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El «cinco veces sí» se convirtió en un deber escolar

Simulacro del referendo del Esequibo en planteles ecolares
Joshua De Freitas
Hace 8 meses
Nancy Hernández, presidenta de Fenasopadres, advierte que el simulacro estudiantil sobre el referendo del Esequibo marca un «precedente peligroso» para la vulnerabilidad de la libertad de consciencia y el derecho a la educación tanto de los niños, niñas y adolescentes como de los padres, representantes y responsables de los menores de edad

«Basta de usar a los adolescentes y estudiantes de educación media como comparsa para legitimar políticas erosivas y transgresoras de la constitución y el interés nacional», denunció la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media (Feneem) este 29 de noviembre sobre el simulacro del referendo consultivo sobre el Esequibo organizado por el régimen de Nicolás Maduro en los liceos y escuelas de Venezuela. 

A través de un comunicado en redes sociales, la Feneem rechazó la estrategia planteada por el Poder Ejecutivo venezolano, presidido por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y el Ministerio de Educación de llevar a los niños, niñas y adolescentes a participar en una especie de comicios para ratificar la responsabilidad constitucional del Estado de defender al soberanía de Venezuela en su territorio en reclamación. 

«Nos oponemos a ser usados como adorno en esta discusión proselitista», agrega la Federación. «Este simulacro, para los estudiantes, no tendrá ningún efecto real en la logística y demás preparativos que necesitan para el referéndum, ni en sus resultados. Por el contrario, solo sirve a la retórica propagandística oficial dada a obligar, enjuiciar y calificar de apátrida a quien no apoya el llamado a votar o decida votar por el no». 

Otras denuncias de la comunidad estudiantil se refieren al carácter obligatorio y a la coerción de los menores de edad a participar en el simulacro electoral. En redes sociales se hicieron evidentes las denuncias de padres y representantes de que algunos estudiantes incluso fueron retenidos hasta que participaran en el simulacro en las instituciones.

Simulacro de un referendo coaccionado 

«Hemos recibido alrededor de una docena de denuncias de manera directa e indirecta tanto de Distrito Capital como de los estados Miranda, Anzoátegui, Aragua, Mérida, Bolívar y Sucre hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, sabemos que son muchas más las actividades que desarrollaron los organismos del Estado a través del Ministerio de Educación hacia el estudiantado para irrespetar la libertad de consciencia de los jóvenes al obligar a participar en el simulacro y a contestar de una única manera todas las preguntas», informó Nancy Hernández, directora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), en una entrevista a Runrun.es.

La retención de los estudiantes en los planteles educativos hasta que participen en el simulacro, boletines expedidos por el Ministerio de Educación que obligaba a los padres y representantes a conceder la participación de los jóvenes y las amenazas de amonestaciones al estudiante o al docente si no participaban son alguno de los casos expuestos ante la sociedad civil venezolana. 

«Pero lo más grave dentro de las denuncias recibidas es la participación de estudiantes cursantes de los primeros grados de primaria, hasta sexto grado, cuando la instrucción dada por el propio Ministerio de Educación decía que esta actividad era destinada solamente a los estudiantes de bachillerato», agrega Hernández. 

La directora de Fenasopadres aseveró que, aunque algunas instituciones públicas y privadas afirman que las actividades como el simulacro del referendo sobre el Esequibo están previstos en la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, no tiene el peso legal suficiente frente a otros documentos jurídicos de mayor jerarquía en el sistema venezolano

«Debemos advertir que la Ley de Participación Estudiantil permite la invitación del estudiantado, pero es una ley ordinaria. En realidad prevalecen la Ley orgánica de Educación y la Constitución, que tiene una jerarquía mayor que las leyes ordinarias. Por ello, se está violando la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el derecho a los padres de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos», explicó. «Estaban convirtiendo en obligatorio un ejercicio ciudadano que nuestra constitución otorga a partir de los 18 años y no es un deber, es un derecho donde la decisión de participar no es obligatoria». 

Proselitismo y amenazas

Otra voz que se alzó contra la forma en la que se realizó este procedimiento de consulta fue la del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, quien a través de un comunicado tildó de “sesgado y proselitista” el simulacro del referéndum impuesto a los estudiantes. 

«Rechazamos firmemente la manipulación por parte del gobierno nacional del derecho legal que tienen las niñas, niños y adolescentes a la participación política consagrada en la LOPNNA (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente), a propósito del simulacro de votación pro referéndum pautado para el 3 de diciembre.  Este simulacro realizado el miércoles 29 de noviembre en escuelas y liceos, fue impuesto, dándole un carácter obligatorio que no tiene legal ni pedagógicamente sustento,  coaccionando a los estudiantes a participar, pues no se tomó en cuenta que la participación política de nuestras niñas, niños y adolescentes es un ejercicio personal progresivo, conforme a la capacidad evolutiva de los mismos, tal cual lo expresa el artículo 13 de la LOPNNA», explicaron. 

En el texto, rechazaron que a estudiantes los retuvieran en «contra de su voluntad en escuelas y liceos para obligarlos a participar en el simulacro de referéndum» según denunciaron padres y representantes, quienes también reportaron otro tipo de amenazas, como que les serían retirados beneficios sociales como el CLAP y becas estudiantiles «de no firmar la autorización para que sus educandos participaran».

Reducción de las clases

A las denuncias sobre imposición del referendo del Esequibo a la comunidad estudiantil  se suman la del descarte de programas de estudios regulares para impartir contenido político bajo la ideología del PSUV.

Una madre caraqueña y profesora de un colegio público del municipio Chacao, bajo la protección de Runrun.es, confirmó que desde hace un mes los docentes están obligados a impartir clases sobre el Esequibo y la participación del expresidente Hugo Chávez y el PSUV en la posible recuperación del territorio en reclamación con Guyana, descartando otras materias como la formación en lectoescritura y las competencias en matemáticas a los estudiantes entre primer y sexto grado de primaria. 

«Mi hija, de nueve años, le dijo a su profesora que no le enseñara más ese tema, porque la política era algo para adultos y llevaban más de tres semanas sin aprender algo nuevo. Me citaron a dirección con la amenaza de que la podían suspender», dijo. 

La sociedad civil venezolana también ha registrado estos casos desde el inicio de noviembre, informó la directora de Fenasopadres, agregando que, ahora, con la imposición de horarios reducidos y la escasez de docentes el derecho a la educación está siendo aún más vulnerado. 

«El drama se amplía más porque en los planteles públicos, donde se está formando el 85 % de la población en edad escolar, no se dan las cinco horas académicas de cada materia —que se redujeron de 45 a 40 minutos—, el horario mosaico reduce la cantidad de días de clases, y, ahora, se destinan horas a promover una posición político-partidista en relación con un tema que perfectamente puede ser dado como objetivo de estudio en la historia y geografía a lo largo de los 14 años de formación básica de los jóvenes y no durante un mes de propaganda política», agregó. 

Un precedente «peligroso» para los DDHH

El Poder Ejecutivo venezolano obligó a los planteles educativos a clausurar sus actividades durante casi una semana debido a las elecciones del referendo sobre el Esequibo este domingo 3 de diciembre. Tanto la Federación Venezolana de Maestros como la Feneem y la Fenasopadres rechazaron las medidas aludiendo que se restringe aún más el derecho a la educación de los venezolanos. 

«Cualquier actividad extracurricular tiene que estar fundamentada en el respeto de todas las corrientes de pensamiento, y esta actividad, promovida por el ministerio de educación, estuvo cargado de un sesgo de proselitismo político (a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela) que, además, está prohibido en la Ley orgánica de Educación y la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niñas y Adolescente», enfatizó Hernández. 

Para la sociedad civil venezolana, la coerción del Estado ante la comunidad estudiantil genera un «precedente peligroso» para la democracia y los derechos humanos en la infancia. 

«En este caso prevaleció el interés del Estado por encima de los derechos humanos. Conductas como esta son sumamente peligrosas, porque expresan los rasgos de un régimen totalitario que busca, a través de la educación y la población más vulnerable —como son nuestros niños, niñas y adolescentes—, imponer un modelo de sociedad que no está acordado en las leyes y pretende dar una visión única basada en una ideología política que no está previsto en ningún basamento jurídico y de derechos humanos que prevalecerá en los futuros ciudadanos», concluyó la directora de Fenasopadres. 

Mientras tanto, el estudio Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL), correspondiente al año escolar 2022-2023 y elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, concluyó que los alumnos de bachillerato siguen reprobados en matemáticas y en habilidad verbal, donde 2 de cada 10 alumnos tienen las competencias para aprobar los exámenes del sistema educativo venezolano. 

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