro detenidos

Fuentes extraoficiales informaron que, tras un barrido telefónico, se localizó el equipo móvil y cuatro personas, de quienes se desconoce identidad, están en custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La víctima tenía 20 años como estilista. Actualmente, trabajaba en un local situado en el centro comercial El Valle. El viernes 10 de noviembre 2023 iba a celebrar su cumpleaños 45.

Seis víctimas trans

De acuerdo con datos recopilados por el equipo de Monitor de Víctimas, desde 2017 y hasta 2023, seis mujeres trans, incluyendo a Jorge Eliezer Guerrero, han sido asesinadas en el área metropolitana de Caracas.

Por otra parte, de enero a septiembre de 2023 se han registrado 23 casos por arma blanca, también en el Área Metropolitana de Caracas. 

Cabello mandó a EEUU a “lavarse el paltó” por plazo para quitar inhabilitaciones (+ otras perlas)

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El pasado 19 de octubre, Diosdado Cabello sostuvo que la firma de acuerdos electorales en Barbados no implica levantar las inhabilitaciones a políticos opositores

 

 

Este lunes, 14 de noviembre, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), mandó a Estados Unidos a “lavarse el paltó”, tras el plazo que este impusiera la semana pasada sobre la inhabilitación de candidatos y liberación de presos políticos. 

El pasado 8 de noviembre, Estados Unidos fijo plazo a Nicolás Maduro hasta el próximo 30 de noviembre para definir la habilitación política de María Corina Machado y liberar a los presos políticos o si no volverá a imponer las sanciones levantadas recientemente.

«Antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas, incluida María Corina Machado, (…) Deben ser los venezolanos los que decidan quiénes van a ser sus líderes», dijo Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al canal informativo latinoamericano NTN24.

En respuestas a esas declaraciones, Diosdado Cabello, en su acostumbrada rueda de prensa de todos los lunes, soltó varias perlas sobre la negociación que se llevó a cabo en Barbados y recalcó que la firma de acuerdos no implica levantar las inhabilitaciones a políticos opositores.

Aquí las perlas más negativas de Diosdado sobre la inhabilitación de candidatos, la liberación de presos políticos y el conflicto con Guyana: 

“Vayan a lavarse ese paltó (…) ¿creen que a estas alturas nos van asustar con ese tipo de amenazas?”.

“Ellos (Estados Unidos) creen que a estas alturas nos van a venir asustar con amenazas como si los acuerdos no estuviesen allí firmados. Esos voceros que salen hablando se mueven siguiendo las órdenes de sus lobistas, de sus jefes”.

“El gobierno nacional no reconoce ningún plazo dado por el gobierno de Estados Unidos hasta el próximo 30 de noviembre sobre los inhabilitados”.

Unión Europea 

Cabello cuestionó la prórroga de las sanciones de la Unión Europea contra el país y enfatizó que la UE actúa bajo órdenes de Estados Unidos: 

“¿Qué se cree la Unión Europea? No se dan cuenta de dónde están parados, nos siguen subestimando”.

A este país no lo va a detener ni bloqueos, ni sanciones ni amenazas, nosotros seguiremos adelante”.

Guyana 

Sobre el conflicto territorial que se está viviendo entre Guyana y Venezuela, Cabello rechazó la posición de los opositores venezolanos y dijo: 

“El que quiera ver lo que sucede con la Guayana Esequiba debe referirse al Acuerdo de Ginebra. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) va a ser contra Venezuela. La Corte Internacional de Justicia estará para otras cosas(…) que sectores opositores la estén defendiendo, defienden que nos roben el territorio del Esequibo. La orden que les dieron es la ambigüedad, háganse los locos o las locas”.

“El pueblo saldrá a votar el próximo 3 de diciembre afirmativamente en defensa de la Guayana Esequiba y responderá de manera afirmativa y con una disposición por la defensa de un territorio que históricamente le pertenece al país”

“Venezuela ha hecho todo lo que le corresponde para que le sea otorgado el territorio. Nuestra política siempre será la paz, pero no nos vamos a dejar quitar ni un centímetro del territorio que está al oeste del río Esequibo”.

El pasado 19 de octubre, Diosdado Cabello sostuvo que la firma de acuerdos electorales en Barbados no implica levantar las inhabilitaciones a políticos opositores.

Cabello insistió en que no se permitirá a los inhabilitados competir en los comicios presidenciales y además cuestionó el tratamiento de medios de comunicación internacionales a la información que circuló los días previos a la reunión del diálogo el  17 de octubre.