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Balance ambiental 2023: del flojo combate a la minería ilegal a las expediciones que buscan preservar especies

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Mientras los focos de explotación de oro proliferan en el sur del país e incrementan las zonas deforestadas o degradadas, en el Lago de Maracaibo la eutrofización –exceso de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático– continúa causando estragos y aleja a pescadores, deportistas y turistas.
En contraposición, otros venezolanos inclinan la balanza en favor de lo ambiental: se esfuerzan por salvar a animales en extinción o crean iniciativas que permitan investigar el uso de los suelos y las aguas en el país.

@loremelendez para Mongabay

 

Dos fotografías satelitales condensan dos de las deudas ambientales más graves de Venezuela en 2023. Una es la del lago más grande de América Latina, el Lago de Maracaibo, con aguas que se tornaron verdes en medio de la contaminación que lo sobrepasa. La otra, la del cerro Yapacana, en el parque nacional del mismo nombre, donde la explotación de oro continúa por encima de cualquier ley, pese a las repetidas incursiones militares del gobierno de Nicolás Maduro en esta zona. Ambos casos están vinculados a las industrias extractivas del país y se desarrollan sin ningún tipo de control.

A pesar de estas realidades, el gobierno venezolano asistió a la Cumbre Amazónica para dictar cátedra sobre lo que se debe hacer para proteger a la Amazonía sin mencionar el grave problema ambiental.

En tanto, Estados Unidos levantó las sanciones comerciales que pesaban sobre funcionarios e individuos conectados con la administración de Maduro, incluso aquellas que tienen que ver con las compañías petroleras y mineras del Estado, lo que podría significar un enorme riesgo para el ambiente.

Pero en 2023 también hubo espacio para las buenas noticias. El país ya cuenta con Mapbiomas Venezuela, una plataforma multitemporal que se actualizará cada año, y que reúne series históricas de mapas anuales de cobertura y uso del suelo, así como de agua, a partir de 1985. En una nación sin datos, esta información es clave.

“La idea es que se use para monitoreo y planificación y que se utilice para diseñar políticas públicas y como una herramienta de veeduría de la sociedad civil”, indica Tina Oliveira, coordinadora de Sistemas de información Socioambiental de Wataniba, una de las organizaciones que participó, junto a Provita, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) y el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Modelado Ambiental (LSIGMA) de la Universidad Simón Bolívar, en la creación de la herramienta.

Otra  nota positiva de 2023 con foco ambiental es que las iniciativas para salvar al Caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius), en peligro de extinción, hicieron posible una alianza con el Zoológico de Dinamarca para que hasta allí se trasladaran siete ejemplares de la especie, con el objetivo que sus crías retornen al cabo de unos años a su hábitat natural. Estos y otros temas son parte del balance ambiental de Venezuela de este año.

minería ilegal en Canaima

Lo malo: minería ilegal en expansión versus incursiones militares

Aunque desde finales de los años 80 se tienen reportes de minería artesanal en Yapacana y se dio cuenta de un repunte de la actividad entre 2012 y 2014, no fue sino en 2019 cuando investigadores de SOS Orinoco confirmaron que la explotación estaba en manos de la guerrilla colombiana del ELN, y también de las disidencias de las FARC, quienes actuaban en complicidad con diversos componentes de la Fuerza Armada venezolana.

“En los últimos meses se ha incrementado la actividad, ya en los siete municipios de Amazonas hay focos de minería”, asevera el líder indígena baniva Eligio Da Costa, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA). Acotó que, a los puntos mineros que causan deforestación, se suman aquellos que están dentro de las aguas: las balsas de explotación fluvial que socavan los lechos de los ríos para extraer oro, como ocurre en el río Atabapo, al sur del estado.

“Es una actividad que destruye los territorios, la biodiversidad, la fauna, y genera consecuencias en nuestra cultura porque influye en nuestras actividades tradicionales. Siempre hemos mantenido esa convivencia sana con la naturaleza, pero la minería va más rápido que los procesos organizativos de nuestros pueblos”, señala.

 

 

El pasado 13 de septiembre de 2023, justo cuando se conmemora el Día de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, se produjo un operativo armado de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano en la mina “Cacique”, en el Parque Nacional Yapacana. Se habló de varios muertos y heridos, circularon fotos de personas ensangrentadas, se dijo que los afectados fueron trasladados a un hospital en la frontera Colombiana, pero desde el gobierno solo hubo silencio.

La incursión militar fue parte de la Operación Autana que, desde diciembre de 2022, ha desarrollado redadas para “erradicar” la minería ilegal en un estado donde, por decreto está prohibida la actividad extractivista. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos ambientales y de las comunidades indígenas indican que el número de yacimientos continúa en expansión.

De acuerdo con información satelital divulgada por la organización Wataniba, solo en los territorios de los pueblos ye’kwana y sanema, en los municipios Alto Orinoco y Manapiare, hay 70 focos de minería ilegal que han deforestado 934 hectáreas. El problema ambiental, según la misma organización, se aceleró en medio de la pandemia.

En mayo, otro incidente ocurrido en Amazonas generó alarma. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), G/J Domingo Hernández Lárez, informó que la noche del 28 de mayo, un puesto de la Fuerza Armada Nacional fue atacado “con arcos y flechas” por indígenas que reclamaban la incautación de un cargamento de comida y de materiales para la explotación del oro que abastecería las minas ilegales de Yapacana.

Adicionalmente, los yanomami, otro pueblo indígena que vive en los estados Amazonas y Bolívar de Venezuela, también están asediados por la minería. En un reportaje publicado por Mongabay Latam, expertos detallaron que la dependencia de los indígenas por los productos industrializados ha impulsado que dejen sus conucos y se vayan a trabajar en las minas. La malaria que los afecta, vinculada directamente con la actividad extractivista, así como otras enfermedades como el sarampión, apenas son atendidas por los precarios servicios de atención sanitaria del país. Esa misma realidad se repite al menos en 38 pueblos indígenas del sur de Venezuela, de acuerdo con una publicación de Mongabay de septiembre pasado.

Foto del satélite Sentinel 2 del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea (19 junio 2023)

Lo feo: el “monstruo verde” del Lago de Maracaibo

Durante los últimos cinco años, el Lago de Maracaibo, repleto de torres, tuberías y balancines de la empresa petrolera venezolana, no ha dejado de ser noticia. A sus aguas, cargadas de derrames de hidrocarburo, eutrofización (exceso de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático), aves manchadas de negro y peces contaminados, llegó en 2023 un huésped que, según la Fundación Azul Ambientalistas, ocupó en julio pasado el 70% de su superficie: la cianobacteria Microcystis. Esta bacteria es una microalga estudiada por científicos del Laboratorio de Microbiología Agrícola del Instituto de Investigaciones Agronómicas de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia (LUZ), que hizo que el cuerpo de agua del lago se tornara verde, y que así se viera desde el espacio.

La presencia del “verdín”, como se le conoce popularmente, además de teñir las aguas y volverlas más densas, causó la muerte de distintas especies de fauna y alejó a pescadores y a quienes practican allí deportes acuáticos a diario. El Concejo Municipal de Maracaibo declaró la emergencia del Lago a mediados de julio y exhortó a PDVSA, la compañía estatal petrolera, a cesar los derrames y ocuparse de su limpieza. Solo en el primer semestre del año se registraron 23 derrames en este cuerpo de agua, además de otros 21 en seis estados del país.

Además de los derrames, hay basura que se vierte directamente en el Lago y otra que llega desde los ríos que lo alimentan, así como aguas servidas que se depositan en su cauce. Para el  ingeniero agrónomo y director de la Asociación Civil para la Conservación del Lago de Maracaibo (ACLAMA), Ausberto Quero, el grave problema social y ambiental es que aunque se hagan limpiezas, jamás se atacan las causas que tienen a este cuerpo de agua en su peor momento.

 

 

“Los sistemas de recolección municipal no están funcionando porque no hay suficientes camiones recolectores de desechos y las frecuencias con las que hacen su trabajo son muy bajas”, advierte Quero, quien explica que las comunidades zulianas que viven a orillas de las quebradas lanzan basura a estas y desde allí se va al Lago.

“Y eso pasa en todos los poblados, no solo de Zulia, sino también de toda la cuenca del Lago, que son los estados Trujillo, Táchira, Mérida y parte de Lara, además de los desechos que vienen del lado colombiano a través de la cuenca del río Catatumbo”, detalla.

A este cóctel que acelera la eutrofización, se añaden los fertilizantes usados en la industria agroalimentaria del Zulia, una de las más importantes de Venezuela. El nitrógeno, producto de esta actividad, también va a parar a las aguas del Lago.

Aunque desde el Ejecutivo venezolano se ha hablado de soluciones a esta crisis, poco se ha hecho para remediarla. Quero, también miembro de la junta directiva del Colegio de Ingenieros del estado Zulia, recuerda que la alerta del “verdín” obligó al Estado a prometer un plan de muestreo de las aguas de todo el Lago. Esto permitiría monitorear el balance de los nutrientes presentes en el cuerpo de agua. Hasta ahora no se ha mostrado ningún resultado.

“No hay un seguimiento, no hay un programa, no hay un cronograma que nos determine cuándo vamos a empezar a ver algunos resultados. Lo que sabemos, hasta ahora, es que hay intentos de reactivar los sistemas de tratamiento de las aguas. Se han limitado, básicamente, a limpiar las costas”, asevera el experto.

Lo político: el “reacomodo” ambiental en la Cumbre Amazónica

La ausencia de Nicolás Maduro durante la Cumbre Amazónica, convocada en agosto por el presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, llamó la atención durante 2023. La versión oficial fue que una otitis impidió al mandatario venezolano acudir a la cita donde se encontrarían los líderes de los ocho países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). En su lugar, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, encabezó la delegación venezolana que dio a conocer las “líneas estratégicas” diseñadas por Maduro para actuar en la defensa del bosque húmedo tropical más grande del mundo.

Su primera propuesta fue declarar “la emergencia regional de los países amazónicos”, por los problemas que afectan a la cuenca amazónica. Por otro lado, pidió la conformación de una “fuerza de tarea ambiental” de los países de la OTCA, que Maduro considera clave para que ministros y funcionarios de los distintos gobiernos se encuentren y organicen.

El documento presentado por Venezuela incluyó la promoción de un plan de deforestación cero, así como un programa de reforestación y la creación del banco de semillas amazónicas. Pero son proyectos que van en contraposición a lo que ocurre en el país. El informe “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021”, de la organización Clima21 ––especializada en la defensa de derechos humanos ambientales–– confirmó la alta tasa de deforestación que existe en la nación, una tendencia que se aceleró en los últimos años.

De acuerdo con el informe, cinco estados concentran el 57% de la deforestación nacional. En dos de estos, la minería ilegal se ha impuesto como la economía de la zona.

Entre las propuestas de Maduro, también se busca promover  la apertura de un Centro de Investigación Amazónico, la creación de un cuerpo amazónico para el combate de incendios forestales y el lanzamiento de un satélite que permita el monitoreo remoto de toda el área.

Sin embargo, ninguna propuesta tuvo un eco concreto en los más de 100 objetivos acordados en la Declaración de Belém que dio por finalizado el encuentro. Rodríguez habló de la necesidad de “erradicar” la minería ilegal sin señalar cómo hacerlo. En su lugar, apoyó la adopción de “prácticas mineras responsables”. De acuerdo con un informe de 2016 de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la minería produce más del 80% del oro que se extrae en el país.

El comentario de la vicepresidenta sobre la minería ilegal en la Cumbre de la Amazonía es un reflejo de “los reacomodos que se han visto desde los últimos meses” en el país en materia ambiental, considera el sociólogo, investigador y fundador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Emiliano Terán Mantovani. Para él, las incursiones militares que emprendió el gobierno venezolano dentro de su territorio amazónico contra los yacimientos comandados por organizaciones criminales o grupos de la guerrilla colombiana, le dieron base a la funcionaria para fustigar la minería ilegal.

Un mes antes de la Cumbre, prosigue Terán Mantovani, ya Venezuela se había anotado una pequeña conquista: los primeros pasos hacia la obtención de un financiamiento de la Global Gateway, una iniciativa de la Unión Europea para apoyar económicamente proyectos que promuevan la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad en diversos sectores. Los fondos buscan reducir las emisiones contaminantes de metano que se desprenden de los pozos petroleros inactivos y lograr que estos se conviertan en gas natural que se exportaría a Europa y que combatiría la escasez del recurso que sufre el bloque desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Lo preocupante: levantamiento de sanciones sin foco ambiental

La Global Gateway es una de las primeras puertas que se abrió al gobierno de Nicolás Maduro previo al levantamiento de sanciones de Estados Unidos. Estas sanciones fueron una serie de medidas dictadas a partir de 2014 por el gobierno norteamericano para restringir las actividades comerciales de funcionarios y aliados del presidente venezolano – y que posteriormente abarcó a la industria petrolera y minera– debido a las constantes violaciones a los derechos humanos y a sus vínculos con la corrupción y delitos transnacionales. La decisión de levantar estas medidas implica el retorno de las relaciones comerciales y financieras de los afectados con compañías de ese país.

Poco después de tomada esta decisión, la Unión Europea acordó también la flexibilización de las restricciones impuestas a Venezuela, lo que permitirá a agencias y organizaciones de derechos humanos internacionales transar pactos con los sancionados sin que se considere delito.

Estas disposiciones no aseguran un panorama favorable para los recursos naturales del país, según Terán Mantovani. “En el caso petrolero, todo depende de los tipos de acuerdo que se están desarrollando (…) Las licencias con Chevron son concesiones bastante favorables a las empresas extranjeras con un nulo control ambiental”, afirma el sociólogo.

En cuanto del oro, tampoco hay buenas expectativas. Para SOS Orinoco, organización que documenta las consecuencias de la industria extractivista en la Amazonía, el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Minerven, la estatal minera venezolana, podría permitir la entrada de empresas y refinadoras de oro foráneas, así como el establecimiento de relaciones comerciales formales que profundicen la destrucción ambiental en el Arco Minero de Orinoco en 2016.

“Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y los refinadores de oro serios no tienen ninguna manera de fiscalizar ni saber qué ocurre dentro de Minerven. El régimen utilizará a Minerven como un embudo para canalizar por allí todo el oro que seguirán sacando de áreas protegidas, utilizando mercurio ilegal y violando DDHH y derechos ambientales”, apuntó la organización en el mismo mensaje.

Para Terán Mantovani, “al estar (el gobierno) tan endeudado y desesperado por mayor captación de fondos, prácticamente no hay ningún requerimiento sobre lo ambiental”.

Lo bueno: el esfuerzo ambiental por salvar las especies y preservar la memoria

En enero de 2023, siete caimanes del Orinoco (nombre científico) emprendieron el que es, hasta ahora, el viaje más largo de sus vidas. Desde el Hato Masaragual del estado Guárico, en el corazón de los llanos centrales venezolanos, hicieron una travesía hasta el zoológico de Cocodrilos de Dinamarca, a una hora de Copenhague, en cajas especiales que los trasladaron por tierra y aire. El acuerdo es que, tras reproducirse, sus crías regresarán a Venezuela.

El responsable de toda la expedición ambiental fue Álvaro Velasco, biólogo venezolano que lleva décadas de trabajo en la preservación de esta especie en Peligro crítico de extinción, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Velasco preside también el Grupo de Especialistas de Cocodrilos de Venezuela que, junto a la Fundación para el desarrollo de las ciencias físicas, matemáticas y naturales (Fudeci), lideraron el proyecto.

Esta no es la única iniciativa en el país que protege a la especie. Hatos y reservas de fauna se ocupan de que las crías de los caimanes —que en realidad son cocodrilos, pero se les conoce así en Venezuela y Colombia— sobrevivan al menos durante su primer año de vida para luego reinsertarlas a la vida silvestre. En mayo, el Zoológico Leslie Pantin de Turmero, en el norteño estado Aragua, liberó a 160 ejemplares en el Hato Masaragual. En 2024, espera hacer lo mismo con más de 200 gracias a que el Zoológico de Indianápolis, en Estados Unidos, les donó siete tanquillas de levante o estanques de crianza que aumentaron la capacidad de conservación de estos reptiles.

“Lo ideal es que estas crías, al año, cuando las estemos liberando, midan más de 80 centímetros (…) Un animal que tiene ese tamaño, y que pesa alrededor de tres kilos y hasta cuatro kilos, puede tener mucha más oportunidad de vivir porque se va a disminuir la cantidad de depredadores que se lo pueden comer”, relata el veterinario Federico Pantin, quien dirige el Zoológico Leslie Pantin.

Hay quienes dedican sus esfuerzos a otras especies mucho más pequeñas que también están en peligro de extinción. Es el caso de Margarita Lampo, zoóloga, herpetóloga e investigadora emérita del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, quien se ocupa de dirigir acciones que protejan el hábitat del sapo arlequín de Rancho Grande (nombre científico) , un anfibio endémico de Venezuela amenazado por un hongo, y al cual se busca reproducir en laboratorio para salvarlo. Otros, en cambio, preservan la memoria, como los investigadores Oscar Miguel Lasso-Alcalá e Ivan Mikolji, quienes intentan salvar la colección de 705 ejemplares de peces de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, en Caracas, al tiempo que evalúan el estado de conservación de otras 90 especies para la Lista Roja de la UICN.

 

Año récord de migrantes en el Darién: 63% son venezolanos

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Estiman que una quinta parte de los migrantes que cruzaron son niños. Y, de estos, la mitad es menor de cinco años

Hasta el pasado 20 de diciembre de 2023, 326.589 venezolanos habían cruzado la selva del Darién para llegar a Panamá, de acuerdo con cifras de las autoridades de ese país recogidas por la Agencia EFE.

Ese número representa 63,5% de los migrantes (513.782) que durante 2024 atravesaron el lugar, una jungla que comunica el itsmo con Suramérica y que está dominada por grupos armados que se han diseminado en distintos puntos del trayecto.

Ese medio millón de migrantes en el Darién es un número histórico para Panamá. Los otros migrantes que más han cruzado la selva provienen de Ecuador (56.328) y Haití (45.628).

En ese aumento, que duplicó al de 2022, hubo también un incremento de menores de edad en la selva. “Han pasado más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, de ellos el 50% son menores de 5 años”, dijo a EFE la experta basada en género del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Johana Tejada López.

La mayoría de estos migrantes se dirigen a Estados Unidos tras atravesar toda Centroamérica.

La crisis migratoria comenzó a ser noticia en 2022. Ese año, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportaron que cada vez más personas recorrían el Tapón del Darién en busca de seguridad y estabilidad y muchas eran venezolanas.

La presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Carolina Jiménez, dijo en junio de este año que al mes unos 22.000 venezolanos cruzan la selva del Darién a diario. 

Ya en julio, Panamá informó que 400 personas habían cruzado la selva en los primeros siete meses de 2023.

Súmate insta al CNE a facilitar la inscripción en el Registro Electoral en 2024

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El mensaje de la ONG iba acompañado de una imagen donde se indica que el nuevo directorio del CNE debe garantizar el derecho al voto de todos los venezolanos

La ONG Súmate advirtió este viernes, 22 de diciembre, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “tiene como reto para el 2024 acercar el Registro Electoral (RE) a todos los venezolanos en edad para votar en las Presidenciales del próximo año”.

Para ello, el organismo debe habilitar “Centros de Inscripción y Actualización del RE en los 335 municipios del país y en todas las sedes diplomáticas”, recalcó la organización en un mensaje en la red X (Twitter).

El mensaje de Súmate iba acompañado de una imagen donde se indica que el nuevo directorio del CNE debe garantizar el derecho al voto de todos los venezolanos, esto, sobre todo, en un año electoral como 2024, cuando se harán los comicios presidenciales.

Para que se cumpla con esta función, además de la habilitación de centros de registro, se deben hacer “jornadas especiales” con el despliegue de más de 1.500 puntos, destaca la imagen.

El CNE entró en receso el pasado 18 de diciembre y así permanecerá hasta el 12 de enero de 2024.

El pasado 12 de diciembre, un grupo de organizaciones sociales y políticas pidieron al ente electoral anunciar la fecha en la que se celebrarán las presidenciales de 2024. De acuerdo con un excandidato a las Primarias de la oposición, estas se harán durante el tercer trimestre de 2024.

#MonitordeVíctimasCaracas | Denuncian que el Cicpc mató a un inocente y simuló enfrentamiento

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Los funcionarios seguían a unos presuntos ladrones de carros y le dispararon a John Frank Arrieche cuando se dirigía a su casa. Hasta noviembre de 2023, 24 homicidios se le atribuían a este cuerpo policial

@carlos_dhoy

Familiares de Jhon Frank Arrieche Arrieche, de 23 años, un joven que resultó muerto en una operación realizada el pasado domingo 17 de diciembre de 2023, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), denunciaron que fue asesinado por los funcionarios de este organismo policial, quienes intentaron simular un enfrentamiento.

Omaira del Carmen Arrieche, madre del joven, explicó que Jhon Frank salió, la noche del domingo, de su casa en Hoyo de La Puerta, a comprar cigarrillos.

“Llegó hasta el puesto de perrocalientes que está cerca de la entrada del cementerio de Hoyo de La Puerta, y el comerciante le regaló dos cigarros. Cuando venía de vuelta a la casa, pasando el puente de la autopista, llegaron los funcionarios disparando, porque supuestamente estaban persiguiendo a unos asaltantes, pero le dispararon a mi hijo, lo mataron. También mataron a una perra que teníamos”.

Omaira Arrieche agregó: “Luego, se llevaron el cuerpo y lo pusieron al lado de una camioneta que estaba toda tiroteada, y le tomaron fotos, como si mi hijo hubiese participado en ese hecho; pero mi hijo no estaba en ese tiroteo”.

Dijo que los policías no le dejaron llegar hasta donde estaba el cadáver de su hijo. “Él era inocente, estaba en la milicia. Nunca tuvo problemas con nadie, ni con asaltantes ni con nada”.

Luego, se llevaron el cuerpo del joven, al que posteriormente le hicieron la autopsia. El primer informe señalaba que había muerto en un enfrentamiento, pero tras denunciar el caso e ir al Cicpc, la madre de la víctima señala: “Se determinó que mi hijo, supuestamente, quedó atrapado en la línea de fuego, pero resulta que no hubo ningún enfrentamiento. No hubo ninguna línea de fuego; él fue asesinado”.

Relató que denunció el caso de su hijo ante el Ministerio Público: “Que los culpables de su asesinato sean enjuiciados y encarcelados”.

Los supuestos enfrentamientos con Cicp

Según datos recopilados por Monitor de Víctimas, un total de 1.798 personas han resultado muertas a manos de funcionarios del Cicpc y de la Policía Nacional Bolivariana, desde mediados del año 2017 cuando se inició el conteo de muertes violentas en Caracas.

Del total de muertes adjudicadas a cuerpos policiales nacionales, entre 2017 y 2023, 1.162 se atribuyen a funcionarios de la PNB y 636 corresponden al Cicpc.

En lo que va del año 2023, 76 personas murieron en casos que involucran a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y 24 a la policía científica; en total, se contabilizan 100 muertes hasta el mes de noviembre de 2023.

Al analizar el motivo de estos decesos, se observa que la mayoría de los casos que involucran a efectivos de la PNB fueron en presuntos ajusticiamientos, 40 casos de los 73, mientras que en 25 muertes hubo supuesta resistencia a la autoridad.

En cambio, en los casos que involucran al Cicpc, la mayoría de las muertes ocurrieron en supuestos enfrentamientos con la policía: 13 de 24 casos. Las denuncias de presuntas ejecuciones representaron un tercio de los 24 casos. En total, 7 personas murieron bajo ese móvil.

Casa Blanca reitera que Maduro aceptó “ciertas propuestas electorales” de EEUU

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 “Lo que dijo el presidente (Biden) fue que el régimen Maduro sí aceptó incluir ciertas propuestas electorales y fueron apoyadas por partidos de oposición”, dijo en rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby
Agregó que el intercambio de prisioneros y las negociaciones para la celebración de  elecciones democráticas en Venezuela forman parte de los esfuerzos para reducir la migración

 

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reiteró en rueda de prensa este 21 de diciembre lo que había expresado Joe Biden en un comunicado, respecto a que el gobierno de Nicolás Maduro había aceptado “ciertas propuestas” de cara a las elecciones de 2024.

En un comunicado de la Casa Blanca tras la liberación de diez presos políticos estadounidenses detenidos en Venezuela, el gobierno de Biden recalcó que se estaban  asegurando “de que el régimen venezolano cumpla con sus compromisos”.

“Han anunciado una hoja de ruta electoral, acordada por los partidos de la oposición, para unas elecciones presidenciales competitivas en 2024. Este es un paso adelante positivo e importante. Y hoy, están liberando a veinte presos políticos, además de los cinco liberados anteriormente. Continuaremos monitoreando esto de cerca y tomaremos las medidas apropiadas si es necesario”, se leía en el texto. 

A Kirby le preguntaron si en esas conversaciones se habló de permitir específicamente la participación de María Corina Machado en las presidenciales de 2024, a lo que respondió lo siguiente:

“No me involucraré demasiado en la conversaciones diplomáticas  específicas que tuvimos. Lo que dijo el presidente (Biden) fue que el régimen Maduro sí aceptó incluir ciertas propuestas electorales y fueron apoyadas por partidos de oposición. Es importante que cumplan todos ellos”, recalcó. 

Estrategia para frenar la migración

Kirby admitió además, a nombre de su gobierno, que EEUU liberó al empresario colombiano Alex Saab, estrecho colaborador de Nicolás Maduro y señalado como su testaferro, como parte de su estrategia para frenar la migración venezolana.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que el “trabajo” que la Administración de Joe Biden está haciendo con Venezuela es “importante para abordar las causas de raíz de la migración”.

El funcionario agregó que “hay muchos factores” que explican el fenómeno migratorio y “uno de ellos es la inestabilidad política en la región”.

Kirby explicó que el intercambio de prisioneros del miércoles y las negociaciones para la celebración de unas elecciones democráticas en Venezuela forman parte de los esfuerzos para reducir la migración.

 

Saab por 10 presos políticos estadounidenses

El miércoles, EEUU excarceló a Saab a cambio de la liberación de 10 estadounidenses y una veintena de presos políticos venezolanos.

El canje se engloba en la mediación de EEUU en las negociaciones entre la oposición venezolana y el Gobierno de Maduro para lograr unas elecciones presidenciales “libre y justas” en 2024.

Devolver a Saab a Venezuela era una de las condiciones principales del Gobierno venezolano para seguir dialogando con el antichavismo.

La liberación de Saab ha sido duramente cuestionada por partidos de oposición venezolana y también por exfuncionarios del gobierno estadounidense, así como por los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez. 

Más de 200.000 venezolanos detenidos en la frontera en 2023

La venezolana es la mayor crisis migratoria en el continente, obligando a más de 6,6 millones de personas a dejar sus hogares y vivir en otros países de América.

Este movimiento de personas sin precedentes ha llegado a EEUU y en el año fiscal  2023 las autoridades detuvieron a más de 200.000 venezolanos en la frontera con México.

En respuesta, la Administración demócrata ha tomado una serie de medidas dirigidas específicamente a este grupo, como retomar los vuelos de deportación a Venezuela en octubre de este año.

A la vez, ha creado canales de migración legal para los venezolanos, incluyendo el permiso humanitario, también conocido como “parole”, que otorga un estatus legal por dos años en EEUU.

Con información de EFE

Denuncian que uno de los estadounidenses liberados llegó en camilla por secuelas de torturas

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El expreso político estadounidense Edgar José Marval Moreno tuvo que ser transportado en camilla al llegar a Texas. La defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, denunció que sufrió torturas de la Dgcim que agravaron una condición en su columna
Sujú aseguró que Marval Moreno sufrió descargas eléctricas y asfixias mientras estuvo hospitalizado en una clínica y era vigilado por funcionarios de la Dgcim. Agregó que también lo torturaron cuando fue trasladado a Caracas en ambulancia

 

Mientras en el Palacio de Miraflores Nicolás Maduro recibía a Alex Saab, horas después aterrizaron en una base militar en Texas seis de los diez expresos políticos estadounidenses liberados a cambio del barranquillero señalado como testaferro de Nicolás Maduro. 

Los ciudadanos estadounidenses liberados por la administración de Maduro habían sido detenidos “injustamente” en Venezuela, denunció Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Entre ellos se encontraban Jerrel Lloyd Kenemore, Eyvin Hernández, Savoi Wright, Joseph Ryan Cristella y Edgar José Marval Moreno. 

Luke Denman y Airan Berry también fueron liberados en este grupo, según dijo a CNN un funcionario estadounidense. Estos dos últimos son exboinas verdes y fueron privados de libertad en territorio venezolano en mayo de 2020, luego de que el gobierno los involucrara en la participación de un supuesto “golpe fallido”.

Según el mismo funcionario, los nombres de los demás liberados no los dieron a conocer por motivos de privacidad.

Incertidumbre y torturas

Tras pisar suelo estadounidense , Savoi Wright, uno de los liberados, expresó: “Libre por fin, libre por fin, gracias a Dios todopoderoso, libre por fin”.

Wright es un empresario que fue detenido el pasado mes de  octubre. La agencia AP divulgó entonces que no le permitían acceso a un abogado y que le exigían a la familia “miles de dólares” para dejarlo en libertad. Tampoco se conocían los cargos que se le imputaban. 

Respecto al trato en prisión, Wright dijo que a veces temía por su vida”,  mientras que otras veces recibía buena atención”. Precisó que estuvo encerrado en una celda muy pequeña con otras cuatro personas en condiciones desafiantes: “A veces me preguntaba si iba a salir de esto”, declaró a La Voz de América.

Por otro lado, el estadounidense Edgar José Marval Moreno requirió asistencia médica a su llegada a Texas y tuvo que ser transportado en camilla.  La defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, atribuyó esta condición a las torturas que sufrió Marval Moreno mientras estuvo preso en Venezuela, de acuerdo con información que familiares del expreso político le suministraron.

En videos publicados en X, Sujú denunció que Marval fue sometido a “tratos crueles, inhumanos y degradantes” desde su detención el pasado 19 de agosto en el aeropuerto José Antonio Anzoátegui de Barcelona. En esa fecha llegó al país para buscar a su familia, que estaba de vacaciones en Venezuela. 

Los funcionarios de migración le comunicaron que tenía un “alerta silencioso”, aunque reconocieron que no tenían orden de aprehensión. Aún así,  lo detuvieron y lo entregaron a funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes habrían iniciado las torturas de inmediato. 

“Recibió golpes severos, incluida la utilización de culatas de armas para golpearlo y descargas eléctricas”, describió Sujú. Sostuvo además que estas torturas derivaron en una fractura en la columna, que agravó una condición médica preexistente y que lo dejaron inmovilizado.

“Fue trasladado a una clínica privada y la familia costeó todo lo que le hicieron para mejorarlo. Pero lo más grave es que la Daet envió cuatro funcionarios de Caracas a Barcelona donde él estaba hospitalizado para que lo vigilaran, porque estaba bajo custodia. Y cuando era de noche, y el personal de la clínica no entraba a su habitación, Marval era torturado por los funcionarios de Alexander Granko Artega, Lo asfixiaban con la almohada, le ponían descargas eléctricas en la espalda y lo filmaban para enviarle al ‘barbudo’ el video”, relató Sujú. 

Tanto la Misión de Determinación de Hechos de la ONU como organizaciones de la sociedad civil consideran que los crueles y las torturas en el país continúan, entre otras cosas, porque los mismos actores que son señalados por violar los derechos humanos desde el 2014 siguen en el poder. Pese a que el gobierno venezolano declaró el desmantelamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en junio del 2022, varios miembros de la antigua institución señalada por la MDH de torturar en el país, ahora están en la DAET, reveló la Misión de la ONU en su informe del mes de septiembre de 2023 sobre Venezuela.

Sujú agregó que cuando estuvo un poco mejor de salud, Marval fue trasladado a Caracas y aseguró que en la propia ambulancia de la Dgcim fue víctimas de torturas y descargas eléctricas: “Torturas en hospitales y ambulancias pueden considerarse crímenes de guerra bajo distintos convenios de protección de derechos humanos”, agregó.

¿Victoria para Maduro, mala señal para Biden?

Según Maduro, este intercambio de presos políticos representa “un paso hacia una nueva era de relaciones diplomáticas” con EEUU. Para el gobernante venezolano, esta “victoria” se da luego de que Washington pidiera muestras de avances de los acuerdos y diálogo firmado.

 El empresario barranquillero, de no ser liberado este 20 de diciembre, pudo haber sido condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos.

Exfuncionarios del gobierno de EEUU y senadores criticaron la decisión de Biden de enviar a Venezuela a Saab, tras años de investigación por parte de varias agencias de ese país y consideraron que “envía una señal desastrosa” a sus aliados, además de que le resta credibilidad en la lucha contra la corrupción en Latinoamérica.

#MonitordeVíctimasCaracas | Denuncian irregularidades en torno a muerte por arrollamiento en La Yaguara

Leyenda: Materano Cañizalez trabajaba en un concesionario de vehículos en La Castellana. Foto: Cortesía

Kevin José Materano Cañizalez fue embestido, el 28 de octubre de 2023, por un conductor en supuesto estado de ebriedad, que sigue libre, según advirtió la madre de la víctima

@franzambranor

El sábado 28 de octubre de 2023, a las 8 de la noche, Kevin José Materano Cañizalez, de 25 años de edad, se incorporaba en su carro a la autopista Francisco Fajardo, a la altura de La Yaguara, cuando perdió el control y chocó con una defensa.

Materano se bajó del vehículo para constatar los daños y llamar a alguien para que lo auxiliara y, minutos después, una camioneta lo embistió. Fue llevado al Hospital Miguel Pérez Carreño, donde falleció luego de un par de horas.

La madre de Materano, Ana Teresa Cañizalez, denunció en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en Bello Monte, que el conductor del carro que atropelló a su hijo, de nombre Inaldo Burgos, de 54 años de edad, estaba bajo los efectos del alcohol e iba a exceso de velocidad.

 

Según el informe de tránsito, Burgos resultó con una herida lacerante a nivel del brazo izquierdo.

Cañizalez sostuvo que Burgos no está detenido y apenas lo citaron para rendir declaraciones.

“El conductor que arrolló a mi hijo fue a declarar el pasado miércoles 13 de diciembre y está en la calle. A mí me toca ir a la Fiscalía a ofrecer mi testimonio, este martes 26”, dijo Cañizalez.

La madre de la víctima también indicó que no le han devuelto el vehículo que conducía su hijo y que el carro está retenido en la sede de la Dirección de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana, en El Llanito.

Ana Teresa Cañizalez denunció las irregularidades ante la Fiscalía 2da y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Materano Cañizalez no dejó hijos huérfanos y trabajaba como vendedor de vehículos en un concesionario de La Castellana.

De acuerdo con la base de datos de Monitor de Víctimas, 53 personas han muerto arrolladas entre enero y noviembre de 2023 en el Área Metropolitana de Caracas.

Partidos consideran que Saab debió ser juzgado y no liberado

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Voluntad Popular expresó que “no avala de ninguna manera” la liberación de Alex Saab: “No es un preso político, es un delincuente que ha causado un daño incalculable a nuestro país»
Primero Justicia: “Condenamos firmemente la liberación de Alex Saab, quien debe ser juzgado por todos los delitos cometidos que han afectado a millones de vidas de venezolanos”

 

Varios partidos políticos fijaron posición en rechazo a la liberación de Alex Saab, el empresario colombiano señalado como testaferro del régimen de Nicolás Maduro. 

En un comunicado, Voluntad Popular dejó claro que ni ellos ni sus representantes en la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática participaron en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y EEUU para liberar a Saab a cambio de los estadounidenses detenidos en el país y algunos presos políticos.

Aunque expresaron que les alivia que “terminó la pesadilla” para los presos políticos excarcelados en la negociación, fueron enfáticos en afirmar que no avalan que Saab quedara fuera de las rejas. 

“Es uno de los mayores responsables de la emergencia humanitaria y del saqueo a nuestro país. Saab no es un preso político, es un delincuente que ha causado un daño incalculable a nuestro país», destacan en el texto. 

PJ: liberación sin garantías electorales

Primero Justicia también reclamó que la liberación de Saab no vino atada “con ninguna garantía electoral ni con la liberación total de todos los presos políticos en Venezuela”.

“Por ello, condenamos firmemente la liberación de Alex Saab, quien debe ser juzgado por todos los delitos cometidos que han afectado a millones de vidas de venezolanos”, remarcaron también en comunicado que difundieron el 20 de diciembre. 

PJ también advirtió al mundo que el gobierno de Maduro sigue sin dar muestras claras de una ruta “que lleve al restablecimiento de la institucionalidad democrática, y le debe a los venezolanos el anuncio concreto de un cronograma electoral para una elección presidencial”.

La Causa R: “Es repugnante”

Andrés Velásquez, dirigente nacional de la Causa R, expresó que “más allá de la repugnancia” que le generó la liberación de Saab, a quien tildó de “corrupto y traficante del hambre de los venezolanos”, le alegró la  “libertad de inocentes secuestrados por la dictadura violentando sus derechos humanos”.