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Venezolanos en Guyana temen represalias en medio de disputas por el Esequibo

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Según varios testimonios recogidos, hay venezolanos que apoyan abiertamente a Guyana, otros que se mantienen neutrales y solo buscan trabajar y salir adelante

 

La disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo ha generado incertidumbre y preocupación entre los venezolanos que residen en el país vecino, quienes temen posibles ataques o represalias por parte de los guyaneses.

Según varios testimonios recogidos, hay venezolanos que apoyan abiertamente a Guyana, otros que se mantienen neutrales y solo buscan trabajar y salir adelante, quienes están preocupados por la creciente tensión entre los países a medida que avanza el conflicto por el territorio en disputa.

José Bustamante no quiere verse involucrado en el conflicto, desea mantenerse neutral ya que considera que “no tiene la culpa” de que Nicolás Maduro busque rescatar el Esequibo justo cuando hay miles de migrantes en Guyana, debido a la crisis de Venezuela.

Bustamante teme que el problema territorial escale a lo civil y haya ataques de guyaneses contra los venezolanos, además, denunció que ya ha habido casos de violencia y persecución policial contra sus compatriotas, motivados por la xenofobia.

Gabriel García, otro venezolano que reside en Guyana, también prefiere no tomar partido por ninguno de los dos países, pero espera que el asunto se resuelva sin violencia. 

García señaló que recientemente un grupo de venezolanos se concentró en Georgetown para apoyar a Guyana, sin embargo, opina que esa manifestación podría ser parte de una estrategia o un temor ante una posible represalia contra los venezolanos, por lo que se habrían visto obligados a hacerlo.

CIJ ordenó a Venezuela abstenerse de acciones que agraven disputa por el Esequibo sin ordenar suspender referendo

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El tribunal ordenó a los Gobiernos de Venezuela y Guyana abstenerse de ejecutar acciones que agraven el conflicto, sin embargo se abstuvo de solicitar la suspensión del referendo de este domingo 3 de diciembre 
Jueces mostraron preocupación por la pregunta 5 de la consulta popular que se refiere a la creación de un estado Esequibo
Vicepresidenta Delcy Rodríguez celebró el pronunciamiento de la CIJ y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, también  

 

Si con una palabra pudiese resumirse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la petición de Guyana de impedir el referendo consultivo previsto para este domingo 3 de diciembre en Venezuela sobre el Esequibo es ambigüedad.

Por un lado, los magistrados del tribunal de Naciones Unidas ordenaron a las dos naciones abstenerse de ejecutar acciones que agraven el conflicto y por otro se abstuvieron de pedir al Gobierno de Nicolás Maduro que suspendiera la consulta popular prevista para el 3 de diciembre

Los jueces mostraron especial preocupación por la pregunta número 5 del referendo que propone crear una especie de estado Esequibo para Venezuela. 

La CIJ avaló que Guyana siga controlando el territorio de casi 160 mil kilómetros que ha ocupado desde que Venezuela fue despojado de este en el Laudo Arbitral de París en 1899. 

“Por unanimidad, en espera de una decisión final en el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de tomar cualquier acción que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio, por el cual la República Cooperativa de Guyana administra y ejerce control sobre esa zona”, leyó la jueza Joan E. Donoghue, presidenta de la CIJ.

“Existe un riesgo de perjuicio irreparable al derecho reclamado por Guyana en el presente procedimiento que el tribunal ha considerado plausible. El tribunal considera además que Venezuela ha expresado su disposición a tomar medidas con respecto al territorio en disputa en este procedimiento en cualquier momento”, añadió la magistrada.

La jueza recordó que los fallos de la CIJ “tienen efectos vinculantes y, por lo tanto, crean obligaciones jurídicas internacionales”.

¿Venezuela aplaude y Guyana también?

En una declaraciones al canal de propaganda del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sostuvo que triunfó la verdad en el pronunciamiento de la CIJ, pero siguió sin reconocer la jurisdicción de esta para dirimir la disputa.

“Guyana fue por lana y salió trasquilada. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela toma nota del pronunciamiento emitido por la CIJ en relación con las insólitas e intervencionistas medidas provisionales requeridas por Guyana contra el referendo consultivo,  la Corte desechó en su conjunto esta solicitud inaudita y sin fundamento que se relaciona con un asunto del dominio exclusivo de Venezuela”.

Posteriormente, el gobernante Nicolás Maduro ratificó su posición de “no reconocer” la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la disputa territorial con Guyana, aunque antes representantes de su Gobierno celebraron que este tribunal no ordenara la suspensión del referendo consultivo del 3 de diciembre sobre esta controversia.

“Ratificamos nuestra posición histórica de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia como mecanismo para dirimir la controversia de nuestro Esequibo. No podrán doblegar el derecho del pueblo venezolano a expresarse mediante el voto”, escribió el jefe de Estado en X (antes Twitter).

A juicio de Maduro, “ha triunfado la verdad de Venezuela”, luego de que -en palabras de Caracas- fueran “desechadas” las solicitudes de Georgetown contra el referendo.

“Atrás quedan las pretensiones del Gobierno de Guyana en querer inmiscuirse en un acto soberano y constitucional de nuestra patria”, dijo Maduro, quien reiteró su invitación a los ciudadanos de participar en la consulta y responder “cinco veces sí” a las cinco preguntas, que plantean, entre otros puntos, la anexión del Esequibo al mapa venezolano.

Por su parte, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, exigió a Venezuela que acate el fallo vinculante de la CIJ. 

“Acogemos con satisfacción este fallo unánime de la CIJ. Creemos que la justicia, y no la fuerza, debe ser el árbitro de las disputas internacionales. El fallo de hoy es jurídicamente vinculante para Venezuela. Tanto la Carta de la ONU como el Estatuto de la Corte, del cual Venezuela es parte, exigen su estricto cumplimiento. Guyana se mantiene firme en su compromiso con el proceso judicial internacional y el Estado de Derecho. Confía plenamente en que, cuando la CIJ emita su sentencia definitiva sobre el fondo del caso, concluirá que el Esequibo es legal y legítimamente territorio guyanés”.

 

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Análisis del “Procedimiento para revisar las inhabilitaciones”

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En los puntos de Barbados sobre las inhabilitaciones, subyace el argumento para mantener la inhabilitación de todo aquel que haya solicitado sanciones económicas contra Venezuela

 

@victoralvarezr

El gobierno y la oposición finalmente se pusieron de acuerdo en el “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación” que impide a varios precandidatos postularse a las presidenciales 2024. A través de la red social X, la Embajada de Noruega en México informó que: “Como facilitador del Proceso de Diálogo y Negociación de Venezuela, confirmó la recepción del procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos”.

El paso que se ha dado es una señal de la voluntad de las partes de seguir trabajando en torno a las condiciones electorales que regirán las presidenciales de 2024 y las megaelecciones de 2025, y despeja temporalmente la amenaza de reactivar las sanciones que hizo el gobierno de EE. UU., en caso de que no se definiera un proceso y plazos precisos antes del fin de noviembre.

Del 1 al 15 de diciembre de 2023, “Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del TSJ para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar”.

Posteriormente, “La Sala Político Administrativa del TSJ se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad y eficiencia recogidos en la Constitución“. El Procedimiento dice que “Los interesados asumen el compromiso de acatar, en el marco de la Constitución, la decisión del TSJ que emane de ese recurso”. Huelga decir que en Venezuela se cuestiona la autonomía de los poderes públicos.

“En la demanda presentada y en declaraciones públicas, los interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del TSJ”. Adicionalmente, indica que cada uno de los interesados asume el compromiso de:

  • Respetar la Constitución y las leyes.
  • Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución.
  • Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.
  • Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.

En estos cuatro puntos subyace el argumento para mantener, e incluso extender, la inhabilitación de todo aquel precandidato o precandidata que haya solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del TIAR, promovido nacional e internacionalmente el reconocimiento de un gobierno paralelo, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de funciones de la Asamblea Nacional 2015-2020 y haberse pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. Estas son acciones que el oficialismo considera como violencia política y traición a la patria y seguramente serán utilizadas como razones para insistir en la pérdida de derechos políticos y mantener las inhabilitaciones.

En el discurso de MCM suelen escucharse con frecuencia afirmaciones como estas:

  • “Venezuela está secuestrada por un narcorrégimen”
  • “Estamos gobernados por una banda de criminales”
  • “Hay quienes quieren lavarle la cara a un criminal como Maduro”
  • “Maduro, te quiero vivo para que enfrentes a la justicia”.
  • “Desplazar a la tiranía. Eso quiere decir el Hasta el Final”.
  • “El régimen está débil y aterrado”
  • “Una negociación sólo para la salida de Maduro”.

Su narrativa radical y amenazante le cierra las vías para inscribirse como candidata en el CNE. Maduro no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenaza con convertirse en su verdugo. No quiere pasar por el mismo calvario por el que han pasado Rafael Correa, Lula Da Silva, Cristina Kirchner y Evo Morales. Tratará de impedir que la bola de nieve de la primaria presidencial siga creciendo y se transforme en una indetenible avalancha que lo barra en las presidenciales de 2024.

Si el PSUV pierde las presidenciales de 2024 puede perderlo todo. Teme no poder aguantar la euforia triunfalista de la oposición, ser barrido en las parlamentarias y perder la mayoría de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. El oficialismo sabe que en las presidenciales de 2024 se juega su sobrevivencia y por eso no se descarta una megaelección que le permita desplegar toda su maquinaria electoral bajo el lema: o nos salvamos todos o no se salva ninguno.

¿Le entregará el chavismo el poder a María Corina Machado si ella gana las elecciones? ¿Qué incentivos hay que ofrecerle al chavismo para que no se aferre al poder? ¿Cuáles son las condiciones que se deben crear para celebrar unas elecciones competitivas y facilitar la alternabilidad en el poder por la vía pacífica y electoral?

El gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún interés en mejorar las condiciones electorales que estimulen a votar masivamente en su contra y lo saquen del poder. Mejorar las condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones es necesario más no suficiente para convocar unas elecciones libres y transparentes. Maduro necesita vender el petróleo a precios de mercado y recuperar los fondos bloqueados para financiar los programas sociales que levanten su popularidad antes de las elecciones, pero lo que más le interesa es negociar las garantías políticas que impidan una cacería de brujas contra el chavismo, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

La solución electoral y pacífica del conflicto venezolano –que haga posible una alternancia en el poder sin revanchismos y afanes de venganza– tiene que ser pactada antes con el chavismo, al cual se le deben dar garantías y confianza de que no será perseguido, enjuiciado ni encarcelado. Solo así entregarán el poder. Para no dinamitar los acuerdos de Barbados y lograr que estos finalmente conduzcan a unas elecciones competitivas, a tono con los estándares internacionales. Por lo tanto, un tema clave para hacer posible la alternabilidad en el poder en Venezuela es el de las garantías que se le ofrecerán -tanto al gobierno como a la oposición- para que el resultado electoral no se convierta en una tragedia para los perdedores.

De allí la necesidad de completar el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales con un pacto de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos del perdedor. Este puede ser el paso clave que finalmente permita el avance hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El «cinco veces sí» se convirtió en un deber escolar

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Nancy Hernández, presidenta de Fenasopadres, advierte que el simulacro estudiantil sobre el referendo del Esequibo marca un «precedente peligroso» para la vulnerabilidad de la libertad de consciencia y el derecho a la educación tanto de los niños, niñas y adolescentes como de los padres, representantes y responsables de los menores de edad

«Basta de usar a los adolescentes y estudiantes de educación media como comparsa para legitimar políticas erosivas y transgresoras de la constitución y el interés nacional», denunció la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media (Feneem) este 29 de noviembre sobre el simulacro del referendo consultivo sobre el Esequibo organizado por el régimen de Nicolás Maduro en los liceos y escuelas de Venezuela. 

A través de un comunicado en redes sociales, la Feneem rechazó la estrategia planteada por el Poder Ejecutivo venezolano, presidido por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y el Ministerio de Educación de llevar a los niños, niñas y adolescentes a participar en una especie de comicios para ratificar la responsabilidad constitucional del Estado de defender al soberanía de Venezuela en su territorio en reclamación. 

«Nos oponemos a ser usados como adorno en esta discusión proselitista», agrega la Federación. «Este simulacro, para los estudiantes, no tendrá ningún efecto real en la logística y demás preparativos que necesitan para el referéndum, ni en sus resultados. Por el contrario, solo sirve a la retórica propagandística oficial dada a obligar, enjuiciar y calificar de apátrida a quien no apoya el llamado a votar o decida votar por el no». 

Otras denuncias de la comunidad estudiantil se refieren al carácter obligatorio y a la coerción de los menores de edad a participar en el simulacro electoral. En redes sociales se hicieron evidentes las denuncias de padres y representantes de que algunos estudiantes incluso fueron retenidos hasta que participaran en el simulacro en las instituciones.

Simulacro de un referendo coaccionado 

«Hemos recibido alrededor de una docena de denuncias de manera directa e indirecta tanto de Distrito Capital como de los estados Miranda, Anzoátegui, Aragua, Mérida, Bolívar y Sucre hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, sabemos que son muchas más las actividades que desarrollaron los organismos del Estado a través del Ministerio de Educación hacia el estudiantado para irrespetar la libertad de consciencia de los jóvenes al obligar a participar en el simulacro y a contestar de una única manera todas las preguntas», informó Nancy Hernández, directora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), en una entrevista a Runrun.es.

La retención de los estudiantes en los planteles educativos hasta que participen en el simulacro, boletines expedidos por el Ministerio de Educación que obligaba a los padres y representantes a conceder la participación de los jóvenes y las amenazas de amonestaciones al estudiante o al docente si no participaban son alguno de los casos expuestos ante la sociedad civil venezolana. 

«Pero lo más grave dentro de las denuncias recibidas es la participación de estudiantes cursantes de los primeros grados de primaria, hasta sexto grado, cuando la instrucción dada por el propio Ministerio de Educación decía que esta actividad era destinada solamente a los estudiantes de bachillerato», agrega Hernández. 

La directora de Fenasopadres aseveró que, aunque algunas instituciones públicas y privadas afirman que las actividades como el simulacro del referendo sobre el Esequibo están previstos en la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, no tiene el peso legal suficiente frente a otros documentos jurídicos de mayor jerarquía en el sistema venezolano. 

«Debemos advertir que la Ley de Participación Estudiantil permite la invitación del estudiantado, pero es una ley ordinaria. En realidad prevalecen la Ley orgánica de Educación y la Constitución, que tiene una jerarquía mayor que las leyes ordinarias. Por ello, se está violando la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el derecho a los padres de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos», explicó. «Estaban convirtiendo en obligatorio un ejercicio ciudadano que nuestra constitución otorga a partir de los 18 años y no es un deber, es un derecho donde la decisión de participar no es obligatoria». 

Proselitismo y amenazas

Otra voz que se alzó contra la forma en la que se realizó este procedimiento de consulta fue la del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, quien a través de un comunicado tildó de “sesgado y proselitista” el simulacro del referéndum impuesto a los estudiantes. 

«Rechazamos firmemente la manipulación por parte del gobierno nacional del derecho legal que tienen las niñas, niños y adolescentes a la participación política consagrada en la LOPNNA (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente), a propósito del simulacro de votación pro referéndum pautado para el 3 de diciembre.  Este simulacro realizado el miércoles 29 de noviembre en escuelas y liceos, fue impuesto, dándole un carácter obligatorio que no tiene legal ni pedagógicamente sustento,  coaccionando a los estudiantes a participar, pues no se tomó en cuenta que la participación política de nuestras niñas, niños y adolescentes es un ejercicio personal progresivo, conforme a la capacidad evolutiva de los mismos, tal cual lo expresa el artículo 13 de la LOPNNA», explicaron. 

En el texto, rechazaron que a estudiantes los retuvieran en «contra de su voluntad en escuelas y liceos para obligarlos a participar en el simulacro de referéndum» según denunciaron padres y representantes, quienes también reportaron otro tipo de amenazas, como que les serían retirados beneficios sociales como el CLAP y becas estudiantiles «de no firmar la autorización para que sus educandos participaran».

Reducción de las clases

A las denuncias sobre imposición del referendo del Esequibo a la comunidad estudiantil  se suman la del descarte de programas de estudios regulares para impartir contenido político bajo la ideología del PSUV.

Una madre caraqueña y profesora de un colegio público del municipio Chacao, bajo la protección de Runrun.es, confirmó que desde hace un mes los docentes están obligados a impartir clases sobre el Esequibo y la participación del expresidente Hugo Chávez y el PSUV en la posible recuperación del territorio en reclamación con Guyana, descartando otras materias como la formación en lectoescritura y las competencias en matemáticas a los estudiantes entre primer y sexto grado de primaria. 

«Mi hija, de nueve años, le dijo a su profesora que no le enseñara más ese tema, porque la política era algo para adultos y llevaban más de tres semanas sin aprender algo nuevo. Me citaron a dirección con la amenaza de que la podían suspender», dijo. 

La sociedad civil venezolana también ha registrado estos casos desde el inicio de noviembre, informó la directora de Fenasopadres, agregando que, ahora, con la imposición de horarios reducidos y la escasez de docentes el derecho a la educación está siendo aún más vulnerado. 

«El drama se amplía más porque en los planteles públicos, donde se está formando el 85 % de la población en edad escolar, no se dan las cinco horas académicas de cada materia —que se redujeron de 45 a 40 minutos—, el horario mosaico reduce la cantidad de días de clases, y, ahora, se destinan horas a promover una posición político-partidista en relación con un tema que perfectamente puede ser dado como objetivo de estudio en la historia y geografía a lo largo de los 14 años de formación básica de los jóvenes y no durante un mes de propaganda política», agregó. 

Un precedente «peligroso» para los DDHH

El Poder Ejecutivo venezolano obligó a los planteles educativos a clausurar sus actividades durante casi una semana debido a las elecciones del referendo sobre el Esequibo este domingo 3 de diciembre. Tanto la Federación Venezolana de Maestros como la Feneem y la Fenasopadres rechazaron las medidas aludiendo que se restringe aún más el derecho a la educación de los venezolanos. 

«Cualquier actividad extracurricular tiene que estar fundamentada en el respeto de todas las corrientes de pensamiento, y esta actividad, promovida por el ministerio de educación, estuvo cargado de un sesgo de proselitismo político (a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela) que, además, está prohibido en la Ley orgánica de Educación y la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niñas y Adolescente», enfatizó Hernández. 

Para la sociedad civil venezolana, la coerción del Estado ante la comunidad estudiantil genera un «precedente peligroso» para la democracia y los derechos humanos en la infancia. 

«En este caso prevaleció el interés del Estado por encima de los derechos humanos. Conductas como esta son sumamente peligrosas, porque expresan los rasgos de un régimen totalitario que busca, a través de la educación y la población más vulnerable —como son nuestros niños, niñas y adolescentes—, imponer un modelo de sociedad que no está acordado en las leyes y pretende dar una visión única basada en una ideología política que no está previsto en ningún basamento jurídico y de derechos humanos que prevalecerá en los futuros ciudadanos», concluyó la directora de Fenasopadres. 

Mientras tanto, el estudio Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL), correspondiente al año escolar 2022-2023 y elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, concluyó que los alumnos de bachillerato siguen reprobados en matemáticas y en habilidad verbal, donde 2 de cada 10 alumnos tienen las competencias para aprobar los exámenes del sistema educativo venezolano. 

Madres cuidadoras ayudan a sostener el colapsado sistema de salud en Venezuela

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Prepara Familia explica que estas son mujeres en situación de vulnerabilidad y pobreza, quienes acuden al hospital J.M. de los Ríos para atender las enfermedades graves de sus hijos e hijas

En el Hospital J.M. de los Ríos, ubicado en Caracas, las madres de los niños hospitalizados no cuentan con un acompañamiento adecuado, por lo que ellas se convierten en las cuidadoras y ayudan al sistema de salud venezolano.

De acuerdo con el informe “El cuidado invisible y su aporte al sistema de salud”, elaborado por la ONG Prepara Familia,  en este centro de salud infantil, los niños reciben el acompañamiento de sus madres en el 99 % de las veces.

La organización recuerda que en el J.M. de los Ríos “no hay infraestructura ni apoyo con recursos de ningún tipo, las madres cuidadoras deben proporcionar los insumos mediante sus propias gestiones”.

Quienes se responsabilizan por el cuidado de niñas y niños con enfermedades crónicas son sus madres y una pequeña proporción de otras mujeres, hay en este grupo dos padres que lo hacen también. Sin embargo, esta es una labor feminizada completamente.

80% de las madres que cuidan a las y los niños son menores de 44 años, es decir, son mujeres jóvenes madres.

También hay algunas abuelas al cuidado de niñas y niños con enfermedades crónicas

Cuidadoras que viven fuera de Caracas

Ante la pregunta “¿Cuándo viniste a Caracas esta vez, para esta hospitalización o tratamiento? “, 52 mujeres que viven fuera de la capital manifestaron situaciones disímiles:

  • Hay 7 que tienen más de un año en esa situación, es decir que sus hijos tienen largo tiempo en tratamiento.
  • Hay tres cuyos hijos han cumplido mayoría de edad y por lo tanto están movilizándose a otro hospital.
  • La amplia mayoría sufren hospitalizaciones muy largas de manera que los traslados a Caracas significan un cambio radical de su vida cotidiana.
  • También puede verse que la mayoría se queda en Caracas permanentemente o por temporadas.
  • Trasladarse a la capital para facilitar el tratamiento de sus hijas(os) limita su posibilidad de contar con redes de apoyo.

Aquellas que sí se quedan en Caracas, señalaron:

  • 7 de cada 10 madres que cuidan a sus hijos se queda en el hospital mientras están en Caracas.
  • No tienen otro lugar fijo para quedarse.
  • Es decir, viven para cuidar a sus hijos/as

Condición de trabajo

Seis de cada diez madres cuidadoras se ocupa del hogar, aunque la mitad de ellas trabajaban antes remuneradamente, señala el informe de Prepara Familia.

Sin embargo, la “extrema dedicación que exigen niñas y niños con enfermedades crónicas” es una limitación total para la incorporación de estas mujeres a la obtención de algún ingreso mediante trabajo remunerado.

Algunas de las ocupaciones que desempeñan para conseguir algún ingreso son: docentes (4), enfermeras (3), doméstica/aseadora (8), ventas informales (9).

Madres cuidadoras: mujeres invisibles y pobres

La organización explica que estas son mujeres en situación de vulnerabilidad y pobreza, quienes acuden al hospital J.M. de los Ríos para atender las enfermedades graves de sus hijos e hijas.

“El hospital obliga el acompañamiento de niñas y niños hospitalizados, y ese acompañante de preferencia debe ser la madre”, indica el informe.

Una gran parte de las madres cuidadoras ha venido de regiones y estados de Venezuela dejando su hogar y otros hijos, al cuidado de otras mujeres, y perdiendo posibilidades de apoyo, para acompañar a las y los pequeños en sus hospitalizaciones y tratamientos.

 

Además, una amplia mayoría no tiene lugar donde quedarse, debe permanecer en el hospital junto a sus hijas e hijos, por normas de funcionamiento.

Muchas madres han debido dejar sus trabajos remunerados para dedicarse al cuidado, algunas realizan trabajos ocasionales por cuenta propia para obtener algún ingreso.

Estas mujeres son bastante jóvenes y han recibido educación incluso universitaria completa, pero no pueden desplegar su vida puesto que el trabajo de cuidar exige una dedicación completa y grandes bloques de tiempo.

La división sexual del trabajo impone a las mujeres la responsabilidad de cuidar, y ellas como madres la asumen totalmente.

“Con el pasar del tiempo en un complejo proceso socio histórico ya forman parte de la estructura del Hospital. Están presentes, pero invisibles ante la mirada de quienes transitan diariamente por la Institución”, agregó Prepara Familia.

 

Madres cuidadoras: su aporte a la salud de sus hijos y al sistema hospitalario

Las madres cuidadoras tienen dentro del hospital un amplio conjunto de tareas, que, según explica Prepara Familia, va desde mantener higiene y alimentación de sus hijos, hasta el aseo de las instalaciones donde ellos reposan.

Sin embargo, ni la sociedad, ni la estructura hospitalaria y de salud en general, las ve y ni considera qué ocurriría si ellas no estuvieran allí para todas las labores que realizan en el centro de salud.

“El espíritu de lucha y la resiliencia las sostiene aún en las condiciones más adversas, han vivido para satisfacer las necesidades de sus hijos(as), desconociendo las propias. Y por esto, el sistema se apoya en las tareas que realizan”, agrega el informe.

 

Las dificultades y la crisis del sistema de salud y de la infraestructura hospitalaria cerca a las madres cuidadoras en espirales de pobreza y de riesgos para su propia salud.

La dedicación materna a los tratamientos

Las madres cuidadoras, aunque no tengan sus hijas e hijos hospitalizados en el momento del estudio, deben dar una dedicación total y completa a su atención.

En primer lugar, porque las zonas en donde viven suelen ser lejanas al Hospital J.M de los Ríos, y la suma de horas de transporte más horas de tratamiento absorbe todo día.

Para realizar esta atención no hay apoyo alimentario, por lo que la mitad de las niñas y niños reciben alimentos que proporcionan sus madres, pero ellas no comen en todo el día, en estos casos.

Además, el soporte emocional y de recreación que las madres realizan “es sumamente humanizante de la atención en los momentos de tratamiento, y todo esto se realiza en condiciones de precariedad y sin respaldo para las propias madres”.

“Los hospitales no ven ni esa labor ni tienen en cuenta la importancia de todo este acompañamiento ni siquiera para apoyarlas en forma puntual”, indicó la ONG.

 

Prepara Familia señaló que las niñas y niños con enfermedades crónicas en las casas, requieren atención y apoyo alimentario, y atención especial de sus madres, lo que sumado al trabajo general ene sus casas y con los otros hijos, no les dejan momentos de descanso.

El impacto del cuidado en la vida de las cuidadoras

Múltiples estudios han mostrado el desmejoramiento de salud y frecuente síndrome de agotamiento emocional de quienes deben dedicar su día al cuidado de un paciente crónico, tales como las madres del J.M. de los Ríos, ellas tienen rasgos de vulnerabilidad y signos comprobados de estrés debido a su situación:

Factores de mayor vulnerabilidad de las cuidadoras ante el estrés:

  • Tener menos años de educación formal
  • Vivir con la persona a la que se cuida
  • Llevar a cabo aislamiento social – soledad
  • Padecer depresión
  • Tener dificultades financieras
  • Dedicar una gran cantidad de horas al cuidado
  • No tener la capacidad suficiente de afrontar una situación compleja y tener dificultad para resolver problemas continuos
  • No tener otra opción que ser cuidadora

Signos del estrés de las cuidadoras:

  • Preocupación
  • Cansancio frecuente
  • No dormir lo suficiente
  • Aumento o una pérdida de peso
  • Irritación o enojo fácilmente
  • Perder el interés en actividades que solía disfrutar
  • Sentirse triste
  • Sufrir con frecuencia dolores de cabeza, dolor corporal u otros problemas físicos

El estrés de las cuidadoras (el estrés emocional y físico que conlleva el cuidado) es común, más en las condiciones de crisis en que viven las madres del J.M. de los Ríos.

Pacientes con VIH en Venezuela son vulnerables a la tuberculosis

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Este viernes, 1 de diciembre, se  conmemora el Día Mundial de la respuesta al VIH con el objetivo de informar, concientizar, prevenir y fomentar la participación en la acción contra el VIH- Sida.

 

La ONG Acción Ciudadana Contra el SIDA afirmó que las personas con VIH en Venezuela son vulnerables a la tuberculosis.

A través de un video publicado en su cuenta en X, antes Twitter, la ONG afirmó que la coinfección tuberculosis-VIH es una de las principales causas de muerte en personas con VIH en el mundo, pero en Venezuela parece presentarse con mayor incidencia. 

Según la Acción Ciudadana Contra el SIDA, Venezuela es uno de los siete países de Latinoamérica con mayor incidencia de tuberculosis y muertes causadas por esta enfermedad.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que si bien hubo un descenso de casos en Venezuela durante 2018-2021, aún la media registrada en la región supera a la registrada en América Latina.

Fallas en la distribución de tratamiento

La ONG indicó que en 2020, solo el 2% de las personas con diagnóstico reciente de VIH en Venezuela recibió tratamiento profiláctico para la tuberculosis.

El informe sobre el Monitoreo Global del SIDA 2021 reportó que el año anterior solo 2% de las personas diagnosticadas con VIH comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral.

La organización afirmó que el apoyo del Fondo Mundial mejoró la respuesta sanitaria a las personas con coinfección tuberculosis-VIH en Venezuela, lo que también incidió en una mejoría considerable de las condiciones de salud de los pacientes. 

Este viernes, 1 de diciembre, se  conmemora el Día Mundial de la respuesta al VIH con el objetivo de informar, concientizar, prevenir y fomentar la participación en la acción contra el VIH- Sida.

Piden al Estado venezolano mayor compromiso en lucha contra el VIH

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Pese a que la cifra de fallecidos por la infección de VIH ha disminuido, en el mundo cada minuto muere una persona por enfermedades relacionadas al virus
En Venezuela 96.725 personas viven con VIH, de las cuales 60.765 reciben tratamiento antirretroviral
El Ministerio del Poder Popular para la Salud distribuye gratuitamente el tratamiento, pero desde 2015 el Gobierno de Nicolás Maduro no compra medicamentos 
La ONG Acción Solidaria sentenció que la inacción estatal ha provocado un retraso de 15 años en torno al combate contra el VIH
A partir de 2024 se adquirirán medicamentos a través de una subvención formal con el Fondo Mundial y los recursos serán administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

 

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del VIH, organizaciones y activistas acordaron homenajear a partir de 1988 a las más de 25 millones de personas que han muerto a consecuencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana.  

Aunque actualmente la cifra de fallecidos es ínfima en comparación con los inicios del virus, el VIH está lejos de terminar. Solo en 2022, 630 mil personas murieron por enfermedades relacionadas al VIH (casi una por minuto) y 1,3 millones se infectaron. 

Según estadísticas del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH (Onusida), más de 9 millones de personas de las 39 millones que viven con el virus no tienen acceso a tratamientos.

De acuerdo con Onusida, la financiación de las comunidades ha disminuido en la última década de 31% en 2012 a 20% en 2021.

El informe Global 2023 reveló que en Venezuela se estima existen 96.725 personas con VIH, de las cuales 60.765 reciben tratamiento antirretroviral.

El año pasado, la incidencia de VIH en Venezuela fue de 6.506 nuevas  infecciones, de las cuales 4.850 son hombres y 1.656 mujeres. La mayor cantidad de casos la ocupan personas entre 25 y 49 años de edad.

Recursos insuficientes

Según la directora de Onusida en Venezuela, Regina López de Khalek, los objetivos mundiales para 2025 incluyen que organizaciones lideradas por comunidades proporcionen el 30% de los servicios de pruebas y tratamientos, 80% de prevención para poblaciones con alto riesgo de infección y 60% de apoyo a facilitadores sociales que habiliten una respuesta eficaz y sostenible.

https://twitter.com/ONUSIDA_VE/status/1729994039171162261

López sostuvo que en Venezuela “estamos mejor que en los años 2016, 2017 y 2018”.

La doctora expuso que gracias a la subvención del Fondo Global para la Prevención del VIH, Tuberculosis y Malaria, Venezuela ha podido sortear las necesidades en torno a la enfermedad.

Lopez indicó que el Ministerio del Poder Popular para la Salud siempre ha distribuido gratuitamente el tratamiento.

“Y así fue hasta el 2015, pero a partir de allí no compró más medicinas debido a la crisis presupuestaria que argumentaban y que vive el país”.

La profesional de la salud aseguró que entre 2019 y 2023 la adquisición de retrovirales se hizo a través de unos fondos de emergencia del Fondo Mundial. “Pero estos recursos alcanzan solo para comprar tratamientos”.

Lopez indicó que de 2024 a 2026 se adquirirán medicamentos gracias a una subvención formal con el Fondo Mundial y los recursos serán administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sin embargo, expresó que los recursos siguen siendo insuficientes.

“Cada vez hay más pacientes, se necesita hacer carga viral al menos una vez al año, es perentorio el estudio de los niños expuestos (niños que nacen de madres con VIH), tenemos problemas de tratamientos para las personas que ya entran en la etapa crítica y padecen tuberculosis cerebral o toxoplasmosis diseminada”, precisó.

La directora de Onusida aseveró que se necesita más compromiso por parte de las autoridades.

“Entendemos perfectamente la situación por la cual atraviesa el país, pero si se está viviendo una cierta recuperación económica, es momento de invertir en las deficiencias que tenemos, hacer por ejemplo estrategias con países aliados”, sugirió

López aclaró que la función de Onusida es asesorar a los Gobiernos de la mano del Ministerio de Salud.

“Es una realidad que la situación actual es mejor que en años anteriores, tenemos médicos capacitados y gente muy comprometida, sin embargo, en años anteriores existieron convenios con institutos de Cuba, contábamos con más pruebas de diagnóstico, había suficientes reactivos para los niños y leches maternizadas para que la madre infectada no amamantara a su hijo, fuimos pioneros en América Latina con nuevos tratamientos”, recordó. 

La doctora sentenció que para el futuro cercano desean implementar la profilaxis pre-exposición, que consiste en distribuir medicamentos a personas con alto riesgo de contraer VIH.

López indicó que se puede cumplir la meta mundial de erradicar el VIH para 2030, pero apoyando el liderazgo de las comunidades.

“Este Día Mundial del VIH es un llamado a la acción para apoyar a las comunidades y liberar todo su potencial, disponemos de las herramientas necesarias para prevenir nuevas infecciones. El fin del VIH es posible y sabemos cómo lograrlo. Estamos aprendiendo, estamos dando pasos cortos pero seguros”.

15 años de retroceso en el combate

Para la ONG Acción Solidaria, la inacción del Estado en torno al combate del VIH ha provocado un retroceso de 15 años.

https://twitter.com/AccionSolidaria/status/1730532029526090038

Debido a los efectos de la emergencia humanitaria compleja, la Unidad de Respuesta en VIH de Acción Solidaria ha documentado una reactividad mensual entre el 15% y el 20%, alcanzando el pico en octubre de 2023 de 22%. 

La ONG denunció que la falta de reactivos para exámenes de control como carga viral y CD4, disponibilidad limitada de tratamientos antirretrovirales y escaso acceso a preservativos constituyen obstáculos para la realización de jornadas gratuitas de despistaje de VIH. 

El director de la Unidad de Respuesta en VIH de la ONG, César Pacheco, sentenció que los exámenes para control no están disponibles en servicios públicos de salud.

“Solo un grupo limitado de asociaciones pueden ofrecer este servicio y en instituciones privadas el costo es elevado”.

Pacheco indicó que el medicamento para VIH disponible en Venezuela es eficaz.

“Pero lamentablemente solo tenemos un tipo de esquema disponible, lo cual puede perjudicar a personas que desarrollan algún tipo de comorbilidad (dos o más enfermedades al mismo tiempo)”.

El activista manifestó que en la actualidad el Gobierno venezolano no ha asumido postura alguna.

“No hay señales claras de que el Estado tenga la intención de comprar por medios propios los medicamentos antirretrovirales”. 

Para Pacheco, es necesaria la implementación de programas de formación para abordar los aspectos médicos en torno al VIH e igualmente los que tienen que ver con la sensibilización y promoción de prácticas no discriminatorias.

El directivo alertó que es hora de desechar frases como “enfermos con Sida”.

“Es adecuado hablar de personas que viven con VIH, que es más dignificante”.

 

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Proponen “parque de paz” en el Esequibo como opción para zanjar el conflicto

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En el marco de la segunda conversación sobre Biodiversidad y Conservación en la Guayana Oriental Venezolana se trató la importancia de la Guyana Venezolana y una posible solución para el litigio por el Esequibo

Foto: Freepik

La ONG SOS Orinoco organizó, el pasado miércoles 29 de noviembre, el segundo conversatorio de su serie Biodiversidad y Conservación en la Guayana Oriental Venezolana. En esta oportunidad, el profesor Lionel Hernández y el embajador Oscar Hernández fueron los ponentes para hablar sobre el Esequibo.

En horas de la tarde, vía zoom, se llevó a cabo el encuentro de libre acceso. La directora de SOS Orinoco, Cristina Burelli, presentó a los dos ponentes de la sesión. El profesor Lionel Hernández dio inicio a su ponencia presentando un material digital en  co-autoría: Los Bosques de la Guayana Oriental Venezolana, frontera forestal bajo amenaza.

https://twitter.com/SOSOrinoco/status/1728443701754540415?s=20

Última frontera forestal de Venezuela

«La última frontera forestal de Venezuela», así comenzó el profesor al describir la Guayana venezolana. Aclaró que la mayor riqueza de especies forestales se encuentra en esta zona del país. Asimismo, comentó la relevancia de los bosques como los más ricos y productivos en carbono para Venezuela.

La Amazonía, comenta el experto, es el bosque tropical más extenso y con mayor diversidad del planeta. Cerca de 7,4 millones de km2, distribuidos entre Venezuela, Brasil, Colombia, Guyana, Surinam, entre otros. En este espacio habitan «más de 10.000 especies arbóreas distintas», afirmó.

«Entre el 36 y 57% de todas las especies arbóreas amazónicas probablemente califiquen como globalmente amenazadas, según criterios de la Lista Roja de la UICN», advirtió Hernández.

Destacó la necesidad de resguardar la Reserva Forestal de Imataca, ya que representa un corredor ecológico de bosques que conecta la parte oriental con la parte de la provincia de Guayana. «Al proteger los corredores se conectarían las zonas de protección, minimizando la fragmentación del hábitat y se podría mantener el rango completo de biodiversidad a diferentes escalas».

El profesor concluyó señalando la reducción de la comunidad científica que estudia la Guayana venezolana, lo que deja aún más expuesta a la región ante la poca propuesta de soluciones.  «Está desapareciendo y quedando sin generación de relevo», lamentó. 

Litigio por el Esequibo

Seguidamente, el embajador Hernández tomó la palabra. Aseguró que, actualmente, «El Esequibo es el centro de nuestras angustias».

Aunque el litigio sobre el Esequibo data del siglo XIX, hoy en día sigue en pleno apogeo por haber llegado a manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2018, cuando Guyana presentó una demanda contra Venezuela solicitando que se confirmara la validez del laudo arbitral de 1899 que fijó la frontera entre los dos países.

En este sentido, el experto comentó: «Guyana logró lo que quería, llegar a la CIJ». Explicó que, bajo este escenario, lo mejor que puede hacer el Estado venezolano es presentar muy bien sus argumentos y esperar un fallo a favor por el Esequibo.

Asimismo, el embajador habló sobre la «preocupante» situación respecto a la minería ilegal en la zona. «La minería ilegal amenaza la biodiversidad del Esequibo pues ha arrasado con 31.000 hectáreas del bosque entre el 2000 y junio de 2022», comentó.

El Esequibo no solo es uno de las mayores reservas de flora diversa para Venezuela. También habitan 300 y 900 especies de peces y aves, respectivamente. Muchas de ellas endémicas.

Los expertos señalaron que en la disputa por el territorio han quedado en medio más de nueve pueblos indígenas.

«La producción de oro anual de Guyana es de 19 toneladas, incluido el Esequibo, para lo cual se usan 29 toneladas de mercurio cada año según SOS Orinoco», compartió Hernández. El mercurio es un elemento conocido por sus altos niveles de toxicidad y riesgo al entrar en contacto con el medio ambiente.

Parque de Paz, alternativa para preservar el medio ambiente

Tras presentar datos un poco desalentadores, según los comentarios de los participantes conectados a Zoom, el embajador dilucidó una posible solución para poner fin al conflicto que por años ha contrariado al Estado venezolano.

«El embajador Francisco Kerdel Vegas propone construir un parque de paz entre Venezuela y Guyana en esa zona fronteriza. Este parque estaría en manos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aumentaría pulmones vegetales para la humanidad», dijo Hernández.

En pocas palabras, el experto definió a los parques de paz como áreas protegidas donde existe un pasado notoriamente conflictivo. Al dejar la administración en manos de la ONU, tanto Venezuela como Guyana trabajarían en conjunto para preservar y velar por espacios como la Reserva Forestal de Imataca, Sierra de Lema y la Gran Sabana.

El embajador apuntó que traería beneficios como un potencial de ingresos y la conservación biológica. «Tal vez esta sea la oportunidad de convertir un litigio en una esperanza para un parque de paz», añadió el profesor. 

Los grandes olvidados: los indígenas en Guayana

Olnar Ortiz, abogado y defensor de DDHH de los pueblos indígenas de Venezuela, aprovechó la oportunidad para hacer un intervención que los ponentes no habían expuesto con detalle: el impacto de esta disputa sobre los residentes originarios de esta zona, los pueblos indígenas.

«Los waraos y pemon Taurepan tienen familia allí, (…) y nunca han dejado de coexistir y vivir ahí. Incluso, hoy día muchos de los indígenas de ambos lados están en desacuerdo con una posible situación de guerra», compartió enfáticamente el abogado.

 «Tengo conocimiento (…) que algunas comunidades están ya desplazándose por temor a la situación que se pueda presentar», dijo con preocupación Ortiz.

Asimismo, compartió que ambas naciones no han respetado los derechos fundamentales de los pueblos originarios en estos territorios. Corroboró que la minería ilegal afecta duramente a esta minoría, que muchas veces está controlada por grupos armados irregulares.

Recordó que, en la Constitución venezolana, capítulo VIII del título III, se reconocen y protegen la existencia, la identidad, la cultura, el hábitat, la organización, la participación, la educación, la salud, la jurisdicción y el desarrollo de comunidades indígenas.

Además, la Constitución establece que el Estado garantizará a los pueblos indígenas el respeto a sus derechos humanos y a los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

Finalmente, Burelli despidió el foro e invitó a «seguir regando esa semillita” de la esperanza e interés por nuestro territorio Esequibo. Así como también compartió el último informe de SOS Orinoco respecto a la valoración de la biodiversidad del este del Estado Bolívar.