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Expreso político estadounidense demandó a Maduro por trauma causado por prisión en Venezuela

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La demanda busca daños y perjuicios por el trauma que los Holt dicen que ellos y sus seres queridos siguen sufriendo, incluidos trastornos de ansiedad, insomnio y depresión

Joshua Holt, un ciudadano estadounidense que fue preso político en Venezuela durante casi dos años, demandó a Nicolás Maduro por el trauma causado debido al tiempo que estuvo en prisión en el país.

De acuerdo con una nota de Associated Press, Holt acusó al líder del oficialismo de encabezar una “empresa criminal” que “secuestra, tortura y encarcela injustamente” a ciudadanos estadounidenses.

La denuncia, que presentó Joshua Holt el 22 de febrero ante el tribunal federal de Miami, es la última de una serie de demandas de estadounidenses contra el gobierno de Maduro por sus presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que Estados Unidos ha designado grupo terrorista.

En la demanda, Holt solicitó compensación por los daños que él y su familia dicen haber sufrido en virtud de una ley federal poco utilizada, la Ley Antiterrorista, que permite a las víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros confiscar los activos de sus victimarios.

La demanda busca daños y perjuicios por el trauma que los Holt dicen que ellos y sus seres queridos siguen sufriendo, incluidos trastornos de ansiedad, insomnio y depresión.

Laurie Holt, quien lideró la campaña por la liberación de su hijo, murió en 2019 a los 50 años de una enfermedad cardíaca que su familia cree fue causada por el largo encarcelamiento.

“Desafortunadamente, la fuga de los Holt de Venezuela no fue el final de la terrible experiencia de la familia Holt”, dice la denuncia.

Otros estadounidenses encarcelados en Venezuela han logrado obtener sentencias importantes contra Maduro y su círculo íntimo por motivos legales similares.

El caso de Joshua Holt

En 2016, Holt viajó a Venezuela para casarse con una mujer que conoció en Internet mientras practicaba español. Poco después, fueron detenidos en el apartamento de la familia de ella en un complejo de viviendas públicas en Ciudad Caribia, durante una redada de las fuerzas de seguridad, quienes dijeron que encontraron un arma de asalto y granadas. Días después, altos funcionarios aparecieron en la televisión estatal acusando a Holt de ser un “terrorista de la CIA” enviado para derrocar a Maduro .

Holt, en su denuncia de 99 páginas, detalla cómo después de ser arrestado lo llevaron a un sitio de construcción abandonado, donde lo alinearon contra una pared mientras lo que parecía un pelotón de fusilamiento le apuntaba con sus armas y disparaba.

“Fue un simulacro de ejecución: las armas no estaban cargadas”, según la denuncia. “Josh pensó ‘este es el punto en el que voy a morir, uno de estos policías va a recibir una bala’. “

Durante los primeros seis meses de encarcelamiento, Holt perdió 60 libras . Y casi sin tratamiento médico, soportó cálculos renales, bronquitis y una dolorosa fractura en un diente mientras estaba recluido en una pequeña celda llena de hedor y sin baño.

Su esposa, Thamy Holt, también fue encarcelada y presionada repetidamente para que firmara una confesión de que su marido era parte de un complot de la CIA, algo que ella nunca aceptó hacer.

Finalmente, en 2018, Holt sería liberado como resultado de negociaciones clandestinas dirigidas por un miembro del personal del senador Bob Corker, un republicano de Tennessee que presidió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado antes de jubilarse en 2019. Según la denuncia, el carcelero de Holt , Gustavo González López, entonces jefe de la policía de inteligencia del SEBIN, reconoció la naturaleza falsa de los cargos tras la liberación del estadounidense.

*Puede leer el artículo completo aquí

Sobrevivientes del derrumbe en la mina Bulla Loca exigen a las autoridades dar una «cifra real» de fallecidos

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Familiares de los mineros desaparecidos durante el desastre socioambiental protestaron frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Bolívar para mantener la búsqueda

Con información de EFE y Correo del Caroní

Este 22 de febrero, los habitantes de la comunidad La Paragua, municipio bolivariano Angostura, estado Bolívar, protestaron frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación en Ciudad Bolívar en rechazo a la cifra de fallecidos por el derrumbe de la mina «Bulla Loca» ofrecida por el mandatario venezolano Nicolás Maduro. 

«Me duele porque somos todos seres humanos. ¿Cómo es posible que el Nicolás Maduro va a decir que hay 15 personas nada más tapiadas ahí (…) cuando hay más de 100 personas que estos ojos vieron que están tapadas ahí?», dijo Rafael Flores, sobreviviente del desastre, a la agencia de noticias EFE.

Hasta la fecha de la protesta, la cifra de fallecidos había aumentado a 16, de los cuales al menos 3 de ellos son indígenas, según la ONG Kapé – Kapé. 

«Están jugando con el pueblo, diciéndole mentiras. Le pido al Gobierno que venga y tome cartas en el asunto con todos los compañeros mineros que hay allá tapados en ese hueco», solicitó Flores.

Más de 30 muertos: la cifra «extraoficial»

Un día después del derrumbe, el 21 de febrero, el alcalde de La Paragua, Yorgi Arciniega, informó que se registraban al menos 30 fallecidos y 100 desaparecidos por el desastre.

Sin embargo, Maduro desacreditó al alcalde en una transmisión televisiva al día siguiente ofreciendo una «cifra oficial» de 15 muertos y 15 heridos, sin dar ningún detalle de los desaparecidos. 

Sin embargo, los habitantes y sobrevivientes del desastre de «Bulla Loca» afirman haber presenciado decenas de cadáveres.

«Aproximadamente sacaron 20 muertos por el puerto (de La Paragua), porque yo los conté, y nos suministraron una información de que hay 40 afuera ya, sin contar los que todavía están tapados. Entonces, ¿Por qué tienen que mentirle al pueblo de esa manera?», dijo Onni Brito, otro sobreviviente del derrumbe, a la agencia de noticias internacional. 

Hasta la fecha, miembros de Protección Civil Bolívar y otros cuerpos de seguridad del Estado mantienen labores de monitoreo y rescate de las víctimas del derrumbe y Maduro ni el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, han actualizado las cifras.

«No se puede cambiar petróleo por dictadura»: Argentina pedirá a Biden modificar política hacia Maduro

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El Senador de EE.UU. reiteró que el gobierno norteamericano debe «reconocer la amenaza que representa» la administración madurista

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, pedirá al Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) cambiar su política de acercamiento a con la administración de Nicolas Maduro en Venezuela. A su juicio, los gobiernos del continente americano ya no deberían «apoyar una dictadura».

La ministra, que se encuentra en Washington desde el 21 de febrero, se reunirá con el nuevo asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Daniel Erikson, al igual que con funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional, según adelantó en declaraciones a la agencia de noticias EFE.

«El continente tiene que tener valores democráticos (…) no se puede apoyar a dictaduras. No se puede cambiar dictadura por petróleo», dijo Bullrich a la salida de la sesión inaugural de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Oponerse a la relajación de sanciones

La ministra destacó que la «última conversación» que sostuvo el Gobierno argentino con los funcionarios de EEUU sobre Venezuela, en octubre del 2023, fue «bastante dura»: La Casa Rosada se oponía —y se opone— a la relajación de las sanciones económicas a Venezuela a cambio de un acuerdo electoral con la oposición.

Durante la CPAC, Bullrich pidió ayuda a la comunidad internacional para empezar un cambio político en Latinoamérica.

«Tenemos a Maduro en Venezuela, a Ortega en Nicaragua (…) necesitamos todo el apoyo para mejorar la democracia» en la región, dijo la ministra argentina.

Mientras tanto, el Senador de EEUU Marcos Rubio, anunció su apoyo con respecto a las solicitudes del gobierno argentino sobre Venezuela en su cuenta de X (Twitter) este 22 de febrero.

«Otros países deberían hacer lo mismo y reconocer la amenaza que representa el narco-régimen criminal de Maduro en nuestro hemisferio», escribió Rubio en la red social.

El pasado 15 de febrero, el gobierno de Argentina, junto a las cancillerías de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, firmaron un comunicado en conjunto donde expresaban su «rechazo y preocupación» ante la detención arbitraria y desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel por funcionarios del Estado Venezolano, además de la medida de Maduro de expulsar a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.

Encuesta revela que 7 de cada 10 venezolanos ha tenido que migrar a soluciones de internet privadas

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Las entidades del país con mayores incidencias en el ámbito de telecomunicaciones son Mérida, Táchira, Bolívar, Nueva Esparta y Falcón.
De acuerdo a los encuestados por Cedice se debería “replantear el catálogo de servicios, brindando posibilidades para ampliar los límites de consumo sin que eso represente un trámite administrativo muy engorroso”.

Foto: EFE

En Venezuela, las telecomunicaciones públicas siguen sin cumplir las expectativas de los ciudadanos y así lo registró un nuevo informe de Monitor de Servicios Básicos del Observatorio de Gasto Público de Cedice. De acuerdo al estudio, el 75% de los encuestados ha tenido que migrar a soluciones de internet privadas, con tarifas que van desde los 20 hasta 60 dólares mensuales. Los ciudadanos consideran que la solución proporcionada por la empresa pública Cantv es “ineficiente y poco confiable”.

Un 73% de los encuestados aseguró que “las fallas o averías suelen ocurrir en horas de mayor provecho del día”, lo cual lleva a postergar y cancelar ciertas actividades o incluso imposibilita las gestiones administrativas y operativas en muchas empresas.

Por otro lado, el 42% de los encuestados alertó sobre denuncias por cobros de tarifas extraoficiales para agilizar procesos de reconexión de telefonía fija o internet, pues llegan a solicitar hasta 400 dólares por una línea fija nueva.

A su vez, 87% de los encuestados experimentó “averías en su servicio de internet o telefonía fija”, algunas de las cuales llevan sin resolución por más de 6 meses debido a fallas eléctricas o falta de inversión en las redes.

Aunque se han hecho jornadas de mantenimiento en algunas zonas del país, el 77% de los encuestados desconoce los canales de registro de incidencias y pide una mayor celeridad en la atención.

Otro 82% aseguró haber “experimentado algún ajuste en su tarifa, lo cual debería implicar una mejora en el servicio”, sin embargo, esto no ha sido así y han aumentado las averías en su localidad.

Los ciudadanos proponen

Para los consultados por Cedice se requiere de “mejoras en los servicios dispuestos por la empresa pública de telecomunicaciones, lo que implica mayor inversión y un seguimiento transparente de los proyectos de ampliación o reacondicionamiento”.

Una vez más, los encuestados estarían de acuerdo con el aumento de los servicios con la condición de una notable mejoría de ellos. Ante esta situación, los usuarios exigen una mayor calidad en los servicios de telecomunicaciones públicas y una respuesta más eficiente por parte de las empresas encargadas de brindar estos servicios en las zonas afectadas.

Una virtud inherente, pero insuficiente

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¿Por qué la gente le da la espalda a la democracia? Pues porque la relación del ciudadano común con la forma de gobierno de la nación que habita rara vez es deontológica. Por lo general es utilitaria

 

@AAAD25

Siguen las dificultades para el orden democrático a lo largo y ancho del planeta. La revista The Economist acaba de emitir el informe más reciente de su Índice de democracia, uno de los estudios más respetados académicamente sobre la salud de esta forma de gobierno, urbi et orbi. Como ha pasado en años anteriores, el diagnóstico no es alentador. Solo 8 % de la población mundial vive en democracias plenas, mientras que 40 % habita Estados con regímenes autoritarios. 

Lo más preocupante es que, si bien en algunas partes del mundo (sobre todo África), el golpe de Estado sigue siendo algo frecuente, durante el siglo XXI ha emergido una forma más sutil de desmantelamiento de la democracia. No la liquidan de un tiro, sino que se le desarrolla un cáncer que la va matando poco a poco. A menudo, de la mano de mandatarios electos democráticamente pero que luego abusan de su poder para socavar las instituciones democráticas y republicanas.

Pudiera uno creer que los venezolanos estaríamos particularmente inoculados contra este tipo de politicastros, ya que eso fue exactamente lo que hizo Hugo Chávez. Pero ahora tenemos a un número impreciso de compatriotas fascinados por el presidente salvadoreño Nayib Bukele (que hace algo muy parecido a Chávez) y manifestando fantasías de que surja un émulo local. Dentro de la misma nación centroamericana, la popularidad de Bukele es abrumadoramente alta, como demuestra su victoria aplastante en las recientes elecciones presidenciales. A los millones que votaron por él les importó un comino que su candidatura fuera inconstitucional.

¿Por qué la gente le da la espalda a la democracia? Pues porque la relación del ciudadano común con la forma de gobierno de la nación que habita rara vez es deontológica. Por lo general es utilitaria.

En otras palabras, la mayoría de las personas se inclina por aquel gobierno que le brinde mayor calidad de vida, determinada a su vez por experiencias concretas de su cotidianidad, como poder adquisitivo, infraestructura pública y seguridad ciudadana. Las abstracciones éticas típicamente asociadas con la vida en democracia (e. g. libertad, justicia, etc.) tienen una capacidad mucho más restringida para persuadir a las personas sobre qué es preferible. De manera que una apelación a la conciencia moral de las masas (“Debes apoyar la democracia porque ella va de la mano con estos valores”) difícilmente tendrá el resultado esperado.

Ahora bien, ¿significa esto que ha quedado refutada la supremacía de la democracia entre las formas de gobierno conocidas? No. La democracia tiene una ventaja inherente con respecto a las demás opciones. Algo que la hace especial. Y afortunadamente, es algo con valor utilitario. A saber, que brinda infinitas oportunidades para corregir errores gubernamentales, sin traumas. No importa cuántos gobiernos terribles haya. En democracia siempre habrá otra oportunidad para escoger algo mejor. Si consideras que todo se ha puesto carísimo bajo un gobierno o que ha aumentado la delincuencia, puedes votar por una alternativa en la próxima elección. Con los regímenes autoritarios no pasa lo mismo. 

No faltan, sin embargo, los que desechan este argumento señalando que hay gobiernos que nunca necesitan ser cambiados, pues las cosas jamás marcharán mal bajo su égida. Este es el caso de las doctrinas totalitarias como el fascismo o el marxismo. O de los líderes populistas ideológicamente vagos pero muy carismáticos, como Bukele (recuérdese, como explicó Weber, que el carisma es irracional). Los apologistas del autoritarismo insisten en que el gobierno de su preferencia tiene las respuestas para todo. Pero se equivocan o mienten.

La historia ha demostrado que no hay gobierno infalible. ¿Hasta cuándo seguiremos con la fantasía platónica del “rey filósofo” (Bukele, a propósito, se identifica como tal en su cuenta de Twitter)? No importa cuán sabios sean los mandatarios. Tarde o temprano las cosas empezarán a ir mal. Esa es la consecuencia necesaria de la imperfección humana. Saberlo todo es un rasgo exclusivo de Dios, si es que existe. Pero quienes gobiernan no son dioses. Son seres humanos. Por eso la creencia en un gobierno infalible es insólitamente arrogante y la atribución de un manto de infalibilidad a un mandatario es un culto a la personalidad, una forma de endiosamiento siempre ridículo y que aun así puede cautivar a millones de personas.

Pero la ventaja inherente de la democracia tiene una debilidad: es en esencia una promesa. Una promesa de cumplimiento garantizado, pero promesa al fin. Ello implica que es una ventaja siempre proyectada hacia el futuro. Y, lamentablemente, muchas veces la gente no piensa en el futuro o no le da mucha importancia. Sobre todo, cuando en el presente hay problemas graves (la pobreza en Venezuela en 1998, la delincuencia en El Salvador hoy, y así). Pero esta tendencia no por real es sabia o prudente. No es bueno mandar al demonio toda consideración sobre el futuro con tal de atender una cuestión del presente, por urgente que esta sea. 

Dice Heidegger que el rasgo existencial del Dasein, ese ser que se pregunta sobre sí mismo, es la importancia que se da a sí mismo y al mundo en el que fue “arrojado”. Al ser temporalizada dicha importancia, el futuro no es más que el entendimiento, la proyección de nuestras posibilidades. De manera que desdeñar el futuro es suspender nuestro entendimiento. Estas tesis ontológicas pueden sonar complicadas, pero, como todo pensador, Heidegger lo que hace es presentar unas conclusiones a las que todos deberíamos poder llegar. ¿No es acaso, en esta oportunidad, lo que hace un progenitor cuando aconseja a su hijo pensar en su futuro?

Es importante entonces reconocer la ventaja inherente de la democracia. Pero me temo que no es para nada suficiente. Convencer de ello a millones de personas es una labor cuesta arriba y tal vez como Sísifo con su roca. Es luchar con demasiadas pasiones. Por eso, las democracias tienen que enfatizar ese mensaje, pero también hacer mucho más. Tienen que ser eficaces. Tienen que brindar soluciones a problemas reales del ciudadano común. Tienen que dar al traste con la corrupción. Nada aleja más a la sociedad de la democracia que la visión de que sus funcionarios son negligentes o incompetentes, y de paso ladrones. No es casual que estos flagelos sean endémicos en democracias frágiles, como las latinoamericanas. Remito de nuevo al caso salvadoreño, donde el descontento con la clase política previa a Bukele es comprensible. Al final, las instituciones son de la calidad de las personas que las hacen posibles.

Los demócratas del mundo tienen, pues, que asumir ese compromiso. Porque la virtud inherente de la democracia no les va a hacer la tarea.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

El Mañanero del #23Feb: las ocho noticias que usted debe conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 23 de febrero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: Un exmilitar venezolano, identificado como Ronald Ojeda, fue presuntamente secuestrado en Chile. Versiones apuntan a que habrían sido funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes simularon ser agentes policiales y de Migración. También, el abogado Joel García denunció que la activista Rocío San Miguel sigue “en estado de indefensión” al no poder acceder a su equipo defensor. Por su parte, Michelle Bachelet, ex-alta comisionada de la ONU para los DDHH, junto a otros cancilleres, instaron a evitar que se consolide “tendencia dictatorial” en Venezuela.

Lo que se sabe del secuestro en Chile de un exmilitar venezolano refugiado

La Conversa: Rocío San Miguel se encuentra en estado de indefensión

DDHH Olvidados | Geraldine Moreno: A diez años de una muerte que aún clama por justicia plena

Bachelet y otros excancilleres instan a evitar que se consolide “tendencia dictatorial” en Venezuela

“A Dios rogando y todos cuidándonos”: Maduro y Cabello aseguran estar en la mira

Colombia reporta disminución de migración venezolana por primera vez en una década

En la primera semana de febrero hubo una acción femicida cada hora

SOS Orinoco: Mina de oro ilegal Bulla Loca se ha expandido 80 hectáreas en solo diez meses

“Va a haber elecciones limpias y libres en este país. Los venezolanos vamos a escoger y vamos a escoger un cambio profundo, vamos a dejar atrás el socialismo para siempre en Venezuela”, María Corina Machado, candidata de la oposición venezolana a las presidenciales #22Feb

¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?

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La solución electoral y pacífica del conflicto venezolano tiene que contemplar la amnistía por delitos políticos y poner fin a las persecuciones

 

@victoralvarezr

En una reciente entrevista con el periodista Leopoldo Castillo en su programa El ciudadano, al consejero político de María Corina Machado, Carlos Blanco, le preguntaron: ¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?: “La respuesta es sí, para unas elecciones libres y limpias con María Corina como candidata, en el marco del cese de la represión que se ha incrementado brutalmente en las últimas semanas”.

Con la decisión del TSJ que ratifica la inhabilitación de María Corina Machado y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el cumplimiento de los Acuerdos Parciales de Barbados está cuestionado y esto puede desembocar en una reimposición de las sanciones petroleras. Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Pareciera, entonces, que los acuerdos parciales de Barbados deben ser complementados con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder. Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, pero el chavismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas.

Sin garantías políticas de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados.

Por eso juega duro y tensa la soga, aun a riesgo de que reimpongan las sanciones. De ser el caso podrá argumentar que –con sanciones– no hay condiciones para unas elecciones libres y así justificar cualquier decisión extrema que tome en torno al proceso electoral y sus participantes. Paradójicamente, el oficialismo necesita la reactivación de las sanciones para no tener que medirse en buena lid, perder las elecciones y verse obligado a entregar el poder, sin ningún tipo de garantías previamente pactadas. A la cárcel no quieren ir y por eso prefieren permanecer en el poder.

Pero los decisores en EE. UU. y la UE no consideran esta lógica y le siguen dando excusas y pretextos a un gobierno que –con sanciones y amenazas–, se aferrará cada vez más al poder. EE. UU. cayó en la provocación de las inhabilitaciones y desplegó un discurso de ultimátum y reimposición de las sanciones del cual ahora le resultará muy difícil salir. Para no desdecirse van a tener que revocar la licencia general 44, pero lo van a hacer protegiendo los intereses de las petroleras estadounidenses como Chevron.

La reimposición de las sanciones le permitirá al gobierno de Maduro capitalizar electoralmente su retórica antiimperialista para reconquistar y movilizar a sus seguidores descontentos. A todas estas, los aliados de Maduro –que son rivales geopolíticos de EE. UU– celebrarán este retroceso y le brindarán apoyo para que pueda ganar las elecciones.

En este contexto, es clave la mediación internacional para que se mantenga el diálogo y la negociación, incluyendo los nuevos temas de las garantías políticas para los rivales en pugna, sobre todo para quien resulte perdedor en las elecciones. Pero ante la resistencia del chavismo a tocar el tema en caso de perder, la iniciativa de pactar las garantías políticas de no persecución tiene que venir desde EE. UU. y la UE. Para empezar, habría que eliminar las recompensas. Es un tema difícil porque las reacciones son desmesuradas y quién se atreve a plantearlo corre el riesgo de pagar unos costos reputacionales muy altos. Por eso se le saca el cuerpo al tema, pero no se puede seguir evadiendo. De lo contrario, en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el poder.

La solución electoral y pacífica del conflicto venezolano tiene que contemplar la amnistía por delitos políticos y poner fin a las persecuciones, juicios y encarcelamientos a los líderes de la oposición acusados de traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno paralelo, solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del TIAR, formado parte del TSJ en el exilio, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de funciones de la AN-2015-2020 y por haberse pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. En un pacto de convivencia pacífica estos delitos políticos tienen que ser amnistiados.

Pero la alternabilidad democrática será posible si se garantizan los derechos políticos, no solo de la oposición, sino también de los que tengan que entregar el poder en caso de perder las elecciones.

En América Latina, el caso chileno es paradigmático para demostrar que a través de la negociación de garantías políticas es posible poner fin a una férrea dictadura y recuperar la democracia. Pinochet y los militares chilenos se comprometieron a reconocer el resultado de las elecciones y hacer posible la alternabilidad en el poder, a cambio de garantías de no persecución. La transición chilena a la democracia tuvo que bajar los costos de salida de los gobernantes salientes y dejar a un lado las amenazas de persecuciones, juicios y cárcel. De lo contrario, Chile no habría recuperado la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica.

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral

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“A Dios rogando y todos cuidándonos”: Maduro y Cabello aseguran estar en la mira

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Cabello cuestionó que Maduro tenga que aplicar esas medidas de seguridad. “¿Cómo tiene el presidente que ir para Apure? ¿Cómo puede hacer un acto público si ellos lo están amenazando constantemente?”, dijo

El gobernante Nicolás Maduro apareció este miércoles, 21 de febrero, junto a Diosdado Cabello en su programa “Con El Mazo Dando”. En el espacio, ambos denunciaron estar en la mira y advirtieron que han extremado sus medidas de seguridad ante posibles ataques. 

En su aparición, Maduro aseguró que “por medidas de seguridad” acudió al programa “de forma sorpresiva”

“Por medidas de seguridad, son irrupciones sorpresivas. Ustedes tienen que saber que me están cazando y no soy conejo. Pero a Dios rogando y todos cuidándonos”, dijo Maduro.

A su vez, Cabello cuestionó que Maduro tenga que aplicar esas medidas de seguridad. “¿Cómo tiene el presidente que ir para Apure? ¿Cómo puede hacer un acto público si ellos lo están amenazando constantemente?”, dijo.

El primer vicepresidente del PSUV aseguró que sobre él también se ciernen amenazas y que desde hace varios días hay un “francotirador” que lo tiene en la mira.

“Yo lo denuncié el lunes, a mí tiene como 10 días disparándome un francotirador, me envenenaron. Pero no sirven para nada, porque todos los días fallan. Cancelado”.

“A mí me cuida Dios y Chávez me cuida siempre. Pero ellos son tan bocones que nosotros no debemos subestimar esas cosas. Debemos cuidarnos al extremo, hacer un esfuerzo adicional para no caer en la trampa que ellos nos montan”, agregó.

Cabello había denunciado esa situación en días pasados. «Aprovecho la oportunidad para decirle a los que tienen días matándome que aquí estoy, vivito», dijo el lunes 19 de febrero durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Aquel día, el oficialista dijo que si de algo está envenenado es de “amor por esta patria y de nuestra revolución”.