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Ninguna entidad del Estado protege eficazmente a los ambientalistas. Esto dificulta su quehacer diario y el monitoreo ‘in situ’ de sitios importantes como los Parques Nacionales
En la última década, los asesinatos de los líderes indígenas Sabino Romero y Freddy Menare se vincularon directamente con sus luchas por la demarcación de sus tierras y contra la minería ilegal en sus territorios. Quienes continuaron con su legado viven en permanente amenaza

Por Lorena Meléndez G.

Publicado en Mongabay Latam

Hace tres años, los miembros de una organización ambiental del sur de Venezuela comenzaron a recibir amenazas. A sus teléfonos llegaban mensajes de texto y llamadas en los que les decían que dejaran de denunciar la presencia de la minería ilegal que extrae oro de los parques nacionales de la zona. Con los días, los recados fueron más violentos: los invitaban a no actuar si querían preservar su integridad física. Menos de tres semanas después, asaltaron su sede y se llevaron todas las computadoras y materiales de oficina. Uno de los activistas, cuya identidad y la de su organización no se difunden por motivos de seguridad, tuvo que irse de su casa por un tiempo hasta que todo se calmó.

Este episodio muestra la condición de vulnerabilidad de los defensores ambientales en el país. Aunque el robo fue denunciado, una fuente ligada al caso aseveró que poco hicieron los cuerpos de seguridad del Estado para investigar lo que había sucedido y para dar con el origen de aquellas amenazas. Hoy, el miedo a señalar a los culpables obliga a los ambientalistas a documentar, en silencio, los delitos que atentan contra la naturaleza. Algunos, incluso, evitan hacer informes in situ por temor a persecuciones y represalias.

De acuerdo con Global Witness, organización que documenta los asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente en el mundo, en Venezuela se registraron tres homicidios de activistas ambientales en 2018. Una constante en los hechos es la inacción del Estado en cuanto a la resolución del suceso y penalización de los culpables. Eso ha pasado, por ejemplo, con la muerte de Pedro Vielma, Ramón Rosario y Reyes Orlando Parra, a quienes un grupo de hombres armados mataron entre el 1 y 2 de agosto de 2018 en el fundo La Escondida del municipio Rojas de Barinas, en la región llanera del país. La esposa de Parra, Zuleima Contreras, exigió al presidente Nicolás Maduro que se hiciera justicia en el caso de su marido, quien era miembro de ‘Los lanceros de la Pescalinera de Zamora’ —una organización campesina que luchaba por recuperar tierras que antes les fueron usurpadas— y estaba siendo ayudado por Vielma y Rosario, propietarios de predios de la zona.

El informe también hace énfasis en el caso de la abogada e indígena pemón Lisa Henrito, quien fue tildada de “traidora” y “secesionista”, por un militar venezolano cuando era entrevistado en un programa de la televisión pública. Henrito es conocida por su defensa de los derechos de las comunidades ancestrales así como por su férrea posición contra la minería. “Amnistía Internacional ha documentado una serie de casos en Venezuela, en los cuales altos funcionarios han estigmatizado a activistas y esto ha generado su persecución por parte de las autoridades”, apunta el documento.

Los asesinatos de los líderes Sabino Romero (2013)  y Freddy Menare (2017) siguen sin esclarecerse por completo. Quienes continuaron con sus legados por la defensa de las tierras en la Sierra de Perijá y el Amazonas venezolano continúan bajo amenazas, al igual que diferentes líderes de organizaciones ambientales. Mineros ilegales, grupos armados y usurpadores de tierras siguen dominando estas regiones.

Quienes lo conocieron, presumen que el líder yukpa Sabino Romero fue asesinado por ganaderos de Machiques. Foto: survivalinternational.org

Peligro en la Sierra de Perijá

Cuatro ambientalistas entrevistados para este reportaje confirmaron los riesgos que corren cuando ejercen su labor y lo que ha pasado después de las muertes de los líderes indígenas Sabino Romero y Freddy Menare. Uno de ellos es Lusby Portillo, antiguo profesor de la Universidad del Zulia y representante de la Sociedad Homo Et Natura —ONG que colabora por medio de la investigación, preservación, defensa y promoción de las culturas indígenas de la Sierra de Perijá y la Cuenca del Lago de Maracaibo— quien relata las dificultades por las que ha atravesado para reportar la lucha de los indígenas yukpas por sus tierras en la Sierra de Perijá y denunciar los intentos del Estado por explotar minas de carbón en territorios que ancestralmente pertenecen a esa etnia.

“En los ochenta, cuando comencé, el gobierno decía que yo era un guerrillero peruano y que era de Sendero Luminoso —organización terrorista autora de múltiples asesinatos y atentados en el Perú—. […]Durante el gobierno de [Hugo] Chávez me dijeron que era paramilitar porque yo sigo cuestionando el modelo ambiental y las políticas ambientales, indígenas y fronterizas […] Uno queda como aislado, estoy criminalizado por el gobierno. Es muy difícil vivir así y luchar es todavía más difícil”, asegura el activista, quien para continuar con su labor se ha valido de una red de informantes que le alertan cuando en sus territorios hay crímenes ambientales.

Portillo fue uno de los ambientalistas que siguió de cerca la lucha de Sabino Romero, el líder yukpa que recibió al menos 20 amenazas de muerte y fue finalmente asesinado en febrero de 2013 a manos de un sicario. Iba junto a su esposa, Lucía Martínez, de camino a las elecciones de cacique mayor en la parroquia Libertad del municipio Machiques, en el occidental Estado de Zulia, cuando un par de motorizados se detuvieron junto a él y le dispararon varias veces mientras pasaba por la comunidad de El Tukuko. Él murió y su pareja resultó herida.

Aunque el autor material del suceso, Ángel ‘Manguera’ Romero Bracho, fue condenado a 30 años de prisión en 2015, los presuntos autores intelectuales siguen libres y no hay ninguna investigación abierta contra ellos. Las evidencias apuntan a que se trata de ganaderos de Machiques con quienes el líder yukpa había mantenido enfrentamientos armados en medio de la pelea por los territorios que pertenecían a su etnia y que nunca fueron demarcados.

«‘Manguera’ era empleado de los ganaderos, su guardaespaldas, trabajaba con la Guardia Nacional en acciones encubiertas”, asegura Portillo, quien recuerda que, antes del asesinato, Sabino Romero participó en la ocupación de la Hacienda Medellín —que hacía parte de una de las zonas que los yukpa aseguraban que les pertenecía y no estaba demarcada— donde se concentraron alrededor de 200 dueños de fincas junto con hombres armados. Al final de la tarde, estos intentaron avanzar contra los yukpas y los indígenas respondieron con sus escopetas. Hubo una balacera con varios heridos. “Ese día le declararon la muerte a Sabino y contrataron a los sicarios para que lo mataran”, apunta el defensor ambiental.

Serranía de Perijá desde El Tukuko. Foto: Lorena Meléndez G.

El informe anual de la organización Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) de 2013, cita el caso del indígena asesinado y reseña que el gobierno siempre estuvo en su contra.

“Sabino había sufrido una constante criminalización por parte de las autoridades debido a su movilización en defensa de los derechos del pueblo yukpa. Sufrió privación de libertad durante 18 meses y era permanentemente hostigado por funcionarios policiales […] La cruda realidad es que a Sabino lo mataron por oponerse a la demarcación de las tierras por parcelas”, se lee en el documento.

Portillo cuenta que Lucía Martínez, la esposa de Sabino Romero, ha seguido al frente de las protestas y exigencias de su pueblo, lo mismo que Sabinito, el hijo mayor de la pareja. Siguen expuestos a amenazas. El defensor ambiental afirma que, al menos, se logró que el gobierno desistiera de la idea de explotar carbón en la Sierra de Perijá.

De acuerdo con el cineasta Carlos Azpúrua, autor de la película “Sabino Vive”, los familiares de Romero están acorralados y cercados, sin cabida alguna en los medios de comunicación. “Han sido invisibilizados y en esa lucha de los indígenas que habitan en Perijá, territorio compartido con Colombia, los yukpa han sido terriblemente martirizados por los intereses de los ganaderos de Machiques, culpables de la muerte de Sabino, quienes están asociados a grupos que defienden la propiedad privada en esa zona”, asegura.

Azpúrua asegura que Sabino es un gran héroe que “resiste la percepción y la actitud de un modelo de desarrollo que ha sido absolutamente irrespetuoso con los pueblos ancestrales. Los yukpas han sido hostigados”.

La Organización de Mujeres Indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá, Oripanto Oayapo Tuonde, condenó en noviembre de 2018 la criminalización de los familiares de Romero, ganaderos de Machiques los señalaron como responsables de robar y traficar ilegalmente ganado hacia Colombia. En un comunicado, el grupo indicó que Lucía Martínez recibió un mensaje, a través de una llamada anónima a su hijo, en el que le advertían que sicarios la buscaban para matarla.

Los delitos ambientales en la zona no han cesado y las voces que los reportan siguen siendo escasas. Hoy, las amenazas para el ecosistema y quienes lo defienden son múltiples.

En 2014, organizaciones ambientales denunciaron que en la Sierra de Perijá habían sido deforestadas al menos 2000 hectáreas para el cultivo de malanga, tubérculo usado para la elaboración de aperitivos fritos. La fertilidad de esas tierras ha hecho que muchos intenten apoderarse de ellas. Este territorio es “considerado uno de los centros endémicos y refugios paleoecológicos de mayor importancia para el conocimiento de la historia natural de los ecosistemas del norte de América del Sur”, señala el informe “Una mano a la naturaleza”, de Provita, una ONG encargada de desarrollar soluciones socioambientales innovadoras para conservar la naturaleza. También destaca que son tierras dentro de la región biogeográfica con mayor deforestación del país en los últimos 30 años.

La ganadería también ha dejado secuelas. La investigadora del Departamento de Educación Ambiental del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam), Clara Acosta de Áñez, explica en una nota de la organización Azul Ambientalistas que la actividad ha desequilibrado y desplazado a las culturas indígenas. “Las tierras que antes pertenecían a las tribus autóctonas yukpa y barí, han sido despojadas por grandes comerciantes aprovechándose de la vulnerabilidad de las etnias. Ahora muchos indígenas que viven en las zonas más altas y de mayor dificultad para la siembra han tenido que sucumbir ante el latifundio y trabajar para los nuevos dueños de la región”, indica.

Lusby Portillo asegura que la zona de Perijá es de alta delincuencia y está tomada por grupos armados colombianos. “Los más jóvenes se van a trabajar como raspadores de coca y hay una zona que le llaman Sinaloa por la cantidad de sembradíos de droga que tiene. Hay hasta pistas de aterrizaje que los militares destruyen pero que, en dos noches, las reconstruyen completas. También hay tráfico de ganado por los lados de los ríos Negro, Codazzi, Cachirí”, indica.

Un joven yukpa de la comunidad indígena de Tukuko corrobora las denuncias de Portillo relacionadas con el tráfico de drogas. Él mismo fue raspador de coca a finales de 2017 en los sembradíos que se extienden por la zona de Catatumbo, en la frontera con Colombia. Comenta que lo hizo para poder ahorrar y pagarse sus estudios en Maracaibo, la capital del Estado. Sus tres hermanos permanecen en el oficio.

Carlos Azpúrua presentó el documental “Sabino Vive” junto a Lucía, esposa del líder indígena Sabino Romero. Foto: http://4.bp.blogspot.com

En Venezuela, el derecho a un ambiente sano no es considerado como un derecho humano fundamental, así lo señala a Mongabay Latam Maritza Da Silva, directora de Derecho Ambiental y Políticas de la organización Vitalis. Da Silva subraya que, aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 presentó un “abanico de esperanzas” para los defensores del medio ambiente, al darle una perspectiva constitucional al tema e incluir artículos que contemplaban este derecho y las responsabilidades del Estado en torno a este, nada cambió.

“El Estado no creció con la Constitución. Los derechos ambientales se plasmaron pero no se desarrollaron en las instituciones encargadas de velar por ellos, no se consideraron en el quehacer diario […] ni siquiera desde la perspectiva jurídica del Tribunal Supremo de Justicia porque había que reivindicarlos y tutelarlos como un bien jurídico”, enfatiza.

Da Silva agrega que la Fiscalía General de Venezuela solo oficia denuncias relacionadas con el medio ambiente cuando en el caso hay una perspectiva penal. “Ese panorama dificulta que haya un marco legal que pueda proteger a los defensores ambientales”, indica.

Pese a que en marzo del año pasado se publicó el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como el Acuerdo de Escazú, que establece la creación de garantías de un “entorno seguro y propicio” para los activistas, así como para su protección, Venezuela no figura entre los firmantes. El país tampoco asistió a ninguna de las reuniones que se convocaron cuando se redactó.

Mongabay Latam llamó en repetidas ocasiones al Ministerio de Ecosocialismo de Venezuela —anteriormente Ministerio de Ambiente— , pero no fue posible  establecer comunicación. Así mismo, se entregó una solicitud formal de información, pero hasta el momento de publicación de este reportaje todavía no se ha recibido respuesta.

Silencio en las minas

En los estados de Amazonas y Bolívar, los activistas ambientales se deben mover con cuidado. La minería no solo está presente dentro del Arco Minero del Orinoco, con sus casi 112 000 kilómetros cuadrados de extensión, sino que ha rebasado esos límites para instalarse en espacios que están identificados como parques nacionales —Yapacana, Canaima, Parima-Tapirapecó— y monumentos naturales —Tepuyes, Serranía Tapirapecó— que el Estado debe proteger. Denunciar lo que allí sucede es un riesgo mayor.

La muerte de Freddy Menare ocurrió en medio de una ola de homicidios en Puerto Ayacucho, presuntamente cometidos por guerrilleros. Foto: Oficina de Derechos Humanos Amazonas.

Luis Bello, abogado y director operativo del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba), confirma que, al menos en Amazonas, “todas las presiones están vinculadas con la minería ilegal”. En ese Estado, por cierto, el extractivismo está prohibido desde 1989 por el decreto presidencial 269. No existe ninguna concesión minera otorgada por el gobierno en esa zona.

La complejidad de la situación en Amazonas radica en que la explotación de oro se ha diversificado tanto que, para encontrarlo, los mineros se han valido de distintas técnicas para extender sus búsquedas en todos los municipios. “No solo es en tierra, como en el parque nacional Yapacana, y en los lechos de ríos que son afluentes del Orinoco, sino que hay otro tipo de minería que es el dragado del río a través de balsas chupadoras. Eso sucede en el río Atabapo, limítrofe con Colombia y el río Guainía. Hay balsas chupadoras que hace más de 10 años operan de manera cíclica dragando el río para buscar oro y causando graves problemas ambientales”, señala.

Los efectos de estas “embarcaciones” que buscan oro en el Amazonas van más allá de la contaminación de las aguas. Se suman la desviación del curso de los ríos, la afectación de la fauna y el deterioro de ecosistemas acuáticos, revela Bello.

“Hay un impacto muy fuerte a nivel de las aguas. Luego, todos los impactos socioculturales y sanitarios. Hemos observado, porque hacemos un seguimiento del problema, que hay un crecimiento de la actividad minera en todo Amazonas entre los últimos 5 u 8 años y se ha agravado en los últimos dos”, enfatiza.

Uno de los más feroces críticos de la actividad minera en Amazonas fue el líder indígena Freddy Menare, fundador y director de la Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (Oipus), quien fue asesinado el 13 de mayo de 2016 mientras atravesaba la avenida Orinoco de Puerto Ayacucho, capital del Estado, alrededor de las 20:00 horas. Los denunciantes señalaron que unos sicarios le habían disparado por la espalda. La bala le llegó al corazón.

culpable. Una fuente en Puerto Ayacucho, que pidió la protección de su nombre, explica que la muerte de Menare ocurrió en medio de una ola de asesinatos de presuntos delincuentes. Rowinson León, exsecretario de Política y Asuntos Fronterizos en la Gobernación de Amazonas, llevó el conteo de las víctimas, que subió de 38 en 2014 a 214 en 2016, el año en que murió Menare. Las cifras fueron publicadas en una investigación de Armando.info.

Se presume que los victimarios fueron los “Pata e’ goma”, apodo que les dieron a los integrantes de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se instalaron en el Estado y que se identifican por sus botas de hule.

“Probablemente eso quede impune. Lo pudieron haber mandado a matar grupos que andaban incómodos con sus posiciones y denuncias con respecto al tema de la minería y las zonas donde tenía incidencia la organización de él. Aprovechan una cosa para hacer ver otra. Como el hecho pasó en esas circunstancias [la ola de muertes], lo asocian más a delincuencia. El gobierno no investiga y las organizaciones indígenas hicieron pronunciamientos pero después se olvidaron de eso”, apunta la fuente.

Oipus, la organización en la que Menare se desempeñaba como secretario, continúa hoy con la defensa de las tierras ancestrales de los piaroas. Sin embargo, el temor reina en la zona. Otra fuente, que pidió la reserva de su nombre debido a las constantes amenazas que se presentan en la región donde opera Oipus, asegura que la minería continúa desbordada. “Mientras estemos calmados, no nos amenazan”, dice.

Aun así, reclama que ninguna institución pública haya respondido sobre el homicidio del activista y también recalca que, en los últimos años, la explotación de los yacimientos auríferos “no ha hecho otra cosa que crecer”.

Además de esto, Luis Bello revela que diversas ONG de la región como la suya, la Organización Yabarana del Parucito (Oiyapam) y la Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (Kuyunu) han recibido amenazas por sus denuncias contra la minería ilegal. Sin embargo, eso no ha amilanado la actuación de Wataniba, grupo que él dirige, en la labor de monitoreo constante y vigilancia en la zona debido a los impactos ambientales y socioculturales de la minería.

Organizaciones indígenas discuten sobre efectos de la minería en Amazonas.
Foto: Revista SIC.

La Defensoría del Pueblo del estado Amazonas elaboró en 2003, ante el incremento de la minería, un informe en el que detalló sus efectos negativos sobre los ecosistemas selváticos altamente frágiles de Amazonas. Entre los hallazgos mencionó el grave “desvío de los cauces naturales de los ríos, alteración de la topografía, sedimentación de los cursos de agua, aceleración del proceso erosivo de los suelos, acumulación de desechos sólidos no biodegradables, alteración y deterioro del paisaje natural y emigración de la fauna de sus hábitats naturales”. La crisis venezolana no ha permitido que muchas de estas informaciones se actualicen, pero quienes viven y trabajan en la zona aseguran que el problema es cada vez peor.

“Está pendiente el desarrollo de algún programa de defensión de los activistas o comunidades indígenas que son amenazados, atropellados”, resalta Luis Bello.

Kape Kape, una asociación civil cuyo objetivo es la defensa y protección de los pueblos indígenas, tampoco ha dejado de hacer el trabajo. Simeón Rojas, su representante en Amazonas, cuenta que aunque en los dos años que ha laborado en la defensa del ambiente no ha sido amedrentado, siempre está expuesto a ello.

“Es un riesgo permanente, uno no sabe cuándo le va a tocar. Uno debe hacer el trabajo y no se puede esconder. Uno trata de conversar con las autoridades aunque tienen recelo de las asociaciones ambientales y las ONG de derechos humanos, pero, por encima de eso, se debe conservar cierto puente de comunicación. En el momento en el que uno resulte incómodo, no puede hacer nada sino afrontar la situación”, explica.

Pese al tesón, hay algo que lo desconsuela. Afirma que la trascendencia del trabajo de los ambientalistas en Venezuela es mínima porque ninguna institución del Estado está interesada en atender temas tan preocupantes como la minería ilegal en Amazonas, que avanza cada día destruyendo ecosistemas y desplazando a más indígenas.

“Los activistas somos como una voz en el desierto: levantamos informes, denuncias, y la máxima instancia en donde nos han atendido es en la Defensoría del Pueblo, que tiene una actuación muy limitada. El resto no presta atención ni toma cartas en el asunto. En la Asamblea Nacional se entregó también un informe para dejar constancia del trabajo que realizamos y encontramos en estos Estados […] Uno quisiera que se comprendiera el trabajo y que realmente tuviera efecto”, concluye.

Indígenas en aislamiento: bajo el asedio de mineros, enfermedades y guerrilla

Mujeres del pueblo indígena Yanomami. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Los Hoti, Yanomami y Piaroa ─grupos indígenas aislados─ están asediados por la minería ilegal. Algunos son utilizados para trabajos forzados y otros han dejado sus territorios y decidido internarse en lo más profundo de la selva
La epidemia de sarampión que ataca a Venezuela ha diezmado a los Yanomami y el Estado ha fallado en llevar el sistema de salud a sus territorios
La llegada de grupos guerrilleros como el ELN y disidencias de las Farc tienen en una constante amenaza a los pueblos indígenas en aislamiento

 

Escrito por Lorena Meléndez

Publicado en Mongabay

 

UN VUELO EN AVIONETA; una travesía en bote por varios afluentes del Orinoco; paradas en medio de la selva verde, espesa y calurosa; más recorridos por aguas turbias y calmadas. Para llegar al lugar donde viven los Hoti (Jödi), indígenas en aislamiento en la Sierra de Maigualida, entre los estados de Amazonas y Bolívar, al sur de Venezuela, hay que atravesar cientos de kilómetros de vegetación frondosa y virgen durante horas. Allí, entre caños y ríos, se ha extendido durante siglos su territorio, ese donde han decidido permanecer lejos de la occidentalización que arribó al continente hace más de 500 años.

Pero ese santuario que habitan está bajo la amenaza de un decreto gubernamental: el Arco Minero del Orinoco (AMO), un controvertido proyecto puesto en marcha por la administración del presidente Nicolás Maduro que habilitó y delimitó casi 112 000 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales y piedras preciosas que abarcan desde el oro hasta el coltán y el diamante. El extremo oeste de esas tierras toca el hogar de los Hoti, uno de los tres grupos étnicos reconocidos en el país como “pueblo indígena en aislamiento”.

Pero los Hoti no son los únicos asediados por la minería. Los otros dos pueblos indígenas en aislamiento de Venezuela atraviesan la misma situación desde hace varios años. Decenas de comunidades de los Yanomami –ubicadas entre la sierra Parima y el cerro Delgado Chalbaud; en el Alto Siapa, Alto Ocamo y el río Metacuni en Amazonas; y en el Alto Caura y Alto Paragua, en Bolívar–, así como de los Piaroas (Uwottüja) –en el Alto Cuao, en Amazonas–, están sometidas a los desmanes de quienes explotan los yacimientos ilegales bajo la mirada de un Estado que no hace nada para evitarlo.

La minería ha hecho que los indígenas Hoti cada vez se aíslan más y se internan en lo más profundo de la selva. Foto: Óscar Noya.

La minería ha hecho que los indígenas Hoti cada vez se aíslen más y se internen en lo más profundo de la selva. Foto: Óscar Noya.

El documento ‘Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial’ publicado en 2012 por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Instituto de Promoción Estudios Sociales (IPES) confirmaba para entonces que los tres grupos, además de compartir similitudes en cuanto a su forma de vida, tenían también las mismas amenazas.

“Lo característico es que, por una parte, todas estas áreas son zonas de selva con difícil acceso, y en ellas estos grupos o comunidades tienen un cierto aislamiento geográfico, que de alguna manera dificulta los contactos con la sociedad dominante y por otra, sus territorios están siendo penetrados sistemáticamente por grupos de mineros ilegales sobre todo provenientes de Brasil y Colombia”, sostiene el trabajo. En él, además se menciona que estos grupos indígenas están en una situación de fuerte vulnerabilidad, sobre todo por la introducción de enfermedades endémicas y epidémicas, la contaminación y destrucción de su territorio, y la reducción del espacio para sus actividades tradicionales de subsistencia.

De hecho, el sarampión y la malaria actualmente están dejando efectos devastadores en comunidades Yanomami y la minería ilegal y grupos guerrilleros tienen acorralados a todos los pueblos indígenas aislados de Venezuela.

Del sarampión a la malaria

La alarma no se ha levantado. Desde marzo de este año, un brote de sarampión ataca a los Yanomamis y ocho meses después de que se reportaran los primeros casos, todavía no se sabe cuántas muertes ha causado la enfermedad en este pueblo, ni en general, en Venezuela.

Una fuente del Ministerio de Salud, que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, le dijo a Mongabay Latam que varios grupos indígenas en aislamiento reclamaron a los equipos médicos haber arribado tarde para salvarlos. “Algunas comunidades ya estaban diezmadas”, admitió.

Hasta el momento, las únicas cifras conocidas sobre la epidemia en los Yanomamis de Venezuela las ha ofrecido la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pero con base en los datos levantados en Brasil con corte a junio de 2018. Para ese mes, se contabilizaban 280 casos en observación y, de estos, 79 eran de indígenas venezolanos.

El Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía “Wataniba” expresó entonces su preocupación porque, hasta ese momento, se había constatado que 25 Yanomamis en el país tenían sarampión y, de estos, más de la mitad eran mayores de 25 años, lo cual agravaba su condición. Del total, 88% eran de sexo masculino.

“El sarampión no se está tratando en Venezuela”, denuncia David Kopenawa, representante de los indígenas Yanomamis en el estado de Roraima, en Brasil, en un video difundido por la ONG internacional Survival. Allí, reprocha que el gobierno e instituciones de salud en el país no han hecho nada por frenar el brote.

“Sí estaban vacunando, pero con un esquema de vacunación que no se ajustó a las necesidades del pueblo indígena”, contestó la fuente del Ministerio de Salud, quien resaltó la gravedad de la epidemia. Estos grupos indígenas tienen un sistema inmunológico más débil pues no han tenido contacto con muchas de las enfermedades que suelen aparecer en las sociedades conectadas.

Niño de la comunidad Hoti. Foto: Óscar Noya.

Niño de la comunidad Hoti. Foto: Óscar Noya.

El brote de la enfermedad, contó Luis Bello del grupo Wataniba, coincidió con la denuncia de un asentamiento de garimpeiros (mineros ilegales brasileños) que se había reportado en la frontera con Brasil. Presume que en ese lugar había enfermos de sarampión y que el cruce frecuente de Yanomamis venezolanos hacia la zona pudo ayudar a la propagación de la epidemia.

La vulnerabilidad de los pueblos indígenas en aislamiento ante estos padecimientos está relacionada tanto con condiciones físicas como con el acceso a la salud pública. “Su poco contacto con otras personas hace que inmunológicamente sean más débiles ante esas enfermedades que ellos no tenían (…) Suele ser más difícil llegar hasta ellos con vacunas o con un tratamiento, porque por su propia situación, las tecnologías médicas no les llegan”, señala la fuente del Ministerio Público.

Aunque años atrás, en estos grupos se registraron brotes como leptospirosis y fiebre amarilla, la enfermedad que más aqueja a los tres pueblos indígenas en aislamiento en Venezuela es la malaria o paludismo, causada por un parásito (plasmodium falciparum) que llega a los humanos a través de mosquitos infectados. Si bien está estrechamente relacionada con la minería, en los territorios ancestrales también existe una malaria endémica que suele presentarse en estas comunidades.

La incidencia de oncocercosis, una enfermedad parasitaria que envejece la piel y puede causar ceguera, incentivó la creación de un programa para tratar de erradicarla en estos pueblos y que, según la fuente del Ministerio de Salud, avanza con resultados satisfactorios. Sin embargo, las visitas que hacen los médicos a estas zonas ocurren cada tres meses y no son suficientes para combatir otros males.

Los Yanomami se han visto diezmados por la reciente epidemia de sarampión que ataca a Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Los Yanomami se han visto diezmados por la reciente epidemia de sarampión que ataca a Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

La red de ambulatorios que se había abierto en el Alto Orinoco, y que hasta hace algunos años había sido mantenida por misioneros cristianos, está hoy prácticamente desmantelada. Sin insumos ni medicinas, estas infraestructuras resultan inútiles para atender a los indígenas de la zona que presenten alguna dolencia. Tampoco existe una red que les permita comunicarse por radio ante cualquier emergencia.

Esta situación es solo un reflejo de la crisis que atraviesa el país, donde el sistema de salud está prácticamente fuera de servicio. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales 2018, desarrollada por la organización Médicos por la Salud, en 88 % de las instituciones de atención pública no hay medicamentos para atender ninguna enfermedad o condición. En 83 % el servicio de emergencia funciona de forma intermitente, mientras que en 79 % falla el agua potable. El estudio, por cierto, no incluye al estado Amazonas, donde está la mayor parte de los pueblos indígenas en aislamiento, ya que los investigadores no pudieron acceder a trabajadores sanitarios de la entidad.

Mineros brasileños, oro y guerrilla

Luis Bello acusa a los garimpeiros de introducir el “trabajo esclavo” en el sur de Amazonas a través de las múltiples incursiones que han hecho al territorio del pueblo aislado Yanomami desde la década de los 80 y que persisten hoy.

“Cuando llegan los garimpeiros, utilizan a los Yanomami en trabajos de minería. Es un trabajo esclavo, porque son los que realizan el trabajo duro de cargar la tierra. Allí los indígenas no tienen el control y tienen que hacerlo a cambio de ‘matoji’, que son cositas, machetes, hachas, franelas, ropa, cuchillos…”, relata el experto.

Los Yanomami habitan entre la sierra Parima y el cerro Delgado Chalbaud; en el Alto Siapa, Alto Ocamo y el río Metacuni en Amazonas; y en el Alto Caura y Alto Paragua, en Bolívar. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Los Yanomami habitan entre la sierra Parima y el cerro Delgado Chalbaud; en el Alto Siapa, Alto Ocamo y el río Metacuni en Amazonas; y en el Alto Caura y Alto Paragua, en Bolívar. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Estas invasiones han incluido episodios de sangre. Entre junio y julio de 1993, un grupo de garimpeiros armados asesinaron a 16 indígenas Yanomami, en su mayoría mujeres y niños, dentro de su shabono (vivienda tradicional), debido a los conflictos por ocupación del espacio. El episodio es recordado como la “Masacre de Haximú”.

Bello además subraya que a través de caño Iguana, caño Asita, río Parucito y caño Mosquito, los mineros violan de manera intermitente el territorio de los Hoti y el fenómeno no es nuevo. Hace cuatro años, la Organización Indígena Yabarana del Parucito (OIYAPAM) denunció ante autoridades militares la presencia de mineros que utilizaban maquinarias en los predios de los Hoti. Así lo reseñó el ‘Informe sobre la Situación Actual de los Grupos de Pueblos Indígenas en Aislamiento Relativo y Poco Contacto en Venezuela (Jödi, Uwottüja, y Yanomami)‘ de octubre de 2017.

“En octubre y noviembre de 2014 hubo presencia de grupos de mineros ilegales extranjeros trabajando minería del oro en la zona del caño Corobita, afluente del Parucito, usando para ello máquinas – motobombas, grandes mangueras y mercurio (azogue), que causan graves daños ambientales y contaminación del agua en la zona, habitada por nuestras comunidades. Los mineros ilegales, una vez que salieron del sector Corobita, se han reubicado en la zona del caño Mosquito (Yuepa), afluente del Parucito, aguas arriba”, se lee en el informe.

Lo más grave, según el documento, es que en caño Mosquito hay varias comunidades del pueblo Hoti que hasta ahora se han encontrado aisladas y sin mucho contacto, poniéndose en peligro su salud y su vida, ya que son muy vulnerables a las enfermedades introducidas por los mineros. Su hábitat y tierras también se encuentran en peligro por destrucción de la selva y por contaminación del agua con mercurio. Con el pasar de los años esta actividad ilegal ha traído como consecuencia desde el daño de grandes extensiones vegetales hasta la alteración del curso de los ríos.

Indígena Piaroa en el Alto Cuao, Amazonía venezolana. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Indígena Piaroa en el Alto Cuao, Amazonía venezolana. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Ese mismo trabajo revela que la minería ilegal también opera en territorio del pueblo Piaroa al menos desde 2014, cuando comenzó la ocupación de áreas del Alto Sipapo, Alto Guayapo y Alto Cuao, donde se explota oro y coltán. “Esta situación y los impactos ambientales y socioculturales no han sido evaluados por las instituciones competentes del Estado. Desde la perspectiva de los grupos en aislamiento voluntario del pueblo Uwottüja (Piaroas), esta intervención minera y de grupos armados se encuentra en áreas cercanas a los lugares donde hay pequeñas comunidades aisladas y negadas al contacto”, reseña el informe.

La incursión de grupos armados que menciona el documento pone la luz sobre otro hecho: la explotación del oro ha atraído nuevos inquilinos a los territorios cercanos de los aborígenes aislados. Hasta allí habrían llegado tropas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla colombiana que cada vez tiene más participación en el AMO y en los yacimientos ilegales, así como integrantes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tal como lo asegura un reportaje publicado en la web Armando.info.

Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes en Venezuela, le explica a Mongabay Latam que los asentamientos de los irregulares en estas zonas se debe a que estos son considerados como aliviaderos. “A veces, los guerrilleros actúan como grupos de seguridad de los mineros, pues ese ha sido uno de sus mecanismos de sobrevivencia”, señala.

Sin embargo, el diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, ha indicado de forma reiterada que la penetración del ELN está avalada por el gobierno nacional, que pretende hacer una “limpieza” en la zona para poder quitar de en medio a las bandas delictivas que comandan los yacimientos y entregarlos a las compañías extranjeras que obtuvieron concesiones del AMO.

Estructura de los indígenas Piaroa en Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Estructura de los indígenas Piaroa en Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Ante esta nueva variable, los pueblos indígenas no se han quedado de brazos cruzados. “Han tenido que pactar, llegar a acuerdos de respeto de sus territorios, de usos y costumbres, respeto a sus mujeres, sus niños y jóvenes. Lo han tenido que hacer porque el Estado está ausente en estos espacios. Los guerrilleros, por su parte, también vienen de relacionarse con grupos indígenas de Colombia, por eso pactan”, afirma el abogado Aguilar.

La respuesta de aquellos que están en aislamiento, al menos en el caso de los Hoti, ha sido alejarse todavía más. “Cada vez suben más a la cabecera de los ríos, cada vez están más metidos en las entrañas de la selva, de las montañas, del nacimiento de las cuencas de agua porque las amenazas son cada vez mayores. Su intención y pretensión es aislarse cada vez más porque ven esta civilización como la civilización del desorden, del aniquilamiento (…) Ese aislamiento es proporcional a la amenaza de sus territorios, a su fragmentación”, concluye Aguilar.

Así, indígenas Hoti, Yanomami y Piaroa están a la merced de los efectos de la minería, ya sea legal o no. La contaminación, las epidemias, los abusos, la prostitución y los crímenes que arrastra consigo la economía caótica de los yacimientos del sur venezolano, ponen en riesgo sus vidas y su derecho a permanecer en un ambiente imperturbable por costumbres ajenas a su cosmogonía.

Arco inconsulto

En 2016, el informe ‘Derechos humanos en el contexto del proyecto ‘Arco Minero del Orinoco’ en Venezuela”, presentado por las organizaciones Programa’ Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea); el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes y el Laboratorio de Paz (LabPaz), ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya advertía que “dentro de las poligonales”, trazadas por el AMO, estaba el pueblo aislado Hoti y el pueblo indígena Eñepá.

Viviendas del pueblo indígena Yanomami en Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Viviendas del pueblo indígena Yanomami en Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

“En efecto, en el año 2012 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe sobre las medidas de protección especial para estos pueblos (…) Si no se toman medidas de protección a favor de estas comunidades, se generarán condiciones favorables para su desaparición”, afirmaban los miembros de la ONG Provea y GTAI en el documento.

Más allá del respeto hacia su territorio está el silencio que desde el gobierno se guardó sobre este proyecto que, antes de su anuncio, nunca se participó a los aborígenes. Pese a que las leyes venezolanas lo contemplan, ni a los Hoti ni a ninguna etnia indígena se le consultó sobre la implementación del AMO. Eso es lo que establecen los tratados y convenios que la nación ha suscrito tanto con la Organización de Naciones Unidas (ONU), como con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ese derecho está también contemplado dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras leyes nacionales. En la Carta Magna, por ejemplo, el capítulo “De los Derechos de los pueblos indígenas” refiere la demarcación y garantía que los indígenas deben tener sobre sus tierras y se detalla que la explotación de minerales en sus entornos “se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos”. Pero el plan avanza y los Hoti están cada vez más expuestos a sus peligros.

“El gran drama del Arco Minero del Orinoco es que la frontera se va ampliando porque el tema de la minería descontrolada va comiéndose el territorio como las termitas (…) La frontera no termina en la poligonal, esas son simplemente unas líneas que se van extendiendo para legalizar lo que es ilegal”, sentencia el abogado Vladimir Aguilar, quien no descarta que el proyecto gubernamental tome más tierras indígenas.

Indígena Yanomami. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Indígena Yanomami. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

El especialista sostiene que mientras se violan estos territorios ancestrales, también se atenta “contra las principales reservas de bosques y aguas del país y en la zona de mayor biodiversidad de la nación que es la Amazonía y la Cuenca del Macizo Guayanés”. Recalca que a pesar de que la Sierra de Maigualida, ocupada por los Hoti y el Alto Caura -Erebato, donde hay comunidades Yanomami, están dentro de los linderos del recién creado Parque Nacional Caura, las fronteras del AMO no han sufrido ninguna modificación y rozan parte de la nueva área que hoy está protegida constitucionalmente.

“Otro interrogante se refiere a que la creación de este parque se realiza en el contexto de la ejecución del AMO, ampliamente cuestionado por organizaciones ambientalistas, sociales, científicas e indígenas, por sus posibles impactos ambientales y socioculturales en la región. Surge la duda de si su creación es sólo formal para mitigar las críticas actuales, o si hay una verdadera intención de protección y saneamiento del área”, argumenta el informe ‘Derechos humanos en el contexto del proyecto ‘Arco Minero del Orinoco’ en Venezuela’.